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2019-06-25
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BOE-A-2019-9547
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Pleno. Sentencia 75/2019, de 22 de mayo de 2019. Recurso de amparo 3495-2018. Promovido por don Jordi Sànchez i Picanyol respecto del acuerdo de la comisión disciplinaria del centro penitenciario de Madrid V que le impuso una sanción disciplinaria, confirmada en alzada y reforma por el juzgado de vigilancia penitenciaria. Alegada vulneración de los derechos a la participación en los asuntos públicos, al acceso a los cargos públicos y a la legalidad sancionadora: inadmisión del recurso de amparo extemporáneamente interpuesto. Voto particular.
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<documento fecha_actualizacion='20211007185601'>
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<titulo>Pleno. Sentencia 75/2019, de 22 de mayo de 2019. Recurso de amparo 3495-2018. Promovido por don Jordi Sànchez i Picanyol respecto del acuerdo de la comisión disciplinaria del centro penitenciario de Madrid V que le impuso una sanción disciplinaria, confirmada en alzada y reforma por el juzgado de vigilancia penitenciaria. Alegada vulneración de los derechos a la participación en los asuntos públicos, al acceso a los cargos públicos y a la legalidad sancionadora: inadmisión del recurso de amparo extemporáneamente interpuesto. Voto particular.</titulo>
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<p class='parrafo'>ECLI:ES:TC:2019:75.</p>
<p class='parrafo_2'>El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por el Magistrado don Juan José González Rivas, Presidente; la Magistrada doña Encarnación Roca Trías; los Magistrados don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez, don Alfredo Montoya Melgar, don Ricardo Enríquez Sancho y don Cándido Conde-Pumpido Tourón y la Magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón, ha pronunciado</p>
<p class='centro_redonda'>EN NOMBRE DEL REY</p>
<p class='parrafo_2'>la siguiente</p>
<p class='centro_redonda'>SENTENCIA</p>
<p class='parrafo_2'>En el recurso de amparo avocado núm. 3495-2018, promovido por don Jordi Sánchez i Picanyol, contra los autos de 2 de marzo y 26 de marzo de 2018 del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria núm. 2 de Madrid, que confirmaron el acuerdo de 1 de febrero de 2018 de la comisión disciplinaria del centro penitenciario de Madrid V (Soto del Real), que impuso al recurrente una sanción de treinta de días de «privación de paseos y actos recreativos comunes» con base en el artículo 109.b) del Reglamento penitenciario. Ha intervenido el ministerio fiscal. Ha sido ponente el magistrado don Fernando Valdés Dal-Ré.</p>
<p class='centro_negrita'>I. Antecedentes</p>
<p class='parrafo_2'>1. Don Jordi Sánchez i Picanyol interpuso demanda de amparo contra los autos de 2 de marzo y 26 de marzo de 2018 del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria núm. 2 de Madrid, que confirmaron el acuerdo de 1 de febrero de 2018 de la comisión disciplinaria del centro penitenciario de Madrid V (Soto del Real), que impuso al recurrente en amparo una sanción de treinta de días de «privación de paseos y actos recreativos comunes» con base en el artículo 109.b) del Reglamento penitenciario.</p>
<p class='parrafo'>La presente impugnación trae causa en un recurso de amparo anterior, el recurso núm. 2633-2018, en el que se acumulaban las quejas contra resoluciones dictadas en diferentes procedimientos, razón por la cual, por diligencia de ordenación de 13 de junio de 2018, se acordó que lo procedente sería formular demandas por separado, teniendo entonces por interpuesta la que se refería a resoluciones dictadas en la causa especial núm. 20907-2017, con origen en el Tribunal Supremo, y dando plazo al demandante para que articulara, en su caso, nueva demanda de amparo respecto de los autos de 2 de marzo y 26 de marzo de 2018 del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria núm. 2 de Madrid, confirmatorios del acuerdo de 1 de febrero de 2018 de la comisión disciplinaria del centro penitenciario de Madrid V, precisamente las resoluciones contra las que, en cumplimiento de lo anterior, se formaliza ahora el presente recurso.</p>
<p class='parrafo_2'>2. El recurso tiene su origen en los siguientes antecedentes:</p>
<p class='parrafo_2'>a) La comisión disciplinaria del centro penitenciario de Madrid V (Soto del Real), en fecha 1 de febrero de 2018 acordó imponer al ahora demandante una sanción de treinta días de «privación de paseos y actos recreativos comunes», al calificar como infracción grave prevista en el artículo 109.b) del Reglamento penitenciario el hecho de efectuar desde el módulo 1 del centro penitenciario de referencia una llamada telefónica con el fin de que fuera difundida en un mitin electoral.</p>
<p class='parrafo'>b) Contra el citado acuerdo se interpuso recurso ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria núm. 2 de Madrid, que mediante auto de 2 de marzo de 2018 procedió a su desestimación. Razonaba la resolución judicial que lo dilucidado en el expediente disciplinario era únicamente si había habido incumplimiento de una resolución judicial previa y ello porque el magistrado instructor de la causa especial seguida en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (núm. 20907-2017) por auto de 14 de diciembre de 2017 «limitó el derecho de participación democrática del interno porque las autorizaciones que solicitaba para participar en campaña electoral posiblemente posibilitarían las situaciones de riesgo por las que se adoptó la medida cautelar de prisión provisional comunicada y sin fianza, pudiendo dar lugar al impulso de movilizaciones inmediatas que pueden aprovecharse para propiciar que los tumultos se materialicen en respuesta a la conformación institucional que resultara de los comicios, o como reacción a cualquier actuación política que cristalice en el modo que rechaza el ideario del encausado, tal y como los hechos que se investigan sugieren que ya aconteció».</p>
<p class='parrafo'>La cuestión controvertida estribaba entonces, continuaba la resolución judicial, en que el interno mantuvo una conversación telefónica con una persona y un número autorizados; conversación que fue parcialmente registrada para una posible transcripción o divulgación posterior en campaña electoral, por lo que se debía dirimir si ello constituía desobediencia a la orden recibida del Tribunal Supremo. Bajo esas circunstancias, decía el auto de 2 de marzo de 2018, como quiera que el interno conocía que la conversación que se mantuvo estaba siendo grabada para una divulgación posterior y aceptaba «que dicha divulgación podría ser en un mitin», incumplió de manera grave la orden recibida. Por consiguiente, procedía a desestimar el recurso y confirmar la sanción impuesta.</p>
<p class='parrafo'>c) Se interpuso recurso de reforma contra la resolución anterior, confirmatoria, como se ha dicho, de la sanción impuesta por la comisión disciplinaria del centro penitenciario de Madrid V. El recurso fue desestimado mediante auto del mismo Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, de 26 de marzo de 2018, ya que, se razonaba, las alegaciones contenidas en el escrito del recurrente no alteraban los hechos declarados, ni en su naturaleza ni en su calificación jurídica.</p>
<p class='parrafo_2'>3. La demanda de amparo denuncia, en primer lugar, la vulneración del derecho fundamental a la participación directa en asuntos públicos y al acceso a cargos públicos (artículo 23 CE). Aduce en relación con ello que el recurrente no solo se ha visto privado de participar de manera efectiva y en condiciones de igualdad en la campaña electoral de las elecciones al Parlamento de Cataluña, sino que cuando intentó hacerlo a través de las limitadas posibilidades de comunicación que tienen los reclusos (llamada telefónica ordinaria) ha sido sancionado por querer ejercitar su derecho fundamental. Y señala, en ese sentido, que una persona que todavía no ha sido condenada tiene derecho a ser tratada como inocente a todos los efectos, lo cual implica que el candidato cuente con medios que permitan dar a conocer a la ciudadanía sus propuestas electorales en condiciones de igualdad y a hacerlo, en un caso como el suyo, de modo compatible con la condición de preso preventivo.</p>
<p class='parrafo'>En definitiva, la imposición de la sanción que aquí se impugna, por haber dirigido un mensaje electoral a la ciudadanía a través de una llamada telefónica ordinaria a la que tenía derecho como cualquier recluso que se encuentre en prisión comunicada, supondría «una injustificada supresión absoluta de su posibilidad de participar en campaña y, por ende, de sus derechos políticos como candidato».</p>
<p class='parrafo'>Considera lesionado, en segundo lugar, el derecho fundamental a la legalidad sancionadora (artículo 25.1 CE), lesión que se habría producido por no corresponderse en absoluto los hechos acontecidos con el supuesto descrito en la norma sancionadora aplicada, incurriéndose por tanto en una flagrante analogía en perjuicio del sujeto sancionado. Y todo ello porque en ningún momento recibió el recurrente órdenes del instructor de la causa especial antes citada de no emitir mensajes electorales, habiéndose limitado aquel a denegarle la petición de permisos y otras posibilidades de comunicación extraordinarias, pero no en cambio de las ordinarias, y haciéndolo además en un auto posterior en el tiempo, de 14 de diciembre de 2017, a la llamada controvertida (realizada el 3 de diciembre anterior).</p>
<p class='parrafo'>Por consiguiente, concluye, las resoluciones recurridas incurrirían en una interpretación analógica manifiestamente irrazonable del citado artículo 109.b) del Reglamento penitenciario, equiparando la denegación del permiso para acudir personalmente a un mitin (que es lo que se había denegado por el instructor de la causa especial) con una supuesta prohibición de emitir mensajes telefónicos que eventualmente pudieran darse a conocer a la ciudadanía en un acto electoral, algo que de ninguna manera había sido prohibido. En otras palabras, para sancionarle en sede penitenciaria se hizo decir lo que no decía al auto de 14 de diciembre de 2017, dictado en la causa especial núm. 20907-2017, vulnerándose en consecuencia el segundo derecho fundamental alegado (artículo 25.1 CE) con una interpretación<em> in malam partem</em> del tenor literal de los supuestos de hecho prohibidos en la norma aplicada y con ocasión, por lo demás, del ejercicio de derechos fundamentales tan básicos como son los derechos políticos de un candidato en unas elecciones o la presunción de inocencia de un preso preventivo.</p>
<p class='parrafo'>Solicita por todo ello el reconocimiento de aquellos derechos fundamentales y la anulación de los autos recurridos y el acuerdo de 1 de febrero de 2018, de la comisión disciplinaria del centro penitenciario de referencia.</p>
<p class='parrafo_2'>4. El Pleno de este Tribunal, por providencia de 5 de julio de 2018, acordó, de conformidad con lo que establece el artículo 10.1 n) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), recabar para sí el conocimiento del presente recurso de amparo.</p>
<p class='parrafo'>Por providencia de 17 de julio de 2018 acordó su admisión a trámite, apreciando que concurre en el mismo una especial trascendencia constitucional (artículo 50.1 LOTC) porque el recurso plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina de este Tribunal [STC 155/20009, FJ 2 a)]. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 LOTC, dirigía además atenta comunicación al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria núm. 2 de Madrid a fin de que, en plazo que no excediera de diez días, remitiera certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes, debiendo previamente emplazar a quienes fueran parte en el procedimiento, excepto a la parte recurrente en amparo, para que en el plazo de diez días pudieran comparecer en este proceso constitucional.</p>
<p class='parrafo_2'>5. Por diligencia de ordenación de 27 de julio de 2018, la secretaria de justicia del Pleno de este Tribunal, teniendo por recibido el testimonio de las actuaciones solicitadas y a tenor de lo dispuesto en el artículo 52 LOTC, concedió al ministerio fiscal un plazo de veinte días para que, con vista de las actuaciones, pudiera formular alegaciones.</p>
<p class='parrafo_2'>6. Por escrito registrado el día 11 de octubre de 2018, el ministerio fiscal interesó la inadmisión del recurso de amparo por extemporaneidad [artículo 50.1.a) en relación con artículo 43.2 LOTC], ya que, a su criterio, las violaciones de derechos fundamentales denunciadas tienen su origen en actos de un órgano administrativo penitenciario, de modo que resultaría de aplicación el plazo del artículo 43.2 LOTC, no el del artículo 44.2 LOTC. Esto así, verificándose que la última resolución judicial fue notificada el día 27 de marzo de 2018 y que el plazo de caducidad del recurso finalizaba, entonces, el 27 de abril a las 15 horas, al no haber tenido entrada el recurso en el Tribunal hasta el día 11 de mayo de 2018 concurre el supuesto de extemporaneidad de la demanda de amparo.</p>
<p class='parrafo'>A su juicio, la inicial presentación del recurso de amaro núm. 2633-2018, acumulando de manera improcedente en una sola demanda de amparo la impugnación de resoluciones dictadas en dos procedimientos distintos, no puede alterar el criterio expuesto de caducidad del amparo, pues no cabe mutar la naturaleza de la decisión administrativa recurrida para que resulte aplicable el plazo del artículo 44.2 LOTC, que no corresponde en el presente proceso.</p>
<p class='parrafo'>No obstante, en cuanto al fondo y de modo, dice el escrito de alegaciones, meramente aproximativo, de entrarse en el examen sustantivo se inclinaría por la desestimación del recurso, tanto porque la situación enjuiciada no ha influido negativamente ni ha tenido incidencia lesiva en el resultado electoral, puesto que el recurrente alcanzó el acceso a la función representativa que pretendía, como también porque la sanción no se impuso por la mera grabación del mensaje, sino por el hecho de que su difusión en el mitin central de la campaña en el que no se había autorizado la intervención del recurrente se produjo tras la notificación del auto limitativo del Tribunal Supremo de 14 de diciembre de 2017.</p>
<p class='parrafo'>Por todo ello, se solicita la inadmisión por extemporaneidad del recurso de amparo.</p>
<p class='parrafo_2'>7. Por diligencia de ordenación de 1 de abril de 2019, la secretaria de justicia del Pleno de este Tribunal acordó, a tenor de lo dispuesto en el artículo 52 LOTC, dar vista de todas las actuaciones del presente recurso de amparo a la parte recurrente por plazo de veinte días, por haberse omitido dicho trámite en la diligencia de ordenación de 27 de julio de 2018. Por diligencia de 8 de mayo de 2019 se hizo constar que el procurador don Aníbal Bordallo Huidobro no ha formulado alegaciones dentro del plazo conferido en la diligencia anterior, quedando pendiente para deliberación y votación de la sentencia.</p>
<p class='parrafo_2'>8. Mediante providencia de 21 de mayo de 2019, se señaló para deliberación y votación de la presente sentencia el día 22 del mismo mes y año.</p>
<p class='centro_negrita'>II. Fundamentos jurídicos</p>
<p class='parrafo_2'>1. Objeto del recurso de amparo y posiciones de las partes. El presente recurso de amparo se dirige contra el acuerdo de la comisión disciplinaria del centro penitenciario de Madrid V, de 1 de febrero de 2018, que impuso al recurrente don Jordi Sànchez i Picanyol una sanción de treinta de días de privación de paseos y actos recreativos comunes por una infracción grave prevista en el artículo 109.b) del Reglamento penitenciario, y contra los autos de 2 de marzo y 26 de marzo de 2018 del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria núm. 2 de Madrid, que confirmaron, en alzada y en reforma, respectivamente, dicha corrección disciplinaria.</p>
<p class='parrafo'>Como con más detalle se ha explicado en el apartado de antecedentes, en la demanda de amparo el recurrente invoca la vulneración de sus derechos fundamentales a la participación directa en asuntos públicos y al acceso a cargos públicos (artículo 23 CE) y a la legalidad de las infracciones y sanciones (artículo 25.1 CE). Argumenta, en síntesis, por lo que se refiere al derecho fundamental citado en primer término, que la sanción impuesta por el Centro Penitenciario y confirmada por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria por hacer uso de una llamada telefónica, a la que tiene derecho como cualquier recluso que se encuentre en prisión comunicada, supone de facto «una injustificada supresión absoluta de su posibilidad de participar en campaña y, por ende, de sus derechos políticos como candidato» a diputado del Parlamento de Cataluña. En cuanto a la segunda queja, aduce que los hechos no se corresponden con el supuesto descrito en la norma sancionadora aplicada, incurriéndose en analogía en perjuicio del sujeto sancionado, pues en ningún momento recibió órdenes del magistrado instructor de la causa penal de no emitir mensajes electorales, ya que aquél se limitó a denegarle la petición de permisos y otras posibilidades de comunicación extraordinarias, que no ordinarias, en un auto de 14 de diciembre de 2017, posterior en el tiempo, además, a la llamada controvertida, que tuvo lugar el 3 de diciembre de ese mismo año.</p>
<p class='parrafo'>El fiscal ante este Tribunal Constitucional ha opuesto óbice de admisibilidad al considerar extemporáneo el recurso de amparo. Subsidiariamente interesa la desestimación del mismo.</p>
<p class='parrafo_2'>2. Requisitos para la admisibilidad. Con carácter previo al examen de fondo de las pretensiones de la demanda de amparo debemos pronunciarnos sobre la concurrencia de los requisitos para su admisibilidad establecidos en la Ley Orgánica reguladora de este Tribunal (LOTC), pues, como hemos declarado en otras ocasiones (así en la STC 154/2016, de 22 de septiembre, FJ 2), los defectos insubsanables de que pudiera estar afectado el recurso de amparo no resultan subsanados porque haya sido inicialmente admitido a trámite (por todas, SSTC 18/2002, de 28 de enero, FJ 3, y 158/2002, de 16 de septiembre, FJ 2), de forma que la comprobación de los presupuestos procesales para la viabilidad de la acción pueden volverse a abordar o reconsiderar en la sentencia, de oficio o a instancia de parte, dando lugar a un pronunciamiento de inadmisión por la falta de tales presupuestos, sin que para ello constituya obstáculo el carácter tasado de los pronunciamientos previstos en el artículo 53 LOTC (por todas, STC 69/2004, de 19 de abril, FJ 3; o SSTC 89/2011, de 6 de junio, FJ 2, y 174/2011 de 7 de noviembre, FJ 2).</p>
<p class='parrafo_2'>3. Extemporaneidad del recurso de amparo. El fiscal ante este Tribunal, en su escrito de alegaciones presentado en el trámite del artículo 52 LOTC, aduce, en síntesis, que al tratarse de un recurso en que se impugna una decisión administrativa conforme al artículo 43 LOTC, ya que únicamente se plantean vulneraciones constitucionales causadas en origen por el acuerdo sancionador de la comisión disciplinaria del centro penitenciario de Madrid V, el plazo para interponer la demanda era de veinte días conforme con el apartado segundo del mismo precepto de nuestra Ley Orgánica reguladora, plazo que habría quedado rebasado.</p>
<p class='parrafo'>El óbice planteado por el fiscal ha de ser estimado, atendiendo a las siguientes razones:</p>
<p class='parrafo_2'>a) El recurso de amparo, en cuanto dirigido contra una resolución administrativa, está sometido al régimen previsto en el artículo 43 LOTC.</p>
<p class='parrafo'>Aun cuando la demanda se refiere literalmente a «actos del órgano judicial que violan los derechos susceptibles de amparo constitucional», con cita expresa del artículo 44.1 LOTC, lo cierto es que se limita a señalar al respecto que los autos del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria núm. 2 de Madrid confirman la resolución administrativa anterior. Es a este acto administrativo sancionador al que, a lo largo de toda la argumentación contenida en dicho escrito rector del proceso constitucional, se le imputan las vulneraciones de los derechos fundamentales a la participación directa en asuntos públicos y al acceso a cargos públicos (artículo 23 CE) y a la legalidad sancionadora (artículo 25.1 CE) que han quedado reseñadas.</p>
<p class='parrafo'>De ahí se extrae que el presente recurso de amparo es subsumible en el artículo 43 LOTC, en cuanto las lesiones de los derechos fundamentales invocados por el recurrente serían imputables a la actuación administrativa, en concreto al acuerdo de la comisión disciplinaria del centro penitenciario de Madrid V de 1 de febrero de 2018, y no, de modo «inmediato y directo», a las resoluciones judiciales que se limitaron a confirmar el anterior (artículo 44.1 LOTC). Este Tribunal ha venido destacando «el carácter instrumental que tiene la vía previa al amparo constitucional en relación con el acto que produjo la vulneración del derecho, en tanto que 'las decisiones producidas en esta vía judicial no han de ser objeto de impugnación por la sola razón de no haber estimado la pretensión deducida por el recurrente. Estas decisiones desestimatorias no alteran la situación jurídica creada por el acto de la administración presuntamente lesivo de un derecho fundamental y no son, por tanto, en sí mismas causa de lesión. Otra interpretación llevaría a entender, en definitiva, que no hay más actos u omisiones atacables en vía de amparo constitucional que los actos u omisiones de los órganos judiciales' (STC 6/1981, de 6 de marzo, FJ 2)» (ATC 51/2010, de 6 de mayo, FJ 1).</p>
<p class='parrafo'>Como tampoco se formaliza en la demanda, en fin, ninguna queja autónoma contra los autos del juzgado de vigilancia penitenciaria, que permita considerar el presente recurso de amparo como mixto (SSTC 135/2010, de 2 de diciembre, FJ 2; 145/2015, de 25 de junio, FJ 2; 117/2016, de 20 de junio, FJ 2), la consecuencia es que resulta de aplicación el plazo de interposición de veinte días «siguientes a la notificación de la resolución recaída en el previo proceso judicial» (artículo 43.2 LOTC).</p>
<p class='parrafo'>b) A los efectos del cómputo de este plazo de caducidad, el «dies a quo»<em> </em>viene dado por la notificación de la última resolución que cierra la vía judicial y el «dies ad quem» por la presentación del escrito inicial de demanda originariamente dirigida contra las resoluciones impugnadas.</p>
<p class='parrafo_2'>(i) En cuanto al primer extremo, la vía judicial quedó cerrada con el auto de 26 de marzo de 2018 del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria núm. 2 de Madrid, que fue notificado al recurrente al día siguiente.</p>
<p class='parrafo'>(ii) Respecto del segundo, la fecha a considerar es la de interposición del originario recurso de amparo dirigido contra la resolución anteriormente citada que puso fin a la vía judicial y las precedentes de imposición de la sanción y de confirmación de la misma en alzada. El recurrente, si bien yerra en el plazo al señalar el de treinta días, considera procedente para su cómputo tomar en consideración «la demanda de amparo que […] se interpuso inicialmente» el día 11 de mayo de 2018.</p>
<p class='parrafo_2'>Cabe recordar que en dicho escrito inicial se acumularon quejas dirigidas contra resoluciones dictadas en diferentes procedimientos, razón por la cual, por diligencia de ordenación de 13 de junio de 2018, se acordó que lo procedente era formular demandas por separado. La originaria se tuvo por interpuesta respecto de resoluciones recaídas en la causa especial núm. 20907-2017, que se sigue ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, dando así lugar al recurso al recurso de amparo núm. 2633-2018; y se emplazó al recurrente para que presentara, en su caso, demanda respecto de los resoluciones relativas al expediente sancionador penitenciario, lo que ha dado lugar, una vez cumplida aquella condición, al presente procedimiento.</p>
<p class='parrafo'>Pues bien, a los efectos del cómputo del plazo de interposición del recurso de amparo previsto en el artículo 43 LOTC, hay que estar a la fecha de presentación de aquella demanda inicial, tal y como se indicó en la citada diligencia de ordenación de 13 de junio de 2018, en cuanto que, añadimos ahora, aunque de modo procedimentalmente inadecuado, se ejercitaba en ella la acción a la que se refiere dicho precepto de nuestra ley orgánica reguladora.</p>
<p class='parrafo'>c) La aplicación de los parámetros anteriores determina la extemporaneidad del recurso. La notificación del auto que agota la vía judicial y deja abierta la vía para este proceso se practicó el 27 de marzo de 2018, con lo que el plazo de veinte días hábiles previsto en el artículo 43.2 LOTC para acudir ante este Tribunal expiraba a las quince horas del día 27 de abril de 2018. Sin embargo, el escrito se presentó 11 de mayo de 2018, fuera del plazo legalmente establecido.</p>
<p class='parrafo'>En consecuencia, procede acoger esta excepción procesal del ministerio fiscal, lo que conduce a la inadmisión del recurso de amparo.</p>
<p class='centro_redonda'>FALLO</p>
<p class='parrafo_2'>En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,</p>
<p class='centro_redonda'>Ha decidido</p>
<p class='parrafo_2'>Inadmitir el recurso de amparo formulado por don Jordi Sànchez i Picanyol.</p>
<p class='parrafo_2'>Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».</p>
<p class='parrafo_2'>Dada en Madrid, a veintidós de mayo de dos mil diecinueve.–Juan José González Rivas.–Encarnación Roca Trías.–Andrés Ollero Tassara.–Fernando Valdés Dal-Ré.–Santiago Martínez-Vares García.–Juan Antonio Xiol Ríos.–Pedro José González-Trevijano Sánchez.–Antonio Narváez Rodríguez.–Alfredo Montoya Melgar.–Ricardo Enríquez Sancho.–Cándido Conde-Pumpido Tourón.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y rubricado.</p>
<p class='centro_cursiva'>Voto particular que formulan los magistrados don Fernando Valdés Dal-Ré y don Juan Antonio Xiol Ríos y la magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón respecto de la sentencia pronunciada en el recurso de amparo avocado núm. 3495-2018</p>
<p class='parrafo_2'>Con el máximo respeto a la opinión mayoritaria de nuestros compañeros de Pleno en la que se sustenta la sentencia, manifestamos nuestra discrepancia con su fundamentación jurídica y con su fallo, que consideramos no hubiera debido ser de inadmisión por extemporaneidad sino objeto de una resolución estimatoria sobre el fondo de los derechos fundamentales invocados.</p>
<p class='parrafo_2'>1. La opinión mayoritaria en la que se sustenta la sentencia concluye la inadmisión del presente recurso de amparo con el argumento de que es un recurso que debe considerarse planteado por el procedimiento del artículo 43 LOTC, ya que las vulneraciones aducidas solo cabría imputarlas a la resolución administrativa penitenciaria sancionadora y en ningún caso a las resoluciones judiciales, que se habrían limitado a confirmar la legalidad de dicha resolución. En coherencia con ello, el plazo para su interposición es de veinte días hábiles, que habrían sido superados el 11 de mayo de 2018 cuando se registró la demanda, al haber transcurrido veintinueve días hábiles desde la notificación de la última resolución judicial que agotó la vía judicial previa el 27 de marzo de 2018.</p>
<p class='parrafo'>Nuestra discrepancia con esta conclusión radica en que consideramos que el presente recurso de amparo debe ser calificado como un recurso mixto, al tener la vulneración alegada del derecho a la legalidad sancionadora (artículo 25.1 CE) su origen formal y materialmente en las resoluciones judiciales impugnadas, por lo que las reglas procedimentales de admisibilidad son las previstas en el artículo 44 LOTC, entre ellas que el plazo de interposición es de treinta días. Desde ese planteamiento, el presente recurso de amparo no debería haber sido considerado inadmisible por extemporaneidad.</p>
<p class='parrafo'>2. Antes de exponer las razones por las que entendemos que este es un supuesto de recurso de amparo mixto, resulta necesario insistir en la distorsión que supone en el marco de la ley orgánica de este Tribunal la diferencia de plazos entre aquellos recursos de amparo en que las vulneraciones de derechos fundamentales sean originadas por actuaciones administrativas (artículo 43 LOTC) o por actuaciones judiciales (artículo 44 LOTC). Esta diferencia de plazos, que solo existe a partir de la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional llevada a cabo por la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, no responde a ningún motivo objetivo, sino a una mera desatención en el procedimiento legislativo de aprobación de la citada Ley Orgánica 6/2007. Esta cuestión de la diferencia de plazos no es de menor importancia. Con independencia de la calificación que el demandante dé a su recurso, es responsabilidad de este Tribunal el determinar si su fundamento reside en el artículo 43 o en el artículo 44 LOTC. De ese modo, no es infrecuente encontrar supuestos dudosos, como el presente, en que el demandante resulta sorprendido con una decisión de inadmisión por extemporaneidad, incluso en sentencia (así, por ejemplo, SSTC 94/2016, de 9 de mayo; 61/2017, de 22 de mayo; 11/2019, de 28 de enero, o 16/2019, de 11 de febrero). El legislador tiene la responsabilidad de solucionar esta inexplicable e injustificable diferencia de régimen, unificando el plazo de ambos preceptos mediante una reforma legislativa.</p>
<p class='parrafo'>Al margen de lo anterior, el ejercicio de la responsabilidad de este Tribunal de identificar el origen de las vulneraciones invocados por los recurrentes para calificar un recurso de amparo como del artículo 43 o del artículo 44 LOTC y, en coherencia con ello, determinar el plazo de interposición, parece razonable que quede presidido por el principio «pro actione», máxime en supuestos límites como puede ser el presente. La jurisprudencia constitucional sobre la apreciación de las causas de inadmisión formales en la vía judicial ordinaria debería también servir de guía de actuación de este Tribunal. Es necesario que en el recurso de amparo se evite cualquier interpretación y aplicación de las causas de inadmisión que por su rigorismo o por su formalismo excesivo o por cualquier otra razón revelen una clara desproporción entre los fines que aquellas causas preservan y los intereses que sacrifican.</p>
<p class='parrafo'>El formalismo enervante no resulta conciliable con el quehacer general de la impartición de una justicia que emana del pueblo y, además, es un servicio público para ese pueblo. Es mucho menos conciliable cuando se trata de una jurisdicción de derechos humanos como la que representa la jurisdicción de amparo constitucional. La ciudadanía de un país de la Europa occidental en el siglo XXI no merece una jurisdicción constitucional que, a partir de interpretaciones rigoristas y/o desproporcionadas de los requisitos formales de admisión, se vea privada de pronunciamientos sobre invocaciones de derechos fundamentales que cuentan con una especial transcendencia constitucional, atendiendo a su importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales.</p>
<p class='parrafo'>A nuestro parecer, la opinión mayoritaria en la que se sustenta la sentencia representa uno de esos supuestos de formalismo excesivo en que se han antepuesto de manera rigorista y desproporcionada unas consideraciones sobre la identificación de la vía procedimental que era adecuada al caso, construyendo innecesariamente un obstáculo insalvable para que este Tribunal pudiera pronunciarse –con pocas dudas, de manera estimatoria– sobre la eventual vulneración del derecho a la legalidad sancionadora que supone para el recurrente la imposición de una sanción penitenciaria por supuestamente desobedecer una resolución judicial que fue dictada 11 días después de la conducta que se le imputa.</p>
<p class='parrafo'>3. Las razones en las que se fundamenta nuestra consideración de que formal y materialmente la vulneración alegada por el recurrente del derecho a la legalidad sancionadora (artículo 25.1 CE) tiene su origen en las resoluciones judiciales impugnadas y no en la sanción administrativa son las siguientes:</p>
<p class='parrafo_2'>(i) La invocación del artículo 25.1 CE –derecho a la legalidad penal por aplicación analógica de la infracción imputada– la dirige el demandante de manera directa y expresa en su demanda de amparo al auto del juzgado de vigilancia penitenciaria (JVP) de 2 de marzo de 2018 y no al acuerdo sancionador, cuando afirma que «en tal sentido, en el auto del Juzgado de Vigilancia de 2 de marzo de 2018 se incurre en una interpretación analógica manifiestamente irrazonable del citado artículo 109 del Reglamento penitenciario (RP), equiparando la denegación del permiso para acudir personalmente a un mitin (que es lo que se había denegado a don Jordi Sánchez por el instructor) con una supuesta prohibición expresa de emitir mensajes telefónicos».</p>
<p class='parrafo'>(ii) Esa invocación de la aplicación analógica de la infracción imputada, por otra parte, se fundamenta en un razonamiento que fue exclusivamente usado en la resolución judicial para justificar la subsunción de la conducta del recurrente en el artículo 109.b) RP, pero que no aparecía de manera expresa o tácita en la resolución administrativa sancionadora. En la demanda de amparo se invoca el artículo 25.1 CE con el argumento de que si bien lo imputado era que cometió una infracción del artículo 109.b) RP –desobedecer las órdenes recibidas de autoridades o funcionarios en el ejercicio legítimo de sus atribuciones–, se da la circunstancia de que el demandante «en ningún momento recibió ninguna orden de no emitir mensajes electorales por parte del Sr. instructor del Tribunal Supremo, que se limitó a denegarle la petición de permisos y otras posibilidades de comunicación extraordinarias, pero no ordinarias, en un auto posterior a la llamada». La idea de que la infracción del artículo 109.b) RP se fundamenta en que la desobediencia cometida por el recurrente el día 3 de diciembre de 2017 –consistente en dejarse grabar en una comunicación ordinaria con una persona autorizada con la finalidad de una posterior difusión pública– lo es a una resolución del juez de instrucción posterior –auto de 14 de diciembre de 2017– aparece solo en el auto del juzgado de vigilancia penitenciaria de 2 de marzo de 2018, pero es una cuestión ausente en el debate del expediente administrativo sancionador.</p>
<p class='parrafo_2'>Nuestra afirmación de que el razonamiento en que el recurrente fundamenta la invocación del artículo 25.1 CE tiene su exclusivo origen judicial –y, por tanto, que se está ante un recurso de amparo del artículo 44 LOTC cuyo plazo de interposición es del treinta días– se sustenta en los hechos que han quedado acreditados con el testimonio de las actuaciones administrativas y judiciales remitidas.</p>
<p class='parrafo'>4. Estos hechos, por lo que se refiere a lo acontecido en vía administrativa, son los siguientes:</p>
<p class='parrafo_2'>(i) El subdirector de seguridad, mediante oficio de 16 de diciembre de 2017, pone de manifiesto que «habiendo aparecido en varios medios de comunicación la noticia de que el interno don Jordi Sánchez Picanyol podría realizar una conexión durante el acto electoral de Junts per Catalunya del día 15 de diciembre de 2017, se lleva a cabo una investigación en el Centro», a lo que se añade que «se constata que efectivamente durante el citado acto electoral, se emite un comunicado de don Jordi Sánchez Picanyol». También en ese oficio se hace constar que en ese mismo día 16 de diciembre de 2017 se ha llamado a comparecencia al ahora demandante de amparo y que (a) «reconoce que estas declaraciones se grabaron durante una llamada telefónica realizada a su amiga acreditada […], el día 3 de diciembre de 2017» y (b) «se comprueba los datos aportados, resultado que efectivamente, el día 3 de diciembre de 2017 realizó una llamada de la citada amiga».</p>
<p class='parrafo'>En el acta de comparecencia aparece reflejado que la pregunta segunda fue «¿usted ha realizado desde la prisión una llamada telefónica para que fuera grabada por el receptor para posteriormente ser difundida en un mitin electoral?» y la respuesta que «yo no era consciente de que mi llamada sería reproducida en un mitin electoral. En otras ocasiones yo he comunicado por teléfono para que fuera transcrito en un medio de comunicación y en otras ocasiones esos escritos han salido por correo ordinario en la certeza de que no tengo intervenidas las comunicaciones». La pregunta cuarta es «¿recuerda usted cuándo pudo ser grabado el mensaje?» y la respuesta «sé que era un día festivo y pudo ser el 3 de diciembre de 2017 que fue domingo». La última pregunta que se realizó al demandante en aquella comparecencia fue «¿cómo usted, teniendo conocimiento de que el juez del Tribunal Supremo le tiene prohibido grabar mensajes, para ser utilizados en campaña electoral, ha salido difundido este mensaje el día 15 de diciembre de 2017 en un mitin electoral de Junts per Cataluña?». La respuesta del demandante fue «la grabación de este mensaje y otros artículos son anteriores al auto del juez, en el cual me deniega una presencia física en la campaña y tener contactos presenciales con los medios de comunicación fuera de prisión (según me comentó mi abogado). Yo no tenía en ningún momento conocimiento de que iba a ser difundido y supongo que ha sido una decisión de los responsables de la campaña […]».</p>
<p class='parrafo'>(ii) El director del Centro acordó el 18 de diciembre de 2017 la incoación de un procedimiento sancionador contra el recurrente «por los hechos ocurridos el 3 de diciembre de 2017, al apreciar en los mismos indicios que pueden dar lugar a responsabilidad disciplinaria». El 19 de diciembre de 2017 se entrega al recurrente un pliego de cargos de 18 de diciembre de 2017 en que se pone de manifiesto como hechos imputados que: «el día 3 de diciembre de 2017, a las 18:56 h, efectúa Vd. una llamada desde el módulo 1 con el fin de que fuera difundida en un mitin electoral», lo que se considera una falta grave del artículo 109.b) RP por desobedecer ordenes de un funcionario o autoridad. Ningún tipo de razonamiento se incluye en relación con las razones para considerar que la conducta pudiera ser constitutiva de desobediencia.</p>
<p class='parrafo'>El demandante alegó por escrito frente al pliego de cargos que la conversación telefónica estaba autorizada, que desconocía que fuera a ser usada en un mitin electoral y que no existe ninguna limitación legal a esas grabaciones. Ninguna controversia ni mención realiza en relación con una eventual desobediencia a una resolución judicial. El 27 de diciembre de 2017 se entregó al recurrente la propuesta de resolución de 26 de diciembre de 2017 sin ninguna modificación de los hechos imputados y su calificación ni explicación alguna sobre su subsunción o la existencia de una eventual desobediencia a una resolución judicial. El recurrente alegó verbalmente ante la comisión disciplinaria que el fin de esa llamada no era que se difundiera en un mitin electoral, que sí sabía que se estaba grabando y que no faltó a la seguridad del centro. No se menciona ni incluye ninguna referencia a la eventual desobediencia a una resolución judicial. Finalmente, el 2 de febrero de 2018 se entrega al recurrente el acuerdo sancionador de 1 de febrero de 2018 en que, como hechos probados, se recogen los que fueron imputados en su día con su calificación como falta grave del artículo 109.b) RP sin ningún tipo de motivación sobre la subsunción y, nuevamente, sin mención a que la sanción se debiera a una eventual desobediencia a una resolución judicial.</p>
<p class='parrafo'>(iii) De estos hechos caben extraer las siguientes conclusiones: (a) en la comparecencia previa a la incoación de expediente sancionador, destinada a indagar sobre la emisión de la voz grabada al recurrente en un mitin electoral el 16 de diciembre de 2017, se interrogó al demandante sobre la circunstancia de que hubiera aparecido esa grabación dos días después de que el magistrado instructor por medio del auto de 14 de diciembre de 2017 resolviera una serie de peticiones sobre las posibilidades de su participación en la campaña electoral; (b) en esa comparecencia, y así fue asumido de manera no controvertida, quedó acreditado que la grabación se había efectuado el 3 de diciembre de 2017 y, por tanto, con mucha anterioridad a la citada resolución judicial de 14 de diciembre de 2017; (c) en el expediente sancionador, en conciencia de esa circunstancia, los hechos por los que se sanciona al demandante de amparo son los consistentes en que «el día 3/12/17, a las 18:56 h, efectúa Vd. una llamada desde el módulo 1 con el fin de que fuera difundida en un mitin electoral», lo que se califica como una infracción grave del artículo 109.b) RP consistente en desobedecer ordenes de un funcionario o autoridad; y (d) en ninguno de los diferentes documentos del expediente elaborados por la administración penitenciaria (acuerdo de incoación, pliego de cargo, propuesta de resolución y acuerdo sancionador) o de las alegaciones efectuadas por el demandante se pone de manera expresa o tácita en conexión esa conducta del día 3 de diciembre de 2017 con una supuesta desobediencia a una resolución judicial manifiestamente posterior, sino con la utilización de la autorización para desarrollar una conversación privada para fines electorales que la administración penitenciaria no había autorizado.</p>
<p class='parrafo'>Esto es, si bien en una fase previa a la incoación del expediente disciplinario, la administración penitenciaria desconocía si la emisión de la voz grabada del recurrente el día 16 de diciembre de 2017 podría haber constituido una eventual desobediencia al auto de 14 de diciembre de 2017; es manifiesto que la propia administración penitenciaria, tras las diligencias informativas que desarrolló, desechó totalmente esa posibilidad desde la incoación misma del expediente al quedarse como únicos hechos imputados relevantes para el procedimiento sancionador con la conducta de haber accedido el día 3 de diciembre de 2017 en el marco de una comunicación personal y privada a que fuera grabado un mensaje suyo para su posterior difusión pública como acto de campaña.</p>
<p class='parrafo_2'>En consecuencia, hay que insistir en que no hay ninguna base fáctica para sustentar que en la vía administrativa el fundamento de la sanción al recurrente por su conducta del día 3 de diciembre de 2017 sea una supuesta desobediencia a una resolución del magistrado instructor todavía inexistente.</p>
<p class='parrafo'>5. El contenido de las actuaciones judiciales, a su vez, pone de manifiesto que la cuestión que controvertía el demandante en el presente recurso de amparo tiene su origen exclusivamente en la inicial resolución judicial que resuelve el recurso contra la resolución administrativa sancionadora, acreditando con ello que esta vulneración tiene su origen formal y materialmente en la actuación de un órgano judicial. En efecto, los hechos acontecidos en la vía judicial son los siguientes:</p>
<p class='parrafo_2'>(i) El demandante de amparo presentó ante el juzgado de vigilancia penitenciaria un recurso de alzada contra el acuerdo sancionador alegando que la conversación grabada el 3 de diciembre lo fue con un teléfono y persona autorizada; ha publicado artículos en medios de comunicación y mensajes en redes sociales sin que nadie hubiera considerado que son actos impropios; la llamada no tenía finalidad de difusión en un mitin electoral; su difusión se produjo una vez que se confirmó que no se le permitía asistir presencialmente a actividades de campaña; y la difusión no parece lógico que pudiera ser considerada contraria al reglamento ni a la ley. En ese recurso el demandante solo hizo mención al auto de 14 de diciembre de 2017 del magistrado instructor en el contexto del argumento de que la difusión de su mensaje se hace en sustitución, precisamente, de la negativa del juez a su excarcelación para participar en la campaña electoral. El ministerio fiscal, por su parte, pidió la confirmación de la sanción sin hacer referencia alguna a que la desobediencia lo fuera a una resolución judicial.</p>
<p class='parrafo'>(ii) El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria núm. 2 de Madrid, por auto de 2 de marzo de 2018, desestimó el recurso poniendo de manifiesto que (a) lo que se dilucidaba en ese procedimiento era únicamente si había existido un incumplimiento de una resolución judicial; (b) el magistrado instructor por auto de 14 de diciembre de 2017 limitó el derecho de participación del recurrente en la campaña electoral; (c) en ese contexto la cuestión es si el hecho de que el interno realizara esa conversación telefónica «constituye desobediencia a la orden recibida del Tribunal Supremo»; y (d) concluyó que la calificación de esa conducta era subsumible en el artículo 109.b) RP, afirmando que el recurrente sabía que la conversación estaba siendo grabada para su divulgación y aceptaba que podría serlo en un mitin, añadiendo que «solicitó permiso del Tribunal Supremo para participar en la campaña electoral y una vez conocida la resolución la incumplió de manera grave, atendida la índole de la orden que le había sido dada».</p>
<p class='parrafo'>(iii) El demandante de amparo formuló recurso de reforma afirmando, entre otros aspectos, que «con el debido respeto, debo señalar que no se puede atribuir a un hecho ocurrido el 3 de diciembre una conducta de antijuridicidad en forma de desobediencia a un Auto dictado el 14 de diciembre»; insistiendo, además, en los mismos argumentos sobre el carácter autorizado de la llamada y que en ningún caso el auto judicial le había prohibido hacer campaña electoral. En esta ocasión, el ministerio fiscal pidió la desestimación del recurso haciendo, esta vez sí, mención a que la conducta infractora del demandante consistía en una desobediencia al auto del juez de instrucción de 14 de diciembre de 2017. El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria núm. 2 de Madrid, por auto de 26 de marzo de 2018, desestimó el recurso sin mayores argumentos.</p>
<p class='parrafo_2'>En conclusión, se pone de manifiesto que la cuestión controvertida en el recurso de amparo sobre el carácter analógico de la subsunción de la conducta del recurrente en el artículo 109.b) RP, como presupuesto de su invocación del artículo 25.1 CE, a partir de la consideración de que su conducta del día 3 de diciembre de 2017 suponía una desobediencia a la resolución judicial del 14 de diciembre de 2017, es una innovación que se produce en la vía judicial y, más en concreto, en el inicial auto del juzgado de vigilancia penitenciaria de 2 de marzo de 2018, por lo que formal y materialmente la vulneración alegada por el recurrente tiene su origen en esa concreta actuación judicial y no en la de la administración pública que, como ya se ha expuesto, desde la inicial comparecencia previa del recurrente desechó la posibilidad de que pudiera existir una desobediencia respecto de una decisión judicial que era posterior en el tiempo a la conducta imputada.</p>
<p class='parrafo'>6. En definitiva, sin perjuicio de que las resoluciones judiciales impugnadas en apariencia se habrían limitado a confirmar la legalidad de la sanción impuesta al recurrente, dentro de su función de control de la actuación de la administración (artículo 106.1 CE); sin embargo, como en muchas ocasiones sucede, en este caso esa labor de control había ido más allá de una mera confirmación, ya que, ante la falta de motivación de la subsunción de la conducta en la resolución sancionadora, se suplió esa falta de motivación a través de un proceso argumental ajeno al debate en el procedimiento sancionador, que es el que, precisamente, el demandante en amparo considera contrario a la prohibición de interpretación analógica de los tipos sancionadores.</p>
<p class='parrafo'>La idea de que la innovación argumental en las resoluciones judiciales para confirmar la legalidad de resoluciones administrativas sancionadoras implica la posibilidad de invocar una vulneración autónoma del artículo 25.1 CE por parte del órgano judicial al amparo del artículo 44 LOTC no es desconocida en la jurisprudencia constitucional, pudiendo citarse, a modo de ejemplo, la STC 129/2005, de 23 de mayo, en cuyo fundamento jurídico 2 se afirma que «dada la índole de las quejas del demandante, y si bien interesa de este Tribunal, además de la nulidad de la sentencia impugnada, la de la resolución sancionadora que aquella confirma, hemos de precisar que, no obstante, es este un recurso de amparo de los previstos en el artículo 44 LOTC contra actuaciones de los órganos judiciales. Esta conclusión es patente respecto de los tres primeros motivos de amparo, y asimismo alcanza al cuarto, dado que la lesión del principio de legalidad sancionadora del artículo 25.1 CE que el demandante denuncia se hace derivar –exclusivamente– de la particular interpretación de la norma sancionadora en la que se apoya el juez cuando confirma la sanción impuesta en el ejercicio de la potestad de control que le atribuye el artículo 106.1 CE».</p>
<p class='parrafo_2'>Madrid, a veintidós de mayo de dos mil diecinueve.–Fernando Valdés Dal-Ré.–Juan Antonio Xiol Ríos.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y rubricado.</p>
</texto>
</documento>
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Tue Jun 25 07:37:07 +0000 2019
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ECLI:ES:TC:2019:75.
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por el Magistrado don Juan José González Rivas, Presidente; la Magistrada doña Encarnación Roca Trías; los Magistrados don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez, don Alfredo Montoya Melgar, don Ricardo Enríquez Sancho y don Cándido Conde-Pumpido Tourón y la Magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo avocado núm. 3495-2018, promovido por don Jordi Sánchez i Picanyol, contra los autos de 2 de marzo y 26 de marzo de 2018 del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria núm. 2 de Madrid, que confirmaron el acuerdo de 1 de febrero de 2018 de la comisión disciplinaria del centro penitenciario de Madrid V (Soto del Real), que impuso al recurrente una sanción de treinta de días de «privación de paseos y actos recreativos comunes» con base en el artículo 109.b) del Reglamento penitenciario. Ha intervenido el ministerio fiscal. Ha sido ponente el magistrado don Fernando Valdés Dal-Ré.
I. Antecedentes
1. Don Jordi Sánchez i Picanyol interpuso demanda de amparo contra los autos de 2 de marzo y 26 de marzo de 2018 del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria núm. 2 de Madrid, que confirmaron el acuerdo de 1 de febrero de 2018 de la comisión disciplinaria del centro penitenciario de Madrid V (Soto del Real), que impuso al recurrente en amparo una sanción de treinta de días de «privación de paseos y actos recreativos comunes» con base en el artículo 109.b) del Reglamento penitenciario.
La presente impugnación trae causa en un recurso de amparo anterior, el recurso núm. 2633-2018, en el que se acumulaban las quejas contra resoluciones dictadas en diferentes procedimientos, razón por la cual, por diligencia de ordenación de 13 de junio de 2018, se acordó que lo procedente sería formular demandas por separado, teniendo entonces por interpuesta la que se refería a resoluciones dictadas en la causa especial núm. 20907-2017, con origen en el Tribunal Supremo, y dando plazo al demandante para que articulara, en su caso, nueva demanda de amparo respecto de los autos de 2 de marzo y 26 de marzo de 2018 del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria núm. 2 de Madrid, confirmatorios del acuerdo de 1 de febrero de 2018 de la comisión disciplinaria del centro penitenciario de Madrid V, precisamente las resoluciones contra las que, en cumplimiento de lo anterior, se formaliza ahora el presente recurso.
2. El recurso tiene su origen en los siguientes antecedentes:
a) La comisión disciplinaria del centro penitenciario de Madrid V (Soto del Real), en fecha 1 de febrero de 2018 acordó imponer al ahora demandante una sanción de treinta días de «privación de paseos y actos recreativos comunes», al calificar como infracción grave prevista en el artículo 109.b) del Reglamento penitenciario el hecho de efectuar desde el módulo 1 del centro penitenciario de referencia una llamada telefónica con el fin de que fuera difundida en un mitin electoral.
b) Contra el citado acuerdo se interpuso recurso ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria núm. 2 de Madrid, que mediante auto de 2 de marzo de 2018 procedió a su desestimación. Razonaba la resolución judicial que lo dilucidado en el expediente disciplinario era únicamente si había habido incumplimiento de una resolución judicial previa y ello porque el magistrado instructor de la causa especial seguida en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (núm. 20907-2017) por auto de 14 de diciembre de 2017 «limitó el derecho de participación democrática del interno porque las autorizaciones que solicitaba para participar en campaña electoral posiblemente posibilitarían las situaciones de riesgo por las que se adoptó la medida cautelar de prisión provisional comunicada y sin fianza, pudiendo dar lugar al impulso de movilizaciones inmediatas que pueden aprovecharse para propiciar que los tumultos se materialicen en respuesta a la conformación institucional que resultara de los comicios, o como reacción a cualquier actuación política que cristalice en el modo que rechaza el ideario del encausado, tal y como los hechos que se investigan sugieren que ya aconteció».
La cuestión controvertida estribaba entonces, continuaba la resolución judicial, en que el interno mantuvo una conversación telefónica con una persona y un número autorizados; conversación que fue parcialmente registrada para una posible transcripción o divulgación posterior en campaña electoral, por lo que se debía dirimir si ello constituía desobediencia a la orden recibida del Tribunal Supremo. Bajo esas circunstancias, decía el auto de 2 de marzo de 2018, como quiera que el interno conocía que la conversación que se mantuvo estaba siendo grabada para una divulgación posterior y aceptaba «que dicha divulgación podría ser en un mitin», incumplió de manera grave la orden recibida. Por consiguiente, procedía a desestimar el recurso y confirmar la sanción impuesta.
c) Se interpuso recurso de reforma contra la resolución anterior, confirmatoria, como se ha dicho, de la sanción impuesta por la comisión disciplinaria del centro penitenciario de Madrid V. El recurso fue desestimado mediante auto del mismo Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, de 26 de marzo de 2018, ya que, se razonaba, las alegaciones contenidas en el escrito del recurrente no alteraban los hechos declarados, ni en su naturaleza ni en su calificación jurídica.
3. La demanda de amparo denuncia, en primer lugar, la vulneración del derecho fundamental a la participación directa en asuntos públicos y al acceso a cargos públicos (artículo 23 CE). Aduce en relación con ello que el recurrente no solo se ha visto privado de participar de manera efectiva y en condiciones de igualdad en la campaña electoral de las elecciones al Parlamento de Cataluña, sino que cuando intentó hacerlo a través de las limitadas posibilidades de comunicación que tienen los reclusos (llamada telefónica ordinaria) ha sido sancionado por querer ejercitar su derecho fundamental. Y señala, en ese sentido, que una persona que todavía no ha sido condenada tiene derecho a ser tratada como inocente a todos los efectos, lo cual implica que el candidato cuente con medios que permitan dar a conocer a la ciudadanía sus propuestas electorales en condiciones de igualdad y a hacerlo, en un caso como el suyo, de modo compatible con la condición de preso preventivo.
En definitiva, la imposición de la sanción que aquí se impugna, por haber dirigido un mensaje electoral a la ciudadanía a través de una llamada telefónica ordinaria a la que tenía derecho como cualquier recluso que se encuentre en prisión comunicada, supondría «una injustificada supresión absoluta de su posibilidad de participar en campaña y, por ende, de sus derechos políticos como candidato».
Considera lesionado, en segundo lugar, el derecho fundamental a la legalidad sancionadora (artículo 25.1 CE), lesión que se habría producido por no corresponderse en absoluto los hechos acontecidos con el supuesto descrito en la norma sancionadora aplicada, incurriéndose por tanto en una flagrante analogía en perjuicio del sujeto sancionado. Y todo ello porque en ningún momento recibió el recurrente órdenes del instructor de la causa especial antes citada de no emitir mensajes electorales, habiéndose limitado aquel a denegarle la petición de permisos y otras posibilidades de comunicación extraordinarias, pero no en cambio de las ordinarias, y haciéndolo además en un auto posterior en el tiempo, de 14 de diciembre de 2017, a la llamada controvertida (realizada el 3 de diciembre anterior).
Por consiguiente, concluye, las resoluciones recurridas incurrirían en una interpretación analógica manifiestamente irrazonable del citado artículo 109.b) del Reglamento penitenciario, equiparando la denegación del permiso para acudir personalmente a un mitin (que es lo que se había denegado por el instructor de la causa especial) con una supuesta prohibición de emitir mensajes telefónicos que eventualmente pudieran darse a conocer a la ciudadanía en un acto electoral, algo que de ninguna manera había sido prohibido. En otras palabras, para sancionarle en sede penitenciaria se hizo decir lo que no decía al auto de 14 de diciembre de 2017, dictado en la causa especial núm. 20907-2017, vulnerándose en consecuencia el segundo derecho fundamental alegado (artículo 25.1 CE) con una interpretación in malam partem del tenor literal de los supuestos de hecho prohibidos en la norma aplicada y con ocasión, por lo demás, del ejercicio de derechos fundamentales tan básicos como son los derechos políticos de un candidato en unas elecciones o la presunción de inocencia de un preso preventivo.
Solicita por todo ello el reconocimiento de aquellos derechos fundamentales y la anulación de los autos recurridos y el acuerdo de 1 de febrero de 2018, de la comisión disciplinaria del centro penitenciario de referencia.
4. El Pleno de este Tribunal, por providencia de 5 de julio de 2018, acordó, de conformidad con lo que establece el artículo 10.1 n) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), recabar para sí el conocimiento del presente recurso de amparo.
Por providencia de 17 de julio de 2018 acordó su admisión a trámite, apreciando que concurre en el mismo una especial trascendencia constitucional (artículo 50.1 LOTC) porque el recurso plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina de este Tribunal [STC 155/20009, FJ 2 a)]. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 LOTC, dirigía además atenta comunicación al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria núm. 2 de Madrid a fin de que, en plazo que no excediera de diez días, remitiera certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes, debiendo previamente emplazar a quienes fueran parte en el procedimiento, excepto a la parte recurrente en amparo, para que en el plazo de diez días pudieran comparecer en este proceso constitucional.
5. Por diligencia de ordenación de 27 de julio de 2018, la secretaria de justicia del Pleno de este Tribunal, teniendo por recibido el testimonio de las actuaciones solicitadas y a tenor de lo dispuesto en el artículo 52 LOTC, concedió al ministerio fiscal un plazo de veinte días para que, con vista de las actuaciones, pudiera formular alegaciones.
6. Por escrito registrado el día 11 de octubre de 2018, el ministerio fiscal interesó la inadmisión del recurso de amparo por extemporaneidad [artículo 50.1.a) en relación con artículo 43.2 LOTC], ya que, a su criterio, las violaciones de derechos fundamentales denunciadas tienen su origen en actos de un órgano administrativo penitenciario, de modo que resultaría de aplicación el plazo del artículo 43.2 LOTC, no el del artículo 44.2 LOTC. Esto así, verificándose que la última resolución judicial fue notificada el día 27 de marzo de 2018 y que el plazo de caducidad del recurso finalizaba, entonces, el 27 de abril a las 15 horas, al no haber tenido entrada el recurso en el Tribunal hasta el día 11 de mayo de 2018 concurre el supuesto de extemporaneidad de la demanda de amparo.
A su juicio, la inicial presentación del recurso de amaro núm. 2633-2018, acumulando de manera improcedente en una sola demanda de amparo la impugnación de resoluciones dictadas en dos procedimientos distintos, no puede alterar el criterio expuesto de caducidad del amparo, pues no cabe mutar la naturaleza de la decisión administrativa recurrida para que resulte aplicable el plazo del artículo 44.2 LOTC, que no corresponde en el presente proceso.
No obstante, en cuanto al fondo y de modo, dice el escrito de alegaciones, meramente aproximativo, de entrarse en el examen sustantivo se inclinaría por la desestimación del recurso, tanto porque la situación enjuiciada no ha influido negativamente ni ha tenido incidencia lesiva en el resultado electoral, puesto que el recurrente alcanzó el acceso a la función representativa que pretendía, como también porque la sanción no se impuso por la mera grabación del mensaje, sino por el hecho de que su difusión en el mitin central de la campaña en el que no se había autorizado la intervención del recurrente se produjo tras la notificación del auto limitativo del Tribunal Supremo de 14 de diciembre de 2017.
Por todo ello, se solicita la inadmisión por extemporaneidad del recurso de amparo.
7. Por diligencia de ordenación de 1 de abril de 2019, la secretaria de justicia del Pleno de este Tribunal acordó, a tenor de lo dispuesto en el artículo 52 LOTC, dar vista de todas las actuaciones del presente recurso de amparo a la parte recurrente por plazo de veinte días, por haberse omitido dicho trámite en la diligencia de ordenación de 27 de julio de 2018. Por diligencia de 8 de mayo de 2019 se hizo constar que el procurador don Aníbal Bordallo Huidobro no ha formulado alegaciones dentro del plazo conferido en la diligencia anterior, quedando pendiente para deliberación y votación de la sentencia.
8. Mediante providencia de 21 de mayo de 2019, se señaló para deliberación y votación de la presente sentencia el día 22 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1. Objeto del recurso de amparo y posiciones de las partes. El presente recurso de amparo se dirige contra el acuerdo de la comisión disciplinaria del centro penitenciario de Madrid V, de 1 de febrero de 2018, que impuso al recurrente don Jordi Sànchez i Picanyol una sanción de treinta de días de privación de paseos y actos recreativos comunes por una infracción grave prevista en el artículo 109.b) del Reglamento penitenciario, y contra los autos de 2 de marzo y 26 de marzo de 2018 del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria núm. 2 de Madrid, que confirmaron, en alzada y en reforma, respectivamente, dicha corrección disciplinaria.
Como con más detalle se ha explicado en el apartado de antecedentes, en la demanda de amparo el recurrente invoca la vulneración de sus derechos fundamentales a la participación directa en asuntos públicos y al acceso a cargos públicos (artículo 23 CE) y a la legalidad de las infracciones y sanciones (artículo 25.1 CE). Argumenta, en síntesis, por lo que se refiere al derecho fundamental citado en primer término, que la sanción impuesta por el Centro Penitenciario y confirmada por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria por hacer uso de una llamada telefónica, a la que tiene derecho como cualquier recluso que se encuentre en prisión comunicada, supone de facto «una injustificada supresión absoluta de su posibilidad de participar en campaña y, por ende, de sus derechos políticos como candidato» a diputado del Parlamento de Cataluña. En cuanto a la segunda queja, aduce que los hechos no se corresponden con el supuesto descrito en la norma sancionadora aplicada, incurriéndose en analogía en perjuicio del sujeto sancionado, pues en ningún momento recibió órdenes del magistrado instructor de la causa penal de no emitir mensajes electorales, ya que aquél se limitó a denegarle la petición de permisos y otras posibilidades de comunicación extraordinarias, que no ordinarias, en un auto de 14 de diciembre de 2017, posterior en el tiempo, además, a la llamada controvertida, que tuvo lugar el 3 de diciembre de ese mismo año.
El fiscal ante este Tribunal Constitucional ha opuesto óbice de admisibilidad al considerar extemporáneo el recurso de amparo. Subsidiariamente interesa la desestimación del mismo.
2. Requisitos para la admisibilidad. Con carácter previo al examen de fondo de las pretensiones de la demanda de amparo debemos pronunciarnos sobre la concurrencia de los requisitos para su admisibilidad establecidos en la Ley Orgánica reguladora de este Tribunal (LOTC), pues, como hemos declarado en otras ocasiones (así en la STC 154/2016, de 22 de septiembre, FJ 2), los defectos insubsanables de que pudiera estar afectado el recurso de amparo no resultan subsanados porque haya sido inicialmente admitido a trámite (por todas, SSTC 18/2002, de 28 de enero, FJ 3, y 158/2002, de 16 de septiembre, FJ 2), de forma que la comprobación de los presupuestos procesales para la viabilidad de la acción pueden volverse a abordar o reconsiderar en la sentencia, de oficio o a instancia de parte, dando lugar a un pronunciamiento de inadmisión por la falta de tales presupuestos, sin que para ello constituya obstáculo el carácter tasado de los pronunciamientos previstos en el artículo 53 LOTC (por todas, STC 69/2004, de 19 de abril, FJ 3; o SSTC 89/2011, de 6 de junio, FJ 2, y 174/2011 de 7 de noviembre, FJ 2).
3. Extemporaneidad del recurso de amparo. El fiscal ante este Tribunal, en su escrito de alegaciones presentado en el trámite del artículo 52 LOTC, aduce, en síntesis, que al tratarse de un recurso en que se impugna una decisión administrativa conforme al artículo 43 LOTC, ya que únicamente se plantean vulneraciones constitucionales causadas en origen por el acuerdo sancionador de la comisión disciplinaria del centro penitenciario de Madrid V, el plazo para interponer la demanda era de veinte días conforme con el apartado segundo del mismo precepto de nuestra Ley Orgánica reguladora, plazo que habría quedado rebasado.
El óbice planteado por el fiscal ha de ser estimado, atendiendo a las siguientes razones:
a) El recurso de amparo, en cuanto dirigido contra una resolución administrativa, está sometido al régimen previsto en el artículo 43 LOTC.
Aun cuando la demanda se refiere literalmente a «actos del órgano judicial que violan los derechos susceptibles de amparo constitucional», con cita expresa del artículo 44.1 LOTC, lo cierto es que se limita a señalar al respecto que los autos del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria núm. 2 de Madrid confirman la resolución administrativa anterior. Es a este acto administrativo sancionador al que, a lo largo de toda la argumentación contenida en dicho escrito rector del proceso constitucional, se le imputan las vulneraciones de los derechos fundamentales a la participación directa en asuntos públicos y al acceso a cargos públicos (artículo 23 CE) y a la legalidad sancionadora (artículo 25.1 CE) que han quedado reseñadas.
De ahí se extrae que el presente recurso de amparo es subsumible en el artículo 43 LOTC, en cuanto las lesiones de los derechos fundamentales invocados por el recurrente serían imputables a la actuación administrativa, en concreto al acuerdo de la comisión disciplinaria del centro penitenciario de Madrid V de 1 de febrero de 2018, y no, de modo «inmediato y directo», a las resoluciones judiciales que se limitaron a confirmar el anterior (artículo 44.1 LOTC). Este Tribunal ha venido destacando «el carácter instrumental que tiene la vía previa al amparo constitucional en relación con el acto que produjo la vulneración del derecho, en tanto que 'las decisiones producidas en esta vía judicial no han de ser objeto de impugnación por la sola razón de no haber estimado la pretensión deducida por el recurrente. Estas decisiones desestimatorias no alteran la situación jurídica creada por el acto de la administración presuntamente lesivo de un derecho fundamental y no son, por tanto, en sí mismas causa de lesión. Otra interpretación llevaría a entender, en definitiva, que no hay más actos u omisiones atacables en vía de amparo constitucional que los actos u omisiones de los órganos judiciales' (STC 6/1981, de 6 de marzo, FJ 2)» (ATC 51/2010, de 6 de mayo, FJ 1).
Como tampoco se formaliza en la demanda, en fin, ninguna queja autónoma contra los autos del juzgado de vigilancia penitenciaria, que permita considerar el presente recurso de amparo como mixto (SSTC 135/2010, de 2 de diciembre, FJ 2; 145/2015, de 25 de junio, FJ 2; 117/2016, de 20 de junio, FJ 2), la consecuencia es que resulta de aplicación el plazo de interposición de veinte días «siguientes a la notificación de la resolución recaída en el previo proceso judicial» (artículo 43.2 LOTC).
b) A los efectos del cómputo de este plazo de caducidad, el «dies a quo» viene dado por la notificación de la última resolución que cierra la vía judicial y el «dies ad quem» por la presentación del escrito inicial de demanda originariamente dirigida contra las resoluciones impugnadas.
(i) En cuanto al primer extremo, la vía judicial quedó cerrada con el auto de 26 de marzo de 2018 del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria núm. 2 de Madrid, que fue notificado al recurrente al día siguiente.
(ii) Respecto del segundo, la fecha a considerar es la de interposición del originario recurso de amparo dirigido contra la resolución anteriormente citada que puso fin a la vía judicial y las precedentes de imposición de la sanción y de confirmación de la misma en alzada. El recurrente, si bien yerra en el plazo al señalar el de treinta días, considera procedente para su cómputo tomar en consideración «la demanda de amparo que […] se interpuso inicialmente» el día 11 de mayo de 2018.
Cabe recordar que en dicho escrito inicial se acumularon quejas dirigidas contra resoluciones dictadas en diferentes procedimientos, razón por la cual, por diligencia de ordenación de 13 de junio de 2018, se acordó que lo procedente era formular demandas por separado. La originaria se tuvo por interpuesta respecto de resoluciones recaídas en la causa especial núm. 20907-2017, que se sigue ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, dando así lugar al recurso al recurso de amparo núm. 2633-2018; y se emplazó al recurrente para que presentara, en su caso, demanda respecto de los resoluciones relativas al expediente sancionador penitenciario, lo que ha dado lugar, una vez cumplida aquella condición, al presente procedimiento.
Pues bien, a los efectos del cómputo del plazo de interposición del recurso de amparo previsto en el artículo 43 LOTC, hay que estar a la fecha de presentación de aquella demanda inicial, tal y como se indicó en la citada diligencia de ordenación de 13 de junio de 2018, en cuanto que, añadimos ahora, aunque de modo procedimentalmente inadecuado, se ejercitaba en ella la acción a la que se refiere dicho precepto de nuestra ley orgánica reguladora.
c) La aplicación de los parámetros anteriores determina la extemporaneidad del recurso. La notificación del auto que agota la vía judicial y deja abierta la vía para este proceso se practicó el 27 de marzo de 2018, con lo que el plazo de veinte días hábiles previsto en el artículo 43.2 LOTC para acudir ante este Tribunal expiraba a las quince horas del día 27 de abril de 2018. Sin embargo, el escrito se presentó 11 de mayo de 2018, fuera del plazo legalmente establecido.
En consecuencia, procede acoger esta excepción procesal del ministerio fiscal, lo que conduce a la inadmisión del recurso de amparo.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Inadmitir el recurso de amparo formulado por don Jordi Sànchez i Picanyol.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a veintidós de mayo de dos mil diecinueve.–Juan José González Rivas.–Encarnación Roca Trías.–Andrés Ollero Tassara.–Fernando Valdés Dal-Ré.–Santiago Martínez-Vares García.–Juan Antonio Xiol Ríos.–Pedro José González-Trevijano Sánchez.–Antonio Narváez Rodríguez.–Alfredo Montoya Melgar.–Ricardo Enríquez Sancho.–Cándido Conde-Pumpido Tourón.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y rubricado.
Voto particular que formulan los magistrados don Fernando Valdés Dal-Ré y don Juan Antonio Xiol Ríos y la magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón respecto de la sentencia pronunciada en el recurso de amparo avocado núm. 3495-2018
Con el máximo respeto a la opinión mayoritaria de nuestros compañeros de Pleno en la que se sustenta la sentencia, manifestamos nuestra discrepancia con su fundamentación jurídica y con su fallo, que consideramos no hubiera debido ser de inadmisión por extemporaneidad sino objeto de una resolución estimatoria sobre el fondo de los derechos fundamentales invocados.
1. La opinión mayoritaria en la que se sustenta la sentencia concluye la inadmisión del presente recurso de amparo con el argumento de que es un recurso que debe considerarse planteado por el procedimiento del artículo 43 LOTC, ya que las vulneraciones aducidas solo cabría imputarlas a la resolución administrativa penitenciaria sancionadora y en ningún caso a las resoluciones judiciales, que se habrían limitado a confirmar la legalidad de dicha resolución. En coherencia con ello, el plazo para su interposición es de veinte días hábiles, que habrían sido superados el 11 de mayo de 2018 cuando se registró la demanda, al haber transcurrido veintinueve días hábiles desde la notificación de la última resolución judicial que agotó la vía judicial previa el 27 de marzo de 2018.
Nuestra discrepancia con esta conclusión radica en que consideramos que el presente recurso de amparo debe ser calificado como un recurso mixto, al tener la vulneración alegada del derecho a la legalidad sancionadora (artículo 25.1 CE) su origen formal y materialmente en las resoluciones judiciales impugnadas, por lo que las reglas procedimentales de admisibilidad son las previstas en el artículo 44 LOTC, entre ellas que el plazo de interposición es de treinta días. Desde ese planteamiento, el presente recurso de amparo no debería haber sido considerado inadmisible por extemporaneidad.
2. Antes de exponer las razones por las que entendemos que este es un supuesto de recurso de amparo mixto, resulta necesario insistir en la distorsión que supone en el marco de la ley orgánica de este Tribunal la diferencia de plazos entre aquellos recursos de amparo en que las vulneraciones de derechos fundamentales sean originadas por actuaciones administrativas (artículo 43 LOTC) o por actuaciones judiciales (artículo 44 LOTC). Esta diferencia de plazos, que solo existe a partir de la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional llevada a cabo por la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, no responde a ningún motivo objetivo, sino a una mera desatención en el procedimiento legislativo de aprobación de la citada Ley Orgánica 6/2007. Esta cuestión de la diferencia de plazos no es de menor importancia. Con independencia de la calificación que el demandante dé a su recurso, es responsabilidad de este Tribunal el determinar si su fundamento reside en el artículo 43 o en el artículo 44 LOTC. De ese modo, no es infrecuente encontrar supuestos dudosos, como el presente, en que el demandante resulta sorprendido con una decisión de inadmisión por extemporaneidad, incluso en sentencia (así, por ejemplo, SSTC 94/2016, de 9 de mayo; 61/2017, de 22 de mayo; 11/2019, de 28 de enero, o 16/2019, de 11 de febrero). El legislador tiene la responsabilidad de solucionar esta inexplicable e injustificable diferencia de régimen, unificando el plazo de ambos preceptos mediante una reforma legislativa.
Al margen de lo anterior, el ejercicio de la responsabilidad de este Tribunal de identificar el origen de las vulneraciones invocados por los recurrentes para calificar un recurso de amparo como del artículo 43 o del artículo 44 LOTC y, en coherencia con ello, determinar el plazo de interposición, parece razonable que quede presidido por el principio «pro actione», máxime en supuestos límites como puede ser el presente. La jurisprudencia constitucional sobre la apreciación de las causas de inadmisión formales en la vía judicial ordinaria debería también servir de guía de actuación de este Tribunal. Es necesario que en el recurso de amparo se evite cualquier interpretación y aplicación de las causas de inadmisión que por su rigorismo o por su formalismo excesivo o por cualquier otra razón revelen una clara desproporción entre los fines que aquellas causas preservan y los intereses que sacrifican.
El formalismo enervante no resulta conciliable con el quehacer general de la impartición de una justicia que emana del pueblo y, además, es un servicio público para ese pueblo. Es mucho menos conciliable cuando se trata de una jurisdicción de derechos humanos como la que representa la jurisdicción de amparo constitucional. La ciudadanía de un país de la Europa occidental en el siglo XXI no merece una jurisdicción constitucional que, a partir de interpretaciones rigoristas y/o desproporcionadas de los requisitos formales de admisión, se vea privada de pronunciamientos sobre invocaciones de derechos fundamentales que cuentan con una especial transcendencia constitucional, atendiendo a su importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales.
A nuestro parecer, la opinión mayoritaria en la que se sustenta la sentencia representa uno de esos supuestos de formalismo excesivo en que se han antepuesto de manera rigorista y desproporcionada unas consideraciones sobre la identificación de la vía procedimental que era adecuada al caso, construyendo innecesariamente un obstáculo insalvable para que este Tribunal pudiera pronunciarse –con pocas dudas, de manera estimatoria– sobre la eventual vulneración del derecho a la legalidad sancionadora que supone para el recurrente la imposición de una sanción penitenciaria por supuestamente desobedecer una resolución judicial que fue dictada 11 días después de la conducta que se le imputa.
3. Las razones en las que se fundamenta nuestra consideración de que formal y materialmente la vulneración alegada por el recurrente del derecho a la legalidad sancionadora (artículo 25.1 CE) tiene su origen en las resoluciones judiciales impugnadas y no en la sanción administrativa son las siguientes:
(i) La invocación del artículo 25.1 CE –derecho a la legalidad penal por aplicación analógica de la infracción imputada– la dirige el demandante de manera directa y expresa en su demanda de amparo al auto del juzgado de vigilancia penitenciaria (JVP) de 2 de marzo de 2018 y no al acuerdo sancionador, cuando afirma que «en tal sentido, en el auto del Juzgado de Vigilancia de 2 de marzo de 2018 se incurre en una interpretación analógica manifiestamente irrazonable del citado artículo 109 del Reglamento penitenciario (RP), equiparando la denegación del permiso para acudir personalmente a un mitin (que es lo que se había denegado a don Jordi Sánchez por el instructor) con una supuesta prohibición expresa de emitir mensajes telefónicos».
(ii) Esa invocación de la aplicación analógica de la infracción imputada, por otra parte, se fundamenta en un razonamiento que fue exclusivamente usado en la resolución judicial para justificar la subsunción de la conducta del recurrente en el artículo 109.b) RP, pero que no aparecía de manera expresa o tácita en la resolución administrativa sancionadora. En la demanda de amparo se invoca el artículo 25.1 CE con el argumento de que si bien lo imputado era que cometió una infracción del artículo 109.b) RP –desobedecer las órdenes recibidas de autoridades o funcionarios en el ejercicio legítimo de sus atribuciones–, se da la circunstancia de que el demandante «en ningún momento recibió ninguna orden de no emitir mensajes electorales por parte del Sr. instructor del Tribunal Supremo, que se limitó a denegarle la petición de permisos y otras posibilidades de comunicación extraordinarias, pero no ordinarias, en un auto posterior a la llamada». La idea de que la infracción del artículo 109.b) RP se fundamenta en que la desobediencia cometida por el recurrente el día 3 de diciembre de 2017 –consistente en dejarse grabar en una comunicación ordinaria con una persona autorizada con la finalidad de una posterior difusión pública– lo es a una resolución del juez de instrucción posterior –auto de 14 de diciembre de 2017– aparece solo en el auto del juzgado de vigilancia penitenciaria de 2 de marzo de 2018, pero es una cuestión ausente en el debate del expediente administrativo sancionador.
Nuestra afirmación de que el razonamiento en que el recurrente fundamenta la invocación del artículo 25.1 CE tiene su exclusivo origen judicial –y, por tanto, que se está ante un recurso de amparo del artículo 44 LOTC cuyo plazo de interposición es del treinta días– se sustenta en los hechos que han quedado acreditados con el testimonio de las actuaciones administrativas y judiciales remitidas.
4. Estos hechos, por lo que se refiere a lo acontecido en vía administrativa, son los siguientes:
(i) El subdirector de seguridad, mediante oficio de 16 de diciembre de 2017, pone de manifiesto que «habiendo aparecido en varios medios de comunicación la noticia de que el interno don Jordi Sánchez Picanyol podría realizar una conexión durante el acto electoral de Junts per Catalunya del día 15 de diciembre de 2017, se lleva a cabo una investigación en el Centro», a lo que se añade que «se constata que efectivamente durante el citado acto electoral, se emite un comunicado de don Jordi Sánchez Picanyol». También en ese oficio se hace constar que en ese mismo día 16 de diciembre de 2017 se ha llamado a comparecencia al ahora demandante de amparo y que (a) «reconoce que estas declaraciones se grabaron durante una llamada telefónica realizada a su amiga acreditada […], el día 3 de diciembre de 2017» y (b) «se comprueba los datos aportados, resultado que efectivamente, el día 3 de diciembre de 2017 realizó una llamada de la citada amiga».
En el acta de comparecencia aparece reflejado que la pregunta segunda fue «¿usted ha realizado desde la prisión una llamada telefónica para que fuera grabada por el receptor para posteriormente ser difundida en un mitin electoral?» y la respuesta que «yo no era consciente de que mi llamada sería reproducida en un mitin electoral. En otras ocasiones yo he comunicado por teléfono para que fuera transcrito en un medio de comunicación y en otras ocasiones esos escritos han salido por correo ordinario en la certeza de que no tengo intervenidas las comunicaciones». La pregunta cuarta es «¿recuerda usted cuándo pudo ser grabado el mensaje?» y la respuesta «sé que era un día festivo y pudo ser el 3 de diciembre de 2017 que fue domingo». La última pregunta que se realizó al demandante en aquella comparecencia fue «¿cómo usted, teniendo conocimiento de que el juez del Tribunal Supremo le tiene prohibido grabar mensajes, para ser utilizados en campaña electoral, ha salido difundido este mensaje el día 15 de diciembre de 2017 en un mitin electoral de Junts per Cataluña?». La respuesta del demandante fue «la grabación de este mensaje y otros artículos son anteriores al auto del juez, en el cual me deniega una presencia física en la campaña y tener contactos presenciales con los medios de comunicación fuera de prisión (según me comentó mi abogado). Yo no tenía en ningún momento conocimiento de que iba a ser difundido y supongo que ha sido una decisión de los responsables de la campaña […]».
(ii) El director del Centro acordó el 18 de diciembre de 2017 la incoación de un procedimiento sancionador contra el recurrente «por los hechos ocurridos el 3 de diciembre de 2017, al apreciar en los mismos indicios que pueden dar lugar a responsabilidad disciplinaria». El 19 de diciembre de 2017 se entrega al recurrente un pliego de cargos de 18 de diciembre de 2017 en que se pone de manifiesto como hechos imputados que: «el día 3 de diciembre de 2017, a las 18:56 h, efectúa Vd. una llamada desde el módulo 1 con el fin de que fuera difundida en un mitin electoral», lo que se considera una falta grave del artículo 109.b) RP por desobedecer ordenes de un funcionario o autoridad. Ningún tipo de razonamiento se incluye en relación con las razones para considerar que la conducta pudiera ser constitutiva de desobediencia.
El demandante alegó por escrito frente al pliego de cargos que la conversación telefónica estaba autorizada, que desconocía que fuera a ser usada en un mitin electoral y que no existe ninguna limitación legal a esas grabaciones. Ninguna controversia ni mención realiza en relación con una eventual desobediencia a una resolución judicial. El 27 de diciembre de 2017 se entregó al recurrente la propuesta de resolución de 26 de diciembre de 2017 sin ninguna modificación de los hechos imputados y su calificación ni explicación alguna sobre su subsunción o la existencia de una eventual desobediencia a una resolución judicial. El recurrente alegó verbalmente ante la comisión disciplinaria que el fin de esa llamada no era que se difundiera en un mitin electoral, que sí sabía que se estaba grabando y que no faltó a la seguridad del centro. No se menciona ni incluye ninguna referencia a la eventual desobediencia a una resolución judicial. Finalmente, el 2 de febrero de 2018 se entrega al recurrente el acuerdo sancionador de 1 de febrero de 2018 en que, como hechos probados, se recogen los que fueron imputados en su día con su calificación como falta grave del artículo 109.b) RP sin ningún tipo de motivación sobre la subsunción y, nuevamente, sin mención a que la sanción se debiera a una eventual desobediencia a una resolución judicial.
(iii) De estos hechos caben extraer las siguientes conclusiones: (a) en la comparecencia previa a la incoación de expediente sancionador, destinada a indagar sobre la emisión de la voz grabada al recurrente en un mitin electoral el 16 de diciembre de 2017, se interrogó al demandante sobre la circunstancia de que hubiera aparecido esa grabación dos días después de que el magistrado instructor por medio del auto de 14 de diciembre de 2017 resolviera una serie de peticiones sobre las posibilidades de su participación en la campaña electoral; (b) en esa comparecencia, y así fue asumido de manera no controvertida, quedó acreditado que la grabación se había efectuado el 3 de diciembre de 2017 y, por tanto, con mucha anterioridad a la citada resolución judicial de 14 de diciembre de 2017; (c) en el expediente sancionador, en conciencia de esa circunstancia, los hechos por los que se sanciona al demandante de amparo son los consistentes en que «el día 3/12/17, a las 18:56 h, efectúa Vd. una llamada desde el módulo 1 con el fin de que fuera difundida en un mitin electoral», lo que se califica como una infracción grave del artículo 109.b) RP consistente en desobedecer ordenes de un funcionario o autoridad; y (d) en ninguno de los diferentes documentos del expediente elaborados por la administración penitenciaria (acuerdo de incoación, pliego de cargo, propuesta de resolución y acuerdo sancionador) o de las alegaciones efectuadas por el demandante se pone de manera expresa o tácita en conexión esa conducta del día 3 de diciembre de 2017 con una supuesta desobediencia a una resolución judicial manifiestamente posterior, sino con la utilización de la autorización para desarrollar una conversación privada para fines electorales que la administración penitenciaria no había autorizado.
Esto es, si bien en una fase previa a la incoación del expediente disciplinario, la administración penitenciaria desconocía si la emisión de la voz grabada del recurrente el día 16 de diciembre de 2017 podría haber constituido una eventual desobediencia al auto de 14 de diciembre de 2017; es manifiesto que la propia administración penitenciaria, tras las diligencias informativas que desarrolló, desechó totalmente esa posibilidad desde la incoación misma del expediente al quedarse como únicos hechos imputados relevantes para el procedimiento sancionador con la conducta de haber accedido el día 3 de diciembre de 2017 en el marco de una comunicación personal y privada a que fuera grabado un mensaje suyo para su posterior difusión pública como acto de campaña.
En consecuencia, hay que insistir en que no hay ninguna base fáctica para sustentar que en la vía administrativa el fundamento de la sanción al recurrente por su conducta del día 3 de diciembre de 2017 sea una supuesta desobediencia a una resolución del magistrado instructor todavía inexistente.
5. El contenido de las actuaciones judiciales, a su vez, pone de manifiesto que la cuestión que controvertía el demandante en el presente recurso de amparo tiene su origen exclusivamente en la inicial resolución judicial que resuelve el recurso contra la resolución administrativa sancionadora, acreditando con ello que esta vulneración tiene su origen formal y materialmente en la actuación de un órgano judicial. En efecto, los hechos acontecidos en la vía judicial son los siguientes:
(i) El demandante de amparo presentó ante el juzgado de vigilancia penitenciaria un recurso de alzada contra el acuerdo sancionador alegando que la conversación grabada el 3 de diciembre lo fue con un teléfono y persona autorizada; ha publicado artículos en medios de comunicación y mensajes en redes sociales sin que nadie hubiera considerado que son actos impropios; la llamada no tenía finalidad de difusión en un mitin electoral; su difusión se produjo una vez que se confirmó que no se le permitía asistir presencialmente a actividades de campaña; y la difusión no parece lógico que pudiera ser considerada contraria al reglamento ni a la ley. En ese recurso el demandante solo hizo mención al auto de 14 de diciembre de 2017 del magistrado instructor en el contexto del argumento de que la difusión de su mensaje se hace en sustitución, precisamente, de la negativa del juez a su excarcelación para participar en la campaña electoral. El ministerio fiscal, por su parte, pidió la confirmación de la sanción sin hacer referencia alguna a que la desobediencia lo fuera a una resolución judicial.
(ii) El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria núm. 2 de Madrid, por auto de 2 de marzo de 2018, desestimó el recurso poniendo de manifiesto que (a) lo que se dilucidaba en ese procedimiento era únicamente si había existido un incumplimiento de una resolución judicial; (b) el magistrado instructor por auto de 14 de diciembre de 2017 limitó el derecho de participación del recurrente en la campaña electoral; (c) en ese contexto la cuestión es si el hecho de que el interno realizara esa conversación telefónica «constituye desobediencia a la orden recibida del Tribunal Supremo»; y (d) concluyó que la calificación de esa conducta era subsumible en el artículo 109.b) RP, afirmando que el recurrente sabía que la conversación estaba siendo grabada para su divulgación y aceptaba que podría serlo en un mitin, añadiendo que «solicitó permiso del Tribunal Supremo para participar en la campaña electoral y una vez conocida la resolución la incumplió de manera grave, atendida la índole de la orden que le había sido dada».
(iii) El demandante de amparo formuló recurso de reforma afirmando, entre otros aspectos, que «con el debido respeto, debo señalar que no se puede atribuir a un hecho ocurrido el 3 de diciembre una conducta de antijuridicidad en forma de desobediencia a un Auto dictado el 14 de diciembre»; insistiendo, además, en los mismos argumentos sobre el carácter autorizado de la llamada y que en ningún caso el auto judicial le había prohibido hacer campaña electoral. En esta ocasión, el ministerio fiscal pidió la desestimación del recurso haciendo, esta vez sí, mención a que la conducta infractora del demandante consistía en una desobediencia al auto del juez de instrucción de 14 de diciembre de 2017. El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria núm. 2 de Madrid, por auto de 26 de marzo de 2018, desestimó el recurso sin mayores argumentos.
En conclusión, se pone de manifiesto que la cuestión controvertida en el recurso de amparo sobre el carácter analógico de la subsunción de la conducta del recurrente en el artículo 109.b) RP, como presupuesto de su invocación del artículo 25.1 CE, a partir de la consideración de que su conducta del día 3 de diciembre de 2017 suponía una desobediencia a la resolución judicial del 14 de diciembre de 2017, es una innovación que se produce en la vía judicial y, más en concreto, en el inicial auto del juzgado de vigilancia penitenciaria de 2 de marzo de 2018, por lo que formal y materialmente la vulneración alegada por el recurrente tiene su origen en esa concreta actuación judicial y no en la de la administración pública que, como ya se ha expuesto, desde la inicial comparecencia previa del recurrente desechó la posibilidad de que pudiera existir una desobediencia respecto de una decisión judicial que era posterior en el tiempo a la conducta imputada.
6. En definitiva, sin perjuicio de que las resoluciones judiciales impugnadas en apariencia se habrían limitado a confirmar la legalidad de la sanción impuesta al recurrente, dentro de su función de control de la actuación de la administración (artículo 106.1 CE); sin embargo, como en muchas ocasiones sucede, en este caso esa labor de control había ido más allá de una mera confirmación, ya que, ante la falta de motivación de la subsunción de la conducta en la resolución sancionadora, se suplió esa falta de motivación a través de un proceso argumental ajeno al debate en el procedimiento sancionador, que es el que, precisamente, el demandante en amparo considera contrario a la prohibición de interpretación analógica de los tipos sancionadores.
La idea de que la innovación argumental en las resoluciones judiciales para confirmar la legalidad de resoluciones administrativas sancionadoras implica la posibilidad de invocar una vulneración autónoma del artículo 25.1 CE por parte del órgano judicial al amparo del artículo 44 LOTC no es desconocida en la jurisprudencia constitucional, pudiendo citarse, a modo de ejemplo, la STC 129/2005, de 23 de mayo, en cuyo fundamento jurídico 2 se afirma que «dada la índole de las quejas del demandante, y si bien interesa de este Tribunal, además de la nulidad de la sentencia impugnada, la de la resolución sancionadora que aquella confirma, hemos de precisar que, no obstante, es este un recurso de amparo de los previstos en el artículo 44 LOTC contra actuaciones de los órganos judiciales. Esta conclusión es patente respecto de los tres primeros motivos de amparo, y asimismo alcanza al cuarto, dado que la lesión del principio de legalidad sancionadora del artículo 25.1 CE que el demandante denuncia se hace derivar –exclusivamente– de la particular interpretación de la norma sancionadora en la que se apoya el juez cuando confirma la sanción impuesta en el ejercicio de la potestad de control que le atribuye el artículo 106.1 CE».
Madrid, a veintidós de mayo de dos mil diecinueve.–Fernando Valdés Dal-Ré.–Juan Antonio Xiol Ríos.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y rubricado.
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La sentencia que inadmite el recurso de Jordi Sánchez contra su sanción disciplinaria por participar en un mitin por teléfono. Sin el fundamento 7 del voto particular que sí estaba en la primera versión #BOE
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TRIBUNAL_CONSTITUCIONAL
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Tribunal Constitucional
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La sentencia que inadmite el recurso de Jordi Sánchez contra su sanción disciplinaria por participar en un mitin por teléfono.
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[] | 3,261
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2017-04-18
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DE CONFORMIDAD con
el apartado 1.2 de la Orden ITC/3292/2008, de 14 de noviembre
DE CONFORMIDAD con
el apartado 8 de la Orden de 16 de julio de 1998
CITA
Ley 24/2005, de 18 de noviembre
CITA
Ley 34/1998, de 7 de octubre
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BOE-A-2017-4240
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Resolución de 10 de abril de 2017, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se publican los nuevos precios de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo por canalización.
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<nota codigo='151' orden='900'>Esta norma ha dejado de estar vigente</nota>
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<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El artículo 94 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, establece que previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, el Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital podrá dictar las disposiciones necesarias para el establecimiento de las tarifas de venta de los gases licuados del petróleo por canalización para los consumidores finales, así como los precios de cesión de gas natural y de gases licuados del petróleo para los distribuidores de gases combustibles por canalización, estableciendo los valores concretos de dichas tarifas y precios o un sistema de determinación y actualización automática de las mismas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Por otra parte, el artículo 12.1 de la Ley 24/2005, de 18 de noviembre, de Reformas para el Impulso a la Productividad, establece que mediante orden ministerial, previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, se dictarán las disposiciones necesarias para el establecimiento de las tarifas de venta del gas natural, gases manufacturados y gases licuados del petróleo por canalización para los consumidores finales, así como los precios de cesión de gas natural y de gases licuados del petróleo para los distribuidores de gases combustibles por canalización, estableciendo los valores concretos de dichas tarifas y precios o un sistema de determinación y actualización automática de las mismas. Las tarifas de venta a los usuarios serán únicas para todo el territorio nacional, sin perjuicio de sus especialidades.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Ya anteriormente, la Orden de 16 de julio de 1998, del Ministerio de Industria y Energía, por la que se actualizan los costes de comercialización del sistema de determinación automática de precios máximos de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo, y se liberalizan determinados suministros, había establecido el sistema de determinación automática de los precios máximos aplicables a los suministros de los gases licuados del petróleo, y en particular al suministro por canalización.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Principalmente, esta orden determina que los precios máximos de venta al público, antes de impuestos, se determinarán como suma de distintos términos: por un lado, la cotización internacional de los gases licuados del petróleo y flete, que se revisarán mensualmente y por otro, los costes de comercialización que se revisarán anualmente, en el mes de julio de cada año, utilizando las fórmulas contempladas respectivamente en los apartados primero.1 y 2 de la Orden ITC/3292/2008, de 14 de noviembre, por la que se modifica el sistema de determinación automática de las tarifas de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo por canalización.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El apartado octavo de la mencionada Orden de 16 de julio de 1998 establece que la Dirección General de Política Energética y Minas efectuará los cálculos para la aplicación del sistema establecido y dictará las resoluciones correspondientes de determinación de los precios máximos que se publicarán en el «Boletín Oficial del Estado» y entrarán en vigor el tercer martes de cada mes.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Mediante esta resolución, por tanto, se determinan los precios de aplicación a los suministros de gases licuados del petróleo por canalización a usuarios finales y a los suministros granel a empresas distribuidoras de GLP por canalización.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Para su cálculo se han tenido en cuenta los costes de comercialización por tanto, ya fijados por Resolución de 11 de julio de 2016, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se publican los nuevos precios de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo por canalización.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, esta Dirección General de Política Energética y Minas, resuelve:</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Primero.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Desde las cero horas del día 18 de abril de 2017, los precios de venta antes de impuestos, de aplicación a los suministros de gases licuados del petróleo según modalidad de suministro serán los que se indican a continuación:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Gases licuados del petróleo por canalización a usuarios finales:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Término fijo: 1,56 €/mes.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Término variable: 70,8020 c€/kg.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Gases licuados del petróleo (GLP) a granel a empresas distribuidoras de GLP por canalización: 56,2942 c€/kg.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Segundo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Los precios establecidos en los apartados anteriores no incluyen los siguientes impuestos vigentes:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) Península e Islas Baleares: Impuesto sobre Hidrocarburos e Impuesto sobre el Valor Añadido.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) Archipiélago Canario: Impuesto Especial de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre combustibles derivados del petróleo e Impuesto General Indirecto Canario.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>c) Ciudades de Ceuta y Melilla: Impuesto sobre la producción, los servicios, la importación y el gravamen complementario sobre carburantes y combustibles petrolíferos.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Tercero.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En los cálculos de los precios establecidos en el apartado segundo se han tenido en cuenta las siguientes cotizaciones o resultados intermedios:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Cotización internacional ($/Tm): propano = 349,10; butano = 375,40.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Fletes ($/Tm): 20,0.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Media mensual del cambio dólar/euro: 1,068470.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Cuarto.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Los precios para los suministros de los gases licuados del petróleo señalados en la presente resolución se aplicarán a los suministros pendientes de ejecución el día 18 de abril de 2017, aunque los pedidos correspondientes tengan fecha anterior. A estos efectos, se entienden por suministros pendientes de ejecución, aquellos que aún no se hayan realizado o se encuentren en fase de realización a las cero horas del día 18 de abril de 2017.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Quinto.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Las facturaciones de los consumos correspondientes a los suministros de gases licuados del petróleo por canalización medidos por contador, relativas al período que incluya la fecha del 18 de abril de 2017, o en su caso del día a partir del cual produzcan efectos o entren en vigor otras resoluciones u órdenes anteriores o posteriores relativas al mismo período de facturación, se calcularán repartiendo proporcionalmente el consumo total correspondiente al período facturado a los días anteriores y posteriores a cada una de dichas fechas, aplicando a los consumos resultantes del reparto los precios que correspondan a las distintas resoluciones u órdenes aplicables.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Sexto.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Las empresas distribuidoras de gases licuados del petróleo por canalización, adoptarán las medidas necesarias para la determinación de los consumos periódicos efectuados por cada uno de sus clientes, a efectos de proceder a la correcta aplicación de los precios de gases licuados del petróleo por canalización a que se refiere la presente resolución.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Séptimo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Esta resolución será objeto de publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y surtirá efectos desde el 18 de abril de 2017.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Secretario de Estado de Energía en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 121 y siguientes de la Ley 39/2015, de 2 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Madrid, 10 de abril de 2017.–La Directora General de Política Energética y Minas, María Teresa Baquedano Martín.</p>
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</documento>
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Tue Apr 18 08:07:53 +0000 2017
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El artículo 94 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, establece que previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, el Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital podrá dictar las disposiciones necesarias para el establecimiento de las tarifas de venta de los gases licuados del petróleo por canalización para los consumidores finales, así como los precios de cesión de gas natural y de gases licuados del petróleo para los distribuidores de gases combustibles por canalización, estableciendo los valores concretos de dichas tarifas y precios o un sistema de determinación y actualización automática de las mismas.
Por otra parte, el artículo 12.1 de la Ley 24/2005, de 18 de noviembre, de Reformas para el Impulso a la Productividad, establece que mediante orden ministerial, previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, se dictarán las disposiciones necesarias para el establecimiento de las tarifas de venta del gas natural, gases manufacturados y gases licuados del petróleo por canalización para los consumidores finales, así como los precios de cesión de gas natural y de gases licuados del petróleo para los distribuidores de gases combustibles por canalización, estableciendo los valores concretos de dichas tarifas y precios o un sistema de determinación y actualización automática de las mismas. Las tarifas de venta a los usuarios serán únicas para todo el territorio nacional, sin perjuicio de sus especialidades.
Ya anteriormente, la Orden de 16 de julio de 1998, del Ministerio de Industria y Energía, por la que se actualizan los costes de comercialización del sistema de determinación automática de precios máximos de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo, y se liberalizan determinados suministros, había establecido el sistema de determinación automática de los precios máximos aplicables a los suministros de los gases licuados del petróleo, y en particular al suministro por canalización.
Principalmente, esta orden determina que los precios máximos de venta al público, antes de impuestos, se determinarán como suma de distintos términos: por un lado, la cotización internacional de los gases licuados del petróleo y flete, que se revisarán mensualmente y por otro, los costes de comercialización que se revisarán anualmente, en el mes de julio de cada año, utilizando las fórmulas contempladas respectivamente en los apartados primero.1 y 2 de la Orden ITC/3292/2008, de 14 de noviembre, por la que se modifica el sistema de determinación automática de las tarifas de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo por canalización.
El apartado octavo de la mencionada Orden de 16 de julio de 1998 establece que la Dirección General de Política Energética y Minas efectuará los cálculos para la aplicación del sistema establecido y dictará las resoluciones correspondientes de determinación de los precios máximos que se publicarán en el «Boletín Oficial del Estado» y entrarán en vigor el tercer martes de cada mes.
Mediante esta resolución, por tanto, se determinan los precios de aplicación a los suministros de gases licuados del petróleo por canalización a usuarios finales y a los suministros granel a empresas distribuidoras de GLP por canalización.
Para su cálculo se han tenido en cuenta los costes de comercialización por tanto, ya fijados por Resolución de 11 de julio de 2016, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se publican los nuevos precios de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo por canalización.
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, esta Dirección General de Política Energética y Minas, resuelve:
Primero.
Desde las cero horas del día 18 de abril de 2017, los precios de venta antes de impuestos, de aplicación a los suministros de gases licuados del petróleo según modalidad de suministro serán los que se indican a continuación:
1. Gases licuados del petróleo por canalización a usuarios finales:
Término fijo: 1,56 €/mes.
Término variable: 70,8020 c€/kg.
2. Gases licuados del petróleo (GLP) a granel a empresas distribuidoras de GLP por canalización: 56,2942 c€/kg.
Segundo.
Los precios establecidos en los apartados anteriores no incluyen los siguientes impuestos vigentes:
a) Península e Islas Baleares: Impuesto sobre Hidrocarburos e Impuesto sobre el Valor Añadido.
b) Archipiélago Canario: Impuesto Especial de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre combustibles derivados del petróleo e Impuesto General Indirecto Canario.
c) Ciudades de Ceuta y Melilla: Impuesto sobre la producción, los servicios, la importación y el gravamen complementario sobre carburantes y combustibles petrolíferos.
Tercero.
En los cálculos de los precios establecidos en el apartado segundo se han tenido en cuenta las siguientes cotizaciones o resultados intermedios:
Cotización internacional ($/Tm): propano = 349,10; butano = 375,40.
Fletes ($/Tm): 20,0.
Media mensual del cambio dólar/euro: 1,068470.
Cuarto.
Los precios para los suministros de los gases licuados del petróleo señalados en la presente resolución se aplicarán a los suministros pendientes de ejecución el día 18 de abril de 2017, aunque los pedidos correspondientes tengan fecha anterior. A estos efectos, se entienden por suministros pendientes de ejecución, aquellos que aún no se hayan realizado o se encuentren en fase de realización a las cero horas del día 18 de abril de 2017.
Quinto.
Las facturaciones de los consumos correspondientes a los suministros de gases licuados del petróleo por canalización medidos por contador, relativas al período que incluya la fecha del 18 de abril de 2017, o en su caso del día a partir del cual produzcan efectos o entren en vigor otras resoluciones u órdenes anteriores o posteriores relativas al mismo período de facturación, se calcularán repartiendo proporcionalmente el consumo total correspondiente al período facturado a los días anteriores y posteriores a cada una de dichas fechas, aplicando a los consumos resultantes del reparto los precios que correspondan a las distintas resoluciones u órdenes aplicables.
Sexto.
Las empresas distribuidoras de gases licuados del petróleo por canalización, adoptarán las medidas necesarias para la determinación de los consumos periódicos efectuados por cada uno de sus clientes, a efectos de proceder a la correcta aplicación de los precios de gases licuados del petróleo por canalización a que se refiere la presente resolución.
Séptimo.
Esta resolución será objeto de publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y surtirá efectos desde el 18 de abril de 2017.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Secretario de Estado de Energía en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 121 y siguientes de la Ley 39/2015, de 2 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Madrid, 10 de abril de 2017.–La Directora General de Política Energética y Minas, María Teresa Baquedano Martín.
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Baja la parte variable de la factura del gas natural #BOE
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Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital
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Nuevas tarifas del precio del gas.
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2022-05-26
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CITA
Ley 22/2021, de 28 de diciembre
CITA
Ley 7/2021, de 20 de mayo
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BOE-A-2022-8563
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Orden PCM/466/2022, de 25 de mayo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de mayo de 2022, por el que se aprueba el plan de medidas de ahorro y eficiencia energética de la Administración General del Estado y las entidades del sector público institucional estatal.
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<texto>
<p class='parrafo'>El Consejo de Ministros, en su reunión del día 24 de mayo de 2022, a propuesta de la Ministra de Hacienda y Función Pública y de la Vicepresidenta Tercera y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha aprobado un Acuerdo por el que se aprueba el plan de medidas de ahorro y eficiencia energética de la Administración General del Estado y las entidades del sector público institucional estatal.</p>
<p class='parrafo_2'>Para general conocimiento, se dispone su publicación como anejo a la presente Orden.</p>
<p class='parrafo_2'>Madrid, 25 de mayo de 2022.–El Ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños García.</p>
<p class='anexo_num'>ANEJO</p>
<p class='anexo_tit'>Acuerdo por el que se aprueba el plan de medidas de ahorro y eficiencia energética de la Administración General del Estado y las entidades del sector público institucional estatal</p>
<p class='parrafo_2'>La invasión de Ucrania por parte de Rusia ha supuesto un nuevo escenario, no solo en el plano geopolítico, sino que ha elevado el precio de los combustibles en Europa a niveles históricos y ha puesto de manifiesto los riesgos de una elevada dependencia energética.</p>
<p class='parrafo'>El precio del gas natural que, debido al diseño del mercado eléctrico europeo determina en gran medida el precio de la electricidad, se ha multiplicado por cinco en un año, incrementándose en un 25% desde el inicio de la invasión y el petróleo prácticamente ha doblado su precio durante el último año, incrementándose un 20% desde finales de febrero de 2022.</p>
<p class='parrafo'>Si bien es cierto que España figura entre los Estados Miembros de la Unión Europea menos expuestos a los efectos directos de la invasión de Ucrania por la diversificación de las fuentes de aprovisionamiento de gas, los efectos económicos indirectos son considerables, sobre todo a través del aumento del precio del gas y del petróleo, pero también a través del encarecimiento o la escasez de otras materias primas agrícolas y minerales.</p>
<p class='parrafo'>Se ha producido así un aumento abrupto y generalizado de costes de la energía de modo que, en línea con la reciente comunicación RePowerEU, urge acelerar en el corto plazo la transición energética intensificando las políticas y medidas en ahorro y eficiencia energética y penetración de energías renovables. Adicionalmente, es necesario abordar con carácter inmediato medidas urgentes que impliquen menores costes y una menor dependencia de combustibles fósiles importados.</p>
<p class='parrafo'>Por tanto, la situación actual eleva el riesgo que presenta la dependencia energética que tiene Europa de Rusia y ya ha visto cómo al menos dos Estados Miembros de la UE han visto interrumpido su suministro de gas. La Agencia Internacional de la Energía, junto con distintos organismos internacionales, ha realizado una serie de recomendaciones dirigidas a una rápida reducción de la dependencia europea del gas natural y petróleo de origen ruso. Además de acelerar la transición energética basada en la eficiencia energética y el despliegue de renovables, promueve medidas de impacto inmediato que permitan reducir de forma inminente el consumo. Entre otras medidas, la Agencia plantea actuaciones como el ajuste de termostatos en unos pocos grados para reducir las demandas de calefacción o refrigeración o el impulso del teletrabajo, el uso del vehículo compartido o la reducción de la velocidad en autopistas. En definitiva, se trata de actuar de forma rápida y proactiva en medidas de contención de la demanda allí donde existe margen, sin alteración significativa de las condiciones de bienestar o actividad económica, para ganar resiliencia ante posibles escaladas en la tensión de precios y suministro que se está viendo.</p>
<p class='parrafo'>En este sentido, la Administración General del Estado debe adoptar un papel protagonista, impulsando actuaciones que propicien el ahorro y la eficiencia energética en el ámbito del sector público estatal y que puedan servir, a su vez, como modelo a otras administraciones públicas y entidades privadas que se sumen a esta iniciativa y les permita obtener, en el corto plazo, ahorros en la factura energética, así como contribuir al refuerzo de la seguridad energética del país. Para ello, se establecerán los mecanismos necesarios para coordinar al conjunto de las Administraciones Públicas, de manera que las medidas contenidas en este Acuerdo sirvan de guía al resto de Administraciones Públicas.</p>
<p class='parrafo'>Asimismo, el compromiso permanente de las empleadas y los empleados públicos con la sociedad a la que sirven adquiere una especial relevancia en la consecución del objetivo de fomentar el ahorro energético necesario derivado de la situación de crisis energética en que estamos inmersos.</p>
<p class='parrafo'>El sector público estatal debe jugar el papel que le corresponde en materia de responsabilidad social, asegurando su rol como motor e impulsor de un enfoque y una filosofía de responsabilidad social, en el convencimiento de que un compromiso con la responsabilidad social en materia energética mejorará la confianza de la ciudadanía, lo que a su vez podrá impulsar un desarrollo sostenible.</p>
<p class='parrafo'>Por otra parte, más allá de este importante papel que el conjunto del sector público debe jugar en la promoción, impulso, difusión y apoyo de la responsabilidad social en el ámbito de las empresas y del resto de organizaciones, se debe también reflejar el propio funcionamiento de las entidades públicas como organizaciones que prestan servicios a la ciudadanía y, por tanto, deben ser cada vez más eficientes en su actividad. De esta manera, ha de garantizarse, en todo caso, el objetivo fundamental de atención a la ciudadanía y a los servicios que esta demanda al conjunto del sector público.</p>
<p class='parrafo'>Al mismo tiempo, son organizaciones que interactúan en un entorno social y ambiental que deben respetar y mejorar, al tiempo que deben velar por el desarrollo profesional y el bienestar laboral de las empleadas y empleados públicos. En este sentido, el sector público, en tanto que conjunto de organizaciones, deben aplicarse a sí mismas los mismos criterios que inspiran el concepto de responsabilidad social y hacerlo, además, con un carácter de ejemplaridad.</p>
<p class='parrafo'>Desde el año 2021, la Administración General del Estado está abordando un ejercicio de mejora energética sin precedentes. Está movilizando un presupuesto de más de 1.070 millones de euros con cargo a la componente 11 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a través de un Plan de Transición Energética (PRTR) en la AGE, que actúa sobre sus edificios, infraestructuras consumidoras de energía y su movilidad. En paralelo, en cumplimiento de la disposición adicional novena de la Ley 7/2021 de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, se está elaborando el Plan de reducción de consumo energético en la Administración General del Estado (AGE), con el objetivo de que centros consumidores de energía, pertenecientes a la Administración General del Estado, reduzcan su consumo de energía en el año 2030, en consonancia con la «Estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación en España» y el «Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030», mediante la realización de medidas de ahorro y eficiencia energética. Este plan se publicará en los próximos meses e incluirá medidas de carácter estructural con horizontes temporales a corto, medio y largo plazo, sirviendo como base para reforzar la autonomía energética de la Administración General del Estado.</p>
<p class='parrafo'>Sin embargo, la situación generada por la invasión de Ucrania por parte de Rusia exige acelerar los esfuerzos y las medidas con impacto más inmediato. Por ello, el 29 de marzo de 2022, el Gobierno aprobó un Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se adoptan medidas urgentes de carácter no normativo en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, publicado por Orden PCM/258/2022, de 1 de abril, en el «Boletín Oficial del Estado» de 2 de abril, dirigidas a hacer frente, por una parte, a las necesidades derivadas de la acogida de personas ucranianas desplazadas en nuestro país y, por otra parte, a encarar las dificultades del actual escenario marcado por la incertidumbre y la alta volatilidad de los precios de la electricidad. Este Acuerdo establece, en su apartado cuarto, que el Gobierno aprobará, en el plazo de un mes, mediante Acuerdo del Consejo de Ministros, a propuesta conjunta de las titulares de los Ministerios de Hacienda y Función Pública y para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, un Plan de medidas de ahorro y eficiencia energética para la Administración General del Estado y las entidades del sector público institucional estatal, en el marco del diálogo social, con la finalidad de contribuir al ahorro y a la eficiencia energética y dos objetivos fundamentales: la racionalización del uso de los edificios administrativos y de sus instalaciones y la facilitación de la prestación de los servicios públicos por las empleadas y empleados públicos mediante diferentes fórmulas organizativas que garanticen plenamente la atención a la ciudadanía.</p>
<p class='parrafo'>Para cumplir el primero de estos objetivos, el plan introduce una batería de medidas de ahorro energético, entre las que destacan: el establecimiento de horarios de encendido y apagado de las instalaciones y equipos consumidores de energía; la optimización del uso de los edificios administrativos, el control de las condiciones de temperatura en los locales e instalaciones climatizados; la identificación de ubicaciones en edificios e infraestructuras de la Administración General del Estado susceptibles de albergar instalaciones fotovoltaicas para autoconsumo o la regulación de los horarios de encendido y apagado y del nivel luminoso del alumbrado exterior de los edificios e infraestructuras dependientes de la Administración General del Estado. Se prevé, asimismo, realizar un seguimiento exhaustivo del uso racional de los consumibles utilizados diariamente en las oficinas administrativas, por su impacto indirecto en el consumo de energía. Por otra parte, los expedientes de contratación administrativa incluirán cláusulas que establezcan como criterios de valoración para la adjudicación de dichos contratos aquellas medidas que supongan ahorros en materia energética.</p>
<p class='parrafo'>En cuanto al segundo objetivo, el Plan prevé, entre otras actuaciones, reforzar la modalidad de trabajo a distancia de las trabajadoras y trabajadores de la Administración General del Estado y del sector público institucional estatal, con el fin de reducir el impacto energético producido tanto por los desplazamientos al lugar de trabajo, como por el consumo de energía en el propio centro de trabajo derivado de la presencia física de los trabajadores.</p>
<p class='parrafo'>Otra de las medidas orientadas a facilitar la prestación del servicio público de forma eficiente consiste en la promoción del uso del transporte público o colectivo y otras medidas de movilidad sostenible. En concreto, se incentivará el uso del transporte público por parte de las empleadas y empleados públicos, priorizando la apuesta por este medio de desplazamiento para aquellas personas que tengan su residencia en zonas con difícil acceso al transporte público o que el centro de trabajo se halle alejado de sus domicilios. Asimismo, se fomentará el uso de la bicicleta habilitando aparcamientos seguros en los edificios públicos.</p>
<p class='parrafo'>El plan prevé, asimismo, medidas de carácter formativo, consistentes en la impartición de cursos a las empleadas y empleados públicos para promover la utilización eficiente de la energía en la oficina y en la movilidad, así como actuaciones de comunicación para sensibilizar e informar sobre el ahorro energético, el uso de la energía en el trabajo y su movilidad al puesto de trabajo.</p>
<p class='parrafo'>Es preciso señalar que las medidas contenidas en este plan contribuirán de forma decisiva a la estrategia impulsada por el Plan de Transición Energética en la Administración General del Estado, para promover el ahorro y la eficiencia energética y fomentar la utilización de energías de origen renovable en los edificios e infraestructuras, así como impulsar la movilidad sostenible.</p>
<p class='parrafo'>Las medidas del Plan se llevarán a cabo con los medios personales disponibles en los departamentos y organismos públicos competentes, y en conformidad con lo establecido en la disposición adicional trigésimo-primera de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022.</p>
<p class='parrafo'>Para la coordinación del Plan, se prevé la creación de un grupo de trabajo interministerial, presidido por ambos departamentos, con el apoyo técnico del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE).</p>
<p class='parrafo'>En su virtud, el Consejo de Ministros, a propuesta de la Ministra de Hacienda y Función Pública y de la Vicepresidenta Tercera y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en su reunión del día 24 de mayo de 2022,</p>
<p class='centro_redonda'>ACUERDA</p>
<p class='articulo'>Primero. Aprobación del Plan de medidas de ahorro y eficiencia energética de la Administración General del Estado y las entidades del sector público institucional estatal.</p>
<p class='parrafo'>Se aprueba el Plan de medidas de ahorro y eficiencia energética de la Administración General del Estado y las entidades del sector público institucional estatal que se adjunta como anexo al presente Acuerdo.</p>
<p class='articulo'>Segundo. Medidas orientadas a la racionalización del uso de los edificios administrativos y de sus instalaciones en los edificios administrativos de la Administración General del Estado y de las entidades del sector público institucional estatal.</p>
<p class='parrafo'>En los edificios administrativos de la Administración General del Estado y de las entidades del sector público institucional estatal se implantarán las siguientes medidas:</p>
<p class='parrafo_2'>1.ª) Racionalización de los horarios de encendido y apagado de las instalaciones de climatización, ventilación, agua caliente sanitaria, iluminación y equipamiento ofimático, así como el resto de los equipos consumidores de energía, de manera que se minimice su uso energético.</p>
<p class='parrafo'>2.ª) Racionalización del uso de los edificios, a través del establecimiento de medidas que mantengan un nivel óptimo de ocupación de los inmuebles.</p>
<p class='parrafo'>3.ª) Control de las condiciones de temperatura en locales e instalaciones.</p>
<p class='parrafo'>4.ª) Impulso de instalaciones fotovoltaicas para autoconsumo en edificios e infraestructuras de la Administración General del Estado.</p>
<p class='parrafo'>5.ª) Regulación de los horarios de encendido y apagado y del nivel luminoso del alumbrado exterior de los edificios, infraestructuras y carreteras dependientes de la Administración General del Estado, y de las entidades del sector público institucional estatal con el objeto de reducir el consumo en alumbrado exterior.</p>
<p class='parrafo'>6.ª) Seguimiento del uso de papel, plásticos y consumibles utilizados a diario en todas las oficinas administrativas y su repercusión en el consumo de energía, materias primas y agua.</p>
<p class='parrafo'>7.ª) Siempre que resulte conforme con la legislación de contratación pública, en los expedientes de contratación administrativa se incluirán cláusulas que establezcan como criterios de valoración para la adjudicación de dichos contratos aquellas medidas que supongan ahorros en materia energética.</p>
<p class='articulo'>Tercero. Medidas orientadas a la facilitación de la prestación de los servicios públicos por las empleadas y empleados públicos mediante diferentes fórmulas organizativas que garanticen plenamente la atención a la ciudadanía.</p>
<p class='parrafo'>En relación con el personal que presta sus servicios en la Administración General del Estado y en las entidades del sector público institucional estatal, el Plan prevé las siguientes actuaciones:</p>
<p class='parrafo_2'>1.ª) El refuerzo de la modalidad de trabajo a distancia, a fin de reducir el impacto energético producido, tanto por los desplazamientos al lugar de trabajo, como por el consumo de energía en el propio centro de trabajo, asegurando la atención presencial a la ciudadanía.</p>
<p class='parrafo'>2.ª) Promoción del uso del transporte público o colectivo y otras medidas de movilidad sostenible: Para ello, se fomentará el uso de la bicicleta habilitando aparcamientos seguros en los edificios públicos que cuentan con lugar de aparcamiento para vehículos y se promocionarán el establecimiento de rutas de transporte colectivo.</p>
<p class='articulo'>Cuarto. Medidas de formación y de sensibilización.</p>
<p class='parrafo'>Se impartirán cursos a las empleadas y empleados públicos para promover la utilización eficiente de la energía en la oficina y en la movilidad mediante la realización de cursos gratuitos que se podrán realizar a través de la plataforma e-learning del IDAE.</p>
<p class='parrafo'>Por último, se realizarán actuaciones de comunicación para sensibilizar e informar sobre el ahorro energético, sobre el uso de la energía en el trabajo (informática, climatización, iluminación, ventilación, agua caliente sanitaria) y su movilidad al puesto de trabajo, que serán impulsadas por el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico.</p>
<p class='articulo'>Quinto. Coordinación de actuaciones de las Administraciones Públicas.</p>
<p class='parrafo'>Los Ministerios de Hacienda y Función Pública y para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en el marco de las Conferencias Sectoriales de Administración Pública y de Energía, coordinarán la adopción de medidas comunes que contribuyan a acelerar en el corto plazo la transición energética, con el objetivo de que el conjunto de las Administraciones Públicas adopten un papel protagonista para el impulso de las actuaciones que propicien el ahorro y la eficiencia energética.</p>
<p class='articulo'>Sexto. Seguimiento.</p>
<p class='parrafo'>Para la coordinación del Plan, se crea un grupo de trabajo interministerial, presidido por los Ministerios de Hacienda y Función Pública y para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que contará con representación de los departamentos ministeriales cuyo ámbito de actuación esté relacionado con las medidas establecidas, y que contará con el apoyo técnico del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE).</p>
<p class='parrafo'>El seguimiento de los datos de ejecución del plan en materia energética se realizará por el IDAE, utilizando para ello el Sistema Informático de Gestión Energética de Edificios de la Administración General del Estado (SIGEE AGE).</p>
<p class='parrafo'>Todos los edificios e infraestructuras de la AGE afectados por este Plan deberán estar dadas de alta en esta plataforma, disponer del código SIGEE-AGE correspondiente, y mantener actualizada la información de su estado de funcionamiento y sus datos energéticos.</p>
<p class='parrafo'>Los actuales gestores energéticos, que están dados de alta en la plataforma, así como los nuevos que se incorporen, serán responsables de proporcionar la información sobre las medidas adoptadas por cada edificio.</p>
<p class='anexo_num'>ANEXO</p>
<p class='anexo_tit'>Plan de medidas de ahorro y eficiencia energética de la Administración General del Estado y las entidades del sector público institucional estatal</p>
<p class='parrafo_2'>Las medidas contenidas en este documento se han seleccionado priorizando aquellas que tengan efectos inmediatos en el corto plazo y que no requieran de elevadas inversiones. Están dirigidas a la modificación de los hábitos de consumo de un elevado número de personas, lo que requiere de medidas de acompañamiento, como formación y campañas de información y concienciación.</p>
<p class='parrafo'>La aplicación de estas medidas en cada centro de trabajo deberá ser, en los supuestos contemplados por la normativa, objeto de diálogo y/o negociación con la representación de los trabajadores para incorporar las adaptaciones necesarias.</p>
<p class='parrafo'>Las medidas contempladas en este Plan se encuadran en tres grandes bloques: 1) Racionalización del uso de edificios administrativos y de sus instalaciones. 2) Facilitación de la prestación de los servicios públicos por las empleadas y empleados públicos mediante diferentes fórmulas organizativas que garanticen plenamente la atención a la ciudadanía y 3) Medidas formativas y de sensibilización.</p>
<p class='parrafo_2'>1. Medidas para la racionalización del uso de edificios administrativos y de sus instalaciones:</p>
<p class='parrafo_2'>1.1 Establecimiento de horarios de encendido y apagado de las instalaciones:</p>
<p class='parrafo_2'>La finalidad de esta medida es la optimización de los horarios de encendido y apagado de las instalaciones consumidoras de energía, a través de las siguientes actuaciones:</p>
<p class='parrafo_2'>– Se procederá a los ajustes necesarios en el horario de encendido y apagado de las instalaciones de climatización, de iluminación, y sistemas de ofimática (PC´s, fotocopiadoras, impresoras y fax) por zonas, para ajustarlo a los horarios de uso, sin menoscabo del confort térmico del edificio y de la calidad del aire. En particular, se garantizará su apagado durante la noche, fines de semana y festivos, excepto cuando sea imprescindible para una adecuada prestación de los servicios públicos.</p>
<p class='parrafo'>– La utilización al máximo de los sistemas de ahorro energético mediante los sistemas de free-cooling con ventilación natural o forzada, obteniendo el confort térmico del edificio durante el mayor número de horas posible, sin necesidad de consumir energía en la producción de frío y/o calor, en aquellos edificios cuyas condiciones lo permitan.</p>
<p class='parrafo'>– Se ajustará la disponibilidad de ascensores en función del grado de ocupación del edificio.</p>
<p class='parrafo'>– Se ajustarán los horarios de limpieza del edificio a los horarios de ocupación parcial del mismo.</p>
<p class='parrafo'>– Se adecuarán, lo máximo posible, los horarios de iluminación y ventilación de aparcamientos, almacenes o zonas de ocupación no permanente.</p>
<p class='parrafo'>– Se procederá a la revisión de las potencias contratadas en los edificios administrativos de acuerdo con las demandas punta de consumo.</p>
<p class='parrafo'>– Se realizará un programa de funcionamiento de las instalaciones y equipos consumidores de energía con el fin de dar el servicio demandado con el mínimo consumo de energía para distintos regímenes de ocupación y temporadas climáticas. Se incluirán las instalaciones y equipos con mayor consumo de energía. El programa establecerá el régimen horario de puesta en marcha y parada de las instalaciones, tanto para el horario laboral, como para las actividades que se realicen fuera de este horario, así como los fines de semana y condiciones especiales de uso del edificio.</p>
<p class='parrafo_2'>Los gestores energéticos de cada sede o edificio deberán asegurar el reporte de los datos al sistema SIGEE-AGE y mantener actualizada la información de su estado de funcionamiento.</p>
<p class='parrafo_2'>1.2 Optimización del uso de los edificios del sector público:</p>
<p class='parrafo_2'>Los departamentos ministeriales y las entidades del sector público estatal impulsarán medidas que permitan la racionalización del uso de los edificios. Para ello, se analizarán las medidas necesarias que permitan que los servicios que prestan los empleados y empleadas públicos en régimen de jornada de tarde se concentren en tres días a la semana.</p>
<p class='parrafo'>La optimización y la racionalización de los espacios en los distintos edificios administrativos, procurará en la medida de lo posible reducir los costes, mediante la unificación de servicios y la agrupación del personal en la misma sede.</p>
<p class='parrafo'>Estas medidas no serán de aplicación en aquellos supuestos de prestación de servicios esenciales o de prestación directa a la ciudadanía.</p>
<p class='parrafo_2'>1.3 Control de las condiciones de temperatura:</p>
<p class='parrafo_2'>El objetivo de esta medida es reducir el consumo de energía en locales climatizados limitando las temperaturas, no superando los 19.ºC cuando sea necesario utilizar calefacción ni estando por debajo de los 27.ºC cuando sea necesario refrigerar, cuando para ello se requiera consumo de energía convencional, siempre que sea posible técnicamente. Se impulsará la implementación de sistemas que permitan incorporar el control de temperaturas, de acuerdo con lo regulado en la IT 3.8 del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE).</p>
<p class='parrafo'>Las actuaciones que se implantarán son las siguientes:</p>
<p class='parrafo_2'>– Establecer un seguimiento por parte de los responsables de la gestión energética del edificio del cumplimiento de los valores límite de temperatura y humedad, de forma que la climatización de los locales se produzca con el menor consumo de energía, haciendo uso de los sistemas de free-cooling.</p>
<p class='parrafo'>– La instalación de elementos automáticos de encendido y apagado y de control de iluminación y temperatura.</p>
<p class='parrafo_2'>1.4 Despliegue masivo de instalaciones de autoconsumo:</p>
<p class='parrafo_2'>Se articulará un sistema de identificación de ubicaciones en los edificios e infraestructuras de la Administración General del Estado y el sector público institucional estatal para iniciar los procedimientos que permitan albergar instalaciones fotovoltaicas para autoconsumo e instalación de los primeros 50 MW en 2022, a través de las siguientes actuaciones:</p>
<p class='parrafo_2'>– Cada organismo público identificará las principales ubicaciones que sean más idóneas para la instalación de autoconsumo, debiendo identificar al menos una ubicación.</p>
<p class='parrafo'>– Se creará el inventario de cubiertas de la Administración General del Estado y el sector público institucional estatal, con priorización en función de superficie y consumo energético.</p>
<p class='parrafo'>– Se procederá a una primera contratación de 50MW de capacidad para su instalación en 2022.</p>
<p class='parrafo_2'>En el mes siguiente a la aprobación de este Acuerdo, los departamentos ministeriales y organismos públicos deberán identificar las cubiertas, edificios e instalaciones susceptibles de albergar estos sistemas, e iniciar el correspondiente procedimiento de contratación que permita la instalación de, al menos, los primeros 50 MW en 2022.</p>
<p class='parrafo_2'>1.5 Control del alumbrado exterior:</p>
<p class='parrafo_2'>Se implantará un sistema de regulación de los horarios de encendido y apagado y del nivel luminoso del alumbrado exterior de edificios, infraestructuras y carreteras (incluyendo túneles) dependientes de la Administración General del Estado y el sector público institucional estatal, mediante:</p>
<p class='parrafo_2'>– Ajustes en los horarios e intensidad de la iluminación exterior de los edificios. En las zonas que por razones de seguridad deban permanecer iluminadas, se estudiará reducir los niveles de iluminación.</p>
<p class='parrafo'>– Los sistemas de regulación de las instalaciones de alumbrado exterior de viales tendrán la capacidad de reducir los niveles de iluminación como mínimo al 50% del valor del flujo emitido en condiciones de proyecto. Los niveles de iluminación podrán aminorarse en aquellas zonas o vías cuya intensidad de tráfico de personas o vehículos justifique su modificación, respetando las condiciones de seguridad vial.</p>
<p class='parrafo'>– Los horarios de entrada en funcionamiento de los sistemas de regulación de flujo de las instalaciones de iluminación serán los siguientes:</p>
<p class='parrafo_2'>• Invierno: entrarán en funcionamiento a las 23:00 horas, hasta la hora de apagado.</p>
<p class='parrafo'>• Verano: entrarán en funcionamiento a las 00:00 horas, hasta la hora de apagado.</p>
<p class='parrafo_2'>– Las instalaciones de iluminación de fachadas de edificios, monumentos o infraestructuras con motivos estéticos, comerciales u ornamentales y de rótulos luminosos comerciales se apagarán a la 01:00 h.</p>
<p class='parrafo'>– Las instalaciones de iluminación de parques y jardines se apagarán 1 hora después del cierre.</p>
<p class='parrafo'>– El horario de encendido de las instalaciones deportivas se adecuará a los horarios de las actividades deportivas.</p>
<p class='parrafo'>– El alumbrado festivo y navideño se apagará a la 01:00 h., excepto en las vísperas de días festivos y en los días específicos establecidos.</p>
<p class='parrafo_2'>1.6 Uso de consumibles:</p>
<p class='parrafo_2'>Se llevará a cabo un seguimiento del uso de papel, plásticos y consumibles utilizados a diario en todas las oficinas administrativas y su repercusión en el consumo de energía, materias primas y agua.</p>
<p class='parrafo_2'>1.7 Medidas en materia de contratación:</p>
<p class='parrafo_2'>Siempre que resulte conforme con la legislación de contratación pública, se establecerán mecanismos en la contratación pública que supongan ahorros en materia energética, en los siguientes ámbitos:</p>
<p class='parrafo_2'>– De obras y gestión patrimonial: en edificios de nueva construcción, reformas integrales o ampliaciones, se valorará la presentación de la mejor certificación energética. Asimismo, en compraventas y arrendamientos, se tendrá en cuenta en la adjudicación la mejor calificación energética.</p>
<p class='parrafo'>– En la adquisición de equipamiento: se valorará la presentación de la mejor etiqueta energética en los pliegos.</p>
<p class='parrafo'>– En la renovación de flotas y vehículos: contribución a la disminución del uso de combustibles derivados del petróleo.</p>
<p class='parrafo'>– En la contratación de servicios: criterios de eficiencia energética en mantenimiento.</p>
<p class='parrafo_2'>2. Facilitación de la prestación de los servicios públicos por las empleadas y empleados públicos mediante diferentes fórmulas organizativas que garanticen plenamente la atención a la ciudadanía:</p>
<p class='parrafo_2'>2.1 Refuerzo del trabajo a distancia con plena garantía de la atención presencial a la ciudadanía:</p>
<p class='parrafo_2'>El Ministerio de Hacienda y Función Pública, sin perjuicio de las medidas que se detallan a continuación, reforzará la atención presencial en las oficinas de la Administración General del Estado y del sector público institucional estatal en las que será preferente la atención a las personas mayores de 65 años, sin necesidad de cita previa, mediante la elaboración de Planes de refuerzo de la atención presencial.</p>
<p class='parrafo'>Asimismo se establecerán mecanismos de seguimiento destinados a facilitar la atención presencial a personas afectadas por la brecha digital.</p>
<p class='parrafo'>Se implantarán medidas de un sistema de trabajo a distancia en la Administración General Estado y del sector público estatal para reducir el impacto energético y que posibilite la reducción de desplazamientos, con el consiguiente ahorro energético, así como la reducción significativa de los consumos en los centros de trabajo, en especial de climatización, equipos, iluminación, etc.</p>
<p class='parrafo'>La modalidad de prestación del servicio a distancia requerirá que las funciones de los puestos de trabajo puedan ser desempeñadas a distancia y que los puestos sean declarados como tales por las subsecretarías de los departamentos ministeriales u órganos equivalentes de las entidades del sector público institucional estatal.</p>
<p class='parrafo'>Esta medida se articulará a través de las siguientes actuaciones:</p>
<p class='parrafo_2'>– Son puestos susceptibles de ser desempeñados en régimen de trabajo a distancia aquellos que pueden ser ejercidos de forma autónoma y no presencial, sin necesidad de supervisiones presenciales, atendiendo a sus características específicas, con los medios requeridos para su desarrollo y siempre que puedan realizarse las tareas necesarias para el cumplimiento de sus funciones en las mismas condiciones que en la modalidad presencial, accediendo al puesto por medios telemáticos y garantizando la comunicación permanente durante la jornada laboral.</p>
<p class='parrafo'>La tipología de dichos puestos se aprobará por la Secretaría de Estado de Función Pública en coordinación con las Subsecretarías de los departamentos ministeriales.</p>
<p class='parrafo'>Con carácter general, no podrán desempeñarse en régimen de trabajo a distancia aquellos puestos cuyas funciones conlleven necesariamente la prestación de servicios presenciales, entendiendo por servicios presenciales aquellos cuya prestación efectiva solamente queda plenamente garantizada con la presencia física del trabajador.</p>
<p class='parrafo'>– Tampoco serán susceptibles de trabajo a distancia aquellos puestos cuyo desempeño exija una supervisión directa o que requieran de la disponibilidad para su prestación inmediata y no programable.</p>
<p class='parrafo'>– La prestación de servicios mediante teletrabajo está sujeta, en todo caso, a las necesidades del servicio y queda supeditada a que se garantice la atención directa presencial a la ciudadanía.</p>
<p class='parrafo'>– El acceso a la prestación de servicios mediante trabajo a distancia se articulará en cada departamento ministerial o entidad a través de un sistema de gestión de solicitudes, que habrá de ser objeto de publicidad mediante resolución aprobada por la persona titular de la subsecretaría del departamento ministerial o persona titular de la presidencia o dirección del organismo público o entidad pública correspondiente.</p>
<p class='parrafo_2'>La prestación del servicio a distancia de los puestos de trabajo así declarados en el plan de trabajo consistirá, con carácter general, en la prestación mediante trabajo a distancia de un total de tres días cada semana, debiendo acudir presencialmente dos.</p>
<p class='parrafo'>Por razones organizativas debidamente acreditadas, se podrá autorizar la prestación de servicios en el sistema de trabajo a distancia, con un total de dos días cada semana por trabajo a distancia, debiendo acudir presencialmente tres.</p>
<p class='parrafo'>Asimismo, con carácter excepcional, podrán establecerse otros sistemas de trabajo a distancia.</p>
<p class='parrafo'>La implantación en los departamentos ministeriales o en las entidades del sector público, del sistema de prestación de servicios mediante trabajo a distancia será voluntaria. El plan de trabajo a distancia se aprobará por la Secretaría de Estado de Función Pública.</p>
<p class='parrafo'>El porcentaje mínimo de prestación de servicios presenciales que habrá de asegurarse en la jornada semanal no podrá ser inferior, en ningún caso, al 40%.</p>
<p class='parrafo_2'>2.2 Medidas de movilidad sostenible:</p>
<p class='parrafo_2'>Se promoverá el uso del transporte colectivo y sostenible medioambientalmente, para lo que se implantarán las siguientes medidas:</p>
<p class='parrafo_2'>– Todos los edificios públicos con lugar de aparcamiento para vehículos implantarán espacio por aparcamientos seguros de bicicleta.</p>
<p class='parrafo'>– Se promocionará el establecimiento de rutas de transporte colectivo y se impulsarán Planes de Traslado como actuaciones destinadas a incentivar que los empleados y empleadas públicos modifiquen sus hábitos de movilidad a gran escala.</p>
<p class='parrafo_2'>3. Medidas de formación y sensibilización:</p>
<p class='parrafo_2'>3.1 Medidas de formación:</p>
<p class='parrafo_2'>Se promoverá la utilización eficiente de la energía en la oficina y en la movilidad mediante la realización de cursos de formación e-learning.</p>
<p class='parrafo_2'>3.2 Información y sensibilización sobre ahorro de energía:</p>
<p class='parrafo_2'>Se establecerán mecanismos de información y sensibilización a las empleadas y los empleados públicos sobre el ahorro de energía en su puesto de trabajo.</p>
<p class='parrafo_2'>– El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través del Instituto para la Diversificación de la Energía (IDAE) realizará periódicamente actuaciones de comunicación para sensibilizar e informar sobre el ahorro energético, con el fin de lograr cambios de comportamiento de los empleados y empleadas públicos en relación con el uso de la energía en el trabajo y su movilidad al puesto de trabajo.</p>
<p class='parrafo'>– Medidas sobre los consumos indirectos de energía, a través del seguimiento del uso en las oficinas administrativas de papel, plásticos y consumibles usados a diario en todas las oficinas administrativas tanto de energía y materias primas como de agua, que permitan establecer medidas sobre los consumos indirectos de energía.</p>
</texto>
</documento>
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Thu May 26 07:36:40 +0000 2022
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El Consejo de Ministros, en su reunión del día 24 de mayo de 2022, a propuesta de la Ministra de Hacienda y Función Pública y de la Vicepresidenta Tercera y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha aprobado un Acuerdo por el que se aprueba el plan de medidas de ahorro y eficiencia energética de la Administración General del Estado y las entidades del sector público institucional estatal.
Para general conocimiento, se dispone su publicación como anejo a la presente Orden.
Madrid, 25 de mayo de 2022.–El Ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños García.
ANEJO
Acuerdo por el que se aprueba el plan de medidas de ahorro y eficiencia energética de la Administración General del Estado y las entidades del sector público institucional estatal
La invasión de Ucrania por parte de Rusia ha supuesto un nuevo escenario, no solo en el plano geopolítico, sino que ha elevado el precio de los combustibles en Europa a niveles históricos y ha puesto de manifiesto los riesgos de una elevada dependencia energética.
El precio del gas natural que, debido al diseño del mercado eléctrico europeo determina en gran medida el precio de la electricidad, se ha multiplicado por cinco en un año, incrementándose en un 25% desde el inicio de la invasión y el petróleo prácticamente ha doblado su precio durante el último año, incrementándose un 20% desde finales de febrero de 2022.
Si bien es cierto que España figura entre los Estados Miembros de la Unión Europea menos expuestos a los efectos directos de la invasión de Ucrania por la diversificación de las fuentes de aprovisionamiento de gas, los efectos económicos indirectos son considerables, sobre todo a través del aumento del precio del gas y del petróleo, pero también a través del encarecimiento o la escasez de otras materias primas agrícolas y minerales.
Se ha producido así un aumento abrupto y generalizado de costes de la energía de modo que, en línea con la reciente comunicación RePowerEU, urge acelerar en el corto plazo la transición energética intensificando las políticas y medidas en ahorro y eficiencia energética y penetración de energías renovables. Adicionalmente, es necesario abordar con carácter inmediato medidas urgentes que impliquen menores costes y una menor dependencia de combustibles fósiles importados.
Por tanto, la situación actual eleva el riesgo que presenta la dependencia energética que tiene Europa de Rusia y ya ha visto cómo al menos dos Estados Miembros de la UE han visto interrumpido su suministro de gas. La Agencia Internacional de la Energía, junto con distintos organismos internacionales, ha realizado una serie de recomendaciones dirigidas a una rápida reducción de la dependencia europea del gas natural y petróleo de origen ruso. Además de acelerar la transición energética basada en la eficiencia energética y el despliegue de renovables, promueve medidas de impacto inmediato que permitan reducir de forma inminente el consumo. Entre otras medidas, la Agencia plantea actuaciones como el ajuste de termostatos en unos pocos grados para reducir las demandas de calefacción o refrigeración o el impulso del teletrabajo, el uso del vehículo compartido o la reducción de la velocidad en autopistas. En definitiva, se trata de actuar de forma rápida y proactiva en medidas de contención de la demanda allí donde existe margen, sin alteración significativa de las condiciones de bienestar o actividad económica, para ganar resiliencia ante posibles escaladas en la tensión de precios y suministro que se está viendo.
En este sentido, la Administración General del Estado debe adoptar un papel protagonista, impulsando actuaciones que propicien el ahorro y la eficiencia energética en el ámbito del sector público estatal y que puedan servir, a su vez, como modelo a otras administraciones públicas y entidades privadas que se sumen a esta iniciativa y les permita obtener, en el corto plazo, ahorros en la factura energética, así como contribuir al refuerzo de la seguridad energética del país. Para ello, se establecerán los mecanismos necesarios para coordinar al conjunto de las Administraciones Públicas, de manera que las medidas contenidas en este Acuerdo sirvan de guía al resto de Administraciones Públicas.
Asimismo, el compromiso permanente de las empleadas y los empleados públicos con la sociedad a la que sirven adquiere una especial relevancia en la consecución del objetivo de fomentar el ahorro energético necesario derivado de la situación de crisis energética en que estamos inmersos.
El sector público estatal debe jugar el papel que le corresponde en materia de responsabilidad social, asegurando su rol como motor e impulsor de un enfoque y una filosofía de responsabilidad social, en el convencimiento de que un compromiso con la responsabilidad social en materia energética mejorará la confianza de la ciudadanía, lo que a su vez podrá impulsar un desarrollo sostenible.
Por otra parte, más allá de este importante papel que el conjunto del sector público debe jugar en la promoción, impulso, difusión y apoyo de la responsabilidad social en el ámbito de las empresas y del resto de organizaciones, se debe también reflejar el propio funcionamiento de las entidades públicas como organizaciones que prestan servicios a la ciudadanía y, por tanto, deben ser cada vez más eficientes en su actividad. De esta manera, ha de garantizarse, en todo caso, el objetivo fundamental de atención a la ciudadanía y a los servicios que esta demanda al conjunto del sector público.
Al mismo tiempo, son organizaciones que interactúan en un entorno social y ambiental que deben respetar y mejorar, al tiempo que deben velar por el desarrollo profesional y el bienestar laboral de las empleadas y empleados públicos. En este sentido, el sector público, en tanto que conjunto de organizaciones, deben aplicarse a sí mismas los mismos criterios que inspiran el concepto de responsabilidad social y hacerlo, además, con un carácter de ejemplaridad.
Desde el año 2021, la Administración General del Estado está abordando un ejercicio de mejora energética sin precedentes. Está movilizando un presupuesto de más de 1.070 millones de euros con cargo a la componente 11 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a través de un Plan de Transición Energética (PRTR) en la AGE, que actúa sobre sus edificios, infraestructuras consumidoras de energía y su movilidad. En paralelo, en cumplimiento de la disposición adicional novena de la Ley 7/2021 de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, se está elaborando el Plan de reducción de consumo energético en la Administración General del Estado (AGE), con el objetivo de que centros consumidores de energía, pertenecientes a la Administración General del Estado, reduzcan su consumo de energía en el año 2030, en consonancia con la «Estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación en España» y el «Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030», mediante la realización de medidas de ahorro y eficiencia energética. Este plan se publicará en los próximos meses e incluirá medidas de carácter estructural con horizontes temporales a corto, medio y largo plazo, sirviendo como base para reforzar la autonomía energética de la Administración General del Estado.
Sin embargo, la situación generada por la invasión de Ucrania por parte de Rusia exige acelerar los esfuerzos y las medidas con impacto más inmediato. Por ello, el 29 de marzo de 2022, el Gobierno aprobó un Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se adoptan medidas urgentes de carácter no normativo en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, publicado por Orden PCM/258/2022, de 1 de abril, en el «Boletín Oficial del Estado» de 2 de abril, dirigidas a hacer frente, por una parte, a las necesidades derivadas de la acogida de personas ucranianas desplazadas en nuestro país y, por otra parte, a encarar las dificultades del actual escenario marcado por la incertidumbre y la alta volatilidad de los precios de la electricidad. Este Acuerdo establece, en su apartado cuarto, que el Gobierno aprobará, en el plazo de un mes, mediante Acuerdo del Consejo de Ministros, a propuesta conjunta de las titulares de los Ministerios de Hacienda y Función Pública y para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, un Plan de medidas de ahorro y eficiencia energética para la Administración General del Estado y las entidades del sector público institucional estatal, en el marco del diálogo social, con la finalidad de contribuir al ahorro y a la eficiencia energética y dos objetivos fundamentales: la racionalización del uso de los edificios administrativos y de sus instalaciones y la facilitación de la prestación de los servicios públicos por las empleadas y empleados públicos mediante diferentes fórmulas organizativas que garanticen plenamente la atención a la ciudadanía.
Para cumplir el primero de estos objetivos, el plan introduce una batería de medidas de ahorro energético, entre las que destacan: el establecimiento de horarios de encendido y apagado de las instalaciones y equipos consumidores de energía; la optimización del uso de los edificios administrativos, el control de las condiciones de temperatura en los locales e instalaciones climatizados; la identificación de ubicaciones en edificios e infraestructuras de la Administración General del Estado susceptibles de albergar instalaciones fotovoltaicas para autoconsumo o la regulación de los horarios de encendido y apagado y del nivel luminoso del alumbrado exterior de los edificios e infraestructuras dependientes de la Administración General del Estado. Se prevé, asimismo, realizar un seguimiento exhaustivo del uso racional de los consumibles utilizados diariamente en las oficinas administrativas, por su impacto indirecto en el consumo de energía. Por otra parte, los expedientes de contratación administrativa incluirán cláusulas que establezcan como criterios de valoración para la adjudicación de dichos contratos aquellas medidas que supongan ahorros en materia energética.
En cuanto al segundo objetivo, el Plan prevé, entre otras actuaciones, reforzar la modalidad de trabajo a distancia de las trabajadoras y trabajadores de la Administración General del Estado y del sector público institucional estatal, con el fin de reducir el impacto energético producido tanto por los desplazamientos al lugar de trabajo, como por el consumo de energía en el propio centro de trabajo derivado de la presencia física de los trabajadores.
Otra de las medidas orientadas a facilitar la prestación del servicio público de forma eficiente consiste en la promoción del uso del transporte público o colectivo y otras medidas de movilidad sostenible. En concreto, se incentivará el uso del transporte público por parte de las empleadas y empleados públicos, priorizando la apuesta por este medio de desplazamiento para aquellas personas que tengan su residencia en zonas con difícil acceso al transporte público o que el centro de trabajo se halle alejado de sus domicilios. Asimismo, se fomentará el uso de la bicicleta habilitando aparcamientos seguros en los edificios públicos.
El plan prevé, asimismo, medidas de carácter formativo, consistentes en la impartición de cursos a las empleadas y empleados públicos para promover la utilización eficiente de la energía en la oficina y en la movilidad, así como actuaciones de comunicación para sensibilizar e informar sobre el ahorro energético, el uso de la energía en el trabajo y su movilidad al puesto de trabajo.
Es preciso señalar que las medidas contenidas en este plan contribuirán de forma decisiva a la estrategia impulsada por el Plan de Transición Energética en la Administración General del Estado, para promover el ahorro y la eficiencia energética y fomentar la utilización de energías de origen renovable en los edificios e infraestructuras, así como impulsar la movilidad sostenible.
Las medidas del Plan se llevarán a cabo con los medios personales disponibles en los departamentos y organismos públicos competentes, y en conformidad con lo establecido en la disposición adicional trigésimo-primera de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022.
Para la coordinación del Plan, se prevé la creación de un grupo de trabajo interministerial, presidido por ambos departamentos, con el apoyo técnico del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE).
En su virtud, el Consejo de Ministros, a propuesta de la Ministra de Hacienda y Función Pública y de la Vicepresidenta Tercera y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en su reunión del día 24 de mayo de 2022,
ACUERDA
Primero. Aprobación del Plan de medidas de ahorro y eficiencia energética de la Administración General del Estado y las entidades del sector público institucional estatal.
Se aprueba el Plan de medidas de ahorro y eficiencia energética de la Administración General del Estado y las entidades del sector público institucional estatal que se adjunta como anexo al presente Acuerdo.
Segundo. Medidas orientadas a la racionalización del uso de los edificios administrativos y de sus instalaciones en los edificios administrativos de la Administración General del Estado y de las entidades del sector público institucional estatal.
En los edificios administrativos de la Administración General del Estado y de las entidades del sector público institucional estatal se implantarán las siguientes medidas:
1.ª) Racionalización de los horarios de encendido y apagado de las instalaciones de climatización, ventilación, agua caliente sanitaria, iluminación y equipamiento ofimático, así como el resto de los equipos consumidores de energía, de manera que se minimice su uso energético.
2.ª) Racionalización del uso de los edificios, a través del establecimiento de medidas que mantengan un nivel óptimo de ocupación de los inmuebles.
3.ª) Control de las condiciones de temperatura en locales e instalaciones.
4.ª) Impulso de instalaciones fotovoltaicas para autoconsumo en edificios e infraestructuras de la Administración General del Estado.
5.ª) Regulación de los horarios de encendido y apagado y del nivel luminoso del alumbrado exterior de los edificios, infraestructuras y carreteras dependientes de la Administración General del Estado, y de las entidades del sector público institucional estatal con el objeto de reducir el consumo en alumbrado exterior.
6.ª) Seguimiento del uso de papel, plásticos y consumibles utilizados a diario en todas las oficinas administrativas y su repercusión en el consumo de energía, materias primas y agua.
7.ª) Siempre que resulte conforme con la legislación de contratación pública, en los expedientes de contratación administrativa se incluirán cláusulas que establezcan como criterios de valoración para la adjudicación de dichos contratos aquellas medidas que supongan ahorros en materia energética.
Tercero. Medidas orientadas a la facilitación de la prestación de los servicios públicos por las empleadas y empleados públicos mediante diferentes fórmulas organizativas que garanticen plenamente la atención a la ciudadanía.
En relación con el personal que presta sus servicios en la Administración General del Estado y en las entidades del sector público institucional estatal, el Plan prevé las siguientes actuaciones:
1.ª) El refuerzo de la modalidad de trabajo a distancia, a fin de reducir el impacto energético producido, tanto por los desplazamientos al lugar de trabajo, como por el consumo de energía en el propio centro de trabajo, asegurando la atención presencial a la ciudadanía.
2.ª) Promoción del uso del transporte público o colectivo y otras medidas de movilidad sostenible: Para ello, se fomentará el uso de la bicicleta habilitando aparcamientos seguros en los edificios públicos que cuentan con lugar de aparcamiento para vehículos y se promocionarán el establecimiento de rutas de transporte colectivo.
Cuarto. Medidas de formación y de sensibilización.
Se impartirán cursos a las empleadas y empleados públicos para promover la utilización eficiente de la energía en la oficina y en la movilidad mediante la realización de cursos gratuitos que se podrán realizar a través de la plataforma e-learning del IDAE.
Por último, se realizarán actuaciones de comunicación para sensibilizar e informar sobre el ahorro energético, sobre el uso de la energía en el trabajo (informática, climatización, iluminación, ventilación, agua caliente sanitaria) y su movilidad al puesto de trabajo, que serán impulsadas por el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Quinto. Coordinación de actuaciones de las Administraciones Públicas.
Los Ministerios de Hacienda y Función Pública y para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en el marco de las Conferencias Sectoriales de Administración Pública y de Energía, coordinarán la adopción de medidas comunes que contribuyan a acelerar en el corto plazo la transición energética, con el objetivo de que el conjunto de las Administraciones Públicas adopten un papel protagonista para el impulso de las actuaciones que propicien el ahorro y la eficiencia energética.
Sexto. Seguimiento.
Para la coordinación del Plan, se crea un grupo de trabajo interministerial, presidido por los Ministerios de Hacienda y Función Pública y para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que contará con representación de los departamentos ministeriales cuyo ámbito de actuación esté relacionado con las medidas establecidas, y que contará con el apoyo técnico del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE).
El seguimiento de los datos de ejecución del plan en materia energética se realizará por el IDAE, utilizando para ello el Sistema Informático de Gestión Energética de Edificios de la Administración General del Estado (SIGEE AGE).
Todos los edificios e infraestructuras de la AGE afectados por este Plan deberán estar dadas de alta en esta plataforma, disponer del código SIGEE-AGE correspondiente, y mantener actualizada la información de su estado de funcionamiento y sus datos energéticos.
Los actuales gestores energéticos, que están dados de alta en la plataforma, así como los nuevos que se incorporen, serán responsables de proporcionar la información sobre las medidas adoptadas por cada edificio.
ANEXO
Plan de medidas de ahorro y eficiencia energética de la Administración General del Estado y las entidades del sector público institucional estatal
Las medidas contenidas en este documento se han seleccionado priorizando aquellas que tengan efectos inmediatos en el corto plazo y que no requieran de elevadas inversiones. Están dirigidas a la modificación de los hábitos de consumo de un elevado número de personas, lo que requiere de medidas de acompañamiento, como formación y campañas de información y concienciación.
La aplicación de estas medidas en cada centro de trabajo deberá ser, en los supuestos contemplados por la normativa, objeto de diálogo y/o negociación con la representación de los trabajadores para incorporar las adaptaciones necesarias.
Las medidas contempladas en este Plan se encuadran en tres grandes bloques: 1) Racionalización del uso de edificios administrativos y de sus instalaciones. 2) Facilitación de la prestación de los servicios públicos por las empleadas y empleados públicos mediante diferentes fórmulas organizativas que garanticen plenamente la atención a la ciudadanía y 3) Medidas formativas y de sensibilización.
1. Medidas para la racionalización del uso de edificios administrativos y de sus instalaciones:
1.1 Establecimiento de horarios de encendido y apagado de las instalaciones:
La finalidad de esta medida es la optimización de los horarios de encendido y apagado de las instalaciones consumidoras de energía, a través de las siguientes actuaciones:
– Se procederá a los ajustes necesarios en el horario de encendido y apagado de las instalaciones de climatización, de iluminación, y sistemas de ofimática (PC´s, fotocopiadoras, impresoras y fax) por zonas, para ajustarlo a los horarios de uso, sin menoscabo del confort térmico del edificio y de la calidad del aire. En particular, se garantizará su apagado durante la noche, fines de semana y festivos, excepto cuando sea imprescindible para una adecuada prestación de los servicios públicos.
– La utilización al máximo de los sistemas de ahorro energético mediante los sistemas de free-cooling con ventilación natural o forzada, obteniendo el confort térmico del edificio durante el mayor número de horas posible, sin necesidad de consumir energía en la producción de frío y/o calor, en aquellos edificios cuyas condiciones lo permitan.
– Se ajustará la disponibilidad de ascensores en función del grado de ocupación del edificio.
– Se ajustarán los horarios de limpieza del edificio a los horarios de ocupación parcial del mismo.
– Se adecuarán, lo máximo posible, los horarios de iluminación y ventilación de aparcamientos, almacenes o zonas de ocupación no permanente.
– Se procederá a la revisión de las potencias contratadas en los edificios administrativos de acuerdo con las demandas punta de consumo.
– Se realizará un programa de funcionamiento de las instalaciones y equipos consumidores de energía con el fin de dar el servicio demandado con el mínimo consumo de energía para distintos regímenes de ocupación y temporadas climáticas. Se incluirán las instalaciones y equipos con mayor consumo de energía. El programa establecerá el régimen horario de puesta en marcha y parada de las instalaciones, tanto para el horario laboral, como para las actividades que se realicen fuera de este horario, así como los fines de semana y condiciones especiales de uso del edificio.
Los gestores energéticos de cada sede o edificio deberán asegurar el reporte de los datos al sistema SIGEE-AGE y mantener actualizada la información de su estado de funcionamiento.
1.2 Optimización del uso de los edificios del sector público:
Los departamentos ministeriales y las entidades del sector público estatal impulsarán medidas que permitan la racionalización del uso de los edificios. Para ello, se analizarán las medidas necesarias que permitan que los servicios que prestan los empleados y empleadas públicos en régimen de jornada de tarde se concentren en tres días a la semana.
La optimización y la racionalización de los espacios en los distintos edificios administrativos, procurará en la medida de lo posible reducir los costes, mediante la unificación de servicios y la agrupación del personal en la misma sede.
Estas medidas no serán de aplicación en aquellos supuestos de prestación de servicios esenciales o de prestación directa a la ciudadanía.
1.3 Control de las condiciones de temperatura:
El objetivo de esta medida es reducir el consumo de energía en locales climatizados limitando las temperaturas, no superando los 19.ºC cuando sea necesario utilizar calefacción ni estando por debajo de los 27.ºC cuando sea necesario refrigerar, cuando para ello se requiera consumo de energía convencional, siempre que sea posible técnicamente. Se impulsará la implementación de sistemas que permitan incorporar el control de temperaturas, de acuerdo con lo regulado en la IT 3.8 del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE).
Las actuaciones que se implantarán son las siguientes:
– Establecer un seguimiento por parte de los responsables de la gestión energética del edificio del cumplimiento de los valores límite de temperatura y humedad, de forma que la climatización de los locales se produzca con el menor consumo de energía, haciendo uso de los sistemas de free-cooling.
– La instalación de elementos automáticos de encendido y apagado y de control de iluminación y temperatura.
1.4 Despliegue masivo de instalaciones de autoconsumo:
Se articulará un sistema de identificación de ubicaciones en los edificios e infraestructuras de la Administración General del Estado y el sector público institucional estatal para iniciar los procedimientos que permitan albergar instalaciones fotovoltaicas para autoconsumo e instalación de los primeros 50 MW en 2022, a través de las siguientes actuaciones:
– Cada organismo público identificará las principales ubicaciones que sean más idóneas para la instalación de autoconsumo, debiendo identificar al menos una ubicación.
– Se creará el inventario de cubiertas de la Administración General del Estado y el sector público institucional estatal, con priorización en función de superficie y consumo energético.
– Se procederá a una primera contratación de 50MW de capacidad para su instalación en 2022.
En el mes siguiente a la aprobación de este Acuerdo, los departamentos ministeriales y organismos públicos deberán identificar las cubiertas, edificios e instalaciones susceptibles de albergar estos sistemas, e iniciar el correspondiente procedimiento de contratación que permita la instalación de, al menos, los primeros 50 MW en 2022.
1.5 Control del alumbrado exterior:
Se implantará un sistema de regulación de los horarios de encendido y apagado y del nivel luminoso del alumbrado exterior de edificios, infraestructuras y carreteras (incluyendo túneles) dependientes de la Administración General del Estado y el sector público institucional estatal, mediante:
– Ajustes en los horarios e intensidad de la iluminación exterior de los edificios. En las zonas que por razones de seguridad deban permanecer iluminadas, se estudiará reducir los niveles de iluminación.
– Los sistemas de regulación de las instalaciones de alumbrado exterior de viales tendrán la capacidad de reducir los niveles de iluminación como mínimo al 50% del valor del flujo emitido en condiciones de proyecto. Los niveles de iluminación podrán aminorarse en aquellas zonas o vías cuya intensidad de tráfico de personas o vehículos justifique su modificación, respetando las condiciones de seguridad vial.
– Los horarios de entrada en funcionamiento de los sistemas de regulación de flujo de las instalaciones de iluminación serán los siguientes:
• Invierno: entrarán en funcionamiento a las 23:00 horas, hasta la hora de apagado.
• Verano: entrarán en funcionamiento a las 00:00 horas, hasta la hora de apagado.
– Las instalaciones de iluminación de fachadas de edificios, monumentos o infraestructuras con motivos estéticos, comerciales u ornamentales y de rótulos luminosos comerciales se apagarán a la 01:00 h.
– Las instalaciones de iluminación de parques y jardines se apagarán 1 hora después del cierre.
– El horario de encendido de las instalaciones deportivas se adecuará a los horarios de las actividades deportivas.
– El alumbrado festivo y navideño se apagará a la 01:00 h., excepto en las vísperas de días festivos y en los días específicos establecidos.
1.6 Uso de consumibles:
Se llevará a cabo un seguimiento del uso de papel, plásticos y consumibles utilizados a diario en todas las oficinas administrativas y su repercusión en el consumo de energía, materias primas y agua.
1.7 Medidas en materia de contratación:
Siempre que resulte conforme con la legislación de contratación pública, se establecerán mecanismos en la contratación pública que supongan ahorros en materia energética, en los siguientes ámbitos:
– De obras y gestión patrimonial: en edificios de nueva construcción, reformas integrales o ampliaciones, se valorará la presentación de la mejor certificación energética. Asimismo, en compraventas y arrendamientos, se tendrá en cuenta en la adjudicación la mejor calificación energética.
– En la adquisición de equipamiento: se valorará la presentación de la mejor etiqueta energética en los pliegos.
– En la renovación de flotas y vehículos: contribución a la disminución del uso de combustibles derivados del petróleo.
– En la contratación de servicios: criterios de eficiencia energética en mantenimiento.
2. Facilitación de la prestación de los servicios públicos por las empleadas y empleados públicos mediante diferentes fórmulas organizativas que garanticen plenamente la atención a la ciudadanía:
2.1 Refuerzo del trabajo a distancia con plena garantía de la atención presencial a la ciudadanía:
El Ministerio de Hacienda y Función Pública, sin perjuicio de las medidas que se detallan a continuación, reforzará la atención presencial en las oficinas de la Administración General del Estado y del sector público institucional estatal en las que será preferente la atención a las personas mayores de 65 años, sin necesidad de cita previa, mediante la elaboración de Planes de refuerzo de la atención presencial.
Asimismo se establecerán mecanismos de seguimiento destinados a facilitar la atención presencial a personas afectadas por la brecha digital.
Se implantarán medidas de un sistema de trabajo a distancia en la Administración General Estado y del sector público estatal para reducir el impacto energético y que posibilite la reducción de desplazamientos, con el consiguiente ahorro energético, así como la reducción significativa de los consumos en los centros de trabajo, en especial de climatización, equipos, iluminación, etc.
La modalidad de prestación del servicio a distancia requerirá que las funciones de los puestos de trabajo puedan ser desempeñadas a distancia y que los puestos sean declarados como tales por las subsecretarías de los departamentos ministeriales u órganos equivalentes de las entidades del sector público institucional estatal.
Esta medida se articulará a través de las siguientes actuaciones:
– Son puestos susceptibles de ser desempeñados en régimen de trabajo a distancia aquellos que pueden ser ejercidos de forma autónoma y no presencial, sin necesidad de supervisiones presenciales, atendiendo a sus características específicas, con los medios requeridos para su desarrollo y siempre que puedan realizarse las tareas necesarias para el cumplimiento de sus funciones en las mismas condiciones que en la modalidad presencial, accediendo al puesto por medios telemáticos y garantizando la comunicación permanente durante la jornada laboral.
La tipología de dichos puestos se aprobará por la Secretaría de Estado de Función Pública en coordinación con las Subsecretarías de los departamentos ministeriales.
Con carácter general, no podrán desempeñarse en régimen de trabajo a distancia aquellos puestos cuyas funciones conlleven necesariamente la prestación de servicios presenciales, entendiendo por servicios presenciales aquellos cuya prestación efectiva solamente queda plenamente garantizada con la presencia física del trabajador.
– Tampoco serán susceptibles de trabajo a distancia aquellos puestos cuyo desempeño exija una supervisión directa o que requieran de la disponibilidad para su prestación inmediata y no programable.
– La prestación de servicios mediante teletrabajo está sujeta, en todo caso, a las necesidades del servicio y queda supeditada a que se garantice la atención directa presencial a la ciudadanía.
– El acceso a la prestación de servicios mediante trabajo a distancia se articulará en cada departamento ministerial o entidad a través de un sistema de gestión de solicitudes, que habrá de ser objeto de publicidad mediante resolución aprobada por la persona titular de la subsecretaría del departamento ministerial o persona titular de la presidencia o dirección del organismo público o entidad pública correspondiente.
La prestación del servicio a distancia de los puestos de trabajo así declarados en el plan de trabajo consistirá, con carácter general, en la prestación mediante trabajo a distancia de un total de tres días cada semana, debiendo acudir presencialmente dos.
Por razones organizativas debidamente acreditadas, se podrá autorizar la prestación de servicios en el sistema de trabajo a distancia, con un total de dos días cada semana por trabajo a distancia, debiendo acudir presencialmente tres.
Asimismo, con carácter excepcional, podrán establecerse otros sistemas de trabajo a distancia.
La implantación en los departamentos ministeriales o en las entidades del sector público, del sistema de prestación de servicios mediante trabajo a distancia será voluntaria. El plan de trabajo a distancia se aprobará por la Secretaría de Estado de Función Pública.
El porcentaje mínimo de prestación de servicios presenciales que habrá de asegurarse en la jornada semanal no podrá ser inferior, en ningún caso, al 40%.
2.2 Medidas de movilidad sostenible:
Se promoverá el uso del transporte colectivo y sostenible medioambientalmente, para lo que se implantarán las siguientes medidas:
– Todos los edificios públicos con lugar de aparcamiento para vehículos implantarán espacio por aparcamientos seguros de bicicleta.
– Se promocionará el establecimiento de rutas de transporte colectivo y se impulsarán Planes de Traslado como actuaciones destinadas a incentivar que los empleados y empleadas públicos modifiquen sus hábitos de movilidad a gran escala.
3. Medidas de formación y sensibilización:
3.1 Medidas de formación:
Se promoverá la utilización eficiente de la energía en la oficina y en la movilidad mediante la realización de cursos de formación e-learning.
3.2 Información y sensibilización sobre ahorro de energía:
Se establecerán mecanismos de información y sensibilización a las empleadas y los empleados públicos sobre el ahorro de energía en su puesto de trabajo.
– El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través del Instituto para la Diversificación de la Energía (IDAE) realizará periódicamente actuaciones de comunicación para sensibilizar e informar sobre el ahorro energético, con el fin de lograr cambios de comportamiento de los empleados y empleadas públicos en relación con el uso de la energía en el trabajo y su movilidad al puesto de trabajo.
– Medidas sobre los consumos indirectos de energía, a través del seguimiento del uso en las oficinas administrativas de papel, plásticos y consumibles usados a diario en todas las oficinas administrativas tanto de energía y materias primas como de agua, que permitan establecer medidas sobre los consumos indirectos de energía.
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Hoy, en el #BOE, el plan de medidas de ahorro y eficiencia energética de las administraciones públicas estatales.
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OTROS_ANUNCIOS
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Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática
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Plan de medidas de ahorro y eficiencia energética de las administraciones públicas estatales.
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2013-12-31
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MODIFICA
el anexo del Acuerdo publicado por Resolución de 27 de marzo de 2009
DE CONFORMIDAD con
Ley 9/2013, de 4 de julio
DE CONFORMIDAD con
Ley 21/2003, de 7 de julio
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BOE-A-2013-13800
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Orden FOM/2457/2013, de 27 de diciembre, por la que se modifican las condiciones de operación en la ruta aérea Almería - Sevilla, declarada obligación de servicio público por Acuerdo del Consejo de Ministros de 13 de marzo de 2009.
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<nota codigo='38' orden='230'>Efectos desde el 15 de enero de 2014, excepto el apartado 2 que los tendrá desde el 31 de diciembre de 2013.</nota>
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<alerta codigo='109' orden=''>Derecho Administrativo</alerta>
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<anterior orden='2015' referencia='BOE-A-2009-6552'>
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<texto>el anexo del Acuerdo publicado por Resolución de 27 de marzo de 2009</texto>
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</referencias>
</analisis>
<texto>
<p class='parrafo'>El Consejo de Ministros, el 13 de marzo de 2009, aprobó el Acuerdo por el que se declaran obligaciones de servicio público en la ruta Almería-Sevilla en el marco del Reglamento (CE) n.º 1008/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de septiembre de 2008, sobre normas comunes para la explotación de servicios en la Comunidad, a petición de la Junta de Andalucía. Dicho Acuerdo fue publicado en el Boletín Oficial del Estado el 20 de abril de 2009, por Resolución de la Subsecretaría, de 27 de marzo de 2009, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 13 de marzo de 2009, en el que se declaran obligaciones de servicio público en la ruta Almería-Sevilla.</p>
<p class='parrafo'>Transcurrido un mes desde el establecimiento de las obligaciones anteriores, ninguna compañía aérea comunitaria presentó un programa de vuelos que cumpliera con el nivel de servicio requerido, por lo que el Ministerio de Fomento procedió a la licitación y posterior adjudicación del contrato administrativo de servicios para la explotación en exclusiva de la ruta Almería-Sevilla.</p>
<p class='parrafo'>La Junta de Andalucía ha propuesto modificar algunos de los requisitos del servicio actualmente vigentes en dicha ruta. Por este motivo es necesaria esta orden ministerial en la cual se recogen los cambios introducidos por la Junta de Andalucía en las condiciones actualmente vigentes de la obligación de servicio público en la ruta Almería-Sevilla, cambios que fueron formalmente remitidos el pasado día 13 de diciembre de 2013 mediante carta del Director General de Movilidad de la Junta de Andalucía.</p>
<p class='parrafo'>En el caso de ser necesaria una nueva licitación, para que la operación se realice en exclusiva por una compañía aérea, tal y como se prevé en los artículos 16 y 17 del Reglamento (CE) nº 1008/2008, el importe máximo de la licitación, incluyendo impuestos, será igual o inferior al importe de la adjudicación del vigente contrato de servicios en la ruta Almería-Sevilla. Por tanto, la aplicación de la orden ministerial propuesta no supondrá incremento de gasto público.</p>
<p class='parrafo'>La Ley 9/2013, de 4 de julio, por la que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea, prevé en su disposición adicional primera, que la modificación de obligaciones de servicio público únicamente requerirá el Acuerdo del Consejo de Ministros y el informe de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos cuando implique el otorgamiento de nuevas subvenciones públicas para su compensación o el incremento de las que ya se venían otorgando a tal efecto. La presente modificación de las condiciones de servicio no implica nuevas subvenciones, ni incremento de las que se venían otorgando. Sólo supone un cambio en las condiciones de servicio, atendiendo a la evolución real de la demanda y de las condiciones del mercado en la ruta Almería-Sevilla.</p>
<p class='parrafo'>En virtud de las competencias sobre ejecución de la política del Gobierno en los ámbitos de las infraestructuras de transporte aéreo, conforme al Real Decreto 572/2013, de 26 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 452/2012, de 5 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Fomento y se modifica el Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, resuelvo:</p>
<p class='articulo'>Primero.</p>
<p class='parrafo'>De conformidad con la propuesta de la Junta de Andalucía, las condiciones específicas de operación para la ruta aérea Almería-Sevilla, declarada como obligación de servicio público por Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 13 de marzo de 2009, publicado en el Boletín Oficial del Estado de 20 de abril de 2009, serán las siguientes:</p>
<p class='parrafo_2'>a) Periodo de operación, frecuencia mínima diaria, horarios y capacidad ofrecida.</p>
<p class='parrafo'>El servicio requerido durante todo el año será:</p>
<p class='parrafo_2'>– Dos frecuencias diarias (dos vuelos diarios de ida y vuelta en cada sentido) de lunes a viernes, siempre que no sean declarados como días festivos de ámbito nacional o de la Comunidad Autónoma de Andalucía.</p>
<p class='parrafo'>– Ningún sábado del año se requieren vuelos. No obstante, los operadores pueden ofrecer libremente vuelos estos días.</p>
<p class='parrafo'>– Una frecuencia diaria (un vuelo de ida y otro de vuelta):</p>
<p class='parrafo_2'>• Los domingos.</p>
<p class='parrafo'>• Los días festivos de ámbito nacional o de la Comunidad Autónoma de Andalucía exceptuando los que coincidan en sábado.</p>
<p class='parrafo'>• Todos los días del mes de agosto, excepto los sábados.</p>
<p class='parrafo'>• Desde el 26 de diciembre al 5 de enero, ambos inclusive (exceptuando los sábados).</p>
<p class='parrafo'>• Y durante el periodo no festivo de Semana Santa, entendiendo como tal el lunes, martes y miércoles de Semana Santa. En el caso de que el Jueves Santo no fuera festivo, también estaría incluido en este periodo.</p>
<p class='parrafo_2'>– Se garantizarán las comunicaciones en horarios con salida entre las 7:00 y las 9:00 horas locales y con regreso entre las 19:30 y 21:30 horas locales, con los límites impuestos por los periodos operativos de los aeropuertos. Los días en que se contempla una única frecuencia diaria, las compañías adecuarán libremente los horarios del servicio a la demanda real del mercado.</p>
<p class='parrafo'>– El primer vuelo de la mañana se iniciará en el aeropuerto de Almería y el último de la tarde en el aeropuerto de Sevilla. Los días en que se contempla una única frecuencia diaria, el primer vuelo se iniciará en el aeropuerto de Almería.</p>
<p class='parrafo'>– La capacidad mínima ofrecida durante todo el año será de 25.500 asientos en cada sentido.</p>
<p class='parrafo_2'>b) Tarifas aéreas: En el marco de las obligaciones de servicio público, la tarifa máxima queda establecida, en los trayectos de ida, en el importe siguiente:</p>
<p class='parrafo_2'>Almería-Sevilla: 130 euros.</p>
<p class='parrafo_2'>No obstante lo anterior, las compañías podrán establecer libremente tarifas promocionales con descuentos sobre esta tarifa máxima.</p>
<p class='articulo'>Segundo.</p>
<p class='parrafo'>Si en el plazo de quince días naturales desde la publicación de la nota informativa en el «Diario Oficial de la Unión Europea» dando publicidad a la modificación de las condiciones específicas de servicio en la ruta Almería-Sevilla, sujeta a obligaciones de servicio público, dispuesta por esta orden, ninguna compañía aérea presenta un programa de servicio conforme con las nuevas condiciones de dicha obligación de servicio público, se limitará el acceso a la ruta afectada a una sola compañía aérea, conforme a lo dispuesto en los artículos 16 y 17 del Reglamento (CE) n.º 1008/2008.</p>
<p class='articulo'>Tercero.</p>
<p class='parrafo'>Esta orden surtirá efectos desde el 15 de enero de 2014, fecha de finalización del contrato administrativo de servicios adjudicado actualmente para la operación de la ruta aérea Almería–Sevilla, salvo lo previsto en su apartado segundo, que producirá efectos desde la fecha de la publicación de esta orden en el «Boletín Oficial del Estado».</p>
<p class='parrafo_2'>Madrid, 27 de diciembre de 2013.–La Ministra de Fomento, Ana María Pastor Julián.</p>
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</documento>
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Tue Dec 31 08:46:06 +0000 2013
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El Consejo de Ministros, el 13 de marzo de 2009, aprobó el Acuerdo por el que se declaran obligaciones de servicio público en la ruta Almería-Sevilla en el marco del Reglamento (CE) n.º 1008/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de septiembre de 2008, sobre normas comunes para la explotación de servicios en la Comunidad, a petición de la Junta de Andalucía. Dicho Acuerdo fue publicado en el Boletín Oficial del Estado el 20 de abril de 2009, por Resolución de la Subsecretaría, de 27 de marzo de 2009, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 13 de marzo de 2009, en el que se declaran obligaciones de servicio público en la ruta Almería-Sevilla.
Transcurrido un mes desde el establecimiento de las obligaciones anteriores, ninguna compañía aérea comunitaria presentó un programa de vuelos que cumpliera con el nivel de servicio requerido, por lo que el Ministerio de Fomento procedió a la licitación y posterior adjudicación del contrato administrativo de servicios para la explotación en exclusiva de la ruta Almería-Sevilla.
La Junta de Andalucía ha propuesto modificar algunos de los requisitos del servicio actualmente vigentes en dicha ruta. Por este motivo es necesaria esta orden ministerial en la cual se recogen los cambios introducidos por la Junta de Andalucía en las condiciones actualmente vigentes de la obligación de servicio público en la ruta Almería-Sevilla, cambios que fueron formalmente remitidos el pasado día 13 de diciembre de 2013 mediante carta del Director General de Movilidad de la Junta de Andalucía.
En el caso de ser necesaria una nueva licitación, para que la operación se realice en exclusiva por una compañía aérea, tal y como se prevé en los artículos 16 y 17 del Reglamento (CE) nº 1008/2008, el importe máximo de la licitación, incluyendo impuestos, será igual o inferior al importe de la adjudicación del vigente contrato de servicios en la ruta Almería-Sevilla. Por tanto, la aplicación de la orden ministerial propuesta no supondrá incremento de gasto público.
La Ley 9/2013, de 4 de julio, por la que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea, prevé en su disposición adicional primera, que la modificación de obligaciones de servicio público únicamente requerirá el Acuerdo del Consejo de Ministros y el informe de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos cuando implique el otorgamiento de nuevas subvenciones públicas para su compensación o el incremento de las que ya se venían otorgando a tal efecto. La presente modificación de las condiciones de servicio no implica nuevas subvenciones, ni incremento de las que se venían otorgando. Sólo supone un cambio en las condiciones de servicio, atendiendo a la evolución real de la demanda y de las condiciones del mercado en la ruta Almería-Sevilla.
En virtud de las competencias sobre ejecución de la política del Gobierno en los ámbitos de las infraestructuras de transporte aéreo, conforme al Real Decreto 572/2013, de 26 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 452/2012, de 5 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Fomento y se modifica el Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, resuelvo:
Primero.
De conformidad con la propuesta de la Junta de Andalucía, las condiciones específicas de operación para la ruta aérea Almería-Sevilla, declarada como obligación de servicio público por Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 13 de marzo de 2009, publicado en el Boletín Oficial del Estado de 20 de abril de 2009, serán las siguientes:
a) Periodo de operación, frecuencia mínima diaria, horarios y capacidad ofrecida.
El servicio requerido durante todo el año será:
– Dos frecuencias diarias (dos vuelos diarios de ida y vuelta en cada sentido) de lunes a viernes, siempre que no sean declarados como días festivos de ámbito nacional o de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
– Ningún sábado del año se requieren vuelos. No obstante, los operadores pueden ofrecer libremente vuelos estos días.
– Una frecuencia diaria (un vuelo de ida y otro de vuelta):
• Los domingos.
• Los días festivos de ámbito nacional o de la Comunidad Autónoma de Andalucía exceptuando los que coincidan en sábado.
• Todos los días del mes de agosto, excepto los sábados.
• Desde el 26 de diciembre al 5 de enero, ambos inclusive (exceptuando los sábados).
• Y durante el periodo no festivo de Semana Santa, entendiendo como tal el lunes, martes y miércoles de Semana Santa. En el caso de que el Jueves Santo no fuera festivo, también estaría incluido en este periodo.
– Se garantizarán las comunicaciones en horarios con salida entre las 7:00 y las 9:00 horas locales y con regreso entre las 19:30 y 21:30 horas locales, con los límites impuestos por los periodos operativos de los aeropuertos. Los días en que se contempla una única frecuencia diaria, las compañías adecuarán libremente los horarios del servicio a la demanda real del mercado.
– El primer vuelo de la mañana se iniciará en el aeropuerto de Almería y el último de la tarde en el aeropuerto de Sevilla. Los días en que se contempla una única frecuencia diaria, el primer vuelo se iniciará en el aeropuerto de Almería.
– La capacidad mínima ofrecida durante todo el año será de 25.500 asientos en cada sentido.
b) Tarifas aéreas: En el marco de las obligaciones de servicio público, la tarifa máxima queda establecida, en los trayectos de ida, en el importe siguiente:
Almería-Sevilla: 130 euros.
No obstante lo anterior, las compañías podrán establecer libremente tarifas promocionales con descuentos sobre esta tarifa máxima.
Segundo.
Si en el plazo de quince días naturales desde la publicación de la nota informativa en el «Diario Oficial de la Unión Europea» dando publicidad a la modificación de las condiciones específicas de servicio en la ruta Almería-Sevilla, sujeta a obligaciones de servicio público, dispuesta por esta orden, ninguna compañía aérea presenta un programa de servicio conforme con las nuevas condiciones de dicha obligación de servicio público, se limitará el acceso a la ruta afectada a una sola compañía aérea, conforme a lo dispuesto en los artículos 16 y 17 del Reglamento (CE) n.º 1008/2008.
Tercero.
Esta orden surtirá efectos desde el 15 de enero de 2014, fecha de finalización del contrato administrativo de servicios adjudicado actualmente para la operación de la ruta aérea Almería–Sevilla, salvo lo previsto en su apartado segundo, que producirá efectos desde la fecha de la publicación de esta orden en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 27 de diciembre de 2013.–La Ministra de Fomento, Ana María Pastor Julián.
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Los vuelos Almería-Sevilla son un servicio esencial desde 2009, por eso se patrocinan con dinero público. #BOE
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OTROS_ANUNCIOS
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Ministerio de Fomento
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Los vuelos Almería-Sevilla son un servicio esencial desde 2009, por eso se patrocinan con dinero público.
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"6931",
"6933"
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2015-03-18
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BOE-A-2015-2920
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Orden SSI/464/2015, de 5 de marzo, por la que se clasifica la Fundación Global Salud y se inscribe en el Registro de Fundaciones.
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<texto>
<p class='parrafo'>Examinado el expediente de clasificación e inscripción de la Fundación Global Salud resultan los siguientes</p>
<p class='centro_negrita'>Hechos</p>
<p class='articulo'>Primero.</p>
<p class='parrafo'>Por el patronato de la fundación fue solicitada la inscripción de la institución en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.</p>
<p class='articulo'>Segundo.</p>
<p class='parrafo'>Las circunstancias constitutivas de la fundación que concurren en el expediente son las siguientes:</p>
<p class='parrafo_2'>Denominación: Fundación Global Salud.</p>
<p class='parrafo'>Fines: Los fines de interés general de la fundación son:</p>
<p class='parrafo_2'>a) Impulso de la asistencia sanitaria y mejora de la salud de los sectores más desfavorecidos y que se encuentran en riesgo de exclusión social.</p>
<p class='parrafo'>b) Contribución a la excelencia de la asistencia sanitaria de todos los sectores de la población.</p>
<p class='parrafo'>c) Fomento de la internacionalización de las empresas españolas, tanto a establecerse a nivel internacional, como a incrementar las exportaciones de servicios, y desarrollo del Turismo de Salud y asistencia transfronteriza de pacientes.</p>
<p class='parrafo_2'>Domicilio y ámbito de actuación: El domicilio de la fundación radicará en la calle Alcántara, número 20, 28006 de Madrid, y desarrollará sus actividades en todo el territorio nacional, sin perjuicio de que también pueda realizar actividades de carácter internacional, principalmente en Europa y América Latina.</p>
<p class='parrafo'>Fundadora: La Federación Nacional de Clínicas Privadas.</p>
<p class='parrafo'>Dotación inicial: Treinta mil euros, aportados por la fundadora.</p>
<p class='parrafo'>Escritura pública de constitución: Otorgada ante el Notario de Madrid, don Ignacio Martínez-Gil Vich, el día 10 de julio de 2014, con el número 1.646 de orden de su protocolo, subsanada por otras escrituras otorgadas; ante el mismo Notario el día 4 de noviembre de 2014, con el número 2.559 de orden de su protocolo y; ante el también Notario de Madrid, don José Luis Martínez-Gil Vich, el 22 de diciembre de 2014 con el número 2.454 de orden de su protocolo, incorporan el texto íntegro de los estatutos en el que queda recogido todo lo relativo al gobierno y gestión de la fundación.</p>
<p class='parrafo'>Patronato: Constituido por los siguientes miembros, con aceptación de sus cargos:</p>
<p class='parrafo_2'>Presidenta: Doña Cristina Contel Bonet.</p>
<p class='parrafo'>Vicepresidente 1.º: Don Jesús Burgos Perraut.</p>
<p class='parrafo'>Vicepresidente 2.º: Don Benito Andrés García-Legaz Ruíz.</p>
<p class='parrafo'>Vicepresidente económico 3.º: Don Tomás Merina Ortega.</p>
<p class='parrafo'>Vocales: Don Valentín Ballesteros Aguado, don Fernando Echevarne Santamaría, don Ignacio Valcaneras de Roda, don Ángel Gómez Navarro, don Fernando Jiménez del Campo, don Jesús Gómez Montoya, doña María José Marco Arboli, don José Antonio Méndez Ferrer, don Lluis Monset I Castells, don Antonio Montero Sines, don José Ramón Santamaría Barreiro, don Gabriel Uguet Adrover y don Justo Jorge López.</p>
<p class='parrafo'>Secretaria no patrona: Doña Caridad Mariscal Raso.</p>
<p class='parrafo_2'>Se otorgan poderes a don Carlos Rus Palacios, director de la fundación, en los términos que constan en la citada escritura de constitución. La inscripción de los poderes no exime de la necesidad de obtener el acuerdo previo del patronato ni la autorización del Protectorado en aquellos casos en que, de conformidad con la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, sea necesario.</p>
<p class='centro_negrita'>Fundamentos de Derecho</p>
<p class='articulo'>Primero.</p>
<p class='parrafo'>Esta Secretaría General Técnica es competente para dictar la presente Orden en virtud de la Orden SSI/131/2013, de 17 de enero, por la que se aprueban las delegaciones del ejercicio de competencias en los órganos administrativos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y sus organismos públicos dependientes.</p>
<p class='articulo'>Segundo.</p>
<p class='parrafo'>Resulta de aplicación la disposición transitoria cuarta y los artículos 4 y 15 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, y concordantes del Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Fundaciones de competencia estatal, y del Real Decreto 1611/2007, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de Fundaciones de competencia estatal.</p>
<p class='parrafo'>Por cuanto antecede, previo informe favorable de la Abogacía del Estado, y habiéndose recabado el preceptivo informe favorable del Protectorado sobre la idoneidad de los fines y suficiencia dotacional, este Ministerio ha dispuesto:</p>
<p class='parrafo_2'>Primero.–Clasificar la Fundación Global Salud cuyos fines de interés general son sanitarios y de asistencia social, adscribiéndola al Protectorado de Fundaciones del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.</p>
<p class='parrafo'>Segundo.–Ordenar su inscripción en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, bajo el número 28-1761.</p>
<p class='parrafo'>Tercero.–Inscribir la constitución inicial del patronato, la aceptación de sus cargos y el otorgamiento de poderes tal y como consta detallado en el hecho segundo.</p>
<p class='parrafo_2'>Contra esta Orden, que pone fin a la vía administrativa, puede interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 11 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su notificación o publicación, o potestativamente y con carácter previo, recurso administrativo de reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano que lo dictó.</p>
<p class='parrafo_2'>Madrid, 5 de marzo de 2015.–El Ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, P.D. (Orden SSI/131/2013, de 17 de enero), el Secretario General Técnico del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Sergio Caravajal Álvarez.</p>
</texto>
</documento>
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Wed Mar 18 08:15:52 +0000 2015
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Examinado el expediente de clasificación e inscripción de la Fundación Global Salud resultan los siguientes
Hechos
Primero.
Por el patronato de la fundación fue solicitada la inscripción de la institución en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Segundo.
Las circunstancias constitutivas de la fundación que concurren en el expediente son las siguientes:
Denominación: Fundación Global Salud.
Fines: Los fines de interés general de la fundación son:
a) Impulso de la asistencia sanitaria y mejora de la salud de los sectores más desfavorecidos y que se encuentran en riesgo de exclusión social.
b) Contribución a la excelencia de la asistencia sanitaria de todos los sectores de la población.
c) Fomento de la internacionalización de las empresas españolas, tanto a establecerse a nivel internacional, como a incrementar las exportaciones de servicios, y desarrollo del Turismo de Salud y asistencia transfronteriza de pacientes.
Domicilio y ámbito de actuación: El domicilio de la fundación radicará en la calle Alcántara, número 20, 28006 de Madrid, y desarrollará sus actividades en todo el territorio nacional, sin perjuicio de que también pueda realizar actividades de carácter internacional, principalmente en Europa y América Latina.
Fundadora: La Federación Nacional de Clínicas Privadas.
Dotación inicial: Treinta mil euros, aportados por la fundadora.
Escritura pública de constitución: Otorgada ante el Notario de Madrid, don Ignacio Martínez-Gil Vich, el día 10 de julio de 2014, con el número 1.646 de orden de su protocolo, subsanada por otras escrituras otorgadas; ante el mismo Notario el día 4 de noviembre de 2014, con el número 2.559 de orden de su protocolo y; ante el también Notario de Madrid, don José Luis Martínez-Gil Vich, el 22 de diciembre de 2014 con el número 2.454 de orden de su protocolo, incorporan el texto íntegro de los estatutos en el que queda recogido todo lo relativo al gobierno y gestión de la fundación.
Patronato: Constituido por los siguientes miembros, con aceptación de sus cargos:
Presidenta: Doña Cristina Contel Bonet.
Vicepresidente 1.º: Don Jesús Burgos Perraut.
Vicepresidente 2.º: Don Benito Andrés García-Legaz Ruíz.
Vicepresidente económico 3.º: Don Tomás Merina Ortega.
Vocales: Don Valentín Ballesteros Aguado, don Fernando Echevarne Santamaría, don Ignacio Valcaneras de Roda, don Ángel Gómez Navarro, don Fernando Jiménez del Campo, don Jesús Gómez Montoya, doña María José Marco Arboli, don José Antonio Méndez Ferrer, don Lluis Monset I Castells, don Antonio Montero Sines, don José Ramón Santamaría Barreiro, don Gabriel Uguet Adrover y don Justo Jorge López.
Secretaria no patrona: Doña Caridad Mariscal Raso.
Se otorgan poderes a don Carlos Rus Palacios, director de la fundación, en los términos que constan en la citada escritura de constitución. La inscripción de los poderes no exime de la necesidad de obtener el acuerdo previo del patronato ni la autorización del Protectorado en aquellos casos en que, de conformidad con la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, sea necesario.
Fundamentos de Derecho
Primero.
Esta Secretaría General Técnica es competente para dictar la presente Orden en virtud de la Orden SSI/131/2013, de 17 de enero, por la que se aprueban las delegaciones del ejercicio de competencias en los órganos administrativos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y sus organismos públicos dependientes.
Segundo.
Resulta de aplicación la disposición transitoria cuarta y los artículos 4 y 15 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, y concordantes del Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Fundaciones de competencia estatal, y del Real Decreto 1611/2007, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de Fundaciones de competencia estatal.
Por cuanto antecede, previo informe favorable de la Abogacía del Estado, y habiéndose recabado el preceptivo informe favorable del Protectorado sobre la idoneidad de los fines y suficiencia dotacional, este Ministerio ha dispuesto:
Primero.–Clasificar la Fundación Global Salud cuyos fines de interés general son sanitarios y de asistencia social, adscribiéndola al Protectorado de Fundaciones del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Segundo.–Ordenar su inscripción en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, bajo el número 28-1761.
Tercero.–Inscribir la constitución inicial del patronato, la aceptación de sus cargos y el otorgamiento de poderes tal y como consta detallado en el hecho segundo.
Contra esta Orden, que pone fin a la vía administrativa, puede interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 11 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su notificación o publicación, o potestativamente y con carácter previo, recurso administrativo de reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano que lo dictó.
Madrid, 5 de marzo de 2015.–El Ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, P.D. (Orden SSI/131/2013, de 17 de enero), el Secretario General Técnico del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Sergio Caravajal Álvarez.
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Federación Nacional de Clínicas Privadas crea una fundación para, entre otras cosas nobles, exportar clínicas #BOE
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REGISTRO_EMPRESA_ONG
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Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
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Federación Nacional de Clínicas Privadas crea la Fundación Global Salud, cuyo fines son el impulso de la asistencia sanitaria y mejora de la salud de los sectores más desfavorecidos y que se encuentran en riesgo de exclusión social.
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2020-09-02
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BOE-A-2020-10161
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Real Decreto 807/2020, de 1 de septiembre, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica al señor Mohamed Jaham A. A. Al Kuwari, exembajador del Estado de Qatar en España.
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<p class='parrafo'>Queriendo dar una prueba de Mi Real aprecio al señor Mohamed Jaham A. A. Al Kuwari, exembajador del Estado de Qatar en España, a propuesta de la Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 1 de septiembre de 2020,</p>
<p class='parrafo_2'>Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica.</p>
<p class='parrafo_2'>Dado en Madrid, el 1 de septiembre de 2020.</p>
<p class='firma_rey'>FELIPE R.</p>
<p class='firma_ministro'>La Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación,</p>
<p class='firma_ministro'>MARÍA ARÁNZAZU GONZÁLEZ LAYA</p>
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Wed Sep 02 07:04:20 +0000 2020
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Queriendo dar una prueba de Mi Real aprecio al señor Mohamed Jaham A. A. Al Kuwari, exembajador del Estado de Qatar en España, a propuesta de la Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 1 de septiembre de 2020,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica.
Dado en Madrid, el 1 de septiembre de 2020.
FELIPE R.
La Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación,
MARÍA ARÁNZAZU GONZÁLEZ LAYA
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Hoy toca dar Gran Cruz de Isabel la Católica al exembajador de Qatar. ¿Es esto normal? Sí. En los últimos dos años, por ejemplo, se ha dado a los de Uruguay, Paraguay, Austria, Portugal, Jordania... #medallicas
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PREMIOS_Y_MEDALLAS
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Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
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Gran Cruz de Isabel la Católica al exembajador de Qatar, Mohamed Jaham A. A. Al Kuwari.
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2015-01-23
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BOE-A-2015-548
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Orden ECD/36/2015, de 12 de enero, por la que, en virtud de sentencia, se declara la pérdida de la condición de funcionario de carrera del Cuerpo de Maestros de don Enrique Ariza Bogallo.
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<p class='parrafo'>Por Resolución de 22 de octubre de 2014, de la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se da cumplimiento a la sentencia 288/2013, de 20 de septiembre de 2013, dictada por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cádiz, en la que se condena a don Enrique Ariza Bogallo, entre otras, a la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión relacionada con la educación de menores, declarando la pérdida de la condición de funcionario del mismo, como integrante del Cuerpo de Maestros, con Número de Registro de Personal 2857224302 A0597, a partir del día siguiente al de la notificación al interesado de la presente Resolución (30 de octubre de 2014), con todos sus efectos inherentes;</p>
<p class='parrafo'>Vistos los artículos 63.e) y 66 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, en los que se establece que la pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial, que tuviera carácter firme, produce la pérdida de la condición de funcionario;</p>
<p class='parrafo'>Vista la propuesta de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de Andalucía,</p>
<p class='parrafo'>Este Ministerio, ha dispuesto:</p>
<p class='parrafo_2'>Declarar la pérdida de la condición de funcionario de carrera del Cuerpo de Maestros de don Enrique Ariza Bogallo, Número de Registro de Personal 2857224302 A0597, DNI 28572243, con efectos de 31 de octubre de 2014, previamente acordada por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de Andalucía.</p>
<p class='parrafo_2'>Madrid, 12 de enero de 2015.–EL Ministro de Educación, Cultura y Deporte, P.D. (Orden ECD/465/2012, de 2 de marzo), el Subsecretario de Educación, Cultura y Deporte, Fernando Benzo Sáinz.</p>
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Fri Jan 23 14:13:21 +0000 2015
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Por Resolución de 22 de octubre de 2014, de la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se da cumplimiento a la sentencia 288/2013, de 20 de septiembre de 2013, dictada por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cádiz, en la que se condena a don Enrique Ariza Bogallo, entre otras, a la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión relacionada con la educación de menores, declarando la pérdida de la condición de funcionario del mismo, como integrante del Cuerpo de Maestros, con Número de Registro de Personal 2857224302 A0597, a partir del día siguiente al de la notificación al interesado de la presente Resolución (30 de octubre de 2014), con todos sus efectos inherentes;
Vistos los artículos 63.e) y 66 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, en los que se establece que la pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial, que tuviera carácter firme, produce la pérdida de la condición de funcionario;
Vista la propuesta de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
Este Ministerio, ha dispuesto:
Declarar la pérdida de la condición de funcionario de carrera del Cuerpo de Maestros de don Enrique Ariza Bogallo, Número de Registro de Personal 2857224302 A0597, DNI 28572243, con efectos de 31 de octubre de 2014, previamente acordada por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Madrid, 12 de enero de 2015.–EL Ministro de Educación, Cultura y Deporte, P.D. (Orden ECD/465/2012, de 2 de marzo), el Subsecretario de Educación, Cultura y Deporte, Fernando Benzo Sáinz.
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Hoy, en el #BOE, pierde su plaza como maestro un hombre condenado en 2013 por varios delitos de abusos sexuales
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NOMBRAMIENTOS_Y_CESES
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Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
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Publicada la perdida de su plaza como maestro a Enrique Ariza Bogallo.
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[] | 3,269
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2019-10-12
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MODIFICA
la denominación del Fondo Financiero del Estado para la Modernización de las Infraestructuras Turísticas regulado por Real Decreto 937/2010, de 23 de julio
MODIFICA
la disposición adicional 43 de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre
AMPLÍA
, en la forma indicada, la bonificación prevista en el art. 9 del Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo
DE CONFORMIDAD con
el art. 21 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre
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BOE-A-2014-7639
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Real Decreto-ley 12/2019, de 11 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos de la apertura de procedimientos de insolvencia del grupo empresarial Thomas Cook.
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<eli:title rdf:datatype='http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string'>Reial decret llei 12/2019, d'11 d'octubre, pel qual s'adopten mesures urgents per pal·liar els efectes de l'obertura de procediments d'insolvència del grup empresarial Thomas Cook.</eli:title>
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<eli:title rdf:datatype='http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string'>Real decreto lei 12/2019, do 11 de outubro, polo que se adoptan medidas urxentes para paliar os efectos da apertura de procedementos de insolvencia do grupo empresarial Thomas Cook.</eli:title>
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<eli:title rdf:datatype='http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string'>12/2019 Errege Lege Dekretua, urriaren 11koa, zeinaz presako neurriak hartzen baitira Thomas Cook enpresa-taldearen kontra kaudimengabezia-prozedurak abiarazi izanaren ondorioak arintzeko.</eli:title>
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<materia codigo='420' orden=''>Ayudas</materia>
<materia codigo='433' orden=''>Baleares</materia>
<materia codigo='599' orden=''>Canarias</materia>
<materia codigo='1087' orden=''>Comisión Delegada del Gobierno de Asuntos Económicos</materia>
<materia codigo='1754' orden=''>Cotización a la Seguridad Social</materia>
<materia codigo='3160' orden=''>Empleo</materia>
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<materia codigo='6042' orden=''>Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte</materia>
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<alertas>
<alerta codigo='112' orden=''>Derecho Mercantil</alerta>
<alerta codigo='121' orden=''>Organización de la Administración</alerta>
<alerta codigo='125' orden=''>Seguridad Social</alerta>
<alerta codigo='127' orden=''>Sistema financiero</alerta>
<alerta codigo='131' orden=''>Trabajo y empleo</alerta>
<alerta codigo='133' orden=''>Turismo</alerta>
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<referencias>
<anteriores>
<anterior orden='2015' referencia='BOE-A-2010-11821'>
<palabra codigo='270'>MODIFICA</palabra>
<texto>la denominación del Fondo Financiero del Estado para la Modernización de las Infraestructuras Turísticas regulado por Real Decreto 937/2010, de 23 de julio</texto>
</anterior>
<anterior orden='2015' referencia='BOE-A-2006-22865'>
<palabra codigo='270'>MODIFICA</palabra>
<texto>la disposición adicional 43 de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre</texto>
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<anterior orden='2070' referencia='BOE-A-2019-3481'>
<palabra codigo='406'>AMPLÍA</palabra>
<texto>, en la forma indicada, la bonificación prevista en el art. 9 del Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo</texto>
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<anterior orden='3060' referencia='BOE-A-1997-25336'>
<palabra codigo='440'>DE CONFORMIDAD con</palabra>
<texto>el art. 21 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre</texto>
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<posteriores>
<posterior orden='' referencia='BOE-A-2019-15486'>
<palabra codigo='301'>SE PUBLICA Acuerdo de convalidación</palabra>
<texto>, por Resolución de 22 de octubre de 2019</texto>
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</referencias>
</analisis>
<texto>
<p class='centro_redonda' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>I</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El pasado 23 de septiembre de 2019 el grupo empresarial británico Thomas Cook presentó ante un tribunal británico la solicitud para iniciar un procedimiento de insolvencia, cesando en sus operaciones con efecto inmediato, cancelando todas sus reservas y dejando de cotizar sus acciones en la bolsa de Londres.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Este grupo empresarial británico, que empleaba a cerca de 22.000 trabajadores, organizaba cada año, a través de su agencia de viajes mayorista y de sus aerolíneas, millones de viajes de turistas hacia los hoteles de las comunidades autónomas de Canarias e Illes Balears y de otras partes de España, que vendían cada año parte de su capacidad de alojamiento a dicho grupo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Esta fuerte dependencia del grupo empresarial británico que ha entrado en concurso de acreedores, principalmente de los territorios insulares de Canarias y de Illes Balears, ha producido unos efectos nocivos muy relevantes en las empresas turísticas y en los trabajadores afectados directa o indirectamente por la onda expansiva que desencadenan estas situaciones de insolvencia.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El grupo empresarial Thomas Cook tiene filiales en España, que gestionan servicios de intermediación turística, hoteleros y aéreos. A fecha de hoy, una de estas filiales ha sido ya declarada en concurso voluntario por un juzgado mercantil de Palma de Mallorca, que ha disuelto el consejo de administración y ha designado en su lugar un administrador concursal, procedimiento que puede afectar directamente a los puestos de trabajo de cientos de personas, fundamentalmente en Baleares, e indirectamente a otros miles de trabajadores de empresas relacionadas en otras partes de España.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>También se encuentran en tramitación otros procedimientos judiciales que en muy corto plazo pueden desembocar en nuevos concursos de acreedores, con importante impacto en la economía de un sector, como el turístico, que supone una de las principales fuentes de ingresos en muchas comunidades autónomas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Además, la insolvencia de una empresa de este volumen afectará sin duda al tejido empresarial de las zonas en las que operaba el grupo. Muchas empresas de menor tamaño, proveedoras de bienes o servicios para Thomas Cook, pueden verse arrastradas a resultados negativos o incluso a más procedimientos de insolvencia.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Se comprende fácilmente, por tanto, que la previsible apertura de nuevos procedimientos de insolvencia secundarios, tanto en España como en otros Estados miembros de la Unión Europea, derivada de la liquidación obligatoria de la matriz del grupo que se está tramitando en los tribunales del Reino Unido, tiene un impacto extraordinario en la economía de una potencia turística como España en la que el turismo es un sector clave de su economía.</p>
<p class='centro_redonda' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>II</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El turismo constituye uno de los sectores clave de la economía de nuestro país. Es sin duda, uno de los factores más dinámicos en la generación de empleo y riqueza, y cuenta con una gran capacidad de arrastre de otros sectores, siendo una fuente importante de entrada de divisas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>España es una de las principales potencias turísticas del mundo y también uno de los principales inversores. Cuenta con una sólida y desarrollada infraestructura, una consolidada posición de liderazgo internacional y gran potencial de crecimiento futuro, lo que constituye su valor diferenciador y una gran ventaja competitiva. Según el «Informe de Resultados del Turismo Internacional 2018 y Perspectivas 2019» de la Organización Mundial del Turismo (OMT), España ocupa el segundo puesto del mundo en gasto realizado por turistas, con 89.856 millones de euros. También es el segundo país del mundo en número de turistas extranjeros, con casi 83 millones de turistas internacionales recibidos, que acuden a nuestro país atraídos por sus playas y agradable clima, el abundante patrimonio artístico y cultural del país y la riqueza gastronómica. A estos factores se añaden otros, como las excelentes infraestructuras tanto de transporte, como la alta densidad hotelera, la seguridad y la hospitalidad que, en su conjunto, han permitido que España revalide en 2019 la posición de liderazgo en el Índice de Competitividad Turística que ocupa desde 2015.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El sector turístico representa alrededor del 11,7 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) de España, economía que tiene un especial sustento en el sector servicios, con un inigualable desarrollo y excelencia en hostelería y transporte; y supone un 13,6 por ciento del total de los afiliados a la seguridad social en España. Además de ello, el turismo es, por sus características, un sector horizontal que afecta prácticamente a todos los sectores económicos y es capaz de generar actividad inducida en sectores como el comercio, el ocio y los servicios en general, que se benefician de los turistas que nos visitan, sea a través de turoperador o con viajes individuales.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En tal sentido, el sector turístico en España se configura como una actividad socioeconómica esencial para la creación de riqueza y empleo, lo que hace posible que su comportamiento repercuta de manera sensible en el aumento de la riqueza nacional, tanto directa como indirectamente, y confirma su gran capacidad de arrastre de otros sectores productivos, todos ellos elementos básicos en el desarrollo económico y la estabilidad.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Desde el punto de vista territorial, el turismo es un sector fundamental en la economía de todas las comunidades autónomas, y en especial de los territorios insulares. Así, en la Comunidad Autónoma de Illes Balears supone más del 45 por ciento del PIB, y asegura el empleo a más del 30 por ciento del total de trabajadores asalariados, y en la Comunidad Autónoma de Canarias su aportación al PIB supera el 35 por ciento, generando más del 40 por ciento del empleo. En ambos casos destaca el importante número de turistas europeos que reciben estos destinos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El sector turístico desarrolla su actividad en un entorno económico globalizado, profundamente cambiante, en el que la caída de uno de los grandes operadores mundiales tiene, por tanto, un impacto extraordinario en un país como España.</p>
<p class='centro_redonda' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>III</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La disrupción que en estos momentos se está produciendo en el mercado turístico español y europeo como consecuencia de la quiebra del grupo empresarial Thomas Cook, segundo mayor operador del mundo por volumen de operaciones, y dada la excesiva dependencia de algunos de nuestros destinos de este único turoperador, conduce a una crisis inédita en este mercado que requiere de una actuación inmediata y extraordinaria por parte de los poderes públicos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Esta situación ha generado una pérdida de conectividad y una amenaza al empleo en los territorios más afectados, por lo que el sector turístico español precisa de medidas que mitiguen el alcance de las consecuencias nocivas del desplome del grupo empresarial Thomas Cook y permitan mantener la actividad y el empleo del sector mientras se producen las necesarias adaptaciones.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Si tomamos como referencia los datos sobre 2018 que facilita la encuesta de movimientos turísticos en fronteras (Frontur), se aprecia que aproximadamente el 60 por ciento de los turistas internacionales que visitan la Comunidad Autónoma de Canarias y el 42 por ciento de los que visitan la de Illes Balears lo hacen a través de paquetes turísticos, mientras que en el resto de comunidades autónomas estas cifras están muy por debajo. Esta alta dependencia en los territorios insulares de los paquetes turísticos los ha hecho especialmente vulnerables a las fluctuaciones del mercado de los turoperadores especializados y, en concreto, al grupo Thomas Cook. Los turistas británicos que visitaron nuestro país en 2018 y que utilizaron el producto del paquete turístico fueron 7,23 millones, lo que supone el 39,1 por ciento de los turistas británicos en España ese año (estos porcentajes ascienden hasta el 50,3 por ciento y el 58,8 por ciento para los turistas británicos que visitaron Baleares y Canarias, respectivamente).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La quiebra de las empresas británicas del grupo empresarial Thomas Cook ha supuesto la cancelación de más de 475.000 asientos de avión durante la temporada turística de invierno y la parte restante de la temporada de verano en los territorios insulares. Durante el año 2018 el grupo de Thomas Cook transportó 2,6 millones de pasajeros a España. Sus principales destinos fueron la Comunidad Autónoma de Canarias, con más de 1,6 millones de pasajeros, lo que supone casi un 62 por ciento de su cuota de mercado en España, y las Islas Baleares, con más de 740.000 pasajeros, suponiendo un 28 por ciento de la cuota. Por lo tanto, entre ambos destinos se acapara prácticamente el 90 por ciento de su oferta hacia España. La condición de insularidad de estos territorios supone una gran desventaja en el proceso de recuperación del sector, al verse reducida su capacidad de conectividad. La inminencia del inicio de la temporada de invierno, de especial importancia, por ejemplo, en la Comunidad Autónoma de Canarias, hace necesaria por tanto la adopción de medidas urgentes que permitan al sector afrontar la pérdida de viajeros.</p>
<p class='centro_redonda' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>IV</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El presente real decreto-ley se compone de cuatro capítulos, divididos en seis artículos, dos disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y tres disposiciones finales.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En el capítulo I, artículo 1, se establece el objeto y finalidad del real decreto-ley, que consiste en el establecimiento de medidas urgentes dirigidas al fortalecimiento y mejora de la competitividad del sector turístico español para paliar los efectos de la insolvencia del grupo empresarial Thomas Cook.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En el capítulo II, el artículo 2, recoge, como medida en materia de empleo y Seguridad Social aplicable a las empresas establecidas en los territorios insulares, la ampliación de las bonificaciones en las cuotas de las cotizaciones a la Seguridad Social de los trabajadores en los sectores de turismo y comercio y hostelería vinculados a la actividad turística.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En los últimos años ha sido habitual la adopción de distintas medidas de apoyo para la prolongación de los periodos de actividad de los trabajadores con contratos fijos discontinuos en los sectores de turismo y comercio y hostelería vinculados a la actividad turística. En relación con el ejercicio 2019 estas medidas, consistentes en la bonificación del 50 por ciento de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes, así como por los conceptos de recaudación conjunta de Desempleo, FOGASA y Formación Profesional, respecto de dichos trabajadores, se han regulado en el artículo 9 del Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo, siendo de aplicación durante los meses de febrero, marzo y noviembre de 2019.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En el referido artículo 2 se establece una ampliación de la bonificación del artículo 9 del Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, que se aplicará, además de en los meses previstos en dicho artículo, de forma excepcional, durante los meses de octubre y diciembre de 2019 y febrero y marzo de 2020.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Esta medida podrá completarse con otras, como el aplazamiento de cuotas de cotizaciones de la Seguridad conforme a la regulación prevista en el capítulo VII del título I del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En el artículo 3 se contempla la coordinación específica del Servicio Público de Empleo Estatal con las comunidades autónomas, en el marco del Sistema Nacional de Empleo y sus respectivas competencias, con el objetivo de que las medidas relativas a la protección por desempleo y las políticas activas de empleo den eficaz respuesta a los trabajadores afectados, en el menor tiempo posible.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En el capítulo III se disponen medidas de apoyo financiero al sector turístico, consistentes, por un lado, en el artículo 4, en instruir al Gobierno para que, mediante acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, apruebe una línea de financiación de hasta 200 millones de euros para atender las necesidades financieras de los afectados por la insolvencia del grupo empresarial Thomas Cook.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Por otro lado, en el artículo 5, se establece la concesión directa de subvenciones a las Comunidades Autónomas de Canarias y de Illes Balears de acuerdo con lo establecido en el artículo 22.2.b) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Estas subvenciones, que revisten un carácter extraordinario y excepcional, son necesarias para dar una respuesta inmediata a la situación producida por la insolvencia del grupo empresarial Thomas Cook.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En el capítulo IV, artículo 6, se regula el denominado Fondo Financiero del Estado para la Competitividad Turística (FOCIT), el cual tendrá por objeto apoyar financieramente los proyectos que desarrollen las empresas turísticas orientados a la mejora de la competitividad del sector, en especial aquellos que contengan actuaciones de digitalización de los destinos turísticos, y de innovación y modernización de los servicios, para adaptarse inmediatamente ante la pérdida de demanda ocasionada por la quiebra del grupo empresarial Thomas Cook.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Se posibilita así que estas empresas, que necesariamente requieren sustituir el volumen de operaciones que mantenían con este grupo empresarial, en muchos casos para mantener su viabilidad, tengan un instrumento que les permita dicha sustitución que, dada la situación del mercado turístico, en gran medida por la disrupción producida por la insolvencia de este operador, hace imprescindible su canalización hacia elementos más competitivos como la digitalización o la innovación, entre otros. Asimismo, como medida adicional y en aras de una mayor claridad, congruencia y seguridad jurídica, se establece el cambio de denominación del anterior Fondo para la Modernización de Infraestructuras Turísticas (FOMIT), el cual pasa ahora a denominarse Fondo Financiero del Estado para la Competitividad Turística (FOCIT).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La disposición adicional primera prevé el establecimiento por parte de la Secretaría de Estado de Turismo, en colaboración con el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas, de medidas generales de información a las empresas del sector turístico que afronten la recuperación de deudas en el marco de procedimientos de insolvencia de empresas del grupo Thomas Cook.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Por su parte, la disposición adicional segunda contempla el reforzamiento de la iniciativa de destinos turísticos inteligentes a afectados por la insolvencia del grupo empresarial Thomas Cook, con el objetivo de mejorar la gestión y hacer a los destinos turísticos más competitivos en un contexto excepcional como el actual, marcado por la desaparición de uno de los principales turoperadores que operan en nuestro país.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La disposición transitoria única recoge una previsión normativa para aquellos proyectos que hubieran sido financiados con cargo al Fondo Financiero del Estado para la Modernización de Infraestructuras Turísticas (FOMIT), a los que será de aplicación lo previsto en el Real Decreto 937/2010, de 23 de julio, por el que se regula el Fondo Financiero del Estado para la Modernización de Infraestructuras Turísticas y en el resto de normas aplicables vigentes al momento de aprobarse el real decreto-ley.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Por último, las disposiciones finales primera a tercera recogen los títulos competenciales en que se fundamenta la norma, la habilitación al Gobierno para el desarrollo y ejecución, y la entrada en vigor de la norma el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», respectivamente.</p>
<p class='centro_redonda' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>V</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Las medidas que se adoptan en este real decreto-ley pretenden dar respuestas concretas a estas necesidades de carácter urgente. Así, se aborda con inmediatez la situación generada en el sector turístico por la insolvencia del grupo empresarial Thomas Cook, cuya actividad es clave para el sector turístico de nuestro país, evitando que repercuta negativamente en el empleo que genera, principalmente en las pymes, así como impidiendo que se den situaciones de falta de liquidez. Por ello, se impulsa, igualmente, la imprescindible sustitución de la dependencia que al referido operador estaban sometidas multitud de empresas por soluciones alternativas más vinculadas a la sociedad de la información, la digitalización y con una mayor diversificación a las que estas empresas deben adaptarse con carácter inmediato.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Las actuaciones y medidas que se establecen en el marco de esta norma responden, principalmente, a un principio de temporalidad, y atienden a todas las comunidades autónomas afectadas, y especialmente a Canarias e Illes Balears por ser territorios singularmente afectados y más sensibles ante las circunstancias excepcionales previamente señaladas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Estas medidas constituyen el necesario complemento de las ya adoptadas por los órganos competentes en materia de aeropuertos y tránsito y transporte aéreo, dirigidas a asegurar la conectividad aérea, tras la paralización de la actividad de la mayor parte del grupo empresarial Thomas Cook, con los territorios más afectados.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Las medidas que ahora se adoptan responden a una situación de extraordinaria y urgente necesidad, precisando parte de dichas medidas, como ocurre con las referidas a materia de empleo y de Seguridad Social, de una respuesta normativa con rango de ley, tal y como exige la jurisprudencia constitucional [STC 137/2011, de 14 de diciembre (RTC 2011, 137), FJ 4]. Asimismo, en tanto que dichas medidas persiguen paliar las consecuencias que en el sector turístico español provoca la crisis de uno de los principales turoperadores a nivel mundial, y con especial implantación en España, existe sin duda una conexión entre la situación definida y las actuaciones diseñadas para hacerle frente [por todas, SSTC 29/1982 (RTC 1982, 29), FJ 3, y 70/2016, de 14 de abril (RTC 2016, 70), FJ 4], de manera que las mismas guardan «una relación directa o de congruencia con la situación que se trata de afrontar» [STC 182/1997 (RTC 1997, 182), FJ 3].</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Las circunstancias descritas, siendo difíciles o imposibles de prever, hacen imprescindible una acción normativa inmediata que ofrezca respuesta rápida a la gravedad de la coyuntura que se plantea en el sector turístico y a las dificultades inminentes derivadas para la economía y el empleo. La situación descrita no puede ser atendida tempestiva y eficazmente por el procedimiento legislativo de urgencia (STC 111/1983), siendo, por otra parte, las medidas incluidas en este real decreto-ley, que entra en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», de eficacia inmediata.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Lo anterior legitima la extraordinaria y urgente necesidad que constituye el presupuesto habilitante, quedando justificada la inmediata adopción de las medidas que se incorporan en este real decreto-ley, concurriendo, de este modo, la circunstancia de extraordinaria y urgente necesidad que exige el artículo 86 de la Constitución para la utilización de dicha figura normativa, requisito imprescindible, como ha recordado la jurisprudencia constitucional.</p>
<p class='centro_redonda' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>VI</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La tramitación de este real decreto-ley se efectúa por un gobierno en funciones, circunstancia que se ajusta a lo dispuesto por el artículo 21.3 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, precepto conforme al cual «el Gobierno en funciones facilitará el normal desarrollo del proceso de formación del nuevo Gobierno y el traspaso de poderes al mismo y limitará su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose de adoptar, salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique, cualesquiera otras medidas».</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En esta ocasión concurren ambos supuestos excepcionales de urgencia y de interés general, en la medida en que es necesaria una acción normativa inmediata que ofrezca respuesta rápida a la grave situación que atraviesa el sector turístico como consecuencia de la insolvencia del turoperador británico Thomas Cook, máxime en algunos territorios, y a las graves consecuencias que arrastra para la economía y el empleo del país. La situación descrita exige una acción gubernamental, cuya omisión podría ocasionar importantes perjuicios para el interés general.</p>
<p class='centro_redonda' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>VII</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El presente real decreto-ley se dicta al amparo de las competencias atribuidas al Estado en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica y la legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social, de acuerdo con lo establecido en el artículo 149.1.13.ª y 17.ª de la Constitución.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La norma se adecua a los principios de buena regulación establecidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. A estos efectos se pone de manifiesto el cumplimiento de los principios de necesidad y eficacia dado el interés general en el que se fundamentan las medidas que se establecen, siendo el real decreto-ley el instrumento más adecuado para garantizar su consecución. La norma es acorde con el principio de proporcionalidad al contener la regulación imprescindible para la consecución de los objetivos previamente mencionados. Igualmente, se ajusta al principio de seguridad jurídica, siendo coherente con el resto del ordenamiento jurídico. Por último, en cumplimiento del principio de transparencia la norma identifica claramente su propósito, ofreciéndose en esta Exposición de Motivos una explicación de las medidas que se adoptan en el sector del turismo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En su virtud, haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la Constitución Española, a propuesta de la Ministra de Industria, Comercio y Turismo y de la Ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 11 de octubre de 2019,</p>
<p class='centro_redonda' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>DISPONGO:</p>
<p class='capitulo_num' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CAPÍTULO I</p>
<p class='capitulo_tit' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Disposiciones generales</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 1. Objeto y finalidad.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El presente real decreto-ley tiene por objeto el establecimiento de medidas urgentes dirigidas al fortalecimiento y mejora de la competitividad del sector turístico español para paliar los efectos de la insolvencia del grupo empresarial Thomas Cook.</p>
<p class='capitulo_num' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CAPÍTULO II</p>
<p class='capitulo_tit' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Medidas en materia de empleo y de Seguridad Social</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 2. Medidas de apoyo a la prolongación del periodo de actividad de los trabajadores con contratos fijos discontinuos en los sectores de turismo y comercio y hostelería vinculados a la actividad turística para empresas con centros de trabajo en las Comunidades Autónomas de Illes Balears y Canarias durante los meses de octubre y diciembre de 2019 y febrero y marzo de 2020.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La bonificación prevista en el artículo 9 del Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo, será de aplicación, con carácter excepcional, además de en los meses previstos en dicho artículo, durante los meses de octubre y diciembre de 2019 y febrero y marzo de 2020, para las empresas dedicadas a actividades encuadradas en los sectores de turismo, así como los de comercio y hostelería, siempre que se encuentren vinculados a dicho sector del turismo, respecto de sus centros de trabajo ubicados en las Comunidades Autónomas de Illes Balears y de Canarias, y acrediten el cumplimiento de los restantes requisitos que prevé el mencionado artículo.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 3. Coordinación en materia de empleo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El Servicio Público de Empleo Estatal y las comunidades autónomas coordinarán, en el ámbito de sus respectivas competencias, la protección por desempleo y la ejecución de sus políticas activas de empleo para dar respuesta a la situación de los trabajadores afectados por esta situación excepcional.</p>
<p class='capitulo_num' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CAPÍTULO III</p>
<p class='capitulo_tit' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Medidas de apoyo financiero al sector turístico</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 4. Línea de financiación para atender a los afectados por la insolvencia del grupo empresarial Thomas Cook.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Se instruye al Gobierno para que, mediante acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, se apruebe una línea de financiación de hasta 200 millones de euros para atender las necesidades financieras de los afectados por la insolvencia del grupo empresarial Thomas Cook.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Los términos y condiciones de esta línea de financiación serán recogidos en el referido acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 5. Concesión directa de subvenciones a las Comunidades Autónomas de Canarias y de Illes Balears.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 22.2.b) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se establece, con objeto de recuperar la pérdida de conectividad, consolidar la diversificación y mejorar el destino, la concesión directa de las siguientes subvenciones:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) A la Comunidad Autónoma de Canarias por importe de 15 millones de euros.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) A la Comunidad Autónoma de Illes Balears por importe de 8 millones de euros.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. La concesión de cada una de estas subvenciones se instrumentará mediante la formalización de un Convenio entre la Secretaría de Estado de Turismo y la Comunidad Autónoma, según lo previsto en el artículo 65.3, en relación con el artículo 66.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. El Convenio a que se refiere el apartado anterior tendrá el carácter de bases reguladoras de la concesión de la subvención a los efectos de lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, e incluirá los extremos a que se refiere el artículo 65.3 del Reglamento de desarrollo de dicha ley, y en todo caso los requisitos de los beneficiarios, su acreditación, los gastos subvencionables, los plazos y la forma de justificación.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. El Convenio podrá contemplar que el abono de la subvención se realice en un único pago anticipado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 34.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en su Reglamento de desarrollo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>5. El pago de la subvención quedará condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>6. En defecto de lo previsto en este real decreto-ley, será de aplicación supletoria a estas subvenciones lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en su Reglamento de desarrollo, salvo en lo que en una y otro afecte a la aplicación de los principios de publicidad y concurrencia.</p>
<p class='capitulo_num' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CAPÍTULO IV</p>
<p class='capitulo_tit' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Fondo Financiero del Estado para la Competitividad Turística</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 6. Fondo Financiero del Estado para la Competitividad Turística (FOCIT).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. El Fondo Financiero del Estado para la Modernización de las Infraestructuras Turísticas (FOMIT) regulado mediante el Real Decreto 937/2010, de 23 de julio, se denominará «Fondo Financiero del Estado para la Competitividad Turística F.C.P.J. (FOCIT)».</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Se modifica la disposición adicional cuadragésima tercera de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007, que queda redactada de la forma siguiente:</p>
<p class='sangrado_articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>«Disposición adicional cuadragésima tercera. Iniciativa para la mejora de la competitividad de los destinos turísticos.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Uno. El Estado podrá apoyar financieramente, mediante préstamos con cargo al Fondo Financiero del Estado para la Competitividad Turística (FOCIT), los proyectos que desarrollen las empresas turísticas orientados a la mejora de la competitividad del sector, en especial aquellos que contengan actuaciones de digitalización de los destinos turísticos, y de innovación y modernización de los servicios.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Dos. La ejecución de esta iniciativa se canalizará con cargo al Fondo Financiero del Estado para la Competitividad Turística (FOCIT), adscrito a la Secretaría de Estado de Turismo, gestionado por esta última, y cuya administración financiera se llevará a cabo por el Instituto de Crédito Oficial (ICO).</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Tres. El Gobierno informará al Parlamento sobre la gestión de esta iniciativa, los resultados alcanzados, los proyectos financiados, su cuantía y modalidades de financiación, así como sus beneficiarios finales. Tal información se remitirá al Parlamento con periodicidad anual.»</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. El Gobierno establecerá reglamentariamente, en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor del presente real decreto-ley, las medidas necesarias para desarrollar lo previsto en este artículo.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Disposición adicional primera. Medidas de información en procesos concursales.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La Secretaría de Estado de Turismo, en colaboración con el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas, establecerá medidas generales de información a las empresas del sector turístico que afronten la recuperación de deudas en el marco de procesos de insolvencia de empresas del grupo Thomas Cook.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Disposición adicional segunda. Fortalecimiento de la Estrategia de Destinos Turísticos Inteligentes.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Con el fin de apoyar la transformación de los destinos turísticos afectados por la insolvencia del grupo empresarial Thomas Cook, el Gobierno destinará 1.485.000 euros a la Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas, S.A.M.P (SEGITTUR) para reforzar la estrategia de destinos turísticos inteligentes mejorando así la competitividad del destino turístico.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Disposición transitoria única. Proyectos financiados por el Fondo Financiero del Estado para la Modernización de Infraestructuras Turísticas (FOMIT).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>A los proyectos que hubieran sido financiados con cargo al Fondo Financiero del Estado para la Modernización de Infraestructuras Turísticas (FOMIT) les será de aplicación lo previsto en el Real Decreto 937/2010, de 23 de julio, y en el resto de normas aplicables vigentes al momento de aprobarse el real decreto-ley.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Disposición derogatoria única. Derogación normativa.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo establecido en este real decreto-ley.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Disposición final primera. Título competencial.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Este real decreto-ley se dicta al amparo del artículo 149.1.13.ª y 17.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica y sobre la legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Disposición final segunda. Habilitación para el desarrollo reglamentario.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Se habilita al Gobierno para aprobar las disposiciones necesarias para el desarrollo y aplicación de lo previsto en este real decreto-ley.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Disposición final tercera. Entrada en vigor.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Este real decreto-ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Dado en Madrid, el 11 de octubre de 2019.</p>
<p class='firma_rey' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>FELIPE R.</p>
<p class='firma_ministro' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El Presidente del Gobierno,</p>
<p class='firma_ministro' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN</p>
</texto>
</documento>
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Sat Oct 12 07:00:04 +0000 2019
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I
El pasado 23 de septiembre de 2019 el grupo empresarial británico Thomas Cook presentó ante un tribunal británico la solicitud para iniciar un procedimiento de insolvencia, cesando en sus operaciones con efecto inmediato, cancelando todas sus reservas y dejando de cotizar sus acciones en la bolsa de Londres.
Este grupo empresarial británico, que empleaba a cerca de 22.000 trabajadores, organizaba cada año, a través de su agencia de viajes mayorista y de sus aerolíneas, millones de viajes de turistas hacia los hoteles de las comunidades autónomas de Canarias e Illes Balears y de otras partes de España, que vendían cada año parte de su capacidad de alojamiento a dicho grupo.
Esta fuerte dependencia del grupo empresarial británico que ha entrado en concurso de acreedores, principalmente de los territorios insulares de Canarias y de Illes Balears, ha producido unos efectos nocivos muy relevantes en las empresas turísticas y en los trabajadores afectados directa o indirectamente por la onda expansiva que desencadenan estas situaciones de insolvencia.
El grupo empresarial Thomas Cook tiene filiales en España, que gestionan servicios de intermediación turística, hoteleros y aéreos. A fecha de hoy, una de estas filiales ha sido ya declarada en concurso voluntario por un juzgado mercantil de Palma de Mallorca, que ha disuelto el consejo de administración y ha designado en su lugar un administrador concursal, procedimiento que puede afectar directamente a los puestos de trabajo de cientos de personas, fundamentalmente en Baleares, e indirectamente a otros miles de trabajadores de empresas relacionadas en otras partes de España.
También se encuentran en tramitación otros procedimientos judiciales que en muy corto plazo pueden desembocar en nuevos concursos de acreedores, con importante impacto en la economía de un sector, como el turístico, que supone una de las principales fuentes de ingresos en muchas comunidades autónomas.
Además, la insolvencia de una empresa de este volumen afectará sin duda al tejido empresarial de las zonas en las que operaba el grupo. Muchas empresas de menor tamaño, proveedoras de bienes o servicios para Thomas Cook, pueden verse arrastradas a resultados negativos o incluso a más procedimientos de insolvencia.
Se comprende fácilmente, por tanto, que la previsible apertura de nuevos procedimientos de insolvencia secundarios, tanto en España como en otros Estados miembros de la Unión Europea, derivada de la liquidación obligatoria de la matriz del grupo que se está tramitando en los tribunales del Reino Unido, tiene un impacto extraordinario en la economía de una potencia turística como España en la que el turismo es un sector clave de su economía.
II
El turismo constituye uno de los sectores clave de la economía de nuestro país. Es sin duda, uno de los factores más dinámicos en la generación de empleo y riqueza, y cuenta con una gran capacidad de arrastre de otros sectores, siendo una fuente importante de entrada de divisas.
España es una de las principales potencias turísticas del mundo y también uno de los principales inversores. Cuenta con una sólida y desarrollada infraestructura, una consolidada posición de liderazgo internacional y gran potencial de crecimiento futuro, lo que constituye su valor diferenciador y una gran ventaja competitiva. Según el «Informe de Resultados del Turismo Internacional 2018 y Perspectivas 2019» de la Organización Mundial del Turismo (OMT), España ocupa el segundo puesto del mundo en gasto realizado por turistas, con 89.856 millones de euros. También es el segundo país del mundo en número de turistas extranjeros, con casi 83 millones de turistas internacionales recibidos, que acuden a nuestro país atraídos por sus playas y agradable clima, el abundante patrimonio artístico y cultural del país y la riqueza gastronómica. A estos factores se añaden otros, como las excelentes infraestructuras tanto de transporte, como la alta densidad hotelera, la seguridad y la hospitalidad que, en su conjunto, han permitido que España revalide en 2019 la posición de liderazgo en el Índice de Competitividad Turística que ocupa desde 2015.
El sector turístico representa alrededor del 11,7 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) de España, economía que tiene un especial sustento en el sector servicios, con un inigualable desarrollo y excelencia en hostelería y transporte; y supone un 13,6 por ciento del total de los afiliados a la seguridad social en España. Además de ello, el turismo es, por sus características, un sector horizontal que afecta prácticamente a todos los sectores económicos y es capaz de generar actividad inducida en sectores como el comercio, el ocio y los servicios en general, que se benefician de los turistas que nos visitan, sea a través de turoperador o con viajes individuales.
En tal sentido, el sector turístico en España se configura como una actividad socioeconómica esencial para la creación de riqueza y empleo, lo que hace posible que su comportamiento repercuta de manera sensible en el aumento de la riqueza nacional, tanto directa como indirectamente, y confirma su gran capacidad de arrastre de otros sectores productivos, todos ellos elementos básicos en el desarrollo económico y la estabilidad.
Desde el punto de vista territorial, el turismo es un sector fundamental en la economía de todas las comunidades autónomas, y en especial de los territorios insulares. Así, en la Comunidad Autónoma de Illes Balears supone más del 45 por ciento del PIB, y asegura el empleo a más del 30 por ciento del total de trabajadores asalariados, y en la Comunidad Autónoma de Canarias su aportación al PIB supera el 35 por ciento, generando más del 40 por ciento del empleo. En ambos casos destaca el importante número de turistas europeos que reciben estos destinos.
El sector turístico desarrolla su actividad en un entorno económico globalizado, profundamente cambiante, en el que la caída de uno de los grandes operadores mundiales tiene, por tanto, un impacto extraordinario en un país como España.
III
La disrupción que en estos momentos se está produciendo en el mercado turístico español y europeo como consecuencia de la quiebra del grupo empresarial Thomas Cook, segundo mayor operador del mundo por volumen de operaciones, y dada la excesiva dependencia de algunos de nuestros destinos de este único turoperador, conduce a una crisis inédita en este mercado que requiere de una actuación inmediata y extraordinaria por parte de los poderes públicos.
Esta situación ha generado una pérdida de conectividad y una amenaza al empleo en los territorios más afectados, por lo que el sector turístico español precisa de medidas que mitiguen el alcance de las consecuencias nocivas del desplome del grupo empresarial Thomas Cook y permitan mantener la actividad y el empleo del sector mientras se producen las necesarias adaptaciones.
Si tomamos como referencia los datos sobre 2018 que facilita la encuesta de movimientos turísticos en fronteras (Frontur), se aprecia que aproximadamente el 60 por ciento de los turistas internacionales que visitan la Comunidad Autónoma de Canarias y el 42 por ciento de los que visitan la de Illes Balears lo hacen a través de paquetes turísticos, mientras que en el resto de comunidades autónomas estas cifras están muy por debajo. Esta alta dependencia en los territorios insulares de los paquetes turísticos los ha hecho especialmente vulnerables a las fluctuaciones del mercado de los turoperadores especializados y, en concreto, al grupo Thomas Cook. Los turistas británicos que visitaron nuestro país en 2018 y que utilizaron el producto del paquete turístico fueron 7,23 millones, lo que supone el 39,1 por ciento de los turistas británicos en España ese año (estos porcentajes ascienden hasta el 50,3 por ciento y el 58,8 por ciento para los turistas británicos que visitaron Baleares y Canarias, respectivamente).
La quiebra de las empresas británicas del grupo empresarial Thomas Cook ha supuesto la cancelación de más de 475.000 asientos de avión durante la temporada turística de invierno y la parte restante de la temporada de verano en los territorios insulares. Durante el año 2018 el grupo de Thomas Cook transportó 2,6 millones de pasajeros a España. Sus principales destinos fueron la Comunidad Autónoma de Canarias, con más de 1,6 millones de pasajeros, lo que supone casi un 62 por ciento de su cuota de mercado en España, y las Islas Baleares, con más de 740.000 pasajeros, suponiendo un 28 por ciento de la cuota. Por lo tanto, entre ambos destinos se acapara prácticamente el 90 por ciento de su oferta hacia España. La condición de insularidad de estos territorios supone una gran desventaja en el proceso de recuperación del sector, al verse reducida su capacidad de conectividad. La inminencia del inicio de la temporada de invierno, de especial importancia, por ejemplo, en la Comunidad Autónoma de Canarias, hace necesaria por tanto la adopción de medidas urgentes que permitan al sector afrontar la pérdida de viajeros.
IV
El presente real decreto-ley se compone de cuatro capítulos, divididos en seis artículos, dos disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y tres disposiciones finales.
En el capítulo I, artículo 1, se establece el objeto y finalidad del real decreto-ley, que consiste en el establecimiento de medidas urgentes dirigidas al fortalecimiento y mejora de la competitividad del sector turístico español para paliar los efectos de la insolvencia del grupo empresarial Thomas Cook.
En el capítulo II, el artículo 2, recoge, como medida en materia de empleo y Seguridad Social aplicable a las empresas establecidas en los territorios insulares, la ampliación de las bonificaciones en las cuotas de las cotizaciones a la Seguridad Social de los trabajadores en los sectores de turismo y comercio y hostelería vinculados a la actividad turística.
En los últimos años ha sido habitual la adopción de distintas medidas de apoyo para la prolongación de los periodos de actividad de los trabajadores con contratos fijos discontinuos en los sectores de turismo y comercio y hostelería vinculados a la actividad turística. En relación con el ejercicio 2019 estas medidas, consistentes en la bonificación del 50 por ciento de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes, así como por los conceptos de recaudación conjunta de Desempleo, FOGASA y Formación Profesional, respecto de dichos trabajadores, se han regulado en el artículo 9 del Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo, siendo de aplicación durante los meses de febrero, marzo y noviembre de 2019.
En el referido artículo 2 se establece una ampliación de la bonificación del artículo 9 del Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, que se aplicará, además de en los meses previstos en dicho artículo, de forma excepcional, durante los meses de octubre y diciembre de 2019 y febrero y marzo de 2020.
Esta medida podrá completarse con otras, como el aplazamiento de cuotas de cotizaciones de la Seguridad conforme a la regulación prevista en el capítulo VII del título I del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio.
En el artículo 3 se contempla la coordinación específica del Servicio Público de Empleo Estatal con las comunidades autónomas, en el marco del Sistema Nacional de Empleo y sus respectivas competencias, con el objetivo de que las medidas relativas a la protección por desempleo y las políticas activas de empleo den eficaz respuesta a los trabajadores afectados, en el menor tiempo posible.
En el capítulo III se disponen medidas de apoyo financiero al sector turístico, consistentes, por un lado, en el artículo 4, en instruir al Gobierno para que, mediante acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, apruebe una línea de financiación de hasta 200 millones de euros para atender las necesidades financieras de los afectados por la insolvencia del grupo empresarial Thomas Cook.
Por otro lado, en el artículo 5, se establece la concesión directa de subvenciones a las Comunidades Autónomas de Canarias y de Illes Balears de acuerdo con lo establecido en el artículo 22.2.b) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Estas subvenciones, que revisten un carácter extraordinario y excepcional, son necesarias para dar una respuesta inmediata a la situación producida por la insolvencia del grupo empresarial Thomas Cook.
En el capítulo IV, artículo 6, se regula el denominado Fondo Financiero del Estado para la Competitividad Turística (FOCIT), el cual tendrá por objeto apoyar financieramente los proyectos que desarrollen las empresas turísticas orientados a la mejora de la competitividad del sector, en especial aquellos que contengan actuaciones de digitalización de los destinos turísticos, y de innovación y modernización de los servicios, para adaptarse inmediatamente ante la pérdida de demanda ocasionada por la quiebra del grupo empresarial Thomas Cook.
Se posibilita así que estas empresas, que necesariamente requieren sustituir el volumen de operaciones que mantenían con este grupo empresarial, en muchos casos para mantener su viabilidad, tengan un instrumento que les permita dicha sustitución que, dada la situación del mercado turístico, en gran medida por la disrupción producida por la insolvencia de este operador, hace imprescindible su canalización hacia elementos más competitivos como la digitalización o la innovación, entre otros. Asimismo, como medida adicional y en aras de una mayor claridad, congruencia y seguridad jurídica, se establece el cambio de denominación del anterior Fondo para la Modernización de Infraestructuras Turísticas (FOMIT), el cual pasa ahora a denominarse Fondo Financiero del Estado para la Competitividad Turística (FOCIT).
La disposición adicional primera prevé el establecimiento por parte de la Secretaría de Estado de Turismo, en colaboración con el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas, de medidas generales de información a las empresas del sector turístico que afronten la recuperación de deudas en el marco de procedimientos de insolvencia de empresas del grupo Thomas Cook.
Por su parte, la disposición adicional segunda contempla el reforzamiento de la iniciativa de destinos turísticos inteligentes a afectados por la insolvencia del grupo empresarial Thomas Cook, con el objetivo de mejorar la gestión y hacer a los destinos turísticos más competitivos en un contexto excepcional como el actual, marcado por la desaparición de uno de los principales turoperadores que operan en nuestro país.
La disposición transitoria única recoge una previsión normativa para aquellos proyectos que hubieran sido financiados con cargo al Fondo Financiero del Estado para la Modernización de Infraestructuras Turísticas (FOMIT), a los que será de aplicación lo previsto en el Real Decreto 937/2010, de 23 de julio, por el que se regula el Fondo Financiero del Estado para la Modernización de Infraestructuras Turísticas y en el resto de normas aplicables vigentes al momento de aprobarse el real decreto-ley.
Por último, las disposiciones finales primera a tercera recogen los títulos competenciales en que se fundamenta la norma, la habilitación al Gobierno para el desarrollo y ejecución, y la entrada en vigor de la norma el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», respectivamente.
V
Las medidas que se adoptan en este real decreto-ley pretenden dar respuestas concretas a estas necesidades de carácter urgente. Así, se aborda con inmediatez la situación generada en el sector turístico por la insolvencia del grupo empresarial Thomas Cook, cuya actividad es clave para el sector turístico de nuestro país, evitando que repercuta negativamente en el empleo que genera, principalmente en las pymes, así como impidiendo que se den situaciones de falta de liquidez. Por ello, se impulsa, igualmente, la imprescindible sustitución de la dependencia que al referido operador estaban sometidas multitud de empresas por soluciones alternativas más vinculadas a la sociedad de la información, la digitalización y con una mayor diversificación a las que estas empresas deben adaptarse con carácter inmediato.
Las actuaciones y medidas que se establecen en el marco de esta norma responden, principalmente, a un principio de temporalidad, y atienden a todas las comunidades autónomas afectadas, y especialmente a Canarias e Illes Balears por ser territorios singularmente afectados y más sensibles ante las circunstancias excepcionales previamente señaladas.
Estas medidas constituyen el necesario complemento de las ya adoptadas por los órganos competentes en materia de aeropuertos y tránsito y transporte aéreo, dirigidas a asegurar la conectividad aérea, tras la paralización de la actividad de la mayor parte del grupo empresarial Thomas Cook, con los territorios más afectados.
Las medidas que ahora se adoptan responden a una situación de extraordinaria y urgente necesidad, precisando parte de dichas medidas, como ocurre con las referidas a materia de empleo y de Seguridad Social, de una respuesta normativa con rango de ley, tal y como exige la jurisprudencia constitucional [STC 137/2011, de 14 de diciembre (RTC 2011, 137), FJ 4]. Asimismo, en tanto que dichas medidas persiguen paliar las consecuencias que en el sector turístico español provoca la crisis de uno de los principales turoperadores a nivel mundial, y con especial implantación en España, existe sin duda una conexión entre la situación definida y las actuaciones diseñadas para hacerle frente [por todas, SSTC 29/1982 (RTC 1982, 29), FJ 3, y 70/2016, de 14 de abril (RTC 2016, 70), FJ 4], de manera que las mismas guardan «una relación directa o de congruencia con la situación que se trata de afrontar» [STC 182/1997 (RTC 1997, 182), FJ 3].
Las circunstancias descritas, siendo difíciles o imposibles de prever, hacen imprescindible una acción normativa inmediata que ofrezca respuesta rápida a la gravedad de la coyuntura que se plantea en el sector turístico y a las dificultades inminentes derivadas para la economía y el empleo. La situación descrita no puede ser atendida tempestiva y eficazmente por el procedimiento legislativo de urgencia (STC 111/1983), siendo, por otra parte, las medidas incluidas en este real decreto-ley, que entra en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», de eficacia inmediata.
Lo anterior legitima la extraordinaria y urgente necesidad que constituye el presupuesto habilitante, quedando justificada la inmediata adopción de las medidas que se incorporan en este real decreto-ley, concurriendo, de este modo, la circunstancia de extraordinaria y urgente necesidad que exige el artículo 86 de la Constitución para la utilización de dicha figura normativa, requisito imprescindible, como ha recordado la jurisprudencia constitucional.
VI
La tramitación de este real decreto-ley se efectúa por un gobierno en funciones, circunstancia que se ajusta a lo dispuesto por el artículo 21.3 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, precepto conforme al cual «el Gobierno en funciones facilitará el normal desarrollo del proceso de formación del nuevo Gobierno y el traspaso de poderes al mismo y limitará su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose de adoptar, salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique, cualesquiera otras medidas».
En esta ocasión concurren ambos supuestos excepcionales de urgencia y de interés general, en la medida en que es necesaria una acción normativa inmediata que ofrezca respuesta rápida a la grave situación que atraviesa el sector turístico como consecuencia de la insolvencia del turoperador británico Thomas Cook, máxime en algunos territorios, y a las graves consecuencias que arrastra para la economía y el empleo del país. La situación descrita exige una acción gubernamental, cuya omisión podría ocasionar importantes perjuicios para el interés general.
VII
El presente real decreto-ley se dicta al amparo de las competencias atribuidas al Estado en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica y la legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social, de acuerdo con lo establecido en el artículo 149.1.13.ª y 17.ª de la Constitución.
La norma se adecua a los principios de buena regulación establecidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. A estos efectos se pone de manifiesto el cumplimiento de los principios de necesidad y eficacia dado el interés general en el que se fundamentan las medidas que se establecen, siendo el real decreto-ley el instrumento más adecuado para garantizar su consecución. La norma es acorde con el principio de proporcionalidad al contener la regulación imprescindible para la consecución de los objetivos previamente mencionados. Igualmente, se ajusta al principio de seguridad jurídica, siendo coherente con el resto del ordenamiento jurídico. Por último, en cumplimiento del principio de transparencia la norma identifica claramente su propósito, ofreciéndose en esta Exposición de Motivos una explicación de las medidas que se adoptan en el sector del turismo.
En su virtud, haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la Constitución Española, a propuesta de la Ministra de Industria, Comercio y Turismo y de la Ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 11 de octubre de 2019,
DISPONGO:
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto y finalidad.
El presente real decreto-ley tiene por objeto el establecimiento de medidas urgentes dirigidas al fortalecimiento y mejora de la competitividad del sector turístico español para paliar los efectos de la insolvencia del grupo empresarial Thomas Cook.
CAPÍTULO II
Medidas en materia de empleo y de Seguridad Social
Artículo 2. Medidas de apoyo a la prolongación del periodo de actividad de los trabajadores con contratos fijos discontinuos en los sectores de turismo y comercio y hostelería vinculados a la actividad turística para empresas con centros de trabajo en las Comunidades Autónomas de Illes Balears y Canarias durante los meses de octubre y diciembre de 2019 y febrero y marzo de 2020.
La bonificación prevista en el artículo 9 del Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo, será de aplicación, con carácter excepcional, además de en los meses previstos en dicho artículo, durante los meses de octubre y diciembre de 2019 y febrero y marzo de 2020, para las empresas dedicadas a actividades encuadradas en los sectores de turismo, así como los de comercio y hostelería, siempre que se encuentren vinculados a dicho sector del turismo, respecto de sus centros de trabajo ubicados en las Comunidades Autónomas de Illes Balears y de Canarias, y acrediten el cumplimiento de los restantes requisitos que prevé el mencionado artículo.
Artículo 3. Coordinación en materia de empleo.
El Servicio Público de Empleo Estatal y las comunidades autónomas coordinarán, en el ámbito de sus respectivas competencias, la protección por desempleo y la ejecución de sus políticas activas de empleo para dar respuesta a la situación de los trabajadores afectados por esta situación excepcional.
CAPÍTULO III
Medidas de apoyo financiero al sector turístico
Artículo 4. Línea de financiación para atender a los afectados por la insolvencia del grupo empresarial Thomas Cook.
1. Se instruye al Gobierno para que, mediante acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, se apruebe una línea de financiación de hasta 200 millones de euros para atender las necesidades financieras de los afectados por la insolvencia del grupo empresarial Thomas Cook.
2. Los términos y condiciones de esta línea de financiación serán recogidos en el referido acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.
Artículo 5. Concesión directa de subvenciones a las Comunidades Autónomas de Canarias y de Illes Balears.
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 22.2.b) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se establece, con objeto de recuperar la pérdida de conectividad, consolidar la diversificación y mejorar el destino, la concesión directa de las siguientes subvenciones:
a) A la Comunidad Autónoma de Canarias por importe de 15 millones de euros.
b) A la Comunidad Autónoma de Illes Balears por importe de 8 millones de euros.
2. La concesión de cada una de estas subvenciones se instrumentará mediante la formalización de un Convenio entre la Secretaría de Estado de Turismo y la Comunidad Autónoma, según lo previsto en el artículo 65.3, en relación con el artículo 66.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
3. El Convenio a que se refiere el apartado anterior tendrá el carácter de bases reguladoras de la concesión de la subvención a los efectos de lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, e incluirá los extremos a que se refiere el artículo 65.3 del Reglamento de desarrollo de dicha ley, y en todo caso los requisitos de los beneficiarios, su acreditación, los gastos subvencionables, los plazos y la forma de justificación.
4. El Convenio podrá contemplar que el abono de la subvención se realice en un único pago anticipado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 34.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en su Reglamento de desarrollo.
5. El pago de la subvención quedará condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente.
6. En defecto de lo previsto en este real decreto-ley, será de aplicación supletoria a estas subvenciones lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en su Reglamento de desarrollo, salvo en lo que en una y otro afecte a la aplicación de los principios de publicidad y concurrencia.
CAPÍTULO IV
Fondo Financiero del Estado para la Competitividad Turística
Artículo 6. Fondo Financiero del Estado para la Competitividad Turística (FOCIT).
1. El Fondo Financiero del Estado para la Modernización de las Infraestructuras Turísticas (FOMIT) regulado mediante el Real Decreto 937/2010, de 23 de julio, se denominará «Fondo Financiero del Estado para la Competitividad Turística F.C.P.J. (FOCIT)».
2. Se modifica la disposición adicional cuadragésima tercera de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007, que queda redactada de la forma siguiente:
«Disposición adicional cuadragésima tercera. Iniciativa para la mejora de la competitividad de los destinos turísticos.
Uno. El Estado podrá apoyar financieramente, mediante préstamos con cargo al Fondo Financiero del Estado para la Competitividad Turística (FOCIT), los proyectos que desarrollen las empresas turísticas orientados a la mejora de la competitividad del sector, en especial aquellos que contengan actuaciones de digitalización de los destinos turísticos, y de innovación y modernización de los servicios.
Dos. La ejecución de esta iniciativa se canalizará con cargo al Fondo Financiero del Estado para la Competitividad Turística (FOCIT), adscrito a la Secretaría de Estado de Turismo, gestionado por esta última, y cuya administración financiera se llevará a cabo por el Instituto de Crédito Oficial (ICO).
Tres. El Gobierno informará al Parlamento sobre la gestión de esta iniciativa, los resultados alcanzados, los proyectos financiados, su cuantía y modalidades de financiación, así como sus beneficiarios finales. Tal información se remitirá al Parlamento con periodicidad anual.»
3. El Gobierno establecerá reglamentariamente, en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor del presente real decreto-ley, las medidas necesarias para desarrollar lo previsto en este artículo.
Disposición adicional primera. Medidas de información en procesos concursales.
La Secretaría de Estado de Turismo, en colaboración con el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas, establecerá medidas generales de información a las empresas del sector turístico que afronten la recuperación de deudas en el marco de procesos de insolvencia de empresas del grupo Thomas Cook.
Disposición adicional segunda. Fortalecimiento de la Estrategia de Destinos Turísticos Inteligentes.
Con el fin de apoyar la transformación de los destinos turísticos afectados por la insolvencia del grupo empresarial Thomas Cook, el Gobierno destinará 1.485.000 euros a la Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas, S.A.M.P (SEGITTUR) para reforzar la estrategia de destinos turísticos inteligentes mejorando así la competitividad del destino turístico.
Disposición transitoria única. Proyectos financiados por el Fondo Financiero del Estado para la Modernización de Infraestructuras Turísticas (FOMIT).
A los proyectos que hubieran sido financiados con cargo al Fondo Financiero del Estado para la Modernización de Infraestructuras Turísticas (FOMIT) les será de aplicación lo previsto en el Real Decreto 937/2010, de 23 de julio, y en el resto de normas aplicables vigentes al momento de aprobarse el real decreto-ley.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo establecido en este real decreto-ley.
Disposición final primera. Título competencial.
Este real decreto-ley se dicta al amparo del artículo 149.1.13.ª y 17.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica y sobre la legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social.
Disposición final segunda. Habilitación para el desarrollo reglamentario.
Se habilita al Gobierno para aprobar las disposiciones necesarias para el desarrollo y aplicación de lo previsto en este real decreto-ley.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
Este real decreto-ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 11 de octubre de 2019.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN
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Decreto-ley por la quiebra de Thomas Cook: subvención de 15M€ a Canarias y 8M€ a Baleares, línea de 200M de financiación, más fondos para las entidades de modernización del turismo y ampliación de bonificaciones Seg Social para fijos discontinuos #BOE
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SE PUBLICA Acuerdo de convalidación
, por Resolución de 22 de octubre de 2019
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DE CONFORMIDAD con
el art. 39 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo
DE CONFORMIDAD con
el art. 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre
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BOE-B-2014-8278
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Resolución de 8 de junio de 2020, de la Secretaría General de Sanidad, por la que se publica el Convenio con la Fundación Bancaria la Caixa, el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, el Consejo General de la Psicología, el Consejo General de Enfermería y la Fundación Galatea, para dar a conocer un servicio telemático de apoyo psicológico para los profesionales de la salud en situación de sufrimiento emocional afectados por la situación de COVID-19.
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<analisis>
<notas>
<nota codigo='36' orden='315'>Vigencia en la forma indicada en la claúsula 3, por 6 meses prorrogables.</nota>
<nota codigo='151' orden='335'>Esta norma ha dejado de estar vigente</nota>
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<materia codigo='329' orden=''>Asistencia social</materia>
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<alerta codigo='103' orden=''>Asociaciones profesionales</alerta>
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<referencias>
<anteriores>
<anterior orden='3060' referencia='BOE-A-2020-3824'>
<palabra codigo='440'>DE CONFORMIDAD con</palabra>
<texto>el art. 39 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo</texto>
</anterior>
<anterior orden='3060' referencia='BOE-A-2015-10566'>
<palabra codigo='440'>DE CONFORMIDAD con</palabra>
<texto>el art. 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre</texto>
</anterior>
</anteriores>
<posteriores></posteriores>
</referencias>
</analisis>
<texto>
<p class='parrafo'>Suscrito el 8 de junio de 2020, Convenio entre el Ministerio de Sanidad, la Fundación Bancaria la Caixa, el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, el Consejo General de la Psicología, el Consejo General de Enfermería y la Fundación Galatea, para dar a conocer un servicio telemático de apoyo psicológico para los profesionales de la salud en situación de sufrimiento emocional afectados por la situación de COVID-19 y, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de dicho Convenio, que figura como anexo de esta Resolución.</p>
<p class='parrafo_2'>Madrid, 8 de junio de 2020.–El Secretario General de Sanidad, Faustino Blanco González.</p>
<p class='anexo_num'>ANEXO</p>
<p class='anexo_tit'>Convenio entre el Ministerio de Sanidad, la Fundación Bancaria la Caixa, el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, el Consejo General de la Psicología, el Consejo General de Enfermería y la Fundación Galatea, para dar a conocer un servicio telemático de apoyo psicológico para los profesionales de la salud en situación de sufrimiento emocional afectados por la situación de COVID-19</p>
<p class='centro_redonda'>INTERVIENEN</p>
<p class='parrafo_2'>De una parte, don Rodrigo Gutiérrez Fernández, actuando como Director General de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad en virtud del Real Decreto 806/2018, de 29 de junio (BOE de 30 de junio de 2018) y actuando en el ejercicio de la competencia que le otorga el apartado sexto.2.c) de la Orden SSI/131/2013, de 17 de enero, sobre delegación de competencias del Ministerio de Sanidad.</p>
<p class='parrafo'>De otra parte, don Marc Simón Martínez, actuando como Subdirector General de la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, «la Caixa» (en adelante Fundación Bancaria «la Caixa» u Obra Social «la Caixa»), con domicilio en Plaza Weyler, 3, 07001 Palma de Mallorca, y NIF G58899998 e inscrita en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Justicia (antes en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte) con el número 1658.</p>
<p class='parrafo'>De otra parte, don Miquel Vilardell Tarrés, actuando como presidente de la Fundación Galatea (en adelante FG), con CIF n.º G-62515713, domiciliada en Barcelona, en el Paseo de la Bonanova, 4, en nombre y representación legal de la misma y de acuerdo con las atribuciones que tiene conferidas en el artículo 24 de los Estatutos vigentes de la FG aprobados en Barcelona, el 2 de abril de 2013. </p>
<p class='parrafo'>De otra parte, don Serafín Romero Agüit, actuando como presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España, (en adelante CGCOM), con CIF número Q-2866017-C, domiciliado en Madrid, en la Plaza de las Cortes, n.º 11, en nombre y representación legal del mismo y de acuerdo con las atribuciones que tiene conferidas en el artículo 20 de los Estatutos Generales vigentes del CGCOM, aprobados por Real Decreto 300/2016, de 22 de julio (BOE núm. 190, de 8 de agosto de 2016).</p>
<p class='parrafo'>De otra parte, don Francisco Santolaya Ochando, actuando como presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos de España, (en adelante CGCOP), con CIF número Q2801522J, domiciliado en Madrid, en la calle Conde de Peñalver número 45, 3.ª planta, en nombre y representación legal del mismo y de acuerdo con las atribuciones que tiene conferidas en el artículo 13 de los Estatutos vigentes del Consejo General de COP, aprobados en la Asamblea General Extraordinaria de 18 de febrero de 2012.</p>
<p class='parrafo'>Y, de otra parte, don Florentino Pérez Raya, actuando como presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España, (en adelante CGE) con CIF número Q-2866021-E, domiciliado en Madrid, en la calle Fuente del Rey, n.º 2, en nombre y representación legal del mismo y de acuerdo con las atribuciones que tiene conferidas en el artículo 38 de los Estatutos vigentes del CGE aprobados mediante Real Decreto 1231/2001, de 8 de noviembre.</p>
<p class='parrafo_2'>Todas las partes se reconocen capacidad legal para suscribir el presente Acuerdo de Colaboración y, con tal fin,</p>
<p class='centro_redonda'>MANIFIESTAN</p>
<p class='articulo'>Primero.</p>
<p class='parrafo'>Ante la situación de emergencia de salud pública y pandemia internacional ocasionada por la COVID-19 y las consecuencias que la misma está provocando en los profesionales de la sanidad dada su exhaustiva dedicación a superar los efectos irrogados por el virus, el Ministerio de Sanidad y Fundación «la Caixa» acordaron impulsar un servicio de acompañamiento psicológico dirigido a dichos profesionales sanitarios con el objetivo de minimizar dicho impacto.</p>
<p class='articulo'>Segundo.</p>
<p class='parrafo'>Fundación «la Caixa» y Fundación Galatea se han puesto de acuerdo para la articulación y puesta en marcha de un servicio de asistencia psicológica para personal sanitario implicado en la lucha contra la COVID-19. Este servicio quiere contribuir a paliar la sobrecarga emocional de los profesionales que se encargan de atender a pacientes con la enfermedad del coronavirus.</p>
<p class='parrafo'>Con la participación del Ministerio de Sanidad, se ha impulsado una plataforma que ofrece atención psicológica telefónica, videoconferencia y seguimiento on-line, y que se implementa por la Fundación Galatea.</p>
<p class='parrafo'>Gracias a la colaboración entre ambas entidades que se materializará en un documento operativo, Fundación Galatea, aporta su conocimiento en el ámbito del apoyo psicológico a profesionales sanitarios, poniendo a su disposición de los mismos, expertos en este ámbito, mientras que la Fundación Bancaria «la Caixa» financiará el coste de la contratación de una línea telefónica y de videoconferencia específica de apoyo psicológico para los profesionales de la salud en situación de sufrimiento emocional por la crisis sanitaria de la COVID-19, el servicio de atención y derivación de llamadas a los canales de recepción indicados por la Fundación Galatea y el coste que supone la estructura para la atención psicológica de los profesionales sanitarios que lo precisen.</p>
<p class='parrafo'>El acceso será gratuito para los profesionales sanitarios de toda España que lo precisen, con un horario de atención de 9 a 22 horas, los siete días de la semana.</p>
<p class='articulo'>Tercero.</p>
<p class='parrafo'>Ante dicha puesta en marcha, el Ministerio de Sanidad, la Fundación Bancaria «la Caixa», el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España, el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos de España, el Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España y la Fundación Galatea, están interesadas en que en unos momentos tan excepcionales como los actuales este servicio llegue al máximo número de profesionales sanitarios que lo puedan necesitar, con el objetivo de aunar sus esfuerzos a fin de dar a conocer dicho servicio telemático de apoyo psicológico al máximo, a través de sus propios canales particulares y colectivos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 39 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, acuerdan formalizar el presente Convenio con base en las siguientes</p>
<p class='centro_redonda'>CLÁUSULAS</p>
<p class='articulo'>Primera. Objeto del Convenio.</p>
<p class='parrafo'>El presente Convenio tiene por objeto establecer los términos de la colaboración entre el Ministerio de Sanidad, la Fundación Bancaria «la Caixa», el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España, el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos de España, el Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España y la Fundación Galatea, para que el servicio de asistencia psicológica gratuita para personal sanitario implicado en la lucha contra la COVID-19 que se ha puesto en marcha, llegue al máximo número de profesionales que lo puedan necesitar.</p>
<p class='articulo'>Segunda. Compromisos de las partes.</p>
<p class='parrafo'>El Ministerio de Sanidad se compromete a:</p>
<p class='parrafo_2'>– Difundir la formalización del presente Convenio, así como, del servicio de atención psicológica gratuita que se ha puesto en marcha, por los medios que consideren más adecuados, incluyendo su publicación en sus respectivas páginas web o intranets propias, o cualquier otro medio de comunicación externo que tengan como destinatarios diversos grupos de interés, si bien previamente consensuarán el contenido, la forma y el medio de dicha comunicación, debiéndose otorgar consentimiento de todas las partes para ello.</p>
<p class='parrafo'>– Valorar conjuntamente con el resto de partes implicadas en el presente Convenio, el desarrollo del servicio en un futuro si la demanda fuera en aumento.</p>
<p class='parrafo_2'>La Fundación Bancaria «la Caixa», se compromete a:</p>
<p class='parrafo_2'>– Difundir la formalización del presente Convenio, así como del servicio de atención psicológica gratuita que se ha puesto en marcha, por los medios que consideren más adecuados, incluyendo su publicación en sus respectivas páginas web o intranets propias, o cualquier otro medio de comunicación externo que tengan como destinatarios diversos grupos de interés, si bien previamente consensuarán el contenido, la forma y el medio de dicha comunicación, debiéndose otorgar consentimiento de todas las partes para ello.</p>
<p class='parrafo'>– Valorar conjuntamente con el resto de partes implicadas en el Convenio, el desarrollo del servicio en un futuro si la demanda fuera en aumento.</p>
<p class='parrafo_2'>El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España, se compromete a:</p>
<p class='parrafo_2'>– Difundir la formalización del presente acuerdo, así como del servicio de atención psicológica gratuita que se ha puesto en marcha, por los medios que consideren más adecuados, incluyendo su publicación en sus respectivas páginas web o intranets propias, o cualquier otro medio de comunicación externo que tengan como destinatarios diversos grupos de interés, si bien previamente consensuarán el contenido, la forma y el medio de dicha comunicación, debiéndose otorgar consentimiento mutuo para ello.</p>
<p class='parrafo'>– Incorporar la Red de clínicos PAIME (Programa de Atención Integral al Médico Enfermo), al Servicio Telemático de Apoyo Psicológico objeto de este Acuerdo. Valorar conjuntamente con el resto de partes implicadas en el Convenio, el desarrollo del servicio en un futuro si la demanda fuera en aumento. A tal fin, el CGCOM articulará, a través de la Fundación para la Protección Social de la OMC, la provisión de dichos recursos.</p>
<p class='parrafo_2'>El Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos de España, se compromete a:</p>
<p class='parrafo_2'>– Difundir la formalización del presente acuerdo, así como del servicio de atención psicológica gratuita que se ha puesto en marcha, por los medios que consideren más adecuados, incluyendo su publicación en sus respectivas páginas web o intranets propias, o cualquier otro medio de comunicación externo que tengan como destinatarios diversos grupos de interés, si bien previamente consensuarán el contenido, la forma y el medio de dicha comunicación, debiéndose otorgar consentimiento de todas las partes para ello.</p>
<p class='parrafo'>– Valorar conjuntamente con el resto de partes implicadas en el Convenio, el desarrollo del servicio en un futuro si la demanda fuera en aumento.</p>
<p class='parrafo_2'>El Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España, se compromete a:</p>
<p class='parrafo_2'>– Difundir la formalización del presente acuerdo, así como del servicio de atención psicológica gratuita que se ha puesto en marcha, por los medios que consideren más adecuados, incluyendo su publicación en sus respectivas páginas web o intranets propias, o cualquier otro medio de comunicación externo que tengan como destinatarios diversos grupos de interés, si bien previamente consensuarán el contenido, la forma y el medio de dicha comunicación, debiéndose otorgar consentimiento de todas las partes para ello.</p>
<p class='parrafo'>– Valorar conjuntamente con el resto de partes implicadas en el Convenio, el desarrollo del servicio en un futuro si la demanda fuera en aumento.</p>
<p class='parrafo_2'>La Fundación Galatea, se compromete a:</p>
<p class='parrafo_2'>– Difundir la formalización del presente acuerdo, así como del servicio de atención psicológica gratuita que se ha puesto en marcha, por los medios que consideren más adecuados, incluyendo su publicación en sus respectivas páginas web o intranets propias, o cualquier otro medio de comunicación externo que tengan como destinatarios diversos grupos de interés, si bien previamente consensuarán el contenido, la forma y el medio de dicha comunicación, debiéndose otorgar consentimiento de todas las partes para ello.</p>
<p class='parrafo'>– Valorar conjuntamente con el resto de partes implicadas en el Convenio, el desarrollo del servicio en un futuro si la demanda fuera en aumento.</p>
<p class='articulo'>Tercera. Vigencia.</p>
<p class='parrafo'>El presente Convenio entrará en vigor a partir de la fecha de la firma, sin perjuicio de su posterior inscripción en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal y su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y tendrá vigencia durante la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. En este sentido, se establece un plazo de 6 meses a contar desde la fecha de su firma, y que podrá ser prorrogado bajo acuerdo de las partes firmantes del presente Convenio.</p>
<p class='articulo'>Cuarta. Dirección, Coordinación y Seguimiento.</p>
<p class='parrafo'>El desarrollo del presente Convenio se llevará a cabo bajo la dirección, coordinación y seguimiento de un Comité de Coordinación y Seguimiento que estará conformado por al menos, una persona designada por cada entidad firmante.</p>
<p class='parrafo'>Integrantes de la Comisión de Coordinación y Seguimiento del Convenio:</p>
<p class='parrafo_2'>Por el Ministerio de Sanidad: Director General de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad, o persona en quien delegue.</p>
<p class='parrafo'>Por la Caixa: Subdirector General de la Fundación la Caixa, o persona en quien delegue.</p>
<p class='parrafo'>Por Fundación Galatea: Presidente de la Fundación Galatea, o persona en quien delegue.</p>
<p class='parrafo'>Por el CGCOM: Directora Técnica Fundación para la Protección Social de la OMC, o persona en quien delegue.</p>
<p class='parrafo'>Por el COP: Presidente del CGCOP, o persona en quien delegue.</p>
<p class='parrafo'>Por el CGE: Presidente del CGE, o persona en quien delegue.</p>
<p class='parrafo_2'>La Comisión se reunirá a instancias de cualquiera de las partes firmantes, y le competerá la resolución de los problemas de interpretación y cumplimiento que puedan plantearse respecto a este Convenio, así como, la aprobación de las acciones conjuntas a que se refiere la cláusula primera.</p>
<p class='parrafo'>Las entidades firmantes, a través del Comité de Coordinación y Seguimiento, valorarán y acordarán otras posibles acciones de colaboración en el proyecto, de acuerdo con la evolución de la realidad.</p>
<p class='articulo'>Quinta. Protección de Datos.</p>
<p class='parrafo'>Este Convenio no supone cesión de datos de carácter personal entre las partes que lo suscriben. En este sentido, queda expresamente convenido que todos los datos o información que las entidades firmantes se comuniquen en relación con la colaboración objeto de este Convenio serán datos disociados, es decir, aquellos que no permiten la identificación de persona física alguna y, por tanto, estarán excluidos de la aplicación de la normativa de protección de datos. En particular, las entidades firmantes se mantendrán informadas de la colaboración mediante datos de carácter cuantitativo, numérico y/o porcentual.</p>
<p class='parrafo'>En todo caso, si hubiera tratamiento de datos de carácter personal derivado del acuerdo o sus desarrollos, las partes se comprometen al cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y por el que se deroga la Directiva 95/45/CE (Reglamento General de protección de Datos o RGPD), de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, así como de cuantas otras normas legales o reglamentarias que desarrollen a las anteriores en este ámbito de protección de datos y de las Instrucciones de la Agencia Española de protección de Datos y autoridades de control competentes.</p>
<p class='parrafo'>Cada una de las partes será responsable de los datos de carácter personal que trate con motivo de la gestión de este Acuerdo y de la prestación de servicios que pudieran derivarse de él. En este sentido, las partes declaran que cumplirán, bajo su única y total responsabilidad, con todas las obligaciones que le sean exigibles en aplicación de la normativa citada.</p>
<p class='parrafo'>Las partes firmantes del Convenio quedan exoneradas de cualquier responsabilidad que se pudiera generar por incumplimiento de las obligaciones anteriores efectuada por cualquiera otra parte. En caso de quebrantamiento de las obligaciones asumidas, la entidad que los hubiera cometido responderá de las infracciones en que hubiera incurrido, manteniendo indemne a cada una de las otras entidades de cualesquiera indemnizaciones y/o sanciones reclamadas por cualquier tercero, incluidas las autoridades y organismos competentes.</p>
<p class='parrafo'>Para cualquier comunicación en relación a la protección de datos de carácter personal se indican las siguientes direcciones de correo electrónico. Las partes acusarán recibo de los correos recibidos.</p>
<p class='parrafo_2'>Por el Ministerio de Sanidad: sdgcai@mscbs.es.</p>
<p class='parrafo'>Por la Fundación Bancaria «la Caixa»: dpd@fundacionlacaixa.org.</p>
<p class='parrafo'>Por la Fundación Galatea: fgalatea@fgalatea.org.</p>
<p class='parrafo'>Por el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos: dpo@cgcom.es.</p>
<p class='parrafo'>Por el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos: secop@cop.es.</p>
<p class='parrafo'>Por el Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería: blanca.pedrera@consejogeneralenfermeria.org.</p>
<p class='parrafo_2'>Los datos personales incluidos en este Convenio (datos de los intervinientes) serán tratados por cada una de las partes con la finalidad de gestionar la relación de colaboración, siendo la base del tratamiento el cumplimiento de dicha relación y se conservarán durante todo el tiempo en que ésta subsista y aún después, hasta que prescriban las eventuales responsabilidades derivadas de ella. Finalizados dichos plazos de prescripción, los datos serán eliminados o, alternativamente, anonimizados. Los intervinientes se dan por informados de lo siguiente:</p>
<p class='parrafo_2'>a) Los respectivos Responsables del tratamiento de datos de carácter personal, son las partes firmantes y los datos de contacto del delegado de protección de datos (DPD) o del responsable de privacidad de cada una de ellas los indicados en esta cláusula.</p>
<p class='parrafo'>b) Los datos personales de los intervinientes no serán cedidos a terceras entidades, ni serán objeto de decisiones automatizadas.</p>
<p class='parrafo'>c) En el caso de que las partes precisaran contratar los servicios de proveedores ubicados en países que no disponen de normativa equivalente a la europea para el tratamiento de sus datos, dicha contratación se realizaría previo cumplimiento de todos los requisitos establecidos por la normativa de protección de datos, y aplicando las garantías y salvaguardas necesarias para preservar su privacidad. Para más información pueden contactar con los delegados de protección de datos o, en su caso el responsable de privacidad, a través de las direcciones indicadas.</p>
<p class='parrafo'>d) Tienen derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos, solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios, solicitar la oposición o limitación del tratamiento de los mismos o solicitar su portabilidad, enviando un mensaje al delegado de protección de datos, o en su caso, al responsable de privacidad, según corresponda, en las direcciones indicadas.</p>
<p class='parrafo'>e) Si consideran que el tratamiento de sus datos personales vulnera la normativa, pueden presentar una reclamación al delegado de protección de datos o al responsable de privacidad, según corresponda, o ante la Agencia Española de Protección de Datos.</p>
<p class='articulo'>Sexta. Imagen Institucional.</p>
<p class='parrafo'>En los elementos o soportes de difusión de las actuaciones incluidas en este Convenio y promovidas conjuntamente por las partes aparecerá la imagen gráfica de las mismas.</p>
<p class='parrafo'>Las partes se obligan, respectivamente, a no hacer uso de la denominación social, el nombre comercial, logos y marcas de la contraparte para fines distintos del objeto del presente Convenio. Las obligaciones de esta cláusula subsistirán a la finalización o resolución del Convenio.</p>
<p class='parrafo'>Sin perjuicio de lo anterior, cada una de las partes conservará todos los derechos sobre sus respectivos nombres, logos, marcas y cualesquiera otros bienes protegidos por las normas vigentes en materia de propiedad intelectual o industrial. Nada en el presente documento será interpretado como renuncia o cesión a los derechos que corresponden a cada una de las partes derivados de la propiedad intelectual o industrial sobre los bienes o derechos que tales normas regulan.</p>
<p class='articulo'>Séptima. Naturaleza jurídica y jurisdicción.</p>
<p class='parrafo'>El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, y se rige por lo dispuesto en el capítulo VI del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, con las especialidades previstas en el artículo 39 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.</p>
<p class='parrafo'>Las dudas y controversias que puedan surgir con motivo de la interpretación y aplicación del presente Convenio, y que no puedan ser resueltas en el seno de la Comisión Mixta, se resolverán de conformidad con las normas aplicables en Derecho, y serán de la competencia de la jurisdicción contencioso administrativa.</p>
<p class='articulo'>Octava. Extinción.</p>
<p class='parrafo'>Serán causas de extinción de este Convenio, el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución, siendo éstas las señaladas en el artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.</p>
<p class='parrafo'>Son causas de resolución:</p>
<p class='parrafo_2'>a) El transcurso del plazo de vigencia del Convenio sin haberse acordado la prórroga del mismo.</p>
<p class='parrafo'>b) El acuerdo unánime de todos los firmantes.</p>
<p class='parrafo'>c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantes.</p>
<p class='parrafo'>En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado a la Comisión de Coordinación y Seguimiento prevista en la Cláusula Cuarta y a las demás partes firmantes.</p>
<p class='parrafo'>Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el Convenio. La resolución del Convenio por esta causa podrá conllevar la indemnización de los perjuicios causados si así se hubiera previsto.</p>
<p class='parrafo'>d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del Convenio.</p>
<p class='parrafo'>e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el Convenio o en otras leyes.</p>
<p class='parrafo_2'>Los efectos de la resolución del presente Convenio se regirán por lo previsto en el artículo 52 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en lo que resulte aplicable. En particular, si existen actuaciones en curso de ejecución, las partes, a propuesta de la Comisión de Coordinación y Seguimiento prevista en la Cláusula Cuarta, podrán acordar la continuación y finalización de las actuaciones en curso que consideren oportunas, estableciendo un plazo improrrogable para su finalización, transcurrido el cual deberá realizarse la liquidación de las mismas en los términos establecidos en el apartado anterior.</p>
<p class='articulo'>Novena. Consecuencias aplicables en caso de incumplimiento.</p>
<p class='parrafo'>La parte incumplidora no tendrá que indemnizar económicamente a la otra parte por incumplimiento de las obligaciones del Convenio o por su extinción, sin perjuicio de su responsabilidad frente a terceros. No obstante, el incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantes podrá dar lugar a la resolución del presente Convenio, de acuerdo a lo establecido en la cláusula octava.</p>
<p class='articulo'>Décima. Financiación.</p>
<p class='parrafo'>Como consecuencia del cumplimiento y desarrollo de los compromisos adquiridos en el presente Convenio, no se asumen obligaciones ni compromisos económicos de naturaleza ordinaria ni extraordinaria por ninguna de las partes firmantes.</p>
<p class='articulo'>Undécima. Régimen de modificación.</p>
<p class='parrafo'>Para la modificación del presente Convenio se requerirá acuerdo unánime de las partes.</p>
<p class='parrafo_2'>Y en prueba de conformidad firman el presente documento, en Madrid, a 8 de junio de 2020.–El Director General de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad, Rodrigo Gutiérrez Fernández.–El Subdirector General de la Fundación Bancaria «la Caixa», Marc Simón Martínez.–El Presidente de la Fundación Galatea, Miquel Vilardell Tarrés.–El Presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, Serafín Romero Agüit.–El Presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos, Francisco Santolaya Ochando.–El Presidente del Consejo Oficial de Colegios de Enfermería, Florentino Pérez Raya.</p>
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</documento>
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Sat Jun 27 10:08:57 +0000 2020
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Suscrito el 8 de junio de 2020, Convenio entre el Ministerio de Sanidad, la Fundación Bancaria la Caixa, el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, el Consejo General de la Psicología, el Consejo General de Enfermería y la Fundación Galatea, para dar a conocer un servicio telemático de apoyo psicológico para los profesionales de la salud en situación de sufrimiento emocional afectados por la situación de COVID-19 y, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de dicho Convenio, que figura como anexo de esta Resolución.
Madrid, 8 de junio de 2020.–El Secretario General de Sanidad, Faustino Blanco González.
ANEXO
Convenio entre el Ministerio de Sanidad, la Fundación Bancaria la Caixa, el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, el Consejo General de la Psicología, el Consejo General de Enfermería y la Fundación Galatea, para dar a conocer un servicio telemático de apoyo psicológico para los profesionales de la salud en situación de sufrimiento emocional afectados por la situación de COVID-19
INTERVIENEN
De una parte, don Rodrigo Gutiérrez Fernández, actuando como Director General de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad en virtud del Real Decreto 806/2018, de 29 de junio (BOE de 30 de junio de 2018) y actuando en el ejercicio de la competencia que le otorga el apartado sexto.2.c) de la Orden SSI/131/2013, de 17 de enero, sobre delegación de competencias del Ministerio de Sanidad.
De otra parte, don Marc Simón Martínez, actuando como Subdirector General de la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, «la Caixa» (en adelante Fundación Bancaria «la Caixa» u Obra Social «la Caixa»), con domicilio en Plaza Weyler, 3, 07001 Palma de Mallorca, y NIF G58899998 e inscrita en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Justicia (antes en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte) con el número 1658.
De otra parte, don Miquel Vilardell Tarrés, actuando como presidente de la Fundación Galatea (en adelante FG), con CIF n.º G-62515713, domiciliada en Barcelona, en el Paseo de la Bonanova, 4, en nombre y representación legal de la misma y de acuerdo con las atribuciones que tiene conferidas en el artículo 24 de los Estatutos vigentes de la FG aprobados en Barcelona, el 2 de abril de 2013.
De otra parte, don Serafín Romero Agüit, actuando como presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España, (en adelante CGCOM), con CIF número Q-2866017-C, domiciliado en Madrid, en la Plaza de las Cortes, n.º 11, en nombre y representación legal del mismo y de acuerdo con las atribuciones que tiene conferidas en el artículo 20 de los Estatutos Generales vigentes del CGCOM, aprobados por Real Decreto 300/2016, de 22 de julio (BOE núm. 190, de 8 de agosto de 2016).
De otra parte, don Francisco Santolaya Ochando, actuando como presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos de España, (en adelante CGCOP), con CIF número Q2801522J, domiciliado en Madrid, en la calle Conde de Peñalver número 45, 3.ª planta, en nombre y representación legal del mismo y de acuerdo con las atribuciones que tiene conferidas en el artículo 13 de los Estatutos vigentes del Consejo General de COP, aprobados en la Asamblea General Extraordinaria de 18 de febrero de 2012.
Y, de otra parte, don Florentino Pérez Raya, actuando como presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España, (en adelante CGE) con CIF número Q-2866021-E, domiciliado en Madrid, en la calle Fuente del Rey, n.º 2, en nombre y representación legal del mismo y de acuerdo con las atribuciones que tiene conferidas en el artículo 38 de los Estatutos vigentes del CGE aprobados mediante Real Decreto 1231/2001, de 8 de noviembre.
Todas las partes se reconocen capacidad legal para suscribir el presente Acuerdo de Colaboración y, con tal fin,
MANIFIESTAN
Primero.
Ante la situación de emergencia de salud pública y pandemia internacional ocasionada por la COVID-19 y las consecuencias que la misma está provocando en los profesionales de la sanidad dada su exhaustiva dedicación a superar los efectos irrogados por el virus, el Ministerio de Sanidad y Fundación «la Caixa» acordaron impulsar un servicio de acompañamiento psicológico dirigido a dichos profesionales sanitarios con el objetivo de minimizar dicho impacto.
Segundo.
Fundación «la Caixa» y Fundación Galatea se han puesto de acuerdo para la articulación y puesta en marcha de un servicio de asistencia psicológica para personal sanitario implicado en la lucha contra la COVID-19. Este servicio quiere contribuir a paliar la sobrecarga emocional de los profesionales que se encargan de atender a pacientes con la enfermedad del coronavirus.
Con la participación del Ministerio de Sanidad, se ha impulsado una plataforma que ofrece atención psicológica telefónica, videoconferencia y seguimiento on-line, y que se implementa por la Fundación Galatea.
Gracias a la colaboración entre ambas entidades que se materializará en un documento operativo, Fundación Galatea, aporta su conocimiento en el ámbito del apoyo psicológico a profesionales sanitarios, poniendo a su disposición de los mismos, expertos en este ámbito, mientras que la Fundación Bancaria «la Caixa» financiará el coste de la contratación de una línea telefónica y de videoconferencia específica de apoyo psicológico para los profesionales de la salud en situación de sufrimiento emocional por la crisis sanitaria de la COVID-19, el servicio de atención y derivación de llamadas a los canales de recepción indicados por la Fundación Galatea y el coste que supone la estructura para la atención psicológica de los profesionales sanitarios que lo precisen.
El acceso será gratuito para los profesionales sanitarios de toda España que lo precisen, con un horario de atención de 9 a 22 horas, los siete días de la semana.
Tercero.
Ante dicha puesta en marcha, el Ministerio de Sanidad, la Fundación Bancaria «la Caixa», el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España, el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos de España, el Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España y la Fundación Galatea, están interesadas en que en unos momentos tan excepcionales como los actuales este servicio llegue al máximo número de profesionales sanitarios que lo puedan necesitar, con el objetivo de aunar sus esfuerzos a fin de dar a conocer dicho servicio telemático de apoyo psicológico al máximo, a través de sus propios canales particulares y colectivos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 39 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, acuerdan formalizar el presente Convenio con base en las siguientes
CLÁUSULAS
Primera. Objeto del Convenio.
El presente Convenio tiene por objeto establecer los términos de la colaboración entre el Ministerio de Sanidad, la Fundación Bancaria «la Caixa», el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España, el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos de España, el Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España y la Fundación Galatea, para que el servicio de asistencia psicológica gratuita para personal sanitario implicado en la lucha contra la COVID-19 que se ha puesto en marcha, llegue al máximo número de profesionales que lo puedan necesitar.
Segunda. Compromisos de las partes.
El Ministerio de Sanidad se compromete a:
– Difundir la formalización del presente Convenio, así como, del servicio de atención psicológica gratuita que se ha puesto en marcha, por los medios que consideren más adecuados, incluyendo su publicación en sus respectivas páginas web o intranets propias, o cualquier otro medio de comunicación externo que tengan como destinatarios diversos grupos de interés, si bien previamente consensuarán el contenido, la forma y el medio de dicha comunicación, debiéndose otorgar consentimiento de todas las partes para ello.
– Valorar conjuntamente con el resto de partes implicadas en el presente Convenio, el desarrollo del servicio en un futuro si la demanda fuera en aumento.
La Fundación Bancaria «la Caixa», se compromete a:
– Difundir la formalización del presente Convenio, así como del servicio de atención psicológica gratuita que se ha puesto en marcha, por los medios que consideren más adecuados, incluyendo su publicación en sus respectivas páginas web o intranets propias, o cualquier otro medio de comunicación externo que tengan como destinatarios diversos grupos de interés, si bien previamente consensuarán el contenido, la forma y el medio de dicha comunicación, debiéndose otorgar consentimiento de todas las partes para ello.
– Valorar conjuntamente con el resto de partes implicadas en el Convenio, el desarrollo del servicio en un futuro si la demanda fuera en aumento.
El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España, se compromete a:
– Difundir la formalización del presente acuerdo, así como del servicio de atención psicológica gratuita que se ha puesto en marcha, por los medios que consideren más adecuados, incluyendo su publicación en sus respectivas páginas web o intranets propias, o cualquier otro medio de comunicación externo que tengan como destinatarios diversos grupos de interés, si bien previamente consensuarán el contenido, la forma y el medio de dicha comunicación, debiéndose otorgar consentimiento mutuo para ello.
– Incorporar la Red de clínicos PAIME (Programa de Atención Integral al Médico Enfermo), al Servicio Telemático de Apoyo Psicológico objeto de este Acuerdo. Valorar conjuntamente con el resto de partes implicadas en el Convenio, el desarrollo del servicio en un futuro si la demanda fuera en aumento. A tal fin, el CGCOM articulará, a través de la Fundación para la Protección Social de la OMC, la provisión de dichos recursos.
El Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos de España, se compromete a:
– Difundir la formalización del presente acuerdo, así como del servicio de atención psicológica gratuita que se ha puesto en marcha, por los medios que consideren más adecuados, incluyendo su publicación en sus respectivas páginas web o intranets propias, o cualquier otro medio de comunicación externo que tengan como destinatarios diversos grupos de interés, si bien previamente consensuarán el contenido, la forma y el medio de dicha comunicación, debiéndose otorgar consentimiento de todas las partes para ello.
– Valorar conjuntamente con el resto de partes implicadas en el Convenio, el desarrollo del servicio en un futuro si la demanda fuera en aumento.
El Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España, se compromete a:
– Difundir la formalización del presente acuerdo, así como del servicio de atención psicológica gratuita que se ha puesto en marcha, por los medios que consideren más adecuados, incluyendo su publicación en sus respectivas páginas web o intranets propias, o cualquier otro medio de comunicación externo que tengan como destinatarios diversos grupos de interés, si bien previamente consensuarán el contenido, la forma y el medio de dicha comunicación, debiéndose otorgar consentimiento de todas las partes para ello.
– Valorar conjuntamente con el resto de partes implicadas en el Convenio, el desarrollo del servicio en un futuro si la demanda fuera en aumento.
La Fundación Galatea, se compromete a:
– Difundir la formalización del presente acuerdo, así como del servicio de atención psicológica gratuita que se ha puesto en marcha, por los medios que consideren más adecuados, incluyendo su publicación en sus respectivas páginas web o intranets propias, o cualquier otro medio de comunicación externo que tengan como destinatarios diversos grupos de interés, si bien previamente consensuarán el contenido, la forma y el medio de dicha comunicación, debiéndose otorgar consentimiento de todas las partes para ello.
– Valorar conjuntamente con el resto de partes implicadas en el Convenio, el desarrollo del servicio en un futuro si la demanda fuera en aumento.
Tercera. Vigencia.
El presente Convenio entrará en vigor a partir de la fecha de la firma, sin perjuicio de su posterior inscripción en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal y su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y tendrá vigencia durante la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. En este sentido, se establece un plazo de 6 meses a contar desde la fecha de su firma, y que podrá ser prorrogado bajo acuerdo de las partes firmantes del presente Convenio.
Cuarta. Dirección, Coordinación y Seguimiento.
El desarrollo del presente Convenio se llevará a cabo bajo la dirección, coordinación y seguimiento de un Comité de Coordinación y Seguimiento que estará conformado por al menos, una persona designada por cada entidad firmante.
Integrantes de la Comisión de Coordinación y Seguimiento del Convenio:
Por el Ministerio de Sanidad: Director General de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad, o persona en quien delegue.
Por la Caixa: Subdirector General de la Fundación la Caixa, o persona en quien delegue.
Por Fundación Galatea: Presidente de la Fundación Galatea, o persona en quien delegue.
Por el CGCOM: Directora Técnica Fundación para la Protección Social de la OMC, o persona en quien delegue.
Por el COP: Presidente del CGCOP, o persona en quien delegue.
Por el CGE: Presidente del CGE, o persona en quien delegue.
La Comisión se reunirá a instancias de cualquiera de las partes firmantes, y le competerá la resolución de los problemas de interpretación y cumplimiento que puedan plantearse respecto a este Convenio, así como, la aprobación de las acciones conjuntas a que se refiere la cláusula primera.
Las entidades firmantes, a través del Comité de Coordinación y Seguimiento, valorarán y acordarán otras posibles acciones de colaboración en el proyecto, de acuerdo con la evolución de la realidad.
Quinta. Protección de Datos.
Este Convenio no supone cesión de datos de carácter personal entre las partes que lo suscriben. En este sentido, queda expresamente convenido que todos los datos o información que las entidades firmantes se comuniquen en relación con la colaboración objeto de este Convenio serán datos disociados, es decir, aquellos que no permiten la identificación de persona física alguna y, por tanto, estarán excluidos de la aplicación de la normativa de protección de datos. En particular, las entidades firmantes se mantendrán informadas de la colaboración mediante datos de carácter cuantitativo, numérico y/o porcentual.
En todo caso, si hubiera tratamiento de datos de carácter personal derivado del acuerdo o sus desarrollos, las partes se comprometen al cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y por el que se deroga la Directiva 95/45/CE (Reglamento General de protección de Datos o RGPD), de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, así como de cuantas otras normas legales o reglamentarias que desarrollen a las anteriores en este ámbito de protección de datos y de las Instrucciones de la Agencia Española de protección de Datos y autoridades de control competentes.
Cada una de las partes será responsable de los datos de carácter personal que trate con motivo de la gestión de este Acuerdo y de la prestación de servicios que pudieran derivarse de él. En este sentido, las partes declaran que cumplirán, bajo su única y total responsabilidad, con todas las obligaciones que le sean exigibles en aplicación de la normativa citada.
Las partes firmantes del Convenio quedan exoneradas de cualquier responsabilidad que se pudiera generar por incumplimiento de las obligaciones anteriores efectuada por cualquiera otra parte. En caso de quebrantamiento de las obligaciones asumidas, la entidad que los hubiera cometido responderá de las infracciones en que hubiera incurrido, manteniendo indemne a cada una de las otras entidades de cualesquiera indemnizaciones y/o sanciones reclamadas por cualquier tercero, incluidas las autoridades y organismos competentes.
Para cualquier comunicación en relación a la protección de datos de carácter personal se indican las siguientes direcciones de correo electrónico. Las partes acusarán recibo de los correos recibidos.
Por el Ministerio de Sanidad: sdgcai@mscbs.es.
Por la Fundación Bancaria «la Caixa»: dpd@fundacionlacaixa.org.
Por la Fundación Galatea: fgalatea@fgalatea.org.
Por el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos: dpo@cgcom.es.
Por el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos: secop@cop.es.
Por el Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería: blanca.pedrera@consejogeneralenfermeria.org.
Los datos personales incluidos en este Convenio (datos de los intervinientes) serán tratados por cada una de las partes con la finalidad de gestionar la relación de colaboración, siendo la base del tratamiento el cumplimiento de dicha relación y se conservarán durante todo el tiempo en que ésta subsista y aún después, hasta que prescriban las eventuales responsabilidades derivadas de ella. Finalizados dichos plazos de prescripción, los datos serán eliminados o, alternativamente, anonimizados. Los intervinientes se dan por informados de lo siguiente:
a) Los respectivos Responsables del tratamiento de datos de carácter personal, son las partes firmantes y los datos de contacto del delegado de protección de datos (DPD) o del responsable de privacidad de cada una de ellas los indicados en esta cláusula.
b) Los datos personales de los intervinientes no serán cedidos a terceras entidades, ni serán objeto de decisiones automatizadas.
c) En el caso de que las partes precisaran contratar los servicios de proveedores ubicados en países que no disponen de normativa equivalente a la europea para el tratamiento de sus datos, dicha contratación se realizaría previo cumplimiento de todos los requisitos establecidos por la normativa de protección de datos, y aplicando las garantías y salvaguardas necesarias para preservar su privacidad. Para más información pueden contactar con los delegados de protección de datos o, en su caso el responsable de privacidad, a través de las direcciones indicadas.
d) Tienen derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos, solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios, solicitar la oposición o limitación del tratamiento de los mismos o solicitar su portabilidad, enviando un mensaje al delegado de protección de datos, o en su caso, al responsable de privacidad, según corresponda, en las direcciones indicadas.
e) Si consideran que el tratamiento de sus datos personales vulnera la normativa, pueden presentar una reclamación al delegado de protección de datos o al responsable de privacidad, según corresponda, o ante la Agencia Española de Protección de Datos.
Sexta. Imagen Institucional.
En los elementos o soportes de difusión de las actuaciones incluidas en este Convenio y promovidas conjuntamente por las partes aparecerá la imagen gráfica de las mismas.
Las partes se obligan, respectivamente, a no hacer uso de la denominación social, el nombre comercial, logos y marcas de la contraparte para fines distintos del objeto del presente Convenio. Las obligaciones de esta cláusula subsistirán a la finalización o resolución del Convenio.
Sin perjuicio de lo anterior, cada una de las partes conservará todos los derechos sobre sus respectivos nombres, logos, marcas y cualesquiera otros bienes protegidos por las normas vigentes en materia de propiedad intelectual o industrial. Nada en el presente documento será interpretado como renuncia o cesión a los derechos que corresponden a cada una de las partes derivados de la propiedad intelectual o industrial sobre los bienes o derechos que tales normas regulan.
Séptima. Naturaleza jurídica y jurisdicción.
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, y se rige por lo dispuesto en el capítulo VI del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, con las especialidades previstas en el artículo 39 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.
Las dudas y controversias que puedan surgir con motivo de la interpretación y aplicación del presente Convenio, y que no puedan ser resueltas en el seno de la Comisión Mixta, se resolverán de conformidad con las normas aplicables en Derecho, y serán de la competencia de la jurisdicción contencioso administrativa.
Octava. Extinción.
Serán causas de extinción de este Convenio, el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución, siendo éstas las señaladas en el artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Son causas de resolución:
a) El transcurso del plazo de vigencia del Convenio sin haberse acordado la prórroga del mismo.
b) El acuerdo unánime de todos los firmantes.
c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantes.
En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado a la Comisión de Coordinación y Seguimiento prevista en la Cláusula Cuarta y a las demás partes firmantes.
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el Convenio. La resolución del Convenio por esta causa podrá conllevar la indemnización de los perjuicios causados si así se hubiera previsto.
d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del Convenio.
e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el Convenio o en otras leyes.
Los efectos de la resolución del presente Convenio se regirán por lo previsto en el artículo 52 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en lo que resulte aplicable. En particular, si existen actuaciones en curso de ejecución, las partes, a propuesta de la Comisión de Coordinación y Seguimiento prevista en la Cláusula Cuarta, podrán acordar la continuación y finalización de las actuaciones en curso que consideren oportunas, estableciendo un plazo improrrogable para su finalización, transcurrido el cual deberá realizarse la liquidación de las mismas en los términos establecidos en el apartado anterior.
Novena. Consecuencias aplicables en caso de incumplimiento.
La parte incumplidora no tendrá que indemnizar económicamente a la otra parte por incumplimiento de las obligaciones del Convenio o por su extinción, sin perjuicio de su responsabilidad frente a terceros. No obstante, el incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantes podrá dar lugar a la resolución del presente Convenio, de acuerdo a lo establecido en la cláusula octava.
Décima. Financiación.
Como consecuencia del cumplimiento y desarrollo de los compromisos adquiridos en el presente Convenio, no se asumen obligaciones ni compromisos económicos de naturaleza ordinaria ni extraordinaria por ninguna de las partes firmantes.
Undécima. Régimen de modificación.
Para la modificación del presente Convenio se requerirá acuerdo unánime de las partes.
Y en prueba de conformidad firman el presente documento, en Madrid, a 8 de junio de 2020.–El Director General de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad, Rodrigo Gutiérrez Fernández.–El Subdirector General de la Fundación Bancaria «la Caixa», Marc Simón Martínez.–El Presidente de la Fundación Galatea, Miquel Vilardell Tarrés.–El Presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, Serafín Romero Agüit.–El Presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos, Francisco Santolaya Ochando.–El Presidente del Consejo Oficial de Colegios de Enfermería, Florentino Pérez Raya.
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Sanidad, el Colegio de Médicos, el Consejo de Psicología, el de Enfermería, la Fundación Galatea y la Fundación La Caixa para difundir el servicio de apoyo psicológico telemático a profesionales sanitarios afectados por la crisis. #BOE
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CONTRATOS_LICITACIONES
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Ministerio de Sanidad
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Sanidad, el Colegio de Médicos, el Consejo de Psicología, el de Enfermería, la Fundación Galatea y la Fundación La Caixa se unen para difundir el servicio de apoyo psicológico telemático a profesionales sanitarios afectados por la crisis.
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2013-04-04
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CORRECCIÓN de errores
en el Real Decreto-ley 6/2013, de 22 de marzo
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BOE-B-2016-1398
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Corrección de errores del Real Decreto-ley 6/2013, de 22 de marzo, de protección a los titulares de determinados productos de ahorro e inversión y otras medidas de carácter financiero.
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<eli:title rdf:datatype='http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string'>Hutsen zuzenketa, honako errege lege-dekretu honena: 6/2013 Errege Lege Dekretua, martxoaren 22koa, aurrezteko eta inbertitzeko produktu jakin batzuen titularrak babestekoa eta beste zenbait finantza-neurriren gainekoa.</eli:title>
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<eli:title rdf:datatype='http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string'>Corrección de erros do Real decreto lei 6/2013, do 22 de marzo, de protección aos titulares de determinados produtos de aforro e investimento e outras medidas de carácter financeiro.</eli:title>
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<materia codigo='397' orden=''>Autorizaciones</materia>
<materia codigo='449' orden=''>Banco de España</materia>
<materia codigo='1232' orden=''>Comisiones de Control y Seguimiento</materia>
<materia codigo='1624' orden=''>Consumidores y usuarios</materia>
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<materia codigo='5278' orden=''>Organización de la Administración del Estado</materia>
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<materia codigo='9392' orden=''>Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa</materia>
<materia codigo='7896' orden=''>Sistema financiero</materia>
</materias>
<alertas>
<alerta codigo='106' orden=''>Consumidores y usuarios</alerta>
<alerta codigo='121' orden=''>Organización de la Administración</alerta>
<alerta codigo='127' orden=''>Sistema financiero</alerta>
</alertas>
<referencias>
<anteriores>
<anterior orden='2120' referencia='BOE-A-2013-3199'>
<palabra codigo='201'>CORRECCIÓN de errores</palabra>
<texto>en el Real Decreto-ley 6/2013, de 22 de marzo</texto>
</anterior>
</anteriores>
<posteriores></posteriores>
</referencias>
</analisis>
<texto>
<p class='parrafo'>Advertidos errores en el Real Decreto-ley 6/2013, de 22 de marzo, de protección a los titulares de determinados productos de ahorro e inversión y otras medidas de carácter financiero, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 71, de 23 de marzo de 2013, se procede a efectuar las oportunas rectificaciones:</p>
<p class='parrafo_2'>En la página 22901, primer párrafo del apartado I de la exposición de motivos, cuarta línea, donde dice: «…de crédito que tenía mayores dificultades de viabilidad y solvencia», debe decir: «…de crédito que tenían mayores dificultades de viabilidad y solvencia». En el mismo párrafo, octava línea, donde dice: «…guiado por la búsqueda de una adecuado equilibro…», debe decir: «…guiado por la búsqueda de un adecuado equilibrio…».</p>
<p class='parrafo'>En la página 22902, tercer párrafo del apartado II de la exposición de motivos, duodécima línea, donde dice: «…en qué casos debe ofrecer a sus clientes…», debe decir: «…en qué casos deben ofrecer a sus clientes…».</p>
<p class='parrafo'>En la página 22903, sexto párrafo del apartado IV de la exposición de motivos, última y penúltima líneas, donde dice: «…agencias de suscripción seguros para la suscripción de seguros por su cuenta y nombre.», debe decir: «…agencias de suscripción para la suscripción de seguros por su cuenta y nombre.».</p>
<p class='parrafo'>En la página 22906, en el segundo párrafo del apartado 7 del artículo 1, donde dice: «…la asistencia de la Presidenta y el Secretario,…», debe decir: «…la asistencia de la Presidenta y del Secretario,…».</p>
</texto>
</documento>
|
Thu Apr 04 06:48:00 +0000 2013
|
Advertidos errores en el Real Decreto-ley 6/2013, de 22 de marzo, de protección a los titulares de determinados productos de ahorro e inversión y otras medidas de carácter financiero, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 71, de 23 de marzo de 2013, se procede a efectuar las oportunas rectificaciones:
En la página 22901, primer párrafo del apartado I de la exposición de motivos, cuarta línea, donde dice: «…de crédito que tenía mayores dificultades de viabilidad y solvencia», debe decir: «…de crédito que tenían mayores dificultades de viabilidad y solvencia». En el mismo párrafo, octava línea, donde dice: «…guiado por la búsqueda de una adecuado equilibro…», debe decir: «…guiado por la búsqueda de un adecuado equilibrio…».
En la página 22902, tercer párrafo del apartado II de la exposición de motivos, duodécima línea, donde dice: «…en qué casos debe ofrecer a sus clientes…», debe decir: «…en qué casos deben ofrecer a sus clientes…».
En la página 22903, sexto párrafo del apartado IV de la exposición de motivos, última y penúltima líneas, donde dice: «…agencias de suscripción seguros para la suscripción de seguros por su cuenta y nombre.», debe decir: «…agencias de suscripción para la suscripción de seguros por su cuenta y nombre.».
En la página 22906, en el segundo párrafo del apartado 7 del artículo 1, donde dice: «…la asistencia de la Presidenta y el Secretario,…», debe decir: «…la asistencia de la Presidenta y del Secretario,…».
|
Corrección de errores (muchos) en reales decretos de ampliación edad jubilación y preferentes
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[
"106",
"121",
"127"
] |
CONTRATOS_LICITACIONES
|
Jefatura del Estado
|
Corrección de errores (muchos) en reales decretos de ampliación edad jubilación y preferentes
|
[
"397",
"449",
"1232",
"1624",
"3233",
"3790",
"4930",
"5278",
"5343",
"9392",
"7896"
] | 3,276
|
|
2016-01-19
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BOE-A-2015-9897
|
Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por lo que se hace pública la formalización del contrato de 'Servicio para la organización y desarrollo del International Open Data Conference (IODC 2016)'.
|
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<identificador>BOE-B-2016-1398</identificador>
<titulo>Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por lo que se hace pública la formalización del contrato de 'Servicio para la organización y desarrollo del International Open Data Conference (IODC 2016)'.</titulo>
<diario codigo='BOE'>Boletín Oficial del Estado</diario>
<diario_numero>16</diario_numero>
<seccion>5</seccion>
<subseccion>A</subseccion>
<departamento codigo='9207'>Otros Poderes Adjudicadores</departamento>
<numero_anuncio>A160001617</numero_anuncio>
<fecha_publicacion>20160119</fecha_publicacion>
<letra_imagen>B</letra_imagen>
<pagina_inicial>1899</pagina_inicial>
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<analisis>
<modalidad codigo='F'>Formalización contrato</modalidad>
<tipo codigo='2'>Servicios</tipo>
<tramitacion codigo='1'>Ordinaria</tramitacion>
<procedimiento codigo='1'>Abierto</procedimiento>
<fecha_presentacion_ofertas></fecha_presentacion_ofertas>
<fecha_apertura_ofertas></fecha_apertura_ofertas>
<precio codigo=''></precio>
<importe>812.285,10</importe>
<ambito_geografico>Comunidad de Madrid</ambito_geografico>
<materias></materias>
<materias_cpv>79000000 Servicios a empresas: legislación, mercadotecnia, asesoría, selección de personal, imprenta y seguridad</materias_cpv>
<observaciones></observaciones>
</analisis>
<texto>
<dl>
<dt>1. Entidad adjudicadora: </dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) Organismo: </dt>
<dd>Entidad Pública Empresarial Red.es.</dd>
<dt>c) Número de expediente: </dt>
<dd>175/15-CO.</dd>
<dt>d) Dirección de Internet del perfil del contratante: </dt>
<dd>www.red.es.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>2. Objeto del contrato: </dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) Tipo: </dt>
<dd>Servicio.</dd>
<dt>b) Descripción: </dt>
<dd>El objeto del Contrato consiste en la prestación de un servicio para la organización y desarrollo del International Open Data Conference IODC 1016.</dd>
<dt>d) CPV (Referencia de Nomenclatura): </dt>
<dd>79952000; 79950000; 79951000.</dd>
<dt>g) Medio de publicación del anuncio de licitación: </dt>
<dd>Perfil del Contratante, Plataforma de Contratación del Sector Público y Diario Oficial de la Unión Europea.</dd>
<dt>h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: </dt>
<dd>28/09/2015.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>3. Tramitación y procedimiento:</dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) Tramitación: </dt>
<dd>Ordinaria.</dd>
<dt>b) Procedimiento: </dt>
<dd>Abierto.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>5. Presupuesto base de licitación.</dt>
<dd> Importe neto: 759.190,00 euros. Importe total: 918.619,90 euros. </dd>
<dt>6. Formalización del contrato:</dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) Fecha de adjudicación: </dt>
<dd>01/12/2015.</dd>
<dt>b) Fecha de formalización del contrato: </dt>
<dd>28/12/2015.</dd>
<dt>c) Contratista: </dt>
<dd>Telecyl, S.A.</dd>
<dt>d) Importe o canon de adjudicación: </dt>
<dd> Importe neto: 671.310,00 euros. Importe total: 812.285,10 euros. </dd>
</dl>
</dd>
</dl>
<p class='parrafo_2'>Madrid, 14 de enero de 2016.- D. José Miguel Bueno Sánchez, Secretario General.</p>
</texto>
</documento>
|
Tue Jan 19 10:22:48 +0000 2016
|
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo:
Entidad Pública Empresarial Red.es.
c) Número de expediente:
175/15-CO.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante:
www.red.es.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo:
Servicio.
b) Descripción:
El objeto del Contrato consiste en la prestación de un servicio para la organización y desarrollo del International Open Data Conference IODC 1016.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura):
79952000; 79950000; 79951000.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación:
Perfil del Contratante, Plataforma de Contratación del Sector Público y Diario Oficial de la Unión Europea.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación:
28/09/2015.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación:
Ordinaria.
b) Procedimiento:
Abierto.
5. Presupuesto base de licitación.
Importe neto: 759.190,00 euros. Importe total: 918.619,90 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación:
01/12/2015.
b) Fecha de formalización del contrato:
28/12/2015.
c) Contratista:
Telecyl, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación:
Importe neto: 671.310,00 euros. Importe total: 812.285,10 euros.
Madrid, 14 de enero de 2016.- D. José Miguel Bueno Sánchez, Secretario General.
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Telecyl/Madison organizará la próxima Open Data Conference por más de 800.000 euros #BOE
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[] |
CONVOCATORIAS
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Otros Poderes Adjudicadores
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Telecyl/Madison organizará la próxima Open Data Conference por importe total de 812.285,10 euros.
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[] | 3,277
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2019-10-11
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BOE-A-2021-4238
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Orden AUC/1014/2019, de 7 de octubre, por la que se nombra Director del Gabinete de la Secretaria de Estado de la España Global a don Guillermo Corral Van Damme.
|
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<metadatos>
<identificador>BOE-A-2019-14559</identificador>
<titulo>Orden AUC/1014/2019, de 7 de octubre, por la que se nombra Director del Gabinete de la Secretaria de Estado de la España Global a don Guillermo Corral Van Damme.</titulo>
<diario codigo='BOE'>Boletín Oficial del Estado</diario>
<diario_numero>245</diario_numero>
<seccion>2</seccion>
<subseccion>A</subseccion>
<departamento codigo='9562'>Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación</departamento>
<rango codigo='1350'>Orden</rango>
<numero_oficial>AUC/1014/2019</numero_oficial>
<fecha_disposicion>20191007</fecha_disposicion>
<fecha_publicacion>20191011</fecha_publicacion>
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<fecha_derogacion></fecha_derogacion>
<letra_imagen>A</letra_imagen>
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<pagina_final>111915</pagina_final>
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<origen_legislativo codigo='1'>Estatal</origen_legislativo>
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<alerta codigo='139' orden=''>Nombramientos y ceses de altos cargos</alerta>
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</analisis>
<texto>
<p class='parrafo'>En virtud de lo dispuesto en el artículo 16.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, y siguiendo el procedimiento en él establecido, habiendo tomado conocimiento el Consejo de Ministros en su reunión de 4 de octubre de 2019, he dispuesto el nombramiento de don Guillermo Corral Van Damme como Director del Gabinete de la Secretaria de Estado de la España Global, con efectos del día 3 de octubre de 2019.</p>
<p class='parrafo_2'>Madrid, 7 de octubre de 2019.–El Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Josep Borrell Fontelles.</p>
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</documento>
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Fri Oct 11 07:04:31 +0000 2019
|
En virtud de lo dispuesto en el artículo 16.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, y siguiendo el procedimiento en él establecido, habiendo tomado conocimiento el Consejo de Ministros en su reunión de 4 de octubre de 2019, he dispuesto el nombramiento de don Guillermo Corral Van Damme como Director del Gabinete de la Secretaria de Estado de la España Global, con efectos del día 3 de octubre de 2019.
Madrid, 7 de octubre de 2019.–El Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Josep Borrell Fontelles.
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Guillermo Corral, diplomático, que fue director general de Industrias Culturales, nombrado director de gabinete de Irene Lozano en la Secretaría de Estado de la España Global. #BOE
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"139"
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OTROS_ANUNCIOS
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Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
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Guillermo Corral Van Damme como Director del Gabinete de la Secretaria de Estado de la España Global.
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[] | 3,282
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2016-12-30
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DE CONFORMIDAD con
el art. 30 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre
EN RELACIÓN con
la Resolución de 4 de octubre de 2016
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BOE-A-2021-15795
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Resolución de 27 de diciembre de 2016, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se establece, a efectos de cómputos de plazos, el calendario de días inhábiles en el ámbito de la Administración General del Estado para el año 2017.
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<materia codigo='2499' orden=''>Días inhábiles</materia>
<materia codigo='5703' orden=''>Procedimiento administrativo</materia>
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<alerta codigo='109' orden=''>Derecho Administrativo</alerta>
<alerta codigo='121' orden=''>Organización de la Administración</alerta>
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<referencias>
<anteriores>
<anterior orden='3060' referencia='BOE-A-2015-10565'>
<palabra codigo='440'>DE CONFORMIDAD con</palabra>
<texto>el art. 30 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre</texto>
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<anterior orden='3070' referencia='BOE-A-2016-9244'>
<palabra codigo='331'>EN RELACIÓN con</palabra>
<texto>la Resolución de 4 de octubre de 2016</texto>
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</anteriores>
<posteriores></posteriores>
</referencias>
</analisis>
<texto>
<p class='parrafo'>El artículo 30.7 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que la Administración General del Estado fijará, en su ámbito, el calendario de días inhábiles a efectos de cómputo de plazos, con sujeción al calendario laboral oficial, que ha sido fijado en la Resolución de 4 de octubre de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se publica la relación de fiestas laborales para el año 2017 («Boletín Oficial del Estado» del día 8).</p>
<p class='parrafo'>De acuerdo con el artículo 30.8 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la declaración de un día como hábil o inhábil a efectos de cómputo de plazos no determina por sí sola el funcionamiento de los centros de trabajo de las Administraciones Públicas, la organización del tiempo de trabajo ni el acceso de los ciudadanos a los registros.</p>
<p class='parrafo'>Este calendario de días inhábiles se publicará antes del comienzo de cada año en el «Boletín Oficial del Estado» y en otros medios de difusión que garanticen su conocimiento por los ciudadanos.</p>
<p class='parrafo'>Por todo ello, esta Secretaría de Estado de Función Pública, órgano superior del Ministerio de Hacienda y Función Pública, en virtud del Real Decreto 424/2016, de 11 de noviembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, ha resuelto:</p>
<p class='articulo'>Primero.</p>
<p class='parrafo'>Aprobar el calendario de días inhábiles correspondiente al año 2017, para la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos, a efectos de cómputos de plazos.</p>
<p class='articulo'>Segundo.</p>
<p class='parrafo'>Son días inhábiles:</p>
<p class='parrafo_2'>a) En todo el territorio nacional: los sábados, los domingos y los días declarados como fiestas de ámbito nacional no sustituibles, o sobre las que la totalidad de las Comunidades Autónomas no ha ejercido la facultad de sustitución.</p>
<p class='parrafo'>b) En el ámbito territorial de las Comunidades Autónomas: aquellos días determinados por cada Comunidad Autónoma como festivos.</p>
<p class='parrafo'>c) En los ámbitos territoriales de las Entidades que integran la Administración Local: los días que establezcan las respectivas Comunidades Autónomas en sus correspondientes calendarios de días inhábiles.</p>
<p class='parrafo_2'>Los días inhábiles a que se refieren los puntos a) y b) de este apartado se recogen, especificado por meses y por Comunidades Autónomas, en el anexo adjunto.</p>
<p class='articulo'>Tercero.</p>
<p class='parrafo'>Disponer la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado», que también estará disponible en el Punto de Acceso General (administracion.gob.es) de la Administración General del Estado.</p>
<p class='parrafo_2'>Madrid, 27 de diciembre de 2016.–La Secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado Martínez.</p>
<p class='anexo'>ANEXO</p>
<p class='anexo_tit'>2017 Calendario de días inhábiles</p>
<div class='textoAnexo'>
<div class='calendariosDiarioOficial'>
<div class='cuatrimestre'>
<table class='calendarioMes' summary='Calendario con el mes de enero'>
<caption>Enero</caption>
<thead>
<tr>
<th id='head101'>
<abbr title='Lunes'>L</abbr>
</th>
<th id='head201'>
<abbr title='Martes'>M</abbr>
</th>
<th id='head301'>
<abbr title='Miércoles'>M</abbr>
</th>
<th id='head401'>
<abbr title='Jueves'>J</abbr>
</th>
<th id='head501'>
<abbr title='Viernes'>V</abbr>
</th>
<th id='head601'>
<abbr title='Sábado'>S</abbr>
</th>
<th id='head701'>
<abbr title='Domingo'>D</abbr>
</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td class='diaNUL' colspan='6'> </td>
<td class='diaFES' headers='head701' title='Día inhábil en todo el territorio nacional'>1</td>
</tr>
<tr>
<td class='diaMarcaB' headers='head101' title='Día inhábil en el territorio de las comunidades autonómicas que se especifican en la tabla a continuación de este calendario'>2<span class='fuera'>/01/2017</span></td>
<td headers='head201'>3<span class='fuera'>/01/2017</span></td>
<td headers='head301'>4<span class='fuera'>/01/2017</span></td>
<td headers='head401'>5<span class='fuera'>/01/2017</span></td>
<td class='diaFES' headers='head501' title='Día inhábil en todo el territorio nacional'>6<span class='fuera'>/01/2017</span></td>
<td class='diaFES' headers='head601' title='Día inhábil en todo el territorio nacional'>7<span class='fuera'>/01/2017</span></td>
<td class='diaFES' headers='head701' title='Día inhábil en todo el territorio nacional'>8<span class='fuera'>/01/2017</span></td>
</tr>
<tr>
<td headers='head101'>9<span class='fuera'>/01/2017</span></td>
<td headers='head201'>10<span class='fuera'>/01/2017</span></td>
<td headers='head301'>11<span class='fuera'>/01/2017</span></td>
<td headers='head401'>12<span class='fuera'>/01/2017</span></td>
<td headers='head501'>13<span class='fuera'>/01/2017</span></td>
<td class='diaFES' headers='head601' title='Día inhábil en todo el territorio nacional'>14<span class='fuera'>/01/2017</span></td>
<td class='diaFES' headers='head701' title='Día inhábil en todo el territorio nacional'>15<span class='fuera'>/01/2017</span></td>
</tr>
<tr>
<td headers='head101'>16<span class='fuera'>/01/2017</span></td>
<td headers='head201'>17<span class='fuera'>/01/2017</span></td>
<td headers='head301'>18<span class='fuera'>/01/2017</span></td>
<td headers='head401'>19<span class='fuera'>/01/2017</span></td>
<td headers='head501'>20<span class='fuera'>/01/2017</span></td>
<td class='diaFES' headers='head601' title='Día inhábil en todo el territorio nacional'>21<span class='fuera'>/01/2017</span></td>
<td class='diaFES' headers='head701' title='Día inhábil en todo el territorio nacional'>22<span class='fuera'>/01/2017</span></td>
</tr>
<tr>
<td headers='head101'>23<span class='fuera'>/01/2017</span></td>
<td headers='head201'>24<span class='fuera'>/01/2017</span></td>
<td headers='head301'>25<span class='fuera'>/01/2017</span></td>
<td headers='head401'>26<span class='fuera'>/01/2017</span></td>
<td headers='head501'>27<span class='fuera'>/01/2017</span></td>
<td class='diaFES' headers='head601' title='Día inhábil en todo el territorio nacional'>28<span class='fuera'>/01/2017</span></td>
<td class='diaFES' headers='head701' title='Día inhábil en todo el territorio nacional'>29<span class='fuera'>/01/2017</span></td>
</tr>
<tr>
<td headers='head101'>30<span class='fuera'>/01/2017</span></td>
<td headers='head201'>31<span class='fuera'>/01/2017</span></td>
<td class='diaNUL' colspan='5'> </td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table class='calendarioMes' summary='Calendario con el mes de febrero'>
<caption>Febrero</caption>
<thead>
<tr>
<th id='head102'>
<abbr title='Lunes'>L</abbr>
</th>
<th id='head202'>
<abbr title='Martes'>M</abbr>
</th>
<th id='head302'>
<abbr title='Miércoles'>M</abbr>
</th>
<th id='head402'>
<abbr title='Jueves'>J</abbr>
</th>
<th id='head502'>
<abbr title='Viernes'>V</abbr>
</th>
<th id='head602'>
<abbr title='Sábado'>S</abbr>
</th>
<th id='head702'>
<abbr title='Domingo'>D</abbr>
</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td class='diaNUL' colspan='2'> </td>
<td headers='head302'>1<span class='fuera'>/02/2017</span></td>
<td headers='head402'>2<span class='fuera'>/02/2017</span></td>
<td headers='head502'>3<span class='fuera'>/02/2017</span></td>
<td class='diaFES' headers='head602' title='Día inhábil en todo el territorio nacional'>4<span class='fuera'>/02/2017</span></td>
<td class='diaFES' headers='head702' title='Día inhábil en todo el territorio nacional'>5<span class='fuera'>/02/2017</span></td>
</tr>
<tr>
<td headers='head102'>6<span class='fuera'>/02/2017</span></td>
<td headers='head202'>7<span class='fuera'>/02/2017</span></td>
<td headers='head302'>8<span class='fuera'>/02/2017</span></td>
<td headers='head402'>9<span class='fuera'>/02/2017</span></td>
<td headers='head502'>10<span class='fuera'>/02/2017</span></td>
<td class='diaFES' headers='head602' title='Día inhábil en todo el territorio nacional'>11<span class='fuera'>/02/2017</span></td>
<td class='diaFES' headers='head702' title='Día inhábil en todo el territorio nacional'>12<span class='fuera'>/02/2017</span></td>
</tr>
<tr>
<td headers='head102'>13<span class='fuera'>/02/2017</span></td>
<td headers='head202'>14<span class='fuera'>/02/2017</span></td>
<td headers='head302'>15<span class='fuera'>/02/2017</span></td>
<td headers='head402'>16<span class='fuera'>/02/2017</span></td>
<td headers='head502'>17<span class='fuera'>/02/2017</span></td>
<td class='diaFES' headers='head602' title='Día inhábil en todo el territorio nacional'>18<span class='fuera'>/02/2017</span></td>
<td class='diaFES' headers='head702' title='Día inhábil en todo el territorio nacional'>19<span class='fuera'>/02/2017</span></td>
</tr>
<tr>
<td headers='head102'>20<span class='fuera'>/02/2017</span></td>
<td headers='head202'>21<span class='fuera'>/02/2017</span></td>
<td headers='head302'>22<span class='fuera'>/02/2017</span></td>
<td headers='head402'>23<span class='fuera'>/02/2017</span></td>
<td headers='head502'>24<span class='fuera'>/02/2017</span></td>
<td class='diaFES' headers='head602' title='Día inhábil en todo el territorio nacional'>25<span class='fuera'>/02/2017</span></td>
<td class='diaFES' headers='head702' title='Día inhábil en todo el territorio nacional'>26<span class='fuera'>/02/2017</span></td>
</tr>
<tr>
<td headers='head102'>27<span class='fuera'>/02/2017</span></td>
<td class='diaMarcaB' headers='head202' title='Día inhábil en el territorio de las comunidades autonómicas que se especifican en la tabla a continuación de este calendario'>28<span class='fuera'>/02/2017</span></td>
<td class='diaNUL' colspan='5'> </td>
</tr>
<tr>
<td class='diaNUL' colspan='7'> </td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table class='calendarioMes' summary='Calendario con el mes de marzo'>
<caption>Marzo</caption>
<thead>
<tr>
<th id='head103'>
<abbr title='Lunes'>L</abbr>
</th>
<th id='head203'>
<abbr title='Martes'>M</abbr>
</th>
<th id='head303'>
<abbr title='Miércoles'>M</abbr>
</th>
<th id='head403'>
<abbr title='Jueves'>J</abbr>
</th>
<th id='head503'>
<abbr title='Viernes'>V</abbr>
</th>
<th id='head603'>
<abbr title='Sábado'>S</abbr>
</th>
<th id='head703'>
<abbr title='Domingo'>D</abbr>
</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td class='diaNUL' colspan='2'> </td>
<td class='diaMarcaB' headers='head303' title='Día inhábil en el territorio de las comunidades autonómicas que se especifican en la tabla a continuación de este calendario'>1<span class='fuera'>/03/2017</span></td>
<td headers='head403'>2<span class='fuera'>/03/2017</span></td>
<td headers='head503'>3<span class='fuera'>/03/2017</span></td>
<td class='diaFES' headers='head603' title='Día inhábil en todo el territorio nacional'>4<span class='fuera'>/03/2017</span></td>
<td class='diaFES' headers='head703' title='Día inhábil en todo el territorio nacional'>5<span class='fuera'>/03/2017</span></td>
</tr>
<tr>
<td headers='head103'>6<span class='fuera'>/03/2017</span></td>
<td headers='head203'>7<span class='fuera'>/03/2017</span></td>
<td headers='head303'>8<span class='fuera'>/03/2017</span></td>
<td headers='head403'>9<span class='fuera'>/03/2017</span></td>
<td headers='head503'>10<span class='fuera'>/03/2017</span></td>
<td class='diaFES' headers='head603' title='Día inhábil en todo el territorio nacional'>11<span class='fuera'>/03/2017</span></td>
<td class='diaFES' headers='head703' title='Día inhábil en todo el territorio nacional'>12<span class='fuera'>/03/2017</span></td>
</tr>
<tr>
<td headers='head103'>13<span class='fuera'>/03/2017</span></td>
<td headers='head203'>14<span class='fuera'>/03/2017</span></td>
<td headers='head303'>15<span class='fuera'>/03/2017</span></td>
<td headers='head403'>16<span class='fuera'>/03/2017</span></td>
<td headers='head503'>17<span class='fuera'>/03/2017</span></td>
<td class='diaFES' headers='head603' title='Día inhábil en todo el territorio nacional'>18<span class='fuera'>/03/2017</span></td>
<td class='diaFES' headers='head703' title='Día inhábil en todo el territorio nacional'>19<span class='fuera'>/03/2017</span></td>
</tr>
<tr>
<td class='diaMarcaB' headers='head103' title='Día inhábil en el territorio de las comunidades autonómicas que se especifican en la tabla a continuación de este calendario'>20<span class='fuera'>/03/2017</span></td>
<td headers='head203'>21<span class='fuera'>/03/2017</span></td>
<td headers='head303'>22<span class='fuera'>/03/2017</span></td>
<td headers='head403'>23<span class='fuera'>/03/2017</span></td>
<td headers='head503'>24<span class='fuera'>/03/2017</span></td>
<td class='diaFES' headers='head603' title='Día inhábil en todo el territorio nacional'>25<span class='fuera'>/03/2017</span></td>
<td class='diaFES' headers='head703' title='Día inhábil en todo el territorio nacional'>26<span class='fuera'>/03/2017</span></td>
</tr>
<tr>
<td headers='head103'>27<span class='fuera'>/03/2017</span></td>
<td headers='head203'>28<span class='fuera'>/03/2017</span></td>
<td headers='head303'>29<span class='fuera'>/03/2017</span></td>
<td headers='head403'>30<span class='fuera'>/03/2017</span></td>
<td headers='head503'>31<span class='fuera'>/03/2017</span></td>
<td class='diaNUL' colspan='2'> </td>
</tr>
<tr>
<td class='diaNUL' colspan='7'> </td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table class='calendarioMes' summary='Calendario con el mes de abril'>
<caption>Abril</caption>
<thead>
<tr>
<th id='head104'>
<abbr title='Lunes'>L</abbr>
</th>
<th id='head204'>
<abbr title='Martes'>M</abbr>
</th>
<th id='head304'>
<abbr title='Miércoles'>M</abbr>
</th>
<th id='head404'>
<abbr title='Jueves'>J</abbr>
</th>
<th id='head504'>
<abbr title='Viernes'>V</abbr>
</th>
<th id='head604'>
<abbr title='Sábado'>S</abbr>
</th>
<th id='head704'>
<abbr title='Domingo'>D</abbr>
</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td class='diaNUL' colspan='5'> </td>
<td class='diaFES' headers='head604' title='Día inhábil en todo el territorio nacional'>1<span class='fuera'>/04/2017</span></td>
<td class='diaFES' headers='head704' title='Día inhábil en todo el territorio nacional'>2<span class='fuera'>/04/2017</span></td>
</tr>
<tr>
<td headers='head104'>3<span class='fuera'>/04/2017</span></td>
<td headers='head204'>4<span class='fuera'>/04/2017</span></td>
<td headers='head304'>5<span class='fuera'>/04/2017</span></td>
<td headers='head404'>6<span class='fuera'>/04/2017</span></td>
<td headers='head504'>7<span class='fuera'>/04/2017</span></td>
<td class='diaFES' headers='head604' title='Día inhábil en todo el territorio nacional'>8<span class='fuera'>/04/2017</span></td>
<td class='diaFES' headers='head704' title='Día inhábil en todo el territorio nacional'>9<span class='fuera'>/04/2017</span></td>
</tr>
<tr>
<td headers='head104'>10<span class='fuera'>/04/2017</span></td>
<td headers='head204'>11<span class='fuera'>/04/2017</span></td>
<td headers='head304'>12<span class='fuera'>/04/2017</span></td>
<td class='diaMarcaB' headers='head404' title='Día inhábil en el territorio de las comunidades autonómicas que se especifican en la tabla a continuación de este calendario'>13<span class='fuera'>/04/2017</span></td>
<td class='diaFES' headers='head504' title='Día inhábil en todo el territorio nacional'>14<span class='fuera'>/04/2017</span></td>
<td class='diaFES' headers='head604' title='Día inhábil en todo el territorio nacional'>15<span class='fuera'>/04/2017</span></td>
<td class='diaFES' headers='head704' title='Día inhábil en todo el territorio nacional'>16<span class='fuera'>/04/2017</span></td>
</tr>
<tr>
<td class='diaMarcaB' headers='head104' title='Día inhábil en el territorio de las comunidades autonómicas que se especifican en la tabla a continuación de este calendario'>17<span class='fuera'>/04/2017</span></td>
<td headers='head204'>18<span class='fuera'>/04/2017</span></td>
<td headers='head304'>19<span class='fuera'>/04/2017</span></td>
<td headers='head404'>20<span class='fuera'>/04/2017</span></td>
<td headers='head504'>21<span class='fuera'>/04/2017</span></td>
<td class='diaFES' headers='head604' title='Día inhábil en todo el territorio nacional'>22<span class='fuera'>/04/2017</span></td>
<td class='diaFES' headers='head704' title='Día inhábil en todo el territorio nacional'>23<span class='fuera'>/04/2017</span></td>
</tr>
<tr>
<td class='diaMarcaB' headers='head104' title='Día inhábil en el territorio de las comunidades autonómicas que se especifican en la tabla a continuación de este calendario'>24<span class='fuera'>/04/2017</span></td>
<td headers='head204'>25<span class='fuera'>/04/2017</span></td>
<td headers='head304'>26<span class='fuera'>/04/2017</span></td>
<td headers='head404'>27<span class='fuera'>/04/2017</span></td>
<td headers='head504'>28<span class='fuera'>/04/2017</span></td>
<td class='diaFES' headers='head604' title='Día inhábil en todo el territorio nacional'>29<span class='fuera'>/04/2017</span></td>
<td class='diaFES' headers='head704' title='Día inhábil en todo el territorio nacional'>30<span class='fuera'>/04/2017</span></td>
</tr>
<tr>
<td class='diaNUL' colspan='7'> </td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<!-- .cuatrimestre -->
<div class='espacio'></div>
<div class='cuatrimestre'>
<table class='calendarioMes' summary='Calendario con el mes de mayo'>
<caption>Mayo</caption>
<thead>
<tr>
<th id='head105'>
<abbr title='Lunes'>L</abbr>
</th>
<th id='head205'>
<abbr title='Martes'>M</abbr>
</th>
<th id='head305'>
<abbr title='Miércoles'>M</abbr>
</th>
<th id='head405'>
<abbr title='Jueves'>J</abbr>
</th>
<th id='head505'>
<abbr title='Viernes'>V</abbr>
</th>
<th id='head605'>
<abbr title='Sábado'>S</abbr>
</th>
<th id='head705'>
<abbr title='Domingo'>D</abbr>
</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td class='diaFES' headers='head105' title='Día inhábil en todo el territorio nacional'>1<span class='fuera'>/05/2017</span></td>
<td class='diaMarcaB' headers='head205' title='Día inhábil en el territorio de las comunidades autonómicas que se especifican en la tabla a continuación de este calendario'>2<span class='fuera'>/05/2017</span></td>
<td headers='head305'>3<span class='fuera'>/05/2017</span></td>
<td headers='head405'>4<span class='fuera'>/05/2017</span></td>
<td headers='head505'>5<span class='fuera'>/05/2017</span></td>
<td class='diaFES' headers='head605' title='Día inhábil en todo el territorio nacional'>6<span class='fuera'>/05/2017</span></td>
<td class='diaFES' headers='head705' title='Día inhábil en todo el territorio nacional'>7<span class='fuera'>/05/2017</span></td>
</tr>
<tr>
<td headers='head105'>8<span class='fuera'>/05/2017</span></td>
<td headers='head205'>9<span class='fuera'>/05/2017</span></td>
<td headers='head305'>10<span class='fuera'>/05/2017</span></td>
<td headers='head405'>11<span class='fuera'>/05/2017</span></td>
<td headers='head505'>12<span class='fuera'>/05/2017</span></td>
<td class='diaFES' headers='head605' title='Día inhábil en todo el territorio nacional'>13<span class='fuera'>/05/2017</span></td>
<td class='diaFES' headers='head705' title='Día inhábil en todo el territorio nacional'>14<span class='fuera'>/05/2017</span></td>
</tr>
<tr>
<td headers='head105'>15<span class='fuera'>/05/2017</span></td>
<td headers='head205'>16<span class='fuera'>/05/2017</span></td>
<td class='diaMarcaB' headers='head305' title='Día inhábil en el territorio de las comunidades autonómicas que se especifican en la tabla a continuación de este calendario'>17<span class='fuera'>/05/2017</span></td>
<td headers='head405'>18<span class='fuera'>/05/2017</span></td>
<td headers='head505'>19<span class='fuera'>/05/2017</span></td>
<td class='diaFES' headers='head605' title='Día inhábil en todo el territorio nacional'>20<span class='fuera'>/05/2017</span></td>
<td class='diaFES' headers='head705' title='Día inhábil en todo el territorio nacional'>21<span class='fuera'>/05/2017</span></td>
</tr>
<tr>
<td headers='head105'>22<span class='fuera'>/05/2017</span></td>
<td headers='head205'>23<span class='fuera'>/05/2017</span></td>
<td headers='head305'>24<span class='fuera'>/05/2017</span></td>
<td headers='head405'>25<span class='fuera'>/05/2017</span></td>
<td headers='head505'>26<span class='fuera'>/05/2017</span></td>
<td class='diaFES' headers='head605' title='Día inhábil en todo el territorio nacional'>27<span class='fuera'>/05/2017</span></td>
<td class='diaFES' headers='head705' title='Día inhábil en todo el territorio nacional'>28<span class='fuera'>/05/2017</span></td>
</tr>
<tr>
<td headers='head105'>29<span class='fuera'>/05/2017</span></td>
<td class='diaMarcaB' headers='head205' title='Día inhábil en el territorio de las comunidades autonómicas que se especifican en la tabla a continuación de este calendario'>30<span class='fuera'>/05/2017</span></td>
<td class='diaMarcaB' headers='head305' title='Día inhábil en el territorio de las comunidades autonómicas que se especifican en la tabla a continuación de este calendario'>31<span class='fuera'>/05/2017</span></td>
<td class='diaNUL' colspan='4'> </td>
</tr>
<tr>
<td class='diaNUL' colspan='7'> </td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table class='calendarioMes' summary='Calendario con el mes de junio'>
<caption>Junio</caption>
<thead>
<tr>
<th id='head106'>
<abbr title='Lunes'>L</abbr>
</th>
<th id='head206'>
<abbr title='Martes'>M</abbr>
</th>
<th id='head306'>
<abbr title='Miércoles'>M</abbr>
</th>
<th id='head406'>
<abbr title='Jueves'>J</abbr>
</th>
<th id='head506'>
<abbr title='Viernes'>V</abbr>
</th>
<th id='head606'>
<abbr title='Sábado'>S</abbr>
</th>
<th id='head706'>
<abbr title='Domingo'>D</abbr>
</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td class='diaNUL' colspan='3'> </td>
<td headers='head406'>1<span class='fuera'>/06/2017</span></td>
<td headers='head506'>2<span class='fuera'>/06/2017</span></td>
<td class='diaFES' headers='head606' title='Día inhábil en todo el territorio nacional'>3<span class='fuera'>/06/2017</span></td>
<td class='diaFES' headers='head706' title='Día inhábil en todo el territorio nacional'>4<span class='fuera'>/06/2017</span></td>
</tr>
<tr>
<td headers='head106'>5<span class='fuera'>/06/2017</span></td>
<td headers='head206'>6<span class='fuera'>/06/2017</span></td>
<td headers='head306'>7<span class='fuera'>/06/2017</span></td>
<td headers='head406'>8<span class='fuera'>/06/2017</span></td>
<td class='diaMarcaB' headers='head506' title='Día inhábil en el territorio de las comunidades autonómicas que se especifican en la tabla a continuación de este calendario'>9<span class='fuera'>/06/2017</span></td>
<td class='diaFES' headers='head606' title='Día inhábil en todo el territorio nacional'>10<span class='fuera'>/06/2017</span></td>
<td class='diaFES' headers='head706' title='Día inhábil en todo el territorio nacional'>11<span class='fuera'>/06/2017</span></td>
</tr>
<tr>
<td headers='head106'>12<span class='fuera'>/06/2017</span></td>
<td headers='head206'>13<span class='fuera'>/06/2017</span></td>
<td headers='head306'>14<span class='fuera'>/06/2017</span></td>
<td class='diaMarcaB' headers='head406' title='Día inhábil en el territorio de las comunidades autonómicas que se especifican en la tabla a continuación de este calendario'>15<span class='fuera'>/06/2017</span></td>
<td headers='head506'>16<span class='fuera'>/06/2017</span></td>
<td class='diaFES' headers='head606' title='Día inhábil en todo el territorio nacional'>17<span class='fuera'>/06/2017</span></td>
<td class='diaFES' headers='head706' title='Día inhábil en todo el territorio nacional'>18<span class='fuera'>/06/2017</span></td>
</tr>
<tr>
<td headers='head106'>19<span class='fuera'>/06/2017</span></td>
<td headers='head206'>20<span class='fuera'>/06/2017</span></td>
<td headers='head306'>21<span class='fuera'>/06/2017</span></td>
<td headers='head406'>22<span class='fuera'>/06/2017</span></td>
<td headers='head506'>23<span class='fuera'>/06/2017</span></td>
<td class='diaFES' headers='head606' title='Día inhábil en todo el territorio nacional'>24<span class='fuera'>/06/2017</span></td>
<td class='diaFES' headers='head706' title='Día inhábil en todo el territorio nacional'>25<span class='fuera'>/06/2017</span></td>
</tr>
<tr>
<td headers='head106'>26<span class='fuera'>/06/2017</span></td>
<td headers='head206'>27<span class='fuera'>/06/2017</span></td>
<td headers='head306'>28<span class='fuera'>/06/2017</span></td>
<td headers='head406'>29<span class='fuera'>/06/2017</span></td>
<td headers='head506'>30<span class='fuera'>/06/2017</span></td>
<td class='diaNUL' colspan='2'> </td>
</tr>
<tr>
<td class='diaNUL' colspan='7'> </td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table class='calendarioMes' summary='Calendario con el mes de julio'>
<caption>Julio</caption>
<thead>
<tr>
<th id='head107'>
<abbr title='Lunes'>L</abbr>
</th>
<th id='head207'>
<abbr title='Martes'>M</abbr>
</th>
<th id='head307'>
<abbr title='Miércoles'>M</abbr>
</th>
<th id='head407'>
<abbr title='Jueves'>J</abbr>
</th>
<th id='head507'>
<abbr title='Viernes'>V</abbr>
</th>
<th id='head607'>
<abbr title='Sábado'>S</abbr>
</th>
<th id='head707'>
<abbr title='Domingo'>D</abbr>
</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td class='diaNUL' colspan='5'> </td>
<td class='diaFES' headers='head607' title='Día inhábil en todo el territorio nacional'>1<span class='fuera'>/07/2017</span></td>
<td class='diaFES' headers='head707' title='Día inhábil en todo el territorio nacional'>2<span class='fuera'>/07/2017</span></td>
</tr>
<tr>
<td headers='head107'>3<span class='fuera'>/07/2017</span></td>
<td headers='head207'>4<span class='fuera'>/07/2017</span></td>
<td headers='head307'>5<span class='fuera'>/07/2017</span></td>
<td headers='head407'>6<span class='fuera'>/07/2017</span></td>
<td headers='head507'>7<span class='fuera'>/07/2017</span></td>
<td class='diaFES' headers='head607' title='Día inhábil en todo el territorio nacional'>8<span class='fuera'>/07/2017</span></td>
<td class='diaFES' headers='head707' title='Día inhábil en todo el territorio nacional'>9<span class='fuera'>/07/2017</span></td>
</tr>
<tr>
<td headers='head107'>10<span class='fuera'>/07/2017</span></td>
<td headers='head207'>11<span class='fuera'>/07/2017</span></td>
<td headers='head307'>12<span class='fuera'>/07/2017</span></td>
<td headers='head407'>13<span class='fuera'>/07/2017</span></td>
<td headers='head507'>14<span class='fuera'>/07/2017</span></td>
<td class='diaFES' headers='head607' title='Día inhábil en todo el territorio nacional'>15<span class='fuera'>/07/2017</span></td>
<td class='diaFES' headers='head707' title='Día inhábil en todo el territorio nacional'>16<span class='fuera'>/07/2017</span></td>
</tr>
<tr>
<td headers='head107'>17<span class='fuera'>/07/2017</span></td>
<td headers='head207'>18<span class='fuera'>/07/2017</span></td>
<td headers='head307'>19<span class='fuera'>/07/2017</span></td>
<td headers='head407'>20<span class='fuera'>/07/2017</span></td>
<td headers='head507'>21<span class='fuera'>/07/2017</span></td>
<td class='diaFES' headers='head607' title='Día inhábil en todo el territorio nacional'>22<span class='fuera'>/07/2017</span></td>
<td class='diaFES' headers='head707' title='Día inhábil en todo el territorio nacional'>23<span class='fuera'>/07/2017</span></td>
</tr>
<tr>
<td headers='head107'>24<span class='fuera'>/07/2017</span></td>
<td class='diaMarcaB' headers='head207' title='Día inhábil en el territorio de las comunidades autonómicas que se especifican en la tabla a continuación de este calendario'>25<span class='fuera'>/07/2017</span></td>
<td headers='head307'>26<span class='fuera'>/07/2017</span></td>
<td headers='head407'>27<span class='fuera'>/07/2017</span></td>
<td class='diaMarcaB' headers='head507' title='Día inhábil en el territorio de las comunidades autonómicas que se especifican en la tabla a continuación de este calendario'>28<span class='fuera'>/07/2017</span></td>
<td class='diaFES' headers='head607' title='Día inhábil en todo el territorio nacional'>29<span class='fuera'>/07/2017</span></td>
<td class='diaFES' headers='head707' title='Día inhábil en todo el territorio nacional'>30<span class='fuera'>/07/2017</span></td>
</tr>
<tr>
<td headers='head107'>31<span class='fuera'>/07/2017</span></td>
<td class='diaNUL' colspan='6'> </td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table class='calendarioMes' summary='Calendario con el mes de agosto'>
<caption>Agosto</caption>
<thead>
<tr>
<th id='head108'>
<abbr title='Lunes'>L</abbr>
</th>
<th id='head208'>
<abbr title='Martes'>M</abbr>
</th>
<th id='head308'>
<abbr title='Miércoles'>M</abbr>
</th>
<th id='head408'>
<abbr title='Jueves'>J</abbr>
</th>
<th id='head508'>
<abbr title='Viernes'>V</abbr>
</th>
<th id='head608'>
<abbr title='Sábado'>S</abbr>
</th>
<th id='head708'>
<abbr title='Domingo'>D</abbr>
</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td class='diaNUL' colspan='1'> </td>
<td headers='head208'>1<span class='fuera'>/08/2017</span></td>
<td headers='head308'>2<span class='fuera'>/08/2017</span></td>
<td headers='head408'>3<span class='fuera'>/08/2017</span></td>
<td headers='head508'>4<span class='fuera'>/08/2017</span></td>
<td class='diaFES' headers='head608' title='Día inhábil en todo el territorio nacional'>5<span class='fuera'>/08/2017</span></td>
<td class='diaFES' headers='head708' title='Día inhábil en todo el territorio nacional'>6<span class='fuera'>/08/2017</span></td>
</tr>
<tr>
<td headers='head108'>7<span class='fuera'>/08/2017</span></td>
<td headers='head208'>8<span class='fuera'>/08/2017</span></td>
<td headers='head308'>9<span class='fuera'>/08/2017</span></td>
<td headers='head408'>10<span class='fuera'>/08/2017</span></td>
<td headers='head508'>11<span class='fuera'>/08/2017</span></td>
<td class='diaFES' headers='head608' title='Día inhábil en todo el territorio nacional'>12<span class='fuera'>/08/2017</span></td>
<td class='diaFES' headers='head708' title='Día inhábil en todo el territorio nacional'>13<span class='fuera'>/08/2017</span></td>
</tr>
<tr>
<td headers='head108'>14<span class='fuera'>/08/2017</span></td>
<td class='diaFES' headers='head208' title='Día inhábil en todo el territorio nacional'>15<span class='fuera'>/08/2017</span></td>
<td headers='head308'>16<span class='fuera'>/08/2017</span></td>
<td headers='head408'>17<span class='fuera'>/08/2017</span></td>
<td headers='head508'>18<span class='fuera'>/08/2017</span></td>
<td class='diaFES' headers='head608' title='Día inhábil en todo el territorio nacional'>19<span class='fuera'>/08/2017</span></td>
<td class='diaFES' headers='head708' title='Día inhábil en todo el territorio nacional'>20<span class='fuera'>/08/2017</span></td>
</tr>
<tr>
<td headers='head108'>21<span class='fuera'>/08/2017</span></td>
<td headers='head208'>22<span class='fuera'>/08/2017</span></td>
<td headers='head308'>23<span class='fuera'>/08/2017</span></td>
<td headers='head408'>24<span class='fuera'>/08/2017</span></td>
<td headers='head508'>25<span class='fuera'>/08/2017</span></td>
<td class='diaFES' headers='head608' title='Día inhábil en todo el territorio nacional'>26<span class='fuera'>/08/2017</span></td>
<td class='diaFES' headers='head708' title='Día inhábil en todo el territorio nacional'>27<span class='fuera'>/08/2017</span></td>
</tr>
<tr>
<td headers='head108'>28<span class='fuera'>/08/2017</span></td>
<td headers='head208'>29<span class='fuera'>/08/2017</span></td>
<td headers='head308'>30<span class='fuera'>/08/2017</span></td>
<td headers='head408'>31<span class='fuera'>/08/2017</span></td>
<td class='diaNUL' colspan='3'> </td>
</tr>
<tr>
<td class='diaNUL' colspan='7'> </td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<!-- .cuatrimestre -->
<div class='espacio'></div>
<div class='cuatrimestre'>
<table class='calendarioMes' summary='Calendario con el mes de septiembre'>
<caption>Septiembre</caption>
<thead>
<tr>
<th id='head109'>
<abbr title='Lunes'>L</abbr>
</th>
<th id='head209'>
<abbr title='Martes'>M</abbr>
</th>
<th id='head309'>
<abbr title='Miércoles'>M</abbr>
</th>
<th id='head409'>
<abbr title='Jueves'>J</abbr>
</th>
<th id='head509'>
<abbr title='Viernes'>V</abbr>
</th>
<th id='head609'>
<abbr title='Sábado'>S</abbr>
</th>
<th id='head709'>
<abbr title='Domingo'>D</abbr>
</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td class='diaNUL' colspan='4'> </td>
<td class='diaMarcaB' headers='head509' title='Día inhábil en el territorio de las comunidades autonómicas que se especifican en la tabla a continuación de este calendario'>1<span class='fuera'>/09/2017</span></td>
<td class='diaFES' headers='head609' title='Día inhábil en todo el territorio nacional'>2<span class='fuera'>/09/2017</span></td>
<td class='diaFES' headers='head709' title='Día inhábil en todo el territorio nacional'>3<span class='fuera'>/09/2017</span></td>
</tr>
<tr>
<td headers='head109'>4<span class='fuera'>/09/2017</span></td>
<td headers='head209'>5<span class='fuera'>/09/2017</span></td>
<td headers='head309'>6<span class='fuera'>/09/2017</span></td>
<td headers='head409'>7<span class='fuera'>/09/2017</span></td>
<td class='diaMarcaB' headers='head509' title='Día inhábil en el territorio de las comunidades autonómicas que se especifican en la tabla a continuación de este calendario'>8<span class='fuera'>/09/2017</span></td>
<td class='diaFES' headers='head609' title='Día inhábil en todo el territorio nacional'>9<span class='fuera'>/09/2017</span></td>
<td class='diaFES' headers='head709' title='Día inhábil en todo el territorio nacional'>10<span class='fuera'>/09/2017</span></td>
</tr>
<tr>
<td class='diaMarcaB' headers='head109' title='Día inhábil en el territorio de las comunidades autonómicas que se especifican en la tabla a continuación de este calendario'>11<span class='fuera'>/09/2017</span></td>
<td headers='head209'>12<span class='fuera'>/09/2017</span></td>
<td headers='head309'>13<span class='fuera'>/09/2017</span></td>
<td headers='head409'>14<span class='fuera'>/09/2017</span></td>
<td class='diaMarcaB' headers='head509' title='Día inhábil en el territorio de las comunidades autonómicas que se especifican en la tabla a continuación de este calendario'>15<span class='fuera'>/09/2017</span></td>
<td class='diaFES' headers='head609' title='Día inhábil en todo el territorio nacional'>16<span class='fuera'>/09/2017</span></td>
<td class='diaFES' headers='head709' title='Día inhábil en todo el territorio nacional'>17<span class='fuera'>/09/2017</span></td>
</tr>
<tr>
<td headers='head109'>18<span class='fuera'>/09/2017</span></td>
<td headers='head209'>19<span class='fuera'>/09/2017</span></td>
<td headers='head309'>20<span class='fuera'>/09/2017</span></td>
<td headers='head409'>21<span class='fuera'>/09/2017</span></td>
<td headers='head509'>22<span class='fuera'>/09/2017</span></td>
<td class='diaFES' headers='head609' title='Día inhábil en todo el territorio nacional'>23<span class='fuera'>/09/2017</span></td>
<td class='diaFES' headers='head709' title='Día inhábil en todo el territorio nacional'>24<span class='fuera'>/09/2017</span></td>
</tr>
<tr>
<td headers='head109'>25<span class='fuera'>/09/2017</span></td>
<td headers='head209'>26<span class='fuera'>/09/2017</span></td>
<td headers='head309'>27<span class='fuera'>/09/2017</span></td>
<td headers='head409'>28<span class='fuera'>/09/2017</span></td>
<td headers='head509'>29<span class='fuera'>/09/2017</span></td>
<td class='diaFES' headers='head609' title='Día inhábil en todo el territorio nacional'>30<span class='fuera'>/09/2017</span></td>
<td class='diaNUL' colspan='1'> </td>
</tr>
<tr>
<td class='diaNUL' colspan='7'> </td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table class='calendarioMes' summary='Calendario con el mes de octubre'>
<caption>Octubre</caption>
<thead>
<tr>
<th id='head110'>
<abbr title='Lunes'>L</abbr>
</th>
<th id='head210'>
<abbr title='Martes'>M</abbr>
</th>
<th id='head310'>
<abbr title='Miércoles'>M</abbr>
</th>
<th id='head410'>
<abbr title='Jueves'>J</abbr>
</th>
<th id='head510'>
<abbr title='Viernes'>V</abbr>
</th>
<th id='head610'>
<abbr title='Sábado'>S</abbr>
</th>
<th id='head710'>
<abbr title='Domingo'>D</abbr>
</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td class='diaNUL' colspan='6'> </td>
<td class='diaFES' headers='head710' title='Día inhábil en todo el territorio nacional'>1<span class='fuera'>/10/2017</span></td>
</tr>
<tr>
<td headers='head110'>2<span class='fuera'>/10/2017</span></td>
<td headers='head210'>3<span class='fuera'>/10/2017</span></td>
<td headers='head310'>4<span class='fuera'>/10/2017</span></td>
<td headers='head410'>5<span class='fuera'>/10/2017</span></td>
<td headers='head510'>6<span class='fuera'>/10/2017</span></td>
<td class='diaFES' headers='head610' title='Día inhábil en todo el territorio nacional'>7<span class='fuera'>/10/2017</span></td>
<td class='diaFES' headers='head710' title='Día inhábil en todo el territorio nacional'>8<span class='fuera'>/10/2017</span></td>
</tr>
<tr>
<td class='diaMarcaB' headers='head110' title='Día inhábil en el territorio de las comunidades autonómicas que se especifican en la tabla a continuación de este calendario'>9<span class='fuera'>/10/2017</span></td>
<td headers='head210'>10<span class='fuera'>/10/2017</span></td>
<td headers='head310'>11<span class='fuera'>/10/2017</span></td>
<td class='diaFES' headers='head410' title='Día inhábil en todo el territorio nacional'>12<span class='fuera'>/10/2017</span></td>
<td headers='head510'>13<span class='fuera'>/10/2017</span></td>
<td class='diaFES' headers='head610' title='Día inhábil en todo el territorio nacional'>14<span class='fuera'>/10/2017</span></td>
<td class='diaFES' headers='head710' title='Día inhábil en todo el territorio nacional'>15<span class='fuera'>/10/2017</span></td>
</tr>
<tr>
<td headers='head110'>16<span class='fuera'>/10/2017</span></td>
<td headers='head210'>17<span class='fuera'>/10/2017</span></td>
<td headers='head310'>18<span class='fuera'>/10/2017</span></td>
<td headers='head410'>19<span class='fuera'>/10/2017</span></td>
<td headers='head510'>20<span class='fuera'>/10/2017</span></td>
<td class='diaFES' headers='head610' title='Día inhábil en todo el territorio nacional'>21<span class='fuera'>/10/2017</span></td>
<td class='diaFES' headers='head710' title='Día inhábil en todo el territorio nacional'>22<span class='fuera'>/10/2017</span></td>
</tr>
<tr>
<td headers='head110'>23<span class='fuera'>/10/2017</span></td>
<td headers='head210'>24<span class='fuera'>/10/2017</span></td>
<td headers='head310'>25<span class='fuera'>/10/2017</span></td>
<td headers='head410'>26<span class='fuera'>/10/2017</span></td>
<td headers='head510'>27<span class='fuera'>/10/2017</span></td>
<td class='diaFES' headers='head610' title='Día inhábil en todo el territorio nacional'>28<span class='fuera'>/10/2017</span></td>
<td class='diaFES' headers='head710' title='Día inhábil en todo el territorio nacional'>29<span class='fuera'>/10/2017</span></td>
</tr>
<tr>
<td headers='head110'>30<span class='fuera'>/10/2017</span></td>
<td headers='head210'>31<span class='fuera'>/10/2017</span></td>
<td class='diaNUL' colspan='5'> </td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table class='calendarioMes' summary='Calendario con el mes de noviembre'>
<caption>Noviembre</caption>
<thead>
<tr>
<th id='head111'>
<abbr title='Lunes'>L</abbr>
</th>
<th id='head211'>
<abbr title='Martes'>M</abbr>
</th>
<th id='head311'>
<abbr title='Miércoles'>M</abbr>
</th>
<th id='head411'>
<abbr title='Jueves'>J</abbr>
</th>
<th id='head511'>
<abbr title='Viernes'>V</abbr>
</th>
<th id='head611'>
<abbr title='Sábado'>S</abbr>
</th>
<th id='head711'>
<abbr title='Domingo'>D</abbr>
</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td class='diaNUL' colspan='2'> </td>
<td class='diaFES' headers='head311' title='Día inhábil en todo el territorio nacional'>1<span class='fuera'>/11/2017</span></td>
<td headers='head411'>2<span class='fuera'>/11/2017</span></td>
<td headers='head511'>3<span class='fuera'>/11/2017</span></td>
<td class='diaFES' headers='head611' title='Día inhábil en todo el territorio nacional'>4<span class='fuera'>/11/2017</span></td>
<td class='diaFES' headers='head711' title='Día inhábil en todo el territorio nacional'>5<span class='fuera'>/11/2017</span></td>
</tr>
<tr>
<td headers='head111'>6<span class='fuera'>/11/2017</span></td>
<td headers='head211'>7<span class='fuera'>/11/2017</span></td>
<td headers='head311'>8<span class='fuera'>/11/2017</span></td>
<td headers='head411'>9<span class='fuera'>/11/2017</span></td>
<td headers='head511'>10<span class='fuera'>/11/2017</span></td>
<td class='diaFES' headers='head611' title='Día inhábil en todo el territorio nacional'>11<span class='fuera'>/11/2017</span></td>
<td class='diaFES' headers='head711' title='Día inhábil en todo el territorio nacional'>12<span class='fuera'>/11/2017</span></td>
</tr>
<tr>
<td headers='head111'>13<span class='fuera'>/11/2017</span></td>
<td headers='head211'>14<span class='fuera'>/11/2017</span></td>
<td headers='head311'>15<span class='fuera'>/11/2017</span></td>
<td headers='head411'>16<span class='fuera'>/11/2017</span></td>
<td headers='head511'>17<span class='fuera'>/11/2017</span></td>
<td class='diaFES' headers='head611' title='Día inhábil en todo el territorio nacional'>18<span class='fuera'>/11/2017</span></td>
<td class='diaFES' headers='head711' title='Día inhábil en todo el territorio nacional'>19<span class='fuera'>/11/2017</span></td>
</tr>
<tr>
<td headers='head111'>20<span class='fuera'>/11/2017</span></td>
<td headers='head211'>21<span class='fuera'>/11/2017</span></td>
<td headers='head311'>22<span class='fuera'>/11/2017</span></td>
<td headers='head411'>23<span class='fuera'>/11/2017</span></td>
<td headers='head511'>24<span class='fuera'>/11/2017</span></td>
<td class='diaFES' headers='head611' title='Día inhábil en todo el territorio nacional'>25<span class='fuera'>/11/2017</span></td>
<td class='diaFES' headers='head711' title='Día inhábil en todo el territorio nacional'>26<span class='fuera'>/11/2017</span></td>
</tr>
<tr>
<td headers='head111'>27<span class='fuera'>/11/2017</span></td>
<td headers='head211'>28<span class='fuera'>/11/2017</span></td>
<td headers='head311'>29<span class='fuera'>/11/2017</span></td>
<td headers='head411'>30<span class='fuera'>/11/2017</span></td>
<td class='diaNUL' colspan='3'> </td>
</tr>
<tr>
<td class='diaNUL' colspan='7'> </td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table class='calendarioMes' summary='Calendario con el mes de diciembre'>
<caption>Diciembre</caption>
<thead>
<tr>
<th id='head112'>
<abbr title='Lunes'>L</abbr>
</th>
<th id='head212'>
<abbr title='Martes'>M</abbr>
</th>
<th id='head312'>
<abbr title='Miércoles'>M</abbr>
</th>
<th id='head412'>
<abbr title='Jueves'>J</abbr>
</th>
<th id='head512'>
<abbr title='Viernes'>V</abbr>
</th>
<th id='head612'>
<abbr title='Sábado'>S</abbr>
</th>
<th id='head712'>
<abbr title='Domingo'>D</abbr>
</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td class='diaNUL' colspan='4'> </td>
<td headers='head512'>1<span class='fuera'>/12/2017</span></td>
<td class='diaFES' headers='head612' title='Día inhábil en todo el territorio nacional'>2<span class='fuera'>/12/2017</span></td>
<td class='diaFES' headers='head712' title='Día inhábil en todo el territorio nacional'>3<span class='fuera'>/12/2017</span></td>
</tr>
<tr>
<td headers='head112'>4<span class='fuera'>/12/2017</span></td>
<td headers='head212'>5<span class='fuera'>/12/2017</span></td>
<td class='diaFES' headers='head312' title='Día inhábil en todo el territorio nacional'>6<span class='fuera'>/12/2017</span></td>
<td headers='head412'>7<span class='fuera'>/12/2017</span></td>
<td class='diaFES' headers='head512' title='Día inhábil en todo el territorio nacional'>8<span class='fuera'>/12/2017</span></td>
<td class='diaFES' headers='head612' title='Día inhábil en todo el territorio nacional'>9<span class='fuera'>/12/2017</span></td>
<td class='diaFES' headers='head712' title='Día inhábil en todo el territorio nacional'>10<span class='fuera'>/12/2017</span></td>
</tr>
<tr>
<td headers='head112'>11<span class='fuera'>/12/2017</span></td>
<td headers='head212'>12<span class='fuera'>/12/2017</span></td>
<td headers='head312'>13<span class='fuera'>/12/2017</span></td>
<td headers='head412'>14<span class='fuera'>/12/2017</span></td>
<td headers='head512'>15<span class='fuera'>/12/2017</span></td>
<td class='diaFES' headers='head612' title='Día inhábil en todo el territorio nacional'>16<span class='fuera'>/12/2017</span></td>
<td class='diaFES' headers='head712' title='Día inhábil en todo el territorio nacional'>17<span class='fuera'>/12/2017</span></td>
</tr>
<tr>
<td headers='head112'>18<span class='fuera'>/12/2017</span></td>
<td headers='head212'>19<span class='fuera'>/12/2017</span></td>
<td headers='head312'>20<span class='fuera'>/12/2017</span></td>
<td headers='head412'>21<span class='fuera'>/12/2017</span></td>
<td headers='head512'>22<span class='fuera'>/12/2017</span></td>
<td class='diaFES' headers='head612' title='Día inhábil en todo el territorio nacional'>23<span class='fuera'>/12/2017</span></td>
<td class='diaFES' headers='head712' title='Día inhábil en todo el territorio nacional'>24<span class='fuera'>/12/2017</span></td>
</tr>
<tr>
<td class='diaFES' headers='head112' title='Día inhábil en todo el territorio nacional'>25<span class='fuera'>/12/2017</span></td>
<td class='diaMarcaB' headers='head212' title='Día inhábil en el territorio de las comunidades autonómicas que se especifican en la tabla a continuación de este calendario'>26<span class='fuera'>/12/2017</span></td>
<td headers='head312'>27<span class='fuera'>/12/2017</span></td>
<td headers='head412'>28<span class='fuera'>/12/2017</span></td>
<td headers='head512'>29<span class='fuera'>/12/2017</span></td>
<td class='diaFES' headers='head612' title='Día inhábil en todo el territorio nacional'>30<span class='fuera'>/12/2017</span></td>
<td class='diaFES' headers='head712' title='Día inhábil en todo el territorio nacional'>31<span class='fuera'>/12/2017</span></td>
</tr>
<tr>
<td class='diaNUL' colspan='7'> </td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<!-- .cuatrimestre -->
<div class='espacio'></div>
</div>
<!-- calendariosDiarioOficial -->
<ul>
<li><img alt='Día del calendario con fondo gris' class='leyendas' src='/imagenes/diario_boe/img_BOE-A-2015-12438_leyenda_inhabil_nal.png'/> Días inhábiles en todo el territorio nacional</li>
<li><img alt='Día del calendario con fondo blanco y borde negro' class='leyendas' src='/imagenes/diario_boe/img_BOE-A-2015-12438_leyenda_inhabil_ccaa.png'/> Días inhábiles solo en el territorio de las <abbr title='comunidades autónomas'>CC.AA.</abbr> que se especifican a continuación:
<table class='diasInhabiles' summary='Días inhábiles solo en el territorio de las comunidades autónomas'><tr><th>Enero</th><td><ul><li>Día 2: Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León, Murcia, Ciudad de Melilla.</li></ul></td></tr><tr><th>Febrero</th><td><ul><li>Día 28: Andalucía</li></ul></td></tr><tr><th>Marzo</th><td><ul><li>Día 1: Illes Balears.</li><li>Día 20: Extremadura, Madrid.</li></ul></td></tr><tr><th>Abril</th><td><ul><li>Día 13: Andalucía, Aragón, Asturias, Illes Balears, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad
Valenciana, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia, Navarra, País Vasco, La Rioja, Ciudad de Ceuta, Ciudad de Melilla.</li><li>Día 17: Illes Balears, Cataluña, Comunidad Valenciana, Navarra, País Vasco, La Rioja.</li><li>Día 24: Aragón, Castilla y León.</li></ul></td></tr><tr><th>Mayo</th><td><ul><li>Día 2: Madrid.</li><li>Día 17: Galicia.</li><li>Día 30: Canarias.</li><li>Día 31: Castilla-La Mancha.</li></ul></td></tr><tr><th>Junio</th><td><ul><li>Día 9: Murcia, La Rioja.</li><li>Día 15: Castilla-La Mancha.</li></ul></td></tr><tr><th>Julio</th><td><ul><li>Día 25: Galicia, Navarra, País Vasco.</li><li>Día 28: Cantabria.</li></ul></td></tr><tr><th>Septiembre</th><td><ul><li>Día 1: Ciudad de Ceuta, Ciudad de Melilla.</li><li>Día 8: Asturias y Extremadura</li><li>Día 11: Cataluña.</li><li>Día 15: Cantabria</li></ul></td></tr><tr><th>Octubre</th><td><ul><li>Día 9: Comunidad Valenciana.</li></ul></td></tr><tr><th>Diciembre</th><td><ul><li>Día 26: Cataluña.</li></ul></td></tr><tr><td colspan='2'><p>En la Comunidad Autónoma de Canarias, el Decreto 50/2016, de 9 de mayo, por el que se determina el calendario de fiestas laborales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2017 (<acronym title='Boletín Oficial de Canarias'>B.O.C.</acronym> de 17-05-2016) dispone que:</p><p>En las islas de El Hierro, Fuerteventura, Gran Canaria, La Gomera, La Palma, Lanzarote y Tenerife, las fiestas laborales serán, además, las siguientes: en El Hierro: el 1 de julio, Bajada de la Virgen de Nuestra Señora de los Reyes; en Fuerteventura: el 15 de septiembre, festividad de Nuestra Señora de la Peña; en Gran Canaria: el 8 de septiembre, festividad de Nuestra Señora del Pino; en la Gomera: el 9 de octubre, festividad de Nuestra Señora de Guadalupe; en Lanzarote: el 15 de septiembre, festividad de Nuestra Señora de los Dolores; en La Palma: el 5 de agosto, festividad de Nuestra Señora de las Nieves; en Tenerife: el 2 de febrero, festividad de la Virgen de Candelaria.</p></td></tr><tr><td colspan='2'><p>En la Comunidad Autónoma de Cataluña, la Orden TSF/137/2016, de 30 de mayo, por la que se establece el calendario oficial de fiestas laborales en Cataluña para el año 2017 (<acronym title='Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya'>D.O.G.C.</acronym> de 6 de junio de 2016) dispone que:</p><p>'De las trece fiestas mencionadas... habrá una, a elegir entre el 6 de enero (Reyes), el 17 de abril (Lunes de Pascua Florida), el 24 de junio (San Juan) y el 26 de diciembre (San Esteban) que tendrá el carácter de recuperable. Las otras doce serán de carácter retribuido y no recuperable. Asimismo, se dispone que 'En el territorio de Arán,... la fiesta del 26 de diciembre (San Esteban) queda sustituida por la del día 17 de junio (Fiesta de Arán)'.</p></td></tr></table>
</li>
</ul>
</div>
</texto>
</documento>
|
Fri Dec 30 11:11:52 +0000 2016
|
El artículo 30.7 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que la Administración General del Estado fijará, en su ámbito, el calendario de días inhábiles a efectos de cómputo de plazos, con sujeción al calendario laboral oficial, que ha sido fijado en la Resolución de 4 de octubre de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se publica la relación de fiestas laborales para el año 2017 («Boletín Oficial del Estado» del día 8).
De acuerdo con el artículo 30.8 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la declaración de un día como hábil o inhábil a efectos de cómputo de plazos no determina por sí sola el funcionamiento de los centros de trabajo de las Administraciones Públicas, la organización del tiempo de trabajo ni el acceso de los ciudadanos a los registros.
Este calendario de días inhábiles se publicará antes del comienzo de cada año en el «Boletín Oficial del Estado» y en otros medios de difusión que garanticen su conocimiento por los ciudadanos.
Por todo ello, esta Secretaría de Estado de Función Pública, órgano superior del Ministerio de Hacienda y Función Pública, en virtud del Real Decreto 424/2016, de 11 de noviembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, ha resuelto:
Primero.
Aprobar el calendario de días inhábiles correspondiente al año 2017, para la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos, a efectos de cómputos de plazos.
Segundo.
Son días inhábiles:
a) En todo el territorio nacional: los sábados, los domingos y los días declarados como fiestas de ámbito nacional no sustituibles, o sobre las que la totalidad de las Comunidades Autónomas no ha ejercido la facultad de sustitución.
b) En el ámbito territorial de las Comunidades Autónomas: aquellos días determinados por cada Comunidad Autónoma como festivos.
c) En los ámbitos territoriales de las Entidades que integran la Administración Local: los días que establezcan las respectivas Comunidades Autónomas en sus correspondientes calendarios de días inhábiles.
Los días inhábiles a que se refieren los puntos a) y b) de este apartado se recogen, especificado por meses y por Comunidades Autónomas, en el anexo adjunto.
Tercero.
Disponer la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado», que también estará disponible en el Punto de Acceso General (administracion.gob.es) de la Administración General del Estado.
Madrid, 27 de diciembre de 2016.–La Secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado Martínez.
ANEXO
2017 Calendario de días inhábiles
Enero
L
M
M
J
V
S
D
1
2/01/2017
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Días inhábiles en todo el territorio nacional
Días inhábiles solo en el territorio de las CC.AA. que se especifican a continuación:
EneroDía 2: Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León, Murcia, Ciudad de Melilla.FebreroDía 28: AndalucíaMarzoDía 1: Illes Balears.Día 20: Extremadura, Madrid.AbrilDía 13: Andalucía, Aragón, Asturias, Illes Balears, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad
Valenciana, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia, Navarra, País Vasco, La Rioja, Ciudad de Ceuta, Ciudad de Melilla.Día 17: Illes Balears, Cataluña, Comunidad Valenciana, Navarra, País Vasco, La Rioja.Día 24: Aragón, Castilla y León.MayoDía 2: Madrid.Día 17: Galicia.Día 30: Canarias.Día 31: Castilla-La Mancha.JunioDía 9: Murcia, La Rioja.Día 15: Castilla-La Mancha.JulioDía 25: Galicia, Navarra, País Vasco.Día 28: Cantabria.SeptiembreDía 1: Ciudad de Ceuta, Ciudad de Melilla.Día 8: Asturias y ExtremaduraDía 11: Cataluña.Día 15: CantabriaOctubreDía 9: Comunidad Valenciana.DiciembreDía 26: Cataluña.En la Comunidad Autónoma de Canarias, el Decreto 50/2016, de 9 de mayo, por el que se determina el calendario de fiestas laborales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2017 (B.O.C. de 17-05-2016) dispone que:En las islas de El Hierro, Fuerteventura, Gran Canaria, La Gomera, La Palma, Lanzarote y Tenerife, las fiestas laborales serán, además, las siguientes: en El Hierro: el 1 de julio, Bajada de la Virgen de Nuestra Señora de los Reyes; en Fuerteventura: el 15 de septiembre, festividad de Nuestra Señora de la Peña; en Gran Canaria: el 8 de septiembre, festividad de Nuestra Señora del Pino; en la Gomera: el 9 de octubre, festividad de Nuestra Señora de Guadalupe; en Lanzarote: el 15 de septiembre, festividad de Nuestra Señora de los Dolores; en La Palma: el 5 de agosto, festividad de Nuestra Señora de las Nieves; en Tenerife: el 2 de febrero, festividad de la Virgen de Candelaria.En la Comunidad Autónoma de Cataluña, la Orden TSF/137/2016, de 30 de mayo, por la que se establece el calendario oficial de fiestas laborales en Cataluña para el año 2017 (D.O.G.C. de 6 de junio de 2016) dispone que:'De las trece fiestas mencionadas... habrá una, a elegir entre el 6 de enero (Reyes), el 17 de abril (Lunes de Pascua Florida), el 24 de junio (San Juan) y el 26 de diciembre (San Esteban) que tendrá el carácter de recuperable. Las otras doce serán de carácter retribuido y no recuperable. Asimismo, se dispone que 'En el territorio de Arán,... la fiesta del 26 de diciembre (San Esteban) queda sustituida por la del día 17 de junio (Fiesta de Arán)'.
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Calendario 2017 de días inhábiles. Bien útil cuando toca hacer cuentas para entrar en plazo ;) #BOE
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[
"109",
"121"
] |
NOMBRAMIENTOS_Y_CESES
|
Ministerio de Hacienda y Función Pública
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Calendario 2017 de días inhábiles.
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[
"82",
"2499",
"5703"
] | 3,284
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2021-09-29
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BOE-A-2017-11744
|
Real Decreto 834/2021, de 28 de septiembre, por el que se designa Embajador de España en Canadá a don Alfredo Martínez Serrano.
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<titulo>Real Decreto 834/2021, de 28 de septiembre, por el que se designa Embajador de España en Canadá a don Alfredo Martínez Serrano.</titulo>
<diario codigo='BOE'>Boletín Oficial del Estado</diario>
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<departamento codigo='9562'>Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación</departamento>
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<fecha_publicacion>20210929</fecha_publicacion>
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<alerta codigo='139' orden=''>Nombramientos y ceses de altos cargos</alerta>
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<texto>
<p class='parrafo'>A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 28 de septiembre de 2021,</p>
<p class='parrafo'>Vengo en designar Embajador de España en Canadá a don Alfredo Martínez Serrano.</p>
<p class='parrafo_2'>Dado en Madrid, el 28 de septiembre de 2021.</p>
<p class='firma_rey'>FELIPE R.</p>
<p class='firma_ministro'>El Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación,</p>
<p class='firma_ministro'>JOSÉ MANUEL ALBARES BUENO</p>
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</documento>
|
Wed Sep 29 07:17:28 +0000 2021
|
A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 28 de septiembre de 2021,
Vengo en designar Embajador de España en Canadá a don Alfredo Martínez Serrano.
Dado en Madrid, el 28 de septiembre de 2021.
FELIPE R.
El Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación,
JOSÉ MANUEL ALBARES BUENO
|
Como os comentaba ayer... Al final ha sido nombrado embajador en Canadá #BOE
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[
"139"
] |
TRIBUNAL_CONSTITUCIONAL
|
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
|
Alfredo Martínez Serrano, designado Embajador de España en Canadá.
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[] | 3,285
|
||
2021-10-15
|
Recurso promovido contra
el art. 15 y disposición final 1.6 del Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo
Recurso promovido contra
los arts. 87, 87 ter y 122 quater de la Ley 29/1998, de 13 de julio
|
BOE-B-2013-34281
|
Recurso de inconstitucionalidad n.º 5305-2021, contra el artículo 15 (Capítulo VI) y el punto 6.º de la disposición final primera del Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes en el orden sanitario, social y jurisdiccional, a aplicar tras la finalización del estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre.
|
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<titulo>Recurso de inconstitucionalidad n.º 5305-2021, contra el artículo 15 (Capítulo VI) y el punto 6.º de la disposición final primera del Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes en el orden sanitario, social y jurisdiccional, a aplicar tras la finalización del estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre.</titulo>
<diario codigo='BOE'>Boletín Oficial del Estado</diario>
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<nota codigo='0' orden='999'>el Recurso contra los arts. 87, 87 ter y 122 quater de la Ley 29/1998, de 13 de julio, se establece por estar modificados por el Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de julio</nota>
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<materia codigo='3247' orden=''>Epidemias</materia>
<materia codigo='4701' orden=''>Jurisdicción Contencioso Administrativa</materia>
<materia codigo='5894' orden=''>Recurso de Casación</materia>
<materia codigo='5904' orden=''>Recursos de inconstitucionalidad</materia>
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<alerta codigo='138' orden=''>Administración de Justicia</alerta>
<alerta codigo='111' orden=''>Derecho Constitucional</alerta>
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<anterior orden='4049' referencia='BOE-A-2021-7351'>
<palabra codigo='552'>Recurso promovido contra</palabra>
<texto>el art. 15 y disposición final 1.6 del Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo</texto>
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<anterior orden='4051' referencia='BOE-A-1998-16718'>
<palabra codigo='552'>Recurso promovido contra</palabra>
<texto>los arts. 87, 87 ter y 122 quater de la Ley 29/1998, de 13 de julio</texto>
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<texto>
<p class='parrafo'>El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 7 de octubre de 2021, ha acordado admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad número 5305-2021, promovido por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, contra el artículo 15 (Capítulo VI) y el punto 6.º de la disposición final primera del Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes en el orden sanitario, social y jurisdiccional, a aplicar tras la finalización del estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre.</p>
<p class='parrafo_2'>Madrid, 7 de octubre de 2021.–El Secretario de Justicia del Pleno del Tribunal Constitucional, Alfonso Pérez Camino.</p>
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Fri Oct 15 07:28:53 +0000 2021
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El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 7 de octubre de 2021, ha acordado admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad número 5305-2021, promovido por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, contra el artículo 15 (Capítulo VI) y el punto 6.º de la disposición final primera del Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes en el orden sanitario, social y jurisdiccional, a aplicar tras la finalización del estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre.
Madrid, 7 de octubre de 2021.–El Secretario de Justicia del Pleno del Tribunal Constitucional, Alfonso Pérez Camino.
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Hoy, en el #BOE, el TC admite 3 recursos, os los cuento en dos tuits. El primero, del PP, contra el decreto ley que delegó en el Supremo la autorización o revocación de medidas por la pandemia.
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"138",
"111"
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CONVOCATORIAS
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Tribunal Constitucional
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El TC admite a trámite el recurso del Partido Popular contra el decreto ley por el que se adoptan medidas urgentes en el orden sanitario, social y jurisdiccional, a aplicar tras la finalización del estado de alarma.
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[
"3247",
"4701",
"5894",
"5904"
] | 3,287
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2013-09-18
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BOE-A-2014-217
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Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Alicante por la que se anuncia pública subasta para la enajenación de siete bienes inmuebles propiedad de la Administración General del Estado.
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<documento fecha_actualizacion='20200821115601'>
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<identificador>BOE-B-2013-34281</identificador>
<titulo>Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Alicante por la que se anuncia pública subasta para la enajenación de siete bienes inmuebles propiedad de la Administración General del Estado.</titulo>
<diario codigo='BOE'>Boletín Oficial del Estado</diario>
<diario_numero>224</diario_numero>
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<departamento codigo='9216'>Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas</departamento>
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<fecha_publicacion>20130918</fecha_publicacion>
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<modalidad codigo='O'>Otros</modalidad>
<tipo codigo='2'>Servicios</tipo>
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<procedimiento codigo=''></procedimiento>
<fecha_presentacion_ofertas>Hasta las 14:00 horas del día 17 de octubre de 2013</fecha_presentacion_ofertas>
<fecha_apertura_ofertas>A las 1100 horas del día 29 de octubre de 2013</fecha_apertura_ofertas>
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<ambito_geografico>Comunidad Valenciana</ambito_geografico>
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<materias_cpv>70000000 Servicios inmobiliarios</materias_cpv>
<observaciones>Varios lotes
Subasta</observaciones>
</analisis>
<texto>
<p class='parrafo'>La Delegación de Economía y Hacienda en Alicante, sita en la Plaza de la Montañeta, n.º 8, de Alicante, ha dispuesto la celebración de primera subasta y, en caso de quedar desierta, segunda subasta de los lotes que se describen mediante subastas públicas al alza con el procedimiento de presentación de ofertas en sobre cerrado, cuyo Pliego de Condiciones podrá examinarse en la Sección de Patrimonio del Estado de esta Delegación y en la página web del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (www.minhap.gob.es):</p>
<p class='parrafo'>Lote 1</p>
<p class='parrafo'>Descripción: Finca urbana. Vivienda situada en el municipio de Alcoy (Alicante), c/ Na Saurina d’Entença, n.º 47, planta 2.ª, con una superficie construida según Registro de la Propiedad y según certificación catastral de 100 m².</p>
<p class='parrafo'>Inscripción Registral: Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Alcoy, al tomo 1.236, libro 871, folio 187, finca número 37.193 de Alcoy.</p>
<p class='parrafo'>Referencia Catastral: 9369107YH1896N0004TL.</p>
<p class='parrafo'>Condiciones urbanísticas: Las que se derivan del planeamiento urbanístico, a verificar por los interesados en el Ayuntamiento.</p>
<p class='parrafo'>Inmueble con Inspección Técnica de Edificios desfavorable; requiere algunas medidas correctoras.</p>
<p class='parrafo'>Calificación de eficiencia energética: G</p>
<p class='parrafo'>Se pone en conocimiento de los posibles interesados que el inmueble antes descrito se encuentra libre de cargas.</p>
<p class='parrafo'>Tipo de licitación y fianza:</p>
<p class='parrafo'>Tipo de licitación para la 1.ª subasta: 46.500 €.</p>
<p class='parrafo'>Tipo de licitación para la 2.ª subasta: 39.525 €.</p>
<p class='parrafo'>Fianza para 1.ª y 2.ª subasta: 2.325 €.</p>
<p class='parrafo'>Lote 2</p>
<p class='parrafo'>Descripción: Finca urbana. Vivienda situada en el municipio de Alcoy (Alicante), C/ Na Saurina d’Entença, n.º 47, planta 3.ª, con una superficie construida según Registro de la Propiedad y según certificación catastral de 100 m².</p>
<p class='parrafo'>Inscripción Registral: Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Alcoy, al tomo 1.236, libro 871, folio 189, finca número 37.194 de Alcoy.</p>
<p class='parrafo'>Referencia Catastral: 9369107YH1896N0005YB.</p>
<p class='parrafo'>Condiciones urbanísticas: Las que se derivan del planeamiento urbanístico, a verificar por los interesados en el Ayuntamiento.</p>
<p class='parrafo'>Inmueble con Inspección Técnica de Edificios desfavorable; requiere algunas medidas correctoras.</p>
<p class='parrafo'>Calificación de eficiencia energética: G</p>
<p class='parrafo'>Se pone en conocimiento de los posibles interesados que el inmueble antes descrito se encuentra libre de cargas.</p>
<p class='parrafo'>Tipo de licitación y fianza:</p>
<p class='parrafo'>Tipo de licitación para la 1.ª subasta: 46.500 €.</p>
<p class='parrafo'>Tipo de licitación para la 2.ª subasta: 39.525 €.</p>
<p class='parrafo'>Fianza para 1.ª y 2.ª subasta: 2.325 €.</p>
<p class='parrafo'>Lote 3</p>
<p class='parrafo'>Descripción: Finca urbana. Vivienda situada en el municipio de Alcoy (Alicante), C/ Na Saurina D’Entença, n.º 47, planta 4.ª (ático), con una superficie construida según Registro de la Propiedad y según certificación catastral de 68 m², más 32 m² de terraza.</p>
<p class='parrafo'>Inscripción Registral: Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Alcoy, al tomo 1.236, libro 871, folio 191, finca número 37.195 de Alcoy.</p>
<p class='parrafo'>Referencia Catastral: 9369107YH1896N0006UZ.</p>
<p class='parrafo'>Condiciones urbanísticas: Las que se derivan del planeamiento urbanístico, a verificar por los interesados en el Ayuntamiento.</p>
<p class='parrafo'>Inmueble con Inspección Técnica de Edificios desfavorable; requiere algunas medidas correctoras.</p>
<p class='parrafo'>Calificación de eficiencia energética: G</p>
<p class='parrafo'>Se pone en conocimiento de los posibles interesados que el inmueble antes descrito se encuentra libre de cargas.</p>
<p class='parrafo'>Tipo de licitación y fianza:</p>
<p class='parrafo'>Tipo de licitación para la 1.ª subasta: 31.620 €.</p>
<p class='parrafo'>Tipo de licitación para la 2.ª subasta: 26.877 €.</p>
<p class='parrafo'>Fianza para 1.ª y 2.ª subasta: 1.581 €.</p>
<p class='parrafo'>Lote 4</p>
<p class='parrafo'>Descripción: Finca urbana. Parcela de terreno situada en el término municipal de Tibi, urbanización Finca Terol, parcela 38 del Sector F, con una superficie según Registro de la Propiedad y según certificación catastral de 1.165 m².</p>
<p class='parrafo'>Linderos: Derecha entrando con la parcela F-38 bis; izquierda, con la parcela 37-F bis y espaldas o fondo, con la parcela F-4.</p>
<p class='parrafo'>Inscripción Registral: Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Jijona, al tomo 658, libro 54, folio 1, finca número 4.492 de Tibi.</p>
<p class='parrafo'>Referencia Catastral: 9102005YH0790S0001RB.</p>
<p class='parrafo'>Condiciones urbanísticas: Las que se derivan del planeamiento urbanístico, a verificar por los interesados en el Ayuntamiento.</p>
<p class='parrafo'>Se pone en conocimiento de los posibles interesados que el inmueble antes descrito se encuentra con la siguiente nota registral.- Cert. Art. 5 del RD 1093/1997, de 4 de julio, con el siguiente contenido: Expedida don fecha 23 de julio de 2010, certificación de dominio y cargas, de conformidad con el art. 5 del RD 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria, en materia de Actos de Naturaleza Urbanística, para el Proyecto de Reparcelación Forzosa, Unidad de Ejecución Única del Plan Parcial Modificativo del Sector 4 del Suelo Urbanizable 'Finca Terol', formalizada en certificación administrativa otorgada en Tibi el 9 de abril de 2010 por el Ayuntamiento de Tibi.</p>
<p class='parrafo'>Tipo de licitación y fianza:</p>
<p class='parrafo'>Tipo de licitación para la 1.ª subasta: 75.725 €.</p>
<p class='parrafo'>Tipo de licitación para la 2.ª subasta: 64.366,25 €.</p>
<p class='parrafo'>Fianza para 1.ª y 2.ª subasta: 3.786,25 €.</p>
<p class='parrafo'>Lote 5</p>
<p class='parrafo'>Descripción: Finca urbana. Parcela de terreno situada en el término municipal de Tibi, urbanización Finca Terol, parcela 35 del Sector F, con una superficie según Registro de la Propiedad y según certificación catastral de 1.308 m².</p>
<p class='parrafo'>Linderos: Derecha entrando con la parcela F-36; izquierda, con la parcela F-34 y espaldas o fondo, con la parcela F-9.</p>
<p class='parrafo'>Inscripción Registral: Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Jijona, al tomo 658, libro 54, folio 3, finca número 4.493 de Tibi.</p>
<p class='parrafo'>Referencia Catastral: 9102010YH0790S0001XB.</p>
<p class='parrafo'>Condiciones urbanísticas: Las que se derivan del planeamiento urbanístico, a verificar por los interesados en el Ayuntamiento.</p>
<p class='parrafo'>Se pone en conocimiento de los posibles interesados que el inmueble antes descrito se encuentra con la siguiente nota registral.- Cert. Art. 5 del RD 1093/1997, de 4 de julio, con el siguiente contenido: Expedida con fecha 23 de julio de 2010, certificación de dominio y cargas, de conformidad con el art. 5 del RD 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria, en materia de Actos de Naturaleza Urbanística, para el Proyecto de Reparcelación Forzosa, Unidad de Ejecución Única del Plan Parcial Modificativo del Sector 4 del Suelo Urbanizable 'Finca Terol', formalizada en certificación administrativa otorgada en Tibi el 9 de abril de 2010, por el Ayuntamiento de Tibi.</p>
<p class='parrafo'>Tipo de licitación y fianza:</p>
<p class='parrafo'>Tipo de licitación para la 1.ª subasta: 85.020 €.</p>
<p class='parrafo'>Tipo de licitación para la 2.ª subasta: 72.267 €.</p>
<p class='parrafo'>Fianza para 1.ª y 2.ª subasta: 4.251 €.</p>
<p class='parrafo'>Lote 6</p>
<p class='parrafo'>Descripción: Finca rústica situada en el término municipal de Pego (Alicante), paraje 'Carritjar', polígono 1, parcela 474, con una superficie según Registro de la Propiedad de 79.178 m² y según certificación catastral de 79.175 m².</p>
<p class='parrafo'>Linderos: Norte, con parcela 488 a nombre de José Aguilar Torres, con parcelas 593, 476 y 478 a nombre de Vicente Torres Mengual, con parcela 487 a nombre de Joaquín Torres Mengual, con parcela 475 a nombre de Vicente Alentado Sendra, y con parcela 610 a nombre de Cons-Cime, S.L., todas ellas del polígono 1; Sur, con parcela 470 y 471 a nombre de Rafael Mendías Oltra, con parcela 469 a nombre de Carmen Server Server y con parcela 454 a nombre de Pavimentos Bituminosos Serrano, S.L., todas ellas del polígono 1; Este, con parcela 478, 475 y 610, todas del polígono 1; y Oeste, con el límite del término municipal de Adsubia y con parcelas 488, 471 y 470, todas del polígono 1.</p>
<p class='parrafo'>Inscripción Registral: Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Pego, al tomo 972, libro 445, folio 32, finca número 29.990 de Pego.</p>
<p class='parrafo'>Referencia Catastral: 03102A001004740000DW.</p>
<p class='parrafo'>Condiciones urbanísticas: Las que se derivan del planeamiento urbanístico, a verificar por los interesados en el Ayuntamiento.</p>
<p class='parrafo'>Se pone en conocimiento de los posibles interesados que el inmueble antes descrito se encuentra libre de cargas.</p>
<p class='parrafo'>Tipo de licitación y fianza:</p>
<p class='parrafo'>Tipo de licitación para la 1.ª subasta: 27.117 €.</p>
<p class='parrafo'>Tipo de licitación para la 2.ª subasta: 23.049,45 €.</p>
<p class='parrafo'>Fianza para 1.ª y 2.ª subasta: 1.355,85 €.</p>
<p class='parrafo'>Lote 7</p>
<p class='parrafo'>Descripción: Finca rústica situada en el término municipal de Elda (Alicante), paraje 'El Bolón', polígono 14, parcela 35, con una superficie según Registro de la Propiedad y según certificación catastral de 47.579 m².</p>
<p class='parrafo'>Linderos: Norte, con parcelas 15 y 30 de don Francisco Beltrán Martín y doña Concepción Bellod Esteve, respectivamente; Este, con parcelas 34 y 31 de doña Francisca María Maestre Juan y don Alfredo Milla Mira, respectivamente; Oeste y Sur, con parcela 36 de don Pedro Real Lull, y Sureste con parcela 33 de doña Francisca María Maestre Juan.</p>
<p class='parrafo'>Inscripción Registral: Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Elda n.º 2, al tomo 2.002, libro 822, folio 145, finca número 50.469 de Elda.</p>
<p class='parrafo'>Referencia Catastral: 03066A014000350000QI.</p>
<p class='parrafo'>Condiciones urbanísticas: Las que se derivan del planeamiento urbanístico, a verificar por los interesados en el Ayuntamiento.</p>
<p class='parrafo'>Se pone en conocimiento de los posibles interesados que el inmueble antes descrito se encuentra libre de cargas.</p>
<p class='parrafo'>Tipo de licitación y fianza:</p>
<p class='parrafo'>Tipo de licitación para la 1.ª subasta: 16.295 €.</p>
<p class='parrafo'>Tipo de licitación para la 2.ª subasta: 13.850,75 €.</p>
<p class='parrafo'>Fianza para 1.ª y 2.ª subasta: 814,75 €.</p>
<p class='parrafo'>Las ofertas se presentarán, en sobre cerrado, en el Registro General de esta Delegación hasta las 14:00 horas del día 17 de octubre de 2013. En caso de presentarse en otro de los registros previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, deberá remitirse, en la misma fecha de su presentación, mediante fax al número 965 20 47 16, dirigido a la Sección de Patrimonio de esta Delegación, de la hoja en que conste el sello del registro ante el que se ha presentado la documentación.</p>
<p class='parrafo'>La apertura de las ofertas y celebración de la subasta tendrán lugar en el Salón de Actos de la AEAT, sito en la Plaza de la Montañeta, n.º 8, 2.ª planta, de Alicante, a las 11:00 horas del día 29 de octubre de 2013.</p>
<p class='parrafo'>Para participar en la subasta es necesario acompañar documento que acredite la constitución de la fianza, mediante aval bancario o resguardo de constitución de la garantía en la Caja General de Depósitos o en sus sucursales, de la forma que contempla la cláusula quinta del Pliego de Condiciones.</p>
<p class='parrafo'>Todas las incidencias que se presenten serán resueltas a tenor de lo establecido en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas y su Reglamento de desarrollo.</p>
<p class='parrafo_2'>Alicante, 9 de septiembre de 2013.- El Delegado de Economía y Hacienda, Julio Gutiérrez Cardona.</p>
</texto>
</documento>
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Wed Sep 18 08:35:10 +0000 2013
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La Delegación de Economía y Hacienda en Alicante, sita en la Plaza de la Montañeta, n.º 8, de Alicante, ha dispuesto la celebración de primera subasta y, en caso de quedar desierta, segunda subasta de los lotes que se describen mediante subastas públicas al alza con el procedimiento de presentación de ofertas en sobre cerrado, cuyo Pliego de Condiciones podrá examinarse en la Sección de Patrimonio del Estado de esta Delegación y en la página web del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (www.minhap.gob.es):
Lote 1
Descripción: Finca urbana. Vivienda situada en el municipio de Alcoy (Alicante), c/ Na Saurina d’Entença, n.º 47, planta 2.ª, con una superficie construida según Registro de la Propiedad y según certificación catastral de 100 m².
Inscripción Registral: Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Alcoy, al tomo 1.236, libro 871, folio 187, finca número 37.193 de Alcoy.
Referencia Catastral: 9369107YH1896N0004TL.
Condiciones urbanísticas: Las que se derivan del planeamiento urbanístico, a verificar por los interesados en el Ayuntamiento.
Inmueble con Inspección Técnica de Edificios desfavorable; requiere algunas medidas correctoras.
Calificación de eficiencia energética: G
Se pone en conocimiento de los posibles interesados que el inmueble antes descrito se encuentra libre de cargas.
Tipo de licitación y fianza:
Tipo de licitación para la 1.ª subasta: 46.500 €.
Tipo de licitación para la 2.ª subasta: 39.525 €.
Fianza para 1.ª y 2.ª subasta: 2.325 €.
Lote 2
Descripción: Finca urbana. Vivienda situada en el municipio de Alcoy (Alicante), C/ Na Saurina d’Entença, n.º 47, planta 3.ª, con una superficie construida según Registro de la Propiedad y según certificación catastral de 100 m².
Inscripción Registral: Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Alcoy, al tomo 1.236, libro 871, folio 189, finca número 37.194 de Alcoy.
Referencia Catastral: 9369107YH1896N0005YB.
Condiciones urbanísticas: Las que se derivan del planeamiento urbanístico, a verificar por los interesados en el Ayuntamiento.
Inmueble con Inspección Técnica de Edificios desfavorable; requiere algunas medidas correctoras.
Calificación de eficiencia energética: G
Se pone en conocimiento de los posibles interesados que el inmueble antes descrito se encuentra libre de cargas.
Tipo de licitación y fianza:
Tipo de licitación para la 1.ª subasta: 46.500 €.
Tipo de licitación para la 2.ª subasta: 39.525 €.
Fianza para 1.ª y 2.ª subasta: 2.325 €.
Lote 3
Descripción: Finca urbana. Vivienda situada en el municipio de Alcoy (Alicante), C/ Na Saurina D’Entença, n.º 47, planta 4.ª (ático), con una superficie construida según Registro de la Propiedad y según certificación catastral de 68 m², más 32 m² de terraza.
Inscripción Registral: Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Alcoy, al tomo 1.236, libro 871, folio 191, finca número 37.195 de Alcoy.
Referencia Catastral: 9369107YH1896N0006UZ.
Condiciones urbanísticas: Las que se derivan del planeamiento urbanístico, a verificar por los interesados en el Ayuntamiento.
Inmueble con Inspección Técnica de Edificios desfavorable; requiere algunas medidas correctoras.
Calificación de eficiencia energética: G
Se pone en conocimiento de los posibles interesados que el inmueble antes descrito se encuentra libre de cargas.
Tipo de licitación y fianza:
Tipo de licitación para la 1.ª subasta: 31.620 €.
Tipo de licitación para la 2.ª subasta: 26.877 €.
Fianza para 1.ª y 2.ª subasta: 1.581 €.
Lote 4
Descripción: Finca urbana. Parcela de terreno situada en el término municipal de Tibi, urbanización Finca Terol, parcela 38 del Sector F, con una superficie según Registro de la Propiedad y según certificación catastral de 1.165 m².
Linderos: Derecha entrando con la parcela F-38 bis; izquierda, con la parcela 37-F bis y espaldas o fondo, con la parcela F-4.
Inscripción Registral: Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Jijona, al tomo 658, libro 54, folio 1, finca número 4.492 de Tibi.
Referencia Catastral: 9102005YH0790S0001RB.
Condiciones urbanísticas: Las que se derivan del planeamiento urbanístico, a verificar por los interesados en el Ayuntamiento.
Se pone en conocimiento de los posibles interesados que el inmueble antes descrito se encuentra con la siguiente nota registral.- Cert. Art. 5 del RD 1093/1997, de 4 de julio, con el siguiente contenido: Expedida don fecha 23 de julio de 2010, certificación de dominio y cargas, de conformidad con el art. 5 del RD 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria, en materia de Actos de Naturaleza Urbanística, para el Proyecto de Reparcelación Forzosa, Unidad de Ejecución Única del Plan Parcial Modificativo del Sector 4 del Suelo Urbanizable 'Finca Terol', formalizada en certificación administrativa otorgada en Tibi el 9 de abril de 2010 por el Ayuntamiento de Tibi.
Tipo de licitación y fianza:
Tipo de licitación para la 1.ª subasta: 75.725 €.
Tipo de licitación para la 2.ª subasta: 64.366,25 €.
Fianza para 1.ª y 2.ª subasta: 3.786,25 €.
Lote 5
Descripción: Finca urbana. Parcela de terreno situada en el término municipal de Tibi, urbanización Finca Terol, parcela 35 del Sector F, con una superficie según Registro de la Propiedad y según certificación catastral de 1.308 m².
Linderos: Derecha entrando con la parcela F-36; izquierda, con la parcela F-34 y espaldas o fondo, con la parcela F-9.
Inscripción Registral: Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Jijona, al tomo 658, libro 54, folio 3, finca número 4.493 de Tibi.
Referencia Catastral: 9102010YH0790S0001XB.
Condiciones urbanísticas: Las que se derivan del planeamiento urbanístico, a verificar por los interesados en el Ayuntamiento.
Se pone en conocimiento de los posibles interesados que el inmueble antes descrito se encuentra con la siguiente nota registral.- Cert. Art. 5 del RD 1093/1997, de 4 de julio, con el siguiente contenido: Expedida con fecha 23 de julio de 2010, certificación de dominio y cargas, de conformidad con el art. 5 del RD 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria, en materia de Actos de Naturaleza Urbanística, para el Proyecto de Reparcelación Forzosa, Unidad de Ejecución Única del Plan Parcial Modificativo del Sector 4 del Suelo Urbanizable 'Finca Terol', formalizada en certificación administrativa otorgada en Tibi el 9 de abril de 2010, por el Ayuntamiento de Tibi.
Tipo de licitación y fianza:
Tipo de licitación para la 1.ª subasta: 85.020 €.
Tipo de licitación para la 2.ª subasta: 72.267 €.
Fianza para 1.ª y 2.ª subasta: 4.251 €.
Lote 6
Descripción: Finca rústica situada en el término municipal de Pego (Alicante), paraje 'Carritjar', polígono 1, parcela 474, con una superficie según Registro de la Propiedad de 79.178 m² y según certificación catastral de 79.175 m².
Linderos: Norte, con parcela 488 a nombre de José Aguilar Torres, con parcelas 593, 476 y 478 a nombre de Vicente Torres Mengual, con parcela 487 a nombre de Joaquín Torres Mengual, con parcela 475 a nombre de Vicente Alentado Sendra, y con parcela 610 a nombre de Cons-Cime, S.L., todas ellas del polígono 1; Sur, con parcela 470 y 471 a nombre de Rafael Mendías Oltra, con parcela 469 a nombre de Carmen Server Server y con parcela 454 a nombre de Pavimentos Bituminosos Serrano, S.L., todas ellas del polígono 1; Este, con parcela 478, 475 y 610, todas del polígono 1; y Oeste, con el límite del término municipal de Adsubia y con parcelas 488, 471 y 470, todas del polígono 1.
Inscripción Registral: Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Pego, al tomo 972, libro 445, folio 32, finca número 29.990 de Pego.
Referencia Catastral: 03102A001004740000DW.
Condiciones urbanísticas: Las que se derivan del planeamiento urbanístico, a verificar por los interesados en el Ayuntamiento.
Se pone en conocimiento de los posibles interesados que el inmueble antes descrito se encuentra libre de cargas.
Tipo de licitación y fianza:
Tipo de licitación para la 1.ª subasta: 27.117 €.
Tipo de licitación para la 2.ª subasta: 23.049,45 €.
Fianza para 1.ª y 2.ª subasta: 1.355,85 €.
Lote 7
Descripción: Finca rústica situada en el término municipal de Elda (Alicante), paraje 'El Bolón', polígono 14, parcela 35, con una superficie según Registro de la Propiedad y según certificación catastral de 47.579 m².
Linderos: Norte, con parcelas 15 y 30 de don Francisco Beltrán Martín y doña Concepción Bellod Esteve, respectivamente; Este, con parcelas 34 y 31 de doña Francisca María Maestre Juan y don Alfredo Milla Mira, respectivamente; Oeste y Sur, con parcela 36 de don Pedro Real Lull, y Sureste con parcela 33 de doña Francisca María Maestre Juan.
Inscripción Registral: Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Elda n.º 2, al tomo 2.002, libro 822, folio 145, finca número 50.469 de Elda.
Referencia Catastral: 03066A014000350000QI.
Condiciones urbanísticas: Las que se derivan del planeamiento urbanístico, a verificar por los interesados en el Ayuntamiento.
Se pone en conocimiento de los posibles interesados que el inmueble antes descrito se encuentra libre de cargas.
Tipo de licitación y fianza:
Tipo de licitación para la 1.ª subasta: 16.295 €.
Tipo de licitación para la 2.ª subasta: 13.850,75 €.
Fianza para 1.ª y 2.ª subasta: 814,75 €.
Las ofertas se presentarán, en sobre cerrado, en el Registro General de esta Delegación hasta las 14:00 horas del día 17 de octubre de 2013. En caso de presentarse en otro de los registros previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, deberá remitirse, en la misma fecha de su presentación, mediante fax al número 965 20 47 16, dirigido a la Sección de Patrimonio de esta Delegación, de la hoja en que conste el sello del registro ante el que se ha presentado la documentación.
La apertura de las ofertas y celebración de la subasta tendrán lugar en el Salón de Actos de la AEAT, sito en la Plaza de la Montañeta, n.º 8, 2.ª planta, de Alicante, a las 11:00 horas del día 29 de octubre de 2013.
Para participar en la subasta es necesario acompañar documento que acredite la constitución de la fianza, mediante aval bancario o resguardo de constitución de la garantía en la Caja General de Depósitos o en sus sucursales, de la forma que contempla la cláusula quinta del Pliego de Condiciones.
Todas las incidencias que se presenten serán resueltas a tenor de lo establecido en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas y su Reglamento de desarrollo.
Alicante, 9 de septiembre de 2013.- El Delegado de Economía y Hacienda, Julio Gutiérrez Cardona.
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Oye, @pauinthecloud, que el Gobierno se está deshaciendo de unas casicas en Alcoy muy baratas #BOE
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TRIBUNAL_CONSTITUCIONAL
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Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
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Gobierno está subastando de unas casas en Alcoy por importes de 46.500 euros y 39.525 euros.
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[] | 3,288
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2014-01-08
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DICTADA
en el Recurso 3701/2006
DECLARA
la DESESTIMACIÓN del mismo en relación con los arts. 8.3, 28 al 35 y último inciso del art. 48.2 de la Ley 13/2005, de 30 de diciembre
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BOE-A-2021-11301
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Pleno. Sentencia 200/2013, de 5 de diciembre de 2013. Recurso de inconstitucionalidad 3701-2006. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley de las Cortes de Aragón 13/2005, de 30 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas en materia de tributos cedidos y tributos propios de la Comunidad Autónoma de Aragón. Límites de la potestad tributaria de las Comunidades Autónomas: STC 96/2013 (constitucionalidad del impuesto autonómico sobre daño medioambiental causado por las grandes áreas de venta).
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<p class='parrafo'>El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Presidente; doña Adela Asua Batarrita, don Luis Ignacio Ortega Álvarez, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Juan José González Rivas, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez y don Enrique López y López, Magistrados, ha pronunciado</p>
<p class='centro_redonda'>EN NOMBRE DEL REY</p>
<p class='parrafo_2'>la siguiente</p>
<p class='centro_redonda'>SENTENCIA</p>
<p class='parrafo_2'>En el recurso de inconstitucionalidad núm. 3701-2006, promovido por el Presidente del Gobierno contra los arts. 8.3, 28 a 35 y último inciso del art. 48.2 de la Ley de las Cortes de Aragón 13/2005, de 30 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas en materia de tributos cedidos y tributos propios de la Comunidad Autónoma de Aragón. Han comparecido las Cortes de Aragón y la Diputación General de Aragón. Ha sido Ponente el Magistrado don Juan Antonio Xiol Ríos, quien expresa el parecer del Tribunal.</p>
<p class='centro_negrita'>I. Antecedentes</p>
<p class='parrafo_2'>1. El Abogado del Estado, en representación del Presidente del Gobierno, mediante escrito registrado en este Tribunal el 31 de marzo de 2006, interpuso recurso de inconstitucionalidad contra los arts. 8.3, 28 a 35 y último inciso del art. 48.2 de la Ley de las Cortes de Aragón 13/2005, de 30 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas en materia de tributos cedidos y tributos propios de la Comunidad Autónoma de Aragón (Ley de las Cortes de Aragón 13/2005), que regulan el impuesto sobre daño medioambiental causado por las grandes áreas de venta.</p>
<p class='parrafo'>El impuesto es considerado inconstitucional por vulnerar el art. 6.3 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), que impide establecer tributos autonómicos sobre las materias que la legislación de régimen local reserva a las corporaciones locales, argumentando que recae sobre un hecho imponible gravado por el impuesto sobre actividades económicas (IAE).</p>
<p class='parrafo'>El Abogado del Estado reconoce que la exposición de motivos de la Ley de las Cortes de Aragón 13/2005 especifica que se trata de un impuesto propio con una finalidad ecológica, para cuyo establecimiento es competente la Comunidad Autónoma de Aragón por concurrir el doble título habilitante de la potestad tributaria de la Comunidad Autónoma de Aragón y su competencia para el desarrollo legislativo y ejecución en la materia de protección del medio ambiente. Así, destaca que su objeto expreso es gravar la concreta capacidad económica manifestada en la actividad y el tráfico desarrollados en establecimientos comerciales que, por su efecto de atracción al consumo, provoca un desplazamiento masivo de vehículos y, en consecuencia, un daño medioambiental en el entorno natural y territorial de la Comunidad Autónoma. Sin embargo, tras analizar la regulación de este impuesto, el Abogado del Estado afirma que este impuesto carece de la función extrafiscal que la Ley le atribuye, ya que dicha función, aun en el supuesto de que la actividad comercial generase los daños que la ley impugnada le imputa, no está inserta en la configuración del tributo.</p>
<p class='parrafo'>El Abogado del Estado toma en consideración la jurisprudencia constitucional fijada en las SSTC 289/2000 y 168/2004, que ha establecido que la declaración en la ley del carácter extrafiscal de un tributo no implica necesariamente su reconocimiento como tal, sino que es necesario que la estructura y regulación del tributo confirme dicha calificación. A partir de ello, argumenta que es preciso hacer un análisis de la regulación del impuesto para poder dilucidar cuál es su verdadero carácter, afirmando que carece de la extrafiscalidad pretendida. Así, aduce que la regulación impugnada no estimula actuaciones preventivas o protectoras y que es imposible minorar el supuesto impacto medioambiental de un gran establecimiento comercial que pasaría, inexorablemente, por su cierre, ya que el daño que pretende evitarse no está producido directamente por las grandes áreas de venta sino por terceros, que son los potenciales consumidores que acuden masivamente a esos establecimientos en sus vehículos. De ello, concluye que es un tributo de carácter fiscal que grava el mero ejercicio de la actividad de comercio al por menor en grandes establecimientos comerciales.</p>
<p class='parrafo'>El Abogado del Estado también afirma que el análisis de los supuestos de no sujeción y de exención del impuesto confirma la ausencia de ese carácter extrafiscal, recordando que la jurisprudencia constitucional ha establecido que resulta arbitrario y revelador de la ausencia de extrafiscalidad que, sin justificación alguna, se sujeten al impuesto una actividades que impliquen un daño y otras no. Así, manifiesta que eso es lo que sucede con la presente regulación en que el hecho imponible queda limitado al uso de instalaciones afectas a la actividad desarrollada en establecimientos comerciales que dispongan de una gran área de venta y de aparcamiento para sus clientes, quedando excluidos los daños medioambientales causados por otras actividades no comerciales desarrolladas en grandes superficies como son los centros de ocio y espectáculos, estadios e instalaciones deportivas, aeropuertos, etc., pese a que el efecto contaminante se produce en igual grado, lo que supondría un trato desigual ausente de justificación que revela el carácter arbitrario y contrario al art. 9.3 CE del tributo, así como la vulneración de los principios de igualdad (arts. 14 y 31 CE, en el ámbito específicamente tributario) y generalidad (art. 31 CE). A la misma conclusión sobre la carencia del carácter extrafiscal del impuesto llega el Abogado del Estado analizando la configuración legal de la base imponible, que es la superficie total del establecimiento y no otros elementos vinculados a la contaminación originada.</p>
<p class='parrafo'>Finalmente, el Abogado del Estado argumenta que, al tener el impuesto impugnado como materia imponible la fuente de riqueza que se pone de manifiesto con la explotación de las grandes áreas de venta, en proporción a la superficie que ocupan, viene a coincidir con la misma materia que se encuentra ya gravada por un impuesto local, que es el impuesto sobre actividades económicas, regulado en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, cuyo artículo 78 establece que su hecho imponible «está constituido por el mero ejercicio en territorio nacional, de actividades empresariales, profesionales o artísticas, se ejerzan o no en local determinado y se hallen o no especificadas en las Tarifas del impuesto». De ese modo, tras analizar la estructura de este segundo tributo, concluye que el impuesto impugnado y el IAE coinciden en el hecho imponible, el sujeto pasivo y la forma de determinación de la base y la cuota, incurriendo en la doble imposición prohibida en art. 6.3 LOFCA.</p>
<p class='parrafo_2'>2. La Sección Tercera de este Tribunal, mediante providencia de 9 de mayo de 2006, acordó admitir a trámite el presente recurso de inconstitucionalidad; dar traslado de la demanda y documentos presentados, conforme a lo establecido en el art. 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), al Congreso de los Diputados, al Senado, al Gobierno y a las Cortes de Aragón, por conducto de sus presidentes, para que en el plazo de quince días pudieran personarse y formular alegaciones; y publicar su incoación en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Boletín Oficial de Aragón».</p>
<p class='parrafo_2'>3. El Presidente del Senado, por escrito registrado el 24 de mayo de 2006, comunicó el acuerdo de la Mesa de la Cámara de personarse en el procedimiento y ofrecer su colaboración a los efectos del art. 88.1 LOTC.</p>
<p class='parrafo_2'>4. El Presidente del Congreso de los Diputados, por escrito registrado el 26 de mayo de 2006, comunicó el acuerdo de la Mesa de la Cámara de que no se personaría en el procedimiento ni formularía alegaciones.</p>
<p class='parrafo_2'>5. Las Cortes Aragón, por escrito registrado el 2 de junio de 2006, se personaron en el procedimiento y solicitaron una prórroga de ocho días para formular alegaciones, lo que fue concedido por providencia de la Sección Tercera de este Tribunal de 5 de junio de 2006.</p>
<p class='parrafo_2'>6. La Diputación General de Aragón, mediante escrito registrado el 8 de junio 2006, formuló alegaciones, solicitando que se desestimase el recurso interpuesto.</p>
<p class='parrafo'>Se alega que el impuesto impugnado se ha aprobado dentro de los límites materiales y territoriales a los que alude la Ley Orgánica de financiación de las Comunidades Autónomas, ya que es un tributo propios con fines extrafiscales establecido en el ejercicio de las competencias de la Comunidad Autónoma de Aragón sobre ordenación del territorio, urbanismo y vivienda; comercio interior y defensa del consumidor y usuario; y protección del medio ambiente y del paisaje. Se afirma que el objeto del tributo impugnado es la capacidad económica que se revela por la apropiación de costes externos que produce a la sociedad el daño medioambiental producido dentro de una actividad empresarial sujeta al IAE, de modo que la materia imponible no es la actividad y el tráfico desarrollados en las grandes áreas de venta, sino gravar la producción de los daños medioambientales en beneficio del sujeto pasivo. Así, tras analizar la regulación del tributo, se concluye que la normativa del impuesto pone de manifiesto su finalidad extrafiscal, argumentando que los supuestos de no sujeción y exención son casos en que no se produce esa afluencia masiva de vehículos, por no ser polos de atracción de consumidores minoristas, o estar ínsito en la naturaleza de los bienes ofertados requerir una superficie extensa para su exposición. Por tanto, se niega que concurra ningún tipo de arbitrariedad o quiebra de los principios de igualdad o de la generalidad en la regulación del impuesto, reveladores de la ausencia de su carácter extrafiscal, alegando que se trata de un impuesto que intenta remediar supuestos concretos de contaminación que no se pueden comparar por su especificidad con otras formas de producción de daños medioambientales. En atención a los argumentos desarrollados para poner de manifiesto el carácter extrafiscal del impuesto, se concluye que no cabe hacer una identificación de la materia u objeto imponible con el que es propio del IAE y que no hay una infracción del art. 6.3 LOFCA.</p>
<p class='parrafo'>Por último, se solicita la acumulación de este recurso con el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la misma regulación por más de cincuenta Diputados del Grupo Parlamentario Popular del Congreso, que ha sido tramitado con el núm. 3095-2006.</p>
<p class='parrafo_2'>7. Las Cortes de Aragón, mediante escrito registrado el 15 de junio 2006, formuló alegaciones, solicitando que se desestimase el recurso interpuesto.</p>
<p class='parrafo'>Se argumenta que la jurisprudencia constitucional avala la existencia de tributos extrafiscales, cuya finalidad principal no es la recaudatoria, y que ha sido utilizada frecuentemente por las Comunidades Autónomas para crear tributos ambientales en el ejercicio de sus competencias de protección del medio ambiente, instrumentado a través del principio de que «quien contamina paga». Se afirma el carácter extrafiscal del impuesto impugnado, poniendo de manifiesto que el fin medioambiental impregna los distintos elementos de la estructura del tributo, lo que permite diferenciarlo del IAE. A esos efectos, se exponen las razones para concluir que la extrafiscalidad de este impuesto se comprueba porque puede provocar la adopción de medidas protectoras, así como desincentivadoras del desplazamiento masivo de vehículos hacia las grandes áreas de venta, como pueden ser el cobro por el uso del aparcamiento, la concesión de algún tipo de bonificación para el uso del transporte público, el establecimiento de un transporte colectivo por cuenta de la empresa, el fomento del envío a domicilio, la instalación de sistemas para minorar las consecuencias de las emisiones de los vehículos, etc. Igualmente, se expone que no cabe apreciar en la regulación de los supuestos de no sujeción y exención del impuesto indicios de arbitrariedad reveladores de la inexistencia de la finalidad extrafiscal pretendida, ya que el legislador, en uso de su libertad de configuración, puede optar por gravar solo las actividades con un potencial lesivo para el medio ambiente mayor al que representan centros de ocio y espectáculos, estadios instalaciones deportivas y aeropuertos, pues en ninguno concurren las notas de frecuencia diaria y masivo desplazamiento regular de vehículos, ni tampoco efectos territoriales adversos que sí concurren en las grandes superficies.</p>
<p class='parrafo'>En relación con el pretendido solapamiento de la materia imponible gravada por el impuesto impugnado y el IAE, se argumenta que mientras el primero no grava la actividad porque pueda generar rentas, sino en la medida que representen un peligro medioambiental, el segundo está constituido por el mero ejercicio de actividades empresariales se ejerzan o no en local determinado y se hallen o no especificadas en las tarifas del impuesto, por ser potencialmente generadoras de ingresos económicos para quienes las realizan. Por tanto, se concluye que no hay una vulneración del art. 6.3 LOFCA.</p>
<p class='parrafo'>Por último, se solicita la acumulación de este recurso con el recurso de inconstitucionalidad promovido contra esta misma normativa por más de cincuenta Diputados del Grupo Parlamentario Popular del Congreso, que ha sido tramitado con el núm. 3095-2006.</p>
<p class='parrafo_2'>8. El Abogado del Estado, mediante escrito registrado el 3 de diciembre de 2007, pone de manifiesto que ha sido publicado el Decreto Legislativo 1/2007, de 18 de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de la legislación sobre los impuestos medioambientales de la Comunidad Autónoma de Aragón, derogando expresamente los arts. 8 a 53 de la Ley de las Cortes de Aragón 13/2005, pero reproduciendo los preceptos impugnados en este recurso de inconstitucionalidad en sus arts. 1.3, 21 a 28 y último inciso del art. 41.2. De ese modo solicita la extensión de efectos de una eventual declaración de inconstitucionalidad.</p>
<p class='parrafo_2'>9. El Pleno de este Tribunal, por providencia de 12 de febrero de 2008, acordó unir el escrito y entregar copia a las partes personadas.</p>
<p class='parrafo_2'>10. Por providencia de 3 de diciembre de 2013, se fijó para la deliberación y votación de la presente Sentencia el día 5 del mismo mes y año.</p>
<p class='centro_negrita'>II. Fundamentos jurídicos</p>
<p class='parrafo_2'>1. El presente recurso de inconstitucionalidad fue promovido por el Presidente del Gobierno contra los arts. 8.3, 28 a 35 y último inciso del art. 48.2 de la Ley de las Cortes de Aragón 13/2005, de 30 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas en materia de tributos cedidos y tributos propios de la Comunidad Autónoma de Aragón (Ley de las Cortes de Aragón 13/2005), reguladores del impuesto sobre daño medioambiental causado por las grandes áreas de venta.</p>
<p class='parrafo'>El Abogado del Estado aduce que este impuesto es inconstitucional por vulnerar el art. 6.3 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), que impide establecer tributos autonómicos sobre las materias que la legislación de régimen local reserva a las corporaciones locales. Afirma que el análisis de la regulación de este impuesto, incluyendo la selección arbitraria y discriminatoria de los supuestos de no sujeción y exención, revela que carece de una pretendida finalidad extrafiscal y de que es un tributo que recae sobre un hecho ya gravado por el impuesto sobre actividades económicas.</p>
<p class='parrafo_2'>2. El motivo de inconstitucionalidad alegado es sustancialmente coincidente con uno de los planteados en el recurso de inconstitucionalidad núm. 3095-2006 por más de cincuenta Diputados del Grupo Parlamentario Popular del Congreso contra esta misma normativa, que ha sido resuelto por la STC 96/2013, de 23 de abril.</p>
<p class='parrafo'>Como ya se afirmó en dicha resolución, la circunstancia de que los preceptos impugnados hubieran sido refundidos, con idéntica redacción, en los arts. 21 a 28 del Decreto Legislativo 1/2007, de 18 de septiembre, y que hubieran sido reformados mediante la Ley 8/2007, de 29 de diciembre; la Ley 11/2008, de 29 de diciembre; la Ley 13/2009, de 30 de diciembre; la Ley 12/2010, de 29 de diciembre, y la Ley 3/2012, de 8 de marzo, no implica la pérdida sobrevenida de objeto del recurso, habida cuenta de la naturaleza competencial de la controversia (STC 96/2013, FJ 2).</p>
<p class='parrafo_2'>3. En cuanto al fondo de la cuestión planteada, debe desestimarse el motivo de inconstitucionalidad alegado con remisión a lo expuesto en la citada STC 96/2013. En esta Sentencia, por aplicación de la jurisprudencia constitucional contenida en las SSTC 122/2012, de 5 de junio; 197/2012, de 6 de noviembre, y 208/2012, de 14 de noviembre, se afirmó, tomando en consideración todos los elementos de la regulación del impuesto, incluyendo los supuestos de no sujeción y exención, que no se produce una coincidencia de hechos imponibles prohibida en el art. 6.3 LOFCA entre el impuesto impugnado y el impuesto sobre actividades económicas «porque, como dijimos entonces y reiteramos ahora, ‟la comparación de las bases imponibles del impuesto autonómico controvertido y el impuesto sobre actividades económicas, una vez puesta en relación con sus hechos imponibles, aporta unos criterios distintivos que son suficientes para poder afirmar que los impuestos enjuiciados no tienen un hecho imponible idéntico y, por tanto, superan la prohibición establecida en el art. 6.3 LOFCA” (STC 122/2012, de 5 de junio, FJ 7)» (FJ 12).</p>
<p class='parrafo_2'>Por tanto, debe desestimarse el presente recurso de inconstitucionalidad.</p>
<p class='centro_redonda'>FALLO</p>
<p class='parrafo_2'>En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,</p>
<p class='centro_redonda'>Ha decidido</p>
<p class='parrafo_2'>Desestimar el presente recurso de inconstitucionalidad.</p>
<p class='parrafo_2'>Publíquese esta Sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».</p>
<p class='parrafo_2'>Dada en Madrid, a cinco de diciembre de dos mil trece.–Francisco Pérez de los Cobos Orihuel.–Adela Asua Batarrita.–Luis Ignacio Ortega Álvarez.–Encarnación Roca Trías.–Andrés Ollero Tassara.–Fernando Valdés Dal-Ré.–Juan José González Rivas.–Santiago Martínez-Vares García.–Juan Antonio Xiol Ríos.–Pedro José González-Trevijano Sánchez.–Enrique López y López.–Firmado y rubricado.</p>
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Wed Jan 08 11:13:33 +0000 2014
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El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Presidente; doña Adela Asua Batarrita, don Luis Ignacio Ortega Álvarez, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Juan José González Rivas, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez y don Enrique López y López, Magistrados, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de inconstitucionalidad núm. 3701-2006, promovido por el Presidente del Gobierno contra los arts. 8.3, 28 a 35 y último inciso del art. 48.2 de la Ley de las Cortes de Aragón 13/2005, de 30 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas en materia de tributos cedidos y tributos propios de la Comunidad Autónoma de Aragón. Han comparecido las Cortes de Aragón y la Diputación General de Aragón. Ha sido Ponente el Magistrado don Juan Antonio Xiol Ríos, quien expresa el parecer del Tribunal.
I. Antecedentes
1. El Abogado del Estado, en representación del Presidente del Gobierno, mediante escrito registrado en este Tribunal el 31 de marzo de 2006, interpuso recurso de inconstitucionalidad contra los arts. 8.3, 28 a 35 y último inciso del art. 48.2 de la Ley de las Cortes de Aragón 13/2005, de 30 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas en materia de tributos cedidos y tributos propios de la Comunidad Autónoma de Aragón (Ley de las Cortes de Aragón 13/2005), que regulan el impuesto sobre daño medioambiental causado por las grandes áreas de venta.
El impuesto es considerado inconstitucional por vulnerar el art. 6.3 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), que impide establecer tributos autonómicos sobre las materias que la legislación de régimen local reserva a las corporaciones locales, argumentando que recae sobre un hecho imponible gravado por el impuesto sobre actividades económicas (IAE).
El Abogado del Estado reconoce que la exposición de motivos de la Ley de las Cortes de Aragón 13/2005 especifica que se trata de un impuesto propio con una finalidad ecológica, para cuyo establecimiento es competente la Comunidad Autónoma de Aragón por concurrir el doble título habilitante de la potestad tributaria de la Comunidad Autónoma de Aragón y su competencia para el desarrollo legislativo y ejecución en la materia de protección del medio ambiente. Así, destaca que su objeto expreso es gravar la concreta capacidad económica manifestada en la actividad y el tráfico desarrollados en establecimientos comerciales que, por su efecto de atracción al consumo, provoca un desplazamiento masivo de vehículos y, en consecuencia, un daño medioambiental en el entorno natural y territorial de la Comunidad Autónoma. Sin embargo, tras analizar la regulación de este impuesto, el Abogado del Estado afirma que este impuesto carece de la función extrafiscal que la Ley le atribuye, ya que dicha función, aun en el supuesto de que la actividad comercial generase los daños que la ley impugnada le imputa, no está inserta en la configuración del tributo.
El Abogado del Estado toma en consideración la jurisprudencia constitucional fijada en las SSTC 289/2000 y 168/2004, que ha establecido que la declaración en la ley del carácter extrafiscal de un tributo no implica necesariamente su reconocimiento como tal, sino que es necesario que la estructura y regulación del tributo confirme dicha calificación. A partir de ello, argumenta que es preciso hacer un análisis de la regulación del impuesto para poder dilucidar cuál es su verdadero carácter, afirmando que carece de la extrafiscalidad pretendida. Así, aduce que la regulación impugnada no estimula actuaciones preventivas o protectoras y que es imposible minorar el supuesto impacto medioambiental de un gran establecimiento comercial que pasaría, inexorablemente, por su cierre, ya que el daño que pretende evitarse no está producido directamente por las grandes áreas de venta sino por terceros, que son los potenciales consumidores que acuden masivamente a esos establecimientos en sus vehículos. De ello, concluye que es un tributo de carácter fiscal que grava el mero ejercicio de la actividad de comercio al por menor en grandes establecimientos comerciales.
El Abogado del Estado también afirma que el análisis de los supuestos de no sujeción y de exención del impuesto confirma la ausencia de ese carácter extrafiscal, recordando que la jurisprudencia constitucional ha establecido que resulta arbitrario y revelador de la ausencia de extrafiscalidad que, sin justificación alguna, se sujeten al impuesto una actividades que impliquen un daño y otras no. Así, manifiesta que eso es lo que sucede con la presente regulación en que el hecho imponible queda limitado al uso de instalaciones afectas a la actividad desarrollada en establecimientos comerciales que dispongan de una gran área de venta y de aparcamiento para sus clientes, quedando excluidos los daños medioambientales causados por otras actividades no comerciales desarrolladas en grandes superficies como son los centros de ocio y espectáculos, estadios e instalaciones deportivas, aeropuertos, etc., pese a que el efecto contaminante se produce en igual grado, lo que supondría un trato desigual ausente de justificación que revela el carácter arbitrario y contrario al art. 9.3 CE del tributo, así como la vulneración de los principios de igualdad (arts. 14 y 31 CE, en el ámbito específicamente tributario) y generalidad (art. 31 CE). A la misma conclusión sobre la carencia del carácter extrafiscal del impuesto llega el Abogado del Estado analizando la configuración legal de la base imponible, que es la superficie total del establecimiento y no otros elementos vinculados a la contaminación originada.
Finalmente, el Abogado del Estado argumenta que, al tener el impuesto impugnado como materia imponible la fuente de riqueza que se pone de manifiesto con la explotación de las grandes áreas de venta, en proporción a la superficie que ocupan, viene a coincidir con la misma materia que se encuentra ya gravada por un impuesto local, que es el impuesto sobre actividades económicas, regulado en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, cuyo artículo 78 establece que su hecho imponible «está constituido por el mero ejercicio en territorio nacional, de actividades empresariales, profesionales o artísticas, se ejerzan o no en local determinado y se hallen o no especificadas en las Tarifas del impuesto». De ese modo, tras analizar la estructura de este segundo tributo, concluye que el impuesto impugnado y el IAE coinciden en el hecho imponible, el sujeto pasivo y la forma de determinación de la base y la cuota, incurriendo en la doble imposición prohibida en art. 6.3 LOFCA.
2. La Sección Tercera de este Tribunal, mediante providencia de 9 de mayo de 2006, acordó admitir a trámite el presente recurso de inconstitucionalidad; dar traslado de la demanda y documentos presentados, conforme a lo establecido en el art. 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), al Congreso de los Diputados, al Senado, al Gobierno y a las Cortes de Aragón, por conducto de sus presidentes, para que en el plazo de quince días pudieran personarse y formular alegaciones; y publicar su incoación en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Boletín Oficial de Aragón».
3. El Presidente del Senado, por escrito registrado el 24 de mayo de 2006, comunicó el acuerdo de la Mesa de la Cámara de personarse en el procedimiento y ofrecer su colaboración a los efectos del art. 88.1 LOTC.
4. El Presidente del Congreso de los Diputados, por escrito registrado el 26 de mayo de 2006, comunicó el acuerdo de la Mesa de la Cámara de que no se personaría en el procedimiento ni formularía alegaciones.
5. Las Cortes Aragón, por escrito registrado el 2 de junio de 2006, se personaron en el procedimiento y solicitaron una prórroga de ocho días para formular alegaciones, lo que fue concedido por providencia de la Sección Tercera de este Tribunal de 5 de junio de 2006.
6. La Diputación General de Aragón, mediante escrito registrado el 8 de junio 2006, formuló alegaciones, solicitando que se desestimase el recurso interpuesto.
Se alega que el impuesto impugnado se ha aprobado dentro de los límites materiales y territoriales a los que alude la Ley Orgánica de financiación de las Comunidades Autónomas, ya que es un tributo propios con fines extrafiscales establecido en el ejercicio de las competencias de la Comunidad Autónoma de Aragón sobre ordenación del territorio, urbanismo y vivienda; comercio interior y defensa del consumidor y usuario; y protección del medio ambiente y del paisaje. Se afirma que el objeto del tributo impugnado es la capacidad económica que se revela por la apropiación de costes externos que produce a la sociedad el daño medioambiental producido dentro de una actividad empresarial sujeta al IAE, de modo que la materia imponible no es la actividad y el tráfico desarrollados en las grandes áreas de venta, sino gravar la producción de los daños medioambientales en beneficio del sujeto pasivo. Así, tras analizar la regulación del tributo, se concluye que la normativa del impuesto pone de manifiesto su finalidad extrafiscal, argumentando que los supuestos de no sujeción y exención son casos en que no se produce esa afluencia masiva de vehículos, por no ser polos de atracción de consumidores minoristas, o estar ínsito en la naturaleza de los bienes ofertados requerir una superficie extensa para su exposición. Por tanto, se niega que concurra ningún tipo de arbitrariedad o quiebra de los principios de igualdad o de la generalidad en la regulación del impuesto, reveladores de la ausencia de su carácter extrafiscal, alegando que se trata de un impuesto que intenta remediar supuestos concretos de contaminación que no se pueden comparar por su especificidad con otras formas de producción de daños medioambientales. En atención a los argumentos desarrollados para poner de manifiesto el carácter extrafiscal del impuesto, se concluye que no cabe hacer una identificación de la materia u objeto imponible con el que es propio del IAE y que no hay una infracción del art. 6.3 LOFCA.
Por último, se solicita la acumulación de este recurso con el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la misma regulación por más de cincuenta Diputados del Grupo Parlamentario Popular del Congreso, que ha sido tramitado con el núm. 3095-2006.
7. Las Cortes de Aragón, mediante escrito registrado el 15 de junio 2006, formuló alegaciones, solicitando que se desestimase el recurso interpuesto.
Se argumenta que la jurisprudencia constitucional avala la existencia de tributos extrafiscales, cuya finalidad principal no es la recaudatoria, y que ha sido utilizada frecuentemente por las Comunidades Autónomas para crear tributos ambientales en el ejercicio de sus competencias de protección del medio ambiente, instrumentado a través del principio de que «quien contamina paga». Se afirma el carácter extrafiscal del impuesto impugnado, poniendo de manifiesto que el fin medioambiental impregna los distintos elementos de la estructura del tributo, lo que permite diferenciarlo del IAE. A esos efectos, se exponen las razones para concluir que la extrafiscalidad de este impuesto se comprueba porque puede provocar la adopción de medidas protectoras, así como desincentivadoras del desplazamiento masivo de vehículos hacia las grandes áreas de venta, como pueden ser el cobro por el uso del aparcamiento, la concesión de algún tipo de bonificación para el uso del transporte público, el establecimiento de un transporte colectivo por cuenta de la empresa, el fomento del envío a domicilio, la instalación de sistemas para minorar las consecuencias de las emisiones de los vehículos, etc. Igualmente, se expone que no cabe apreciar en la regulación de los supuestos de no sujeción y exención del impuesto indicios de arbitrariedad reveladores de la inexistencia de la finalidad extrafiscal pretendida, ya que el legislador, en uso de su libertad de configuración, puede optar por gravar solo las actividades con un potencial lesivo para el medio ambiente mayor al que representan centros de ocio y espectáculos, estadios instalaciones deportivas y aeropuertos, pues en ninguno concurren las notas de frecuencia diaria y masivo desplazamiento regular de vehículos, ni tampoco efectos territoriales adversos que sí concurren en las grandes superficies.
En relación con el pretendido solapamiento de la materia imponible gravada por el impuesto impugnado y el IAE, se argumenta que mientras el primero no grava la actividad porque pueda generar rentas, sino en la medida que representen un peligro medioambiental, el segundo está constituido por el mero ejercicio de actividades empresariales se ejerzan o no en local determinado y se hallen o no especificadas en las tarifas del impuesto, por ser potencialmente generadoras de ingresos económicos para quienes las realizan. Por tanto, se concluye que no hay una vulneración del art. 6.3 LOFCA.
Por último, se solicita la acumulación de este recurso con el recurso de inconstitucionalidad promovido contra esta misma normativa por más de cincuenta Diputados del Grupo Parlamentario Popular del Congreso, que ha sido tramitado con el núm. 3095-2006.
8. El Abogado del Estado, mediante escrito registrado el 3 de diciembre de 2007, pone de manifiesto que ha sido publicado el Decreto Legislativo 1/2007, de 18 de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de la legislación sobre los impuestos medioambientales de la Comunidad Autónoma de Aragón, derogando expresamente los arts. 8 a 53 de la Ley de las Cortes de Aragón 13/2005, pero reproduciendo los preceptos impugnados en este recurso de inconstitucionalidad en sus arts. 1.3, 21 a 28 y último inciso del art. 41.2. De ese modo solicita la extensión de efectos de una eventual declaración de inconstitucionalidad.
9. El Pleno de este Tribunal, por providencia de 12 de febrero de 2008, acordó unir el escrito y entregar copia a las partes personadas.
10. Por providencia de 3 de diciembre de 2013, se fijó para la deliberación y votación de la presente Sentencia el día 5 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1. El presente recurso de inconstitucionalidad fue promovido por el Presidente del Gobierno contra los arts. 8.3, 28 a 35 y último inciso del art. 48.2 de la Ley de las Cortes de Aragón 13/2005, de 30 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas en materia de tributos cedidos y tributos propios de la Comunidad Autónoma de Aragón (Ley de las Cortes de Aragón 13/2005), reguladores del impuesto sobre daño medioambiental causado por las grandes áreas de venta.
El Abogado del Estado aduce que este impuesto es inconstitucional por vulnerar el art. 6.3 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), que impide establecer tributos autonómicos sobre las materias que la legislación de régimen local reserva a las corporaciones locales. Afirma que el análisis de la regulación de este impuesto, incluyendo la selección arbitraria y discriminatoria de los supuestos de no sujeción y exención, revela que carece de una pretendida finalidad extrafiscal y de que es un tributo que recae sobre un hecho ya gravado por el impuesto sobre actividades económicas.
2. El motivo de inconstitucionalidad alegado es sustancialmente coincidente con uno de los planteados en el recurso de inconstitucionalidad núm. 3095-2006 por más de cincuenta Diputados del Grupo Parlamentario Popular del Congreso contra esta misma normativa, que ha sido resuelto por la STC 96/2013, de 23 de abril.
Como ya se afirmó en dicha resolución, la circunstancia de que los preceptos impugnados hubieran sido refundidos, con idéntica redacción, en los arts. 21 a 28 del Decreto Legislativo 1/2007, de 18 de septiembre, y que hubieran sido reformados mediante la Ley 8/2007, de 29 de diciembre; la Ley 11/2008, de 29 de diciembre; la Ley 13/2009, de 30 de diciembre; la Ley 12/2010, de 29 de diciembre, y la Ley 3/2012, de 8 de marzo, no implica la pérdida sobrevenida de objeto del recurso, habida cuenta de la naturaleza competencial de la controversia (STC 96/2013, FJ 2).
3. En cuanto al fondo de la cuestión planteada, debe desestimarse el motivo de inconstitucionalidad alegado con remisión a lo expuesto en la citada STC 96/2013. En esta Sentencia, por aplicación de la jurisprudencia constitucional contenida en las SSTC 122/2012, de 5 de junio; 197/2012, de 6 de noviembre, y 208/2012, de 14 de noviembre, se afirmó, tomando en consideración todos los elementos de la regulación del impuesto, incluyendo los supuestos de no sujeción y exención, que no se produce una coincidencia de hechos imponibles prohibida en el art. 6.3 LOFCA entre el impuesto impugnado y el impuesto sobre actividades económicas «porque, como dijimos entonces y reiteramos ahora, ‟la comparación de las bases imponibles del impuesto autonómico controvertido y el impuesto sobre actividades económicas, una vez puesta en relación con sus hechos imponibles, aporta unos criterios distintivos que son suficientes para poder afirmar que los impuestos enjuiciados no tienen un hecho imponible idéntico y, por tanto, superan la prohibición establecida en el art. 6.3 LOFCA” (STC 122/2012, de 5 de junio, FJ 7)» (FJ 12).
Por tanto, debe desestimarse el presente recurso de inconstitucionalidad.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Desestimar el presente recurso de inconstitucionalidad.
Publíquese esta Sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a cinco de diciembre de dos mil trece.–Francisco Pérez de los Cobos Orihuel.–Adela Asua Batarrita.–Luis Ignacio Ortega Álvarez.–Encarnación Roca Trías.–Andrés Ollero Tassara.–Fernando Valdés Dal-Ré.–Juan José González Rivas.–Santiago Martínez-Vares García.–Juan Antonio Xiol Ríos.–Pedro José González-Trevijano Sánchez.–Enrique López y López.–Firmado y rubricado.
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El TC rechaza el recurso del Gobierno en 2006 a Aragón sobre el impuesto medioambiental a grandes áreas de venta #BOE
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"111",
"128"
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TRIBUNAL_CONSTITUCIONAL
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Tribunal Constitucional
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El TC rechaza el recurso del Gobierno en 2006 a Aragón sobre el impuesto medioambiental a grandes áreas de venta.
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"5904",
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2021-07-07
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BOE-A-2014-5032
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Sala Primera. Sentencia 119/2021, de 31 de mayo de 2021. Recurso de amparo 3199-2020. Promovido por doña Iris Martín Varela en relación con la sentencia dictada por un juzgado de lo social de Lugo en proceso de conciliación de la vida laboral y familiar. Vulneración del derecho a no padecer discriminación por razón de sexo: resolución judicial que no pondera las circunstancias personales de quien impugna una modificación de jornada de trabajo que incide sobre el disfrute de la reducción que tiene reconocida por cuidado de hijos.
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<p class='parrafo'>ECLI:ES:TC:2021:119</p>
<p class='parrafo_2'>La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por el magistrado don Juan José González Rivas, presidente; los magistrados don Andrés Ollero Tassara, don Santiago Martínez-Vares García, don Alfredo Montoya Melgar, don Cándido Conde-Pumpido Tourón y la magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón, ha pronunciado</p>
<p class='centro_redonda'>EN NOMBRE DEL REY</p>
<p class='parrafo_2'>la siguiente</p>
<p class='centro_redonda'>SENTENCIA</p>
<p class='parrafo_2'>El recurso de amparo núm. 3199-2020, ha sido promovido por doña Iris Martín Varela, representada por el procurador de los tribunales don Avelino Calviño Gómez y asistida por el abogado don Pedro Blanco Lobeiras contra la sentencia del Juzgado de lo Social núm. 2 de Lugo de 10 de enero de 2020, que desestimó la demanda de la recurrente en el proceso de conciliación de la vida laboral y familiar núm. 706-2019, y frente al auto de 4 de junio de 2020 dictado por el mismo órgano judicial en el que se desestimó el incidente de nulidad de actuaciones formulado contra la anterior resolución. Ha comparecido la mercantil Insuiña, S.L., representada por la procuradora de los tribunales doña María Teresa Gamazo Trueba, bajo la dirección letrada de don Roberto Vázquez Cid. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido ponente el magistrado don Alfredo Montoya Melgar.</p>
<p class='centro_negrita'>I. Antecedentes</p>
<p class='parrafo_2'>1. Por escrito presentado en el registro general de este tribunal el día 15 de julio de 2020, el procurador de los tribunales don Avelino Calviño Gómez, actuando en nombre y representación de doña Iris Martín Varela, asistida por el letrado don Pedro Blanco Lobeiras, interpuso recurso de amparo contra las dos resoluciones citadas en el encabezamiento.</p>
<p class='parrafo_2'>2. Los hechos de los que trae causa la presente demanda de amparo, relevantes para la resolución del recurso, son los siguientes:</p>
<p class='parrafo_2'>a) La demandante de amparo solicitó por medio de escrito fechado el 9 de agosto de 2018 la reducción de jornada diaria en dos horas por cuidado de su hija menor de doce años. La empresa accedió a la solicitud formulada por medio de escrito fechado el 31 de agosto de 2018. En ese escrito le comunicó que prestaría sus servicios en horario de 8:30 a 14:30 horas, siendo efectiva la reducción de jornada a partir del 11 de septiembre de 2018.</p>
<p class='parrafo'>b) Con posterioridad a la concesión de la solicitud de reducción de jornada que se hizo efectiva en la fecha señalada, la recurrente presentó escrito el 26 de septiembre de 2018 en el que solicitaba ser excluida de la realización de guardias los fines de semana y festivos, accediendo la empresa a la solicitud formulada. La recurrente no realizó guardias de fin de semana desde octubre de 2018.</p>
<p class='parrafo'>c) El 30 de agosto de 2019 la empresa Insuiña, S.L., remitió a la trabajadora comunicación en la cual se le hacía saber que procedía a distribuir irregularmente su jornada prestando servicios una hora y treinta minutos los sábados, «cuando así sea requerida por las necesidades de la producción y organización de la planta».</p>
<p class='parrafo'>d) La trabajadora remitió escrito a la dirección de la empresa en el que mostraba su frontal oposición y solicitaba mantener la concreción horaria reconocida en la reducción para el cuidado de menor, sin prestación de servicios ningún sábado.</p>
<p class='parrafo'>Dado que la empresa no modificó su postura, la trabajadora presentó demanda ante los juzgados de lo social de Lugo.</p>
<p class='parrafo'>e) En la demanda se alegaba la imposibilidad de atender a la modificación de horario impuesta por la empresa por la que se le exigía trabajar los sábados que la empresa le indicase con antelación, de 12:00 a 13:30 horas, compensando ese tiempo al inicio de la jornada laboral del lunes. Se consideraba que esa decisión vulneraba los arts. 14 y 39 CE. Y se pedía como medida cautelar: «el mantenimiento de la concreción horaria de la que ha venido disfrutando la actora y por ende fijando su jornada de lunes a viernes de 8:30 a 14:30 horas, sin prestación de servicios los sábados».</p>
<p class='parrafo'>Mediante auto núm. 77/2019, de 19 de octubre, se estimó dicha medida cautelar acordando «exonerar a la actora doña Iris Martin Varela de prestar servicios a la entidad demandada los sábados».</p>
<p class='parrafo'>f) La sentencia del Juzgado de lo Social núm. 2 de Lugo de 10 de enero de 2020 desestimó la demanda.</p>
<p class='parrafo'>En los fundamentos de derecho se justifica la desestimación de la demanda, argumentando que, a la vista de la declaración de hechos probados y la regulación contenida en el art. 139 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social (LJS), el procedimiento carece de objeto en la medida en que no existe negativa ni falta de conformidad del empresario con la reducción de jornada solicitada por la trabajadora en el año 2018. Señala que la entidad demandada accedió a la solicitud formulada por doña Iris y le comunicó que su nuevo horario sería de 8:30 a 14:30 horas de lunes a viernes y aceptó la decisión de la trabajadora de no realizar más guardias los fines de semana. No obstante, en el año 2019, la entidad demandada se vio obligada a distribuir la jornada de doña Iris de forma irregular por razones de organización del servicio de guardia del laboratorio al que pertenecía. Por ello, el 30 de agosto de 2019 se comunicó a doña Iris que tendría que prestar los servicios una hora y media los sábados, pudiendo desarrollar su actividad en horario de 12:00 a 14:30 horas. Para respetar la reducción de jornada concedida en el año 2018, se le comunicó también a la actora que el día laborable siguiente al sábado en el que hubiera prestado servicios, el horario de entrada se retrasaría de las 8:30 horas a las 10:00 horas.</p>
<p class='parrafo'>Afirma la sentencia que la decisión adoptada por el empresario se encuentra amparada en apartado 8 del pacto de articulación de las condiciones de trabajo de los trabajadores de la planta de Xove, que faculta a la entidad demandada a organizar el trabajo de un departamento mediante la modificación del horario o la flexibilización de la jornada si en un determinado departamento no hubiese personal suficiente adscrito al servicio de guardia. Añade que, según consta en la documental que obra en las actuaciones la decisión de la empresa de distribuir la jornada laboral de la actora viene motivada por el deseo de don Martín, compañero de departamento de doña Iris, de no seguir realizando guardias los fines de semana, solicitud que fue denegada por la demandada por los problemas de organización del servicio que supondría aceptar la renuncia de don Martín. Afirma la sentencia que la demandada se ve obligada a reorganizar el servicio de guardias del laboratorio de Xove porque solo una de las trabajadoras del departamento está adscrita voluntariamente al servicio de guardias, no pudiendo existir una sola trabajadora adscrita al servicio ya que el puesto que el pacto de articulación de las condiciones de trabajo (apartado octavo) impide que un trabajador realice guardias más de dos fines de semana seguidos, salvo que los trabajadores lo acepten voluntariamente. Además esta trabajadora adscrita voluntariamente al servicio de guardias, añade la sentencia, ha solicitado por escrito que se vuelva al sistema de guardias que regía anteriormente a que se aceptase la renuncia de doña Iris, lo que supone una negativa a estar permanentemente de guardia ante la renuncia al servicio de sus dos compañeros.</p>
<p class='parrafo'>Considera la sentencia que la decisión adoptada por la empresa de modificar el horario de la actora y distribuir de forma irregular su jornada laboral debe ser tratada en un procedimiento distinto (art. 138 LJS), puesto que en el supuesto litigioso no se ha denegado a la actora la solicitud de reducción de jornada formulada en el año 2018. Concluye señalando que la actora nunca ha solicitado la concreción horaria al amparo de la normativa vigente, puesto que fue la empresa por medio de escrito de 31 de agosto la que comunicó a la actora que prestara sus servicios en horario de 8:30 a 14:30 horas de lunes a viernes, en respuesta a la solicitud de reducción de jornada formulada y sin perjuicio de la adscripción voluntaria al servicio de guardias del fin de semana.</p>
<p class='parrafo'>g) Frente a esta sentencia, la demandante formuló incidente de nulidad de actuaciones, por considerar que la misma vulneraba su derecho a la tutela judicial efectiva, así como el derecho a la igualdad, la prohibición de discriminación por razón de sexo y lo dispuesto en el art. 39 CE en cuanto a la protección de la infancia y la familia. A juicio de la recurrente, la desestimación de la demanda se fundaba esencialmente en que no se había seguido el procedimiento adecuado y por ello no se había entrado en el fondo.</p>
<p class='parrafo'>El incidente de nulidad fue desestimado por auto de 4 de junio de 2020. Señala este auto que «de la lectura del fundamento de derecho tercero de la sentencia se evidencia que la afirmación efectuada por la actora no es correcta, ello es así porque si se hubiese inadmitido la demanda de plano por inadecuación del procedimiento no se entraría a valorar la prueba y a afirmar que la modificación realizada por la entidad demandada en el horario de la actora se encuentra justificada por razones organizativas y amparada también en el apartado 8 del pacto de articulación de las condiciones de trabajo de los trabajadores de la planta de Xove». Considera el auto que a pesar de entender que el procedimiento carecía de objeto, en la sentencia recurrida se procedió a entrar a resolver sobre el fondo del asunto y así, tras la valoración de la prueba se entiende que la distribución irregular de la jornada acordada por la empresa se encuentra justificada por razones organizativas relativas al servicio de guardia y además amparada en el pacto de condiciones de trabajo de los trabajadores de la planta de Xove. Por otro lado, entiende que la resolución cuya nulidad se pretende no contiene una discriminación por razón de sexo, ni ha obviado el mandado constitucional de protección a la familia porque, como se indica en la resolución, no se trata de un supuesto de los previstos en el art. 139 LJS puesto que no ha habido negativa o falta de conformidad con el empresario respecto a la solicitud de reducción de jornada de la trabajadora; se trata de un supuesto de modificación sustancial de condiciones laborales por lo que los términos del debate no son los que pretende la actora, sino que lo que hay que examinar es si la modificación operada se ajusta a lo previsto en el art. 41 de la Ley del estatuto de los trabajadores (LET), análisis que ha realizado la sentencia de 10 de enero de 2020.</p>
<p class='parrafo_2'>3. El 15 de julio de 2020 se registró en este tribunal la demanda de amparo interpuesta por la representación de la demandante contra la sentencia del Juzgado de lo Social núm. 2 de Lugo, en procedimiento núm. 706-2019, y frente al auto de 4 de junio de 2020 dictado por el mismo órgano judicial.</p>
<p class='parrafo'>En la demanda se alega, en primer lugar, vulneración del derecho a la igualdad y discriminación por razón de sexo (art. 14 CE). Tras referirse a la normativa nacional y europea que pretende garantizar la igualdad de trato entre mujeres y hombres, y proscribir la discriminación por razón de sexo, indica que la sentencia impugnada se ampara en un «acuerdo de empresa» (es decir, no en un convenio colectivo), para avalar una solución basada en una interpretación restrictiva del derecho de la trabajadora, que supondría una discriminación indirecta por ser las mujeres el colectivo que ejercita en mayor medida el derecho de reducción de jornada por motivos de conciliación.</p>
<p class='parrafo'>Señala la recurrente que la sentencia impugnada resuelve sin tener en cuenta la perspectiva constitucional, esto es, el derecho a la igualdad y no discriminación por razón de sexo y el mandato constitucional de protección a la familia. Invoca después la STC 3/2007, que indicó que las resoluciones judiciales no pueden quedarse, en casos como este, en el plano de la legalidad ordinaria, y que, por el contrario, deben ponderar todas las circunstancias concurrentes, concretamente, la importancia que para la efectividad del derecho a la no discriminación por razón de sexo de la trabajadora tiene el ejercicio del derecho de reducción de jornada por motivos familiares. Tal ponderación no se habría realizado en el caso de autos, al limitarse a justificar y amparar la decisión empresarial (que la actora con reducción de jornada preste servicios los sábados) en la insuficiencia de personal. No se analizó, en suma, en qué medida la necesidad de no trabajar los sábados resultaba necesaria para la atención de los fines con relevancia constitucional, ni cuáles son las dificultades organizativas que su reconocimiento pudiera causar a la empresa. Tal interpretación se convierte, a su juicio, en un obstáculo injustificado para la permanencia en el empleo de la trabajadora y para la compatibilidad de su vida profesional y personal, basada en una presunta necesidad organizativa empresarial.</p>
<p class='parrafo'>Se queja la recurrente, asimismo, de que, con ello, el juzgador haya equiparado la mera voluntad de un trabajador de no seguir trabajando los sábados, con la necesidad de conciliación de una madre trabajadora, derecho este último que fue ignorado, cuando debía primar la dimensión constitucional de la controversia planteada. En otras palabras, el órgano judicial no habría tutelado debidamente el derecho de la trabajadora, imponiéndole un obstáculo para compatibilizar su vida profesional y laboral, lo que entiende que constituiría una discriminación indirecta por razón de sexo.</p>
<p class='parrafo'>En segundo lugar, alega vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, entendiendo que la apreciación en el caso de autos de la inadecuación de procedimiento infringe el art. 24.1 CE y el art. 102.2 LJS. A este respecto aduce la parte recurrente, como así lo hiciera en el incidente de nulidad de actuaciones, que si el juzgador consideraba que el procedimiento adecuado en el caso de autos era el de modificación sustancial de las condiciones de trabajo del art. 138 LJS y no el de conciliación de la vida laboral y personal, debió así acordarlo conforme a lo señalado en el citado art. 102 LJS, incluso sin audiencia de parte, máxime cuando para ello no existe obstáculo alguno (ambos preceptos, arts. 138 y 139 se ubican en el mismo capítulo como modalidades procesales que tienen especialidades respecto al proceso ordinario; tienen una tramitación idéntica, pues en ninguno existe conciliación previa, y son de instancia única). Se recuerda, además, que la prohibición de sobreseimiento del proceso o la absolución en la instancia por inadecuación de la modalidad procesal elegida viene incluso explicitada en la exposición de motivos de la ley. Tal infracción, continúa diciendo, le ha causado indefensión y ahonda en la flagrante violación del derecho a la no discriminación por razón de sexo de la que ha sido objeto, al no haber ofrecido una respuesta motivada, ponderada y razonada a su pretensión.</p>
<p class='parrafo'>A la vista de todo ello solicita que se estime el recurso, y que este tribunal dé respuesta directa a su pretensión, acogiendo su demanda, pues cuenta con todos los elementos precisos para decidir sobre el fondo (vulneración del art. 14 CE). Con carácter subsidiario, si lo considerase imprescindible, interesa que se ordene la retroacción y que sea el juzgado el que vuelva a dictar sentencia.</p>
<p class='parrafo'>Por otrosí, solicita la inmediata suspensión de los efectos de la sentencia con la finalidad de que esta decisión no suponga un obstáculo injustificado para la permanencia en el empleo.</p>
<p class='parrafo_2'>4. Por providencia de 14 de diciembre de 2020, la Sección Primera acordó la admisión a trámite de la demanda de amparo, al apreciar que concurría en la misma una especial trascendencia constitucional [art. 50.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC)] porque el recurso planteaba un problema o afectaba a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina del tribunal [STC 155/2009, FJ 2 a)].</p>
<p class='parrafo'>En aplicación de lo previsto en el art. 51 LOTC, se acordó dirigir atenta comunicación al Juzgado de lo Social núm. 2 de Lugo, para que en el plazo de diez días remitiese certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes a los autos núm. 706-2019; debiendo previamente emplazarse, para que en el plazo de diez días pudieran comparecer, si así lo deseaban, en el recurso de amparo, a quienes hubieran sido parte en el procedimiento, excepto la parte recurrente en amparo.</p>
<p class='parrafo'>Por último, de conformidad con la solicitud de la parte actora, se acordó formar la correspondiente pieza separada de suspensión, que fue denegada por ATC 14/2021, de 15 de febrero.</p>
<p class='parrafo_2'>5. Por escrito registrado el 13 de enero de 2021 la procuradora de los tribunales doña María Teresa Gamazo Trueba, bajo la dirección letrada de don Roberto Vázquez Cid, en nombre y representación de la mercantil Insuiña, S.L., solicita se la tenga por personada en el presente procedimiento.</p>
<p class='parrafo_2'>6. Por diligencia de ordenación de la Sala Primera del Tribunal Constitucional de 28 de enero de 2021, se tienen por recibidos los testimonios de las actuaciones remitidos por el Juzgado de lo Social núm. 2 de Lugo y escrito de la procuradora doña Teresa Gamazo Trueba, a quien se tiene por personada y parte en nombre y representación de Insuiña, S.L., con quien se entenderán la presente y sucesivas diligencias.</p>
<p class='parrafo'>A tenor de lo dispuesto en el art. 52 LOTC, se da vista de todas las actuaciones del presente recurso de amparo, en la secretaría de esta Sala, por un plazo común de veinte días, al Ministerio Fiscal y a las partes personadas, para que dentro de dicho término puedan presentar las alegaciones que a su derecho convenga.</p>
<p class='parrafo_2'>7. El 23 de febrero de 2021 presentó su escrito de alegaciones el Ministerio Fiscal interesando el otorgamiento del amparo por vulneración del art. 14 CE.</p>
<p class='parrafo'>Tras exponer los antecedentes del asunto, el Ministerio Fiscal recoge la doctrina constitucional sobre la prohibición de discriminación por razón de sexo y el derecho a la tutela judicial efectiva.</p>
<p class='parrafo'>El fiscal considera que resulta más claro comenzar su dictamen abordando en primer lugar la concreta vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva que se plantea en la demanda de amparo. A su juicio, no existe una violación del derecho a la tutela judicial efectiva en sí misma, pues la sentencia sí que se pronuncia sobre la petición de fondo y considera ajustada a derecho la modificación del horario, con arreglo al pacto de condiciones de trabajo de los trabajadores de la planta de Xove por las razones organizativas que se expresan. Por lo tanto, afirma que procede la desestimación del recurso en cuanto a este motivo. Señala que otra cosa es que se haya producido la omisión de valorar la dimensión constitucional de la cuestión debatida, que se refiere a la modificación de la concreción horaria de la reducción de jornada previamente concedida, pues esta cuestión debe analizarse dentro del otro motivo del recurso.</p>
<p class='parrafo'>Señala el fiscal que el objeto de debate de fondo es si el cambio de horario de trabajo resulta justificado, no desde el punto de vista de la legalidad ordinaria, sino desde el punto de vista del contenido esencial del derecho a la no discriminación por razón de sexo.</p>
<p class='parrafo'>A su juicio, tiene razón la demandante en que la sentencia solamente analiza la cuestión realmente debatida desde el prisma de la legislación ordinaria, orillando la dimensión constitucional y ciñéndose solo a que la empresa puede hacerlo con arreglo al pacto de condiciones de trabajo de los trabajadores de la planta de Xove. Por otra parte, al afirmar la sentencia que la demandante nunca solicitó la concreción del horario, entiende el fiscal que no está interpretando adecuadamente el hecho de que la trabajadora tenía desde hacía un año un horario de reducción de jornada acordado con la empresa, pues por mucho que la iniciativa partiera de esta, después de un año cumpliendo el horario sin ningún tipo de objeción, parece claro que la situación debe tener el mismo trato que si la trabajadora hubiera exigido esa concreción de horario y la empresa hubiera aceptado, máxime si se tiene en cuenta que lo que se discute son la horas de trabajo de los sábados, constando expresamente que la trabajadora solicitó no hacer guardias de fin de semana, con lo que la empresa estuvo de acuerdo.</p>
<p class='parrafo'>Estima el fiscal que la justificación aportada por el empresario no es suficiente para considerar que el trato perjudicial sufrido por la trabajadora no suponga una discriminación indirecta por razón de sexo; fundamentalmente, porque las razones organizativas no pueden justificar un acto que supone una discriminación.</p>
<p class='parrafo'>Señala que la decisión de la empresa parece venir dada porque el empleado varón que prestaba servicios en el mismo departamento tampoco quiere hacer guardias y la otra trabajadora del departamento no quiere hacerlas ella sola. En esta tesitura, si bien no le concede directamente la petición al empleado, parece que trata de equiparar de algún modo la carga de trabajo de los fines de semana entre los tres trabajadores obligando a la trabajadora con reducción de jornada para el cuidado de hijos, a modificar el horario que tenía concedido desde hacía un año.</p>
<p class='parrafo'>El fiscal considera que estamos ante un supuesto de discriminación indirecta y, por tanto, ante una medida que, aunque podría considerarse formalmente neutra, en la práctica perjudica la conciliación de la vida familiar y laboral de la empleada que está ejercitando su derecho a la reducción de jornada por el cuidado de hijos. La empresa puede mantener la organización que tenía antes de exigir ese cambio de trabajo, simplemente haciendo las guardias los otros dos empleados, ninguno de los cuales es una mujer que se encuentre en situación de reducción de jornada para el cuidado de hijos.</p>
<p class='parrafo'>Pero sobre todo, afirma el fiscal, en la sentencia impugnada ni siquiera se entra a valorar si supone una discriminación indirecta el perjuicio que supone el cambio de horario para la conciliación de la vida familiar y laboral de la demandante, ni se analiza tampoco la posibilidad de realizar cualquier otra medida organizativa que permita mantener el horario de la demandante sin trabajar en fin de semana. A su entender, la ausencia de análisis de la dimensión constitucional de la demanda planteada queda más clara si cabe cuando la sentencia impugnada afirma que el proceso pertinente no era el de conciliación de la vida familiar y laboral, sino el de modificación sustancial de condiciones de trabajo. Considerando que con el hecho de haberle concedido la reducción de jornada ya no había posibilidad de discriminación, ignorando con esta afirmación las sentencias del Tribunal Constitucional en las que se ha admitido la existencia de discriminación indirecta por razón de sexo en casos en que la reducción de jornada estaba concedida y era en la ejecución de esta reducción de jornada cuando se producía la discriminación por razón de sexo (por todas, STC 79/2020, de 2 de julio).</p>
<p class='parrafo'>Concluye el fiscal que la dimensión constitucional de la medida contemplada en los apartados 5 y 6 del art. 37 LET «ha de prevalecer y servir de orientación para la solución de cualquier duda interpretativa». Continúa el fiscal afirmando que «a ello contribuye el propio precepto legal, que no contiene ninguna precisión sobre la forma de concreción horaria de la reducción de jornada, ni establece si en su determinación deben prevalecer los criterios y las necesidades del trabajador o las exigencias organizativas de la empresa, lo que posibilita una ponderación de las circunstancias concurrentes dirigida a hacer compatibles los diferentes intereses en juego».</p>
<p class='parrafo_2'>8. El 1 de marzo de 2021 presentó su escrito de alegaciones la mercantil Insuiña, S.L.</p>
<p class='parrafo'>Una vez expuestos los antecedentes del asunto, afirma que la alegación de la supuesta vulneración del principio de igualdad está fuera de lugar pues, aunque es cierto que se producen modificaciones puntuales en la distribución de su jornada por razones objetivas, de carácter organizativo y necesarias para el buen funcionamiento de la empresa, en ningún momento se vulnera la reducción que le fue concedida de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores en el año 2018, ni tampoco su derecho a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Señala que no parece razonable pensar que la prestación de servicios durante hora y media en la mañana de un sábado límite de alguna manera ese derecho, aún más cuando se le ha ofrecido la posibilidad de realizar dicha prestación en una franja horaria a partir del mediodía.</p>
<p class='parrafo'>Por lo que se refiere a la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, afirma que en ningún momento se priva a la parte actora de este derecho, pues no se le impide de ninguna forma incoar otro procedimiento por la vía que proceda para lograr el ejercicio del derecho pretendido. Señala que la sentencia sí resuelve sobre el fondo del asunto y lo hace de manera detallada (reproduce distintas partes de los fundamentos jurídicos de la sentencia recurrida).</p>
<p class='parrafo'>Pone de manifiesto que la aceptación de la reducción de jornada no incluía, en ningún momento, la exclusión de las guardias que fue solicitada en un momento posterior y que, por ello, en nada influía en la concesión de esa reducción. Fueron solicitudes totalmente independientes, no guardando relación la una con la otra. Alega que la recurrente solicitó en fecha 9 de agosto de 2018 la reducción de jornada que le fue debidamente concedida (el 31 de agosto) y, por otro lado, y de forma independiente, solicitó, en fecha de 26 de septiembre de 2018, la exclusión de su participación en el sistema de guardias. Por ello, entiende que la recurrente no solicitó conforme al procedimiento regulado en el art. 37 LET una concreción horaria determinada para el cuidado de menor en atención a unas necesidades concretas en relación con la posibilidad de ser incluida en ese sistema de guardias que recoge el art. 8 del citado pacto.</p>
<p class='parrafo_2'>9. Por providencia de 27 de mayo de 2021, se señaló para la deliberación y votación de la presente sentencia el día 31 del mismo mes y año.</p>
<p class='centro_negrita'>II. Fundamentos jurídicos</p>
<p class='parrafo_2'>1. Objeto del recurso de amparo.</p>
<p class='parrafo_2'>El presente recurso de amparo se dirige contra la sentencia del Juzgado de lo Social núm. 2 de Lugo de 10 de enero de 2020, que desestimó la demanda interpuesta por la recurrente en la que solicitaba se la exonerase de prestar servicios una hora y media los sábados y pudiera continuar prestando servicios en el mismo horario que lo venía haciendo desde que disfrutaba de reducción de jornada por cuidado de hijos. El recurso se dirige asimismo contra el auto del mismo órgano judicial de 4 de junio de 2020, que desestimó el incidente de nulidad de actuaciones interpuesto contra la anterior resolución.</p>
<p class='parrafo'>La demandante alega vulneración del derecho a la igualdad y no discriminación por razón de sexo (art. 14 CE) porque la negativa de la sentencia recurrida a reconocer su petición de seguir sin prestar servicios los sábados, se adopta sin analizar en qué medida dicha posibilidad de no trabajar los sábados resultaba necesaria para la atención a los fines de relevancia constitucional a los que la institución sirve. A su juicio, se resuelve el litigio sin adoptar una perspectiva constitucional, solamente en base a lo dispuesto en un pacto de empresa. Asimismo, alega también vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), porque la sentencia recurrida desestimó la demanda por inadecuación del procedimiento sin pronunciarse sobre el fondo del asunto, no siendo ello acorde con lo dispuesto en el art. 102 LJS, que obligaba a cambiar el procedimiento de oficio, si estimaba que no era el adecuado y que la interpretación de las normas procesales que hizo la sentencia infringió el principio <em>pro actione</em>, causándole indefensión.</p>
<p class='parrafo'>El Ministerio Fiscal solicita la estimación del recurso de amparo por ausencia de análisis de la dimensión constitucional de la cuestión planteada. Por su parte, la representación de la mercantil Insuiña, S.L., solicita la desestimación pues, a su juicio, en ningún momento se vulnera la reducción de jornada que fue concedida a la recurrente en el año 2018, de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores, sino que se produce una modificación de la distribución de su jornada de trabajo por razones organizativas y necesarias para el buen funcionamiento de la empresa.</p>
<p class='parrafo_2'>2. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva.</p>
<p class='parrafo_2'>Comenzaremos el análisis de los motivos alegados por el relativo a la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, porque su hipotética estimación haría perder sentido a la alegada vulneración del derecho a la igualdad y no discriminación por razón de sexo.</p>
<p class='parrafo'>La demandante de amparo denuncia, en efecto, la vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), en su vertiente de derecho a obtener una resolución expresa y motivada sobre el fondo de la cuestión planteada.</p>
<p class='parrafo'>Así planteada la cuestión, hemos de recordar que, según reiterada doctrina de este tribunal, recogida, entre otras, en la STC 308/2006, de 23 de octubre, FJ 5:</p>
<p class='parrafo_2'>«[E]l derecho a la tutela judicial efectiva, garantizado en el art. 24.1 CE, comprende el derecho de los litigantes a obtener de los jueces y tribunales una resolución motivada y fundada en Derecho sobre el fondo de las pretensiones oportunamente deducidas por las partes en el proceso que, no obstante, puede ser también de inadmisión si concurre causa legal para ello y así se aprecia razonadamente por el órgano judicial (SSTC 63/1999, de 26 de abril, FJ 2; 206/1999, de 8 de noviembre, FJ 4; 198/2000, de 24 de julio, FJ 2; 116/2001, de 21 de mayo, FJ 4, entre otras). También ha dicho este tribunal que los derechos y garantías previstos en el artículo 24 CE no garantizan la corrección jurídica de la actuación o interpretación llevada a cabo por los órganos judiciales comunes, pues no existe un derecho al acierto (entre otras muchas, SSTC 151/2001, de 2 de julio, FJ 5, y 162/2001, de 5 de julio, FJ 4), y tampoco aseguran la satisfacción de la pretensión de ninguna de las partes del proceso (por todas, SSTC 107/1994, de 11 de abril, FJ 2, y 139/2000, de 29 de mayo, FJ 4). Ahora bien, lo que en todo caso sí garantiza el expresado precepto es el derecho a que las pretensiones se desenvuelvan y conozcan en el proceso establecido al efecto, con observancia de las garantías constitucionales que permitan el derecho de defensa, y a que finalice con una resolución fundada en Derecho, la cual podrá ser favorable o adversa a las pretensiones ejercitadas (STC 50/1982, de 15 de julio, FJ 3).</p>
<p class='parrafo'>Ello implica, en primer lugar, que la resolución ha de estar motivada, es decir, contener los elementos y razones de juicio que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos que fundamentan la decisión (SSTC 58/1997, de 18 de marzo, FJ 2; 25/2000, de 31 de enero, FJ 2); y en segundo lugar, que la motivación esté fundada en Derecho (STC 147/1999, de 4 de agosto, FJ 3), carga que no queda cumplida con la mera emisión de una declaración de voluntad en un sentido u otro, sino que debe ser consecuencia de una exégesis racional del ordenamiento y no fruto de la arbitrariedad (por todas, STC 146/2005, de 6 de junio, FJ 7). Lo anterior conlleva la garantía de que el fundamento de la decisión sea la aplicación no arbitraria de las normas que se consideren adecuadas al caso, pues tanto si la aplicación de la legalidad es fruto de un error patente, como si fuere arbitraria, manifiestamente irrazonada o irrazonable no podría considerarse fundada en Derecho, dado que la aplicación de la legalidad sería tan solo una mera apariencia (por todas, SSTC 25/2000, de 31 de enero, FJ 2, y 221/2001, de 31 de octubre, FJ 6). En suma, el art. 24 CE impone a los órganos judiciales no solo la obligación de ofrecer una respuesta motivada a las pretensiones deducidas, sino que, además, esta ha de tener contenido jurídico y no resultar arbitraria (entre otras, STC 8/2005, de 17 de enero, FJ 3).»</p>
<p class='parrafo_2'>La sentencia impugnada, aunque considera que no se ha seguido el procedimiento adecuado –a su juicio, debería haberse seguido el procedimiento de modificación sustancial de condiciones de trabajo previsto en el art. 138 LJS y no el de ejercicio de los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral del art. 139 LJS–, entra en el fondo del asunto, exponiendo las razones por las que estima que la modificación realizada por la empresa en el horario de la recurrente se encuentra justificada por motivos organizativas y amparada también en el apartado 8 del pacto de articulación de las condiciones de trabajo de los trabajadores de la planta de Xove. Concretamente, la sentencia considera que la distribución irregular de la jornada acordada por la empresa se encuentra justificada en los siguientes motivos:</p>
<p class='parrafo_2'>– El apartado 8 de la articulación de condiciones de trabajo de los trabajadores de Xove, que permite a la empresa la modificación del horario o flexibilización de la jornada si en un departamento no hubiese un número suficiente de personas adscritas al servicio de guardia.</p>
<p class='parrafo'>– El deseo de uno de los compañeros de departamento de la recurrente en amparo de no seguir realizando guardias los fines de semana.</p>
<p class='parrafo'>– La imposibilidad de que un trabajador realice guardias más de dos fines de semana seguidos de acuerdo con lo dispuesto en el apartado octavo del pacto de articulación de las condiciones de trabajo de los trabajadores de Xove.</p>
<p class='parrafo'>– Solo una de las trabajadoras del departamento está adscrita voluntariamente al servicio de guardias, y solicita por escrito que se vuelva al sistema de guardias que regía antes de la renuncia de la recurrente en amparo, por lo que se niega a realizar guardias durante dos fines de semana seguidos.</p>
<p class='parrafo_2'>Por lo tanto, no existe la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva alegada por la recurrente porque la sentencia sí se pronuncia sobre la petición de fondo y considera ajustada la modificación del horario por las razones expuestas.</p>
<p class='parrafo_2'>3. Derecho a la no discriminación por razón de sexo.</p>
<p class='parrafo_2'>En orden a determinar si se ha producido la infracción del derecho a la no discriminación por razón de sexo que la recurrente denuncia, es necesario recordar brevemente el contenido del derecho fundamental invocado.</p>
<p class='parrafo'>Conforme a reiterada doctrina constitucional, «la conducta discriminatoria se cualifica por el resultado peyorativo para la mujer que la sufre, que ve limitados sus derechos o sus legítimas expectativas por la concurrencia de un factor cuya virtualidad justificativa ha sido expresamente descartada por la Constitución, dado su carácter atentatorio a la dignidad del ser humano (art. 10.1 CE). En consecuencia, la prohibición constitucional específica de los actos discriminatorios por razón de sexo determina que se habrá producido la lesión directa del art. 14 CE cuando se acredite que el factor prohibido representó el fundamento de una minusvaloración o de un perjuicio laboral, no teniendo valor legitimador en esos casos la concurrencia de otros motivos que hubieran podido justificar la medida al margen del resultado discriminatorio» (SSTC 214/2006, de 3 de julio, FJ 3; 324/2006, de 20 de noviembre, FJ 4; 3/2007, de 15 de enero, FJ 2, y 66/2014, de 5 de mayo, FJ 2).</p>
<p class='parrafo'>Como expresa la STC 79/2020, de 2 de julio, FJ 4, la discriminación por razón de sexo «comprende no solo el tratamiento peyorativo que se funda en la pura y simple constatación del sexo de la persona afectada, sino en la concurrencia de razones o circunstancias que tengan con el sexo de la persona una conexión directa e inequívoca, como sucede con el embarazo y la maternidad (por todas, SSTC 17/2003, de 30 de enero, FJ 3; 3/2007, de 15 de enero, FJ 2, y 2/2017, de 16 de enero, FJ 5). No obstante, esta protección constitucional vinculada a factores diferenciales que inciden en las mujeres no se detiene en el embarazo y subsiguiente maternidad, sino que se extiende también al ejercicio por la trabajadora de los ‘derechos asociados a la maternidad’. Tales derechos, aunque son reconocidos por el ordenamiento jurídico indistintamente al hombre y a la mujer con el objeto de estimular cambios en la cultura familiar y promover el reparto de responsabilidades, sirven principalmente para compensar las dificultades y desventajas que agravan la posición de la mujer trabajadora. En efecto, se trata de derechos que inciden de modo singular en las mujeres, al ser las que principalmente asumen el cuidado de los hijos de corta edad y sufren, por ello, mayores dificultades para su inserción laboral y su mantenimiento en el mercado de trabajo [STC 233/2007, de 5 de noviembre, FJ 7 a), y posteriores SSTC 162/2016, de 3 de octubre, FJ 4; 2/2017, de 16 de enero, FJ 5, y 108/2019, de 30 de septiembre, FJ 2]. Ahora bien, es importante subrayar que la discriminación por razón de sexo no solo se produce cuando a la mujer trabajadora se le niega uno de esos derechos asociados a la maternidad, sino también cuando, pese a su inicial reconocimiento y ejercicio, se le cause un perjuicio efectivo y constatable que consista en un ‘trato peyorativo en sus condiciones de trabajo’, o en ‘una limitación o quebranto de sus derechos o legítimas expectativas económicas o profesionales en la relación laboral’, por la exclusiva razón del ejercicio previo de ese derecho [STC 233/2007, FJ 7 c) 2]. En otras palabras, en tales casos la vulneración del art. 14 CE vendría determinada por el menoscabo, de carácter discriminatorio, ocasionado en el patrimonio jurídico de la mujer trabajadora. Y, entre esos derechos asociados a la maternidad que, como se ha dicho, responden a la idea de compensar las desventajas reales que para la conservación de su empleo y para la conciliación de su vida laboral y familiar soporta la mujer trabajadora, se encuentran, precisamente, el derecho a la excedencia laboral por cuidado de hijos (art. 46.3 LET) y el derecho a la reducción de jornada por razones de guarda legal (art. 37.6 LET)».</p>
<p class='parrafo'>Asimismo, hay que recordar que la específica prohibición de discriminación por razón de sexo no solo comprende la «discriminación directa» a la que se ha hecho referencia, sino también la «discriminación indirecta», cuyo concepto legal aparece recogido en el art. 6.2 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, según el cual: «[s]e considera discriminación indirecta por razón de sexo la situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro, salvo que dicha disposición, criterio o práctica puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados». En este sentido, este tribunal entiende por «discriminación indirecta», aquel tratamiento formalmente neutro o no discriminatorio del que se deriva, por las diversas condiciones fácticas que se dan entre trabajadores de uno y otro sexo, un impacto adverso sobre los miembros de un determinado sexo [SSTC 145/1991, de 1 de julio, FJ 2; 91/2019, de 3 de julio, FJ 4 c), y 70/2020, de 2 de julio, FJ 4].</p>
<p class='parrafo'>Por lo que se refiere a la relevancia de la voluntad de discriminar, hay que tener en cuenta que es doctrina reiterada y constante de este tribunal que la vulneración de los derechos fundamentales puede darse aunque no exista intención lesiva. «Lo único relevante es que el contenido esencial, […], haya resultado o no menoscabado. Lo cual, traducido al ámbito que nos ocupa de la prohibición de discriminación por razón de sexo (art. 14 CE), supone que bastará con que quede probado que el factor protegido estuvo en la base del perjuicio o minusvaloración laboral sufrido por la mujer trabajadora. La STC 2/2017, de 16 de enero, FJ 6, recordaba ese parámetro reiterado en nuestra doctrina, caracterizador de todo juicio sobre la incidencia sobre un derecho fundamental, y que consiste, por tanto, en que puede declararse la lesión del derecho fundamental aunque no haya ánimo lesivo, en este caso discriminatorio, al bastar la objetividad del perjuicio» [STC 108/2019, de 30 de septiembre, FJ 4 c)].</p>
<p class='parrafo'>Por último, es necesario recordar que «la dimensión constitucional de todas aquellas medidas normativas tendentes a facilitar la compatibilidad de la vida laboral y familiar de los trabajadores, tanto desde la perspectiva del derecho a la no discriminación por razón de sexo o por razón de las circunstancias personales (art. 14 CE) como desde la del mandato de protección a la familia y a la infancia (art. 39 CE), ha de prevalecer y servir de orientación para la solución de cualquier duda interpretativa en cada caso concreto, habida cuenta de que el efectivo logro de la conciliación laboral y familiar constituye una finalidad de relevancia constitucional fomentada en nuestro ordenamiento a partir de la Ley 39/1999, de 5 de noviembre, que adoptó medidas tendentes a lograr una efectiva participación del varón trabajador en la vida familiar a través de un reparto equilibrado de las responsabilidades familiares, objetivo que se ha visto reforzado por disposiciones legislativas ulteriores, entre las que cabe especialmente destacar las previstas en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en cuya exposición de motivos se señala que las medidas en materia laboral que se establecen en esta ley pretenden favorecer la conciliación de la vida personal, profesional y familiar de los trabajadores, y fomentar una mayor corresponsabilidad entre mujeres y hombres en la asunción de las obligaciones familiares» (SSTC 3/2007, de 15 de enero, FJ 6, y 26/2011, de 14 de marzo, FJ 6).</p>
<p class='parrafo_2'>4. Resolución del recurso de amparo.</p>
<p class='parrafo_2'>Aduce la demandante que la sentencia recurrida restringe sin fundamento el ejercicio del derecho de reducción de jornada por guarda legal a través de una interpretación restrictiva del ejercicio de este derecho, que supone una discriminación indirecta de las mujeres trabajadoras, pues son ellas el colectivo que ejercita en mayor medida tales derecho de conciliación de la vida laboral y familiar.</p>
<p class='parrafo'>Como ha quedado expuesto, las resoluciones recurridas estiman como justificación suficiente para modificar la jornada de trabajo que venía disfrutando la demandante desde que le fue reconocido su derecho a la reducción de jornada por cuidado de hijos, las necesidades organizativas de la empresa, derivadas de que, al no hacer guardias los sábados la recurrente en amparo, sólo quedan dos trabajadores en el departamento para hacerlas, y uno de ellos ha pedido también no hacer guardias los sábados y la otra trabajadora ha manifestado su deseo de volver al sistema de guardias que se venía aplicando antes de que la recurrente se acogiera a la reducción de jornada.</p>
<p class='parrafo'>No corresponde a este tribunal determinar si es posible o no eximir a la demandante de prestar servicios los sábados y mantener la misma jornada que venía disfrutando desde que le fue concedido su derecho a la reducción de jornada por cuidado de hijos, cuestión de legalidad ordinaria que compete exclusivamente a los jueces y tribunales (art. 117.3 CE). Sin embargo, sí nos corresponde valorar desde la perspectiva constitucional que nos es propia, y a la vista del derecho fundamental invocado, la razón o argumento en virtud de los cuales la sentencia impugnada desestima la petición de la solicitante de amparo de no seguir prestando servicios los sábados de acuerdo con la jornada reconocida desde que comenzó a disfrutar de su derecho a la reducción de jornada por guarda legal. Hemos sostenido reiteradamente que, estando en juego un derecho fundamental sustantivo y no el derecho reconocido en el art. 24.1 CE, el control por parte de este tribunal no puede limitarse a verificar el carácter motivado, razonable y no arbitrario de la resolución judicial impugnada (entre otras, SSTC 30/2000, de 31 de enero, FJ 4; 173/2001, de 26 de julio, FJ 4; 92/2005, de 18 de abril, FJ 5, y 326/2005, de 12 de diciembre, FJ 5).</p>
<p class='parrafo'>El análisis de las resoluciones recurridas nos lleva a concluir, con la recurrente y el Ministerio Fiscal, que el órgano judicial únicamente ha valorado las razones organizativas alegadas por la empresa para justificar la modificación del horario de la trabajadora, sin tener en cuenta sus circunstancias personales y familiares. Las resoluciones recurridas estiman suficientes para imponer el cambio de horario las dificultades organizativas de la empresa derivadas de lo dispuesto en el pacto de articulación de las condiciones de trabajo de los trabajadores de Xove, que impide que un trabajador realice guardias dos fines de semana seguidos, y derivadas también de la petición presentada por uno de los empleados del mismo departamento de no hacer guardias los sábados y de que la otra empleada no quiere hacer las guardias ellas sola y quiere volver a la situación anterior a la reducción de jornada de la demandante.</p>
<p class='parrafo'>Como señala la STC 3/2007, de 15 de enero, FJ 5, «reconocida la incidencia que la denegación del ejercicio de uno de los permisos parentales establecidos en la ley puede tener en la vulneración del derecho a la no discriminación por razón de sexo de las trabajadoras, es lo cierto que el análisis que a tal efecto corresponde efectuar a los órganos judiciales no puede situarse exclusivamente en el ámbito de la legalidad, sino que tiene que ponderar y valorar el derecho fundamental en juego. Como hemos señalado también en relación con el tema de la excedencia, los órganos judiciales no pueden ignorar la dimensión constitucional de la cuestión ante ellos suscitada y limitarse a valorar, para excluir la violación del art. 14 CE, si la diferencia de trato tiene en abstracto una justificación objetiva y razonable, sino que han de efectuar su análisis atendiendo a las circunstancias concurrentes y, sobre todo, a la trascendencia constitucional de este derecho de acuerdo con los intereses y valores familiares a que el mismo responde. Como afirmamos en nuestra STC 95/2000, de 10 de abril, FJ 5, la razonabilidad de las decisiones judiciales es también una exigencia de adecuación al logro de los valores, bienes y derechos constitucionales (SSTC 82/1990, de 4 de mayo, FJ 2, y 126/1994, de 25 de abril, FJ 5)».</p>
<p class='parrafo'>Es claro que estas consideraciones son íntegramente aplicables al supuesto aquí enjuiciado, en el que el órgano judicial ha entendido justificado el cambio de jornada de trabajo de la demandante de amparo con base a razones meramente organizativas, pero sin valorar que la trabajadora estaba disfrutando de un derecho relacionado con la maternidad y que esa modificación de la jornada podía producir en la práctica unos perjuicios en su ámbito familiar y laboral.</p>
<p class='parrafo'>El hecho de que el órgano judicial no se haya planteado la cuestión de si modificar el horario de la demandante de amparo constituía o no un obstáculo para la compatibilidad de su vida familiar y laboral, en atención a las circunstancias concurrentes, supone, como señala la recurrente en amparo, no valorar adecuadamente la dimensión constitucional <em>ex</em> art. 14 CE, en relación con el art. 39.3 CE, del asunto planteado, de suerte que, como hemos afirmado en diversas ocasiones, el reproche que desde la perspectiva constitucional merece formularse contra las resoluciones judiciales recurridas en amparo «no es tanto ni solo que haya renunciado a interpretar la normativa aplicable de la manera más favorable a la efectividad del derecho fundamental, sino que ni siquiera haya tenido en cuenta que este derecho estaba en juego y podía quedar afectado» (SSTC 191/1998, de 29 de septiembre, FJ 5; 92/2005, de 18 de abril, FJ 5, y 3/2007, de 15 de enero, FJ 6).</p>
<p class='parrafo'>En efecto, una vez que se puso de manifiesto que la trabajadora estaba disfrutando de una reducción de jornada por cuidado de hijos, el órgano judicial no podía prescindir de analizar si la modificación del horario que venía disfrutando suponía un perjuicio para la demandante y obstaculizaba o perjudicaba la compatibilidad de su vida familiar y laboral. En definitiva, afectando la modificación a la jornada que venía disfrutando la trabajadora en ejercicio de su derecho a la reducción de jornada por cuidado de hijos, el órgano judicial debió de examinar si esa distribución irregular de su jornada de trabajo decidida por la empresa, en virtud de la cual la trabajadora debería prestar servicios durante una hora y media los sábados cuando fuera requerida por necesidades de producción y organización de la planta, no solo sí resultaba necesaria por razones organizativas, sino también si, atendiendo a los fines de relevancia constitucional a los que la institución de reducción de jornada por cuidado de hijos sirve, se erigía en obstáculo injustificado para la permanencia en el empleo de la trabajadora y para la compatibilidad de su vida profesional con su vida familiar.</p>
<p class='parrafo'>Aunque, ciertamente, el empresario puede modificar la jornada de trabajo por razones organizativas de acuerdo con lo previsto en el art. 41 LET, cuando el trabajador afectado esté disfrutando de un derecho relacionado con la maternidad y, disconforme con la decisión empresarial, decida impugnarla, el órgano judicial deberá ponderar las circunstancias concurrentes para hacer compatibles los diferentes intereses en juego, valorando el conflicto en su dimensión constitucional. Esto implica, como hemos señalado, que en este examen el órgano judicial debe tener presente que esa dimensión constitucional de las medidas tendentes a facilitar la compatibilidad de la vida laboral y familiar de los trabajadores ha de prevalecer y servir de orientación para la solución de cualquier duda interpretativa (SSTC 3/2007, de 15 de enero, FJ 6, y 26/2011, de 14 de marzo, FJ 5). Ello obligaba en el presente caso a valorar las concretas circunstancias personales y familiares que concurrían en la trabajadora demandante, así como la organización del servicio de guardias de los fines de semana en el departamento en el que prestaba servicios, para ponderar si la modificación del horario constituía o no un obstáculo injustificado para la compatibilidad de su vida familiar y profesional. En relación con las circunstancias familiares concurrentes, resultaba necesario tener en cuenta la edad de la hija de la recurrente, el hecho de tener que prestar servicios los sábados cuando no hay guarderías ni colegios, así como, en su caso, la situación laboral del padre y, en suma, la posible incidencia que la prestación de servicios durante los sábados pudiera tener para conciliar su actividad profesional con el cuidado de su hija.</p>
<p class='parrafo'>La ausencia de análisis de la dimensión constitucional de la demanda queda claramente patente, como señala el Ministerio Fiscal, cuando la sentencia recurrida afirma que el proceso pertinente no era el de conciliación de la vida familiar y laboral, sino el de modificación de condiciones de trabajo, considerando que el hecho de haberle concedido la empresa la reducción de jornada evitaba la posibilidad de discriminación. Esta afirmación del órgano judicial no tiene en cuenta las sentencias de este tribunal en las que se ha admitido la discriminación indirecta por razón de sexo en casos en los que la reducción de jornada estaba concedida y era precisamente en la ejecución de esta reducción de jornada cuando se producía tal discriminación por razón de sexo. En este sentido, cabe citar, entre otras, la STC 79/2020, de 2 de julio, en la que se declara la existencia de una vulneración del derecho a la igualdad ante la ley y la prohibición de discriminación indirecta por razón de sexo (art. 14 CE), en un supuesto de diferencia de trato en materia retributiva entre trabajadores a tiempo completo y parcial, derivada del ejercicio del derecho de reducción de jornada por guarda legal.</p>
<p class='parrafo'>En definitiva, la decisión del órgano judicial de desestimar la pretensión de la recurrente de no prestar servicios una hora y media los sábados, sin analizar hasta qué punto dicha pretensión resultaba necesaria para conciliar su vida familiar y laboral, nos lleva a concluir que no ha sido debidamente tutelado por los órganos judiciales el derecho fundamental de la recurrente a la no discriminación por razón de sexo (art. 14 CE). La negativa del órgano judicial se convierte, así, en un obstáculo injustificado para la permanencia en el empleo de la trabajadora y para la compatibilidad de su vida profesional con su vida familiar, y en tal sentido, constituye una discriminación indirecta por razón de sexo, de acuerdo con nuestra doctrina.</p>
<p class='parrafo'>Cuanto ha quedado expuesto conduce al otorgamiento del amparo. Para restablecer a la recurrente en la efectividad de su derecho será necesario, con anulación de las resoluciones judiciales impugnadas, reponer las actuaciones al momento procesal oportuno a fin de que el Juzgado de lo Social núm. 2 de Lugo dicte nueva resolución respetuosa con el derecho fundamental reconocido.</p>
<p class='centro_redonda'>FALLO</p>
<p class='parrafo_2'>En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,</p>
<p class='centro_redonda'>Ha decidido</p>
<p class='parrafo_2'>Otorgar el amparo solicitado por doña Iris Martín Varela y, en su virtud:</p>
<p class='parrafo_2'>1.º Declarar que se ha vulnerado su derecho fundamental a la no discriminación por razón de sexo (art. 14 CE).</p>
<p class='parrafo_2'>2.º Declarar la nulidad de la sentencia de 10 de enero de 2020, dictada por el Juzgado de lo Social núm. 2 de Lugo (procedimiento de conciliación de la vida personal, familiar y laboral núm. 706-2019) y del auto del mismo juzgado de 4 de junio de 2020 que desestimó el incidente de nulidad promovido contra aquella sentencia.</p>
<p class='parrafo_2'>3.º Retrotraer las actuaciones al momento procesal oportuno a fin de que por el órgano judicial se dicte nueva resolución respetuosa con el derecho fundamental reconocido.</p>
<p class='parrafo_2'>Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».</p>
<p class='parrafo_2'>Dada en Madrid, a treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno.–Juan José González Rivas.–Andrés Ollero Tassara.–Santiago Martínez-Vares García.–Alfredo Montoya Melgar.–Cándido Conde-Pumpido Tourón.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y rubricado.</p>
</texto>
</documento>
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Wed Jul 07 08:32:04 +0000 2021
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ECLI:ES:TC:2021:119
La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por el magistrado don Juan José González Rivas, presidente; los magistrados don Andrés Ollero Tassara, don Santiago Martínez-Vares García, don Alfredo Montoya Melgar, don Cándido Conde-Pumpido Tourón y la magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
El recurso de amparo núm. 3199-2020, ha sido promovido por doña Iris Martín Varela, representada por el procurador de los tribunales don Avelino Calviño Gómez y asistida por el abogado don Pedro Blanco Lobeiras contra la sentencia del Juzgado de lo Social núm. 2 de Lugo de 10 de enero de 2020, que desestimó la demanda de la recurrente en el proceso de conciliación de la vida laboral y familiar núm. 706-2019, y frente al auto de 4 de junio de 2020 dictado por el mismo órgano judicial en el que se desestimó el incidente de nulidad de actuaciones formulado contra la anterior resolución. Ha comparecido la mercantil Insuiña, S.L., representada por la procuradora de los tribunales doña María Teresa Gamazo Trueba, bajo la dirección letrada de don Roberto Vázquez Cid. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido ponente el magistrado don Alfredo Montoya Melgar.
I. Antecedentes
1. Por escrito presentado en el registro general de este tribunal el día 15 de julio de 2020, el procurador de los tribunales don Avelino Calviño Gómez, actuando en nombre y representación de doña Iris Martín Varela, asistida por el letrado don Pedro Blanco Lobeiras, interpuso recurso de amparo contra las dos resoluciones citadas en el encabezamiento.
2. Los hechos de los que trae causa la presente demanda de amparo, relevantes para la resolución del recurso, son los siguientes:
a) La demandante de amparo solicitó por medio de escrito fechado el 9 de agosto de 2018 la reducción de jornada diaria en dos horas por cuidado de su hija menor de doce años. La empresa accedió a la solicitud formulada por medio de escrito fechado el 31 de agosto de 2018. En ese escrito le comunicó que prestaría sus servicios en horario de 8:30 a 14:30 horas, siendo efectiva la reducción de jornada a partir del 11 de septiembre de 2018.
b) Con posterioridad a la concesión de la solicitud de reducción de jornada que se hizo efectiva en la fecha señalada, la recurrente presentó escrito el 26 de septiembre de 2018 en el que solicitaba ser excluida de la realización de guardias los fines de semana y festivos, accediendo la empresa a la solicitud formulada. La recurrente no realizó guardias de fin de semana desde octubre de 2018.
c) El 30 de agosto de 2019 la empresa Insuiña, S.L., remitió a la trabajadora comunicación en la cual se le hacía saber que procedía a distribuir irregularmente su jornada prestando servicios una hora y treinta minutos los sábados, «cuando así sea requerida por las necesidades de la producción y organización de la planta».
d) La trabajadora remitió escrito a la dirección de la empresa en el que mostraba su frontal oposición y solicitaba mantener la concreción horaria reconocida en la reducción para el cuidado de menor, sin prestación de servicios ningún sábado.
Dado que la empresa no modificó su postura, la trabajadora presentó demanda ante los juzgados de lo social de Lugo.
e) En la demanda se alegaba la imposibilidad de atender a la modificación de horario impuesta por la empresa por la que se le exigía trabajar los sábados que la empresa le indicase con antelación, de 12:00 a 13:30 horas, compensando ese tiempo al inicio de la jornada laboral del lunes. Se consideraba que esa decisión vulneraba los arts. 14 y 39 CE. Y se pedía como medida cautelar: «el mantenimiento de la concreción horaria de la que ha venido disfrutando la actora y por ende fijando su jornada de lunes a viernes de 8:30 a 14:30 horas, sin prestación de servicios los sábados».
Mediante auto núm. 77/2019, de 19 de octubre, se estimó dicha medida cautelar acordando «exonerar a la actora doña Iris Martin Varela de prestar servicios a la entidad demandada los sábados».
f) La sentencia del Juzgado de lo Social núm. 2 de Lugo de 10 de enero de 2020 desestimó la demanda.
En los fundamentos de derecho se justifica la desestimación de la demanda, argumentando que, a la vista de la declaración de hechos probados y la regulación contenida en el art. 139 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social (LJS), el procedimiento carece de objeto en la medida en que no existe negativa ni falta de conformidad del empresario con la reducción de jornada solicitada por la trabajadora en el año 2018. Señala que la entidad demandada accedió a la solicitud formulada por doña Iris y le comunicó que su nuevo horario sería de 8:30 a 14:30 horas de lunes a viernes y aceptó la decisión de la trabajadora de no realizar más guardias los fines de semana. No obstante, en el año 2019, la entidad demandada se vio obligada a distribuir la jornada de doña Iris de forma irregular por razones de organización del servicio de guardia del laboratorio al que pertenecía. Por ello, el 30 de agosto de 2019 se comunicó a doña Iris que tendría que prestar los servicios una hora y media los sábados, pudiendo desarrollar su actividad en horario de 12:00 a 14:30 horas. Para respetar la reducción de jornada concedida en el año 2018, se le comunicó también a la actora que el día laborable siguiente al sábado en el que hubiera prestado servicios, el horario de entrada se retrasaría de las 8:30 horas a las 10:00 horas.
Afirma la sentencia que la decisión adoptada por el empresario se encuentra amparada en apartado 8 del pacto de articulación de las condiciones de trabajo de los trabajadores de la planta de Xove, que faculta a la entidad demandada a organizar el trabajo de un departamento mediante la modificación del horario o la flexibilización de la jornada si en un determinado departamento no hubiese personal suficiente adscrito al servicio de guardia. Añade que, según consta en la documental que obra en las actuaciones la decisión de la empresa de distribuir la jornada laboral de la actora viene motivada por el deseo de don Martín, compañero de departamento de doña Iris, de no seguir realizando guardias los fines de semana, solicitud que fue denegada por la demandada por los problemas de organización del servicio que supondría aceptar la renuncia de don Martín. Afirma la sentencia que la demandada se ve obligada a reorganizar el servicio de guardias del laboratorio de Xove porque solo una de las trabajadoras del departamento está adscrita voluntariamente al servicio de guardias, no pudiendo existir una sola trabajadora adscrita al servicio ya que el puesto que el pacto de articulación de las condiciones de trabajo (apartado octavo) impide que un trabajador realice guardias más de dos fines de semana seguidos, salvo que los trabajadores lo acepten voluntariamente. Además esta trabajadora adscrita voluntariamente al servicio de guardias, añade la sentencia, ha solicitado por escrito que se vuelva al sistema de guardias que regía anteriormente a que se aceptase la renuncia de doña Iris, lo que supone una negativa a estar permanentemente de guardia ante la renuncia al servicio de sus dos compañeros.
Considera la sentencia que la decisión adoptada por la empresa de modificar el horario de la actora y distribuir de forma irregular su jornada laboral debe ser tratada en un procedimiento distinto (art. 138 LJS), puesto que en el supuesto litigioso no se ha denegado a la actora la solicitud de reducción de jornada formulada en el año 2018. Concluye señalando que la actora nunca ha solicitado la concreción horaria al amparo de la normativa vigente, puesto que fue la empresa por medio de escrito de 31 de agosto la que comunicó a la actora que prestara sus servicios en horario de 8:30 a 14:30 horas de lunes a viernes, en respuesta a la solicitud de reducción de jornada formulada y sin perjuicio de la adscripción voluntaria al servicio de guardias del fin de semana.
g) Frente a esta sentencia, la demandante formuló incidente de nulidad de actuaciones, por considerar que la misma vulneraba su derecho a la tutela judicial efectiva, así como el derecho a la igualdad, la prohibición de discriminación por razón de sexo y lo dispuesto en el art. 39 CE en cuanto a la protección de la infancia y la familia. A juicio de la recurrente, la desestimación de la demanda se fundaba esencialmente en que no se había seguido el procedimiento adecuado y por ello no se había entrado en el fondo.
El incidente de nulidad fue desestimado por auto de 4 de junio de 2020. Señala este auto que «de la lectura del fundamento de derecho tercero de la sentencia se evidencia que la afirmación efectuada por la actora no es correcta, ello es así porque si se hubiese inadmitido la demanda de plano por inadecuación del procedimiento no se entraría a valorar la prueba y a afirmar que la modificación realizada por la entidad demandada en el horario de la actora se encuentra justificada por razones organizativas y amparada también en el apartado 8 del pacto de articulación de las condiciones de trabajo de los trabajadores de la planta de Xove». Considera el auto que a pesar de entender que el procedimiento carecía de objeto, en la sentencia recurrida se procedió a entrar a resolver sobre el fondo del asunto y así, tras la valoración de la prueba se entiende que la distribución irregular de la jornada acordada por la empresa se encuentra justificada por razones organizativas relativas al servicio de guardia y además amparada en el pacto de condiciones de trabajo de los trabajadores de la planta de Xove. Por otro lado, entiende que la resolución cuya nulidad se pretende no contiene una discriminación por razón de sexo, ni ha obviado el mandado constitucional de protección a la familia porque, como se indica en la resolución, no se trata de un supuesto de los previstos en el art. 139 LJS puesto que no ha habido negativa o falta de conformidad con el empresario respecto a la solicitud de reducción de jornada de la trabajadora; se trata de un supuesto de modificación sustancial de condiciones laborales por lo que los términos del debate no son los que pretende la actora, sino que lo que hay que examinar es si la modificación operada se ajusta a lo previsto en el art. 41 de la Ley del estatuto de los trabajadores (LET), análisis que ha realizado la sentencia de 10 de enero de 2020.
3. El 15 de julio de 2020 se registró en este tribunal la demanda de amparo interpuesta por la representación de la demandante contra la sentencia del Juzgado de lo Social núm. 2 de Lugo, en procedimiento núm. 706-2019, y frente al auto de 4 de junio de 2020 dictado por el mismo órgano judicial.
En la demanda se alega, en primer lugar, vulneración del derecho a la igualdad y discriminación por razón de sexo (art. 14 CE). Tras referirse a la normativa nacional y europea que pretende garantizar la igualdad de trato entre mujeres y hombres, y proscribir la discriminación por razón de sexo, indica que la sentencia impugnada se ampara en un «acuerdo de empresa» (es decir, no en un convenio colectivo), para avalar una solución basada en una interpretación restrictiva del derecho de la trabajadora, que supondría una discriminación indirecta por ser las mujeres el colectivo que ejercita en mayor medida el derecho de reducción de jornada por motivos de conciliación.
Señala la recurrente que la sentencia impugnada resuelve sin tener en cuenta la perspectiva constitucional, esto es, el derecho a la igualdad y no discriminación por razón de sexo y el mandato constitucional de protección a la familia. Invoca después la STC 3/2007, que indicó que las resoluciones judiciales no pueden quedarse, en casos como este, en el plano de la legalidad ordinaria, y que, por el contrario, deben ponderar todas las circunstancias concurrentes, concretamente, la importancia que para la efectividad del derecho a la no discriminación por razón de sexo de la trabajadora tiene el ejercicio del derecho de reducción de jornada por motivos familiares. Tal ponderación no se habría realizado en el caso de autos, al limitarse a justificar y amparar la decisión empresarial (que la actora con reducción de jornada preste servicios los sábados) en la insuficiencia de personal. No se analizó, en suma, en qué medida la necesidad de no trabajar los sábados resultaba necesaria para la atención de los fines con relevancia constitucional, ni cuáles son las dificultades organizativas que su reconocimiento pudiera causar a la empresa. Tal interpretación se convierte, a su juicio, en un obstáculo injustificado para la permanencia en el empleo de la trabajadora y para la compatibilidad de su vida profesional y personal, basada en una presunta necesidad organizativa empresarial.
Se queja la recurrente, asimismo, de que, con ello, el juzgador haya equiparado la mera voluntad de un trabajador de no seguir trabajando los sábados, con la necesidad de conciliación de una madre trabajadora, derecho este último que fue ignorado, cuando debía primar la dimensión constitucional de la controversia planteada. En otras palabras, el órgano judicial no habría tutelado debidamente el derecho de la trabajadora, imponiéndole un obstáculo para compatibilizar su vida profesional y laboral, lo que entiende que constituiría una discriminación indirecta por razón de sexo.
En segundo lugar, alega vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, entendiendo que la apreciación en el caso de autos de la inadecuación de procedimiento infringe el art. 24.1 CE y el art. 102.2 LJS. A este respecto aduce la parte recurrente, como así lo hiciera en el incidente de nulidad de actuaciones, que si el juzgador consideraba que el procedimiento adecuado en el caso de autos era el de modificación sustancial de las condiciones de trabajo del art. 138 LJS y no el de conciliación de la vida laboral y personal, debió así acordarlo conforme a lo señalado en el citado art. 102 LJS, incluso sin audiencia de parte, máxime cuando para ello no existe obstáculo alguno (ambos preceptos, arts. 138 y 139 se ubican en el mismo capítulo como modalidades procesales que tienen especialidades respecto al proceso ordinario; tienen una tramitación idéntica, pues en ninguno existe conciliación previa, y son de instancia única). Se recuerda, además, que la prohibición de sobreseimiento del proceso o la absolución en la instancia por inadecuación de la modalidad procesal elegida viene incluso explicitada en la exposición de motivos de la ley. Tal infracción, continúa diciendo, le ha causado indefensión y ahonda en la flagrante violación del derecho a la no discriminación por razón de sexo de la que ha sido objeto, al no haber ofrecido una respuesta motivada, ponderada y razonada a su pretensión.
A la vista de todo ello solicita que se estime el recurso, y que este tribunal dé respuesta directa a su pretensión, acogiendo su demanda, pues cuenta con todos los elementos precisos para decidir sobre el fondo (vulneración del art. 14 CE). Con carácter subsidiario, si lo considerase imprescindible, interesa que se ordene la retroacción y que sea el juzgado el que vuelva a dictar sentencia.
Por otrosí, solicita la inmediata suspensión de los efectos de la sentencia con la finalidad de que esta decisión no suponga un obstáculo injustificado para la permanencia en el empleo.
4. Por providencia de 14 de diciembre de 2020, la Sección Primera acordó la admisión a trámite de la demanda de amparo, al apreciar que concurría en la misma una especial trascendencia constitucional [art. 50.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC)] porque el recurso planteaba un problema o afectaba a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina del tribunal [STC 155/2009, FJ 2 a)].
En aplicación de lo previsto en el art. 51 LOTC, se acordó dirigir atenta comunicación al Juzgado de lo Social núm. 2 de Lugo, para que en el plazo de diez días remitiese certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes a los autos núm. 706-2019; debiendo previamente emplazarse, para que en el plazo de diez días pudieran comparecer, si así lo deseaban, en el recurso de amparo, a quienes hubieran sido parte en el procedimiento, excepto la parte recurrente en amparo.
Por último, de conformidad con la solicitud de la parte actora, se acordó formar la correspondiente pieza separada de suspensión, que fue denegada por ATC 14/2021, de 15 de febrero.
5. Por escrito registrado el 13 de enero de 2021 la procuradora de los tribunales doña María Teresa Gamazo Trueba, bajo la dirección letrada de don Roberto Vázquez Cid, en nombre y representación de la mercantil Insuiña, S.L., solicita se la tenga por personada en el presente procedimiento.
6. Por diligencia de ordenación de la Sala Primera del Tribunal Constitucional de 28 de enero de 2021, se tienen por recibidos los testimonios de las actuaciones remitidos por el Juzgado de lo Social núm. 2 de Lugo y escrito de la procuradora doña Teresa Gamazo Trueba, a quien se tiene por personada y parte en nombre y representación de Insuiña, S.L., con quien se entenderán la presente y sucesivas diligencias.
A tenor de lo dispuesto en el art. 52 LOTC, se da vista de todas las actuaciones del presente recurso de amparo, en la secretaría de esta Sala, por un plazo común de veinte días, al Ministerio Fiscal y a las partes personadas, para que dentro de dicho término puedan presentar las alegaciones que a su derecho convenga.
7. El 23 de febrero de 2021 presentó su escrito de alegaciones el Ministerio Fiscal interesando el otorgamiento del amparo por vulneración del art. 14 CE.
Tras exponer los antecedentes del asunto, el Ministerio Fiscal recoge la doctrina constitucional sobre la prohibición de discriminación por razón de sexo y el derecho a la tutela judicial efectiva.
El fiscal considera que resulta más claro comenzar su dictamen abordando en primer lugar la concreta vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva que se plantea en la demanda de amparo. A su juicio, no existe una violación del derecho a la tutela judicial efectiva en sí misma, pues la sentencia sí que se pronuncia sobre la petición de fondo y considera ajustada a derecho la modificación del horario, con arreglo al pacto de condiciones de trabajo de los trabajadores de la planta de Xove por las razones organizativas que se expresan. Por lo tanto, afirma que procede la desestimación del recurso en cuanto a este motivo. Señala que otra cosa es que se haya producido la omisión de valorar la dimensión constitucional de la cuestión debatida, que se refiere a la modificación de la concreción horaria de la reducción de jornada previamente concedida, pues esta cuestión debe analizarse dentro del otro motivo del recurso.
Señala el fiscal que el objeto de debate de fondo es si el cambio de horario de trabajo resulta justificado, no desde el punto de vista de la legalidad ordinaria, sino desde el punto de vista del contenido esencial del derecho a la no discriminación por razón de sexo.
A su juicio, tiene razón la demandante en que la sentencia solamente analiza la cuestión realmente debatida desde el prisma de la legislación ordinaria, orillando la dimensión constitucional y ciñéndose solo a que la empresa puede hacerlo con arreglo al pacto de condiciones de trabajo de los trabajadores de la planta de Xove. Por otra parte, al afirmar la sentencia que la demandante nunca solicitó la concreción del horario, entiende el fiscal que no está interpretando adecuadamente el hecho de que la trabajadora tenía desde hacía un año un horario de reducción de jornada acordado con la empresa, pues por mucho que la iniciativa partiera de esta, después de un año cumpliendo el horario sin ningún tipo de objeción, parece claro que la situación debe tener el mismo trato que si la trabajadora hubiera exigido esa concreción de horario y la empresa hubiera aceptado, máxime si se tiene en cuenta que lo que se discute son la horas de trabajo de los sábados, constando expresamente que la trabajadora solicitó no hacer guardias de fin de semana, con lo que la empresa estuvo de acuerdo.
Estima el fiscal que la justificación aportada por el empresario no es suficiente para considerar que el trato perjudicial sufrido por la trabajadora no suponga una discriminación indirecta por razón de sexo; fundamentalmente, porque las razones organizativas no pueden justificar un acto que supone una discriminación.
Señala que la decisión de la empresa parece venir dada porque el empleado varón que prestaba servicios en el mismo departamento tampoco quiere hacer guardias y la otra trabajadora del departamento no quiere hacerlas ella sola. En esta tesitura, si bien no le concede directamente la petición al empleado, parece que trata de equiparar de algún modo la carga de trabajo de los fines de semana entre los tres trabajadores obligando a la trabajadora con reducción de jornada para el cuidado de hijos, a modificar el horario que tenía concedido desde hacía un año.
El fiscal considera que estamos ante un supuesto de discriminación indirecta y, por tanto, ante una medida que, aunque podría considerarse formalmente neutra, en la práctica perjudica la conciliación de la vida familiar y laboral de la empleada que está ejercitando su derecho a la reducción de jornada por el cuidado de hijos. La empresa puede mantener la organización que tenía antes de exigir ese cambio de trabajo, simplemente haciendo las guardias los otros dos empleados, ninguno de los cuales es una mujer que se encuentre en situación de reducción de jornada para el cuidado de hijos.
Pero sobre todo, afirma el fiscal, en la sentencia impugnada ni siquiera se entra a valorar si supone una discriminación indirecta el perjuicio que supone el cambio de horario para la conciliación de la vida familiar y laboral de la demandante, ni se analiza tampoco la posibilidad de realizar cualquier otra medida organizativa que permita mantener el horario de la demandante sin trabajar en fin de semana. A su entender, la ausencia de análisis de la dimensión constitucional de la demanda planteada queda más clara si cabe cuando la sentencia impugnada afirma que el proceso pertinente no era el de conciliación de la vida familiar y laboral, sino el de modificación sustancial de condiciones de trabajo. Considerando que con el hecho de haberle concedido la reducción de jornada ya no había posibilidad de discriminación, ignorando con esta afirmación las sentencias del Tribunal Constitucional en las que se ha admitido la existencia de discriminación indirecta por razón de sexo en casos en que la reducción de jornada estaba concedida y era en la ejecución de esta reducción de jornada cuando se producía la discriminación por razón de sexo (por todas, STC 79/2020, de 2 de julio).
Concluye el fiscal que la dimensión constitucional de la medida contemplada en los apartados 5 y 6 del art. 37 LET «ha de prevalecer y servir de orientación para la solución de cualquier duda interpretativa». Continúa el fiscal afirmando que «a ello contribuye el propio precepto legal, que no contiene ninguna precisión sobre la forma de concreción horaria de la reducción de jornada, ni establece si en su determinación deben prevalecer los criterios y las necesidades del trabajador o las exigencias organizativas de la empresa, lo que posibilita una ponderación de las circunstancias concurrentes dirigida a hacer compatibles los diferentes intereses en juego».
8. El 1 de marzo de 2021 presentó su escrito de alegaciones la mercantil Insuiña, S.L.
Una vez expuestos los antecedentes del asunto, afirma que la alegación de la supuesta vulneración del principio de igualdad está fuera de lugar pues, aunque es cierto que se producen modificaciones puntuales en la distribución de su jornada por razones objetivas, de carácter organizativo y necesarias para el buen funcionamiento de la empresa, en ningún momento se vulnera la reducción que le fue concedida de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores en el año 2018, ni tampoco su derecho a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Señala que no parece razonable pensar que la prestación de servicios durante hora y media en la mañana de un sábado límite de alguna manera ese derecho, aún más cuando se le ha ofrecido la posibilidad de realizar dicha prestación en una franja horaria a partir del mediodía.
Por lo que se refiere a la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, afirma que en ningún momento se priva a la parte actora de este derecho, pues no se le impide de ninguna forma incoar otro procedimiento por la vía que proceda para lograr el ejercicio del derecho pretendido. Señala que la sentencia sí resuelve sobre el fondo del asunto y lo hace de manera detallada (reproduce distintas partes de los fundamentos jurídicos de la sentencia recurrida).
Pone de manifiesto que la aceptación de la reducción de jornada no incluía, en ningún momento, la exclusión de las guardias que fue solicitada en un momento posterior y que, por ello, en nada influía en la concesión de esa reducción. Fueron solicitudes totalmente independientes, no guardando relación la una con la otra. Alega que la recurrente solicitó en fecha 9 de agosto de 2018 la reducción de jornada que le fue debidamente concedida (el 31 de agosto) y, por otro lado, y de forma independiente, solicitó, en fecha de 26 de septiembre de 2018, la exclusión de su participación en el sistema de guardias. Por ello, entiende que la recurrente no solicitó conforme al procedimiento regulado en el art. 37 LET una concreción horaria determinada para el cuidado de menor en atención a unas necesidades concretas en relación con la posibilidad de ser incluida en ese sistema de guardias que recoge el art. 8 del citado pacto.
9. Por providencia de 27 de mayo de 2021, se señaló para la deliberación y votación de la presente sentencia el día 31 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1. Objeto del recurso de amparo.
El presente recurso de amparo se dirige contra la sentencia del Juzgado de lo Social núm. 2 de Lugo de 10 de enero de 2020, que desestimó la demanda interpuesta por la recurrente en la que solicitaba se la exonerase de prestar servicios una hora y media los sábados y pudiera continuar prestando servicios en el mismo horario que lo venía haciendo desde que disfrutaba de reducción de jornada por cuidado de hijos. El recurso se dirige asimismo contra el auto del mismo órgano judicial de 4 de junio de 2020, que desestimó el incidente de nulidad de actuaciones interpuesto contra la anterior resolución.
La demandante alega vulneración del derecho a la igualdad y no discriminación por razón de sexo (art. 14 CE) porque la negativa de la sentencia recurrida a reconocer su petición de seguir sin prestar servicios los sábados, se adopta sin analizar en qué medida dicha posibilidad de no trabajar los sábados resultaba necesaria para la atención a los fines de relevancia constitucional a los que la institución sirve. A su juicio, se resuelve el litigio sin adoptar una perspectiva constitucional, solamente en base a lo dispuesto en un pacto de empresa. Asimismo, alega también vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), porque la sentencia recurrida desestimó la demanda por inadecuación del procedimiento sin pronunciarse sobre el fondo del asunto, no siendo ello acorde con lo dispuesto en el art. 102 LJS, que obligaba a cambiar el procedimiento de oficio, si estimaba que no era el adecuado y que la interpretación de las normas procesales que hizo la sentencia infringió el principio pro actione, causándole indefensión.
El Ministerio Fiscal solicita la estimación del recurso de amparo por ausencia de análisis de la dimensión constitucional de la cuestión planteada. Por su parte, la representación de la mercantil Insuiña, S.L., solicita la desestimación pues, a su juicio, en ningún momento se vulnera la reducción de jornada que fue concedida a la recurrente en el año 2018, de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores, sino que se produce una modificación de la distribución de su jornada de trabajo por razones organizativas y necesarias para el buen funcionamiento de la empresa.
2. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva.
Comenzaremos el análisis de los motivos alegados por el relativo a la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, porque su hipotética estimación haría perder sentido a la alegada vulneración del derecho a la igualdad y no discriminación por razón de sexo.
La demandante de amparo denuncia, en efecto, la vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), en su vertiente de derecho a obtener una resolución expresa y motivada sobre el fondo de la cuestión planteada.
Así planteada la cuestión, hemos de recordar que, según reiterada doctrina de este tribunal, recogida, entre otras, en la STC 308/2006, de 23 de octubre, FJ 5:
«[E]l derecho a la tutela judicial efectiva, garantizado en el art. 24.1 CE, comprende el derecho de los litigantes a obtener de los jueces y tribunales una resolución motivada y fundada en Derecho sobre el fondo de las pretensiones oportunamente deducidas por las partes en el proceso que, no obstante, puede ser también de inadmisión si concurre causa legal para ello y así se aprecia razonadamente por el órgano judicial (SSTC 63/1999, de 26 de abril, FJ 2; 206/1999, de 8 de noviembre, FJ 4; 198/2000, de 24 de julio, FJ 2; 116/2001, de 21 de mayo, FJ 4, entre otras). También ha dicho este tribunal que los derechos y garantías previstos en el artículo 24 CE no garantizan la corrección jurídica de la actuación o interpretación llevada a cabo por los órganos judiciales comunes, pues no existe un derecho al acierto (entre otras muchas, SSTC 151/2001, de 2 de julio, FJ 5, y 162/2001, de 5 de julio, FJ 4), y tampoco aseguran la satisfacción de la pretensión de ninguna de las partes del proceso (por todas, SSTC 107/1994, de 11 de abril, FJ 2, y 139/2000, de 29 de mayo, FJ 4). Ahora bien, lo que en todo caso sí garantiza el expresado precepto es el derecho a que las pretensiones se desenvuelvan y conozcan en el proceso establecido al efecto, con observancia de las garantías constitucionales que permitan el derecho de defensa, y a que finalice con una resolución fundada en Derecho, la cual podrá ser favorable o adversa a las pretensiones ejercitadas (STC 50/1982, de 15 de julio, FJ 3).
Ello implica, en primer lugar, que la resolución ha de estar motivada, es decir, contener los elementos y razones de juicio que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos que fundamentan la decisión (SSTC 58/1997, de 18 de marzo, FJ 2; 25/2000, de 31 de enero, FJ 2); y en segundo lugar, que la motivación esté fundada en Derecho (STC 147/1999, de 4 de agosto, FJ 3), carga que no queda cumplida con la mera emisión de una declaración de voluntad en un sentido u otro, sino que debe ser consecuencia de una exégesis racional del ordenamiento y no fruto de la arbitrariedad (por todas, STC 146/2005, de 6 de junio, FJ 7). Lo anterior conlleva la garantía de que el fundamento de la decisión sea la aplicación no arbitraria de las normas que se consideren adecuadas al caso, pues tanto si la aplicación de la legalidad es fruto de un error patente, como si fuere arbitraria, manifiestamente irrazonada o irrazonable no podría considerarse fundada en Derecho, dado que la aplicación de la legalidad sería tan solo una mera apariencia (por todas, SSTC 25/2000, de 31 de enero, FJ 2, y 221/2001, de 31 de octubre, FJ 6). En suma, el art. 24 CE impone a los órganos judiciales no solo la obligación de ofrecer una respuesta motivada a las pretensiones deducidas, sino que, además, esta ha de tener contenido jurídico y no resultar arbitraria (entre otras, STC 8/2005, de 17 de enero, FJ 3).»
La sentencia impugnada, aunque considera que no se ha seguido el procedimiento adecuado –a su juicio, debería haberse seguido el procedimiento de modificación sustancial de condiciones de trabajo previsto en el art. 138 LJS y no el de ejercicio de los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral del art. 139 LJS–, entra en el fondo del asunto, exponiendo las razones por las que estima que la modificación realizada por la empresa en el horario de la recurrente se encuentra justificada por motivos organizativas y amparada también en el apartado 8 del pacto de articulación de las condiciones de trabajo de los trabajadores de la planta de Xove. Concretamente, la sentencia considera que la distribución irregular de la jornada acordada por la empresa se encuentra justificada en los siguientes motivos:
– El apartado 8 de la articulación de condiciones de trabajo de los trabajadores de Xove, que permite a la empresa la modificación del horario o flexibilización de la jornada si en un departamento no hubiese un número suficiente de personas adscritas al servicio de guardia.
– El deseo de uno de los compañeros de departamento de la recurrente en amparo de no seguir realizando guardias los fines de semana.
– La imposibilidad de que un trabajador realice guardias más de dos fines de semana seguidos de acuerdo con lo dispuesto en el apartado octavo del pacto de articulación de las condiciones de trabajo de los trabajadores de Xove.
– Solo una de las trabajadoras del departamento está adscrita voluntariamente al servicio de guardias, y solicita por escrito que se vuelva al sistema de guardias que regía antes de la renuncia de la recurrente en amparo, por lo que se niega a realizar guardias durante dos fines de semana seguidos.
Por lo tanto, no existe la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva alegada por la recurrente porque la sentencia sí se pronuncia sobre la petición de fondo y considera ajustada la modificación del horario por las razones expuestas.
3. Derecho a la no discriminación por razón de sexo.
En orden a determinar si se ha producido la infracción del derecho a la no discriminación por razón de sexo que la recurrente denuncia, es necesario recordar brevemente el contenido del derecho fundamental invocado.
Conforme a reiterada doctrina constitucional, «la conducta discriminatoria se cualifica por el resultado peyorativo para la mujer que la sufre, que ve limitados sus derechos o sus legítimas expectativas por la concurrencia de un factor cuya virtualidad justificativa ha sido expresamente descartada por la Constitución, dado su carácter atentatorio a la dignidad del ser humano (art. 10.1 CE). En consecuencia, la prohibición constitucional específica de los actos discriminatorios por razón de sexo determina que se habrá producido la lesión directa del art. 14 CE cuando se acredite que el factor prohibido representó el fundamento de una minusvaloración o de un perjuicio laboral, no teniendo valor legitimador en esos casos la concurrencia de otros motivos que hubieran podido justificar la medida al margen del resultado discriminatorio» (SSTC 214/2006, de 3 de julio, FJ 3; 324/2006, de 20 de noviembre, FJ 4; 3/2007, de 15 de enero, FJ 2, y 66/2014, de 5 de mayo, FJ 2).
Como expresa la STC 79/2020, de 2 de julio, FJ 4, la discriminación por razón de sexo «comprende no solo el tratamiento peyorativo que se funda en la pura y simple constatación del sexo de la persona afectada, sino en la concurrencia de razones o circunstancias que tengan con el sexo de la persona una conexión directa e inequívoca, como sucede con el embarazo y la maternidad (por todas, SSTC 17/2003, de 30 de enero, FJ 3; 3/2007, de 15 de enero, FJ 2, y 2/2017, de 16 de enero, FJ 5). No obstante, esta protección constitucional vinculada a factores diferenciales que inciden en las mujeres no se detiene en el embarazo y subsiguiente maternidad, sino que se extiende también al ejercicio por la trabajadora de los ‘derechos asociados a la maternidad’. Tales derechos, aunque son reconocidos por el ordenamiento jurídico indistintamente al hombre y a la mujer con el objeto de estimular cambios en la cultura familiar y promover el reparto de responsabilidades, sirven principalmente para compensar las dificultades y desventajas que agravan la posición de la mujer trabajadora. En efecto, se trata de derechos que inciden de modo singular en las mujeres, al ser las que principalmente asumen el cuidado de los hijos de corta edad y sufren, por ello, mayores dificultades para su inserción laboral y su mantenimiento en el mercado de trabajo [STC 233/2007, de 5 de noviembre, FJ 7 a), y posteriores SSTC 162/2016, de 3 de octubre, FJ 4; 2/2017, de 16 de enero, FJ 5, y 108/2019, de 30 de septiembre, FJ 2]. Ahora bien, es importante subrayar que la discriminación por razón de sexo no solo se produce cuando a la mujer trabajadora se le niega uno de esos derechos asociados a la maternidad, sino también cuando, pese a su inicial reconocimiento y ejercicio, se le cause un perjuicio efectivo y constatable que consista en un ‘trato peyorativo en sus condiciones de trabajo’, o en ‘una limitación o quebranto de sus derechos o legítimas expectativas económicas o profesionales en la relación laboral’, por la exclusiva razón del ejercicio previo de ese derecho [STC 233/2007, FJ 7 c) 2]. En otras palabras, en tales casos la vulneración del art. 14 CE vendría determinada por el menoscabo, de carácter discriminatorio, ocasionado en el patrimonio jurídico de la mujer trabajadora. Y, entre esos derechos asociados a la maternidad que, como se ha dicho, responden a la idea de compensar las desventajas reales que para la conservación de su empleo y para la conciliación de su vida laboral y familiar soporta la mujer trabajadora, se encuentran, precisamente, el derecho a la excedencia laboral por cuidado de hijos (art. 46.3 LET) y el derecho a la reducción de jornada por razones de guarda legal (art. 37.6 LET)».
Asimismo, hay que recordar que la específica prohibición de discriminación por razón de sexo no solo comprende la «discriminación directa» a la que se ha hecho referencia, sino también la «discriminación indirecta», cuyo concepto legal aparece recogido en el art. 6.2 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, según el cual: «[s]e considera discriminación indirecta por razón de sexo la situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro, salvo que dicha disposición, criterio o práctica puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados». En este sentido, este tribunal entiende por «discriminación indirecta», aquel tratamiento formalmente neutro o no discriminatorio del que se deriva, por las diversas condiciones fácticas que se dan entre trabajadores de uno y otro sexo, un impacto adverso sobre los miembros de un determinado sexo [SSTC 145/1991, de 1 de julio, FJ 2; 91/2019, de 3 de julio, FJ 4 c), y 70/2020, de 2 de julio, FJ 4].
Por lo que se refiere a la relevancia de la voluntad de discriminar, hay que tener en cuenta que es doctrina reiterada y constante de este tribunal que la vulneración de los derechos fundamentales puede darse aunque no exista intención lesiva. «Lo único relevante es que el contenido esencial, […], haya resultado o no menoscabado. Lo cual, traducido al ámbito que nos ocupa de la prohibición de discriminación por razón de sexo (art. 14 CE), supone que bastará con que quede probado que el factor protegido estuvo en la base del perjuicio o minusvaloración laboral sufrido por la mujer trabajadora. La STC 2/2017, de 16 de enero, FJ 6, recordaba ese parámetro reiterado en nuestra doctrina, caracterizador de todo juicio sobre la incidencia sobre un derecho fundamental, y que consiste, por tanto, en que puede declararse la lesión del derecho fundamental aunque no haya ánimo lesivo, en este caso discriminatorio, al bastar la objetividad del perjuicio» [STC 108/2019, de 30 de septiembre, FJ 4 c)].
Por último, es necesario recordar que «la dimensión constitucional de todas aquellas medidas normativas tendentes a facilitar la compatibilidad de la vida laboral y familiar de los trabajadores, tanto desde la perspectiva del derecho a la no discriminación por razón de sexo o por razón de las circunstancias personales (art. 14 CE) como desde la del mandato de protección a la familia y a la infancia (art. 39 CE), ha de prevalecer y servir de orientación para la solución de cualquier duda interpretativa en cada caso concreto, habida cuenta de que el efectivo logro de la conciliación laboral y familiar constituye una finalidad de relevancia constitucional fomentada en nuestro ordenamiento a partir de la Ley 39/1999, de 5 de noviembre, que adoptó medidas tendentes a lograr una efectiva participación del varón trabajador en la vida familiar a través de un reparto equilibrado de las responsabilidades familiares, objetivo que se ha visto reforzado por disposiciones legislativas ulteriores, entre las que cabe especialmente destacar las previstas en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en cuya exposición de motivos se señala que las medidas en materia laboral que se establecen en esta ley pretenden favorecer la conciliación de la vida personal, profesional y familiar de los trabajadores, y fomentar una mayor corresponsabilidad entre mujeres y hombres en la asunción de las obligaciones familiares» (SSTC 3/2007, de 15 de enero, FJ 6, y 26/2011, de 14 de marzo, FJ 6).
4. Resolución del recurso de amparo.
Aduce la demandante que la sentencia recurrida restringe sin fundamento el ejercicio del derecho de reducción de jornada por guarda legal a través de una interpretación restrictiva del ejercicio de este derecho, que supone una discriminación indirecta de las mujeres trabajadoras, pues son ellas el colectivo que ejercita en mayor medida tales derecho de conciliación de la vida laboral y familiar.
Como ha quedado expuesto, las resoluciones recurridas estiman como justificación suficiente para modificar la jornada de trabajo que venía disfrutando la demandante desde que le fue reconocido su derecho a la reducción de jornada por cuidado de hijos, las necesidades organizativas de la empresa, derivadas de que, al no hacer guardias los sábados la recurrente en amparo, sólo quedan dos trabajadores en el departamento para hacerlas, y uno de ellos ha pedido también no hacer guardias los sábados y la otra trabajadora ha manifestado su deseo de volver al sistema de guardias que se venía aplicando antes de que la recurrente se acogiera a la reducción de jornada.
No corresponde a este tribunal determinar si es posible o no eximir a la demandante de prestar servicios los sábados y mantener la misma jornada que venía disfrutando desde que le fue concedido su derecho a la reducción de jornada por cuidado de hijos, cuestión de legalidad ordinaria que compete exclusivamente a los jueces y tribunales (art. 117.3 CE). Sin embargo, sí nos corresponde valorar desde la perspectiva constitucional que nos es propia, y a la vista del derecho fundamental invocado, la razón o argumento en virtud de los cuales la sentencia impugnada desestima la petición de la solicitante de amparo de no seguir prestando servicios los sábados de acuerdo con la jornada reconocida desde que comenzó a disfrutar de su derecho a la reducción de jornada por guarda legal. Hemos sostenido reiteradamente que, estando en juego un derecho fundamental sustantivo y no el derecho reconocido en el art. 24.1 CE, el control por parte de este tribunal no puede limitarse a verificar el carácter motivado, razonable y no arbitrario de la resolución judicial impugnada (entre otras, SSTC 30/2000, de 31 de enero, FJ 4; 173/2001, de 26 de julio, FJ 4; 92/2005, de 18 de abril, FJ 5, y 326/2005, de 12 de diciembre, FJ 5).
El análisis de las resoluciones recurridas nos lleva a concluir, con la recurrente y el Ministerio Fiscal, que el órgano judicial únicamente ha valorado las razones organizativas alegadas por la empresa para justificar la modificación del horario de la trabajadora, sin tener en cuenta sus circunstancias personales y familiares. Las resoluciones recurridas estiman suficientes para imponer el cambio de horario las dificultades organizativas de la empresa derivadas de lo dispuesto en el pacto de articulación de las condiciones de trabajo de los trabajadores de Xove, que impide que un trabajador realice guardias dos fines de semana seguidos, y derivadas también de la petición presentada por uno de los empleados del mismo departamento de no hacer guardias los sábados y de que la otra empleada no quiere hacer las guardias ellas sola y quiere volver a la situación anterior a la reducción de jornada de la demandante.
Como señala la STC 3/2007, de 15 de enero, FJ 5, «reconocida la incidencia que la denegación del ejercicio de uno de los permisos parentales establecidos en la ley puede tener en la vulneración del derecho a la no discriminación por razón de sexo de las trabajadoras, es lo cierto que el análisis que a tal efecto corresponde efectuar a los órganos judiciales no puede situarse exclusivamente en el ámbito de la legalidad, sino que tiene que ponderar y valorar el derecho fundamental en juego. Como hemos señalado también en relación con el tema de la excedencia, los órganos judiciales no pueden ignorar la dimensión constitucional de la cuestión ante ellos suscitada y limitarse a valorar, para excluir la violación del art. 14 CE, si la diferencia de trato tiene en abstracto una justificación objetiva y razonable, sino que han de efectuar su análisis atendiendo a las circunstancias concurrentes y, sobre todo, a la trascendencia constitucional de este derecho de acuerdo con los intereses y valores familiares a que el mismo responde. Como afirmamos en nuestra STC 95/2000, de 10 de abril, FJ 5, la razonabilidad de las decisiones judiciales es también una exigencia de adecuación al logro de los valores, bienes y derechos constitucionales (SSTC 82/1990, de 4 de mayo, FJ 2, y 126/1994, de 25 de abril, FJ 5)».
Es claro que estas consideraciones son íntegramente aplicables al supuesto aquí enjuiciado, en el que el órgano judicial ha entendido justificado el cambio de jornada de trabajo de la demandante de amparo con base a razones meramente organizativas, pero sin valorar que la trabajadora estaba disfrutando de un derecho relacionado con la maternidad y que esa modificación de la jornada podía producir en la práctica unos perjuicios en su ámbito familiar y laboral.
El hecho de que el órgano judicial no se haya planteado la cuestión de si modificar el horario de la demandante de amparo constituía o no un obstáculo para la compatibilidad de su vida familiar y laboral, en atención a las circunstancias concurrentes, supone, como señala la recurrente en amparo, no valorar adecuadamente la dimensión constitucional ex art. 14 CE, en relación con el art. 39.3 CE, del asunto planteado, de suerte que, como hemos afirmado en diversas ocasiones, el reproche que desde la perspectiva constitucional merece formularse contra las resoluciones judiciales recurridas en amparo «no es tanto ni solo que haya renunciado a interpretar la normativa aplicable de la manera más favorable a la efectividad del derecho fundamental, sino que ni siquiera haya tenido en cuenta que este derecho estaba en juego y podía quedar afectado» (SSTC 191/1998, de 29 de septiembre, FJ 5; 92/2005, de 18 de abril, FJ 5, y 3/2007, de 15 de enero, FJ 6).
En efecto, una vez que se puso de manifiesto que la trabajadora estaba disfrutando de una reducción de jornada por cuidado de hijos, el órgano judicial no podía prescindir de analizar si la modificación del horario que venía disfrutando suponía un perjuicio para la demandante y obstaculizaba o perjudicaba la compatibilidad de su vida familiar y laboral. En definitiva, afectando la modificación a la jornada que venía disfrutando la trabajadora en ejercicio de su derecho a la reducción de jornada por cuidado de hijos, el órgano judicial debió de examinar si esa distribución irregular de su jornada de trabajo decidida por la empresa, en virtud de la cual la trabajadora debería prestar servicios durante una hora y media los sábados cuando fuera requerida por necesidades de producción y organización de la planta, no solo sí resultaba necesaria por razones organizativas, sino también si, atendiendo a los fines de relevancia constitucional a los que la institución de reducción de jornada por cuidado de hijos sirve, se erigía en obstáculo injustificado para la permanencia en el empleo de la trabajadora y para la compatibilidad de su vida profesional con su vida familiar.
Aunque, ciertamente, el empresario puede modificar la jornada de trabajo por razones organizativas de acuerdo con lo previsto en el art. 41 LET, cuando el trabajador afectado esté disfrutando de un derecho relacionado con la maternidad y, disconforme con la decisión empresarial, decida impugnarla, el órgano judicial deberá ponderar las circunstancias concurrentes para hacer compatibles los diferentes intereses en juego, valorando el conflicto en su dimensión constitucional. Esto implica, como hemos señalado, que en este examen el órgano judicial debe tener presente que esa dimensión constitucional de las medidas tendentes a facilitar la compatibilidad de la vida laboral y familiar de los trabajadores ha de prevalecer y servir de orientación para la solución de cualquier duda interpretativa (SSTC 3/2007, de 15 de enero, FJ 6, y 26/2011, de 14 de marzo, FJ 5). Ello obligaba en el presente caso a valorar las concretas circunstancias personales y familiares que concurrían en la trabajadora demandante, así como la organización del servicio de guardias de los fines de semana en el departamento en el que prestaba servicios, para ponderar si la modificación del horario constituía o no un obstáculo injustificado para la compatibilidad de su vida familiar y profesional. En relación con las circunstancias familiares concurrentes, resultaba necesario tener en cuenta la edad de la hija de la recurrente, el hecho de tener que prestar servicios los sábados cuando no hay guarderías ni colegios, así como, en su caso, la situación laboral del padre y, en suma, la posible incidencia que la prestación de servicios durante los sábados pudiera tener para conciliar su actividad profesional con el cuidado de su hija.
La ausencia de análisis de la dimensión constitucional de la demanda queda claramente patente, como señala el Ministerio Fiscal, cuando la sentencia recurrida afirma que el proceso pertinente no era el de conciliación de la vida familiar y laboral, sino el de modificación de condiciones de trabajo, considerando que el hecho de haberle concedido la empresa la reducción de jornada evitaba la posibilidad de discriminación. Esta afirmación del órgano judicial no tiene en cuenta las sentencias de este tribunal en las que se ha admitido la discriminación indirecta por razón de sexo en casos en los que la reducción de jornada estaba concedida y era precisamente en la ejecución de esta reducción de jornada cuando se producía tal discriminación por razón de sexo. En este sentido, cabe citar, entre otras, la STC 79/2020, de 2 de julio, en la que se declara la existencia de una vulneración del derecho a la igualdad ante la ley y la prohibición de discriminación indirecta por razón de sexo (art. 14 CE), en un supuesto de diferencia de trato en materia retributiva entre trabajadores a tiempo completo y parcial, derivada del ejercicio del derecho de reducción de jornada por guarda legal.
En definitiva, la decisión del órgano judicial de desestimar la pretensión de la recurrente de no prestar servicios una hora y media los sábados, sin analizar hasta qué punto dicha pretensión resultaba necesaria para conciliar su vida familiar y laboral, nos lleva a concluir que no ha sido debidamente tutelado por los órganos judiciales el derecho fundamental de la recurrente a la no discriminación por razón de sexo (art. 14 CE). La negativa del órgano judicial se convierte, así, en un obstáculo injustificado para la permanencia en el empleo de la trabajadora y para la compatibilidad de su vida profesional con su vida familiar, y en tal sentido, constituye una discriminación indirecta por razón de sexo, de acuerdo con nuestra doctrina.
Cuanto ha quedado expuesto conduce al otorgamiento del amparo. Para restablecer a la recurrente en la efectividad de su derecho será necesario, con anulación de las resoluciones judiciales impugnadas, reponer las actuaciones al momento procesal oportuno a fin de que el Juzgado de lo Social núm. 2 de Lugo dicte nueva resolución respetuosa con el derecho fundamental reconocido.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Otorgar el amparo solicitado por doña Iris Martín Varela y, en su virtud:
1.º Declarar que se ha vulnerado su derecho fundamental a la no discriminación por razón de sexo (art. 14 CE).
2.º Declarar la nulidad de la sentencia de 10 de enero de 2020, dictada por el Juzgado de lo Social núm. 2 de Lugo (procedimiento de conciliación de la vida personal, familiar y laboral núm. 706-2019) y del auto del mismo juzgado de 4 de junio de 2020 que desestimó el incidente de nulidad promovido contra aquella sentencia.
3.º Retrotraer las actuaciones al momento procesal oportuno a fin de que por el órgano judicial se dicte nueva resolución respetuosa con el derecho fundamental reconocido.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno.–Juan José González Rivas.–Andrés Ollero Tassara.–Santiago Martínez-Vares García.–Alfredo Montoya Melgar.–Cándido Conde-Pumpido Tourón.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y rubricado.
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El Constitucional anula una sentencia que permitió que una fábrica del grupo nueva Pescanova obligara a trabajar los sábados a una mujer con reducción de jornada por cuidado de menores. Considera que hubo discriminación por razón de sexo. #BOE
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TRIBUNAL_CONSTITUCIONAL
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Tribunal Constitucional
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El Constitucional anula una sentencia que permitió que una fábrica del grupo nueva Pescanova obligara a trabajar los sábados a una mujer con reducción de jornada por cuidado de menores. Considera que hubo discriminación por razón de sexo.
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2014-05-13
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Recurso promovido contra
Determinados preceptos de la Ley del Suelo, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, en la redacción dada por la Ley 8/2013, de 26 de junio
Recurso promovido contra
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BOE-A-2016-8356
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Recurso de inconstitucionalidad n.º 1976-2014, contra los artículos 9.1; 10.1, 2, 3 y 4; 12; 13.2 y 3; 15.1 y 3; 16; disposición transitoria segunda y disposición final duodécima de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, en cuanto modifican los artículos 2; 6.3 y 5; 8.3 a) y c); 9.2, 3, 8 y 9; 10.1 b); 12.3; 14.1, 2 y 3; 15.4; 16.1 b) y c); 17.3, 4 y 6 y 39.1 del texto refundido de la Ley de suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio.
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<identificador>BOE-A-2014-5032</identificador>
<titulo>Recurso de inconstitucionalidad n.º 1976-2014, contra los artículos 9.1; 10.1, 2, 3 y 4; 12; 13.2 y 3; 15.1 y 3; 16; disposición transitoria segunda y disposición final duodécima de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, en cuanto modifican los artículos 2; 6.3 y 5; 8.3 a) y c); 9.2, 3, 8 y 9; 10.1 b); 12.3; 14.1, 2 y 3; 15.4; 16.1 b) y c); 17.3, 4 y 6 y 39.1 del texto refundido de la Ley de suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio.</titulo>
<diario codigo='BOE'>Boletín Oficial del Estado</diario>
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<departamento codigo='1410'>Tribunal Constitucional</departamento>
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<fecha_publicacion>20140513</fecha_publicacion>
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<anterior orden='4049' referencia='BOE-A-2008-10792'>
<palabra codigo='552'>Recurso promovido contra</palabra>
<texto>Determinados preceptos de la Ley del Suelo, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, en la redacción dada por la Ley 8/2013, de 26 de junio</texto>
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<anterior orden='4050' referencia='BOE-A-2013-6938'>
<palabra codigo='552'>Recurso promovido contra</palabra>
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<posterior orden='' referencia='BOE-A-2018-11273'>
<palabra codigo='693'>SE DICTA</palabra>
<texto>en el mismo y SE DECLARA su extinción, por pérdida de objeto, respecto a lo indicado de: los arts 10, 12, 13 y 15 de la Ley 8/2013, de 26 de junio; de los arts. 9, 11, 24 y 42 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre; y del art. 9 del Real Decreto Legislativo 2/2008 de 20 de junio, en la redacción dada por la Ley precitada; y la constitucionalidad interpretado conforme al FJ.2.c) de lo señalado de las tres normas referidas, por Sentencia 75/2018, de 5 de julio</texto>
</posterior>
</posteriores>
</referencias>
</analisis>
<texto>
<p class='parrafo'>El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 6 de mayo actual, ha acordado admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad n.º 1976-2014, promovido por el Gobierno de la Comunidad de Madrid contra los artículos 9.1; 10.1, 2, 3 y 4; 12; 13.2 y 3; 15.1 y 3; 16; disposición transitoria segunda y disposición final duodécima de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, en cuanto modifican los artículos 2; 6.3 y 5; 8.3.a) y c); 9.2, 3, 8 y 9; 10.1.b); 12.3; 14.1, 2 y 3; 15.4; 16.1.b) y c); 17.3, 4 y 6 y 39.1 del texto refundido de la Ley de suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio.</p>
<p class='parrafo_2'>Madrid, 6 de mayo de 2014.–La Secretaria de Justicia del Pleno del Tribunal Constitucional, Herminia Palencia Guerra.</p>
</texto>
</documento>
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Tue May 13 10:42:34 +0000 2014
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El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 6 de mayo actual, ha acordado admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad n.º 1976-2014, promovido por el Gobierno de la Comunidad de Madrid contra los artículos 9.1; 10.1, 2, 3 y 4; 12; 13.2 y 3; 15.1 y 3; 16; disposición transitoria segunda y disposición final duodécima de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, en cuanto modifican los artículos 2; 6.3 y 5; 8.3.a) y c); 9.2, 3, 8 y 9; 10.1.b); 12.3; 14.1, 2 y 3; 15.4; 16.1.b) y c); 17.3, 4 y 6 y 39.1 del texto refundido de la Ley de suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio.
Madrid, 6 de mayo de 2014.–La Secretaria de Justicia del Pleno del Tribunal Constitucional, Herminia Palencia Guerra.
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El Constitucional admite a trámite recurso de Gob. Madrid contra Ley de Rehabilitación urbana del Gobierno #BOE
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"111",
"120",
"137"
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OTROS_ANUNCIOS
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Tribunal Constitucional
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El Constitucional admite a trámite recurso de Gobierno de Madrid contra Ley de Rehabilitación urbana del Gobierno.
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SE DICTA
en el mismo y SE DECLARA su extinción, por pérdida de objeto, respecto a lo indicado de: los arts 10, 12, 13 y 15 de la Ley 8/2013, de 26 de junio; de los arts. 9, 11, 24 y 42 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre; y del art. 9 del Real Decreto Legislativo 2/2008 de 20 de junio, en la redacción dada por la Ley precitada; y la constitucionalidad interpretado conforme al FJ.2.c) de lo señalado de las tres normas referidas, por Sentencia 75/2018, de 5 de julio
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"3111",
"5181",
"5703",
"5904",
"7094"
] | 3,291
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2016-09-10
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BOE-A-2013-4461
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Orden IET/1451/2016, de 8 de septiembre, por la que se aprueban los porcentajes de reparto de las cantidades a financiar relativas al bono social correspondientes a 2016.
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<identificador>BOE-A-2016-8356</identificador>
<titulo>Orden IET/1451/2016, de 8 de septiembre, por la que se aprueban los porcentajes de reparto de las cantidades a financiar relativas al bono social correspondientes a 2016.</titulo>
<diario codigo='BOE'>Boletín Oficial del Estado</diario>
<diario_numero>219</diario_numero>
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<departamento codigo='9219'>Ministerio de Industria, Energía y Turismo</departamento>
<rango codigo='1350'>Orden</rango>
<numero_oficial>IET/1451/2016</numero_oficial>
<fecha_disposicion>20160908</fecha_disposicion>
<fecha_publicacion>20160910</fecha_publicacion>
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<texto>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, determina que el bono social será considerado obligación de servicio público según lo dispuesto en la Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 2003/54/CE y será asumido por las matrices de los grupos de sociedades o, en su caso, sociedades que desarrollen simultáneamente las actividades de producción, distribución y comercialización de energía eléctrica.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El artículo 45 de la citada Ley 24/2013, de 26 de diciembre, que se refiere a los aspectos relativos a los consumidores vulnerables, determina que serán considerados como tales los consumidores de electricidad que cumplan con las características sociales, de consumo y poder adquisitivo que se determinen por real decreto del Consejo de Ministros. Asimismo, establece que el bono social cubrirá la diferencia entre el valor del precio voluntario para el pequeño consumidor y un valor base, que se denominará tarifa de último recurso y será aplicado por el correspondiente comercializador de referencia en las facturas de los consumidores que puedan quedar acogidos al mismo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Se definen las tarifas de último recurso como aquellos precios de aplicación a los consumidores que tengan la condición de vulnerables y a aquellos que, sin cumplir con los requisitos para la aplicación del precio voluntario para el pequeño consumidor, transitoriamente no dispongan de un contrato de suministro en vigor con un comercializador en mercado libre.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El Real Decreto 216/2014, de 28 de marzo, por el que se establece la metodología de cálculo de los precios voluntarios para el pequeño consumidor de energía eléctrica y su régimen jurídico de contratación, especifica los requisitos y fija las obligaciones de los comercializadores de referencia. En concreto, por dicho real decreto se determina el contenido del bono social, estableciendo un descuento del 25 por ciento respecto a la facturación del término de potencia y de energía del precio voluntario para el pequeño consumidor.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Asimismo, la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, en su artículo 45, regula los aspectos básicos relativos al reparto del coste del bono social. Para ello, por dicha disposición legal se establece que el procedimiento de determinación de los porcentajes de reparto de las cantidades a financiar se deberá calcular anualmente por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, señalando que dicho cálculo se hará de acuerdo al procedimiento y condiciones que se establezcan reglamentariamente.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En virtud de este mandato, fue aprobado el Real Decreto 968/2014, de 21 de noviembre, por el que se desarrolla la metodología para la fijación de los porcentajes de reparto de las cantidades a financiar relativas al bono social, que establece las bases para el cálculo de los porcentajes.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En concreto, dicho real decreto desarrolla el método de cálculo de los porcentajes de reparto que debe seguir la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y fija las condiciones para el cálculo de estos porcentajes de reparto.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>A estos efectos, la citada Comisión deberá, asimismo, publicar en su página web, en el mes de noviembre de cada año, la información referida al año móvil anterior y relativa a las medias anuales del número de suministros conectados a las redes de distribución de las empresas distribuidoras y del número de clientes de las empresas comercializadoras, así como la relación de grupos de sociedades o, en su caso, sociedades que desarrollen simultáneamente las actividades de producción, distribución y comercialización de energía eléctrica. Deberá remitir, antes del 1 de diciembre de cada año, una propuesta de fijación de los porcentajes de reparto de cada una de las sociedades, correspondiendo al Ministro de Industria, Energía y Turismo su aprobación por orden que será publicada en el «Boletín Oficial del Estado».</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La presente orden tiene por objeto, conforme a la normativa anterior, aprobar los porcentajes de reparto de las cantidades a financiar relativas al bono social para el año 2016.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Con fecha 28 de diciembre de 2015 ha tenido entrada en el Registro del Ministerio de Industria, Energía y Turismo el «Informe sobre la propuesta de fijación de los porcentajes de reparto de las cantidades a financiar relativas al bono social en el año 2016» remitido por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. El citado informe fue aprobado, con fecha 17 de diciembre de 2015, por la Sala de Supervisión Regulatoria de la citada Comisión.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha seguido, con carácter general, la metodología y cumplido con las condiciones que se establecen en el Real Decreto 968/2014, de 21 de noviembre. Así, ha solicitado información a las empresas distribuidoras con arreglo a la Circular 3/2015, de solicitud de información a las empresas distribuidoras de electricidad para calcular anualmente los porcentajes de reparto de la financiación del coste del bono social, aprobada por ésta con fecha 22 de julio de 2015. De acuerdo con el marco aplicable, el periodo temporal considerado ha sido el último año completo disponible, por lo que se solicitaron los datos a las empresas distribuidoras a fecha 31 de diciembre de 2014. Asimismo ha contrastado la información obtenida e identificado las sociedades que deben participar en el reparto del bono social con base en su criterio. Finalmente, ha procedido a realizar su propuesta para el cálculo del porcentaje de financiación con base al número de clientes de las empresas comercializadoras y el número de suministros conectados a las redes de distribución de las empresas distribuidoras en que participe el grupo empresarial o de la sociedad correspondiente, respectivamente.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Posteriormente, y tras la detección de sendos errores materiales en el mencionado informe, con fecha 17 de febrero de 2016, la Sala de Supervisión Regulatoria de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia aprobaba la «Resolución de corrección de errores al informe de 17 de diciembre de 2015 sobre la propuesta de fijación de los porcentajes de reparto de las cantidades a financiar relativas al bono social en el año 2016».</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>A la vista de dicha información, se solicitó a la citada Comisión la elaboración y concreción definitiva de los sujetos obligados a la financiación del bono social relativo al año 2016 y sus correspondientes porcentajes de reparto, mediante escritos de la Secretaría de Estado de Energía de fechas 5 de febrero y 17 de mayo de 2016. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia procedió, en respuesta a lo anterior, a remitir el Acuerdo adoptado por la Sala de Supervisión Regulatoria de fecha 9 de junio de 2016 por el que se emite el «Informe consolidado sobre la propuesta de fijación de los porcentajes de reparto de las cantidades a financiar relativas al bono social en el año 2016».</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>A la vista de la propuesta realizada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en la presente orden se fijan los porcentajes de reparto del coste del bono social para el año 2016, de acuerdo con los establecido en el artículo 45 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre y el artículo 2 del Real Decreto 968/2014, de 21 de noviembre.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Teniendo en cuenta lo anterior, en uso de la competencia prevista en el artículo 2.5 del Real Decreto 968/2014, de 21 de noviembre, resuelvo:</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Primero.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Fijar, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y en el del Real Decreto 968/2014, de 21 de noviembre, por el que se desarrolla la metodología para la fijación de los porcentajes de reparto de las cantidades a financiar relativas al bono social, los porcentajes de reparto de las cantidades a financiar relativas al bono social correspondientes a 2016 por las matrices de los grupos de sociedades o, en su caso, por las sociedades que desarrollan simultáneamente las actividades de producción, distribución y comercialización de energía eléctrica que figura a continuación:</p>
<table class='ning_n_estilo_de_tabla' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>
<colgroup>
<col class='row_column_1'/>
<col class='row_column_2'/>
</colgroup>
<thead>
<tr class='row_column_3'>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Sociedad matriz</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Porcentaje de reparto asignado</p>
</td>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr class='row_column_4'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>AGRI-ENERGÍA,SA </p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>0,047174</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_5'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>CANDIN ENERGÍA, S.L. </p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>0,016286</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_5'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>COOPERATIVA ELÉCTRICA BENÉFICA CATRALENSE, COOP.V </p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>0,006511</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_5'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>COOPERATIVA ELÉCTRICA SAN FRANCISCO DE ASIS </p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>0,050256</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_5'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>ELECTRA ADURIZ SA </p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>0,037333</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_5'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>ELECTRA CALDENSE, S.A. </p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>0,042802</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_5'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>ELECTRA DEL CARDENER, S.A. </p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>0,024629</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_5'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>ELECTRA DEL MAESTRAZGO, S.A. </p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>0,070177</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_5'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>ELÉCTRICA VAQUER, S.A. </p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>0,010899</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_5'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>ENDESA S.A. </p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>41,098217</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_5'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>ESTABANELL y PAHISA </p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>0,199437</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_5'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>FUClÑOS RIVAS,S.L. </p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>0,016875</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_5'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>GAS NATURAL SDG, S.A. </p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>14,789487</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_5'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>GRUPO CORINPA, S.L. </p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>0,000004</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_5'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>HIDROELÉCTRICA DEL CANTÁBRICO, S.A.U. </p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>3,263348</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_5'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>HIJOS DE JOSÉ BASSOLS, S.A., </p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>0,081359</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_5'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>IBERDROLA ESPAÑA, S.A.U </p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>37,951119</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_5'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>NAVARRO GENERACIÓN, S.A. </p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>0,007620</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_5'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>POPULAR DE FLUID ELECTRIC CAMPRODON, S.C.C.L. </p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>0,006903</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_5'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>PRODUCTORA ELÉCTRICA URGELENSE, S.A. </p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>0,043204</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_5'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>SAMPOL INGENIERÍA y OBRAS SA </p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>0,000721</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_5'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>SERVILIANO GARCÍA SA </p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>0,014167</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_4'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>VIESGO INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS SL </p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>2,221472</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_6'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'> Total general </p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>100,000000</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Segundo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Las aportaciones que deban realizar cada una de dichas sociedades se depositarán en una cuenta específica en régimen de depósito creada al efecto por el organismo encargado de las liquidaciones, que será responsable de su gestión. A estos efectos antes del día 15 de cada mes, los comercializadores de referencia deberán presentar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia la información de la facturación correspondiente al mes anterior de los consumidores a quienes han aplicado el bono social, con desglose de períodos y facturación, para determinar la cuantía total del bono social aplicado y las liquidaciones asociadas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Estas liquidaciones incluirán las regularizaciones de las cuantías del bono social aplicado en el periodo transcurrido desde el 1 de enero de 2016 que corresponda realizar desde que surta efectos la presente orden.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Tercero.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La presente orden surtirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y será de aplicación en la primera liquidación que corresponda realizar de conformidad con la normativa en vigor.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La presente orden agota la vía administrativa, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en relación con la disposición adicional decimoquinta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado. Contra la misma podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente resolución, de conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>También podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante el Ministro de Industria, Energía y Turismo, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación, significando que, en caso de presentar recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que se resuelva expresamente el recurso de reposición o se produzca la desestimación presunta del mismo.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Madrid, 8 de septiembre de 2016.–El Ministro de Industria, Energía y Turismo, P. S. (Real Decreto 160/2016, de 15 de abril), el Ministro de Economía y Competitividad, P. S. (Real Decreto 329/2016, de 31 de agosto), la Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia, Soraya Sáenz de Santamaría Antón.</p>
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</documento>
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Sat Sep 10 08:05:43 +0000 2016
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La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, determina que el bono social será considerado obligación de servicio público según lo dispuesto en la Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 2003/54/CE y será asumido por las matrices de los grupos de sociedades o, en su caso, sociedades que desarrollen simultáneamente las actividades de producción, distribución y comercialización de energía eléctrica.
El artículo 45 de la citada Ley 24/2013, de 26 de diciembre, que se refiere a los aspectos relativos a los consumidores vulnerables, determina que serán considerados como tales los consumidores de electricidad que cumplan con las características sociales, de consumo y poder adquisitivo que se determinen por real decreto del Consejo de Ministros. Asimismo, establece que el bono social cubrirá la diferencia entre el valor del precio voluntario para el pequeño consumidor y un valor base, que se denominará tarifa de último recurso y será aplicado por el correspondiente comercializador de referencia en las facturas de los consumidores que puedan quedar acogidos al mismo.
Se definen las tarifas de último recurso como aquellos precios de aplicación a los consumidores que tengan la condición de vulnerables y a aquellos que, sin cumplir con los requisitos para la aplicación del precio voluntario para el pequeño consumidor, transitoriamente no dispongan de un contrato de suministro en vigor con un comercializador en mercado libre.
El Real Decreto 216/2014, de 28 de marzo, por el que se establece la metodología de cálculo de los precios voluntarios para el pequeño consumidor de energía eléctrica y su régimen jurídico de contratación, especifica los requisitos y fija las obligaciones de los comercializadores de referencia. En concreto, por dicho real decreto se determina el contenido del bono social, estableciendo un descuento del 25 por ciento respecto a la facturación del término de potencia y de energía del precio voluntario para el pequeño consumidor.
Asimismo, la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, en su artículo 45, regula los aspectos básicos relativos al reparto del coste del bono social. Para ello, por dicha disposición legal se establece que el procedimiento de determinación de los porcentajes de reparto de las cantidades a financiar se deberá calcular anualmente por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, señalando que dicho cálculo se hará de acuerdo al procedimiento y condiciones que se establezcan reglamentariamente.
En virtud de este mandato, fue aprobado el Real Decreto 968/2014, de 21 de noviembre, por el que se desarrolla la metodología para la fijación de los porcentajes de reparto de las cantidades a financiar relativas al bono social, que establece las bases para el cálculo de los porcentajes.
En concreto, dicho real decreto desarrolla el método de cálculo de los porcentajes de reparto que debe seguir la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y fija las condiciones para el cálculo de estos porcentajes de reparto.
A estos efectos, la citada Comisión deberá, asimismo, publicar en su página web, en el mes de noviembre de cada año, la información referida al año móvil anterior y relativa a las medias anuales del número de suministros conectados a las redes de distribución de las empresas distribuidoras y del número de clientes de las empresas comercializadoras, así como la relación de grupos de sociedades o, en su caso, sociedades que desarrollen simultáneamente las actividades de producción, distribución y comercialización de energía eléctrica. Deberá remitir, antes del 1 de diciembre de cada año, una propuesta de fijación de los porcentajes de reparto de cada una de las sociedades, correspondiendo al Ministro de Industria, Energía y Turismo su aprobación por orden que será publicada en el «Boletín Oficial del Estado».
La presente orden tiene por objeto, conforme a la normativa anterior, aprobar los porcentajes de reparto de las cantidades a financiar relativas al bono social para el año 2016.
Con fecha 28 de diciembre de 2015 ha tenido entrada en el Registro del Ministerio de Industria, Energía y Turismo el «Informe sobre la propuesta de fijación de los porcentajes de reparto de las cantidades a financiar relativas al bono social en el año 2016» remitido por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. El citado informe fue aprobado, con fecha 17 de diciembre de 2015, por la Sala de Supervisión Regulatoria de la citada Comisión.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha seguido, con carácter general, la metodología y cumplido con las condiciones que se establecen en el Real Decreto 968/2014, de 21 de noviembre. Así, ha solicitado información a las empresas distribuidoras con arreglo a la Circular 3/2015, de solicitud de información a las empresas distribuidoras de electricidad para calcular anualmente los porcentajes de reparto de la financiación del coste del bono social, aprobada por ésta con fecha 22 de julio de 2015. De acuerdo con el marco aplicable, el periodo temporal considerado ha sido el último año completo disponible, por lo que se solicitaron los datos a las empresas distribuidoras a fecha 31 de diciembre de 2014. Asimismo ha contrastado la información obtenida e identificado las sociedades que deben participar en el reparto del bono social con base en su criterio. Finalmente, ha procedido a realizar su propuesta para el cálculo del porcentaje de financiación con base al número de clientes de las empresas comercializadoras y el número de suministros conectados a las redes de distribución de las empresas distribuidoras en que participe el grupo empresarial o de la sociedad correspondiente, respectivamente.
Posteriormente, y tras la detección de sendos errores materiales en el mencionado informe, con fecha 17 de febrero de 2016, la Sala de Supervisión Regulatoria de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia aprobaba la «Resolución de corrección de errores al informe de 17 de diciembre de 2015 sobre la propuesta de fijación de los porcentajes de reparto de las cantidades a financiar relativas al bono social en el año 2016».
A la vista de dicha información, se solicitó a la citada Comisión la elaboración y concreción definitiva de los sujetos obligados a la financiación del bono social relativo al año 2016 y sus correspondientes porcentajes de reparto, mediante escritos de la Secretaría de Estado de Energía de fechas 5 de febrero y 17 de mayo de 2016. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia procedió, en respuesta a lo anterior, a remitir el Acuerdo adoptado por la Sala de Supervisión Regulatoria de fecha 9 de junio de 2016 por el que se emite el «Informe consolidado sobre la propuesta de fijación de los porcentajes de reparto de las cantidades a financiar relativas al bono social en el año 2016».
A la vista de la propuesta realizada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en la presente orden se fijan los porcentajes de reparto del coste del bono social para el año 2016, de acuerdo con los establecido en el artículo 45 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre y el artículo 2 del Real Decreto 968/2014, de 21 de noviembre.
Teniendo en cuenta lo anterior, en uso de la competencia prevista en el artículo 2.5 del Real Decreto 968/2014, de 21 de noviembre, resuelvo:
Primero.
Fijar, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y en el del Real Decreto 968/2014, de 21 de noviembre, por el que se desarrolla la metodología para la fijación de los porcentajes de reparto de las cantidades a financiar relativas al bono social, los porcentajes de reparto de las cantidades a financiar relativas al bono social correspondientes a 2016 por las matrices de los grupos de sociedades o, en su caso, por las sociedades que desarrollan simultáneamente las actividades de producción, distribución y comercialización de energía eléctrica que figura a continuación:
Sociedad matriz
Porcentaje de reparto asignado
AGRI-ENERGÍA,SA
0,047174
CANDIN ENERGÍA, S.L.
0,016286
COOPERATIVA ELÉCTRICA BENÉFICA CATRALENSE, COOP.V
0,006511
COOPERATIVA ELÉCTRICA SAN FRANCISCO DE ASIS
0,050256
ELECTRA ADURIZ SA
0,037333
ELECTRA CALDENSE, S.A.
0,042802
ELECTRA DEL CARDENER, S.A.
0,024629
ELECTRA DEL MAESTRAZGO, S.A.
0,070177
ELÉCTRICA VAQUER, S.A.
0,010899
ENDESA S.A.
41,098217
ESTABANELL y PAHISA
0,199437
FUClÑOS RIVAS,S.L.
0,016875
GAS NATURAL SDG, S.A.
14,789487
GRUPO CORINPA, S.L.
0,000004
HIDROELÉCTRICA DEL CANTÁBRICO, S.A.U.
3,263348
HIJOS DE JOSÉ BASSOLS, S.A.,
0,081359
IBERDROLA ESPAÑA, S.A.U
37,951119
NAVARRO GENERACIÓN, S.A.
0,007620
POPULAR DE FLUID ELECTRIC CAMPRODON, S.C.C.L.
0,006903
PRODUCTORA ELÉCTRICA URGELENSE, S.A.
0,043204
SAMPOL INGENIERÍA y OBRAS SA
0,000721
SERVILIANO GARCÍA SA
0,014167
VIESGO INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS SL
2,221472
Total general
100,000000
Segundo.
Las aportaciones que deban realizar cada una de dichas sociedades se depositarán en una cuenta específica en régimen de depósito creada al efecto por el organismo encargado de las liquidaciones, que será responsable de su gestión. A estos efectos antes del día 15 de cada mes, los comercializadores de referencia deberán presentar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia la información de la facturación correspondiente al mes anterior de los consumidores a quienes han aplicado el bono social, con desglose de períodos y facturación, para determinar la cuantía total del bono social aplicado y las liquidaciones asociadas.
Estas liquidaciones incluirán las regularizaciones de las cuantías del bono social aplicado en el periodo transcurrido desde el 1 de enero de 2016 que corresponda realizar desde que surta efectos la presente orden.
Tercero.
La presente orden surtirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y será de aplicación en la primera liquidación que corresponda realizar de conformidad con la normativa en vigor.
La presente orden agota la vía administrativa, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en relación con la disposición adicional decimoquinta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado. Contra la misma podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente resolución, de conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
También podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante el Ministro de Industria, Energía y Turismo, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación, significando que, en caso de presentar recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que se resuelva expresamente el recurso de reposición o se produzca la desestimación presunta del mismo.
Madrid, 8 de septiembre de 2016.–El Ministro de Industria, Energía y Turismo, P. S. (Real Decreto 160/2016, de 15 de abril), el Ministro de Economía y Competitividad, P. S. (Real Decreto 329/2016, de 31 de agosto), la Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia, Soraya Sáenz de Santamaría Antón.
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Pasan los años y no dejan de parecerme bellas y simbólicas estas cosas #BOE
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SUBVENCIONES
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Ministerio de Industria, Energía y Turismo
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Reglamentación del bono social para las eléctricas, que será considerado obligación de servicio público.
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[] | 3,292
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2013-04-27
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DE CONFORMIDAD con
Reglamento aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio
DE CONFORMIDAD con
arts. 22 y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre
EN RELACIÓN con
el Real Decreto 648/2011, de 9 de mayo
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BOE-A-2013-13616
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Real Decreto 294/2013, de 26 de abril, por el que se regula la concesión directa de subvenciones para la adquisición de vehículos eléctricos en 2013, en el marco de la Estrategia integral para el impulso del vehículo eléctrico en España 2010-2014.
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<p class='parrafo'>La Estrategia Integral para el Impulso del Vehículo Eléctrico 2010-2014 puso de manifiesto la necesidad de realizar una serie de actuaciones con objeto de favorecer el desarrollo y uso de vehículos eléctricos.</p>
<p class='parrafo'>Dicha iniciativa surgió con el convencimiento de que esta tecnología de transporte representa, en el actual contexto económico, un reto y una oportunidad para varios sectores estratégicos como son el energético, el de automoción y el de tecnologías de la información y las comunicaciones, tanto desde un punto de vista industrial y tecnológico, como energético y medioambiental.</p>
<p class='parrafo'>Entre las medidas contenidas en el primer Plan de Acción 2010-2012, ocuparon un lugar destacado las ayudas directas establecidas en el Real Decreto 648/2011, de 9 de mayo, por el que se regula la concesión directa de subvenciones para la adquisición de vehículos eléctricos durante 2011, en el marco del Plan de acción 2010-2012 del Plan Integral de Impulso al Vehículo Eléctrico en España 2010-2014.</p>
<p class='parrafo'>El Real Decreto 1700/2011, de 18 de noviembre, modificó el Real Decreto 648/2011, de 9 de mayo, por el que se regulan las ayudas para la adquisición de vehículos eléctricos, ampliando el periodo para la admisión de solicitudes hasta el 15 de diciembre de 2011 y del 1 de enero al 30 de noviembre de 2012, con una dotación de hasta 49 millones de euros en 2012.</p>
<p class='parrafo'>Las medidas adoptadas para garantizar la consolidación fiscal, llevaron al Gobierno a modificar la cuantía prevista para la financiación de las ayudas en el periodo de ampliación de las mismas, fijándola en hasta 10 millones de euros, mediante el Real Decreto 417/2012, de 24 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 648/2011, de 9 de mayo.</p>
<p class='parrafo'>Los incentivos aplicados al impulso de vehículos eléctricos en los dos últimos años han contribuido a favorecer la adquisición de cerca de 5.000 vehículos eléctricos, que va a permitir evitar, a lo largo de la vida útil de los mismos, la emisión de 75.000 toneladas de CO<sub>2</sub> y el ahorro en ese periodo de 150.000 barriles de petróleo.</p>
<p class='parrafo'>Las citadas medidas también han dinamizado sensiblemente el mercado, con una oferta de turismos que se ha multiplicado por dos respecto a 2011, la de furgonetas por cuatro y en cuanto a cuadriciclos ya existen en el mercado una veintena de modelos distintos.</p>
<p class='parrafo'>Por lo que se refiere a las motocicletas, actualmente existe una mayor oferta que contribuye a obtener las mejoras medioambientales y de eficiencia energética prevista, con unos costes competitivos, por lo que no se considera tan necesario mantener el apoyo a este tipo de vehículos.</p>
<p class='parrafo'>El Grupo de Alto Nivel CARS 21 en el ámbito de la Unión Europea (UE) que adoptó su informe final en junio de 2012 sobre la competitividad y el crecimiento sostenible de la industria de automoción en la UE, pone un énfasis especial en la electromovilidad y, en concreto, en la promoción del vehículo eléctrico.</p>
<p class='parrafo'>Actualmente en España el sector del transporte es el principal consumidor de energía final, cerca del 38 por cien del total nacional, así como responsable del 29 por cien del total de las emisiones de CO<sub>2</sub>. El sector del transporte por carretera se abastece principalmente de productos petrolíferos, importados prácticamente en su totalidad, lo que contribuye a que nuestra dependencia energética del exterior este próxima al 80 por cien, muy superior a la media europea.</p>
<p class='parrafo'>Por todo ello, las medidas de impulso de vehículos eléctricos no pretenden solo fomentar tecnologías más eficientes y ecológicas, se trata además de facilitar una mayor utilización de este tipo de vehículos a efectos de contribuir a un mejor aprovechamiento de las energías renovables, favorecer la reducción de emisiones en los puntos de mayor concentración de las mismas y disminuir la dependencia de los productos petrolíferos, así como la oportunidad de situar a España en un lugar destacado en un mercado claramente emergente.</p>
<p class='parrafo'>El camino para alcanzar los objetivos señalados ya esta iniciado pero para lograr su éxito es importante promover una mayor utilización del vehículo eléctrico en España, por lo se estima necesario prorrogar el programa de ayudas en 2013, para lo que está previsto un presupuesto de 9.893.330,56 euros.</p>
<p class='parrafo'>En este real decreto regulador de las ayudas para el ejercicio 2013 se mantienen los objetivos y la mayoría de los requisitos establecidos en los Reales Decretos 648/2011, de 9 de mayo, 1700/2011, de 18 de noviembre y 417/2012, de 24 de febrero, pero se introducen las siguientes modificaciones:</p>
<p class='parrafo_2'>Se han excluido las motocicletas de las categorías de vehículos objeto de subvención, por los motivos anteriormente señalados. De igual modo, al objeto de centrar los esfuerzos en la inversión y el estímulo privados, y teniendo en cuenta el actual escenario de restricciones presupuestarias de las Administraciones públicas, se ha limitado la tipología de beneficiarios a las personas físicas, los profesionales autónomos y las empresas privadas.</p>
<p class='parrafo'>Se establece una cuantía fija para cuadriciclos ligeros L6e y cuadriciclos pesados L7e, mientras que para el resto de vehículos la cuantía de las ayudas se fija en función de su autonomía.</p>
<p class='parrafo'>Otra modificación se refiere a la supresión del incremento de la ayuda en caso de adquisición por un mismo beneficiario de más de un vehículo.</p>
<p class='parrafo'>También se establece un nuevo sistema de gestión de las ayudas, que se realizará directamente entre el solicitante y el Ministerio de Industria, Energía y Turismo a través de la Dirección General de Industria y de la PYME, no existiendo, por tanto, entidad colaboradora. El pago de la ayuda se realizará directamente al beneficiario una vez que el órgano competente haya dictado resolución de concesión. Finalmente, en este real decreto continúa existiendo la posibilidad de registrar expedientes para vehículos pendientes de matricular.</p>
<p class='parrafo_2'>Las ayudas reguladas en el presente real decreto se establecen como un derecho del peticionario que reúna las condiciones para su concesión, es decir, no concurre con ningún otro para obtenerlas, ya que por el mero hecho de realizar el comportamiento establecido en la norma y cumplir las condiciones y los requisitos exigidos, se deberá conceder la subvención siempre que las ayudas previamente concedidas no hayan sobrepasado la cantidad de 9.893.330,56 euros consignada, lo que determina que sean procedimientos iniciados a solicitud del interesado, a diferencia del procedimiento de concurrencia competitiva que es un procedimiento que se inicia de oficio de acuerdo con el articulo 23 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Esta circunstancia no hace posible la convocatoria pública de las ayudas a la adquisición del vehículo eléctrico.</p>
<p class='parrafo'>Existen peculiares razones de interés público, social y económico para que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo realice actuaciones de impulso del vehículo eléctrico mediante la concesión de subvenciones directas. Por ello a estas ayudas les resulta de aplicación lo previsto en el articulo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, relativo a las ayudas en régimen de concesión directa, siendo preciso un real decreto que, de conformidad con el artículo 28.2 de la referida ley, apruebe las normas especiales de las subvenciones reguladas en el citado articulo 22.2.c).</p>
<p class='parrafo'>Este real decreto es continuación o prórroga del Real Decreto 648/2011, de 9 de mayo, que fue sometido al procedimiento de información en materia de normas y reglamentaciones técnicas y de reglamentos relativos a los servicios de la sociedad de la información, regulado en el Real Decreto 1337/1999, de 31 de julio, a los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio, modificada por la Directiva 98/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de julio. En base a lo señalado en el artículo 8.1, apartado 3, de la Directiva 98/34/CE, no es necesaria una nueva notificación, dado que el presente real decreto no aporta modificaciones significativas en el ámbito de aplicación, ni añade nuevas especificaciones o requisitos.</p>
<p class='parrafo'>El presente real decreto se dicta en virtud de la competencia estatal en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica prevista en el artículo 149.1.13.ª de la Constitución.</p>
<p class='parrafo'>En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria, Energía y Turismo, previo informe del Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas y previa deliberación del Consejo de Ministros, en su reunión del día 26 de abril de 2013,</p>
<p class='centro_redonda'>DISPONGO:</p>
<p class='articulo'>Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.</p>
<p class='parrafo'>1. Constituye el objeto de este real decreto la regulación de la concesión directa de ayudas para la adquisición de vehículos eléctricos nuevos, entendiendo como tales aquellos cuya energía de propulsión procede, total o parcialmente, de la electricidad de sus baterías, cargadas a través de la red eléctrica.</p>
<p class='parrafo'>La finalidad de dichas ayudas, que revestirán la forma de subvenciones, es facilitar y fomentar el desarrollo de la movilidad eléctrica por su contribución a la mejora del sector del transporte, a una mejora de la eficiencia energética, a una mejora medioambiental y una menor dependencia del petróleo.</p>
<p class='parrafo'>2. Las ayudas a que se refiere este real decreto se concederán a las adquisiciones de vehículos eléctricos nuevos u operaciones de financiación por leasing financiero y arrendamiento por renting o leasing operativo de estos vehículos a condición de que el contrato tenga una duración mínima de dos años, cuando dichas adquisiciones y operaciones se produzcan a partir del 1 de enero de 2013 y las solicitudes se registren en el sistema electrónico de gestión de la subvención desde la apertura del sistema hasta el 31 de octubre de 2013 en el caso de vehículos matriculados o 31 de agosto para vehículos pendientes de matricular, o hasta el agotamiento de los fondos si esta circunstancia se produjera con anterioridad.</p>
<p class='articulo'>Artículo 2. Beneficiarios.</p>
<p class='parrafo'>1. En el caso de adquisiciones o leasing financiero, se entiende por beneficiario, a los efectos de este real decreto, el titular de la matriculación registrada en la base de datos de la Dirección General de Tráfico.</p>
<p class='parrafo'>En el caso de operaciones de renting o leasing operativo el beneficiario será el arrendatario del contrato de renting o leasing operativo.</p>
<p class='parrafo'>2. Podrán ser beneficiarios de las ayudas previstas en este real decreto:</p>
<p class='parrafo_2'>a) Los profesionales autónomos, que tendrán que estar dados de alta en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE).</p>
<p class='parrafo'>b) Las personas físicas residentes en España no incluidas en el apartado a).</p>
<p class='parrafo'>c) Las empresas privadas, válidamente constituidas en España en el momento de presentar la solicitud, y de naturaleza jurídica tal que su Código de Identificación Fiscal (CIF) comience por las letras A, B, C, D, F, N o W.</p>
<p class='parrafo_2'>3. No podrán tener la condición de beneficiarios las personas o entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias enumeradas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. La no concurrencia de estas circunstancias se acreditará mediante declaración responsable del solicitante.</p>
<p class='parrafo'>4. No podrán obtener la condición de beneficiarios las empresas que estén sujetas a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión que haya declarado una ayuda ilegal o incompatible con el mercado común.</p>
<p class='articulo'>Artículo 3. Conceptos subvencionables.</p>
<p class='parrafo'>1. Las ayudas se aplicarán para la adquisición y para las operaciones de financiación por leasing financiero y arrendamiento por renting o leasing operativo de vehículos eléctricos nuevos matriculados por primera vez en España, y de alguna de las categorías que se citan a continuación.</p>
<p class='parrafo'>Dichas categorías, definidas en la Directiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de septiembre de 2007, por la que se crea un marco para la homologación de los vehículos de motor y sus remolques, sistemas, componentes y unidades técnicas independientes destinados a dichos vehículos y en la Directiva 2002/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de marzo de 2002, relativa a la homologación de los vehículos de motor de dos o tres ruedas, incorporadas al ordenamiento español por el Real Decreto 2028/1986, de 6 de junio, por el que se dictan normas para la aplicación de determinadas directivas de la CEE, relativas a la homologación de tipos de vehículos automóviles, remolques y semirremolques, así como de partes y piezas de dichos vehículos, son las siguientes:</p>
<p class='parrafo_2'>a) Turismos M1: vehículos de motor destinados al transporte de personas que tenga, por lo menos, cuatro ruedas y que tenga, además del asiento del conductor, ocho plazas como máximo.</p>
<p class='parrafo'>b) Furgonetas N1: vehículos de motor destinados al transporte de mercancías que tenga, por lo menos, cuatro ruedas con una masa máxima autorizada (MMA) igual o inferior a 3.500 kg.</p>
<p class='parrafo'>c) Autobuses o autocares M2: vehículos destinados al transporte de personas que tengan además del asiento del conductor más de ocho plazas sentadas y con una MMA inferior a 5.000 kg.</p>
<p class='parrafo'>d) Autobuses o autocares M3: vehículos destinados al transporte de personas que tengan además del asiento del conductor más de ocho plazas sentadas y con una MMA superior 5.000 kg.</p>
<p class='parrafo'>e) Furgones N2: vehículos de motor destinados al transporte de mercancías que tenga, por lo menos, cuatro ruedas con una MMA superior a 3.500 kg e inferior a 12.000 kg.</p>
<p class='parrafo'>f) Cuadriciclos ligeros L6e: automóviles de cuatro ruedas cuya masa en vacío sea inferior o igual a 350 kg, no incluida la masa de las baterías para los vehículos eléctricos, y cuya potencia máxima neta del motor sea inferior o igual a 4 kW y cuya velocidad máxima no sobrepasa los 45 km/h.</p>
<p class='parrafo'>g) Cuadriciclos pesados L7e: automóviles de cuatro ruedas cuya masa en vacío sea inferior o igual a 400 kg o 550 kg si se trata de vehículos destinados al transporte de mercancías, no incluida la masa de las baterías para los vehículos eléctricos, y cuya potencia máxima neta del motor sea inferior o igual a 15 kW.</p>
<p class='parrafo_2'>2. Las ayudas para la adquisición de un vehículo nuevo, previstas en el presente real decreto, se otorgarán por una sola vez sin que quepa duplicidad en caso de sucesivas transmisiones del mismo vehículo.</p>
<p class='articulo'>Artículo 4. Cuantía de las ayudas.</p>
<p class='parrafo'>1. Dependiendo del vehículo a adquirir y de su autonomía en modo de funcionamiento exclusivamente eléctrico (autonomía que da la capacidad de carga de las baterías), se establecen las siguientes cuantías individuales de ayuda:</p>
<p class='parrafo_2'>a) La cuantía de la subvención para todos aquellos vehículos de las categorías M1 y N1 que se propulsen con baterías, cargadas total o parcialmente con electricidad de la red, será de:</p>
<p class='parrafo_2'>i. 2.500 euros para aquellos vehículos con autonomía exclusivamente eléctrica no superior a los 40 Km y no inferior a 15 Km.</p>
<p class='parrafo'>ii. 3.500 euros para aquellos vehículos con autonomía exclusivamente eléctrica superior a 40 Km e inferior o igual a 90 Km.</p>
<p class='parrafo'>iii. 5.500 euros para aquellos vehículos con autonomía exclusivamente eléctrica superior a 90 Km.</p>
<p class='parrafo_2'>Se entiende por autonomía la distancia capaz de recorrer el vehículo utilizando exclusivamente la energía acumulada en sus baterías y que declara el fabricante en la documentación comercial del vehículo.</p>
<p class='parrafo'>b) La adquisición de vehículos microbuses M2 y comerciales N2 será objeto de una subvención de 8.000 euros, siempre que su autonomía en régimen exclusivamente eléctrico (autonomía que da la capacidad de carga de las baterías) sea superior a 60 km.</p>
<p class='parrafo'>c) La adquisición de vehículos autobuses y autocares M3 será objeto de una subvención de 20.000 euros, siempre que su autonomía en régimen exclusivamente eléctrico (autonomía que da la capacidad de carga de las baterías) sea superior a 60 km.</p>
<p class='parrafo'>d) Los cuadriciclos ligeros L6e tendrán una subvención por vehículo de 1.800 euros y los cuadriciclos pesados L7e de 2.200 euros por vehículo.</p>
<p class='parrafo_2'>2. En el caso de que el beneficiario realice una actividad empresarial de las incluidas en el artículo 2.2, párrafos a) o c), las cuantías máximas fijadas en el presente artículo pueden verse reducidas en aplicación de los límites fijados por el Reglamento (CE) n.º 1998/2006 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas de <em>minimis</em>, por el Reglamento (CE) n.º 1535/2007, de la Comisión, de 20 de diciembre de 2007, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas de <em>minimis</em> en el sector de la producción de productos agrícolas, así como por el Reglamento (CE) n.º 875/2007 de la Comisión, de 24 de julio de 2007, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas de <em>minimis</em> en el sector pesquero y que modifica el Reglamento (CE) n.º 1860/2004.</p>
<p class='parrafo'>3. De conformidad con los citados Reglamentos (CE) 1998/2006, 1535/2007 y 875/2007, la cuantía de la subvención acumulada a las que hayan percibido por el concepto de <em>minimis</em> en el ejercicio 2013 y en los dos ejercicios anteriores, no podrá exceder de la cantidad de 200.000 euros, de 100.000 euros para las empresas que operan en el sector del transporte por carretera, de 30.000 euros para las empresas que se dediquen a la producción, transformación y comercialización de los productos de la pesca o de 7.500 euros para las empresas que operan en la producción de productos agrícolas. Las empresas dedicadas a la transformación y comercialización de productos agrícolas estarán sometidas al límite general de 200.000 euros.</p>
<p class='parrafo'>4. En el formulario electrónico de solicitud se incluye una casilla donde el solicitante declara que no supera los límites fijados en el apartado anterior.</p>
<p class='articulo'>Artículo 5. Régimen de concesión y financiación.</p>
<p class='parrafo'>1. Estas subvenciones se concederán de forma directa, conforme a los artículos 22 y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y al capítulo III de título I del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.</p>
<p class='parrafo'>2. La financiación de las ayudas reguladas en el presente real decreto se realizará con cargo a las partidas presupuestarias 20.16.422B.785 y 20.16.422B.774 previstas en el presupuesto de Gastos del Ministerio de Industria, Energía y Turismo para el ejercicio 2013, dotadas con 1.893.330,56 euros y 8.000.000 euros respectivamente, siendo la cantidad máxima de las ayudas de 9.893.330,56 euros. Esta distribución del presupuesto en cada una de las partidas señaladas es meramente estimativa, pudiendo ser modificada en función de la naturaleza jurídica de los solicitantes, a medida que se vayan concediendo las ayudas.</p>
<p class='parrafo'>3. El presente régimen de ayudas se establece de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1998/2006 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas de <em>minimis</em>.</p>
<p class='articulo'>Artículo 6. Órganos competentes para instruir y resolver el procedimiento de concesión. Órgano encargado del seguimiento de las ayudas.</p>
<p class='parrafo'>1. El órgano competente para ordenar e instruir los procedimientos de concesión será la Dirección General de Industria y de la PYME</p>
<p class='parrafo'>2. El órgano competente para resolver será el Ministro de Industria, Energía y Turismo, sin perjuicio de las delegaciones vigentes en la materia.</p>
<p class='parrafo'>3. A efectos de lo previsto en el artículo 88.3 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, el órgano encargado del seguimiento de las ayudas será la Dirección General de Industria y de la PYME.</p>
<p class='articulo'>Artículo 7. Gestión de las ayudas.</p>
<p class='parrafo'>La gestión de las ayudas se realizará por la Dirección General de Industria y de la PYME a través de un sistema electrónico de gestión, con las garantías exigidas en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos y la restante normativa reguladora de la Administración electrónica.</p>
<p class='articulo'>Artículo 8. Plazo de presentación de solicitudes.</p>
<p class='parrafo'>El plazo de presentación de solicitudes de las ayudas para vehículos adquiridos a partir del 1 de enero de 2013 comprenderá desde la apertura del sistema electrónico de gestión hasta el 31 de octubre de 2013, ambos inclusive, o hasta el agotamiento de los fondos señalados en el apartado 2 del artículo 5 de este real decreto, en caso de producirse con anterioridad.</p>
<p class='parrafo'>En el caso de solicitudes correspondientes a vehículos pendientes de matricular, el plazo de presentación de las mismas finalizará el 31 de agosto de 2013, o hasta el agotamiento de los fondos señalados en el apartado 2 del artículo 5 de este real decreto, en caso de producirse con anterioridad.</p>
<p class='articulo'>Articulo 9. Formalización y presentación de solicitudes.</p>
<p class='parrafo'>1. La presentación de las solicitudes y de la documentación adicional se efectuará mediante firma electrónica avanzada en el registro electrónico del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Dichas solicitudes se cumplimentarán con los medios electrónicos de ayuda disponibles en la sede electrónica. Las solicitudes serán atendidas por riguroso orden de presentación, en el plazo indicado en el artículo 8.</p>
<p class='parrafo'>En el caso de que el solicitante sea una persona física, los puntos de ventas podrán facilitarle los medios electrónicos que le permitan tramitar la solicitud de ayuda. Para ello, deberá contar con certificado de firma electrónica avanzada.</p>
<p class='parrafo'>2. Las solicitudes de ayuda se realizarán cumplimentando el formulario disponible en la sede electrónica. Los ficheros electrónicos que se adjunten deberán estar en formato PDF (Portable Document Format) o JPEG (Joint Photographic Experts Group) y el tamaño máximo admitido para cada uno de ellos será de 4 megabytes.</p>
<p class='parrafo'>3. Las solicitudes de ayuda se acompañará de la siguiente documentación digitalizada:</p>
<p class='parrafo_2'>a) Factura de compra del vehículo, debiendo ser la fecha de dicha factura igual o posterior al 1 de enero de 2013 en cualquier caso.</p>
<p class='parrafo'>b) Ficha técnica del vehículo adquirido.</p>
<p class='parrafo'>c) Permiso de circulación del vehículo adquirido.</p>
<p class='parrafo'>d) Para los profesionales autónomos, documento justificativo de estar dado de alta en el IAE, salvo que el solicitante autorice al órgano concedente la consulta directa del cumplimiento del citado requisito.</p>
<p class='parrafo'>e) Para las empresas, acreditación valida del poder del firmante de la solicitud como representante legal de la misma, así como la tarjeta de identificación fiscal (CIF) del solicitante.</p>
<p class='parrafo'>f) En el caso de renting o leasing operativo, además de los documentos anteriores, se adjuntará el contrato de renting o leasing operativo, que establezca una duración mínima de dos años, y que deberá haber sido suscrito con fecha igual o posterior al 1 de enero de 2013.</p>
<p class='parrafo'>g) Justificante del reconocimiento en la Dirección General del Tesoro de la cuenta bancaria del solicitante para el abono de la ayuda.</p>
<p class='parrafo_2'>4. En el caso de solicitudes correspondientes a vehículos pendientes únicamente de la matriculación, éstas podrán registrarse adjuntando una factura pro forma. En estos casos, solo se admitirá un número máximo de solicitudes por solicitante. Para el caso de particulares y autónomos dicho máximo será de tres solicitudes y para el caso de empresas, de las señaladas en el artículo 2.2.c, será de quince.</p>
<p class='parrafo'>La ficha técnica, el permiso de circulación y la factura de compra deberán presentarse en un plazo de 60 días naturales. Si pasado este plazo no se hubiera presentado la citada documentación, se entenderá que el solicitante desiste de la ayuda.</p>
<p class='parrafo'>5. De conformidad con el artículo 22.4 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, la presentación de la solicitud para la obtención de ayuda conllevará la autorización del solicitante para que el órgano concedente obtenga de forma directa la acreditación del cumplimiento de obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar en este caso y en el momento de realizar la solicitud los certificados emitidos por los órganos competentes que acrediten el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.</p>
<p class='parrafo'>6. En aplicación de los artículos 27.6 y 35 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, así como del artículo 32 del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, de su desarrollo parcial, la presentación de cualquier documentación complementaria a la solicitud se aportará mediante copia digitalizada de la misma, cuya fidelidad con el original garantizarán mediante la utilización de firma electrónica avanzada.</p>
<p class='parrafo'>7. El órgano instructor, en los términos previstos en dicha Ley 11/2007, de 22 de junio, podrá requerir al solicitante la exhibición de la documentación original en cualquier fase del procedimiento. Dicha documentación deberá conservarse, como mínimo, durante un plazo de cuatro años a partir de la fecha de resolución de concesión y en tanto no prescriba el derecho de la Administración a exigir el reintegro según lo previsto en el artículo 39 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.</p>
<p class='parrafo'>8. La presentación de la solicitud conllevará la conformidad del solicitante para recibir todas las comunicaciones y notificaciones que se realicen a lo largo de la tramitación del expediente por medios electrónicos, de acuerdo con lo previsto en la Ley 11/2007, de 22 de junio, y en el Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre.</p>
<p class='parrafo'>Las comunicaciones a los interesados se publicarán en la sede electrónica del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, para su consulta electrónica por los interesados que, previamente, deberán identificarse de forma segura. La publicación de las comunicaciones en la sede electrónica sustituirá a la notificación y surtirá todos los efectos respecto a los interesados.</p>
<p class='parrafo'>9. Cuando los interesados sean personas jurídicas y a efectos de la práctica de las notificaciones por medios electrónicos, será obligación de aquéllas informar a los órganos actuantes de los cambios en la representación de la entidad en cuanto se produzcan. El cambio se hará efectivo para aquellas notificaciones que se emitan a partir del día siguiente a la recepción de la comunicación del cambio de representante de la entidad. Se considerarán correctamente practicadas las notificaciones anteriores a esa fecha dirigidas al representante que figure en el expediente.</p>
<p class='articulo'>Artículo 10. Resolución y pago de las ayudas.</p>
<p class='parrafo'>1. Una vez registrada en la sede electrónica del Ministerio de Industria, Energía y Turismo toda la documentación requerida al solicitante, la Dirección General de Industria y de la PYME validará la solicitud. En caso de detectarse errores, solicitará la subsanación de los mismos en el plazo de 10 días naturales, a contar desde la recepción de la notificación de subsanación. De no producirse la subsanación, se entenderá que el solicitante desiste de su solicitud.</p>
<p class='parrafo'>2. El plazo citado en el apartado anterior para las solicitudes registradas con vehículos pendientes de matricular, será el establecido en el artículo 9.4 de este real decreto.</p>
<p class='parrafo'>3. La resolución de concesión se efectuará por el órgano competente. El plazo máximo para la resolución y notificación será de seis meses desde su solicitud y no más tarde del 15 de diciembre de 2013. Si transcurrido dicho plazo el órgano competente para resolver no hubiese notificado dicha resolución, se entenderá desestimada la solicitud.</p>
<p class='parrafo'>4. Contra la resolución que pone fin a la vía administrativa se podrá interponer recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano que la ha dictado, o bien recurrir directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, en la forma y plazos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.</p>
<p class='parrafo'>5. Las notificaciones de las resoluciones de concesión de las ayudas se realizarán conforme a lo previsto en los artículos 58, 59 y 60 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. El beneficiario recibirá aviso, por correo electrónico, de que la resolución de concesión ha sido puesta a su disposición en el registro electrónico del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Asimismo, se publicará en la sede electrónica de dicho Ministerio la relación de beneficiarios y cuantía de la ayuda concedida. En los casos en los que la subvención quede acogida al Reglamento (CE) n.º 1998/2006 de la Comisión relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas de <em>minimis,</em> la resolución de concesión especificará esta circunstancia, indicando el título completo del Reglamento y su fecha de publicación en el «Diario Oficial de la Unión Europea» (DOUE), junto con el importe de la ayuda.</p>
<p class='parrafo'>6. El pago al beneficiario se realizará a través de una transferencia a una cuenta bancaria del mismo reconocida por el Tesoro Público con carácter previo a la solicitud de la ayuda. El justificante del reconocimiento de la citada cuenta bancaria se adjuntará en la solicitud de ayuda.</p>
<p class='articulo'>Artículo 11. Seguimiento y control de las ayudas.</p>
<p class='parrafo'>El Ministerio de Industria, Energía y Turismo, realizará por muestreo actuaciones de seguimiento y control de las ayudas concedidas al amparo de este real decreto, sin perjuicio de las que correspondan realizar en virtud de lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.</p>
<p class='articulo'>Artículo 12. Compatibilidad de las ayudas.</p>
<p class='parrafo'>1. Las subvenciones reguladas en este real decreto serán compatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. Serán compatibles en todo caso con otras ayudas o subvenciones que pudieran establecer las Comunidades Autónomas para la misma finalidad. Cuando se trate de ayudas de <em>minimis,</em> se respetarán las reglas de acumulación que impiden que se sobrepasen los límites de ayuda establecidos en el Reglamento (CE) n.º 1998/2006 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas de <em>minimis </em>y en el resto de la normativa sectorial de <em>minimis</em> aplicable.</p>
<p class='parrafo'>2. En el caso de concurrencia de subvenciones de otras Administraciones públicas o entes públicos o privados, el importe de las ayudas concedidas no podrá ser en ningún caso de tal cuantía que, aislada o conjuntamente, supere el coste de adquisición del vehículo subvencionado.</p>
<p class='articulo'>Artículo 13. Publicidad.</p>
<p class='parrafo'>En todas las referencias que realicen los beneficiarios, en cualquier medio de difusión, a las ayudas reguladas en este real decreto, deberá figurar que han sido financiadas por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, tal como establece el artículo 18.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.</p>
<p class='articulo'>Artículo 14. Régimen jurídico.</p>
<p class='parrafo'>Estas subvenciones se regirán, además de por lo dispuesto en este real decreto, en lo que corresponda, por lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, en el Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, de desarrollo parcial de la Ley 11/2007, de 22 de junio, en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el Reglamento (CE) n.º 1998/2006 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas de <em>minimis</em>, y demás disposiciones que resulten de aplicación.</p>
<p class='articulo'>Disposición final primera. Título competencial.</p>
<p class='parrafo'>Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.13.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva para dictar las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.</p>
<p class='articulo'>Disposición final segunda. Entrada en vigor.</p>
<p class='parrafo'>El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».</p>
<p class='parrafo_2'>Dado en Madrid, el 26 de abril de 2013.</p>
<p class='firma_rey'>JUAN CARLOS R.</p>
<p class='firma_ministro'>El Ministro de Industria, Energía y Turismo,</p>
<p class='firma_ministro'>JOSÉ MANUEL SORIA LÓPEZ</p>
</texto>
</documento>
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Sat Apr 27 06:52:23 +0000 2013
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La Estrategia Integral para el Impulso del Vehículo Eléctrico 2010-2014 puso de manifiesto la necesidad de realizar una serie de actuaciones con objeto de favorecer el desarrollo y uso de vehículos eléctricos.
Dicha iniciativa surgió con el convencimiento de que esta tecnología de transporte representa, en el actual contexto económico, un reto y una oportunidad para varios sectores estratégicos como son el energético, el de automoción y el de tecnologías de la información y las comunicaciones, tanto desde un punto de vista industrial y tecnológico, como energético y medioambiental.
Entre las medidas contenidas en el primer Plan de Acción 2010-2012, ocuparon un lugar destacado las ayudas directas establecidas en el Real Decreto 648/2011, de 9 de mayo, por el que se regula la concesión directa de subvenciones para la adquisición de vehículos eléctricos durante 2011, en el marco del Plan de acción 2010-2012 del Plan Integral de Impulso al Vehículo Eléctrico en España 2010-2014.
El Real Decreto 1700/2011, de 18 de noviembre, modificó el Real Decreto 648/2011, de 9 de mayo, por el que se regulan las ayudas para la adquisición de vehículos eléctricos, ampliando el periodo para la admisión de solicitudes hasta el 15 de diciembre de 2011 y del 1 de enero al 30 de noviembre de 2012, con una dotación de hasta 49 millones de euros en 2012.
Las medidas adoptadas para garantizar la consolidación fiscal, llevaron al Gobierno a modificar la cuantía prevista para la financiación de las ayudas en el periodo de ampliación de las mismas, fijándola en hasta 10 millones de euros, mediante el Real Decreto 417/2012, de 24 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 648/2011, de 9 de mayo.
Los incentivos aplicados al impulso de vehículos eléctricos en los dos últimos años han contribuido a favorecer la adquisición de cerca de 5.000 vehículos eléctricos, que va a permitir evitar, a lo largo de la vida útil de los mismos, la emisión de 75.000 toneladas de CO2 y el ahorro en ese periodo de 150.000 barriles de petróleo.
Las citadas medidas también han dinamizado sensiblemente el mercado, con una oferta de turismos que se ha multiplicado por dos respecto a 2011, la de furgonetas por cuatro y en cuanto a cuadriciclos ya existen en el mercado una veintena de modelos distintos.
Por lo que se refiere a las motocicletas, actualmente existe una mayor oferta que contribuye a obtener las mejoras medioambientales y de eficiencia energética prevista, con unos costes competitivos, por lo que no se considera tan necesario mantener el apoyo a este tipo de vehículos.
El Grupo de Alto Nivel CARS 21 en el ámbito de la Unión Europea (UE) que adoptó su informe final en junio de 2012 sobre la competitividad y el crecimiento sostenible de la industria de automoción en la UE, pone un énfasis especial en la electromovilidad y, en concreto, en la promoción del vehículo eléctrico.
Actualmente en España el sector del transporte es el principal consumidor de energía final, cerca del 38 por cien del total nacional, así como responsable del 29 por cien del total de las emisiones de CO2. El sector del transporte por carretera se abastece principalmente de productos petrolíferos, importados prácticamente en su totalidad, lo que contribuye a que nuestra dependencia energética del exterior este próxima al 80 por cien, muy superior a la media europea.
Por todo ello, las medidas de impulso de vehículos eléctricos no pretenden solo fomentar tecnologías más eficientes y ecológicas, se trata además de facilitar una mayor utilización de este tipo de vehículos a efectos de contribuir a un mejor aprovechamiento de las energías renovables, favorecer la reducción de emisiones en los puntos de mayor concentración de las mismas y disminuir la dependencia de los productos petrolíferos, así como la oportunidad de situar a España en un lugar destacado en un mercado claramente emergente.
El camino para alcanzar los objetivos señalados ya esta iniciado pero para lograr su éxito es importante promover una mayor utilización del vehículo eléctrico en España, por lo se estima necesario prorrogar el programa de ayudas en 2013, para lo que está previsto un presupuesto de 9.893.330,56 euros.
En este real decreto regulador de las ayudas para el ejercicio 2013 se mantienen los objetivos y la mayoría de los requisitos establecidos en los Reales Decretos 648/2011, de 9 de mayo, 1700/2011, de 18 de noviembre y 417/2012, de 24 de febrero, pero se introducen las siguientes modificaciones:
Se han excluido las motocicletas de las categorías de vehículos objeto de subvención, por los motivos anteriormente señalados. De igual modo, al objeto de centrar los esfuerzos en la inversión y el estímulo privados, y teniendo en cuenta el actual escenario de restricciones presupuestarias de las Administraciones públicas, se ha limitado la tipología de beneficiarios a las personas físicas, los profesionales autónomos y las empresas privadas.
Se establece una cuantía fija para cuadriciclos ligeros L6e y cuadriciclos pesados L7e, mientras que para el resto de vehículos la cuantía de las ayudas se fija en función de su autonomía.
Otra modificación se refiere a la supresión del incremento de la ayuda en caso de adquisición por un mismo beneficiario de más de un vehículo.
También se establece un nuevo sistema de gestión de las ayudas, que se realizará directamente entre el solicitante y el Ministerio de Industria, Energía y Turismo a través de la Dirección General de Industria y de la PYME, no existiendo, por tanto, entidad colaboradora. El pago de la ayuda se realizará directamente al beneficiario una vez que el órgano competente haya dictado resolución de concesión. Finalmente, en este real decreto continúa existiendo la posibilidad de registrar expedientes para vehículos pendientes de matricular.
Las ayudas reguladas en el presente real decreto se establecen como un derecho del peticionario que reúna las condiciones para su concesión, es decir, no concurre con ningún otro para obtenerlas, ya que por el mero hecho de realizar el comportamiento establecido en la norma y cumplir las condiciones y los requisitos exigidos, se deberá conceder la subvención siempre que las ayudas previamente concedidas no hayan sobrepasado la cantidad de 9.893.330,56 euros consignada, lo que determina que sean procedimientos iniciados a solicitud del interesado, a diferencia del procedimiento de concurrencia competitiva que es un procedimiento que se inicia de oficio de acuerdo con el articulo 23 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Esta circunstancia no hace posible la convocatoria pública de las ayudas a la adquisición del vehículo eléctrico.
Existen peculiares razones de interés público, social y económico para que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo realice actuaciones de impulso del vehículo eléctrico mediante la concesión de subvenciones directas. Por ello a estas ayudas les resulta de aplicación lo previsto en el articulo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, relativo a las ayudas en régimen de concesión directa, siendo preciso un real decreto que, de conformidad con el artículo 28.2 de la referida ley, apruebe las normas especiales de las subvenciones reguladas en el citado articulo 22.2.c).
Este real decreto es continuación o prórroga del Real Decreto 648/2011, de 9 de mayo, que fue sometido al procedimiento de información en materia de normas y reglamentaciones técnicas y de reglamentos relativos a los servicios de la sociedad de la información, regulado en el Real Decreto 1337/1999, de 31 de julio, a los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio, modificada por la Directiva 98/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de julio. En base a lo señalado en el artículo 8.1, apartado 3, de la Directiva 98/34/CE, no es necesaria una nueva notificación, dado que el presente real decreto no aporta modificaciones significativas en el ámbito de aplicación, ni añade nuevas especificaciones o requisitos.
El presente real decreto se dicta en virtud de la competencia estatal en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica prevista en el artículo 149.1.13.ª de la Constitución.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria, Energía y Turismo, previo informe del Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas y previa deliberación del Consejo de Ministros, en su reunión del día 26 de abril de 2013,
DISPONGO:
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
1. Constituye el objeto de este real decreto la regulación de la concesión directa de ayudas para la adquisición de vehículos eléctricos nuevos, entendiendo como tales aquellos cuya energía de propulsión procede, total o parcialmente, de la electricidad de sus baterías, cargadas a través de la red eléctrica.
La finalidad de dichas ayudas, que revestirán la forma de subvenciones, es facilitar y fomentar el desarrollo de la movilidad eléctrica por su contribución a la mejora del sector del transporte, a una mejora de la eficiencia energética, a una mejora medioambiental y una menor dependencia del petróleo.
2. Las ayudas a que se refiere este real decreto se concederán a las adquisiciones de vehículos eléctricos nuevos u operaciones de financiación por leasing financiero y arrendamiento por renting o leasing operativo de estos vehículos a condición de que el contrato tenga una duración mínima de dos años, cuando dichas adquisiciones y operaciones se produzcan a partir del 1 de enero de 2013 y las solicitudes se registren en el sistema electrónico de gestión de la subvención desde la apertura del sistema hasta el 31 de octubre de 2013 en el caso de vehículos matriculados o 31 de agosto para vehículos pendientes de matricular, o hasta el agotamiento de los fondos si esta circunstancia se produjera con anterioridad.
Artículo 2. Beneficiarios.
1. En el caso de adquisiciones o leasing financiero, se entiende por beneficiario, a los efectos de este real decreto, el titular de la matriculación registrada en la base de datos de la Dirección General de Tráfico.
En el caso de operaciones de renting o leasing operativo el beneficiario será el arrendatario del contrato de renting o leasing operativo.
2. Podrán ser beneficiarios de las ayudas previstas en este real decreto:
a) Los profesionales autónomos, que tendrán que estar dados de alta en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE).
b) Las personas físicas residentes en España no incluidas en el apartado a).
c) Las empresas privadas, válidamente constituidas en España en el momento de presentar la solicitud, y de naturaleza jurídica tal que su Código de Identificación Fiscal (CIF) comience por las letras A, B, C, D, F, N o W.
3. No podrán tener la condición de beneficiarios las personas o entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias enumeradas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. La no concurrencia de estas circunstancias se acreditará mediante declaración responsable del solicitante.
4. No podrán obtener la condición de beneficiarios las empresas que estén sujetas a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión que haya declarado una ayuda ilegal o incompatible con el mercado común.
Artículo 3. Conceptos subvencionables.
1. Las ayudas se aplicarán para la adquisición y para las operaciones de financiación por leasing financiero y arrendamiento por renting o leasing operativo de vehículos eléctricos nuevos matriculados por primera vez en España, y de alguna de las categorías que se citan a continuación.
Dichas categorías, definidas en la Directiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de septiembre de 2007, por la que se crea un marco para la homologación de los vehículos de motor y sus remolques, sistemas, componentes y unidades técnicas independientes destinados a dichos vehículos y en la Directiva 2002/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de marzo de 2002, relativa a la homologación de los vehículos de motor de dos o tres ruedas, incorporadas al ordenamiento español por el Real Decreto 2028/1986, de 6 de junio, por el que se dictan normas para la aplicación de determinadas directivas de la CEE, relativas a la homologación de tipos de vehículos automóviles, remolques y semirremolques, así como de partes y piezas de dichos vehículos, son las siguientes:
a) Turismos M1: vehículos de motor destinados al transporte de personas que tenga, por lo menos, cuatro ruedas y que tenga, además del asiento del conductor, ocho plazas como máximo.
b) Furgonetas N1: vehículos de motor destinados al transporte de mercancías que tenga, por lo menos, cuatro ruedas con una masa máxima autorizada (MMA) igual o inferior a 3.500 kg.
c) Autobuses o autocares M2: vehículos destinados al transporte de personas que tengan además del asiento del conductor más de ocho plazas sentadas y con una MMA inferior a 5.000 kg.
d) Autobuses o autocares M3: vehículos destinados al transporte de personas que tengan además del asiento del conductor más de ocho plazas sentadas y con una MMA superior 5.000 kg.
e) Furgones N2: vehículos de motor destinados al transporte de mercancías que tenga, por lo menos, cuatro ruedas con una MMA superior a 3.500 kg e inferior a 12.000 kg.
f) Cuadriciclos ligeros L6e: automóviles de cuatro ruedas cuya masa en vacío sea inferior o igual a 350 kg, no incluida la masa de las baterías para los vehículos eléctricos, y cuya potencia máxima neta del motor sea inferior o igual a 4 kW y cuya velocidad máxima no sobrepasa los 45 km/h.
g) Cuadriciclos pesados L7e: automóviles de cuatro ruedas cuya masa en vacío sea inferior o igual a 400 kg o 550 kg si se trata de vehículos destinados al transporte de mercancías, no incluida la masa de las baterías para los vehículos eléctricos, y cuya potencia máxima neta del motor sea inferior o igual a 15 kW.
2. Las ayudas para la adquisición de un vehículo nuevo, previstas en el presente real decreto, se otorgarán por una sola vez sin que quepa duplicidad en caso de sucesivas transmisiones del mismo vehículo.
Artículo 4. Cuantía de las ayudas.
1. Dependiendo del vehículo a adquirir y de su autonomía en modo de funcionamiento exclusivamente eléctrico (autonomía que da la capacidad de carga de las baterías), se establecen las siguientes cuantías individuales de ayuda:
a) La cuantía de la subvención para todos aquellos vehículos de las categorías M1 y N1 que se propulsen con baterías, cargadas total o parcialmente con electricidad de la red, será de:
i. 2.500 euros para aquellos vehículos con autonomía exclusivamente eléctrica no superior a los 40 Km y no inferior a 15 Km.
ii. 3.500 euros para aquellos vehículos con autonomía exclusivamente eléctrica superior a 40 Km e inferior o igual a 90 Km.
iii. 5.500 euros para aquellos vehículos con autonomía exclusivamente eléctrica superior a 90 Km.
Se entiende por autonomía la distancia capaz de recorrer el vehículo utilizando exclusivamente la energía acumulada en sus baterías y que declara el fabricante en la documentación comercial del vehículo.
b) La adquisición de vehículos microbuses M2 y comerciales N2 será objeto de una subvención de 8.000 euros, siempre que su autonomía en régimen exclusivamente eléctrico (autonomía que da la capacidad de carga de las baterías) sea superior a 60 km.
c) La adquisición de vehículos autobuses y autocares M3 será objeto de una subvención de 20.000 euros, siempre que su autonomía en régimen exclusivamente eléctrico (autonomía que da la capacidad de carga de las baterías) sea superior a 60 km.
d) Los cuadriciclos ligeros L6e tendrán una subvención por vehículo de 1.800 euros y los cuadriciclos pesados L7e de 2.200 euros por vehículo.
2. En el caso de que el beneficiario realice una actividad empresarial de las incluidas en el artículo 2.2, párrafos a) o c), las cuantías máximas fijadas en el presente artículo pueden verse reducidas en aplicación de los límites fijados por el Reglamento (CE) n.º 1998/2006 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas de minimis, por el Reglamento (CE) n.º 1535/2007, de la Comisión, de 20 de diciembre de 2007, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas de minimis en el sector de la producción de productos agrícolas, así como por el Reglamento (CE) n.º 875/2007 de la Comisión, de 24 de julio de 2007, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas de minimis en el sector pesquero y que modifica el Reglamento (CE) n.º 1860/2004.
3. De conformidad con los citados Reglamentos (CE) 1998/2006, 1535/2007 y 875/2007, la cuantía de la subvención acumulada a las que hayan percibido por el concepto de minimis en el ejercicio 2013 y en los dos ejercicios anteriores, no podrá exceder de la cantidad de 200.000 euros, de 100.000 euros para las empresas que operan en el sector del transporte por carretera, de 30.000 euros para las empresas que se dediquen a la producción, transformación y comercialización de los productos de la pesca o de 7.500 euros para las empresas que operan en la producción de productos agrícolas. Las empresas dedicadas a la transformación y comercialización de productos agrícolas estarán sometidas al límite general de 200.000 euros.
4. En el formulario electrónico de solicitud se incluye una casilla donde el solicitante declara que no supera los límites fijados en el apartado anterior.
Artículo 5. Régimen de concesión y financiación.
1. Estas subvenciones se concederán de forma directa, conforme a los artículos 22 y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y al capítulo III de título I del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
2. La financiación de las ayudas reguladas en el presente real decreto se realizará con cargo a las partidas presupuestarias 20.16.422B.785 y 20.16.422B.774 previstas en el presupuesto de Gastos del Ministerio de Industria, Energía y Turismo para el ejercicio 2013, dotadas con 1.893.330,56 euros y 8.000.000 euros respectivamente, siendo la cantidad máxima de las ayudas de 9.893.330,56 euros. Esta distribución del presupuesto en cada una de las partidas señaladas es meramente estimativa, pudiendo ser modificada en función de la naturaleza jurídica de los solicitantes, a medida que se vayan concediendo las ayudas.
3. El presente régimen de ayudas se establece de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1998/2006 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas de minimis.
Artículo 6. Órganos competentes para instruir y resolver el procedimiento de concesión. Órgano encargado del seguimiento de las ayudas.
1. El órgano competente para ordenar e instruir los procedimientos de concesión será la Dirección General de Industria y de la PYME
2. El órgano competente para resolver será el Ministro de Industria, Energía y Turismo, sin perjuicio de las delegaciones vigentes en la materia.
3. A efectos de lo previsto en el artículo 88.3 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, el órgano encargado del seguimiento de las ayudas será la Dirección General de Industria y de la PYME.
Artículo 7. Gestión de las ayudas.
La gestión de las ayudas se realizará por la Dirección General de Industria y de la PYME a través de un sistema electrónico de gestión, con las garantías exigidas en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos y la restante normativa reguladora de la Administración electrónica.
Artículo 8. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes de las ayudas para vehículos adquiridos a partir del 1 de enero de 2013 comprenderá desde la apertura del sistema electrónico de gestión hasta el 31 de octubre de 2013, ambos inclusive, o hasta el agotamiento de los fondos señalados en el apartado 2 del artículo 5 de este real decreto, en caso de producirse con anterioridad.
En el caso de solicitudes correspondientes a vehículos pendientes de matricular, el plazo de presentación de las mismas finalizará el 31 de agosto de 2013, o hasta el agotamiento de los fondos señalados en el apartado 2 del artículo 5 de este real decreto, en caso de producirse con anterioridad.
Articulo 9. Formalización y presentación de solicitudes.
1. La presentación de las solicitudes y de la documentación adicional se efectuará mediante firma electrónica avanzada en el registro electrónico del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Dichas solicitudes se cumplimentarán con los medios electrónicos de ayuda disponibles en la sede electrónica. Las solicitudes serán atendidas por riguroso orden de presentación, en el plazo indicado en el artículo 8.
En el caso de que el solicitante sea una persona física, los puntos de ventas podrán facilitarle los medios electrónicos que le permitan tramitar la solicitud de ayuda. Para ello, deberá contar con certificado de firma electrónica avanzada.
2. Las solicitudes de ayuda se realizarán cumplimentando el formulario disponible en la sede electrónica. Los ficheros electrónicos que se adjunten deberán estar en formato PDF (Portable Document Format) o JPEG (Joint Photographic Experts Group) y el tamaño máximo admitido para cada uno de ellos será de 4 megabytes.
3. Las solicitudes de ayuda se acompañará de la siguiente documentación digitalizada:
a) Factura de compra del vehículo, debiendo ser la fecha de dicha factura igual o posterior al 1 de enero de 2013 en cualquier caso.
b) Ficha técnica del vehículo adquirido.
c) Permiso de circulación del vehículo adquirido.
d) Para los profesionales autónomos, documento justificativo de estar dado de alta en el IAE, salvo que el solicitante autorice al órgano concedente la consulta directa del cumplimiento del citado requisito.
e) Para las empresas, acreditación valida del poder del firmante de la solicitud como representante legal de la misma, así como la tarjeta de identificación fiscal (CIF) del solicitante.
f) En el caso de renting o leasing operativo, además de los documentos anteriores, se adjuntará el contrato de renting o leasing operativo, que establezca una duración mínima de dos años, y que deberá haber sido suscrito con fecha igual o posterior al 1 de enero de 2013.
g) Justificante del reconocimiento en la Dirección General del Tesoro de la cuenta bancaria del solicitante para el abono de la ayuda.
4. En el caso de solicitudes correspondientes a vehículos pendientes únicamente de la matriculación, éstas podrán registrarse adjuntando una factura pro forma. En estos casos, solo se admitirá un número máximo de solicitudes por solicitante. Para el caso de particulares y autónomos dicho máximo será de tres solicitudes y para el caso de empresas, de las señaladas en el artículo 2.2.c, será de quince.
La ficha técnica, el permiso de circulación y la factura de compra deberán presentarse en un plazo de 60 días naturales. Si pasado este plazo no se hubiera presentado la citada documentación, se entenderá que el solicitante desiste de la ayuda.
5. De conformidad con el artículo 22.4 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, la presentación de la solicitud para la obtención de ayuda conllevará la autorización del solicitante para que el órgano concedente obtenga de forma directa la acreditación del cumplimiento de obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar en este caso y en el momento de realizar la solicitud los certificados emitidos por los órganos competentes que acrediten el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.
6. En aplicación de los artículos 27.6 y 35 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, así como del artículo 32 del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, de su desarrollo parcial, la presentación de cualquier documentación complementaria a la solicitud se aportará mediante copia digitalizada de la misma, cuya fidelidad con el original garantizarán mediante la utilización de firma electrónica avanzada.
7. El órgano instructor, en los términos previstos en dicha Ley 11/2007, de 22 de junio, podrá requerir al solicitante la exhibición de la documentación original en cualquier fase del procedimiento. Dicha documentación deberá conservarse, como mínimo, durante un plazo de cuatro años a partir de la fecha de resolución de concesión y en tanto no prescriba el derecho de la Administración a exigir el reintegro según lo previsto en el artículo 39 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
8. La presentación de la solicitud conllevará la conformidad del solicitante para recibir todas las comunicaciones y notificaciones que se realicen a lo largo de la tramitación del expediente por medios electrónicos, de acuerdo con lo previsto en la Ley 11/2007, de 22 de junio, y en el Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre.
Las comunicaciones a los interesados se publicarán en la sede electrónica del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, para su consulta electrónica por los interesados que, previamente, deberán identificarse de forma segura. La publicación de las comunicaciones en la sede electrónica sustituirá a la notificación y surtirá todos los efectos respecto a los interesados.
9. Cuando los interesados sean personas jurídicas y a efectos de la práctica de las notificaciones por medios electrónicos, será obligación de aquéllas informar a los órganos actuantes de los cambios en la representación de la entidad en cuanto se produzcan. El cambio se hará efectivo para aquellas notificaciones que se emitan a partir del día siguiente a la recepción de la comunicación del cambio de representante de la entidad. Se considerarán correctamente practicadas las notificaciones anteriores a esa fecha dirigidas al representante que figure en el expediente.
Artículo 10. Resolución y pago de las ayudas.
1. Una vez registrada en la sede electrónica del Ministerio de Industria, Energía y Turismo toda la documentación requerida al solicitante, la Dirección General de Industria y de la PYME validará la solicitud. En caso de detectarse errores, solicitará la subsanación de los mismos en el plazo de 10 días naturales, a contar desde la recepción de la notificación de subsanación. De no producirse la subsanación, se entenderá que el solicitante desiste de su solicitud.
2. El plazo citado en el apartado anterior para las solicitudes registradas con vehículos pendientes de matricular, será el establecido en el artículo 9.4 de este real decreto.
3. La resolución de concesión se efectuará por el órgano competente. El plazo máximo para la resolución y notificación será de seis meses desde su solicitud y no más tarde del 15 de diciembre de 2013. Si transcurrido dicho plazo el órgano competente para resolver no hubiese notificado dicha resolución, se entenderá desestimada la solicitud.
4. Contra la resolución que pone fin a la vía administrativa se podrá interponer recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano que la ha dictado, o bien recurrir directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, en la forma y plazos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
5. Las notificaciones de las resoluciones de concesión de las ayudas se realizarán conforme a lo previsto en los artículos 58, 59 y 60 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. El beneficiario recibirá aviso, por correo electrónico, de que la resolución de concesión ha sido puesta a su disposición en el registro electrónico del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Asimismo, se publicará en la sede electrónica de dicho Ministerio la relación de beneficiarios y cuantía de la ayuda concedida. En los casos en los que la subvención quede acogida al Reglamento (CE) n.º 1998/2006 de la Comisión relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas de minimis, la resolución de concesión especificará esta circunstancia, indicando el título completo del Reglamento y su fecha de publicación en el «Diario Oficial de la Unión Europea» (DOUE), junto con el importe de la ayuda.
6. El pago al beneficiario se realizará a través de una transferencia a una cuenta bancaria del mismo reconocida por el Tesoro Público con carácter previo a la solicitud de la ayuda. El justificante del reconocimiento de la citada cuenta bancaria se adjuntará en la solicitud de ayuda.
Artículo 11. Seguimiento y control de las ayudas.
El Ministerio de Industria, Energía y Turismo, realizará por muestreo actuaciones de seguimiento y control de las ayudas concedidas al amparo de este real decreto, sin perjuicio de las que correspondan realizar en virtud de lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Artículo 12. Compatibilidad de las ayudas.
1. Las subvenciones reguladas en este real decreto serán compatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. Serán compatibles en todo caso con otras ayudas o subvenciones que pudieran establecer las Comunidades Autónomas para la misma finalidad. Cuando se trate de ayudas de minimis, se respetarán las reglas de acumulación que impiden que se sobrepasen los límites de ayuda establecidos en el Reglamento (CE) n.º 1998/2006 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas de minimis y en el resto de la normativa sectorial de minimis aplicable.
2. En el caso de concurrencia de subvenciones de otras Administraciones públicas o entes públicos o privados, el importe de las ayudas concedidas no podrá ser en ningún caso de tal cuantía que, aislada o conjuntamente, supere el coste de adquisición del vehículo subvencionado.
Artículo 13. Publicidad.
En todas las referencias que realicen los beneficiarios, en cualquier medio de difusión, a las ayudas reguladas en este real decreto, deberá figurar que han sido financiadas por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, tal como establece el artículo 18.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Artículo 14. Régimen jurídico.
Estas subvenciones se regirán, además de por lo dispuesto en este real decreto, en lo que corresponda, por lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, en el Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, de desarrollo parcial de la Ley 11/2007, de 22 de junio, en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el Reglamento (CE) n.º 1998/2006 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas de minimis, y demás disposiciones que resulten de aplicación.
Disposición final primera. Título competencial.
Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.13.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva para dictar las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 26 de abril de 2013.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Industria, Energía y Turismo,
JOSÉ MANUEL SORIA LÓPEZ
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Las ayudas a la compra de vehículo eléctrico aprobada ayer. Misma cantidad: 10 millones #BOE
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OTROS_ANUNCIOS
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Ministerio de Industria, Energía y Turismo
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Las ayudas a la compra de vehículo eléctrico se prorroga con un presupuesto de 9.893.330,56 euros.
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"9511",
"3140",
"3188",
"6800",
"7116"
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2015-07-17
|
MODIFICA
los arts. 4 y 7 y AÑADE el art. 8 de la Ley 6/2003, de 22 de abril
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BOE-B-2015-11659
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Ley 11/2015, de 29 de junio, de modificación de la Ley 6/2003, de 22 de abril, del estatuto de los ex presidentes de la Generalidad.
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<notas>
<nota codigo='14' orden='400'>Publicada en el DOGC núm 6906, de 6 de julio de 2015</nota>
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<materia codigo='665' orden=''>Cataluña</materia>
<materia codigo='3500' orden=''>Ex Presidentes del Gobierno</materia>
<materia codigo='5281' orden=''>Organización de las Comunidades Autónomas</materia>
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<materia codigo='5541' orden=''>Pensiones</materia>
<materia codigo='6230' orden=''>Retribuciones</materia>
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<alerta codigo='111' orden=''>Derecho Constitucional</alerta>
<alerta codigo='121' orden=''>Organización de la Administración</alerta>
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<referencias>
<anteriores>
<anterior orden='2015' referencia='BOE-A-2003-10530'>
<palabra codigo='270'>MODIFICA</palabra>
<texto>los arts. 4 y 7 y AÑADE el art. 8 de la Ley 6/2003, de 22 de abril</texto>
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</analisis>
<texto>
<p class='centro_redonda'>EL PRESIDENTE DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA</p>
<p class='parrafo_2'>Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de Cataluña ha aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo que establece el artículo 65 del Estatuto de autonomía de Cataluña, promulgo la siguiente Ley 11/2015, de 29 de junio, de modificación de la Ley 6/2003, de 22 de abril, del Estatuto de los ex Presidentes de la Generalidad.</p>
<p class='centro_redonda'>PREÁMBULO</p>
<p class='parrafo_2'>En el año 2003, el Parlamento de Cataluña aprobó la Ley 6/2003, sobre el estatuto de los ex presidentes de la Generalidad. Dicha ley pretendía regular los derechos y el estatuto de los presidentes de la Generalidad tras el abandono del cargo. No en vano se trata del cargo institucional más importante en Cataluña y merece el debido reconocimiento tanto durante el desempeño de las funciones propias del mismo como posteriormente.</p>
<p class='parrafo'>Sin embargo, la ley no consideraba la posibilidad de revocación de los derechos y el estatuto de los ex presidentes, ni establecía supuestos de renuncia voluntaria u obligada o de revocación parlamentaria. No puede obviarse la posibilidad de que se den a conocer hechos relativos a alguna de las personas que han ostentado el cargo, acaecidos antes, durante o después de su mandato, que merezcan condena y que la hagan indigna de seguir disfrutando de las consideraciones que la ley le otorga.</p>
<p class='parrafo'>En tales casos, debe preservarse la dignidad de la institución, salvaguardar su honorabilidad y poner de manifiesto que tales actos son impropios de un presidente de la Generalidad y que, por consiguiente, la persona responsable de los mismos no puede permanecer asociada al cargo, que representa al conjunto del país.</p>
<p class='articulo'>Artículo 1. Modificación del artículo 4 de la Ley 6/2003.</p>
<p class='parrafo'>Se modifica el artículo 4 de la Ley 6/2003, de 22 de abril, del estatuto de los ex presidentes de la Generalidad, que queda redactado de la siguiente forma:</p>
<p class='sangrado_2'>«1. La percepción de la asignación y de la pensión vitalicia que establece la presente ley es incompatible con el desempeño de un cargo público, con un trabajo o actividad en el ámbito público o privado y con la participación en consejos de administración de empresas públicas o privadas. Quedan exceptuadas de dicho régimen de incompatibilidad las actividades privadas declaradas compatibles por la legislación en materia de incompatibilidades de los altos cargos de la Generalidad.</p>
<p class='sangrado'>»2. Los ex presidentes de la Generalidad deben presentar, a efectos de lo establecido en el apartado 1, una declaración de actividades ante el órgano de la Administración de la Generalidad competente en la materia.</p>
<p class='sangrado'>»3. La remuneración de los ex presidentes de la Generalidad, los medios personales y materiales que tengan adscritos, la dotación presupuestaria de la oficina a que se refiere el artículo 7 y la declaración de actividades deben publicarse anualmente en el Portal de la Transparencia de la Generalidad.»</p>
<p class='articulo'>Artículo 2. Modificación del artículo 7 de la Ley 6/2003.</p>
<p class='parrafo'>Se modifica el artículo 7 de la Ley 6/2003, que queda redactado de la siguiente forma:</p>
<p class='sangrado_articulo'>«Artículo 7. Medios y memoria anual.</p>
<p class='sangrado'>»1. El Gobierno debe facilitar a los ex presidentes de la Generalidad los medios necesarios para el sostenimiento de una oficina adecuada a las responsabilidades y funciones desempeñadas, así como la dotación presupuestaria para el funcionamiento ordinario de dicha oficina y para las atenciones de carácter social y protocolario que correspondan.</p>
<p class='sangrado'>»2. Los ex presidentes de la Generalidad deben elaborar una memoria anual, con el siguiente contenido:</p>
<p class='sangrado_2'>»a) La descripción de las actividades realizadas durante el correspondiente período.</p>
<p class='sangrado'>»b) La información detallada sobre los gastos de funcionamiento de la oficina y sobre los gastos derivados del ejercicio de los derechos y prerrogativas reconocidos por la presente ley, de acuerdo con la dotación presupuestaria asignada.</p>
<p class='sangrado_2'>»3. Los ex presidentes de la Generalidad deben remitir anualmente al Parlamento la memoria de actividades, que debe publicarse en el Portal de la Transparencia de la Generalidad.»</p>
<p class='articulo'>Artículo 3. Adición del artículo 8 a la Ley 6/2003.</p>
<p class='parrafo'>Se añade un artículo, el 8, a la Ley 6/2003, con el siguiente texto:</p>
<p class='sangrado_articulo'>«Artículo 8. Renuncia y revocación de los derechos y prerrogativas de los ex presidentes.</p>
<p class='sangrado'>»1. Los derechos y prerrogativas reconocidos por la presente ley son renunciables. La renuncia debe presentarse por escrito ante la Mesa del Parlamento.</p>
<p class='sangrado'>»2. Los derechos y prerrogativas reconocidos por la presente ley pueden ser revocados total o parcialmente por acuerdo del Pleno del Parlamento, adoptado por mayoría de dos terceras partes de sus miembros, si considera que ya no concurren las condiciones de honorabilidad necesarias en la persona de un ex presidente o ex presidenta de la Generalidad, por razón de hechos conocidos o que puedan constatarse, o en caso de condena penal firme contra la persona de un ex presidente o ex presidenta de la Generalidad.</p>
<p class='sangrado'>»3. Previamente a la adopción de un acuerdo de revocación, el Parlamento debe convocar al ex presidente o ex presidenta objeto del mismo a una comparecencia ante la comisión que corresponda, para que pueda manifestar su posición sobre los hechos.</p>
<p class='sangrado'>»4. La iniciativa del procedimiento de revocación corresponde a dos grupos parlamentarios o a una quinta parte de los miembros del Parlamento. La solicitud debe exponer los motivos que la justifican.</p>
<p class='sangrado'>»5. El debate y votación de una solicitud de revocación deben sustanciarse en el plazo de dos meses desde la presentación de la solicitud. En caso de condena penal firme, el debate sobre la revocación debe incluirse automáticamente en el orden del día de la primera sesión que se convoque tras la publicación de la sentencia.»</p>
<p class='articulo'>Disposición final.</p>
<p class='parrafo'>La presente ley entra en vigor al día siguiente de su publicación en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya».</p>
<p class='parrafo_2'>Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos a los que sea de aplicación esta Ley cooperen en su cumplimiento y que los tribunales y autoridades a los que corresponda la hagan cumplir.</p>
<p class='parrafo_2'>Palacio de la Generalidad, 29 de junio de 2015.–El Presidente de la Generalidad de Cataluña, Artur Mas i Gavarró.</p>
<p class='publicado'>(Publicada en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» número 6906, de 6 de julio de 2015)</p>
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Fri Jul 17 06:13:16 +0000 2015
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EL PRESIDENTE DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA
Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de Cataluña ha aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo que establece el artículo 65 del Estatuto de autonomía de Cataluña, promulgo la siguiente Ley 11/2015, de 29 de junio, de modificación de la Ley 6/2003, de 22 de abril, del Estatuto de los ex Presidentes de la Generalidad.
PREÁMBULO
En el año 2003, el Parlamento de Cataluña aprobó la Ley 6/2003, sobre el estatuto de los ex presidentes de la Generalidad. Dicha ley pretendía regular los derechos y el estatuto de los presidentes de la Generalidad tras el abandono del cargo. No en vano se trata del cargo institucional más importante en Cataluña y merece el debido reconocimiento tanto durante el desempeño de las funciones propias del mismo como posteriormente.
Sin embargo, la ley no consideraba la posibilidad de revocación de los derechos y el estatuto de los ex presidentes, ni establecía supuestos de renuncia voluntaria u obligada o de revocación parlamentaria. No puede obviarse la posibilidad de que se den a conocer hechos relativos a alguna de las personas que han ostentado el cargo, acaecidos antes, durante o después de su mandato, que merezcan condena y que la hagan indigna de seguir disfrutando de las consideraciones que la ley le otorga.
En tales casos, debe preservarse la dignidad de la institución, salvaguardar su honorabilidad y poner de manifiesto que tales actos son impropios de un presidente de la Generalidad y que, por consiguiente, la persona responsable de los mismos no puede permanecer asociada al cargo, que representa al conjunto del país.
Artículo 1. Modificación del artículo 4 de la Ley 6/2003.
Se modifica el artículo 4 de la Ley 6/2003, de 22 de abril, del estatuto de los ex presidentes de la Generalidad, que queda redactado de la siguiente forma:
«1. La percepción de la asignación y de la pensión vitalicia que establece la presente ley es incompatible con el desempeño de un cargo público, con un trabajo o actividad en el ámbito público o privado y con la participación en consejos de administración de empresas públicas o privadas. Quedan exceptuadas de dicho régimen de incompatibilidad las actividades privadas declaradas compatibles por la legislación en materia de incompatibilidades de los altos cargos de la Generalidad.
»2. Los ex presidentes de la Generalidad deben presentar, a efectos de lo establecido en el apartado 1, una declaración de actividades ante el órgano de la Administración de la Generalidad competente en la materia.
»3. La remuneración de los ex presidentes de la Generalidad, los medios personales y materiales que tengan adscritos, la dotación presupuestaria de la oficina a que se refiere el artículo 7 y la declaración de actividades deben publicarse anualmente en el Portal de la Transparencia de la Generalidad.»
Artículo 2. Modificación del artículo 7 de la Ley 6/2003.
Se modifica el artículo 7 de la Ley 6/2003, que queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 7. Medios y memoria anual.
»1. El Gobierno debe facilitar a los ex presidentes de la Generalidad los medios necesarios para el sostenimiento de una oficina adecuada a las responsabilidades y funciones desempeñadas, así como la dotación presupuestaria para el funcionamiento ordinario de dicha oficina y para las atenciones de carácter social y protocolario que correspondan.
»2. Los ex presidentes de la Generalidad deben elaborar una memoria anual, con el siguiente contenido:
»a) La descripción de las actividades realizadas durante el correspondiente período.
»b) La información detallada sobre los gastos de funcionamiento de la oficina y sobre los gastos derivados del ejercicio de los derechos y prerrogativas reconocidos por la presente ley, de acuerdo con la dotación presupuestaria asignada.
»3. Los ex presidentes de la Generalidad deben remitir anualmente al Parlamento la memoria de actividades, que debe publicarse en el Portal de la Transparencia de la Generalidad.»
Artículo 3. Adición del artículo 8 a la Ley 6/2003.
Se añade un artículo, el 8, a la Ley 6/2003, con el siguiente texto:
«Artículo 8. Renuncia y revocación de los derechos y prerrogativas de los ex presidentes.
»1. Los derechos y prerrogativas reconocidos por la presente ley son renunciables. La renuncia debe presentarse por escrito ante la Mesa del Parlamento.
»2. Los derechos y prerrogativas reconocidos por la presente ley pueden ser revocados total o parcialmente por acuerdo del Pleno del Parlamento, adoptado por mayoría de dos terceras partes de sus miembros, si considera que ya no concurren las condiciones de honorabilidad necesarias en la persona de un ex presidente o ex presidenta de la Generalidad, por razón de hechos conocidos o que puedan constatarse, o en caso de condena penal firme contra la persona de un ex presidente o ex presidenta de la Generalidad.
»3. Previamente a la adopción de un acuerdo de revocación, el Parlamento debe convocar al ex presidente o ex presidenta objeto del mismo a una comparecencia ante la comisión que corresponda, para que pueda manifestar su posición sobre los hechos.
»4. La iniciativa del procedimiento de revocación corresponde a dos grupos parlamentarios o a una quinta parte de los miembros del Parlamento. La solicitud debe exponer los motivos que la justifican.
»5. El debate y votación de una solicitud de revocación deben sustanciarse en el plazo de dos meses desde la presentación de la solicitud. En caso de condena penal firme, el debate sobre la revocación debe incluirse automáticamente en el orden del día de la primera sesión que se convoque tras la publicación de la sentencia.»
Disposición final.
La presente ley entra en vigor al día siguiente de su publicación en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya».
Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos a los que sea de aplicación esta Ley cooperen en su cumplimiento y que los tribunales y autoridades a los que corresponda la hagan cumplir.
Palacio de la Generalidad, 29 de junio de 2015.–El Presidente de la Generalidad de Cataluña, Artur Mas i Gavarró.
(Publicada en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» número 6906, de 6 de julio de 2015)
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Reforma ley expresidentes CAT: Expresident con pensión tiene que publicar memoria de actividades y presupuesto #BOE
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CONTRATOS_LICITACIONES
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Comunidad Autónoma de Cataluña
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Reforma de la ley ex ºes de la Generalidad de Cataluña: Los ex president con pensión tiene que publicar memoria de actividades y presupuesto.
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"5377",
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2014-07-02
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BOE-A-2013-13764
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Resolución de 8 de abril de 2014, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de regularidad y de cumplimiento de recomendaciones del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 'Esteban Terradas', ejercicio 2011.
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<titulo>Resolución de 8 de abril de 2014, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de regularidad y de cumplimiento de recomendaciones del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 'Esteban Terradas', ejercicio 2011.</titulo>
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<fecha_publicacion>20140702</fecha_publicacion>
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<texto>
<p class='parrafo_2'>La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en su sesión del día 8 de abril de 2014, a la vista del Informe remitido por ese Alto Tribunal acerca del Informe de fiscalización de regularidad y de cumplimiento de recomendaciones del Instituto Nacional de Técnico Aeroespacial «Esteban Terradas», ejercicio 2011, acuerda:</p>
<p class='parrafo_2'>Instar al Gobierno a:</p>
<p class='parrafo_2'>1. Poner en marcha las medidas introducidas en el Plan Corrector que ha elaborado el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, a la vista de las sugerencias y recomendaciones hechas por el Tribunal de Cuentas en su Informe de Fiscalización del INTA, ejercicio 2011.</p>
<p class='parrafo'>2. Dar los pasos necesarios para que se asegure la correcta y urgente aplicación de las acciones por parte del ya creado Comité de Seguimiento del Plan Corrector.</p>
<p class='parrafo_2'>Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2014.–El Presidente de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, Ricardo Tarno Blanco.–La Secretaria Primera de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, Celia Alberto Pérez.</p>
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Wed Jul 02 11:31:56 +0000 2014
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La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en su sesión del día 8 de abril de 2014, a la vista del Informe remitido por ese Alto Tribunal acerca del Informe de fiscalización de regularidad y de cumplimiento de recomendaciones del Instituto Nacional de Técnico Aeroespacial «Esteban Terradas», ejercicio 2011, acuerda:
Instar al Gobierno a:
1. Poner en marcha las medidas introducidas en el Plan Corrector que ha elaborado el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, a la vista de las sugerencias y recomendaciones hechas por el Tribunal de Cuentas en su Informe de Fiscalización del INTA, ejercicio 2011.
2. Dar los pasos necesarios para que se asegure la correcta y urgente aplicación de las acciones por parte del ya creado Comité de Seguimiento del Plan Corrector.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2014.–El Presidente de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, Ricardo Tarno Blanco.–La Secretaria Primera de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, Celia Alberto Pérez.
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… por falta de información y débil control interno de las cuentas #BOE
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OTROS_ANUNCIOS
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Cortes Generales
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La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas ponen en marcha las medidas introducidas en el Plan Corrector que ha elaborado el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacia.
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2013-12-30
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DE CONFORMIDAD con
el art. 27.1 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo
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BOE-B-2013-504
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Real Decreto 1046/2013, de 27 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2014.
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<notas>
<nota codigo='38' orden='230'>Efectos desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2014.</nota>
<nota codigo='151' orden='900'>Esta norma ha dejado de estar vigente</nota>
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<materia codigo='6256' orden=''>Salario Mínimo Interprofesional</materia>
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<alerta codigo='131' orden=''>Trabajo y empleo</alerta>
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<palabra codigo='440'>DE CONFORMIDAD con</palabra>
<texto>el art. 27.1 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo</texto>
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<texto>
<p class='parrafo'>En cumplimiento del mandato al Gobierno para fijar anualmente el salario mínimo interprofesional, contenido en el artículo 27.1 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, se procede mediante este real decreto a establecer las cuantías que deberán regir a partir del 1 de enero de 2014, tanto para los trabajadores fijos como para los eventuales o temporeros, así como para los empleados de hogar.</p>
<p class='parrafo'>Las cuantías para el año 2014 suponen el mantenimiento de las vigentes durante 2013, una vez tomados en consideración de forma conjunta todos los factores contemplados en el citado artículo 27.1 del Estatuto de los Trabajadores.</p>
<p class='parrafo'>Ello responde al difícil contexto económico actual que aconseja la adopción de políticas salariales durante el año 2014 que puedan contribuir al objetivo prioritario de recuperación económica y a la creación de empleo.</p>
<p class='parrafo'>Este real decreto ha sido consultado a las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas.</p>
<p class='parrafo'>En su virtud, a propuesta de la Ministra de Empleo y Seguridad Social y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 27 de diciembre de 2013,</p>
<p class='centro_redonda'>DISPONGO:</p>
<p class='articulo'>Artículo 1. Cuantía del salario mínimo interprofesional.</p>
<p class='parrafo'>El salario mínimo para cualesquiera actividades en la agricultura, en la industria y en los servicios, sin distinción de sexo ni edad de los trabajadores, queda fijado en 21,51 euros/día o 645,30 euros/mes, según que el salario esté fijado por días o por meses.</p>
<p class='parrafo'>En el salario mínimo se computa únicamente la retribución en dinero, sin que el salario en especie pueda, en ningún caso, dar lugar a la minoración de la cuantía íntegra en dinero de aquel.</p>
<p class='parrafo'>Este salario se entiende referido a la jornada legal de trabajo en cada actividad, sin incluir en el caso del salario diario la parte proporcional de los domingos y festivos. Si se realizase jornada inferior se percibirá a prorrata.</p>
<p class='parrafo'>Para la aplicación en cómputo anual del salario mínimo se tendrán en cuenta las reglas sobre compensación que se establecen en los artículos siguientes.</p>
<p class='articulo'>Artículo 2. Complementos salariales.</p>
<p class='parrafo'>Al salario mínimo consignado en el artículo 1 se adicionarán, sirviendo el mismo como módulo, en su caso, y según lo establecido en los Convenios colectivos y contratos de trabajo, los complementos salariales a que se refiere el artículo 26.3 del Estatuto de los Trabajadores, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, así como el importe correspondiente al incremento garantizado sobre el salario a tiempo en la remuneración a prima o con incentivo a la producción.</p>
<p class='articulo'>Artículo 3. Compensación y absorción.</p>
<p class='parrafo'>A efectos de aplicar el último párrafo del artículo 27.1 del Estatuto de los Trabajadores, en cuanto a compensación y absorción en cómputo anual por los salarios profesionales del incremento del salario mínimo interprofesional, se procederá de la forma siguiente:</p>
<p class='parrafo_2'>1. La revisión del salario mínimo interprofesional establecida en este real decreto no afectará a la estructura ni a la cuantía de los salarios profesionales que viniesen percibiendo los trabajadores cuando tales salarios en su conjunto y en cómputo anual fuesen superiores a dicho salario mínimo.</p>
<p class='parrafo'>A tales efectos, el salario mínimo en cómputo anual que se tomará como término de comparación será el resultado de adicionar al salario mínimo fijado en el artículo 1 de este real decreto los devengos a que se refiere el artículo 2, sin que en ningún caso pueda considerarse una cuantía anual inferior a 9.034,20 euros.</p>
<p class='parrafo'>2. Estas percepciones son compensables con los ingresos que por todos los conceptos viniesen percibiendo los trabajadores en cómputo anual y jornada completa con arreglo a normas legales o convencionales, laudos arbitrales y contratos individuales de trabajo en vigor en la fecha de promulgación de este real decreto.</p>
<p class='parrafo'>3. Las normas legales o convencionales y los laudos arbitrales que se encuentren en vigor en la fecha de promulgación de este real decreto subsistirán en sus propios términos, sin más modificación que la que fuese necesaria para asegurar la percepción de las cantidades en cómputo anual que resulten de la aplicación del apartado 1 de este artículo, debiendo, en consecuencia, ser incrementados los salarios profesionales inferiores al indicado total anual en la cuantía necesaria para equipararse a éste.</p>
<p class='articulo'>Artículo 4. Trabajadores eventuales y temporeros y empleados de hogar.</p>
<p class='parrafo'>1. Los trabajadores eventuales y temporeros cuyos servicios a una misma empresa no excedan de ciento veinte días percibirán, conjuntamente con el salario mínimo a que se refiere el artículo 1, la parte proporcional de la retribución de los domingos y festivos, así como de las dos gratificaciones extraordinarias a que, como mínimo, tiene derecho todo trabajador, correspondientes al salario de treinta días en cada una de ellas, sin que en ningún caso la cuantía del salario profesional pueda resultar inferior a 30,57 euros por jornada legal en la actividad.</p>
<p class='parrafo'>En lo que respecta a la retribución de las vacaciones de los trabajadores a que se refiere este artículo, dichos trabajadores percibirán, conjuntamente con el salario mínimo interprofesional fijado en el artículo 1, la parte proporcional de este correspondiente a las vacaciones legales mínimas en los supuestos en que no existiera coincidencia entre el período de disfrute de las vacaciones y el tiempo de vigencia del contrato. En los demás casos, la retribución del período de vacaciones se efectuará de acuerdo con el artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores y demás normas de aplicación.</p>
<p class='parrafo'>2. De acuerdo con el artículo 8.5 del Real Decreto 1620/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula la relación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar, que toma como referencia para la determinación del salario mínimo de los empleados de hogar que trabajen por horas, en régimen externo, el fijado para los trabajadores eventuales y temporeros y empleados de hogar y que incluye todos los conceptos retributivos, el salario mínimo de dichos empleados de hogar será de 5,05 euros por hora efectivamente trabajada.</p>
<p class='parrafo'>3. En las cuantías del salario mínimo por días u horas fijadas en los apartados anteriores se computa únicamente la retribución en dinero, sin que el salario en especie pueda, en ningún caso, dar lugar a la minoración de la cuantía íntegra en dinero de aquéllas.</p>
<p class='articulo'>Disposición final primera. Habilitación para la aplicación y desarrollo.</p>
<p class='parrafo'>Se autoriza a la Ministra de Empleo y Seguridad Social para dictar las disposiciones de aplicación y desarrollo de este real decreto.</p>
<p class='articulo'>Disposición final segunda. Entrada en vigor y periodo de vigencia.</p>
<p class='parrafo'>El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y surtirá efectos durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014, procediendo, en consecuencia, el abono del salario mínimo en el mismo establecido con efectos del 1 de enero de 2014.</p>
<p class='parrafo_2'>Dado en Madrid, el 27 de diciembre de 2013.</p>
<p class='firma_rey'>JUAN CARLOS R.</p>
<p class='firma_ministro'>La Ministra de Empleo y Seguridad Social,</p>
<p class='firma_ministro'>FÁTIMA BÁÑEZ GARCÍA</p>
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</documento>
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Mon Dec 30 08:01:31 +0000 2013
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En cumplimiento del mandato al Gobierno para fijar anualmente el salario mínimo interprofesional, contenido en el artículo 27.1 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, se procede mediante este real decreto a establecer las cuantías que deberán regir a partir del 1 de enero de 2014, tanto para los trabajadores fijos como para los eventuales o temporeros, así como para los empleados de hogar.
Las cuantías para el año 2014 suponen el mantenimiento de las vigentes durante 2013, una vez tomados en consideración de forma conjunta todos los factores contemplados en el citado artículo 27.1 del Estatuto de los Trabajadores.
Ello responde al difícil contexto económico actual que aconseja la adopción de políticas salariales durante el año 2014 que puedan contribuir al objetivo prioritario de recuperación económica y a la creación de empleo.
Este real decreto ha sido consultado a las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Empleo y Seguridad Social y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 27 de diciembre de 2013,
DISPONGO:
Artículo 1. Cuantía del salario mínimo interprofesional.
El salario mínimo para cualesquiera actividades en la agricultura, en la industria y en los servicios, sin distinción de sexo ni edad de los trabajadores, queda fijado en 21,51 euros/día o 645,30 euros/mes, según que el salario esté fijado por días o por meses.
En el salario mínimo se computa únicamente la retribución en dinero, sin que el salario en especie pueda, en ningún caso, dar lugar a la minoración de la cuantía íntegra en dinero de aquel.
Este salario se entiende referido a la jornada legal de trabajo en cada actividad, sin incluir en el caso del salario diario la parte proporcional de los domingos y festivos. Si se realizase jornada inferior se percibirá a prorrata.
Para la aplicación en cómputo anual del salario mínimo se tendrán en cuenta las reglas sobre compensación que se establecen en los artículos siguientes.
Artículo 2. Complementos salariales.
Al salario mínimo consignado en el artículo 1 se adicionarán, sirviendo el mismo como módulo, en su caso, y según lo establecido en los Convenios colectivos y contratos de trabajo, los complementos salariales a que se refiere el artículo 26.3 del Estatuto de los Trabajadores, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, así como el importe correspondiente al incremento garantizado sobre el salario a tiempo en la remuneración a prima o con incentivo a la producción.
Artículo 3. Compensación y absorción.
A efectos de aplicar el último párrafo del artículo 27.1 del Estatuto de los Trabajadores, en cuanto a compensación y absorción en cómputo anual por los salarios profesionales del incremento del salario mínimo interprofesional, se procederá de la forma siguiente:
1. La revisión del salario mínimo interprofesional establecida en este real decreto no afectará a la estructura ni a la cuantía de los salarios profesionales que viniesen percibiendo los trabajadores cuando tales salarios en su conjunto y en cómputo anual fuesen superiores a dicho salario mínimo.
A tales efectos, el salario mínimo en cómputo anual que se tomará como término de comparación será el resultado de adicionar al salario mínimo fijado en el artículo 1 de este real decreto los devengos a que se refiere el artículo 2, sin que en ningún caso pueda considerarse una cuantía anual inferior a 9.034,20 euros.
2. Estas percepciones son compensables con los ingresos que por todos los conceptos viniesen percibiendo los trabajadores en cómputo anual y jornada completa con arreglo a normas legales o convencionales, laudos arbitrales y contratos individuales de trabajo en vigor en la fecha de promulgación de este real decreto.
3. Las normas legales o convencionales y los laudos arbitrales que se encuentren en vigor en la fecha de promulgación de este real decreto subsistirán en sus propios términos, sin más modificación que la que fuese necesaria para asegurar la percepción de las cantidades en cómputo anual que resulten de la aplicación del apartado 1 de este artículo, debiendo, en consecuencia, ser incrementados los salarios profesionales inferiores al indicado total anual en la cuantía necesaria para equipararse a éste.
Artículo 4. Trabajadores eventuales y temporeros y empleados de hogar.
1. Los trabajadores eventuales y temporeros cuyos servicios a una misma empresa no excedan de ciento veinte días percibirán, conjuntamente con el salario mínimo a que se refiere el artículo 1, la parte proporcional de la retribución de los domingos y festivos, así como de las dos gratificaciones extraordinarias a que, como mínimo, tiene derecho todo trabajador, correspondientes al salario de treinta días en cada una de ellas, sin que en ningún caso la cuantía del salario profesional pueda resultar inferior a 30,57 euros por jornada legal en la actividad.
En lo que respecta a la retribución de las vacaciones de los trabajadores a que se refiere este artículo, dichos trabajadores percibirán, conjuntamente con el salario mínimo interprofesional fijado en el artículo 1, la parte proporcional de este correspondiente a las vacaciones legales mínimas en los supuestos en que no existiera coincidencia entre el período de disfrute de las vacaciones y el tiempo de vigencia del contrato. En los demás casos, la retribución del período de vacaciones se efectuará de acuerdo con el artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores y demás normas de aplicación.
2. De acuerdo con el artículo 8.5 del Real Decreto 1620/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula la relación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar, que toma como referencia para la determinación del salario mínimo de los empleados de hogar que trabajen por horas, en régimen externo, el fijado para los trabajadores eventuales y temporeros y empleados de hogar y que incluye todos los conceptos retributivos, el salario mínimo de dichos empleados de hogar será de 5,05 euros por hora efectivamente trabajada.
3. En las cuantías del salario mínimo por días u horas fijadas en los apartados anteriores se computa únicamente la retribución en dinero, sin que el salario en especie pueda, en ningún caso, dar lugar a la minoración de la cuantía íntegra en dinero de aquéllas.
Disposición final primera. Habilitación para la aplicación y desarrollo.
Se autoriza a la Ministra de Empleo y Seguridad Social para dictar las disposiciones de aplicación y desarrollo de este real decreto.
Disposición final segunda. Entrada en vigor y periodo de vigencia.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y surtirá efectos durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014, procediendo, en consecuencia, el abono del salario mínimo en el mismo establecido con efectos del 1 de enero de 2014.
Dado en Madrid, el 27 de diciembre de 2013.
JUAN CARLOS R.
La Ministra de Empleo y Seguridad Social,
FÁTIMA BÁÑEZ GARCÍA
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Salario mínimo, igual que en 2013: 645 E/mes o 21,51 E/día. Para trabajadores del hogar: 5,05 euros/hora #BOE
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[
"131"
] |
CONTRATOS_LICITACIONES
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Ministerio de Empleo y Seguridad Social
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Ley del Estatuto de los Trabajadores: Salario mínimo, igual que en 2013: 645 euros al mes o 21,51 euros al día. Para trabajadores del hogar será de 5,05 euros la hora.
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[
"6256"
] | 3,300
|
|
2013-01-05
|
BOE-B-2013-48980
|
Anuncio del Ayuntamiento de Madrid, Distrito de Arganzuela, por el que se hace pública la formalización del contrato de servicios denominado 'Gestión integral de los servicios complementarios de los edificios adscritos al Distrito de Arganzuela. Años 2013 y 2014'. Expediente 300/2012/01026.
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<tipo codigo='2'>Servicios</tipo>
<tramitacion codigo='1'>Ordinaria</tramitacion>
<procedimiento codigo='1'>Abierto</procedimiento>
<fecha_presentacion_ofertas></fecha_presentacion_ofertas>
<fecha_apertura_ofertas></fecha_apertura_ofertas>
<precio codigo=''></precio>
<importe>4.333.934,92</importe>
<ambito_geografico>Comunidad de Madrid</ambito_geografico>
<materias></materias>
<materias_cpv>50600000 Servicios de reparación y mantenimiento
50700000 Servicios de reparación y mantenimiento
90000000 Servicios de alcantarillado, basura, limpieza y medio ambiente</materias_cpv>
<observaciones></observaciones>
</analisis>
<texto>
<dl>
<dt>1. Entidad adjudicadora: </dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) Organismo: </dt>
<dd>Ayuntamiento de Madrid.</dd>
<dt>b) Dependencia que tramita el expediente: </dt>
<dd>Distrito de Arganzuela.</dd>
<dt>c) Número de expediente: </dt>
<dd>300/2012/01026.</dd>
<dt>d) Dirección de Internet del perfil del contratante: </dt>
<dd>www.madrid.es.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>2. Objeto del contrato: </dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) Tipo: </dt>
<dd>Servicios.</dd>
<dt>b) Descripción: </dt>
<dd>Gestión integral de los servicios complementarios de los edificios adscritos al Distrito de Arganzuela.</dd>
<dt>d) CPV (Referencia de Nomenclatura): </dt>
<dd>90910000-6; 50700000-2; 50610000-4; 50750000-7.</dd>
<dt>g) Medio de publicación del anuncio de licitación: </dt>
<dd>Boletín Oficial del Estado.</dd>
<dt>h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: </dt>
<dd>3 de octubre de 2012.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>3. Tramitación y procedimiento:</dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) Tramitación: </dt>
<dd>Ordinaria.</dd>
<dt>b) Procedimiento: </dt>
<dd>Abierto.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>4. Valor estimado del contrato:</dt>
<dd>8.273.083,36.</dd>
<dt>5. Presupuesto base de licitación.</dt>
<dd> Importe neto: 4.136.541,68 euros. Importe total: 5.003.930,40 euros. </dd>
<dt>6. Formalización del contrato:</dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) Fecha de adjudicación: </dt>
<dd>29 de noviembre de 2012.</dd>
<dt>b) Fecha de formalización del contrato: </dt>
<dd>26 de diciembre de 2012.</dd>
<dt>c) Contratista: </dt>
<dd>U.T.E Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. Conurma Ingenieros Consultores, S.L.</dd>
<dt>d) Importe o canon de adjudicación: </dt>
<dd> Importe neto: 3.582.689,55 euros. Importe total: 4.333.934,92 euros. </dd>
<dt>e) Ventajas de la oferta adjudicataria: </dt>
<dd>Oferta económica con el mayor porcentaje de baja sobre el presupuesto base de licitación.</dd>
</dl>
</dd>
</dl>
<p class='parrafo_2'>Madrid, 27 de diciembre de 2012.- El Gerente del Distrito de Arganzuela, D. José Fernández Bonet.</p>
</texto>
</documento>
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Sat Jan 05 11:14:11 +0000 2013
|
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo:
Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Distrito de Arganzuela.
c) Número de expediente:
300/2012/01026.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante:
www.madrid.es.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo:
Servicios.
b) Descripción:
Gestión integral de los servicios complementarios de los edificios adscritos al Distrito de Arganzuela.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura):
90910000-6; 50700000-2; 50610000-4; 50750000-7.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación:
Boletín Oficial del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación:
3 de octubre de 2012.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación:
Ordinaria.
b) Procedimiento:
Abierto.
4. Valor estimado del contrato:
8.273.083,36.
5. Presupuesto base de licitación.
Importe neto: 4.136.541,68 euros. Importe total: 5.003.930,40 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación:
29 de noviembre de 2012.
b) Fecha de formalización del contrato:
26 de diciembre de 2012.
c) Contratista:
U.T.E Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. Conurma Ingenieros Consultores, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación:
Importe neto: 3.582.689,55 euros. Importe total: 4.333.934,92 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria:
Oferta económica con el mayor porcentaje de baja sobre el presupuesto base de licitación.
Madrid, 27 de diciembre de 2012.- El Gerente del Distrito de Arganzuela, D. José Fernández Bonet.
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El mantenimiento de los edificios municipales de Arganzuela cuesta más de 4 millones. Para FCC y Conurma. #BOE
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[] |
CONTRATOS_LICITACIONES
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Administración Local
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Contrato para FCC y Conurma por el servicio de mantenimiento de los edificios municipales de Arganzuela con importe total de 4.333.934,92 euros.
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[] | 3,301
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2013-12-27
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BOE-A-2015-10600
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Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil. Objeto: Adquisición de seis (6) embarcaciones semirrígidas, a ubicar en Ceuta, Algeciras, Málaga, Almería, Cartagena y Alicante respectivamente, con la misión de vigilar y controlar el mar territorial sur de España en lo relativo a la inmigración irregular. Expediente: D/0113/A/13/6.
|
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<documento fecha_actualizacion='20200821122601'>
<metadatos>
<identificador>BOE-B-2013-48980</identificador>
<titulo>Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil. Objeto: Adquisición de seis (6) embarcaciones semirrígidas, a ubicar en Ceuta, Algeciras, Málaga, Almería, Cartagena y Alicante respectivamente, con la misión de vigilar y controlar el mar territorial sur de España en lo relativo a la inmigración irregular. Expediente: D/0113/A/13/6.</titulo>
<diario codigo='BOE'>Boletín Oficial del Estado</diario>
<diario_numero>310</diario_numero>
<seccion>5</seccion>
<subseccion>A</subseccion>
<departamento codigo='7320'>Ministerio del Interior</departamento>
<numero_anuncio>A130071334</numero_anuncio>
<fecha_publicacion>20131227</fecha_publicacion>
<letra_imagen>B</letra_imagen>
<pagina_inicial>65415</pagina_inicial>
<pagina_final>65416</pagina_final>
<suplemento_letra_imagen></suplemento_letra_imagen>
<suplemento_pagina_inicial></suplemento_pagina_inicial>
<suplemento_pagina_final></suplemento_pagina_final>
<url_pdf>/boe/dias/2013/12/27/pdfs/BOE-B-2013-48980.pdf</url_pdf>
</metadatos>
<analisis>
<modalidad codigo='L'>Licitación</modalidad>
<tipo codigo='1'>Suministros</tipo>
<tramitacion codigo='1'>Ordinaria</tramitacion>
<procedimiento codigo='1'>Abierto</procedimiento>
<fecha_presentacion_ofertas>Hasta las 11:00 horas del 26 de febrero de 2014</fecha_presentacion_ofertas>
<fecha_apertura_ofertas>11 de marzo de 2014</fecha_apertura_ofertas>
<precio codigo=''></precio>
<importe>636.636,00</importe>
<ambito_geografico>Comunidad Valenciana
Andalucía
Región de Murcia
Ciudad de Ceuta</ambito_geografico>
<materias></materias>
<materias_cpv>34000000 Equipos de transporte y productos auxiliares
35000000 Equipo de seguridad, extinción de incendios, policía y defensa</materias_cpv>
<observaciones>Se corrige plazo/apertura, por anuncio publicado el 30 de enero de 2014 BOE-B-2014-3169</observaciones>
</analisis>
<texto>
<dl>
<dt>1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:</dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) Organismo: </dt>
<dd>Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil.</dd>
<dt>b) Dependencia que tramita el expediente: </dt>
<dd>Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil.</dd>
<dt>c) Obtención de documentación e información:</dt>
<dd>
<dl>
<dt>1) Dependencia: </dt>
<dd>www.contrataciondelestado.es.</dd>
<dt>2) Domicilio: </dt>
<dd>Guzmán el Bueno, 110.</dd>
<dt>3) Localidad y código postal: </dt>
<dd>Madrid 28003 (España).</dd>
<dt>7) Dirección de Internet del perfil del contratante: </dt>
<dd>http://contrataciondelestado.es.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>d) Número de expediente: </dt>
<dd>D/0113/A/13/6.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>2. Objeto del contrato: </dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) Tipo: </dt>
<dd>Suministros.</dd>
<dt>b) Descripción: </dt>
<dd>Adquisición de seis (6) embarcaciones semirrígidas, a ubicar en Ceuta, Algeciras, Málaga, Almería, Cartagena y Alicante, respectivamente, con la misión de vigilar y controlar el mar territorial sur de España en lo relativo a la inmigración irregular.</dd>
<dt>i) CPV (Referencia de Nomenclatura): </dt>
<dd>35120000 (Sistemas y dispositivos de vigilancia y seguridad).</dd>
</dl>
</dd>
<dt>3. Tramitación y procedimiento:</dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) Tramitación: </dt>
<dd>Ordinaria.</dd>
<dt>b) Procedimiento: </dt>
<dd>Abierto.</dd>
<dt>d) Criterios de adjudicación: </dt>
<dd>Ver punto 12 del cuadro de características del pliego de cláusulas administrativas particulares.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>4. Valor estimado del contrato:</dt>
<dd>534.240,00 euros.</dd>
<dt>5. Presupuesto base de licitación: </dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) </dt>
<dd> Importe neto: 534.240,00 euros. Importe total: 636.636,00 euros. </dd>
</dl>
</dd>
<dt>6. Garantías exigidas. </dt>
<dd> Definitiva (%): 5.</dd>
<dt>7. Requisitos específicos del contratista: </dt>
<dd>
<dl>
<dt>b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: </dt>
<dd>Ver punto 7 del cuadro de características del pliego de cláusulas administrativas particulares.</dd>
<dt>c) Otros requisitos específicos: </dt>
<dd>Capacidad de obrar; no prohibición para contratar; no estar incurso en incompatibilidades.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: </dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) Fecha límite de presentación: </dt>
<dd>hasta las 11:00 horas del 29 de enero de 2014.</dd>
<dt>b) Modalidad de presentación: </dt>
<dd>Manual.</dd>
<dt>c) Lugar de presentación:</dt>
<dd>
<dl>
<dt>1) Dependencia: </dt>
<dd>Mesa de Contratación de la Guardia Civil.</dd>
<dt>2) Domicilio: </dt>
<dd>Guzmán el Bueno, 110.</dd>
<dt>3) Localidad y código postal: </dt>
<dd>Madrid 28003 (España).</dd>
</dl>
</dd>
<dt>e) Admisión de variantes: </dt>
<dd>No.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>9. Apertura de Ofertas:</dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) Descripción: </dt>
<dd>Apertura sobre oferta económica.</dd>
<dt>b) Dirección: </dt>
<dd>Guzmán el Bueno, 110 (Sala de Juntas de la Subdirección General de Apoyo. Dirección General de la Guardia Civil).</dd>
<dt>c) Localidad y código postal: </dt>
<dd>Madrid 28003 (España).</dd>
<dt>d) Fecha y hora: </dt>
<dd>11 de febrero de 2014, a las 10:00.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>10. Gastos de publicidad: </dt>
<dd>2.000,00 euros.</dd>
<dt>11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea': </dt>
<dd>19 de diciembre de 2013.</dd>
</dl>
<p class='parrafo_2'>Madrid, 19 de diciembre de 2013.- Jefe de Asuntos Económicos de la Guardia Civil.</p>
</texto>
</documento>
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Fri Dec 27 09:55:42 +0000 2013
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1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo:
Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia:
www.contrataciondelestado.es.
2) Domicilio:
Guzmán el Bueno, 110.
3) Localidad y código postal:
Madrid 28003 (España).
7) Dirección de Internet del perfil del contratante:
http://contrataciondelestado.es.
d) Número de expediente:
D/0113/A/13/6.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo:
Suministros.
b) Descripción:
Adquisición de seis (6) embarcaciones semirrígidas, a ubicar en Ceuta, Algeciras, Málaga, Almería, Cartagena y Alicante, respectivamente, con la misión de vigilar y controlar el mar territorial sur de España en lo relativo a la inmigración irregular.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura):
35120000 (Sistemas y dispositivos de vigilancia y seguridad).
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación:
Ordinaria.
b) Procedimiento:
Abierto.
d) Criterios de adjudicación:
Ver punto 12 del cuadro de características del pliego de cláusulas administrativas particulares.
4. Valor estimado del contrato:
534.240,00 euros.
5. Presupuesto base de licitación:
a)
Importe neto: 534.240,00 euros. Importe total: 636.636,00 euros.
6. Garantías exigidas.
Definitiva (%): 5.
7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional:
Ver punto 7 del cuadro de características del pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Otros requisitos específicos:
Capacidad de obrar; no prohibición para contratar; no estar incurso en incompatibilidades.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación:
hasta las 11:00 horas del 29 de enero de 2014.
b) Modalidad de presentación:
Manual.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia:
Mesa de Contratación de la Guardia Civil.
2) Domicilio:
Guzmán el Bueno, 110.
3) Localidad y código postal:
Madrid 28003 (España).
e) Admisión de variantes:
No.
9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción:
Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección:
Guzmán el Bueno, 110 (Sala de Juntas de la Subdirección General de Apoyo. Dirección General de la Guardia Civil).
c) Localidad y código postal:
Madrid 28003 (España).
d) Fecha y hora:
11 de febrero de 2014, a las 10:00.
10. Gastos de publicidad:
2.000,00 euros.
11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea':
19 de diciembre de 2013.
Madrid, 19 de diciembre de 2013.- Jefe de Asuntos Económicos de la Guardia Civil.
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En el #BOE de hoy también se anuncia la compra de seis lanchas para evitar la llegada de inmigración por la costa
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NOMBRAMIENTOS_Y_CESES
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Ministerio del Interior
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Se anuncia la compra de seis lanchas para la Guardia Civil para evitar la llegada de inmigración por la costa por un importe total de 636.636,00 euros.
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[] | 3,302
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2015-10-02
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BOE-A-2016-10451
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Orden HAP/2012/2015, de 25 de septiembre, por la que se dispone el cese del Presidente del Consejo para la Defensa del Contribuyente.
|
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<documento fecha_actualizacion='20181023201512'>
<metadatos>
<identificador>BOE-A-2015-10600</identificador>
<titulo>Orden HAP/2012/2015, de 25 de septiembre, por la que se dispone el cese del Presidente del Consejo para la Defensa del Contribuyente.</titulo>
<diario codigo='BOE'>Boletín Oficial del Estado</diario>
<diario_numero>236</diario_numero>
<seccion>2</seccion>
<subseccion>A</subseccion>
<departamento codigo='9216'>Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas</departamento>
<rango codigo='1350'>Orden</rango>
<numero_oficial>HAP/2012/2015</numero_oficial>
<fecha_disposicion>20150925</fecha_disposicion>
<fecha_publicacion>20151002</fecha_publicacion>
<fecha_vigencia></fecha_vigencia>
<fecha_derogacion></fecha_derogacion>
<letra_imagen>A</letra_imagen>
<pagina_inicial>89676</pagina_inicial>
<pagina_final>89676</pagina_final>
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<estado_consolidacion codigo=''></estado_consolidacion>
<judicialmente_anulada>N</judicialmente_anulada>
<vigencia_agotada>N</vigencia_agotada>
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<analisis>
<notas></notas>
<materias></materias>
<alertas></alertas>
<referencias>
<anteriores></anteriores>
<posteriores></posteriores>
</referencias>
</analisis>
<texto>
<p class='parrafo'>Conforme dispone el artículo 5.2 del Real Decreto 1676/2009, de 13 de noviembre, por el que se regula el Consejo para la Defensa del Contribuyente, el Presidente de dicho Consejo será designado por el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, a propuesta del Consejo, de entre sus miembros por un plazo de cuatro años.</p>
<p class='parrafo'>Don Antonio Cayón Galiardo nombrado por Orden HAP/2889/2012, de 28 de diciembre, Presidente del Consejo, ha manifestado su deseo de cesar en el cargo.</p>
<p class='parrafo'>Por su virtud, dispongo cesar, a petición propia, como Presidente del Consejo para la Defensa del Contribuyente a don Antonio Cayón Galiardo, agradeciéndole los servicios prestados.</p>
<p class='parrafo_2'>Madrid, 25 de septiembre de 2015.–El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro Romero.</p>
</texto>
</documento>
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Fri Oct 02 08:38:05 +0000 2015
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Conforme dispone el artículo 5.2 del Real Decreto 1676/2009, de 13 de noviembre, por el que se regula el Consejo para la Defensa del Contribuyente, el Presidente de dicho Consejo será designado por el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, a propuesta del Consejo, de entre sus miembros por un plazo de cuatro años.
Don Antonio Cayón Galiardo nombrado por Orden HAP/2889/2012, de 28 de diciembre, Presidente del Consejo, ha manifestado su deseo de cesar en el cargo.
Por su virtud, dispongo cesar, a petición propia, como Presidente del Consejo para la Defensa del Contribuyente a don Antonio Cayón Galiardo, agradeciéndole los servicios prestados.
Madrid, 25 de septiembre de 2015.–El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro Romero.
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El presidente del Consejo para la Defensa del Contribuyente deja el cargo #BOE
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CONVOCATORIAS
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Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
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El presidente del Consejo para la Defensa del Contribuyente, Antonio Cayón Galiardo, deja el cargo a petición propia.
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[] | 3,303
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2016-11-11
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BOE-A-2021-11295
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Orden ECD/1773/2016, de 10 de noviembre, por la que se convoca y regula la concesión del Premio Nacional de Tauromaquia correspondiente al año 2016.
|
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<documento fecha_actualizacion='20181023201520'>
<metadatos>
<identificador>BOE-A-2016-10451</identificador>
<titulo>Orden ECD/1773/2016, de 10 de noviembre, por la que se convoca y regula la concesión del Premio Nacional de Tauromaquia correspondiente al año 2016.</titulo>
<diario codigo='BOE'>Boletín Oficial del Estado</diario>
<diario_numero>273</diario_numero>
<seccion>3</seccion>
<subseccion></subseccion>
<departamento codigo='4220'>Ministerio de Educación, Cultura y Deporte</departamento>
<rango codigo='1350'>Orden</rango>
<numero_oficial>ECD/1773/2016</numero_oficial>
<fecha_disposicion>20161110</fecha_disposicion>
<fecha_publicacion>20161111</fecha_publicacion>
<fecha_vigencia></fecha_vigencia>
<fecha_derogacion></fecha_derogacion>
<letra_imagen>A</letra_imagen>
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<suplemento_pagina_final></suplemento_pagina_final>
<estatus_legislativo></estatus_legislativo>
<origen_legislativo codigo='1'>Estatal</origen_legislativo>
<estado_consolidacion codigo=''></estado_consolidacion>
<judicialmente_anulada>N</judicialmente_anulada>
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<estatus_derogacion>N</estatus_derogacion>
<url_epub></url_epub>
<url_pdf>/boe/dias/2016/11/11/pdfs/BOE-A-2016-10451.pdf</url_pdf>
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<analisis>
<notas></notas>
<materias></materias>
<alertas></alertas>
<referencias>
<anteriores></anteriores>
<posteriores></posteriores>
</referencias>
</analisis>
<texto>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La Ley 18/2013, de 12 de noviembre, para la regulación de la Tauromaquia como patrimonio cultural, declara que esta forma parte del patrimonio cultural digno de protección en todo el territorio nacional, de acuerdo con la normativa aplicable y los tratados internacionales sobre la materia y que en su condición de patrimonio cultural, los poderes públicos garantizarán la conservación de la Tauromaquia y promoverán su enriquecimiento, de acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de la Constitución.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El Premio Nacional de Tauromaquia se creó mediante la Orden CUL/3009/2011, de 3 de noviembre, por la que se modifica la Orden de 22 de junio de 1995, por la que se regulan los Premios Nacionales del Ministerio de Cultura.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La citada orden establece que los Premios Nacionales serán objeto de convocatoria anual. Procede, por tanto, convocar el Premio Nacional de Tauromaquia correspondiente a 2016 y establecer la normativa que regula su concesión.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Los miembros del Jurado se designan a propuesta del Subsecretario de Educación, Cultura y Deporte, quien ostenta las competencias relativas al fomento y protección de la tauromaquia de acuerdo con lo previsto en el artículo 11.2.p) del Real Decreto 257/2012, de 27 de enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En su virtud, de conformidad con lo previsto en la letra a) del artículo 4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y con las Ordenes de 22 de junio de 1995, por la que se regulan los Premios Nacionales del Ministerio de Cultura, y CUL/3009/2011, de 3 de noviembre, por la que se modifica la anterior, este Ministro ha resuelto:</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Primero.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Convocar el Premio Nacional de Tauromaquia correspondiente a 2016.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Segundo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El Premio Nacional de Tauromaquia correspondiente a 2016 está destinado a reconocer la labor meritoria de una persona, entidad o institución durante la temporada española de 2016 en el ejercicio de las diferentes actividades y manifestaciones de la Tauromaquia a que se refiere el artículo 1 de la Ley 18/2013, de 12 de noviembre, para la regulación de la Tauromaquia como patrimonio cultural, propiciando con ello la difusión de los valores culturales de esta.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En casos excepcionales, debidamente motivados, también podrá otorgarse como reconocimiento a una trayectoria profesional.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Tercero.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. El Premio Nacional de Tauromaquia está dotado con 30.000,00 euros y su cuantía no podrá dividirse.</p>
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<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Cuarto.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Las propuestas de candidatura al Premio Nacional se efectuarán por los miembros del Jurado.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Asimismo, no más tarde del 15 de noviembre de 2016, los representantes de las entidades culturales y profesionales del sector taurino podrán remitir sus propuestas de candidatura al Gabinete Técnico de la Subsecretaría del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, calle Alcalá, 34, 28014 Madrid, acompañadas por una Memoria que acredite los méritos que se aducen para la concesión del Premio y, en su caso, por cualquier otra documentación complementaria que se estime oportuna para su valoración por el Jurado.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Las propuestas podrán remitirse directamente en formato electrónico a la dirección gt.subsecretaria@mecd.es, o presentarse por escrito en el Registro del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, calle Los Madrazo, 15, 28014 Madrid, o en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En este último caso se remitirá de forma simultánea un correo a la dirección gt.subsecretaria@mecd.es anunciando la presentación de la propuesta.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. El Jurado deliberará sobre todas las propuestas formuladas por sus miembros y las remitidas en la forma prevista en el apartado anterior por representantes de las entidades culturales y profesionales del sector taurino analizando los méritos aducidos y aportados.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Quinto.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. El fallo del premio se llevará a cabo por un Jurado, cuya composición será la siguiente:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Presidente: El Subsecretario de Educación, Cultura y Deporte.</p>
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<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Un representante del mundo de las artes y la cultura: Don Javier López-Galiacho Perona.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En representación de los profesionales taurinos: Don Juan Diego Vicente Hernández, presidente de la Unión de Toreros y don Fernando Galindo González, Secretario General de la Unión de Picadores y Banderilleros Españoles.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Un representante del mundo académico, doctor o catedrático, entre cuyo objeto de trabajo o investigación se haya encontrado la tauromaquia en sus diferentes facetas: Doña Beatriz Badorrey Martín.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Un representante con experiencia acreditada en la explotación pública o privada de plaza de toros de primera categoría: Don Ignacio Lloret Carmona.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Un representante del mundo ganadero taurino de acreditada experiencia: Doña María del Mar Mayoral Figueroa.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Un representante del periodismo o la crítica taurina de acreditada experiencia: Don Antonio Lorca López.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Un representante de reconocido prestigio de las asociaciones de aficionados o abonados taurinos: Don Pío García-Escudero Márquez.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En representación de asociaciones destinadas a la proyección y protección cultural exterior de la tauromaquia: Don Williams Cárdenas Rubio y doña Muriel Feiner.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Un representante de una de las comunidades autónomas con amplia actividad taurina: Don Demetrio Pérez Carretero, director general de Interior, Emergencias y Protección Civil, de la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Un representante de la entidad premiada en la anterior convocatoria: Don José Luis Bote Romo.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Secretario: Don Guillermo Manteca González, vocal asesor del Gabinete Técnico de la Subsecretaría de Educación, Cultura y Deporte, que actuará con voz pero sin voto.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. La condición de miembro del Jurado tiene carácter personal, no siendo posible su delegación. El voto podrá ser ejercido únicamente por los miembros asistentes, tanto en la reunión del mismo como, cuando exista causa justificada, por escrito enviado al Presidente en el que deberá razonarse la propuesta.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. En todo aquello no previsto anteriormente, el Jurado ajustará su actuación a lo dispuesto en la Sección 3.ª del Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. Los miembros del Jurado tendrán derecho a percibir las cantidades correspondientes a los gastos de locomoción y alojamiento que se deriven de la asistencia a las reuniones, cuando procedan de fuera de Madrid.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Sexto.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Antes del 25 de noviembre de 2016 el Subsecretario elevará el fallo del Jurado al Ministro de Educación, Cultura y Deporte quien, a la vista de la propuesta, resolverá a través de la correspondiente Orden de concesión del Premio, que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado».</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Séptimo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Contra esta Orden cabe interponer recurso potestativo de reposición de acuerdo con lo previsto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, o ser impugnada directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo de acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Octavo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Madrid, 10 de noviembre de 2016.–El Ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo y Montojo.</p>
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Fri Nov 11 06:47:47 +0000 2016
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La Ley 18/2013, de 12 de noviembre, para la regulación de la Tauromaquia como patrimonio cultural, declara que esta forma parte del patrimonio cultural digno de protección en todo el territorio nacional, de acuerdo con la normativa aplicable y los tratados internacionales sobre la materia y que en su condición de patrimonio cultural, los poderes públicos garantizarán la conservación de la Tauromaquia y promoverán su enriquecimiento, de acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de la Constitución.
El Premio Nacional de Tauromaquia se creó mediante la Orden CUL/3009/2011, de 3 de noviembre, por la que se modifica la Orden de 22 de junio de 1995, por la que se regulan los Premios Nacionales del Ministerio de Cultura.
La citada orden establece que los Premios Nacionales serán objeto de convocatoria anual. Procede, por tanto, convocar el Premio Nacional de Tauromaquia correspondiente a 2016 y establecer la normativa que regula su concesión.
Los miembros del Jurado se designan a propuesta del Subsecretario de Educación, Cultura y Deporte, quien ostenta las competencias relativas al fomento y protección de la tauromaquia de acuerdo con lo previsto en el artículo 11.2.p) del Real Decreto 257/2012, de 27 de enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
En su virtud, de conformidad con lo previsto en la letra a) del artículo 4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y con las Ordenes de 22 de junio de 1995, por la que se regulan los Premios Nacionales del Ministerio de Cultura, y CUL/3009/2011, de 3 de noviembre, por la que se modifica la anterior, este Ministro ha resuelto:
Primero.
Convocar el Premio Nacional de Tauromaquia correspondiente a 2016.
Segundo.
El Premio Nacional de Tauromaquia correspondiente a 2016 está destinado a reconocer la labor meritoria de una persona, entidad o institución durante la temporada española de 2016 en el ejercicio de las diferentes actividades y manifestaciones de la Tauromaquia a que se refiere el artículo 1 de la Ley 18/2013, de 12 de noviembre, para la regulación de la Tauromaquia como patrimonio cultural, propiciando con ello la difusión de los valores culturales de esta.
En casos excepcionales, debidamente motivados, también podrá otorgarse como reconocimiento a una trayectoria profesional.
Tercero.
1. El Premio Nacional de Tauromaquia está dotado con 30.000,00 euros y su cuantía no podrá dividirse.
2. El importe del Premio se satisfará con cargo a la aplicación presupuestaria 18 01 334A 489.01 «Premio Nacional de Tauromaquia» del presupuesto del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para 2016, aprobado por la Ley 48/2015, de 29 de octubre.
Cuarto.
1. Las propuestas de candidatura al Premio Nacional se efectuarán por los miembros del Jurado.
2. Asimismo, no más tarde del 15 de noviembre de 2016, los representantes de las entidades culturales y profesionales del sector taurino podrán remitir sus propuestas de candidatura al Gabinete Técnico de la Subsecretaría del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, calle Alcalá, 34, 28014 Madrid, acompañadas por una Memoria que acredite los méritos que se aducen para la concesión del Premio y, en su caso, por cualquier otra documentación complementaria que se estime oportuna para su valoración por el Jurado.
Las propuestas podrán remitirse directamente en formato electrónico a la dirección gt.subsecretaria@mecd.es, o presentarse por escrito en el Registro del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, calle Los Madrazo, 15, 28014 Madrid, o en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En este último caso se remitirá de forma simultánea un correo a la dirección gt.subsecretaria@mecd.es anunciando la presentación de la propuesta.
3. El Jurado deliberará sobre todas las propuestas formuladas por sus miembros y las remitidas en la forma prevista en el apartado anterior por representantes de las entidades culturales y profesionales del sector taurino analizando los méritos aducidos y aportados.
Quinto.
1. El fallo del premio se llevará a cabo por un Jurado, cuya composición será la siguiente:
Presidente: El Subsecretario de Educación, Cultura y Deporte.
Vocales:
Un representante del mundo de las artes y la cultura: Don Javier López-Galiacho Perona.
En representación de los profesionales taurinos: Don Juan Diego Vicente Hernández, presidente de la Unión de Toreros y don Fernando Galindo González, Secretario General de la Unión de Picadores y Banderilleros Españoles.
Un representante del mundo académico, doctor o catedrático, entre cuyo objeto de trabajo o investigación se haya encontrado la tauromaquia en sus diferentes facetas: Doña Beatriz Badorrey Martín.
Un representante con experiencia acreditada en la explotación pública o privada de plaza de toros de primera categoría: Don Ignacio Lloret Carmona.
Un representante del mundo ganadero taurino de acreditada experiencia: Doña María del Mar Mayoral Figueroa.
Un representante del periodismo o la crítica taurina de acreditada experiencia: Don Antonio Lorca López.
Un representante de reconocido prestigio de las asociaciones de aficionados o abonados taurinos: Don Pío García-Escudero Márquez.
En representación de asociaciones destinadas a la proyección y protección cultural exterior de la tauromaquia: Don Williams Cárdenas Rubio y doña Muriel Feiner.
Un representante de una de las comunidades autónomas con amplia actividad taurina: Don Demetrio Pérez Carretero, director general de Interior, Emergencias y Protección Civil, de la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía.
Un representante de la entidad premiada en la anterior convocatoria: Don José Luis Bote Romo.
Secretario: Don Guillermo Manteca González, vocal asesor del Gabinete Técnico de la Subsecretaría de Educación, Cultura y Deporte, que actuará con voz pero sin voto.
2. La condición de miembro del Jurado tiene carácter personal, no siendo posible su delegación. El voto podrá ser ejercido únicamente por los miembros asistentes, tanto en la reunión del mismo como, cuando exista causa justificada, por escrito enviado al Presidente en el que deberá razonarse la propuesta.
3. En todo aquello no previsto anteriormente, el Jurado ajustará su actuación a lo dispuesto en la Sección 3.ª del Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
4. Los miembros del Jurado tendrán derecho a percibir las cantidades correspondientes a los gastos de locomoción y alojamiento que se deriven de la asistencia a las reuniones, cuando procedan de fuera de Madrid.
Sexto.
Antes del 25 de noviembre de 2016 el Subsecretario elevará el fallo del Jurado al Ministro de Educación, Cultura y Deporte quien, a la vista de la propuesta, resolverá a través de la correspondiente Orden de concesión del Premio, que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado».
Séptimo.
Contra esta Orden cabe interponer recurso potestativo de reposición de acuerdo con lo previsto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, o ser impugnada directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo de acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Octavo.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 10 de noviembre de 2016.–El Ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo y Montojo.
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De nuevo, 30.000€ al Premio Nacional de Tauromaquia. En el jurado repiten algunos, como Pío García-Escudero #BOE
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[] |
TRIBUNAL_CONSTITUCIONAL
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Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
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30.000 euros al Premio Nacional de Tauromaquia.
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[] | 3,304
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2021-07-07
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BOE-A-2014-6823
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Sala Segunda. Sentencia 113/2021, de 31 de mayo de 2021. Recurso de amparo 3533-2018. Promovido por doña M.S.C. respecto el auto de los autos dictados por la Audiencia Provincial de Madrid y un juzgado de primera instancia e instrucción de Getafe en procedimiento de ejecución de títulos judiciales. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (motivación): resoluciones judiciales que ordenan el desalojo de la vivienda sin observar el deber de motivación reforzada al no ponderar la afectación a los menores y personas con discapacidad. Voto particular.
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<documento fecha_actualizacion='20211007185601'>
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<identificador>BOE-A-2021-11295</identificador>
<titulo>Sala Segunda. Sentencia 113/2021, de 31 de mayo de 2021. Recurso de amparo 3533-2018. Promovido por doña M.S.C. respecto el auto de los autos dictados por la Audiencia Provincial de Madrid y un juzgado de primera instancia e instrucción de Getafe en procedimiento de ejecución de títulos judiciales. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (motivación): resoluciones judiciales que ordenan el desalojo de la vivienda sin observar el deber de motivación reforzada al no ponderar la afectación a los menores y personas con discapacidad. Voto particular.</titulo>
<diario codigo='BOE'>Boletín Oficial del Estado</diario>
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<p class='parrafo'>ECLI:ES:TC:2021:113</p>
<p class='parrafo_2'>La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por la magistrada doña Encarnación Roca Trías, presidenta, y los magistrados don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez y don Ricardo Enríquez Sancho, ha pronunciado</p>
<p class='centro_redonda'>EN NOMBRE DEL REY</p>
<p class='parrafo_2'>la siguiente</p>
<p class='centro_redonda'>SENTENCIA</p>
<p class='parrafo_2'>En el recurso de amparo núm. 3533-2018, promovido por doña M.S.C. contra el auto de la Sección Vigesimoprimera de la Audiencia Provincial de Madrid de 16 de mayo de 2018 por el que se desestima el recurso de apelación núm. 560-2017 interpuesto contra el auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 2 de Getafe, núm. 118/2017, de 1 de junio de 2017, pronunciado en el procedimiento de ejecución de títulos judiciales núm. 33-2017. Ha comparecido la entidad Gescat Vivendes en Comercialització, S.L.U. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido ponente el magistrado don Juan Antonio Xiol Ríos.</p>
<p class='centro_negrita'>I. Antecedentes</p>
<p class='parrafo_2'>1. Doña M.S.C., representada por el procurador de los tribunales don Silvino González Moreno y bajo la dirección del letrado don Víctor Manuel Rodríguez Villares, interpuso recurso de amparo contra las resoluciones judiciales mencionadas en el encabezamiento de esta sentencia, mediante escrito registrado el 21 de junio de 2018.</p>
<p class='parrafo_2'>2. El recurso tiene su origen en los siguientes antecedentes:</p>
<p class='parrafo_2'>a) La entidad Gestcat Viviendes en Comercialització, S.L.U., formuló demanda de ejecución de la sentencia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 2 de Getafe de 23 de febrero de 2017, en la que se había declarado la obligación de que la ahora recurrente de amparo desalojara la vivienda que ocupaba junto a sus hijos menores de edad, dando lugar al procedimiento de ejecución de títulos judiciales núm. 33-2017 a tramitar por ese mismo juzgado.</p>
<p class='parrafo'>Por auto de 20 de abril de 2017 se acordó despachar la ejecución, otorgando a la demandante de amparo el plazo de un mes para desalojar la vivienda si no formulaba oposición.</p>
<p class='parrafo'>b) La demandante de amparo, mediante escrito de 5 de mayo de 2017, formuló oposición, con invocación de los arts. 9.3, 10.1 y 2, 39 y 47 CE, y solicitó, además, la prórroga del plazo para el desalojo hasta que por los servicios sociales se les concediera una solución habitacional y escolar, por, al menos, un plazo mínimo de seis meses hasta que concluyera el curso escolar, debido a las circunstancias económicas y familiares de absoluta precariedad que atravesaba y las de sus tres hijos menores de edad, uno de ellos nacido el 12 de febrero de 2017, que padece un grado de discapacidad física del 65 por 100. Adjuntaba un informe médico y otro de los servicios sociales, relativos a la salud de este menor y a la situación económica del núcleo familiar. Igualmente, solicitó que se practicara prueba ampliatoria de estas circunstancias.</p>
<p class='parrafo'>La oposición fue íntegramente desestimada, acordándose proseguir con la ejecución, por auto de 1 de junio de 2017, con fundamento en que los motivos de oposición a la ejecución de un título judicial son únicamente los establecidos en el art. 556 de la Ley de enjuiciamiento civil (LEC), ninguno de los cuales eran esgrimidos en este caso. Respecto de la prórroga del plazo para el desalojo se deniega con el argumento de que «no se haya prevista en la ley, lo que determina que no pueda ser aprobada más cuando en el auto despachando ejecución ya se concedía a la ejecutada el plazo de un mes para llevar a efecto el desalojo de la vivienda».</p>
<p class='parrafo'>c) La demandante de amparo interpuso recurso de apelación, que fue tramitado con el núm. 560-2017 por la Sección Vigesimoprimera de la Audiencia Provincial de Madrid, reiterando las mismas invocaciones constitucionales, y solicitando, de nuevo, una prórroga para el desalojo en tanto no se le concediere a ella y a sus hijos menores una solución habitacional con práctica de prueba sobre dichos extremos.</p>
<p class='parrafo'>La petición de prueba fue denegada por auto de 18 de septiembre de 2017, por entender que no concurría ninguno de los supuestos del art. 460.2.1 LEC. La demandante de amparo no interpuso recurso de reposición contra dicha decisión.</p>
<p class='parrafo'>El recurso de apelación fue desestimado por auto de 16 de mayo de 2018, argumentando que «examinada la resolución de instancia se aprecia que en la misma se han valorado las circunstancias existentes con ponderación, sin que se aprecie ningún razonamiento ilógico ni arbitrario»; a lo que se añade que «el supuesto examinado afecta a una ejecución basada en resolución judicial, por lo que los motivos de oposición a la misma son únicamente los regulados en el art. 556 LEC, que no en los del art. 557 LEC. Y es lo cierto que el primero de dichos preceptos tan solo admite, como medios de defensa de la postura del demandado, el pago o cumplimiento de la obligación, que habrá de justificarse documentalmente –amén de la caducidad de la acción ejecutiva–, y los pactos o transacciones que se hubieren convenido para evitar la ejecución, siempre que los mismos consten en documento público». También se afirma que «se trata de una enumeración tasada y ajustada al ámbito en que se permite dicha oposición, que no es otro que el de la ejecución de un título que tiene por sí mismo virtualidad suficiente para que la misma sea exigida y llevada a cabo. No cabe, por ello, el planteamiento de cuestiones que, siendo diferentes a las legalmente previstas de forma expresa y tasada en la legislación procesal, no deben ni siquiera ser objeto de examen por el órgano judicial, por la simple razón de que son marginales al procedimiento en que se formulan».</p>
<p class='parrafo_2'>3. La demandante de amparo solicita la nulidad de las resoluciones judiciales impugnadas invocando múltiples derechos fundamentales, pero que, en esencia, se reconducen a la vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en relación con los arts. 10 (respeto a la dignidad humana), 39 (protección a la familia y los menores) y 49 CE (protección a las personas con discapacidad), con el argumento de que las resoluciones judiciales no han dado respuesta a la causa de oposición alegada y a la solicitud de prórroga del inicial plazo de desalojo de la vivienda de un mes por motivos que afectaban a la situación familiar, incluyendo la presencia de tres hijos menores uno de los cuales tenía una discapacidad física diagnosticada del 65 por 100, que hubiera exigido no solo la admisión de prueba propuesta para acreditar ese extremo sino, además, una respuesta judicial que diera el debido cumplimiento al deber de motivación reforzada por afectación a derechos fundamentales sustantivos como es el superior interés del menor y la circunstancia de que estaban concernidos los derechos de un menor con discapacidad. Sostiene, igualmente, que el desinterés mostrado por el órgano judicial a sus peticiones pone de manifiesto su falta de parcialidad, lo que también vulnera el derecho a la imparcialidad judicial. Por ello, solicita la retroacción de actuaciones para que haya un pronunciamiento respetuoso con este derecho fundamental.</p>
<p class='parrafo_2'>4. La Sección Tercera de este tribunal, por providencia de 11 de julio de 2018, acordó la admisión a trámite del recurso, apreciando que concurre en el mismo una especial trascendencia constitucional [art. 50.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC)] como consecuencia de que plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina de este tribunal [STC 155/2009, FJ 2 a)]; dirigir atenta comunicación a los órganos judiciales para la remisión de copia testimoniada de las actuaciones y el emplazamiento de quienes hubieran sido parte en el procedimiento para que pudiesen comparecen en el plazo de diez días en el recurso de amparo; y la suspensión cautelar de la resolución impugnada, que fue confirmada por ATC 92/2018, de 17 de septiembre de 2018.</p>
<p class='parrafo'>Igualmente, por ATC 91/2018, de 17 de septiembre, se acordó excepcionar en este procedimiento la exigencia constitucional de publicidad de sus resoluciones en lo relativo a los datos de identidad de la demandante de amparo sustituyendo sus datos de identificación por las iniciales correspondientes.</p>
<p class='parrafo_2'>5. La Secretaría de Justicia de la Sala Segunda de este tribunal, por diligencia de ordenación de 30 de octubre de 2018, acordó tener por personada y parte en el procedimiento a la procuradora de los tribunales doña Ana Vázquez Pastor, en nombre y representación de la entidad Gescat Vivendes en Comercialització, S.L.U.; y dar vista de las actuaciones al Ministerio Fiscal y a las partes personadas por plazo común de veinte días para presentar las alegaciones que estimasen pertinentes.</p>
<p class='parrafo_2'>6. El Ministerio Fiscal, por escrito registrado el 10 de diciembre de 2018, formuló alegaciones interesando la denegación del amparo, argumentando que la prevalencia del interés del menor, que deben garantizar todos los poderes públicos, no tiene cabida en un procedimiento de ejecución, pues no puede suponer que el órgano judicial resuelva siempre a favor del menor, «sino que se tratará de un instrumento para ponderar los intereses en conflicto y resolver con arreglo a derecho».</p>
<p class='parrafo'>Insiste en que el objeto de este procedimiento es la ejecución de una sentencia, cuyo objeto de conocimiento es limitado, en el que no es posible revisar lo acordado en el procedimiento declarativo del que trae causa, siendo tasadas las causas de oposición (art. 556 LEC). Para el fiscal los órganos judiciales no han sido irrazonables al denegar la prórroga para el desalojo, ya que tan solo han aplicado la previsión legal que no contempla tal posibilidad. En consecuencia, no cabe hablar de vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), por no haberse motivado las resoluciones reforzadamente ante la presencia de un interés superior del menor. Entiende que no es «pertinente ni necesario este criterio para resolver la cuestión que se les sometía a los órganos judiciales», como tampoco las resoluciones judiciales impugnadas han sido irrazonables, arbitrarias, ni han incurrido en error patente.</p>
<p class='parrafo'>En segundo lugar, por lo que atañe a la existencia de una posible incongruencia omisiva, el Ministerio Fiscal considera que, aunque pudiera afirmarse de las resoluciones judiciales impugnadas que son parcas y que podrían haber sido más detalladas en sus respuestas, lo cierto es que están suficientemente motivadas, siendo además claras y comprensibles para sus destinatarios.</p>
<p class='parrafo'>Respecto a las denuncias relativas al derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE), el fiscal entiende que se basan en un supuesto desinterés de los órganos judiciales –a los que la recurrente tacha de parciales– por no haber tenido en consideración las normas e instrumentos internacionales de reconocimiento y protección de los derechos del niño. Sobre este particular sostiene que la decisión del juez de aplicar las normas que considera pertinentes podrá ser o no acertada, pero no afecta a su imparcialidad, por lo que la denuncia debe ser desestimada.</p>
<p class='parrafo'>Por último y en cuanto a la denegación de la práctica de determinados medios de prueba, observa la falta de agotamiento de la vía judicial previa al recurso de amparo [art. 44.1 a) LOTC], en cuanto la recurrente no interpuso el pertinente recurso de reposición, del que se le instruía a pie de la resolución denegatoria.</p>
<p class='parrafo'>A modo de conclusión, el Ministerio Fiscal advierte que la ejecución y consiguiente desalojo de las viviendas puede llevar aparejada «situaciones de gran dramatismo, objetivamente consideradas, sobre todo cuando, como ocurre en el caso concreto, existen personas especialmente desvalidas». A su juicio, España ha tomado una serie de medidas especiales de protección de los más desfavorecidos como lo es la posibilidad de suspender temporalmente el desalojo de la vivienda, cuando concurren una serie de requisitos de necesidad. Ahora bien, en el presente caso, no es posible aplicar esta normativa excepcional, pensada para las ejecuciones hipotecarias, como tampoco pretender que la alegación de «normas nacionales e internacionales, que solo regulan directrices para los poderes públicos, sirvan de base para establecer una obligación para un ciudadano, en este caso la sociedad ejecutante, para solventar un problema de marcado carácter social, que debe ser objeto de atención precisamente por los servicios sociales, sin que pueda imponerse, sin sustento legal, a un particular la obligación de sustituir esa inactividad de los servicios asistenciales». En definitiva, para el fiscal, «ni los órganos judiciales concernidos, ni ahora el Tribunal Constitucional, tiene entre sus instrumentos la posibilidad de crear, o mejor de generalizar, un estatus de protección previsto para unos supuestos, a aquellos otros que por similitud se les aproximen».</p>
<p class='parrafo_2'>7. La parte comparecida no ha presentado alegaciones.</p>
<p class='parrafo_2'>8. La demandante de amparo no ha presentado alegaciones.</p>
<p class='parrafo_2'>9. Por providencia de 27 de mayo de 2021 se señaló para votación y fallo del presente recurso el día 31 del mismo mes y año.</p>
<p class='centro_negrita'>II. Fundamentos jurídicos</p>
<p class='parrafo_2'>1. Objeto del recurso.</p>
<p class='parrafo_2'>El objeto principal de este recurso es determinar si las resoluciones impugnadas han vulnerado el derecho de la demandante a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) por no haber dado una respuesta a la causa de oposición alegada y a la solicitud de prórroga del plazo inicial de desalojo de la vivienda de un mes y no haber dado cumplimiento al deber de motivación reforzado exigido por la invocación de la afectación de dichas decisiones al derecho a la protección familiar y de los menores (art. 39 CE) y de las personas con discapacidad (art. 49 CE), derivado de su situación familiar, incluyendo la presencia de tres hijos menores, uno de los cuales tenía una discapacidad física diagnosticada del 65 por 100.</p>
<p class='parrafo'>La determinación del objeto de este recurso implica que en el análisis de constitucionalidad de las resoluciones impugnadas se diferencie entre las respuestas aportadas a los dos pedimentos incluidos en el escrito de oposición: (i) La alegación como causa de oposición a la ejecución de la afectación que implicaba dicha ejecución de la precaria situación familiar incluyendo el hecho de los menores de edad y la situación de incapacidad de uno de ellos. (ii) La solicitud de que se prorrogara el inicial plazo de un mes concedido en el auto despachando la ejecución para el desalojo de la vivienda hasta que por los servicios sociales se les concediera una solución habitacional y escolar, por, al menos, un plazo mínimo de seis meses hasta que concluyera el curso escolar, debido a las circunstancias económicas y familiares de absoluta precariedad que atravesaba y las de sus tres hijos menores de edad, uno de ellos recién nacido que tenía un grado de discapacidad física del 65 por 100.</p>
<p class='parrafo_2'>2. La jurisprudencia constitucional sobre el deber de motivación de las resoluciones judiciales (art. 24.1 CE) y el mandato constitucional de protección de la familia, de los menores (art. 39 CE) y de las personas con discapacidad (art. 49 CE).</p>
<p class='parrafo_2'>a) La jurisprudencia constitucional ha establecido que el derecho a la tutela judicial efectiva comprende el derecho a obtener de los órganos judiciales una resolución motivada, fundada en Derecho y congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes. Esta obligación, aparte de venir impuesta en el art. 120.3 CE, es una exigencia derivada del art. 24.1 CE con el fin de que se puedan conocer las razones de la decisión posibilitando su control mediante el sistema de los recursos y como garantía frente a la arbitrariedad e irrazonabilidad. Esto implica que la resolución ha de contener los elementos y razones de juicio que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos que fundamentan la decisión y que la motivación esté fundada en Derecho, lo que determina que no baste una mera declaración de voluntad en un sentido u otro, sino que debe ser consecuencia de una exégesis racional del ordenamiento y no fruto de la arbitrariedad o de un error patente (así, por ejemplo, STC 24/2021, de 15 de febrero, FJ 2).</p>
<p class='parrafo'>La jurisprudencia constitucional también tiene declarado que esta obligación de motivación:</p>
<p class='parrafo_2'>(i) No exige una respuesta sobre el fondo de la pretensión deducida siempre que concurra una causa legal que lo impida y así se aprecie a través de los criterios que proporciona el principio <em>pro actione, </em>entendido no como la forzosa selección de la interpretación más favorable de entre todas las posibles, sino como la interdicción de aquellas decisiones impeditivas de un pronunciamiento sobre el fondo que por su rigorismo, por su formalismo excesivo o por cualquier otra razón revelen una clara desproporción entre los fines que aquellas causas preservan y los intereses que sacrifican, vulnerando las exigencias del principio de proporcionalidad (así, STC 63/2021, de 15 de marzo, FJ 3).</p>
<p class='parrafo'>(ii) Aparece reforzada en el caso en que la pretensión objeto de respuesta esté vinculada a derechos fundamentales sustantivos o intereses de relevancia constitucional, lo que implica la obligación de que se exteriorice el nexo de coherencia entre la decisión adoptada, la norma que le sirve de fundamento y los fines que justifican la institución. No cabe una motivación estereotipada ni la mera constatación apodíctica de que «no se cumplen las circunstancias» que la ley exige ni la justificación en el carácter discrecional de la potestad que se ejerce, pues las potestades discrecionales deben también ejercerse motivadamente (STC 81/2018, de 16 de julio, FJ 3).</p>
<p class='parrafo_2'>b) En concreto, respecto del deber de motivación judicial reforzado, en lo que se refiere a los supuestos en los que se invoca la afectación a la protección de la familia y los menores de edad (art. 39 CE), la STC 178/2020, de 14 de diciembre, FJ 3, haciendo un resumen de los pronunciamientos de este tribunal en la materia, declara lo siguiente:</p>
<p class='parrafo_2'>(i) La necesidad de que todos los poderes públicos cumplan el mandato dirigido a ellos en el art. 39 CE y atiendan de un modo preferente la situación del menor de edad, observando y haciendo observar el estatuto del menor como norma de orden público, ya que su superior interés, inherente a algunas de las previsiones del art. 39 CE es, considerado en abstracto, un bien constitucional suficientemente relevante para motivar la adopción de medidas legales que restrinjan derechos y principios constitucionales (STC 99/2019, de 18 de julio, FJ 7).</p>
<p class='parrafo'>(ii) Citando la STC 64/2019, de 9 de mayo, FJ 4, se subraya que «el interés superior del menor es la consideración primordial a la que deben atender todas las medidas concernientes a los menores ‘que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos’, según el art. 3.1 de la Convención sobre los derechos del niño ratificada por España mediante instrumento de 30 de noviembre de 1990. Como detalla la observación general núm. 14, de 29 de mayo de 2013, del Comité de Naciones Unidas de Derechos del Niño, el citado precepto enuncia uno de los cuatro principios generales de la convención en lo que respecta a la interpretación y aplicación de todos los derechos del niño, a aplicar como un concepto dinámico que debe evaluarse adecuadamente en cada contexto. Es uno de sus valores fundamentales, y responde al objetivo de garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos reconocidos por la convención. Añade que no hay jerarquía de derechos en la Convención: todos responden al ‘interés superior del niño’ y ningún derecho debería verse perjudicado por una interpretación negativa del interés superior del menor. [...] En caso de que no puedan respetarse todos los intereses legítimos concurrentes, deberá primar el interés superior del menor sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir».</p>
<p class='parrafo'>(iii) «La decisión de cuál sea en cada caso el interés superior del menor corresponde tomarla a los jueces y tribunales ordinarios, aunque es de nuestra incumbencia examinar si la motivación ofrecida por los mismos para adoptar cuantas medidas conciernen a los menores, está sustentada en su mayor beneficio y así comprobar que no se han lesionado sus derechos fundamentales (STC 221/2002, FJ 4, y ATC 28/2001, de 1 de febrero). Porque, una vez más hemos de subrayar que ‘el canon de razonabilidad constitucional deviene más exigente por cuanto que se encuentran implicados valores y principios de indudable relevancia constitucional, al invocarse por el demandante de amparo el principio del interés superior del menor que tiene su proyección constitucional en el art. 39 CE y que se define como rector e inspirador de todas las actuaciones de los poderes públicos, tanto administrativas como judiciales’( SSTC 141/2000, de 21 de mayo, FJ 5; 217/2009, de 14 de diciembre, FJ 5; 127/2013, de 3 de junio, FJ 6, y 138/2014, de 8 de septiembre, FJ 2, entre otras)».</p>
<p class='parrafo_2'>La jurisprudencia constitucional ha hecho hincapié en términos semejantes de exigencia de motivación reforzada en los supuestos en los que se invoca la protección a las personas con discapacidad prevista en el art. 49 CE (SSTC 208/2013, de 16 de diciembre; 10/2014, de 27 de enero; 18/2017, de 2 de febrero; 3/2018, de 22 de enero, y 51/2021, de 15 de marzo).</p>
<p class='parrafo_2'>3. Aplicación de la jurisprudencia constitucional al presente recurso.</p>
<p class='parrafo_2'>a) En el presente caso, han quedado acreditados en las actuaciones, tal como se ha expuesto con más detalle en los antecedentes, los siguientes extremos:</p>
<p class='parrafo_2'>(i) La demandante de amparo fue condenada en un procedimiento declarativo al desalojo de la vivienda que ocupaba junto con sus dos hijos menores de edad mediante sentencia de 23 de febrero de 2017. En el procedimiento de ejecución de aquel título judicial, se dictó auto despachando la ejecución, otorgando el plazo de un mes para el desalojo de la vivienda si no formulaba oposición.</p>
<p class='parrafo'>(ii) La demandante formuló oposición, con invocación, entre otros, de los derechos a la protección de la familia y el interés superior de los menores, a la vivienda y a la protección de las personas con discapacidad en atención a la precaria situación familiar, la existencia de dos hijos menores de edad y la circunstancia sobrevenida de que había nacido un tercer hijo el 12 de febrero de 2017, con una incapacidad física diagnosticada del 65 por 100. Con fundamento en esas mismas circunstancias instó, además, la ampliación del inicial plazo del desalojo de un mes concedido en el auto despachando la ejecución hasta que por los servicios sociales se les concediera una solución habitacional y escolar o, al menos, por un plazo mínimo de seis meses hasta que concluyera el curso escolar. Como principio de prueba se adjuntaba un informe médico y otro de los servicios sociales, relativos a la salud de este menor y a la situación económica del núcleo familiar. Igualmente, solicitó que se practicara prueba ampliatoria de estas circunstancias, que fue denegada en ambas instancias.</p>
<p class='parrafo'>(iii) La oposición fue íntegramente desestimada con fundamento exclusivo en que los motivos de oposición a la ejecución de un título judicial son únicamente los establecidos en el art. 556 LEC, ninguno de los cuales era esgrimido en este caso. La solicitud de ampliación del plazo de desalojo fue denegada con el argumento de que es una posibilidad que no está prevista en la ley. El recurso de apelación fue desestimado insistiendo en que las causas de oposición están tasadas y que no cabe el planteamiento de cuestiones distintas de las expresamente previstas en la ley.</p>
<p class='parrafo_2'>b) En atención a la jurisprudencia expuesta anteriormente, el Tribunal considera que se ha producido la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva alegada por la demandante de amparo por las siguientes razones:</p>
<p class='parrafo_2'>(i) El Tribunal constata que la petición de la recurrente se produjo en un procedimiento de ejecución de títulos judiciales que se tramitó sin solución de continuidad temporal con un previo procedimiento declarativo sobre la legalidad de la permanencia de la recurrente y sus hijos menores en la vivienda, en que se había acordado el desalojo.</p>
<p class='parrafo'>Con carácter general, habida cuenta de que en dicho procedimiento declarativo la demandante de amparo tuvo una posibilidad efectiva y sin ningún tipo de limitación para plantear las diversas invocaciones que pudiera considerar adecuadas a la defensa de sus intereses y los de su familia, incluyendo la falta de proporcionalidad de una decisión de desalojo derivada de la situación de precariedad económica, el superior interés de los menores afectados, la ausencia de una alternativa habitacional y, en su caso, el hecho de que la titularidad de la vivienda era de una sociedad gestora de los inmuebles patrimoniales de una entidad bancaria por lo que no se afectaba el derecho a la vivienda de la contraparte, no cabe considerar que la respuesta judicial aportada para desestimar la oposición a la ejecución pudiera estar incursa, en principio, en la vulneración alegada del art. 24.1 CE.</p>
<p class='parrafo'>Ahora bien, tomando en consideración la jurisprudencia ya expuesta sobre la necesidad de que un afectado por este tipo de medidas tenga la posibilidad efectiva de someter al órgano judicial su proporcionalidad desde la perspectiva de los derechos fundamentales e intereses constitucionales que puedan resultar concernidos, este tribunal también constata que en el presente caso concurría una situación muy singular: La demandante alegó en el procedimiento de ejecución una situación sobrevenida a la del procedimiento declarativo con una potencial influencia sobre dicho juicio de proporcionalidad como era el nacimiento de un nuevo hijo con una situación de discapacidad física en un porcentaje relevante del 65 por 100.</p>
<p class='parrafo'>Esta circunstancia pudiera haber sido considerada insuficiente por los órganos judiciales para realizar un nuevo juicio de proporcionalidad o, en su caso, haber cambiado o no el juicio de proporcionalidad en atención a que introducía un nuevo elemento de vulnerabilidad como es la protección de una persona con discapacidad recién nacida. No obstante, en sí misma considerada, era lo suficientemente relevante como para que los órganos judiciales hubieran ponderado si, frente a la literalidad de las causas de oposición legalmente previstas, las circunstancias del caso imponían no limitarse a una respuesta formalista sobre la concurrencia de una causa obstativa, fundándose en la naturaleza ejecutiva del procedimiento y la posibilidad real de haber controvertido cualquier cuestión en un declarativo previo.</p>
<p class='parrafo'>A estos efectos, el Tribunal cree procedente destacar que, de conformidad con la jurisprudencia constitucional respecto de la función tuitiva de los órganos judiciales en materias que puedan afectar a menores (así, STC 178/2020, de 14 de diciembre, FJ 3), tampoco las limitaciones legales de oposición previstas en determinadas normas procesales pueden imponerse con un formalismo rigorista.</p>
<p class='parrafo'>Un listado cerrado o tasado de oposición previsto en una norma procesal, que responde a unos fines legítimos muy concretos, no exime del deber de motivación reforzada que incumbe al órgano judicial cuando puede estar afectada la protección de los menores, de las personas con discapacidad y de las familias dispensada por la Constitución y los instrumentos normativos del derecho regional e internacional de derechos humanos suscritos por España.</p>
<p class='parrafo'>Por tanto, en el presente caso, el Tribunal concluye que en las circunstancias concurrentes una respuesta como la dada por los órganos judiciales a la demandante de amparo, que se limita a constatar la inexistencia legal de una causa de oposición a la ejecución, que se fundamentaba en determinados aspectos sobrevenidos al procedimiento declarativo y se basaba en garantías constitucionales, como son las reconocidas en los arts. 39 y 49 CE y en derechos fundamentales reconocidos en instrumentos internaciones, vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE).</p>
<p class='parrafo'>(ii) El Tribunal también constata, en relación con la solicitud de la ampliación del plazo para ejecutar el desalojo, que dicha solicitud, fundamentada en las mismas razones de fondo que la causa de oposición, fue desestimada con idéntico argumento de la falta de cobertura legal. En este caso se da la circunstancia que la propia demandante de amparo no solicitaba un aplazamiento indefinido sino vinculado a que por la administración pública competente pudiera aportarse una solución habitacional y escolar o, al menos, por seis meses en atención a la escolarización de los menores afectados por el desalojo.</p>
<p class='parrafo'>Respecto de la respuesta judicial a esta petición, que era un simple aplazamiento con una determinación temporal cierta y que quedaba enmarcada de una manera natural dentro del procedimiento de ejecución de títulos judiciales, debe concluirse también, por las razones ya expuestas, que por un exceso de formalismo rigorista implica la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva de la demandante de amparo (art. 24.1 CE).</p>
<p class='parrafo'>Por tanto, el Tribunal acuerda la estimación de este recurso de amparo por la vulneración aducida del derecho a la tutela judicial efectiva con la anulación de las resoluciones judiciales impugnadas y la retroacción de actuaciones para que se pronuncie una nueva resolución judicial respetuosa con el derecho fundamental reconocido, lo que determina que no resulte preciso pronunciarse sobre el resto de las vulneraciones alegadas.</p>
<p class='centro_redonda'>FALLO</p>
<p class='parrafo_2'>En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,</p>
<p class='centro_redonda'>Ha decidido</p>
<p class='parrafo_2'>Estimar el recurso de amparo interpuesto por doña M.S.C. y, en su virtud:</p>
<p class='parrafo_2'>1.º Declarar que ha sido vulnerado el derecho de la demandante de amparo a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE).</p>
<p class='parrafo'>2.º Restablecerle en su derecho y, a tal fin, declarar la nulidad del auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 2 de Getafe, núm. 118/2017, de 1 de junio de 2017, pronunciado en el procedimiento de ejecución de títulos judiciales núm. 33-2017; y el auto de la Sección vigesimoprimera de la Audiencia Provincial de Madrid de 16 de mayo de 2018, pronunciado en el recurso de apelación núm. 560-2017.</p>
<p class='parrafo'>3.º Retrotraer las actuaciones al momento inmediatamente anterior a la primera de las resoluciones citadas para que se pronuncie una nueva resolución respetuosa con el derecho fundamental reconocido.</p>
<p class='parrafo_2'>Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».</p>
<p class='parrafo_2'>Dada en Madrid, a treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno.–Encarnación Roca Trías.–Juan Antonio Xiol Ríos.–Pedro José González-Trevijano Sánchez.–Antonio Narváez Rodríguez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Firmado y rubricado.</p>
<p class='centro_cursiva'>Voto particular que formula el magistrado don Ricardo Enríquez Sancho a la sentencia dictada en el recurso de amparo núm. 3533-2018</p>
<p class='parrafo_2'>En el ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 90.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, y con el máximo respeto a la opinión de la mayoría, formulo el presente voto particular por discrepar de la fundamentación y del fallo de la sentencia recaída en el recurso de amparo núm. 3533-2018, que ha estimado la demanda interpuesta al entender que en un procedimiento de ejecución de título judicial, consistente en la orden de lanzamiento de una vivienda ocupada sin título alguno por la recurrente y sus tres hijos menores de edad, los órganos judiciales competentes tenían que haber dado una respuesta suficientemente motivada sobre el fondo de la solicitud de oposición a la ejecución para permanecer en el inmueble sin plazo, o subsidiariamente «hasta que por los servicios sociales se les concediera una solución habitacional y escolar, o, al menos, por un plazo mínimo de seis meses hasta que concluyera el curso escolar».</p>
<p class='parrafo'>Las resoluciones impugnadas razonaron que no era posible acceder a lo solicitado por no prever la ley las circunstancias familiares de la parte ejecutada dentro de las causas tasadas de oposición a la ejecución (arts. 556 y siguientes de la Ley de enjuiciamiento civil: LEC). La sentencia mayoritaria tacha esta respuesta de vulneradora del derecho a la tutela judicial de la recurrente (art. 24.1 CE), pues en virtud de un deber de motivación reforzada al estar afectada la protección de la familia y los menores de edad (art. 39 CE), uno de ellos discapacitado (art. 49 CE), los órganos judiciales no solamente debieron resolver sobre el fondo de lo alegado, sino que estaban obligados a hacerlo –y así se les exige ahora que lo hagan– aplicando de manera preferente el principio del interés superior del menor.</p>
<p class='parrafo'>Lo que la sentencia de la que discrepo auspicia, para entendernos, no es otra cosa sino la introducción de una nueva causa de oposición a la ejecución civil de títulos judiciales no recogida en la ley: las circunstancias familiares de la parte ejecutada con hijos menores de edad. Como tal nueva causa de oposición a la ejecución, el juez competente debe resolver si el desalojo de la vivienda se paraliza hasta que los hijos menores alcancen la mayoría de edad, o si se limita esa suspensión ejecutiva a un plazo determinado (medido en semanas, meses o años) con arreglo a otros factores. Y si el menor presenta alguna discapacidad, también tendrá que decidir si permanecer este en el inmueble ocupado sin título se antoja adecuado a su interés superior, hasta que sane de su discapacidad si resulta médicamente posible, o hasta la fijación de otro plazo distinto. Todo ello, sin arreglo a parámetro legal alguno de referencia, y según lo que parezca más adecuado al interés del menor en cada caso. Esto es lo que ha resuelto la sentencia mayoritaria y no simplemente exigir al juez que motive más o mejor su respuesta. Baso frente a este parecer mi discrepancia en las razones siguientes:</p>
<p class='parrafo_2'>1. La doctrina de este tribunal declara reiteradamente que la fijación de las causas de oposición a la ejecución es materia de configuración legal; no cabe por tanto reprochar al legislador la elección de causas tasadas, excluyendo otras:</p>
<p class='parrafo_2'>Para no extenderme demasiado en este punto me limitaré a recordar dos pronunciamientos que ha emitido el Pleno de este Tribunal, los cuales guardan relación directa con lo que aquí se trata. El primero de ellos fue el dictado en el ATC 113/2011, de 19 de julio, que resolvió la cuestión de inconstitucionalidad formulada contra el art. 695 LEC porque ese precepto no recogía entonces la posibilidad de alegar como causa de oposición a la ejecución el carácter abusivo de una cláusula del contrato incumplido, y porque además remitía –y remite– al ejecutado fuera de esas causas tasadas a la vía del proceso declarativo ordinario.</p>
<p class='parrafo'>La cuestión resultó inadmitida por notoriamente infundada, con cita de las SSTC 41/1981, de 18 de diciembre, FFJJ 5 y 6, y 217/1993, de 30 de junio, FJ 2, concluyendo el FJ 4 de ese ATC 113/2011 que «este tribunal ya ha despejado las dudas formuladas, declarando la conformidad del régimen procesal cuestionado con el referido derecho fundamental, de cuya hipotética vulneración el órgano proponente hace depender la lesión de otros derechos y principios constitucionales, como la interdicción de la arbitrariedad (art. 9.3 CE) y el derecho a una vivienda digna (art. 47 CE), que en consecuencia carece de justificación a la luz del examen realizado […]; la cuestión de inconstitucionalidad no es cauce procesal idóneo para que los órganos jurisdiccionales puedan cuestionar de modo genérico o abstracto la constitucionalidad de un régimen o esquema legal (por lo que aquí interesa el proceso de ejecución hipotecaria) por contraste con un hipotético modelo alternativo, que no le compete formular al órgano proponente ni corresponde valorar a este Tribunal Constitucional por ser materia de la exclusiva competencia del legislador, dentro de cuyos límites constitucionales dispone de un amplio margen de libertad de elección que este tribunal ni puede ni debe restringir».</p>
<p class='parrafo'>El segundo pronunciamiento, más reciente, es la STC 32/2019, de 28 de febrero, que resolvió el recurso de inconstitucionalidad promovido contra varios artículos de la Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil, en relación con la ocupación ilegal de viviendas. Como es sabido, además del juicio declarativo ordinario existen en el orden jurisdiccional civil algunas especialidades procesales para la tutela del derecho de posesión: la del desahucio por precario del art. 250.1.2 LEC, la tutela sumaria de la posesión <em>ex</em> art. 250.1.4 LEC, y el procedimiento para la protección del derecho real inscrito del art. 250.1.7 LEC, este último utilizado en la instancia por la entidad actora contra la aquí recurrente, como luego se dirá. La Ley 5/2018 se ocupa del segundo de esos procedimientos (el del art. 250.1.4 LEC), disponiendo algunas reglas aceleratorias de las actuaciones; y junto a ellas y con carácter general para todo proceso cuya estimación conlleve el resultado de un desahucio, la obligación al juez para que: «Cuando la notificación de la resolución contenga fijación de fecha para el lanzamiento de quienes ocupan una vivienda, se dará traslado a los servicios públicos competentes en materia de política social por si procediera su actuación, siempre que se hubiera otorgado el consentimiento por los interesados» (nuevo apartado 4 del art. 150 LEC). Notificación que reaparece en el proceso de tutela sumaria de la posesión en caso de estimarse la demanda: «en la misma resolución en que se acuerde la entrega de la posesión de la vivienda al demandante y el desalojo de los ocupantes, se ordenará comunicar tal circunstancia, siempre que se hubiera otorgado el consentimiento por los interesados, a los servicios públicos competentes en materia de política social, para que, en el plazo de siete días, puedan adoptar las medidas de protección que en su caso procedan» (nuevo art. 441.1 <em>bis</em>, último párrafo LEC, en relación con la disposición adicional de la Ley 5/2018). No se previó en cambio la posibilidad de suspensión judicial del lanzamiento en función de las circunstancias familiares del demandado, o hasta tanto los servicios sociales le proporcionaran una solución habitacional.</p>
<p class='parrafo'>La citada STC 32/2019 del Pleno, declaró en su fundamento jurídico 5 que las medidas procesales precitadas no lesionaban por insuficientes los derechos a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y a la inviolabilidad del domicilio (art. 18.2 CE), pues en todo caso no corresponde al juez civil sino «a las distintas administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias en materia de vivienda y servicios sociales, articular las medidas necesarias para prevenir situaciones de exclusión residencial y para que resulte eficaz la comunicación prevista en los preceptos referidos, a fin de dar respuesta adecuada y lo más pronta posible a los casos de vulnerabilidad que pudieran producirse como consecuencia del desalojo judicial de ocupantes de viviendas, según determina expresamente la propia Ley 5/2018 en su disposición adicional». Y desestimó también la posible contradicción de esas reglas procesales con el derecho a una vivienda digna del art. 47 CE, porque «ese mandato dirigido a los poderes públicos no es incompatible en modo alguno con el establecimiento por el legislador de procedimientos judiciales para dirimir las controversias que puedan suscitarse acerca del mejor derecho en relación con la titularidad y posesión sobre los bienes inmuebles; con el consiguiente derecho de quien hubiera obtenido una resolución judicial a su favor que decrete el desalojo del ocupante a instar la ejecución de dicha resolución. El derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) comprende también el derecho a la ejecución de las sentencias y demás resoluciones judiciales en sus propios términos (art. 118 CE), conforme tiene señalado de manera reiterada la jurisprudencia constitucional (SSTC 32/1982, de 7 de junio, FJ 2; 61/1984, de 16 de mayo, FJ 1; 148/1989, de 21 de septiembre, FJ 2; 120/1991, de 3 de junio, FJ 2; 153/1992, de 19 de octubre, FJ 4; 3/2002, de 14 de enero, FJ 4, y 223/2004, de 29 de noviembre, FJ 5, entre otras muchas)» [STC 32/2019, FJ 6].</p>
<p class='parrafo'>Previamente, en fin, el fundamento jurídico 4 de dicha STC 32/2019 advirtió «que, según ha declarado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en la sentencia de 13 de diciembre de 2018, asunto <em>Casa di Cura Valle Fiorita, S.R.L. c. Italia</em>, la demora prolongada de las autoridades públicas a la hora de ejecutar una orden judicial de desalojo de los ocupantes ilegales de un inmueble, aun escudándose en la necesidad de planificar cuidadosamente el desalojo con el fin de preservar el orden público y garantizar la asistencia a las personas en situación de vulnerabilidad que participaron en la ocupación, vulnera el derecho del titular legítimo a un proceso equitativo que garantiza el art. 6.1 del Convenio europeo de derechos humanos (CEDH), así como su derecho de propiedad (art. 1 del Protocolo núm. 1 CEDH)». Esa doctrina, sin embargo, ni siquiera es mencionada por la sentencia mayoritaria.</p>
<p class='parrafo'>En realidad, la única excepción que hemos reconocido para poder suscitar cuestiones ajenas a las causas tasadas de oposición previstas en la ley, en concreto en el proceso ejecutivo hipotecario, son aquellas circunstancias procesales cuya concurrencia condicione la existencia misma de ese proceso ejecutivo (SSTC 39/2015, de 2 de marzo, FJ 6, y 49/2016, de 14 de marzo, FJ 4).</p>
<p class='parrafo'>Corresponde por tanto al legislador, no a los jueces ni a este Tribunal Constitucional, articular las causas de oposición en los procesos civiles declarativos y de ejecución, y prever en su caso las condiciones para autorizar la paralización de la orden de desalojo de bienes inmuebles. Así se ha hecho en la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, en los procesos ejecutivos hipotecarios judicial y extrajudicial (art. 129 de la Ley hipotecaria: LH), cuando los ejecutados son personas que se encuentran en supuestos de especial vulnerabilidad y cumplen con los requisitos del art. 1; medida que tras varias prórrogas tiene vigencia hasta el 15 de mayo de 2024, conforme al art. 2 del Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, «[h]asta transcurridos once años desde la entrada en vigor de esta Ley». Por razones sanitarias derivadas de la pandemia del COVID-19, se ha previsto también la suspensión del lanzamiento en los procedimientos de desahucio de arrendamiento, y en aquellos con especialidades para la tutela de la posesión (los apartados 2, 4 y 7 del artículo 250.1 LEC), medida actualmente prorrogada hasta el 9 de agosto de 2021 por el art. 2 del Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo (acuerdo de convalidación por el Congreso de los Diputados de 20 de mayo de 2021, publicado en el «BOE» núm. 126, del 27 de mayo de 2021).</p>
<p class='parrafo'>Son pues estas previsiones legales expresas las que el juez civil, según el tipo de proceso de que se trate, ha de aplicar (salvo que considerase necesario elevar respecto de alguna de ellas cuestión de inconstitucionalidad ante este tribunal, lo que nos llevaría a pronunciarnos). Pero no cabe pretender del juez civil que instrumente sin ninguna cobertura legal, una causa con eficacia suspensiva o resolutoria del procedimiento.</p>
<p class='parrafo_2'>2. El significado de la motivación reforzada, y el interés superior del menor:</p>
<p class='parrafo_2'>La sentencia mayoritaria, se ha dicho ya, aduce el deber de motivación reforzada y el interés superior del menor como los dos factores que obligan al juez <em>a quo</em> a examinar las circunstancias familiares alegadas en el trámite de oposición a la ejecución por la defensa de la recurrente, y eventualmente para admitir dicha causa<em> alegal </em>de oposición. Dos observaciones se imponen al respecto:</p>
<p class='parrafo_2'>a) Por lo que atañe al deber de motivación judicial reforzada, en concreto cuando están implicados derechos fundamentales sustantivos o intereses de relevancia constitucional, su significado correctamente se explica por la sentencia mayoritaria en el fundamento jurídico 2 a) (ii), al decir que supone «la obligación de que se exteriorice el nexo de coherencia entre la decisión adoptada, la norma que le sirve de fundamento y los fines que justifican la institución. No cabe una motivación estereotipada ni la mera constatación apodíctica de que ‘no se cumplen las circunstancias’ que la ley exige ni la justificación en el carácter discrecional de la potestad que se ejerce».</p>
<p class='parrafo'>Tal es lo que significa la motivación reforzada, pero solamente eso. La motivación reforzada no es el juicio de ponderación en sí mismo entre derechos y/o bienes constitucionalmente protegibles, el cual fragua en el intelecto del juez con el manejo de las fuentes pertinentes del ordenamiento, y es solo después cuando procede a exteriorizar dicho juicio en su resolución. Desde luego, la motivación reforzada no concede derechos subjetivos al margen de ese ordenamiento, tan solo facilita la comprensión de lo que se ha juzgado.</p>
<p class='parrafo'>Bajo esa perspectiva, las resoluciones aquí recurridas explicaron que en el proceso de ejecución de título judicial abierto contra la recurrente, no se permite discutir circunstancias ajenas a las previstas en la propia ley, entre las cuales no aparecen las invocadas en el escrito de oposición a la ejecución (y ulterior recurso de apelación). Esa respuesta de doble instancia, aunque insatisfactoria para la recurrente, no adolecía de una falta de motivación reforzada, pues expresamente se estaba refiriendo al contenido de sus alegaciones y a la norma del procedimiento a cuyo cumplimiento el juez se halla obligado en todo momento, por lo que la decisión de rechazar aquella oposición se motivó en términos inteligibles, razonados y suficientes.</p>
<p class='parrafo'>b) Respecto de la necesidad de ponderar el interés superior del menor, principio reiteradamente recogido en nuestra doctrina constitucional y que ofrece además previsión expresa entre otros en los arts. 2 y 3 (el cual remite a los instrumentos internacionales suscritos por España en la materia) de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, es correcta la doctrina que se transcribe en el fundamento jurídico 2 b) de la sentencia mayoritaria. No lo es, en cambio, la aplicación que se hace de ella en el fundamento jurídico 3, con los efectos inéditos que a la misma se le atribuyen. Basten dos observaciones en este punto:</p>
<p class='parrafo_2'>(i) La primera es que la sentencia mayoritaria omite recordar, como por ejemplo hace la STC 99/2019, de 18 de julio, FJ 7 (citada en aquella solo parcialmente), que el mandato del art. 39 CE precisa de normas legales de desarrollo, siendo así que este tribunal «ha admitido expresamente que el art. 39 CE incorpora un mandato dirigido a los poderes públicos para que atiendan de un modo preferente la situación del menor de edad, estableciendo regímenes especiales de tutela allí donde el legislador, dentro del amplio margen que enmarca la Constitución, lo considere necesario»; es decir, «el interés superior del menor inherente a algunas de las previsiones del art. 39 CE es, considerado en abstracto, un bien constitucional suficientemente relevante para motivar la adopción de medidas legales que restrinjan derechos y principios constitucionales». Intervención por tanto necesaria del legislador, que luego y solo así ha de aplicar después el intérprete.</p>
<p class='parrafo'>(ii) La segunda observación, no menos relevante, es que la doctrina que recoge la sentencia mayoritaria como expresiva de la aplicación del interés superior del menor, se refiere siempre a situaciones en las que o bien se cuestiona la constitucionalidad de la norma legal que concreta el mandato de protección (así, SSTC 64/2019 y 99/2019), lo que presupone la existencia de dicha norma, o bien se reprocha al juez no haber efectuado una ponderación correcta dentro de las posibilidades que la disposición legal o reglamentaria le permitía: SSTC 141/2000, 217/2009 y 138/2014, de 8 de septiembre, sobre fijación del régimen de visitas a los hijos –o nietos– menores; STC 221/2002, de 24 de noviembre, de valoración del riesgo de salud psíquica de menor que se ordena reintegrar en la familia adoptiva; STC 127/2013, de 3 de junio, atribución de competencia de los tribunales españoles para conocer de un supuesto de sustracción internacional de menores; o STC 178/2020, de 14 de diciembre, fijación del orden de los apellidos de un menor de edad tras la declaración judicial de paternidad de su progenitor.</p>
<p class='parrafo_2'>Lo mismo sucede con las sentencias que se citan en la sentencia mayoritaria a propósito del deber de motivación reforzada y la protección de personas con discapacidad, donde se cuestiona la propia constitucionalidad de la norma de desarrollo (STC 18/2017, materia competencial), o la decisión judicial de aplicación de las leyes: STC 208/2013, protección del derecho al honor y a la propia imagen tras aparición en programa de televisión; STC 10/2014, escolarización de un menor en un centro de educación especial; STC 3/2018, denegación de servicio público de salud mental a partir de una cierta edad; y STC 51/2021, imposición de sanción disciplinaria por incumplimiento reiterado de las obligaciones de su trabajo.</p>
<p class='parrafo'>Pues bien: lejos de limitarse al control que se evidencia en aquellas resoluciones, la sentencia mayoritaria ha ido más lejos al elevar el interés superior del menor a la categoría de título exclusivo para otorgar derechos que las leyes no recogen, imponer deberes al juez que carece de competencia para ejercerlos, produciendo además el simultáneo menoscabo del derecho ajeno tan constitucionalmente protegible, como lo es el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y el derecho de propiedad (art. 33 CE, este no en amparo) de la parte ejecutante en la instancia, aquí personada.</p>
<p class='parrafo_2'>3. Las particularidades del proceso <em>a quo</em>:</p>
<p class='parrafo_2'>Si lo explicado hasta ahora determina que la demanda de amparo debió desestimarse, lo actuado en la vía judicial previa en este caso no hace sino reforzar esa misma apreciación. La sentencia de la que discrepo pasa por alto los siguientes datos relevantes:</p>
<p class='parrafo_2'>a) El desalojo de la vivienda ocupada sin título por la recurrente y sus hijos fue instado por la mercantil propietaria del inmueble, no a través de un proceso declarativo ordinario, sino de un proceso para la tutela del derecho real inscrito [procedimiento juicio verbal (Efectividad) 488-2016 ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 2 de Getafe], al cual se refiere el art. 41 LH, norma que reenvía al juicio verbal del art. 250.1.7 LEC, y se cohonesta con las especialidades para este procedimiento contenidas en los arts. 439.2, 440.2, 441.3, 444.2 y 447.3 de dicha Ley de enjuiciamiento civil. En concreto, importa destacar que conforme al art. 444.2 el demandado solo podrá oponerse a la demanda si previamente ha prestado la caución determinada por el tribunal para responder de frutos percibidos, daños y costas. Caución cuya previsión legal hemos declarado que resulta respetuosa del derecho a la tutela judicial efectiva del obligado a su constitución (STC 45/2002, de 25 de febrero), aunque este goce del beneficio de justicia gratuita –como sucedía con la recurrente– al no quedar dispensada por el art. 6 de la Ley 1/1996 de asistencia jurídica gratuita, sin perjuicio de poder controlarse su imposición desproporcionada <em>ad casum</em>. Según figura en el fundamento de Derecho primero de la sentencia dictada que ha servido como título de ejecución del proceso<em> a quo</em>, la demandada y ahora recurrente no prestó esa caución, lo que llevó al juzgado a entender que «debe dictarse sentencia estimatoria de la demanda».</p>
<p class='parrafo'>Además, conforme también a aquel art. 444.2 LEC, las causas de oposición en este procedimiento son tasadas y se refieren a la falsedad del título registral u omisión en esta de derechos o condiciones inscritas que desvirtúen la acción, el poseer el demandado la finca por contrato u otra relación jurídica directa con el titular actual o anteriores o por prescripción, el estar inscrita la finca en el registro a favor del demandado, y en fin, no ser la finca inscrita la que posee el demandado. No constan en la sentencia las alegaciones que pudo efectuar la representación procesal de la aquí recurrente, pero sí se recoge: (i) que la recurrente, y esto es importante, «efectuó comparecencia identificándose como única ocupante» del inmueble (antecedente de hecho segundo), y (ii) que lo alegado en todo caso por la recurrente, «no se encuentra dentro de las [causas] comprendidas en el art. 444.2 LEC, lo que conllevaría el mismo resultado estimatorio de la demanda» (FJ 1).</p>
<p class='parrafo'>La sentencia mayoritaria de la que discrepo, señala en el FJ 3 b) (i), que en dicho procedimiento declarativo la demandante de amparo «tuvo una posibilidad efectiva y sin ningún tipo de limitación para plantear las diversas invocaciones que pudiera considerar adecuadas a la defensa de sus intereses y los de su familia, incluyendo la falta de proporcionalidad de una decisión de desalojo derivada de la situación de precariedad económica, el superior interés de los menores afectados, la ausencia de una alternativa habitacional». Esta afirmación sin embargo no se corresponde con la realidad procesal que acaba de indicarse. Lo cierto es que si la recurrente consideró que alguna indefensión se le había causado en ese proceso, porque no se atendió a la situación de sus hijos menores, pudo y debió agotar la vía impugnatoria previa (apelación o incidente de nulidad de actuaciones, al menos), donde ya habría podido referirse a la discapacidad motriz de su hijo nacido el 12 de febrero de 2017, y en su caso después promover recurso de amparo contra aquella sentencia, cosa que no hizo, aquietándose con el fallo que de tal guisa devino firme.</p>
<p class='parrafo'>b) De acuerdo con el art. 447.3 LEC, carecen de efectos de cosa juzgada (material) las sentencias que se dicten en estos procesos del art. 250.1.7 LEC. La recurrente podía haber acudido a la vía del juicio declarativo ordinario para defender sus razones para mantenerse en el inmueble, paso que tampoco consta que haya dado.</p>
<p class='parrafo'>c) Abierta ya la ejecución, tanto en el escrito de oposición a la ejecución, como en el de apelación contra el auto que desestimó aquel, la representación de la recurrente ha presentado las circunstancias familiares como motivo para paralizar el desalojo. De nuevo, pero ahora en relación con los arts. 556 y 559 LEC, aparece la imposibilidad legal de tratar tales hechos como causa de oposición siendo un proceso de ejecución de título judicial, al existir causas tasadas (pago o cumplimiento de lo ordenado en la resolución, caducidad de la acción ejecutiva, pactos o transacciones pasadas en escritura pública para evitar la ejecución –556–, o defectos procesales –559–). Y de manera llamativa, se solicita que el juez civil se dirija a los servicios sociales del ayuntamiento, cuya dirección de localización le facilita, para que pida el historial con los datos que tenga de la recurrente y sus hijos, y se provea a una solución habitacional. No consta sin embargo que aquella, o su abogado, hayan intentado en algún momento dirigirse a esos servicios sociales en procura de una vivienda, sino que ha de ser el juez civil, carente de competencias para ello, el que realice esas gestiones administrativas, permaneciendo mientras en ella.</p>
<p class='parrafo'>d) La sentencia mayoritaria de la que discrepo, finalmente, no explica en modo alguno por qué el interés superior del menor se satisface exigiéndole al juez de la ejecución que se pronuncie sobre la posibilidad de mantenerle en la vivienda ocupada ilegalmente. Se desconocen de hecho las condiciones de habitabilidad en las que se halla ese inmueble, en el que ha seguido viviendo con sus hijos al haberse suspendido las resoluciones judiciales impugnadas por ATC 92/2018, de 17 de septiembre, de este tribunal. Del mismo modo como se desconoce si en estos ya más de cuatro años transcurridos, el hijo menor ha recibido tratamiento médico de su dolencia (pies zambos, según consta en informe adjuntado a las actuaciones). Se presupone con esto que el juez civil de la ejecución debe abrir ahora una investigación aparte para poder desentrañar estos extremos, lo que desde luego no corresponde tampoco a sus funciones, ahondando así en la inadecuación de la solución dada por la sentencia mayoritaria, convirtiéndole en gestor ante los servicios sociales, y todo ello sin haberse tenido en cuenta los derechos de la entidad ejecutante (tutela judicial efectiva, y propiedad), disponiendo la recurrente de otras vías administrativas y judiciales eficaces para resolver sobre su pretensión.</p>
<p class='parrafo_2'>Madrid, a treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno.–Ricardo Enríquez Sancho.–Firmado y rubricado.</p>
</texto>
</documento>
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Wed Jul 07 07:21:51 +0000 2021
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ECLI:ES:TC:2021:113
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por la magistrada doña Encarnación Roca Trías, presidenta, y los magistrados don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez y don Ricardo Enríquez Sancho, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 3533-2018, promovido por doña M.S.C. contra el auto de la Sección Vigesimoprimera de la Audiencia Provincial de Madrid de 16 de mayo de 2018 por el que se desestima el recurso de apelación núm. 560-2017 interpuesto contra el auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 2 de Getafe, núm. 118/2017, de 1 de junio de 2017, pronunciado en el procedimiento de ejecución de títulos judiciales núm. 33-2017. Ha comparecido la entidad Gescat Vivendes en Comercialització, S.L.U. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido ponente el magistrado don Juan Antonio Xiol Ríos.
I. Antecedentes
1. Doña M.S.C., representada por el procurador de los tribunales don Silvino González Moreno y bajo la dirección del letrado don Víctor Manuel Rodríguez Villares, interpuso recurso de amparo contra las resoluciones judiciales mencionadas en el encabezamiento de esta sentencia, mediante escrito registrado el 21 de junio de 2018.
2. El recurso tiene su origen en los siguientes antecedentes:
a) La entidad Gestcat Viviendes en Comercialització, S.L.U., formuló demanda de ejecución de la sentencia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 2 de Getafe de 23 de febrero de 2017, en la que se había declarado la obligación de que la ahora recurrente de amparo desalojara la vivienda que ocupaba junto a sus hijos menores de edad, dando lugar al procedimiento de ejecución de títulos judiciales núm. 33-2017 a tramitar por ese mismo juzgado.
Por auto de 20 de abril de 2017 se acordó despachar la ejecución, otorgando a la demandante de amparo el plazo de un mes para desalojar la vivienda si no formulaba oposición.
b) La demandante de amparo, mediante escrito de 5 de mayo de 2017, formuló oposición, con invocación de los arts. 9.3, 10.1 y 2, 39 y 47 CE, y solicitó, además, la prórroga del plazo para el desalojo hasta que por los servicios sociales se les concediera una solución habitacional y escolar, por, al menos, un plazo mínimo de seis meses hasta que concluyera el curso escolar, debido a las circunstancias económicas y familiares de absoluta precariedad que atravesaba y las de sus tres hijos menores de edad, uno de ellos nacido el 12 de febrero de 2017, que padece un grado de discapacidad física del 65 por 100. Adjuntaba un informe médico y otro de los servicios sociales, relativos a la salud de este menor y a la situación económica del núcleo familiar. Igualmente, solicitó que se practicara prueba ampliatoria de estas circunstancias.
La oposición fue íntegramente desestimada, acordándose proseguir con la ejecución, por auto de 1 de junio de 2017, con fundamento en que los motivos de oposición a la ejecución de un título judicial son únicamente los establecidos en el art. 556 de la Ley de enjuiciamiento civil (LEC), ninguno de los cuales eran esgrimidos en este caso. Respecto de la prórroga del plazo para el desalojo se deniega con el argumento de que «no se haya prevista en la ley, lo que determina que no pueda ser aprobada más cuando en el auto despachando ejecución ya se concedía a la ejecutada el plazo de un mes para llevar a efecto el desalojo de la vivienda».
c) La demandante de amparo interpuso recurso de apelación, que fue tramitado con el núm. 560-2017 por la Sección Vigesimoprimera de la Audiencia Provincial de Madrid, reiterando las mismas invocaciones constitucionales, y solicitando, de nuevo, una prórroga para el desalojo en tanto no se le concediere a ella y a sus hijos menores una solución habitacional con práctica de prueba sobre dichos extremos.
La petición de prueba fue denegada por auto de 18 de septiembre de 2017, por entender que no concurría ninguno de los supuestos del art. 460.2.1 LEC. La demandante de amparo no interpuso recurso de reposición contra dicha decisión.
El recurso de apelación fue desestimado por auto de 16 de mayo de 2018, argumentando que «examinada la resolución de instancia se aprecia que en la misma se han valorado las circunstancias existentes con ponderación, sin que se aprecie ningún razonamiento ilógico ni arbitrario»; a lo que se añade que «el supuesto examinado afecta a una ejecución basada en resolución judicial, por lo que los motivos de oposición a la misma son únicamente los regulados en el art. 556 LEC, que no en los del art. 557 LEC. Y es lo cierto que el primero de dichos preceptos tan solo admite, como medios de defensa de la postura del demandado, el pago o cumplimiento de la obligación, que habrá de justificarse documentalmente –amén de la caducidad de la acción ejecutiva–, y los pactos o transacciones que se hubieren convenido para evitar la ejecución, siempre que los mismos consten en documento público». También se afirma que «se trata de una enumeración tasada y ajustada al ámbito en que se permite dicha oposición, que no es otro que el de la ejecución de un título que tiene por sí mismo virtualidad suficiente para que la misma sea exigida y llevada a cabo. No cabe, por ello, el planteamiento de cuestiones que, siendo diferentes a las legalmente previstas de forma expresa y tasada en la legislación procesal, no deben ni siquiera ser objeto de examen por el órgano judicial, por la simple razón de que son marginales al procedimiento en que se formulan».
3. La demandante de amparo solicita la nulidad de las resoluciones judiciales impugnadas invocando múltiples derechos fundamentales, pero que, en esencia, se reconducen a la vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en relación con los arts. 10 (respeto a la dignidad humana), 39 (protección a la familia y los menores) y 49 CE (protección a las personas con discapacidad), con el argumento de que las resoluciones judiciales no han dado respuesta a la causa de oposición alegada y a la solicitud de prórroga del inicial plazo de desalojo de la vivienda de un mes por motivos que afectaban a la situación familiar, incluyendo la presencia de tres hijos menores uno de los cuales tenía una discapacidad física diagnosticada del 65 por 100, que hubiera exigido no solo la admisión de prueba propuesta para acreditar ese extremo sino, además, una respuesta judicial que diera el debido cumplimiento al deber de motivación reforzada por afectación a derechos fundamentales sustantivos como es el superior interés del menor y la circunstancia de que estaban concernidos los derechos de un menor con discapacidad. Sostiene, igualmente, que el desinterés mostrado por el órgano judicial a sus peticiones pone de manifiesto su falta de parcialidad, lo que también vulnera el derecho a la imparcialidad judicial. Por ello, solicita la retroacción de actuaciones para que haya un pronunciamiento respetuoso con este derecho fundamental.
4. La Sección Tercera de este tribunal, por providencia de 11 de julio de 2018, acordó la admisión a trámite del recurso, apreciando que concurre en el mismo una especial trascendencia constitucional [art. 50.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC)] como consecuencia de que plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina de este tribunal [STC 155/2009, FJ 2 a)]; dirigir atenta comunicación a los órganos judiciales para la remisión de copia testimoniada de las actuaciones y el emplazamiento de quienes hubieran sido parte en el procedimiento para que pudiesen comparecen en el plazo de diez días en el recurso de amparo; y la suspensión cautelar de la resolución impugnada, que fue confirmada por ATC 92/2018, de 17 de septiembre de 2018.
Igualmente, por ATC 91/2018, de 17 de septiembre, se acordó excepcionar en este procedimiento la exigencia constitucional de publicidad de sus resoluciones en lo relativo a los datos de identidad de la demandante de amparo sustituyendo sus datos de identificación por las iniciales correspondientes.
5. La Secretaría de Justicia de la Sala Segunda de este tribunal, por diligencia de ordenación de 30 de octubre de 2018, acordó tener por personada y parte en el procedimiento a la procuradora de los tribunales doña Ana Vázquez Pastor, en nombre y representación de la entidad Gescat Vivendes en Comercialització, S.L.U.; y dar vista de las actuaciones al Ministerio Fiscal y a las partes personadas por plazo común de veinte días para presentar las alegaciones que estimasen pertinentes.
6. El Ministerio Fiscal, por escrito registrado el 10 de diciembre de 2018, formuló alegaciones interesando la denegación del amparo, argumentando que la prevalencia del interés del menor, que deben garantizar todos los poderes públicos, no tiene cabida en un procedimiento de ejecución, pues no puede suponer que el órgano judicial resuelva siempre a favor del menor, «sino que se tratará de un instrumento para ponderar los intereses en conflicto y resolver con arreglo a derecho».
Insiste en que el objeto de este procedimiento es la ejecución de una sentencia, cuyo objeto de conocimiento es limitado, en el que no es posible revisar lo acordado en el procedimiento declarativo del que trae causa, siendo tasadas las causas de oposición (art. 556 LEC). Para el fiscal los órganos judiciales no han sido irrazonables al denegar la prórroga para el desalojo, ya que tan solo han aplicado la previsión legal que no contempla tal posibilidad. En consecuencia, no cabe hablar de vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), por no haberse motivado las resoluciones reforzadamente ante la presencia de un interés superior del menor. Entiende que no es «pertinente ni necesario este criterio para resolver la cuestión que se les sometía a los órganos judiciales», como tampoco las resoluciones judiciales impugnadas han sido irrazonables, arbitrarias, ni han incurrido en error patente.
En segundo lugar, por lo que atañe a la existencia de una posible incongruencia omisiva, el Ministerio Fiscal considera que, aunque pudiera afirmarse de las resoluciones judiciales impugnadas que son parcas y que podrían haber sido más detalladas en sus respuestas, lo cierto es que están suficientemente motivadas, siendo además claras y comprensibles para sus destinatarios.
Respecto a las denuncias relativas al derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE), el fiscal entiende que se basan en un supuesto desinterés de los órganos judiciales –a los que la recurrente tacha de parciales– por no haber tenido en consideración las normas e instrumentos internacionales de reconocimiento y protección de los derechos del niño. Sobre este particular sostiene que la decisión del juez de aplicar las normas que considera pertinentes podrá ser o no acertada, pero no afecta a su imparcialidad, por lo que la denuncia debe ser desestimada.
Por último y en cuanto a la denegación de la práctica de determinados medios de prueba, observa la falta de agotamiento de la vía judicial previa al recurso de amparo [art. 44.1 a) LOTC], en cuanto la recurrente no interpuso el pertinente recurso de reposición, del que se le instruía a pie de la resolución denegatoria.
A modo de conclusión, el Ministerio Fiscal advierte que la ejecución y consiguiente desalojo de las viviendas puede llevar aparejada «situaciones de gran dramatismo, objetivamente consideradas, sobre todo cuando, como ocurre en el caso concreto, existen personas especialmente desvalidas». A su juicio, España ha tomado una serie de medidas especiales de protección de los más desfavorecidos como lo es la posibilidad de suspender temporalmente el desalojo de la vivienda, cuando concurren una serie de requisitos de necesidad. Ahora bien, en el presente caso, no es posible aplicar esta normativa excepcional, pensada para las ejecuciones hipotecarias, como tampoco pretender que la alegación de «normas nacionales e internacionales, que solo regulan directrices para los poderes públicos, sirvan de base para establecer una obligación para un ciudadano, en este caso la sociedad ejecutante, para solventar un problema de marcado carácter social, que debe ser objeto de atención precisamente por los servicios sociales, sin que pueda imponerse, sin sustento legal, a un particular la obligación de sustituir esa inactividad de los servicios asistenciales». En definitiva, para el fiscal, «ni los órganos judiciales concernidos, ni ahora el Tribunal Constitucional, tiene entre sus instrumentos la posibilidad de crear, o mejor de generalizar, un estatus de protección previsto para unos supuestos, a aquellos otros que por similitud se les aproximen».
7. La parte comparecida no ha presentado alegaciones.
8. La demandante de amparo no ha presentado alegaciones.
9. Por providencia de 27 de mayo de 2021 se señaló para votación y fallo del presente recurso el día 31 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1. Objeto del recurso.
El objeto principal de este recurso es determinar si las resoluciones impugnadas han vulnerado el derecho de la demandante a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) por no haber dado una respuesta a la causa de oposición alegada y a la solicitud de prórroga del plazo inicial de desalojo de la vivienda de un mes y no haber dado cumplimiento al deber de motivación reforzado exigido por la invocación de la afectación de dichas decisiones al derecho a la protección familiar y de los menores (art. 39 CE) y de las personas con discapacidad (art. 49 CE), derivado de su situación familiar, incluyendo la presencia de tres hijos menores, uno de los cuales tenía una discapacidad física diagnosticada del 65 por 100.
La determinación del objeto de este recurso implica que en el análisis de constitucionalidad de las resoluciones impugnadas se diferencie entre las respuestas aportadas a los dos pedimentos incluidos en el escrito de oposición: (i) La alegación como causa de oposición a la ejecución de la afectación que implicaba dicha ejecución de la precaria situación familiar incluyendo el hecho de los menores de edad y la situación de incapacidad de uno de ellos. (ii) La solicitud de que se prorrogara el inicial plazo de un mes concedido en el auto despachando la ejecución para el desalojo de la vivienda hasta que por los servicios sociales se les concediera una solución habitacional y escolar, por, al menos, un plazo mínimo de seis meses hasta que concluyera el curso escolar, debido a las circunstancias económicas y familiares de absoluta precariedad que atravesaba y las de sus tres hijos menores de edad, uno de ellos recién nacido que tenía un grado de discapacidad física del 65 por 100.
2. La jurisprudencia constitucional sobre el deber de motivación de las resoluciones judiciales (art. 24.1 CE) y el mandato constitucional de protección de la familia, de los menores (art. 39 CE) y de las personas con discapacidad (art. 49 CE).
a) La jurisprudencia constitucional ha establecido que el derecho a la tutela judicial efectiva comprende el derecho a obtener de los órganos judiciales una resolución motivada, fundada en Derecho y congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes. Esta obligación, aparte de venir impuesta en el art. 120.3 CE, es una exigencia derivada del art. 24.1 CE con el fin de que se puedan conocer las razones de la decisión posibilitando su control mediante el sistema de los recursos y como garantía frente a la arbitrariedad e irrazonabilidad. Esto implica que la resolución ha de contener los elementos y razones de juicio que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos que fundamentan la decisión y que la motivación esté fundada en Derecho, lo que determina que no baste una mera declaración de voluntad en un sentido u otro, sino que debe ser consecuencia de una exégesis racional del ordenamiento y no fruto de la arbitrariedad o de un error patente (así, por ejemplo, STC 24/2021, de 15 de febrero, FJ 2).
La jurisprudencia constitucional también tiene declarado que esta obligación de motivación:
(i) No exige una respuesta sobre el fondo de la pretensión deducida siempre que concurra una causa legal que lo impida y así se aprecie a través de los criterios que proporciona el principio pro actione, entendido no como la forzosa selección de la interpretación más favorable de entre todas las posibles, sino como la interdicción de aquellas decisiones impeditivas de un pronunciamiento sobre el fondo que por su rigorismo, por su formalismo excesivo o por cualquier otra razón revelen una clara desproporción entre los fines que aquellas causas preservan y los intereses que sacrifican, vulnerando las exigencias del principio de proporcionalidad (así, STC 63/2021, de 15 de marzo, FJ 3).
(ii) Aparece reforzada en el caso en que la pretensión objeto de respuesta esté vinculada a derechos fundamentales sustantivos o intereses de relevancia constitucional, lo que implica la obligación de que se exteriorice el nexo de coherencia entre la decisión adoptada, la norma que le sirve de fundamento y los fines que justifican la institución. No cabe una motivación estereotipada ni la mera constatación apodíctica de que «no se cumplen las circunstancias» que la ley exige ni la justificación en el carácter discrecional de la potestad que se ejerce, pues las potestades discrecionales deben también ejercerse motivadamente (STC 81/2018, de 16 de julio, FJ 3).
b) En concreto, respecto del deber de motivación judicial reforzado, en lo que se refiere a los supuestos en los que se invoca la afectación a la protección de la familia y los menores de edad (art. 39 CE), la STC 178/2020, de 14 de diciembre, FJ 3, haciendo un resumen de los pronunciamientos de este tribunal en la materia, declara lo siguiente:
(i) La necesidad de que todos los poderes públicos cumplan el mandato dirigido a ellos en el art. 39 CE y atiendan de un modo preferente la situación del menor de edad, observando y haciendo observar el estatuto del menor como norma de orden público, ya que su superior interés, inherente a algunas de las previsiones del art. 39 CE es, considerado en abstracto, un bien constitucional suficientemente relevante para motivar la adopción de medidas legales que restrinjan derechos y principios constitucionales (STC 99/2019, de 18 de julio, FJ 7).
(ii) Citando la STC 64/2019, de 9 de mayo, FJ 4, se subraya que «el interés superior del menor es la consideración primordial a la que deben atender todas las medidas concernientes a los menores ‘que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos’, según el art. 3.1 de la Convención sobre los derechos del niño ratificada por España mediante instrumento de 30 de noviembre de 1990. Como detalla la observación general núm. 14, de 29 de mayo de 2013, del Comité de Naciones Unidas de Derechos del Niño, el citado precepto enuncia uno de los cuatro principios generales de la convención en lo que respecta a la interpretación y aplicación de todos los derechos del niño, a aplicar como un concepto dinámico que debe evaluarse adecuadamente en cada contexto. Es uno de sus valores fundamentales, y responde al objetivo de garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos reconocidos por la convención. Añade que no hay jerarquía de derechos en la Convención: todos responden al ‘interés superior del niño’ y ningún derecho debería verse perjudicado por una interpretación negativa del interés superior del menor. [...] En caso de que no puedan respetarse todos los intereses legítimos concurrentes, deberá primar el interés superior del menor sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir».
(iii) «La decisión de cuál sea en cada caso el interés superior del menor corresponde tomarla a los jueces y tribunales ordinarios, aunque es de nuestra incumbencia examinar si la motivación ofrecida por los mismos para adoptar cuantas medidas conciernen a los menores, está sustentada en su mayor beneficio y así comprobar que no se han lesionado sus derechos fundamentales (STC 221/2002, FJ 4, y ATC 28/2001, de 1 de febrero). Porque, una vez más hemos de subrayar que ‘el canon de razonabilidad constitucional deviene más exigente por cuanto que se encuentran implicados valores y principios de indudable relevancia constitucional, al invocarse por el demandante de amparo el principio del interés superior del menor que tiene su proyección constitucional en el art. 39 CE y que se define como rector e inspirador de todas las actuaciones de los poderes públicos, tanto administrativas como judiciales’( SSTC 141/2000, de 21 de mayo, FJ 5; 217/2009, de 14 de diciembre, FJ 5; 127/2013, de 3 de junio, FJ 6, y 138/2014, de 8 de septiembre, FJ 2, entre otras)».
La jurisprudencia constitucional ha hecho hincapié en términos semejantes de exigencia de motivación reforzada en los supuestos en los que se invoca la protección a las personas con discapacidad prevista en el art. 49 CE (SSTC 208/2013, de 16 de diciembre; 10/2014, de 27 de enero; 18/2017, de 2 de febrero; 3/2018, de 22 de enero, y 51/2021, de 15 de marzo).
3. Aplicación de la jurisprudencia constitucional al presente recurso.
a) En el presente caso, han quedado acreditados en las actuaciones, tal como se ha expuesto con más detalle en los antecedentes, los siguientes extremos:
(i) La demandante de amparo fue condenada en un procedimiento declarativo al desalojo de la vivienda que ocupaba junto con sus dos hijos menores de edad mediante sentencia de 23 de febrero de 2017. En el procedimiento de ejecución de aquel título judicial, se dictó auto despachando la ejecución, otorgando el plazo de un mes para el desalojo de la vivienda si no formulaba oposición.
(ii) La demandante formuló oposición, con invocación, entre otros, de los derechos a la protección de la familia y el interés superior de los menores, a la vivienda y a la protección de las personas con discapacidad en atención a la precaria situación familiar, la existencia de dos hijos menores de edad y la circunstancia sobrevenida de que había nacido un tercer hijo el 12 de febrero de 2017, con una incapacidad física diagnosticada del 65 por 100. Con fundamento en esas mismas circunstancias instó, además, la ampliación del inicial plazo del desalojo de un mes concedido en el auto despachando la ejecución hasta que por los servicios sociales se les concediera una solución habitacional y escolar o, al menos, por un plazo mínimo de seis meses hasta que concluyera el curso escolar. Como principio de prueba se adjuntaba un informe médico y otro de los servicios sociales, relativos a la salud de este menor y a la situación económica del núcleo familiar. Igualmente, solicitó que se practicara prueba ampliatoria de estas circunstancias, que fue denegada en ambas instancias.
(iii) La oposición fue íntegramente desestimada con fundamento exclusivo en que los motivos de oposición a la ejecución de un título judicial son únicamente los establecidos en el art. 556 LEC, ninguno de los cuales era esgrimido en este caso. La solicitud de ampliación del plazo de desalojo fue denegada con el argumento de que es una posibilidad que no está prevista en la ley. El recurso de apelación fue desestimado insistiendo en que las causas de oposición están tasadas y que no cabe el planteamiento de cuestiones distintas de las expresamente previstas en la ley.
b) En atención a la jurisprudencia expuesta anteriormente, el Tribunal considera que se ha producido la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva alegada por la demandante de amparo por las siguientes razones:
(i) El Tribunal constata que la petición de la recurrente se produjo en un procedimiento de ejecución de títulos judiciales que se tramitó sin solución de continuidad temporal con un previo procedimiento declarativo sobre la legalidad de la permanencia de la recurrente y sus hijos menores en la vivienda, en que se había acordado el desalojo.
Con carácter general, habida cuenta de que en dicho procedimiento declarativo la demandante de amparo tuvo una posibilidad efectiva y sin ningún tipo de limitación para plantear las diversas invocaciones que pudiera considerar adecuadas a la defensa de sus intereses y los de su familia, incluyendo la falta de proporcionalidad de una decisión de desalojo derivada de la situación de precariedad económica, el superior interés de los menores afectados, la ausencia de una alternativa habitacional y, en su caso, el hecho de que la titularidad de la vivienda era de una sociedad gestora de los inmuebles patrimoniales de una entidad bancaria por lo que no se afectaba el derecho a la vivienda de la contraparte, no cabe considerar que la respuesta judicial aportada para desestimar la oposición a la ejecución pudiera estar incursa, en principio, en la vulneración alegada del art. 24.1 CE.
Ahora bien, tomando en consideración la jurisprudencia ya expuesta sobre la necesidad de que un afectado por este tipo de medidas tenga la posibilidad efectiva de someter al órgano judicial su proporcionalidad desde la perspectiva de los derechos fundamentales e intereses constitucionales que puedan resultar concernidos, este tribunal también constata que en el presente caso concurría una situación muy singular: La demandante alegó en el procedimiento de ejecución una situación sobrevenida a la del procedimiento declarativo con una potencial influencia sobre dicho juicio de proporcionalidad como era el nacimiento de un nuevo hijo con una situación de discapacidad física en un porcentaje relevante del 65 por 100.
Esta circunstancia pudiera haber sido considerada insuficiente por los órganos judiciales para realizar un nuevo juicio de proporcionalidad o, en su caso, haber cambiado o no el juicio de proporcionalidad en atención a que introducía un nuevo elemento de vulnerabilidad como es la protección de una persona con discapacidad recién nacida. No obstante, en sí misma considerada, era lo suficientemente relevante como para que los órganos judiciales hubieran ponderado si, frente a la literalidad de las causas de oposición legalmente previstas, las circunstancias del caso imponían no limitarse a una respuesta formalista sobre la concurrencia de una causa obstativa, fundándose en la naturaleza ejecutiva del procedimiento y la posibilidad real de haber controvertido cualquier cuestión en un declarativo previo.
A estos efectos, el Tribunal cree procedente destacar que, de conformidad con la jurisprudencia constitucional respecto de la función tuitiva de los órganos judiciales en materias que puedan afectar a menores (así, STC 178/2020, de 14 de diciembre, FJ 3), tampoco las limitaciones legales de oposición previstas en determinadas normas procesales pueden imponerse con un formalismo rigorista.
Un listado cerrado o tasado de oposición previsto en una norma procesal, que responde a unos fines legítimos muy concretos, no exime del deber de motivación reforzada que incumbe al órgano judicial cuando puede estar afectada la protección de los menores, de las personas con discapacidad y de las familias dispensada por la Constitución y los instrumentos normativos del derecho regional e internacional de derechos humanos suscritos por España.
Por tanto, en el presente caso, el Tribunal concluye que en las circunstancias concurrentes una respuesta como la dada por los órganos judiciales a la demandante de amparo, que se limita a constatar la inexistencia legal de una causa de oposición a la ejecución, que se fundamentaba en determinados aspectos sobrevenidos al procedimiento declarativo y se basaba en garantías constitucionales, como son las reconocidas en los arts. 39 y 49 CE y en derechos fundamentales reconocidos en instrumentos internaciones, vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE).
(ii) El Tribunal también constata, en relación con la solicitud de la ampliación del plazo para ejecutar el desalojo, que dicha solicitud, fundamentada en las mismas razones de fondo que la causa de oposición, fue desestimada con idéntico argumento de la falta de cobertura legal. En este caso se da la circunstancia que la propia demandante de amparo no solicitaba un aplazamiento indefinido sino vinculado a que por la administración pública competente pudiera aportarse una solución habitacional y escolar o, al menos, por seis meses en atención a la escolarización de los menores afectados por el desalojo.
Respecto de la respuesta judicial a esta petición, que era un simple aplazamiento con una determinación temporal cierta y que quedaba enmarcada de una manera natural dentro del procedimiento de ejecución de títulos judiciales, debe concluirse también, por las razones ya expuestas, que por un exceso de formalismo rigorista implica la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva de la demandante de amparo (art. 24.1 CE).
Por tanto, el Tribunal acuerda la estimación de este recurso de amparo por la vulneración aducida del derecho a la tutela judicial efectiva con la anulación de las resoluciones judiciales impugnadas y la retroacción de actuaciones para que se pronuncie una nueva resolución judicial respetuosa con el derecho fundamental reconocido, lo que determina que no resulte preciso pronunciarse sobre el resto de las vulneraciones alegadas.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar el recurso de amparo interpuesto por doña M.S.C. y, en su virtud:
1.º Declarar que ha sido vulnerado el derecho de la demandante de amparo a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE).
2.º Restablecerle en su derecho y, a tal fin, declarar la nulidad del auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 2 de Getafe, núm. 118/2017, de 1 de junio de 2017, pronunciado en el procedimiento de ejecución de títulos judiciales núm. 33-2017; y el auto de la Sección vigesimoprimera de la Audiencia Provincial de Madrid de 16 de mayo de 2018, pronunciado en el recurso de apelación núm. 560-2017.
3.º Retrotraer las actuaciones al momento inmediatamente anterior a la primera de las resoluciones citadas para que se pronuncie una nueva resolución respetuosa con el derecho fundamental reconocido.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno.–Encarnación Roca Trías.–Juan Antonio Xiol Ríos.–Pedro José González-Trevijano Sánchez.–Antonio Narváez Rodríguez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Firmado y rubricado.
Voto particular que formula el magistrado don Ricardo Enríquez Sancho a la sentencia dictada en el recurso de amparo núm. 3533-2018
En el ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 90.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, y con el máximo respeto a la opinión de la mayoría, formulo el presente voto particular por discrepar de la fundamentación y del fallo de la sentencia recaída en el recurso de amparo núm. 3533-2018, que ha estimado la demanda interpuesta al entender que en un procedimiento de ejecución de título judicial, consistente en la orden de lanzamiento de una vivienda ocupada sin título alguno por la recurrente y sus tres hijos menores de edad, los órganos judiciales competentes tenían que haber dado una respuesta suficientemente motivada sobre el fondo de la solicitud de oposición a la ejecución para permanecer en el inmueble sin plazo, o subsidiariamente «hasta que por los servicios sociales se les concediera una solución habitacional y escolar, o, al menos, por un plazo mínimo de seis meses hasta que concluyera el curso escolar».
Las resoluciones impugnadas razonaron que no era posible acceder a lo solicitado por no prever la ley las circunstancias familiares de la parte ejecutada dentro de las causas tasadas de oposición a la ejecución (arts. 556 y siguientes de la Ley de enjuiciamiento civil: LEC). La sentencia mayoritaria tacha esta respuesta de vulneradora del derecho a la tutela judicial de la recurrente (art. 24.1 CE), pues en virtud de un deber de motivación reforzada al estar afectada la protección de la familia y los menores de edad (art. 39 CE), uno de ellos discapacitado (art. 49 CE), los órganos judiciales no solamente debieron resolver sobre el fondo de lo alegado, sino que estaban obligados a hacerlo –y así se les exige ahora que lo hagan– aplicando de manera preferente el principio del interés superior del menor.
Lo que la sentencia de la que discrepo auspicia, para entendernos, no es otra cosa sino la introducción de una nueva causa de oposición a la ejecución civil de títulos judiciales no recogida en la ley: las circunstancias familiares de la parte ejecutada con hijos menores de edad. Como tal nueva causa de oposición a la ejecución, el juez competente debe resolver si el desalojo de la vivienda se paraliza hasta que los hijos menores alcancen la mayoría de edad, o si se limita esa suspensión ejecutiva a un plazo determinado (medido en semanas, meses o años) con arreglo a otros factores. Y si el menor presenta alguna discapacidad, también tendrá que decidir si permanecer este en el inmueble ocupado sin título se antoja adecuado a su interés superior, hasta que sane de su discapacidad si resulta médicamente posible, o hasta la fijación de otro plazo distinto. Todo ello, sin arreglo a parámetro legal alguno de referencia, y según lo que parezca más adecuado al interés del menor en cada caso. Esto es lo que ha resuelto la sentencia mayoritaria y no simplemente exigir al juez que motive más o mejor su respuesta. Baso frente a este parecer mi discrepancia en las razones siguientes:
1. La doctrina de este tribunal declara reiteradamente que la fijación de las causas de oposición a la ejecución es materia de configuración legal; no cabe por tanto reprochar al legislador la elección de causas tasadas, excluyendo otras:
Para no extenderme demasiado en este punto me limitaré a recordar dos pronunciamientos que ha emitido el Pleno de este Tribunal, los cuales guardan relación directa con lo que aquí se trata. El primero de ellos fue el dictado en el ATC 113/2011, de 19 de julio, que resolvió la cuestión de inconstitucionalidad formulada contra el art. 695 LEC porque ese precepto no recogía entonces la posibilidad de alegar como causa de oposición a la ejecución el carácter abusivo de una cláusula del contrato incumplido, y porque además remitía –y remite– al ejecutado fuera de esas causas tasadas a la vía del proceso declarativo ordinario.
La cuestión resultó inadmitida por notoriamente infundada, con cita de las SSTC 41/1981, de 18 de diciembre, FFJJ 5 y 6, y 217/1993, de 30 de junio, FJ 2, concluyendo el FJ 4 de ese ATC 113/2011 que «este tribunal ya ha despejado las dudas formuladas, declarando la conformidad del régimen procesal cuestionado con el referido derecho fundamental, de cuya hipotética vulneración el órgano proponente hace depender la lesión de otros derechos y principios constitucionales, como la interdicción de la arbitrariedad (art. 9.3 CE) y el derecho a una vivienda digna (art. 47 CE), que en consecuencia carece de justificación a la luz del examen realizado […]; la cuestión de inconstitucionalidad no es cauce procesal idóneo para que los órganos jurisdiccionales puedan cuestionar de modo genérico o abstracto la constitucionalidad de un régimen o esquema legal (por lo que aquí interesa el proceso de ejecución hipotecaria) por contraste con un hipotético modelo alternativo, que no le compete formular al órgano proponente ni corresponde valorar a este Tribunal Constitucional por ser materia de la exclusiva competencia del legislador, dentro de cuyos límites constitucionales dispone de un amplio margen de libertad de elección que este tribunal ni puede ni debe restringir».
El segundo pronunciamiento, más reciente, es la STC 32/2019, de 28 de febrero, que resolvió el recurso de inconstitucionalidad promovido contra varios artículos de la Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil, en relación con la ocupación ilegal de viviendas. Como es sabido, además del juicio declarativo ordinario existen en el orden jurisdiccional civil algunas especialidades procesales para la tutela del derecho de posesión: la del desahucio por precario del art. 250.1.2 LEC, la tutela sumaria de la posesión ex art. 250.1.4 LEC, y el procedimiento para la protección del derecho real inscrito del art. 250.1.7 LEC, este último utilizado en la instancia por la entidad actora contra la aquí recurrente, como luego se dirá. La Ley 5/2018 se ocupa del segundo de esos procedimientos (el del art. 250.1.4 LEC), disponiendo algunas reglas aceleratorias de las actuaciones; y junto a ellas y con carácter general para todo proceso cuya estimación conlleve el resultado de un desahucio, la obligación al juez para que: «Cuando la notificación de la resolución contenga fijación de fecha para el lanzamiento de quienes ocupan una vivienda, se dará traslado a los servicios públicos competentes en materia de política social por si procediera su actuación, siempre que se hubiera otorgado el consentimiento por los interesados» (nuevo apartado 4 del art. 150 LEC). Notificación que reaparece en el proceso de tutela sumaria de la posesión en caso de estimarse la demanda: «en la misma resolución en que se acuerde la entrega de la posesión de la vivienda al demandante y el desalojo de los ocupantes, se ordenará comunicar tal circunstancia, siempre que se hubiera otorgado el consentimiento por los interesados, a los servicios públicos competentes en materia de política social, para que, en el plazo de siete días, puedan adoptar las medidas de protección que en su caso procedan» (nuevo art. 441.1 bis, último párrafo LEC, en relación con la disposición adicional de la Ley 5/2018). No se previó en cambio la posibilidad de suspensión judicial del lanzamiento en función de las circunstancias familiares del demandado, o hasta tanto los servicios sociales le proporcionaran una solución habitacional.
La citada STC 32/2019 del Pleno, declaró en su fundamento jurídico 5 que las medidas procesales precitadas no lesionaban por insuficientes los derechos a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y a la inviolabilidad del domicilio (art. 18.2 CE), pues en todo caso no corresponde al juez civil sino «a las distintas administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias en materia de vivienda y servicios sociales, articular las medidas necesarias para prevenir situaciones de exclusión residencial y para que resulte eficaz la comunicación prevista en los preceptos referidos, a fin de dar respuesta adecuada y lo más pronta posible a los casos de vulnerabilidad que pudieran producirse como consecuencia del desalojo judicial de ocupantes de viviendas, según determina expresamente la propia Ley 5/2018 en su disposición adicional». Y desestimó también la posible contradicción de esas reglas procesales con el derecho a una vivienda digna del art. 47 CE, porque «ese mandato dirigido a los poderes públicos no es incompatible en modo alguno con el establecimiento por el legislador de procedimientos judiciales para dirimir las controversias que puedan suscitarse acerca del mejor derecho en relación con la titularidad y posesión sobre los bienes inmuebles; con el consiguiente derecho de quien hubiera obtenido una resolución judicial a su favor que decrete el desalojo del ocupante a instar la ejecución de dicha resolución. El derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) comprende también el derecho a la ejecución de las sentencias y demás resoluciones judiciales en sus propios términos (art. 118 CE), conforme tiene señalado de manera reiterada la jurisprudencia constitucional (SSTC 32/1982, de 7 de junio, FJ 2; 61/1984, de 16 de mayo, FJ 1; 148/1989, de 21 de septiembre, FJ 2; 120/1991, de 3 de junio, FJ 2; 153/1992, de 19 de octubre, FJ 4; 3/2002, de 14 de enero, FJ 4, y 223/2004, de 29 de noviembre, FJ 5, entre otras muchas)» [STC 32/2019, FJ 6].
Previamente, en fin, el fundamento jurídico 4 de dicha STC 32/2019 advirtió «que, según ha declarado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en la sentencia de 13 de diciembre de 2018, asunto Casa di Cura Valle Fiorita, S.R.L. c. Italia, la demora prolongada de las autoridades públicas a la hora de ejecutar una orden judicial de desalojo de los ocupantes ilegales de un inmueble, aun escudándose en la necesidad de planificar cuidadosamente el desalojo con el fin de preservar el orden público y garantizar la asistencia a las personas en situación de vulnerabilidad que participaron en la ocupación, vulnera el derecho del titular legítimo a un proceso equitativo que garantiza el art. 6.1 del Convenio europeo de derechos humanos (CEDH), así como su derecho de propiedad (art. 1 del Protocolo núm. 1 CEDH)». Esa doctrina, sin embargo, ni siquiera es mencionada por la sentencia mayoritaria.
En realidad, la única excepción que hemos reconocido para poder suscitar cuestiones ajenas a las causas tasadas de oposición previstas en la ley, en concreto en el proceso ejecutivo hipotecario, son aquellas circunstancias procesales cuya concurrencia condicione la existencia misma de ese proceso ejecutivo (SSTC 39/2015, de 2 de marzo, FJ 6, y 49/2016, de 14 de marzo, FJ 4).
Corresponde por tanto al legislador, no a los jueces ni a este Tribunal Constitucional, articular las causas de oposición en los procesos civiles declarativos y de ejecución, y prever en su caso las condiciones para autorizar la paralización de la orden de desalojo de bienes inmuebles. Así se ha hecho en la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, en los procesos ejecutivos hipotecarios judicial y extrajudicial (art. 129 de la Ley hipotecaria: LH), cuando los ejecutados son personas que se encuentran en supuestos de especial vulnerabilidad y cumplen con los requisitos del art. 1; medida que tras varias prórrogas tiene vigencia hasta el 15 de mayo de 2024, conforme al art. 2 del Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, «[h]asta transcurridos once años desde la entrada en vigor de esta Ley». Por razones sanitarias derivadas de la pandemia del COVID-19, se ha previsto también la suspensión del lanzamiento en los procedimientos de desahucio de arrendamiento, y en aquellos con especialidades para la tutela de la posesión (los apartados 2, 4 y 7 del artículo 250.1 LEC), medida actualmente prorrogada hasta el 9 de agosto de 2021 por el art. 2 del Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo (acuerdo de convalidación por el Congreso de los Diputados de 20 de mayo de 2021, publicado en el «BOE» núm. 126, del 27 de mayo de 2021).
Son pues estas previsiones legales expresas las que el juez civil, según el tipo de proceso de que se trate, ha de aplicar (salvo que considerase necesario elevar respecto de alguna de ellas cuestión de inconstitucionalidad ante este tribunal, lo que nos llevaría a pronunciarnos). Pero no cabe pretender del juez civil que instrumente sin ninguna cobertura legal, una causa con eficacia suspensiva o resolutoria del procedimiento.
2. El significado de la motivación reforzada, y el interés superior del menor:
La sentencia mayoritaria, se ha dicho ya, aduce el deber de motivación reforzada y el interés superior del menor como los dos factores que obligan al juez a quo a examinar las circunstancias familiares alegadas en el trámite de oposición a la ejecución por la defensa de la recurrente, y eventualmente para admitir dicha causa alegal de oposición. Dos observaciones se imponen al respecto:
a) Por lo que atañe al deber de motivación judicial reforzada, en concreto cuando están implicados derechos fundamentales sustantivos o intereses de relevancia constitucional, su significado correctamente se explica por la sentencia mayoritaria en el fundamento jurídico 2 a) (ii), al decir que supone «la obligación de que se exteriorice el nexo de coherencia entre la decisión adoptada, la norma que le sirve de fundamento y los fines que justifican la institución. No cabe una motivación estereotipada ni la mera constatación apodíctica de que ‘no se cumplen las circunstancias’ que la ley exige ni la justificación en el carácter discrecional de la potestad que se ejerce».
Tal es lo que significa la motivación reforzada, pero solamente eso. La motivación reforzada no es el juicio de ponderación en sí mismo entre derechos y/o bienes constitucionalmente protegibles, el cual fragua en el intelecto del juez con el manejo de las fuentes pertinentes del ordenamiento, y es solo después cuando procede a exteriorizar dicho juicio en su resolución. Desde luego, la motivación reforzada no concede derechos subjetivos al margen de ese ordenamiento, tan solo facilita la comprensión de lo que se ha juzgado.
Bajo esa perspectiva, las resoluciones aquí recurridas explicaron que en el proceso de ejecución de título judicial abierto contra la recurrente, no se permite discutir circunstancias ajenas a las previstas en la propia ley, entre las cuales no aparecen las invocadas en el escrito de oposición a la ejecución (y ulterior recurso de apelación). Esa respuesta de doble instancia, aunque insatisfactoria para la recurrente, no adolecía de una falta de motivación reforzada, pues expresamente se estaba refiriendo al contenido de sus alegaciones y a la norma del procedimiento a cuyo cumplimiento el juez se halla obligado en todo momento, por lo que la decisión de rechazar aquella oposición se motivó en términos inteligibles, razonados y suficientes.
b) Respecto de la necesidad de ponderar el interés superior del menor, principio reiteradamente recogido en nuestra doctrina constitucional y que ofrece además previsión expresa entre otros en los arts. 2 y 3 (el cual remite a los instrumentos internacionales suscritos por España en la materia) de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, es correcta la doctrina que se transcribe en el fundamento jurídico 2 b) de la sentencia mayoritaria. No lo es, en cambio, la aplicación que se hace de ella en el fundamento jurídico 3, con los efectos inéditos que a la misma se le atribuyen. Basten dos observaciones en este punto:
(i) La primera es que la sentencia mayoritaria omite recordar, como por ejemplo hace la STC 99/2019, de 18 de julio, FJ 7 (citada en aquella solo parcialmente), que el mandato del art. 39 CE precisa de normas legales de desarrollo, siendo así que este tribunal «ha admitido expresamente que el art. 39 CE incorpora un mandato dirigido a los poderes públicos para que atiendan de un modo preferente la situación del menor de edad, estableciendo regímenes especiales de tutela allí donde el legislador, dentro del amplio margen que enmarca la Constitución, lo considere necesario»; es decir, «el interés superior del menor inherente a algunas de las previsiones del art. 39 CE es, considerado en abstracto, un bien constitucional suficientemente relevante para motivar la adopción de medidas legales que restrinjan derechos y principios constitucionales». Intervención por tanto necesaria del legislador, que luego y solo así ha de aplicar después el intérprete.
(ii) La segunda observación, no menos relevante, es que la doctrina que recoge la sentencia mayoritaria como expresiva de la aplicación del interés superior del menor, se refiere siempre a situaciones en las que o bien se cuestiona la constitucionalidad de la norma legal que concreta el mandato de protección (así, SSTC 64/2019 y 99/2019), lo que presupone la existencia de dicha norma, o bien se reprocha al juez no haber efectuado una ponderación correcta dentro de las posibilidades que la disposición legal o reglamentaria le permitía: SSTC 141/2000, 217/2009 y 138/2014, de 8 de septiembre, sobre fijación del régimen de visitas a los hijos –o nietos– menores; STC 221/2002, de 24 de noviembre, de valoración del riesgo de salud psíquica de menor que se ordena reintegrar en la familia adoptiva; STC 127/2013, de 3 de junio, atribución de competencia de los tribunales españoles para conocer de un supuesto de sustracción internacional de menores; o STC 178/2020, de 14 de diciembre, fijación del orden de los apellidos de un menor de edad tras la declaración judicial de paternidad de su progenitor.
Lo mismo sucede con las sentencias que se citan en la sentencia mayoritaria a propósito del deber de motivación reforzada y la protección de personas con discapacidad, donde se cuestiona la propia constitucionalidad de la norma de desarrollo (STC 18/2017, materia competencial), o la decisión judicial de aplicación de las leyes: STC 208/2013, protección del derecho al honor y a la propia imagen tras aparición en programa de televisión; STC 10/2014, escolarización de un menor en un centro de educación especial; STC 3/2018, denegación de servicio público de salud mental a partir de una cierta edad; y STC 51/2021, imposición de sanción disciplinaria por incumplimiento reiterado de las obligaciones de su trabajo.
Pues bien: lejos de limitarse al control que se evidencia en aquellas resoluciones, la sentencia mayoritaria ha ido más lejos al elevar el interés superior del menor a la categoría de título exclusivo para otorgar derechos que las leyes no recogen, imponer deberes al juez que carece de competencia para ejercerlos, produciendo además el simultáneo menoscabo del derecho ajeno tan constitucionalmente protegible, como lo es el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y el derecho de propiedad (art. 33 CE, este no en amparo) de la parte ejecutante en la instancia, aquí personada.
3. Las particularidades del proceso a quo:
Si lo explicado hasta ahora determina que la demanda de amparo debió desestimarse, lo actuado en la vía judicial previa en este caso no hace sino reforzar esa misma apreciación. La sentencia de la que discrepo pasa por alto los siguientes datos relevantes:
a) El desalojo de la vivienda ocupada sin título por la recurrente y sus hijos fue instado por la mercantil propietaria del inmueble, no a través de un proceso declarativo ordinario, sino de un proceso para la tutela del derecho real inscrito [procedimiento juicio verbal (Efectividad) 488-2016 ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 2 de Getafe], al cual se refiere el art. 41 LH, norma que reenvía al juicio verbal del art. 250.1.7 LEC, y se cohonesta con las especialidades para este procedimiento contenidas en los arts. 439.2, 440.2, 441.3, 444.2 y 447.3 de dicha Ley de enjuiciamiento civil. En concreto, importa destacar que conforme al art. 444.2 el demandado solo podrá oponerse a la demanda si previamente ha prestado la caución determinada por el tribunal para responder de frutos percibidos, daños y costas. Caución cuya previsión legal hemos declarado que resulta respetuosa del derecho a la tutela judicial efectiva del obligado a su constitución (STC 45/2002, de 25 de febrero), aunque este goce del beneficio de justicia gratuita –como sucedía con la recurrente– al no quedar dispensada por el art. 6 de la Ley 1/1996 de asistencia jurídica gratuita, sin perjuicio de poder controlarse su imposición desproporcionada ad casum. Según figura en el fundamento de Derecho primero de la sentencia dictada que ha servido como título de ejecución del proceso a quo, la demandada y ahora recurrente no prestó esa caución, lo que llevó al juzgado a entender que «debe dictarse sentencia estimatoria de la demanda».
Además, conforme también a aquel art. 444.2 LEC, las causas de oposición en este procedimiento son tasadas y se refieren a la falsedad del título registral u omisión en esta de derechos o condiciones inscritas que desvirtúen la acción, el poseer el demandado la finca por contrato u otra relación jurídica directa con el titular actual o anteriores o por prescripción, el estar inscrita la finca en el registro a favor del demandado, y en fin, no ser la finca inscrita la que posee el demandado. No constan en la sentencia las alegaciones que pudo efectuar la representación procesal de la aquí recurrente, pero sí se recoge: (i) que la recurrente, y esto es importante, «efectuó comparecencia identificándose como única ocupante» del inmueble (antecedente de hecho segundo), y (ii) que lo alegado en todo caso por la recurrente, «no se encuentra dentro de las [causas] comprendidas en el art. 444.2 LEC, lo que conllevaría el mismo resultado estimatorio de la demanda» (FJ 1).
La sentencia mayoritaria de la que discrepo, señala en el FJ 3 b) (i), que en dicho procedimiento declarativo la demandante de amparo «tuvo una posibilidad efectiva y sin ningún tipo de limitación para plantear las diversas invocaciones que pudiera considerar adecuadas a la defensa de sus intereses y los de su familia, incluyendo la falta de proporcionalidad de una decisión de desalojo derivada de la situación de precariedad económica, el superior interés de los menores afectados, la ausencia de una alternativa habitacional». Esta afirmación sin embargo no se corresponde con la realidad procesal que acaba de indicarse. Lo cierto es que si la recurrente consideró que alguna indefensión se le había causado en ese proceso, porque no se atendió a la situación de sus hijos menores, pudo y debió agotar la vía impugnatoria previa (apelación o incidente de nulidad de actuaciones, al menos), donde ya habría podido referirse a la discapacidad motriz de su hijo nacido el 12 de febrero de 2017, y en su caso después promover recurso de amparo contra aquella sentencia, cosa que no hizo, aquietándose con el fallo que de tal guisa devino firme.
b) De acuerdo con el art. 447.3 LEC, carecen de efectos de cosa juzgada (material) las sentencias que se dicten en estos procesos del art. 250.1.7 LEC. La recurrente podía haber acudido a la vía del juicio declarativo ordinario para defender sus razones para mantenerse en el inmueble, paso que tampoco consta que haya dado.
c) Abierta ya la ejecución, tanto en el escrito de oposición a la ejecución, como en el de apelación contra el auto que desestimó aquel, la representación de la recurrente ha presentado las circunstancias familiares como motivo para paralizar el desalojo. De nuevo, pero ahora en relación con los arts. 556 y 559 LEC, aparece la imposibilidad legal de tratar tales hechos como causa de oposición siendo un proceso de ejecución de título judicial, al existir causas tasadas (pago o cumplimiento de lo ordenado en la resolución, caducidad de la acción ejecutiva, pactos o transacciones pasadas en escritura pública para evitar la ejecución –556–, o defectos procesales –559–). Y de manera llamativa, se solicita que el juez civil se dirija a los servicios sociales del ayuntamiento, cuya dirección de localización le facilita, para que pida el historial con los datos que tenga de la recurrente y sus hijos, y se provea a una solución habitacional. No consta sin embargo que aquella, o su abogado, hayan intentado en algún momento dirigirse a esos servicios sociales en procura de una vivienda, sino que ha de ser el juez civil, carente de competencias para ello, el que realice esas gestiones administrativas, permaneciendo mientras en ella.
d) La sentencia mayoritaria de la que discrepo, finalmente, no explica en modo alguno por qué el interés superior del menor se satisface exigiéndole al juez de la ejecución que se pronuncie sobre la posibilidad de mantenerle en la vivienda ocupada ilegalmente. Se desconocen de hecho las condiciones de habitabilidad en las que se halla ese inmueble, en el que ha seguido viviendo con sus hijos al haberse suspendido las resoluciones judiciales impugnadas por ATC 92/2018, de 17 de septiembre, de este tribunal. Del mismo modo como se desconoce si en estos ya más de cuatro años transcurridos, el hijo menor ha recibido tratamiento médico de su dolencia (pies zambos, según consta en informe adjuntado a las actuaciones). Se presupone con esto que el juez civil de la ejecución debe abrir ahora una investigación aparte para poder desentrañar estos extremos, lo que desde luego no corresponde tampoco a sus funciones, ahondando así en la inadecuación de la solución dada por la sentencia mayoritaria, convirtiéndole en gestor ante los servicios sociales, y todo ello sin haberse tenido en cuenta los derechos de la entidad ejecutante (tutela judicial efectiva, y propiedad), disponiendo la recurrente de otras vías administrativas y judiciales eficaces para resolver sobre su pretensión.
Madrid, a treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno.–Ricardo Enríquez Sancho.–Firmado y rubricado.
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Sentencia del Constitucional que declara que los jueces que mandaron ejecutar un desahucio en 2017 no tuvieron en cuenta los intereses de los tres menores (uno de ellos con discapacidad) que vivían en la vivienda. Y que exigía motivación reforzada. #BOE
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SUBVENCIONES
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Tribunal Constitucional
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Sentencia del Constitucional que declara que los jueces que mandaron ejecutar un desahucio en 2017 no tuvieron en cuenta los intereses de los tres menores (uno de ellos con discapacidad) que vivían en la vivienda. Y que exigía motivación reforzada.
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[] | 3,305
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2014-06-30
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BOE-A-2013-8323
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Resolución de 22 de junio de 2014, de la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores, por la que se convoca la concesión de subvenciones correspondientes al año 2014 para la realización de actividades dirigidas a la divulgación, promoción y defensa de los derechos humanos.
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<titulo>Resolución de 22 de junio de 2014, de la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores, por la que se convoca la concesión de subvenciones correspondientes al año 2014 para la realización de actividades dirigidas a la divulgación, promoción y defensa de los derechos humanos.</titulo>
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<p class='parrafo'>El Real Decreto 342/2012, de 10 de febrero, por el que se desarrolla la estructura básica del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, atribuye a la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores la asistencia al Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación en la formulación y ejecución de la política exterior en sus planteamientos y objetivos globales, entre otras materias, en derechos humanos.</p>
<p class='parrafo'>Mediante la presente convocatoria de ayudas se pretende promover la realización de todo tipo de acciones que contribuyan a la divulgación, promoción y defensa de los derechos humanos con proyectos de ámbito nacional, o de ámbito internacional que tengan interés para España.</p>
<p class='parrafo'>Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Orden AEC/869/2014, de 21 de abril («Boletín Oficial del Estado» número 129, de 28 de mayo de 2014), que establece las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la realización de actividades dirigidas a la divulgación, promoción y defensa de los derechos humanos, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, mediante la presente Resolución se anuncia la convocatoria de subvenciones correspondientes al ejercicio 2014, para lo cual tengo a bien disponer lo siguiente:</p>
<p class='articulo'>Apartado 1. Objeto, condiciones y finalidad.</p>
<p class='parrafo'>Esta convocatoria de subvenciones tiene como finalidad contribuir al desarrollo, la mejora del conocimiento y el fortalecimiento de los derechos humanos en las distintas esferas, mediante la realización de proyectos de ámbito nacional, o de ámbito internacional de interés para España.</p>
<p class='parrafo'>Dichas subvenciones se otorgarán bajo los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad y no discriminación.</p>
<p class='articulo'>Apartado 2. Financiación.</p>
<p class='parrafo'>La financiación de las subvenciones previstas en la presente Resolución se efectuará con cargo al crédito consignado a tales efectos en el concepto presupuestario 12.04.142A.482 del Presupuesto de Gastos de la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores para el ejercicio 2014, hasta un importe máximo total de 184.000 euros.</p>
<p class='parrafo'>La concesión de estas subvenciones queda sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las ayudas con cargo al presupuesto del citado ejercicio.</p>
<p class='parrafo'>El pago de las ayudas se efectuará de una sola vez a favor del solicitante que resulte beneficiario por la resolución de la convocatoria de subvenciones.</p>
<p class='parrafo'>No se realizará el pago si el beneficiario no se hallase al corriente de sus obligaciones tributarias o con la Seguridad Social, o si fuese deudor, por cualquier otro concepto, de la Administración concedente.</p>
<p class='articulo'>Apartado 3. Límite de las ayudas.</p>
<p class='parrafo'>Tanto la concesión de la subvención como su concreta cuantía, quedarán supeditadas a las disponibilidades presupuestarias en el concepto mencionado en el apartado 2 de la presente Resolución.</p>
<p class='parrafo'>El importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas o ingresos, supere el coste de la actividad subvencionada.</p>
<p class='articulo'>Apartado 4. Requisitos para solicitar la subvención y forma de acreditarlos.</p>
<p class='parrafo'>Podrá solicitar la subvención toda institución o entidad, no perteneciente al sector público, española o extranjera, y legalmente constituida que, en todo caso, reúna y esté en disposición de acreditar los siguientes requisitos:</p>
<p class='parrafo_2'>1. Que se trata de una entidad sin fines de lucro.</p>
<p class='parrafo'>2. Con experiencia previa acreditada en actividades de derechos humanos o cuyos objetivos sean la defensa, promoción y difusión de los derechos humanos, especialmente en los ámbitos preferentes del apartado 9 de esta convocatoria.</p>
<p class='parrafo'>3. Cumplir con las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, de acuerdo con lo previsto en el artículo 22 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.</p>
<p class='parrafo'>4. Disponer de los medios y capacidad suficientes para realizar las actividades y garantizar el objetivo de cumplimiento de los objetivos previstos en dichas actividades.</p>
<p class='parrafo'>5. No encontrarse comprendido en ninguno de los supuestos recogidos en el artículo 13, apartados 2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, sobre la prohibición para la obtención de ayudas o subvenciones públicas.</p>
<p class='articulo'>Apartado 5. Solicitudes y documentación.</p>
<p class='parrafo'>5.1 Las solicitudes de la subvención dirigidas al Secretario de Estado de Asuntos Exteriores se podrán presentar:</p>
<p class='parrafo_2'>– Utilizando los medios electrónicos, previstos en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, a través del Registro Electrónico del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, en la página web www.maec.es.</p>
<p class='parrafo'>– En cualquiera de las formas que prescribe el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero. En el caso de presentarse en el Registro General del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (plaza de la Provincia, n.º 1, 28071 Madrid).</p>
<p class='parrafo_2'>Cuando no se utilicen los medios electrónicos para la presentación de solicitudes, se recomienda enviar un aviso mediante correo electrónico a la siguiente dirección subvencionesdh@maec.es, o por fax al número 91-394.86.60, indicando el nombre de la entidad solicitante, el título del proyecto y la cantidad solicitada, así como la fecha y forma de envío.</p>
<p class='parrafo_2'>5.2. Si la solicitud se presenta por medios electrónicos, se deberá cumplimentar el formulario disponible al efecto en el Registro Electrónico del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, siguiendo las instrucciones correspondientes.</p>
<p class='parrafo'>En el resto de los casos, a la solicitud, que se presentará según el modelo que se une a esta convocatoria como anexo 1, deberá adjuntarse la siguiente documentación:</p>
<p class='parrafo_2'>a) Formulario para la identificación del proyecto, según modelo que se adjunta a esta convocatoria como anexo 2.</p>
<p class='parrafo'>b) Presupuesto estimado de los gastos que se prevean realizar desglosado por partidas de gasto, según modelo que se adjunta como anexo 3.</p>
<p class='parrafo'>c) Memoria explicativa de las actividades proyectadas y que pueden ser objeto de la subvención, fecha y lugar de realización, intervinientes previstos, contenido de las actividades a desarrollar y resultados esperados.</p>
<p class='parrafo'>d) Memoria explicativa de la entidad en la que se incluya relación del personal responsable de la organización de la actividad presentada y actividades desarrolladas en los tres últimos años en el ámbito de los derechos humanos.</p>
<p class='parrafo'>e) Copia del alta y último recibo del Impuesto de Actividades Económicas o, en su caso, declaración de exención.</p>
<p class='parrafo'>f) Las entidades solicitantes podrán autorizar a esta Secretaría de Estado (en el anexo 1) para que obtenga de forma directa la acreditación de que la entidad solicitante se halla al corriente de sus obligaciones tributarias con Hacienda y Seguridad Social. En caso contrario, se deberán aportar las correspondientes certificaciones.</p>
<p class='parrafo_2'>Los anexos 1, 2 y 3 se presentarán por duplicado y el resto de la documentación en un solo ejemplar. Dichos anexos se encontrarán, junto con la convocatoria, disponibles en la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (www.maec.es)</p>
<p class='parrafo_2'>5.3. Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la presente convocatoria, se requerirá al interesado para que la subsane en el plazo máximo e improrrogable de 10 días, indicándole que si no lo hiciese se tendrá por desistido de su solicitud.</p>
<p class='articulo'>Apartado 6. Plazo de presentación.</p>
<p class='parrafo'>El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».</p>
<p class='articulo'>Apartado 7. Instrucción del procedimiento de concesión y órganos competentes para la instrucción.</p>
<p class='parrafo'>De acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, la propuesta de concesión se formula al órgano concedente por el órgano instructor, previo informe de la Comisión de Valoración.</p>
<p class='parrafo'>El órgano instructor queda establecido en la Oficina de Derechos Humanos.</p>
<p class='parrafo'>Dicho órgano instructor será asesorado por un órgano colegiado, Comisión de Valoración, que estará compuesto por la Presidenta: la Directora de la Oficina de Derechos Humanos, y los siguientes Vocales, la Directora del Gabinete de la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores, un representante de cada una de las Direcciones Generales dependientes de esta Secretaría de Estado, un representante de la Secretaria de Estado para Iberoamérica, el Subdirector General de Asuntos Internacionales de Terrorismo, el Subdirector General de NNUU y Asuntos Globales, el Subdirector General de Organismos Internacionales Técnicos y los/las Embajadores/as en Misión Especial dependientes de la Dirección General Política Exterior y Asuntos Multilaterales, Globales y de Seguridad, así como un representante de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo. Todos los representantes ocuparan como mínimo un puesto de Jefe de Servicio nivel 26.</p>
<p class='parrafo'>Actuará como Secretario, con voz pero sin voto, un funcionario adscrito a la Oficina de Derechos Humanos, que ocupe al menos un puesto de jefe de sección nivel 24.</p>
<p class='parrafo'>La concesión de estas subvenciones se efectuará en régimen de concurrencia competitiva, mediante la comparación de las solicitudes presentadas, a fin de establecer una prelación entre las mismas.</p>
<p class='parrafo'>La evaluación de solicitudes será realizada por la Comisión de Valoración conforme a los criterios objetivos de concesión y ponderación que se detallan en el apartado 8 de esta convocatoria, así como teniendo en cuenta los ámbitos de actuación preferente en materia de Derechos Humanos establecidos en el apartado 9 de esta Resolución.. La Comisión de Valoración podrá solicitar informes a unidades en el exterior del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.</p>
<p class='parrafo'>La Comisión de Valoración emitirá un informe que contendrá la relación de los candidatos que han obtenido mejor puntuación y las cuantías que se proponen para cada uno de ellos, que se dirigirá al órgano instructor.</p>
<p class='parrafo'>La propuesta final de concesión se elevará al Secretario de Estado de Asuntos Exteriores, por la Oficina de Derechos Humanos. El Secretario de Estado de Asuntos Exteriores resolverá y firmará, la correspondiente resolución de concesión de subvenciones que contendrá la relación de beneficiarios y la cuantía concedida a cada uno de ellos, haciendo constar, de manera expresa, la desestimación del resto de las solicitudes.</p>
<p class='articulo'>Apartado 8. Criterios de concesión.</p>
<p class='parrafo'>Los criterios objetivos de concesión son los recogidos en artículo 8<em> </em>de las bases reguladoras (Orden AEC/869/2014, de 21 de abril, BOE de 28 de mayo), para cuya evaluación se tendrán en cuenta los aspectos que se enumeran a continuación:</p>
<p class='parrafo_2'>a) Formulación clara y precisa de objetivos y coincidencia de los mismos con los que se relacionan en el apartado 1 de la presente convocatoria, es decir, contribuir al desarrollo, la mejora del conocimiento y el fortalecimiento de los derechos humanos en las distintas esferas, mediante la realización de proyectos de ámbito nacional, o de ámbito internacional de interés para España.</p>
<p class='parrafo'>b) Calidad, viabilidad e innovación del proyecto o actividad. Se tendrá en cuenta la financiación propia y la cofinanciación de los proyectos por parte de otras entidades.</p>
<p class='parrafo'>c) Impacto, repercusión, relevancia e interés de la actividad en relación con los ámbitos enumerados en el apartado 9.</p>
<p class='parrafo'>d) Experiencia, trayectoria y especialización del solicitante en actividades dirigidas a la divulgación, promoción y defensa de los derechos humanos.</p>
<p class='parrafo_2'>Cada uno de los criterios anteriores se puntuará del 0 al 5, de la siguiente manera: 0 = nulo, 1 = muy bajo, 2 = bajo, 3 = medio, 4 = alto y 5 = muy alto, y se valorarán con un peso relativo del 25%. La puntuación final obtenida será la siguiente:</p>
<p class='parrafo_2'>Puntuación final =</p>
<p class='parrafo'>[criterio a) × 0,25] + [criterio b) × 0,25] + [criterio c) × 0,25] + [criterio d) × 0,25]</p>
<p class='articulo'>Apartado 9. Ámbitos de actuación preferente.</p>
<p class='parrafo'>Se valorarán preferentemente aquellos proyectos que incidan en alguno de los ámbitos siguientes: lucha contra la pena de muerte, derechos de las personas con discapacidad, empresas transnacionales y derechos humanos, derecho humano al acceso al agua potable y al saneamiento, defensores de derechos humanos, no discriminación, incluyendo por razón de género u orientación sexual; libertad de religión o creencia, derechos de los niños, y derechos de las víctimas del terrorismo.</p>
<p class='articulo'>Apartado 10. Resolución del procedimiento.</p>
<p class='parrafo'>El plazo máximo para la resolución y notificación del procedimiento será de seis meses contados a partir de la publicación de la presente convocatoria.</p>
<p class='parrafo'>La resolución será motivada, debiendo en todo caso quedar acreditados los fundamentos de la resolución que se adopte, de conformidad con lo establecido en el artículo 25 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.</p>
<p class='parrafo'>Contra la resolución que se dicte, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, o recurso contencioso-administrativo ante la sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses, conforme a la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, no pudiendo interponerse simultáneamente ambos recursos.</p>
<p class='parrafo'>Transcurrido el plazo máximo para resolver el procedimiento, sin que haya recaído resolución expresa, se podrá entender desestimada la solicitud de ayuda.</p>
<p class='articulo'>Apartado 11. Medio de notificación.</p>
<p class='parrafo'>La resolución del Secretario de Estado deberá notificarse a los beneficiarios en los términos previstos en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, según redacción contenida en la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la anterior, y publicarse en el «Boletín Oficial del Estado».</p>
<p class='parrafo'>El órgano instructor solicitará a los beneficiarios que presenten la aceptación de la subvención concedida en la forma y plazo establecido en el apartado 13 de esta resolución. También podrá requerirse, sólo en caso de que no haya sido presentada en esta Secretaría de Estado para la obtención de subvenciones en convocatorias publicadas en los cinco últimos años:</p>
<p class='parrafo_2'>– Fotocopia de la tarjeta de identificación fiscal.</p>
<p class='parrafo'>– Fotocopia de la escritura o documento de constitución, de modificación, en su caso, de los estatutos o del acto fundacional, inscrito en el registro correspondiente cuando proceda, en el que consten las normas que rigen su actividad, así como la documentación acreditativa de representación.</p>
<p class='parrafo_2'>Las copias presentadas deberán estar autentificadas o cotejadas por funcionario público competente.</p>
<p class='parrafo'>Asimismo, si la cuantía concedida fuera inferior a la solicitada, se podrá instar al beneficiario, tal como se prevé en el artículo 11 de las bases reguladoras, a revisar su petición, con el fin de ajustar los compromisos y las condiciones a la subvención otorgable. En concreto, podrá requerirse una reformulación del anexo 2 y 3 de acuerdo a las nuevas condiciones económicas y diferenciando claramente las diferentes fuentes de financiación, si las hubiere.</p>
<p class='articulo'>Apartado 12. Plazo para la realización de la actividad.</p>
<p class='parrafo'>La actividad objeto de la subvención deberá estar concluida el 30 de noviembre de 2015.</p>
<p class='parrafo'>Los gastos de preparación de la actividad que se produzcan previamente a la notificación de la concesión de la subvención podrán ser admitidos como gastos subvencionables únicamente si no se han producido antes del año en que se publique la convocatoria.</p>
<p class='parrafo'>En el caso de alteración de las fechas de realización, el beneficiario deberá comunicarlo a la Oficina de Derechos Humanos para su aprobación, justificando las razones de dicho cambio de fechas, dentro del límite temporal especificado en el primer párrafo de este apartado.</p>
<p class='articulo'>Apartado 13. Obligaciones de los beneficiarios.</p>
<p class='parrafo'>a) Los beneficiarios de estas ayudas estarán obligados a lo establecido en el artículo 12 de la Orden AEC/869/2014, de 21 de abril, de bases reguladoras para la concesión de estas subvenciones y en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.</p>
<p class='parrafo'>b) La carta de aceptación expresa de la subvención concedida se deberá presentar en un plazo máximo de 10 días hábiles a contar a partir del día siguiente a la recepción de la notificación de concesión. Si no fuera aceptada en dicho plazo se entenderá que renuncia a la misma.</p>
<p class='parrafo'>c) Presentar los anexos 2 y 3 reformulados en le caso previsto en el apartado 11.</p>
<p class='parrafo'>d) Acreditar estar al corriente de obligaciones tributarias, de seguridad social, y del impuesto de Actividades económicas o la exención correspondiente en su caso. Estas acreditaciones deberán presentarse con anterioridad a la concesión de la subvención y de la presentación de la justificación, si no hubieran autorizado a la Administración para su obtención, de acuerdo con le apartado 5.2 f).</p>
<p class='parrafo'>e) Comunicar modificaciones en el plazo de realización de la actividad así como la variación de las condiciones de la actividad subvencionada.</p>
<p class='parrafo'>f) Visibilizar en los materiales que se usen par la difusión de actividades así como en las propias actividades, el logotipo de la Administración del estado, que identifique el origen de la ayuda.</p>
<p class='parrafo'>g) Someterse a las actuaciones de comprobación que pudiera efectuar el órgano concedente, alas de control financiero que correspondan a la Intervención General de la Administración del Estado y a las previstas en la legislación del Tribunal de Cuentas.</p>
<p class='articulo'>Apartado 14. Modificación de la actividad financiada.</p>
<p class='parrafo'>Si durante la ejecución de la actividad subvencionada se manifiestan circunstancias objetivas que alteren o dificulten gravemente su desarrollo, y que no constituyan cambios sustanciales, el beneficiario podrá solicitar la modificación de la actividad, de acuerdo a lo que se recoge en el artículo 14 de la orden AEC/869/2014, de 21 de abril.</p>
<p class='articulo'>Apartado 15. Justificación de la aplicación de fondos.</p>
<p class='parrafo'>1. La justificación de las actividades y de la aplicación de fondos se deberá realizar en el plazo máximo de dos meses a contar desde la fecha en que finalizó la actividad objeto del proyecto, en la forma que se detalla en el artículo 15 de la Orden AEC/869/2014, de 21 de abril, de bases reguladoras. En ningún caso las justificaciones deberán presentarse con fecha posterior a la finalización del año 2015.</p>
<p class='parrafo'>2. Asimismo, se deberá tener en cuenta que, de acuerdo con el artículo 30.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, cuando las actividades sean financiadas con fondos propios u otras subvenciones o recursos, deberá acreditarse en la justificación el importe, procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades subvencionadas.</p>
<p class='parrafo'>3. Presentación de cuenta justificativa según se indica en el artículo 15 de la Orden AEC/869/2014, de 21 de abril, En la memoria económica deberá quedar claramente diferenciada la parte financiada por esta convocatoria de otras financiaciones de acuerdo a los gastos efectivamente realizados.</p>
<p class='parrafo'>El tipo de gastos subvencionables vienen recogidos en el artículo 11.2 de las bases reguladoras (orden AEC/689/2014, de 21 de abril). En el caso de remanentes no invertidos, se deberá atenerse a lo dispuesto en el artículo 16 de las bases reguladoras mencionadas.</p>
<p class='parrafo'>4. Deberá quedar claramente especificada la vinculación de todos los gastos que se acrediten a la finalidad del proyecto subvencionado.</p>
<p class='articulo'>Apartado 16. Medidas de garantía.</p>
<p class='parrafo'>Como medida de garantía de los intereses públicos se establece la revisión de las subvenciones, la responsabilidad y régimen sancionador de los beneficiarios, tal como se recoge en los artículos 17 al 19 de citada Orden AEC/869/2014, de 21 de abril, así como en los artículos 30.8 y del 36 al 43 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en los artículos 91 al 101 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, en relación con el reintegro de subvenciones, y del 52 al 69, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, relativos a infracciones administrativas en materia de subvenciones.</p>
<p class='articulo'>Apartado 17. Normativa aplicable.</p>
<p class='parrafo'>Para todos aquellos extremos no previstos en la presente Resolución será de aplicación lo establecido en la Orden AEC/869/2014, de 21 de abril, de bases reguladoras para la concesión de subvenciones para realización de actividades dirigidas a la divulgación, promoción y defensa de los derechos humanos, así como lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.</p>
<p class='parrafo_2'>Madrid, 22 de junio de 2014.–El Secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Gonzalo de Benito Secades.</p>
<p class='anexo'>ANEXO 1</p>
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<p class='anexo'>ANEXO 2</p>
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<p class='anexo'>ANEXO 3</p>
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Mon Jun 30 08:48:48 +0000 2014
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El Real Decreto 342/2012, de 10 de febrero, por el que se desarrolla la estructura básica del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, atribuye a la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores la asistencia al Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación en la formulación y ejecución de la política exterior en sus planteamientos y objetivos globales, entre otras materias, en derechos humanos.
Mediante la presente convocatoria de ayudas se pretende promover la realización de todo tipo de acciones que contribuyan a la divulgación, promoción y defensa de los derechos humanos con proyectos de ámbito nacional, o de ámbito internacional que tengan interés para España.
Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Orden AEC/869/2014, de 21 de abril («Boletín Oficial del Estado» número 129, de 28 de mayo de 2014), que establece las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la realización de actividades dirigidas a la divulgación, promoción y defensa de los derechos humanos, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, mediante la presente Resolución se anuncia la convocatoria de subvenciones correspondientes al ejercicio 2014, para lo cual tengo a bien disponer lo siguiente:
Apartado 1. Objeto, condiciones y finalidad.
Esta convocatoria de subvenciones tiene como finalidad contribuir al desarrollo, la mejora del conocimiento y el fortalecimiento de los derechos humanos en las distintas esferas, mediante la realización de proyectos de ámbito nacional, o de ámbito internacional de interés para España.
Dichas subvenciones se otorgarán bajo los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad y no discriminación.
Apartado 2. Financiación.
La financiación de las subvenciones previstas en la presente Resolución se efectuará con cargo al crédito consignado a tales efectos en el concepto presupuestario 12.04.142A.482 del Presupuesto de Gastos de la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores para el ejercicio 2014, hasta un importe máximo total de 184.000 euros.
La concesión de estas subvenciones queda sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las ayudas con cargo al presupuesto del citado ejercicio.
El pago de las ayudas se efectuará de una sola vez a favor del solicitante que resulte beneficiario por la resolución de la convocatoria de subvenciones.
No se realizará el pago si el beneficiario no se hallase al corriente de sus obligaciones tributarias o con la Seguridad Social, o si fuese deudor, por cualquier otro concepto, de la Administración concedente.
Apartado 3. Límite de las ayudas.
Tanto la concesión de la subvención como su concreta cuantía, quedarán supeditadas a las disponibilidades presupuestarias en el concepto mencionado en el apartado 2 de la presente Resolución.
El importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas o ingresos, supere el coste de la actividad subvencionada.
Apartado 4. Requisitos para solicitar la subvención y forma de acreditarlos.
Podrá solicitar la subvención toda institución o entidad, no perteneciente al sector público, española o extranjera, y legalmente constituida que, en todo caso, reúna y esté en disposición de acreditar los siguientes requisitos:
1. Que se trata de una entidad sin fines de lucro.
2. Con experiencia previa acreditada en actividades de derechos humanos o cuyos objetivos sean la defensa, promoción y difusión de los derechos humanos, especialmente en los ámbitos preferentes del apartado 9 de esta convocatoria.
3. Cumplir con las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, de acuerdo con lo previsto en el artículo 22 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
4. Disponer de los medios y capacidad suficientes para realizar las actividades y garantizar el objetivo de cumplimiento de los objetivos previstos en dichas actividades.
5. No encontrarse comprendido en ninguno de los supuestos recogidos en el artículo 13, apartados 2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, sobre la prohibición para la obtención de ayudas o subvenciones públicas.
Apartado 5. Solicitudes y documentación.
5.1 Las solicitudes de la subvención dirigidas al Secretario de Estado de Asuntos Exteriores se podrán presentar:
– Utilizando los medios electrónicos, previstos en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, a través del Registro Electrónico del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, en la página web www.maec.es.
– En cualquiera de las formas que prescribe el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero. En el caso de presentarse en el Registro General del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (plaza de la Provincia, n.º 1, 28071 Madrid).
Cuando no se utilicen los medios electrónicos para la presentación de solicitudes, se recomienda enviar un aviso mediante correo electrónico a la siguiente dirección subvencionesdh@maec.es, o por fax al número 91-394.86.60, indicando el nombre de la entidad solicitante, el título del proyecto y la cantidad solicitada, así como la fecha y forma de envío.
5.2. Si la solicitud se presenta por medios electrónicos, se deberá cumplimentar el formulario disponible al efecto en el Registro Electrónico del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, siguiendo las instrucciones correspondientes.
En el resto de los casos, a la solicitud, que se presentará según el modelo que se une a esta convocatoria como anexo 1, deberá adjuntarse la siguiente documentación:
a) Formulario para la identificación del proyecto, según modelo que se adjunta a esta convocatoria como anexo 2.
b) Presupuesto estimado de los gastos que se prevean realizar desglosado por partidas de gasto, según modelo que se adjunta como anexo 3.
c) Memoria explicativa de las actividades proyectadas y que pueden ser objeto de la subvención, fecha y lugar de realización, intervinientes previstos, contenido de las actividades a desarrollar y resultados esperados.
d) Memoria explicativa de la entidad en la que se incluya relación del personal responsable de la organización de la actividad presentada y actividades desarrolladas en los tres últimos años en el ámbito de los derechos humanos.
e) Copia del alta y último recibo del Impuesto de Actividades Económicas o, en su caso, declaración de exención.
f) Las entidades solicitantes podrán autorizar a esta Secretaría de Estado (en el anexo 1) para que obtenga de forma directa la acreditación de que la entidad solicitante se halla al corriente de sus obligaciones tributarias con Hacienda y Seguridad Social. En caso contrario, se deberán aportar las correspondientes certificaciones.
Los anexos 1, 2 y 3 se presentarán por duplicado y el resto de la documentación en un solo ejemplar. Dichos anexos se encontrarán, junto con la convocatoria, disponibles en la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (www.maec.es)
5.3. Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la presente convocatoria, se requerirá al interesado para que la subsane en el plazo máximo e improrrogable de 10 días, indicándole que si no lo hiciese se tendrá por desistido de su solicitud.
Apartado 6. Plazo de presentación.
El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».
Apartado 7. Instrucción del procedimiento de concesión y órganos competentes para la instrucción.
De acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, la propuesta de concesión se formula al órgano concedente por el órgano instructor, previo informe de la Comisión de Valoración.
El órgano instructor queda establecido en la Oficina de Derechos Humanos.
Dicho órgano instructor será asesorado por un órgano colegiado, Comisión de Valoración, que estará compuesto por la Presidenta: la Directora de la Oficina de Derechos Humanos, y los siguientes Vocales, la Directora del Gabinete de la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores, un representante de cada una de las Direcciones Generales dependientes de esta Secretaría de Estado, un representante de la Secretaria de Estado para Iberoamérica, el Subdirector General de Asuntos Internacionales de Terrorismo, el Subdirector General de NNUU y Asuntos Globales, el Subdirector General de Organismos Internacionales Técnicos y los/las Embajadores/as en Misión Especial dependientes de la Dirección General Política Exterior y Asuntos Multilaterales, Globales y de Seguridad, así como un representante de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo. Todos los representantes ocuparan como mínimo un puesto de Jefe de Servicio nivel 26.
Actuará como Secretario, con voz pero sin voto, un funcionario adscrito a la Oficina de Derechos Humanos, que ocupe al menos un puesto de jefe de sección nivel 24.
La concesión de estas subvenciones se efectuará en régimen de concurrencia competitiva, mediante la comparación de las solicitudes presentadas, a fin de establecer una prelación entre las mismas.
La evaluación de solicitudes será realizada por la Comisión de Valoración conforme a los criterios objetivos de concesión y ponderación que se detallan en el apartado 8 de esta convocatoria, así como teniendo en cuenta los ámbitos de actuación preferente en materia de Derechos Humanos establecidos en el apartado 9 de esta Resolución.. La Comisión de Valoración podrá solicitar informes a unidades en el exterior del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.
La Comisión de Valoración emitirá un informe que contendrá la relación de los candidatos que han obtenido mejor puntuación y las cuantías que se proponen para cada uno de ellos, que se dirigirá al órgano instructor.
La propuesta final de concesión se elevará al Secretario de Estado de Asuntos Exteriores, por la Oficina de Derechos Humanos. El Secretario de Estado de Asuntos Exteriores resolverá y firmará, la correspondiente resolución de concesión de subvenciones que contendrá la relación de beneficiarios y la cuantía concedida a cada uno de ellos, haciendo constar, de manera expresa, la desestimación del resto de las solicitudes.
Apartado 8. Criterios de concesión.
Los criterios objetivos de concesión son los recogidos en artículo 8 de las bases reguladoras (Orden AEC/869/2014, de 21 de abril, BOE de 28 de mayo), para cuya evaluación se tendrán en cuenta los aspectos que se enumeran a continuación:
a) Formulación clara y precisa de objetivos y coincidencia de los mismos con los que se relacionan en el apartado 1 de la presente convocatoria, es decir, contribuir al desarrollo, la mejora del conocimiento y el fortalecimiento de los derechos humanos en las distintas esferas, mediante la realización de proyectos de ámbito nacional, o de ámbito internacional de interés para España.
b) Calidad, viabilidad e innovación del proyecto o actividad. Se tendrá en cuenta la financiación propia y la cofinanciación de los proyectos por parte de otras entidades.
c) Impacto, repercusión, relevancia e interés de la actividad en relación con los ámbitos enumerados en el apartado 9.
d) Experiencia, trayectoria y especialización del solicitante en actividades dirigidas a la divulgación, promoción y defensa de los derechos humanos.
Cada uno de los criterios anteriores se puntuará del 0 al 5, de la siguiente manera: 0 = nulo, 1 = muy bajo, 2 = bajo, 3 = medio, 4 = alto y 5 = muy alto, y se valorarán con un peso relativo del 25%. La puntuación final obtenida será la siguiente:
Puntuación final =
[criterio a) × 0,25] + [criterio b) × 0,25] + [criterio c) × 0,25] + [criterio d) × 0,25]
Apartado 9. Ámbitos de actuación preferente.
Se valorarán preferentemente aquellos proyectos que incidan en alguno de los ámbitos siguientes: lucha contra la pena de muerte, derechos de las personas con discapacidad, empresas transnacionales y derechos humanos, derecho humano al acceso al agua potable y al saneamiento, defensores de derechos humanos, no discriminación, incluyendo por razón de género u orientación sexual; libertad de religión o creencia, derechos de los niños, y derechos de las víctimas del terrorismo.
Apartado 10. Resolución del procedimiento.
El plazo máximo para la resolución y notificación del procedimiento será de seis meses contados a partir de la publicación de la presente convocatoria.
La resolución será motivada, debiendo en todo caso quedar acreditados los fundamentos de la resolución que se adopte, de conformidad con lo establecido en el artículo 25 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Contra la resolución que se dicte, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, o recurso contencioso-administrativo ante la sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses, conforme a la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, no pudiendo interponerse simultáneamente ambos recursos.
Transcurrido el plazo máximo para resolver el procedimiento, sin que haya recaído resolución expresa, se podrá entender desestimada la solicitud de ayuda.
Apartado 11. Medio de notificación.
La resolución del Secretario de Estado deberá notificarse a los beneficiarios en los términos previstos en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, según redacción contenida en la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la anterior, y publicarse en el «Boletín Oficial del Estado».
El órgano instructor solicitará a los beneficiarios que presenten la aceptación de la subvención concedida en la forma y plazo establecido en el apartado 13 de esta resolución. También podrá requerirse, sólo en caso de que no haya sido presentada en esta Secretaría de Estado para la obtención de subvenciones en convocatorias publicadas en los cinco últimos años:
– Fotocopia de la tarjeta de identificación fiscal.
– Fotocopia de la escritura o documento de constitución, de modificación, en su caso, de los estatutos o del acto fundacional, inscrito en el registro correspondiente cuando proceda, en el que consten las normas que rigen su actividad, así como la documentación acreditativa de representación.
Las copias presentadas deberán estar autentificadas o cotejadas por funcionario público competente.
Asimismo, si la cuantía concedida fuera inferior a la solicitada, se podrá instar al beneficiario, tal como se prevé en el artículo 11 de las bases reguladoras, a revisar su petición, con el fin de ajustar los compromisos y las condiciones a la subvención otorgable. En concreto, podrá requerirse una reformulación del anexo 2 y 3 de acuerdo a las nuevas condiciones económicas y diferenciando claramente las diferentes fuentes de financiación, si las hubiere.
Apartado 12. Plazo para la realización de la actividad.
La actividad objeto de la subvención deberá estar concluida el 30 de noviembre de 2015.
Los gastos de preparación de la actividad que se produzcan previamente a la notificación de la concesión de la subvención podrán ser admitidos como gastos subvencionables únicamente si no se han producido antes del año en que se publique la convocatoria.
En el caso de alteración de las fechas de realización, el beneficiario deberá comunicarlo a la Oficina de Derechos Humanos para su aprobación, justificando las razones de dicho cambio de fechas, dentro del límite temporal especificado en el primer párrafo de este apartado.
Apartado 13. Obligaciones de los beneficiarios.
a) Los beneficiarios de estas ayudas estarán obligados a lo establecido en el artículo 12 de la Orden AEC/869/2014, de 21 de abril, de bases reguladoras para la concesión de estas subvenciones y en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
b) La carta de aceptación expresa de la subvención concedida se deberá presentar en un plazo máximo de 10 días hábiles a contar a partir del día siguiente a la recepción de la notificación de concesión. Si no fuera aceptada en dicho plazo se entenderá que renuncia a la misma.
c) Presentar los anexos 2 y 3 reformulados en le caso previsto en el apartado 11.
d) Acreditar estar al corriente de obligaciones tributarias, de seguridad social, y del impuesto de Actividades económicas o la exención correspondiente en su caso. Estas acreditaciones deberán presentarse con anterioridad a la concesión de la subvención y de la presentación de la justificación, si no hubieran autorizado a la Administración para su obtención, de acuerdo con le apartado 5.2 f).
e) Comunicar modificaciones en el plazo de realización de la actividad así como la variación de las condiciones de la actividad subvencionada.
f) Visibilizar en los materiales que se usen par la difusión de actividades así como en las propias actividades, el logotipo de la Administración del estado, que identifique el origen de la ayuda.
g) Someterse a las actuaciones de comprobación que pudiera efectuar el órgano concedente, alas de control financiero que correspondan a la Intervención General de la Administración del Estado y a las previstas en la legislación del Tribunal de Cuentas.
Apartado 14. Modificación de la actividad financiada.
Si durante la ejecución de la actividad subvencionada se manifiestan circunstancias objetivas que alteren o dificulten gravemente su desarrollo, y que no constituyan cambios sustanciales, el beneficiario podrá solicitar la modificación de la actividad, de acuerdo a lo que se recoge en el artículo 14 de la orden AEC/869/2014, de 21 de abril.
Apartado 15. Justificación de la aplicación de fondos.
1. La justificación de las actividades y de la aplicación de fondos se deberá realizar en el plazo máximo de dos meses a contar desde la fecha en que finalizó la actividad objeto del proyecto, en la forma que se detalla en el artículo 15 de la Orden AEC/869/2014, de 21 de abril, de bases reguladoras. En ningún caso las justificaciones deberán presentarse con fecha posterior a la finalización del año 2015.
2. Asimismo, se deberá tener en cuenta que, de acuerdo con el artículo 30.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, cuando las actividades sean financiadas con fondos propios u otras subvenciones o recursos, deberá acreditarse en la justificación el importe, procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades subvencionadas.
3. Presentación de cuenta justificativa según se indica en el artículo 15 de la Orden AEC/869/2014, de 21 de abril, En la memoria económica deberá quedar claramente diferenciada la parte financiada por esta convocatoria de otras financiaciones de acuerdo a los gastos efectivamente realizados.
El tipo de gastos subvencionables vienen recogidos en el artículo 11.2 de las bases reguladoras (orden AEC/689/2014, de 21 de abril). En el caso de remanentes no invertidos, se deberá atenerse a lo dispuesto en el artículo 16 de las bases reguladoras mencionadas.
4. Deberá quedar claramente especificada la vinculación de todos los gastos que se acrediten a la finalidad del proyecto subvencionado.
Apartado 16. Medidas de garantía.
Como medida de garantía de los intereses públicos se establece la revisión de las subvenciones, la responsabilidad y régimen sancionador de los beneficiarios, tal como se recoge en los artículos 17 al 19 de citada Orden AEC/869/2014, de 21 de abril, así como en los artículos 30.8 y del 36 al 43 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en los artículos 91 al 101 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, en relación con el reintegro de subvenciones, y del 52 al 69, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, relativos a infracciones administrativas en materia de subvenciones.
Apartado 17. Normativa aplicable.
Para todos aquellos extremos no previstos en la presente Resolución será de aplicación lo establecido en la Orden AEC/869/2014, de 21 de abril, de bases reguladoras para la concesión de subvenciones para realización de actividades dirigidas a la divulgación, promoción y defensa de los derechos humanos, así como lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Madrid, 22 de junio de 2014.–El Secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Gonzalo de Benito Secades.
ANEXO 1
ANEXO 2
ANEXO 3
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Subvenciones para promoción, divulgación y defensa de los derechos humanos: 184.000 € En 2011 eran 350.000 #BOE
|
[
"123"
] |
REGISTRO_EMPRESA_ONG
|
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación
|
Subvenciones para promoción, divulgación y defensa de los derechos humanos: 184.000 de euros.
|
[] | 3,306
|
||
2013-07-30
|
CITA
Convenio de 24 de abril de 1963
|
BOE-A-2013-3910
|
Orden AEC/1443/2013, de 17 de junio, por la que se crea una Oficina Consular Honoraria de España en las Islas Salomón.
|
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<alerta codigo='121' orden=''>Organización de la Administración</alerta>
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<texto>Convenio de 24 de abril de 1963</texto>
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<texto>
<p class='parrafo'>La necesidad de crear una Oficina Consular Honoraria de España en las Islas Salomón se justifica por las enormes distancias de las Islas del Pacífico y la complejidad de las comunicaciones que dificultan la protección y asistencia eficaz de nuestros intereses en esa zona.</p>
<p class='parrafo'>Por ello, a iniciativa de la Dirección General del Servicio Exterior, de conformidad con la propuesta formulada por la Embajada de España en Canberra (Australia), con el informe favorable de la Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares y Migratorios y de la Dirección General para América del Norte, Asia y Pacífico, dispongo:</p>
<p class='articulo'>Primero.</p>
<p class='parrafo'>Se crea una Oficina Consular Honoraria de España en Honiara (Islas Salomón), con jurisdicción en el territorio de las Islas Salomón, con categoría de Consulado Honorario y dependiente del Consulado General de España en Sidney (Australia).</p>
<p class='articulo'>Segundo.</p>
<p class='parrafo'>El Jefe de la Oficina Consular Honoraria de España en Honiara (Islas Salomón) tendrá, de conformidad con el artículo 9 del Convenio de Viena sobre relaciones consulares de 24 de abril de 1963, categoría de Cónsul Honorario.</p>
<p class='parrafo_2'>Madrid, 17 de junio de 2013.–El Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo y Marfil.</p>
</texto>
</documento>
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Tue Jul 30 07:38:56 +0000 2013
|
La necesidad de crear una Oficina Consular Honoraria de España en las Islas Salomón se justifica por las enormes distancias de las Islas del Pacífico y la complejidad de las comunicaciones que dificultan la protección y asistencia eficaz de nuestros intereses en esa zona.
Por ello, a iniciativa de la Dirección General del Servicio Exterior, de conformidad con la propuesta formulada por la Embajada de España en Canberra (Australia), con el informe favorable de la Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares y Migratorios y de la Dirección General para América del Norte, Asia y Pacífico, dispongo:
Primero.
Se crea una Oficina Consular Honoraria de España en Honiara (Islas Salomón), con jurisdicción en el territorio de las Islas Salomón, con categoría de Consulado Honorario y dependiente del Consulado General de España en Sidney (Australia).
Segundo.
El Jefe de la Oficina Consular Honoraria de España en Honiara (Islas Salomón) tendrá, de conformidad con el artículo 9 del Convenio de Viena sobre relaciones consulares de 24 de abril de 1963, categoría de Cónsul Honorario.
Madrid, 17 de junio de 2013.–El Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo y Marfil.
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Ya tenemos oficina consular honoraria en las Islas Salomón, así que todos tranquilos #BOE
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"123"
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NOMBRAMIENTOS_Y_CESES
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Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación
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Se crea la oficina consular honoraria de España en las Islas Salomón.
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"1621",
"4533",
"6044"
] | 3,307
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2013-04-13
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BOE-A-2014-4212
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Real Decreto 258/2013, de 12 de abril, por el que se designa Embajador de España en la República de Nauru a don Enrique Viguera Rubio.
|
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<titulo>Real Decreto 258/2013, de 12 de abril, por el que se designa Embajador de España en la República de Nauru a don Enrique Viguera Rubio.</titulo>
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<alerta codigo='139' orden=''>Nombramientos y ceses de altos cargos</alerta>
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</referencias>
</analisis>
<texto>
<p class='parrafo'>A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 12 de abril de 2013,</p>
<p class='parrafo'>Vengo en designar Embajador de España en la República de Nauru a don Enrique Viguera Rubio, con residencia en Canberra.</p>
<p class='parrafo_2'>Dado en Madrid, el 12 de abril de 2013.</p>
<p class='firma_rey'>JUAN CARLOS R.</p>
<p class='firma_ministro'>El Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación,</p>
<p class='firma_ministro'>JOSÉ MANUEL GARCÍA-MARGALLO MARFIL</p>
</texto>
</documento>
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Sat Apr 13 12:24:18 +0000 2013
|
A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 12 de abril de 2013,
Vengo en designar Embajador de España en la República de Nauru a don Enrique Viguera Rubio, con residencia en Canberra.
Dado en Madrid, el 12 de abril de 2013.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación,
JOSÉ MANUEL GARCÍA-MARGALLO MARFIL
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Aprendiendo países con el #BOE Nombramiento del embajador en República de Nauru (ya lo era de Australia)
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"139"
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OTROS_ANUNCIOS
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Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación
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Nombramiento del embajador, Enrique Viguera Rubio, en República de Nauru.
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[] | 3,308
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2014-04-19
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DE CONFORMIDAD con
Reglamento (CE) 550/2004, de 10 de marzo
DE CONFORMIDAD con
Convenio de 7 de diciembre de 1944 (Gazeta)
CITA
Reglamento (CE) 1070/2009, de 21 de octubre
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BOE-A-2013-6007
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Entrada en vigor del Acuerdo entre el Reino de España y la República Portuguesa para el establecimiento del bloque funcional de espacio aéreo del suroeste (SW FAB), hecho en Lisboa el 17 de mayo de 2013.
|
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<titulo>Entrada en vigor del Acuerdo entre el Reino de España y la República Portuguesa para el establecimiento del bloque funcional de espacio aéreo del suroeste (SW FAB), hecho en Lisboa el 17 de mayo de 2013.</titulo>
<diario codigo='BOE'>Boletín Oficial del Estado</diario>
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<departamento codigo='7120'>Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación</departamento>
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<texto>Reglamento (CE) 550/2004, de 10 de marzo</texto>
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<texto>Reglamento (CE) 1070/2009, de 21 de octubre</texto>
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<texto>
<p class='centro_negrita'>ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA PORTUGUESA PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL BLOQUE FUNCIONAL DE ESPACIO AÉREO DEL SUROESTE (SW FAB)</p>
<p class='centro_redonda'>PREÁMBULO</p>
<p class='parrafo_2'>El Reino de España y la República Portuguesa, en lo sucesivo denominados las «Partes».</p>
<p class='parrafo_2'>Tomando en consideración la legislación de la Unión Europea relativa a la creación del cielo único Europeo, y en concreto el Reglamento (CE) n.º 550/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de marzo de 2004, relativo a la prestación de servicios de navegación aérea en el cielo único europeo, modificado por el Reglamento (CE) n.º 1070/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.º 549/2004, (CE) n.º 550/2004, (CE) n.º 551/2004, (CE) n.º 552/2004 con el fin de mejorar el rendimiento y sostenibilidad del sistema europeo de aviación, y el Reglamento (UE) n.º 176/2011 de la Comisión, de 24 de febrero de 2011, sobre la información previa que debe facilitarse con miras al establecimiento y la modificación de un bloque funcional de espacio aéreo;</p>
<p class='parrafo'>Considerando que mediante la creación del Bloque Funcional de Espacio Aéreo del Suroeste (en adelante, SW FAB), independientemente de las fronteras existentes, las Partes tienen por objeto optimizar la capacidad, eficacia y eficiencia de la red de gestión del tránsito aéreo, minimizar el impacto ambiental mientras se mantiene un alto nivel de seguridad y lograr en general resultados positivos para los intereses económicos públicos;</p>
<p class='parrafo'>Reconociendo las obligaciones de las Partes como signatarias del Convenio sobre Aviación Civil Internacional abierto a la firma en Chicago el 7 de diciembre de 1944;</p>
<p class='parrafo'>Reconociendo que las Partes deberán cumplir con las condiciones derivadas de los acuerdos regionales celebrados en el seno de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y con los acuerdos regionales existentes en la fecha de entrada en vigor del Reglamento (CE) n.º 1070/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.º 549/2004, (CE) n.º 550/2004, (CE) n.º 551/2004, (CE) n.º 552/2004 con el fin de mejorar el rendimiento y sostenibilidad del sistema europeo de aviación, en especial los relacionados con terceros países;</p>
<p class='parrafo'>Reconociendo que la celebración de un Acuerdo entre los Estados con respecto a la creación de un bloque funcional de espacio aéreo no afectará al principio de que todo Estado tiene soberanía plena y exclusiva en el espacio aéreo sobre su territorio ni a la capacidad de cada Estado de ejercer sus prerrogativas en materia de seguridad y defensa de su espacio aéreo nacional;</p>
<p class='parrafo'>Reconociendo que las Autoridades Nacionales de Supervisión de cada Parte establecerán las disposiciones adecuadas para una estrecha cooperación mutua a fin de garantizar una supervisión adecuada de los proveedores de servicios de navegación aérea en el espacio aéreo del SW FAB;</p>
<p class='parrafo'>Reconociendo la declaración de los Estados miembros de la Unión Europea sobre los aspectos militares relacionados con el cielo único Europeo (DO L 96/9, de 31.03.2004), junto con la salvaguardia de los intereses esenciales de la política de seguridad o de defensa de los Estados miembros de la UE como se indica en el artículo 13 del Reglamento (CE) n.º 549/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de marzo de 2004, por el que se fija el marco para la creación del cielo único Europeo, modificado por el Reglamento (CE) n.º 1070/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.º 549/2004, (CE) n.º 550/2004, (CE) n.º 551/2004, (CE) n.º 552/2004 con el fin de mejorar el rendimiento y sostenibilidad del sistema europeo de aviación;</p>
<p class='parrafo'>Reconociendo las obligaciones de las Partes como integrantes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN);</p>
<p class='parrafo'>Reconociendo que la creación del Bloque Funcional de Espacio Aéreo Suroeste implica necesariamente una cooperación más estrecha con los proveedores de servicios de navegación aérea y una mejor y creciente prestación transfronteriza de los servicios de navegación aérea;</p>
<p class='parrafo'>Teniendo presente el Memorando de Entendimiento entre el Instituto Nacional de Aviação Civil (INAC IP), la Dirección General de Aviación Civil (DGAC), la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), Navegaçao Aérea de Portugal-NAV Portugal-EPE y la Entidad Pública Empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena), firmado el 17 de marzo de 2009 en Ámsterdam;</p>
<p class='parrafo'>Teniendo presente el Acuerdo de Cooperación de las Autoridades Nacionales civiles de Supervisión (NSA) española y portuguesa para el desarrollo conjunto de funciones de las autoridades nacionales de supervisión en el marco del cielo único Europeo firmado el 25 de febrero de 2010, en Madrid; y el Acuerdo entre las Autoridades Nacionales de Supervisión de la República Portuguesa y el Reino de España relativo al establecimiento del SW FAB, firmado el 17 de mayo de 2012, en Madrid;</p>
<p class='parrafo'>Teniendo presente el actual marco de cooperación entre los dos principales proveedores de servicios de tránsito aéreo, la Entidad Pública Empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena) y Navegação Aérea de Portugal-NAV Portugal-EPE, basado en el Memorándum de Cooperación firmado el 16 de mayo de 2001 en Madrid, y el Acuerdo Marco para el establecimiento del Bloque Funcional de Espacio Aéreo del Suroeste, entre la Entidad Pública Empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena) y Navegação Aérea de Portugal-NAV Portugal-EPE, firmado el 18 de junio de 2012 en Madrid;</p>
<p class='parrafo'>Teniendo presente el marco establecido entre el Ejército del Aire español y la Fuerza Aérea Portuguesa en el «Protocolo de Cooperación entre el Ministerio de Defensa del Reino de España y el Ministerio de Defensa Nacional de la República Portuguesa», firmado el 26 de octubre de 1998 en Lisboa, el «Acuerdo Técnico de cooperación y apoyo mutuo entre el Sistema de Defensa Aérea del Reino de España y la República Portuguesa», firmado el 5 de mayo de 1997 en Lisboa, y el 13 de mayo de 1997 en Madrid, y el «Acuerdo Técnico sobre la facilitación mutua del sobrevuelo y aterrizaje de aviones militares del Reino de España y la República Portuguesa», firmado el 4 de noviembre de 2004 en Madrid, y el 24 de noviembre de 2004 en Lisboa;</p>
<p class='parrafo'>Teniendo presente el Acuerdo para el Establecimiento del Bloque Funcional Aéreo Suroeste (SW FAB) entre el Instituto de Meteorologia, IP, Portugal, actualmente denominado Instituto Português do Mar e da Atmosfera, IP y la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), firmado el 15 de junio de 2012 en Lisboa y el 20 de junio de 2012 en Madrid;</p>
<p class='parrafo'>Teniendo en cuenta la declaración conjunta entre el Instituto Nacional de Aviação Civil (INAC, IP), y la Dirección General de Aviación Civil (DGAC), sobre la iniciativa SW FAB, firmada el 17 de mayo de 2012 en Madrid;</p>
<p class='parrafo'>Considerando que el objetivo de este Acuerdo es la creación de un marco jurídico adecuado de alto nivel para el FAB que permita los acuerdos y disposiciones necesarios para la ejecución y el día a día de las operaciones en el SW FAB y su utilización por los socios del SW FAB para el logro de los objetivos acordados y los beneficios esperados del mismo;</p>
<p class='parrafo'>Considerando que el SW FAB cubre el espacio aéreo que está bajo la responsabilidad de las Partes en la región OACI-EUR y, además, en el caso del Reino de España, la particularidad del espacio aéreo bajo su responsabilidad dentro de la Región AFI de OACI (Región África-Océano Índico) y teniendo en cuenta también la necesidad de garantizar el éxito de la integración de los flujos de tráfico con el Atlántico Norte y el Atlántico Sur;</p>
<p class='parrafo'>Considerando las diferencias entre los bloques operacionales de espacio aéreo SW FAB así como su variedad desde el punto de vista operativo y técnico;</p>
<p class='parrafo'>Considerando que la Región de Información de Vuelo (FIR) de Santa María (FIR de Santa María) cubre espacio aéreo oceánico fuera de la región OACI-EUR, la República Portuguesa se reserva el derecho de examinar las implicaciones de una eventual integración de la FIR de Santa María en el SW FAB, pero continuará alentando a los proveedores de servicios de navegación aérea a optimizar la capacidad y eficiencia con esta FIR y todos los niveles de vuelo en el espacio aéreo SW FAB en las iniciativas operativas y técnicas, así como desde el punto de vista de la Gestión del Tránsito Aéreo (ATM); y</p>
<p class='parrafo'>Teniendo como objetivo la creación de la base jurídica e institucional para el establecimiento del SW FAB entre las Partes;</p>
<p class='parrafo_2'>Las Partes acuerdan lo siguiente:</p>
<p class='capitulo_num'>CAPÍTULO 1</p>
<p class='capitulo_tit'>Principios generales</p>
<p class='articulo'>Artículo 1. Objeto y alcance del Acuerdo.</p>
<p class='parrafo'>1. Las Partes convienen en establecer un bloque funcional de espacio aéreo del suroeste (SW FAB).</p>
<p class='parrafo'>2. El presente Acuerdo tendrá en cuenta, en particular, la necesidad de una coordinación permanente entre las Partes y el desarrollo potencial continuado del SW FAB con posterioridad a su creación.</p>
<p class='parrafo'>3. Este Acuerdo no crea una organización internacional con personalidad jurídica internacional.</p>
<p class='parrafo'>4. Este Acuerdo define los derechos y obligaciones de las Partes relativas a la creación del SW FAB.</p>
<p class='parrafo'>5. Este Acuerdo define las condiciones generales y de gobernanza conforme a las cuales las Partes tienen que garantizar la gestión del tráfico aéreo y la prestación de servicios de navegación aérea en el espacio aéreo SW FAB.</p>
<p class='parrafo'>6. El presente Acuerdo no afectará a las obligaciones de los Estados respecto al servicio de búsqueda y rescate. Las disposiciones del presente Acuerdo se aplicarán sin perjuicio de las competencias de las Partes relativas a los intereses esenciales de la política de seguridad o de defensa.</p>
<p class='parrafo'>7. El presente Acuerdo no afectará a las relaciones relativas a la propiedad y el control entre proveedores de servicios de navegación aérea.</p>
<p class='parrafo'>8. Las siguientes materias son reservadas por cada Parte y no están sujetas a este Acuerdo:</p>
<p class='parrafo_2'>a) La soberanía;</p>
<p class='parrafo'>b) las aeronaves de Estado con arreglo al artículo 3 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional, firmado en Chicago el 7 de diciembre 1944;</p>
<p class='parrafo'>c) la seguridad nacional y la defensa, incluidas la formación y cualesquiera otras actividades operacionales;</p>
<p class='parrafo'>d) las operaciones de búsqueda y rescate;</p>
<p class='parrafo'>e) los aspectos de propiedad y control de los proveedores de servicios de navegación aérea; y</p>
<p class='parrafo'>f) la participación de una de las Partes sin la otra en cualquier otro FAB.</p>
<p class='articulo'>Artículo 2. Definiciones.</p>
<p class='parrafo'>1. A los efectos de este Acuerdo:</p>
<p class='parrafo_2'>a) «Proveedor de Servicios de Navegación Aérea (ANSP)» significa cualquier entidad pública o privada que proporcione servicios de navegación aérea para el tránsito aéreo general;</p>
<p class='parrafo'>b) «Servicios de Navegación Aérea (ANS)» son los servicios de tránsito aéreo, de comunicación, navegación y vigilancia, los servicios meteorológicos para la navegación aérea y los servicios de información aeronáutica;</p>
<p class='parrafo'>c) «Servicio de Control de Tráfico Aéreo (ATC)» significa un servicio prestado con el fin de:</p>
<p class='parrafo_2'>i) Prevenir colisiones:</p>
<p class='parrafo_2'>– entre aeronaves; y</p>
<p class='parrafo'>– en el área de maniobras, entre aeronaves y obstáculos; y</p>
<p class='parrafo_2'>ii) Acelerar y mantener el flujo ordenado del tránsito aéreo.</p>
<p class='parrafo_2'>d) «Gestión del Tránsito Aéreo (ATM)» es la agrupación de las funciones a bordo y de tierra (servicios de tránsito aéreo, gestión del espacio aéreo y la gestión de afluencia del tránsito aéreo) necesarias para garantizar el movimiento seguro y eficiente de las aeronaves durante todas las fases de las operaciones;</p>
<p class='parrafo'>e) «Servicios de Tránsito Aéreo (ATS)» se refiere a los servicios de información de vuelo, de alerta, servicios de asesoramiento sobre tránsito aéreo y servicios de control del tráfico aéreo (ATC) (servicios de control de área, aproximación y aeródromo);</p>
<p class='parrafo'>f) «Unidad de Servicios de Tránsito Aéreo (dependencia ATS)» es la dependencia, civil o militar, responsable de prestar servicios de tránsito aéreo;</p>
<p class='parrafo'>g) «Espacio aéreo aplicable» significa, con respecto a cada Parte, el espacio aéreo bajo la responsabilidad de la misma y determinado por ésta como parte del SW FAB;</p>
<p class='parrafo'>h) «Convenio de Chicago», significa el Convenio sobre Aviación Civil Internacional, abierto a la firma en Chicago el 7 de diciembre de 1944, e incluye:</p>
<p class='parrafo_2'>i) Cualquier modificación del mismo que haya sido ratificada por las Partes y haya entrado en vigor con arreglo a la letra a) del artículo 94 del Convenio, y</p>
<p class='parrafo'>ii) Cualquier Anexo o enmienda del mismo adoptados con arreglo al artículo 90 del Convenio, en la medida en que las normas internacionales contempladas en el artículo 37 del mismo, en dicho Anexo o enmienda, sean en cualquier momento dado, de aplicación para ambas Partes;</p>
<p class='parrafo_2'>i) «Parte» significa el Reino de España o la República Portuguesa, así como cualquier otro Estado que se adhiera a este Acuerdo, según lo establecido en su artículo 33;</p>
<p class='parrafo'>j) «Espacio aéreo transfronterizo» significa una estructura del espacio aéreo que se extiende a través de las fronteras nacionales y / o los límites de las regiones de información de vuelo;</p>
<p class='parrafo'>k) «Servicios Transfronterizos» significa cualquier situación en la que, en un Estado miembro, los servicios de navegación aérea se prestan por un proveedor de servicios certificado en otro Estado miembro;</p>
<p class='parrafo'>l) «Delegación de servicios de tránsito aéreo» se refiere a la delegación de un Estado (el Estado que delega) en otro Estado (el Estado proveedor) de la responsabilidad de prestar servicios de tránsito aéreo en una parte del espacio aéreo que se extiende sobre los territorios del primero;</p>
<p class='parrafo'>m) «Bloque de espacio aéreo funcional (FAB)» es un bloque de espacio aéreo basado en requisitos operativos y establecido con independencia de las fronteras de los Estados, donde la prestación de servicios de navegación aérea y las funciones conexas están basadas en el rendimiento y optimizadas con el fin de introducir, en cada bloque funcional de espacio aéreo, una mayor cooperación entre los proveedores de servicios de navegación aérea;</p>
<p class='parrafo'>n) «Tráfico aéreo general (GAT)» se refiere a todos los movimientos de aeronaves civiles, así como todos los movimientos de las aeronaves de Estado (incluidas las militares, de aduanas y policía), cuando dichos movimientos se llevan a cabo de conformidad con los procedimientos de OACI;</p>
<p class='parrafo'>o) «Servicios Meteorológicos (MET)» son las instalaciones y servicios que proporcionan a las aeronaves pronósticos, informes y observaciones meteorológicas, así como cualquier otra información y datos meteorológicos proporcionados por los Estados para uso aeronáutico;</p>
<p class='parrafo'>p) «Autoridad Nacional de Supervisión (NSA)» es el organismo u organismos designados por las Partes para asumir las tareas asignadas al mismo (o a los mismos), de conformidad con el apartado 1 del artículo 4 del Reglamento (CE) n.º 549/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 10 de marzo de 2004, modificado por el Reglamento (CE) n.º 1070/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por el que se fija el marco para la creación del cielo único europeo;</p>
<p class='parrafo'>q) «Circulación Aérea Operativa (OAT)» se refiere a todos los vuelos que no cumplen con las disposiciones establecidas para el tránsito aéreo general (GAT) y para los cuales, las normas y procedimientos han sido especificados por las autoridades nacionales competentes;</p>
<p class='parrafo'>r) «Partes Interesadas» son los terceros países contiguos al SW FAB, los usuarios o grupos de usuarios del espacio aéreo y los órganos de representación de personal pertinentes, así como los proveedores de servicios de navegación aérea contiguos a los del SW FAB, los operadores aeroportuarios y los fabricantes;</p>
<p class='parrafo'>s) «Espacio aéreo SW FAB» es el espacio aéreo que abarca el espacio aéreo aplicable de cada Parte; y</p>
<p class='parrafo'>t) «Territorio» significa las áreas terrestres, las aguas territoriales adyacentes a ellas y el espacio aéreo sobre el cual una Parte ejercita su derecho de soberanía, de acuerdo con el derecho internacional.</p>
<p class='articulo'>Artículo 3. Objetivos del SW FAB.</p>
<p class='parrafo'>Los objetivos del SW FAB son lograr un rendimiento óptimo en las áreas relacionadas con la seguridad operativa, la sostenibilidad ambiental, la capacidad, la rentabilidad, la eficiencia y también la eficacia de vuelo de las misiones militares, a través del diseño del espacio aéreo y la organización de la gestión del tráfico aéreo en el espacio aéreo afectado, con independencia de las fronteras existentes.</p>
<p class='articulo'>Artículo 4. Espacio aéreo del SW FAB.</p>
<p class='parrafo'>1. Con respecto al espacio aéreo bajo su responsabilidad para la prestación de servicios de navegación aérea, las Partes se comprometen a establecer un Bloque Funcional de Espacio Aéreo en el espacio aéreo aplicable de cada Parte (en adelante espacio aéreo SW FAB) constituido por:</p>
<p class='parrafo_2'>a) FIR Lisboa (FL245/UNL);</p>
<p class='parrafo'>b) UIR Madrid (FL245/UNL);</p>
<p class='parrafo'>c) UIR Barcelona (FL245/UNL); y</p>
<p class='parrafo'>d) UIR Canarias (FL245/UNL).</p>
<p class='parrafo_2'>2. Cualquier modificación o alteración de la delimitación del espacio aéreo SW FAB será acordada por las Partes y entrará en vigor conforme a lo previsto en el artículo 32 del presente Acuerdo.</p>
<p class='parrafo'>3. Las Partes comunicarán a la Comisión Europea las modificaciones realizadas, siguiendo el proceso establecido en el artículo 5 del Reglamento (UE) n.º 176/2011 de la Comisión, de 24 de febrero de 2011, sobre la información previa que debe facilitarse con miras al establecimiento y la modificación de un bloque funcional de espacio aéreo.</p>
<p class='parrafo'>4. Las Partes garantizarán, si están de acuerdo en modificar o alterar el espacio aéreo SW FAB, que se han establecido los acuerdos y medidas transitorias adecuadas.</p>
<p class='parrafo'>5. Con referencia a la FIR Santa María, la República Portuguesa decidirá sobre su inclusión en el espacio aéreo SW FAB no más tarde del 31 de diciembre de 2014.</p>
<p class='articulo'>Artículo 5. Soberanía.</p>
<p class='parrafo'>El presente Acuerdo se aplicará sin perjuicio de la soberanía de las Partes sobre el espacio aéreo por encima de sus respectivos territorios.</p>
<p class='articulo'>Artículo 6. Seguridad y defensa.</p>
<p class='parrafo'>1. El presente Acuerdo se aplicará sin perjuicio de los respectivos intereses nacionales de las Partes en materia de seguridad y defensa.</p>
<p class='parrafo'>2. Este Acuerdo no impedirá la aplicación por una Parte de las medidas que sean necesarias para salvaguardar los intereses esenciales de la política de seguridad o de defensa.</p>
<p class='parrafo'>3. Siempre que la aplicación del presente Acuerdo afecte negativamente a su funcionamiento seguro y eficiente, cada Parte tendrá derecho a salvaguardar las operaciones de seguridad y defensa, formación y otras actividades de su Tráfico Aéreo Operacional de conformidad con su legislación interna.</p>
<p class='articulo'>Artículo 7. Materias reservadas.</p>
<p class='parrafo'>1. Todas las cuestiones relativas a las relaciones con terceros, referidas al espacio aéreo internacional de la Región NAT de la OACI bajo la jurisdicción de la República Portuguesa, serán de competencia exclusiva de la República Portuguesa.</p>
<p class='parrafo'>2. Todas las cuestiones relativas a las relaciones con terceros, referidas a la región AFI del SW FAB bajo la jurisdicción del Reino de España, serán de competencia exclusiva del Reino de España.</p>
<p class='capitulo_num'>CAPÍTULO 2</p>
<p class='capitulo_tit'>Seguridad operativa</p>
<p class='articulo'>Artículo 8. Seguridad operativa del SW FAB.</p>
<p class='parrafo'>1. Las Partes se comprometen a cooperar y tomar las medidas apropiadas para garantizar que el SW FAB se establece y gestiona de forma segura.</p>
<p class='parrafo'>2. Las Partes garantizarán conjuntamente el establecimiento y desarrollo de una política común de seguridad operativa en el SW FAB.</p>
<p class='capitulo_num'>CAPÍTULO 3</p>
<p class='capitulo_tit'>Órganos y funcionamiento</p>
<p class='articulo'>Artículo 9. Órganos del SW FAB.</p>
<p class='parrafo'>1. El SW FAB estará compuesto por los siguientes órganos:</p>
<p class='parrafo_2'>a) El Consejo;</p>
<p class='parrafo'>b) el Comité de Autoridades de Supervisión; y</p>
<p class='parrafo'>c) la Junta Operativa.</p>
<p class='parrafo_2'>2. Los órganos antes mencionados carecen de personalidad jurídica.</p>
<p class='articulo'>Artículo 10. Consejo.</p>
<p class='parrafo'>1. El Consejo se establece como un órgano de decisión conjunta a los efectos de la aplicación, operación y desarrollo ulterior de este Acuerdo.</p>
<p class='parrafo'>2. El Consejo está integrado por los siguientes representantes de cada Parte:</p>
<p class='parrafo_2'>a) Un (1) representante de la autoridad responsable de la aviación civil; y</p>
<p class='parrafo'>b) un (1) representante de la autoridad responsable de la aviación militar.</p>
<p class='parrafo_2'>3. Previa invitación del Consejo, representantes del Comité de Autoridades de Supervisión y de la Junta Operativa, así como otros participantes, podrán asistir a las reuniones del Consejo en calidad de observadores.</p>
<p class='parrafo'>4. El Consejo estará presidido alternativamente por el representante designado por cada Parte, en períodos anuales.</p>
<p class='parrafo'>5. El Presidente del Consejo designará el punto de contacto (PoC) del SW FAB durante este período.</p>
<p class='parrafo'>6. Las decisiones del Consejo se adoptarán por unanimidad.</p>
<p class='parrafo'>7. Las decisiones del Consejo entrarán en vigor dos meses después de la fecha de su adopción, a menos que se acuerde otra cosa.</p>
<p class='parrafo'>8. Si, dentro de este período, una Parte informa a la otra de que la decisión sólo se puede aplicar previa autorización de sus autoridades nacionales, la decisión se hará efectiva un día después de que la Parte en cuestión haya informado a la otra de que se ha obtenido la autorización de sus autoridades nacionales.</p>
<p class='parrafo'>9. Las normas de procedimiento, aprobadas por el Consejo en su primera reunión, establecerán las disposiciones necesarias, en particular, para la convocatoria de reuniones, el envío previo del orden del día, el nombramiento y duración del mandato del Presidente y la posibilidad de tomar decisiones por correspondencia.</p>
<p class='parrafo'>10. El Consejo se reunirá, por invitación de su Presidente, al menos dos veces al año y siempre que resulte necesario. Cada Parte tendrá derecho a solicitar la convocatoria de una reunión.</p>
<p class='articulo'>Artículo 11. Funciones del Consejo.</p>
<p class='parrafo'>1. Con el fin de cumplir los compromisos de las Partes derivados del presente Acuerdo, el Consejo regirá el SW FAB y, entre otras cosas, deberá tomar decisiones para:</p>
<p class='parrafo_2'>a) Definir la política y los objetivos estratégicos para el desarrollo del SW FAB, evaluar los resultados alcanzados en términos de rendimiento y tomar las medidas apropiadas si es necesario;</p>
<p class='parrafo'>b) Garantizar la aplicación de este Acuerdo y examinar los progresos en el cumplimiento de los objetivos del SW FAB;</p>
<p class='parrafo'>c) Garantizar que el SW FAB se establezca, desarrolle y gobierne de acuerdo con todos los requisitos aplicables establecidos en la normativa del cielo único Europeo y la legislación nacional de cada Parte;</p>
<p class='parrafo'>d) Definir las líneas generales de la coordinación civil y militar;</p>
<p class='parrafo'>e) Definir las modalidades de la cooperación en la aplicación del concepto de utilización flexible del espacio aéreo;</p>
<p class='parrafo'>f) Apoyar la armonización de las normas y procedimientos relevantes;</p>
<p class='parrafo'>g) Aprobar la política de seguridad operativa común del SW FAB propuesta por el Comité de Autoridades de Supervisión;</p>
<p class='parrafo'>h) Acordar la política común de gestión del espacio aéreo para el SW FAB;</p>
<p class='parrafo'>i) Facilitar el proceso de designación conjunta de los proveedores de servicios de navegación aérea, estableciendo las bases para la creación de los mecanismos de designación conjunta;</p>
<p class='parrafo'>j) Garantizar el desarrollo y la coordinación de los planes de contingencia en el espacio aéreo SW FAB;</p>
<p class='parrafo'>k) Adoptar sus propias normas de procedimiento y mandato y aprobar las normas de procedimiento y mandato del Comité de Autoridades de Supervisión, la Junta Operativa y el Foro de Consulta de las Partes Interesadas;</p>
<p class='parrafo'>l) Garantizar la coordinación del SWFAB con los bloques funcionales de espacio aéreo adyacentes;</p>
<p class='parrafo'>m) Coordinar las posturas de las Partes con respecto a la aplicación de los acuerdos internacionales relativos a la labor de la OACI, de EUROCONTROL, de la Comisión Europea, de la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) y de cualquier otra organización internacional en el ámbito de la navegación aérea;</p>
<p class='parrafo'>n) Garantizar la consulta con las partes interesadas del SW FAB cuando proceda, a través del Foro de Consulta de las Partes Interesadas;</p>
<p class='parrafo'>o) Proponer enmiendas al presente Acuerdo;</p>
<p class='parrafo'>p) Aprobar las propuestas de los Comités y Grupos de Trabajo establecidos conforme a este Acuerdo; y</p>
<p class='parrafo'>q) Aprobar el informe anual del SW FAB elaborado por la Junta Operativa, teniendo también en cuenta las opiniones expresadas por el Comité de Autoridades de Supervisión respecto al borrador del informe anual.</p>
<p class='parrafo_2'>2. El Consejo podrá aprobar la creación de otros Comités y Grupos de Trabajo.</p>
<p class='parrafo'>3. Los Comités y Grupos de Trabajo estarán integrados por los representantes civiles y/o militares designados por las Partes.</p>
<p class='parrafo'>4. A invitación de los Comités y Grupos de Trabajo, podrán asistir a sus reuniones otros participantes en calidad de observadores.</p>
<p class='articulo'>Artículo 12. Foro de Consulta de las Partes Interesadas.</p>
<p class='parrafo'>1. El Foro de Consulta de las Partes Interesadas se establecerá como órgano consultivo del Consejo y se reunirá al menos una vez al año.</p>
<p class='parrafo'>2. El papel de este órgano será únicamente asesorar al Consejo sobre la aplicación del SW FAB, cuando sea necesario.</p>
<p class='parrafo'>3. Las Partes Interesadas del SW FAB serán invitadas al Foro de Consulta de las Partes Interesadas.</p>
<p class='parrafo'>4. El Presidente del Consejo presidirá el Foro de Consulta de las Partes Interesadas.</p>
<p class='articulo'>Artículo 13. Comité de Autoridades de Supervisión.</p>
<p class='parrafo'>1. El Comité de Autoridades de Supervisión estará compuesto por un representante de cada NSA, incluyendo a las autoridades militares, si no están establecidas como NSA, y a las autoridades meteorológicas aeronáuticas de supervisión de las Partes.</p>
<p class='parrafo'>2. El Comité de Autoridades de Supervisión será presidido alternativamente, en períodos anuales, por el representante de la NSA civil responsable del ATS de una de las Partes y copresidido por el representante de la NSA civil responsable del ATS de la otra Parte.</p>
<p class='parrafo'>3. El Comité de Autoridades de Supervisión deberá abordar todos los asuntos relacionados con la supervisión, el rendimiento y la armonización del SW FAB y ejecutará otras tareas que le encomiende el Consejo.</p>
<p class='parrafo'>4. El Comité de Autoridades de Supervisión ayudará al Consejo, en particular en materia de aplicación de los artículos 15, 19, 23 y 24.</p>
<p class='parrafo'>5. El Comité de Autoridades de Supervisión informará al Consejo sobre cuestiones relacionadas con los apartados anteriores y en particular sobre:</p>
<p class='parrafo_2'>a) La implementación y la consecución de los objetivos de rendimiento, y</p>
<p class='parrafo'>b) la coordinación de la aplicación de los planes de rendimiento entre las Partes.</p>
<p class='parrafo_2'>6. El Comité de Autoridades de Supervisión propondrá al Consejo la creación de sus grupos de trabajo y comités.</p>
<p class='parrafo'>7. El Comité de Autoridades de Supervisión presentará, para la aprobación por el Consejo, sus normas de procedimiento para su funcionamiento y mandato.</p>
<p class='articulo'>Artículo 14. Junta Operativa.</p>
<p class='parrafo'>1. La Junta Operativa se establecerá para gestionar el funcionamiento técnico y operativo del SW FAB.</p>
<p class='parrafo'>2. La Junta Operativa estará compuesta por:</p>
<p class='parrafo_2'>– Un (1) representante del proveedor de ATS en ruta de cada Parte;</p>
<p class='parrafo'>– un (1) representante militar designado por cada Parte; y</p>
<p class='parrafo'>– un (1) representante de los proveedores de servicios meteorológicos aeronáuticos de cada Parte.</p>
<p class='parrafo_2'>Podrán también asistir a sus reuniones como observadores otros participantes por invitación de la Junta Operativa, que deberá informar previamente de ello al Consejo, de conformidad con la letra k) del apartado 4 de este artículo.</p>
<p class='parrafo'>3. La Junta Operativa estará presidida alternativamente, en períodos anuales, por el representante del proveedor de ATS en ruta de cada Parte.</p>
<p class='parrafo'>4. La Junta Operativa deberá:</p>
<p class='parrafo_2'>a) Garantizar la aplicación de las políticas y objetivos definidos por el Consejo;</p>
<p class='parrafo'>b) Asegurar la cooperación entre los proveedores de servicios de tránsito aéreo en ruta con objeto de obtener una mejor y creciente prestación de servicios de tráfico aéreo transfronterizo;</p>
<p class='parrafo'>c) Apoyar al Gestor de Red en el desarrollo y las actividades en curso del Plan Estratégico de Red y el Plan de Operaciones de Red;</p>
<p class='parrafo'>d) Velar por el desarrollo de la coordinación civil y militar;</p>
<p class='parrafo'>e) Proponer al Consejo las modalidades de cooperación en la gestión del espacio aéreo, incluida la aplicación del concepto de utilización flexible del espacio aéreo;</p>
<p class='parrafo'>f) Garantizar la coordinación operativa del SW FAB con los bloques funcionales de espacio aéreo adyacentes;</p>
<p class='parrafo'>g) Proponer, desarrollar y aplicar un Plan Común para el Desarrollo de Proyectos en el ámbito del SW FAB, que debe ser aprobado por el Consejo;</p>
<p class='parrafo'>h) Preparar y coordinar el informe anual del SW FAB;</p>
<p class='parrafo'>i) Proponer y definir una política común de gestión del espacio aéreo que deberá ser aprobada, además, por el Consejo;</p>
<p class='parrafo'>j) asesorar al Consejo sobre la aplicación de este Acuerdo y, en particular de los artículos 16, 17, 18, 21 y 22; y</p>
<p class='parrafo'>k) Informar al Consejo.</p>
<p class='parrafo_2'>5. La Junta Operativa propondrá al Consejo la creación de sus grupos de trabajo y comités.</p>
<p class='parrafo'>6. La Junta Operativa deberá presentar sus normas de procedimiento para su funcionamiento y su mandato para aprobación por el Consejo.</p>
<p class='capitulo_num'>CAPÍTULO 4</p>
<p class='capitulo_tit'>Armonización</p>
<p class='articulo'>Artículo 15. Armonización de normas, estándares y procedimientos.</p>
<p class='parrafo'>1. Las Partes deberán, cuando sea posible, garantizar sinergias en la regulación y enfoques coherentes con respecto a las normas, estándares y procedimientos aplicados en el ámbito del SW FAB.</p>
<p class='parrafo'>2. Hasta que se hayan establecido las normas y procedimientos armonizados contemplados en el apartado 1, se aplicarán las normas y procedimientos de la Parte en la que se presta el servicio de navegación aérea.</p>
<p class='parrafo'>3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2, y con respecto a la prestación de los servicios de navegación aérea en el espacio aéreo transfronterizo, serán de aplicación las normas, estándares y procedimientos nacionales en la Parte que certificó al ANSP que preste los servicios de navegación aérea.</p>
<p class='capitulo_num'>CAPÍTULO 5</p>
<p class='capitulo_tit'>Espacio aéreo</p>
<p class='articulo'>Artículo 16. Diseño y gestión del espacio aéreo SW FAB.</p>
<p class='parrafo'>1. Las Partes asegurarán la coordinación del diseño y gestión de un espacio aéreo SW FAB sin fisuras, así como la aplicación de la gestión coordinada de capacidad y afluencia del tránsito aéreo (ATFM), teniendo en cuenta los procesos de colaboración internacional, los aspectos y requisitos de la seguridad y la defensa nacionales, independientemente de las fronteras existentes.</p>
<p class='parrafo'>2. Las Partes garantizarán, en particular:</p>
<p class='parrafo_2'>a) El desarrollo de la política común de gestión del espacio aéreo, en estrecha cooperación entre las autoridades civiles y militares;</p>
<p class='parrafo'>b) la armonización de la estructura del espacio aéreo SW FAB para facilitar un espacio aéreo sin fisuras;</p>
<p class='parrafo'>c) el diseño de la estructura del espacio aéreo SW FAB según los flujos principales de tráfico, asegurando una óptima utilización del espacio aéreo y garantizando también la efectividad de la misión militar;</p>
<p class='parrafo'>d) el examen conjunto de las modificaciones relativas al espacio aéreo SW FAB y que afecten al rendimiento a nivel de SW FAB, y</p>
<p class='parrafo'>e) el establecimiento coordinado de las zonas transfronterizas y el cumplimiento de las disposiciones relativas a la delegación de ATS entre los proveedores de servicios de tránsito aéreo.</p>
<p class='parrafo_2'>3. Las Partes garantizarán la colaboración civil y militar en los procesos de toma de decisiones cooperativas (CDM) que se emprendan con el Gestor de Red, mediante:</p>
<p class='parrafo_2'>a) La formulación de puntos de vista consolidados relacionados con las funciones de red;</p>
<p class='parrafo'>b) el apoyo a la revisión del plan europeo de red de rutas;</p>
<p class='parrafo'>c) el apoyo a la revisión del plan europeo de mejora de la red de rutas; y</p>
<p class='parrafo'>d) la ejecución de las medidas aplicables derivadas de estos planes relacionados con la red.</p>
<p class='capitulo_num'>CAPÍTULO 6</p>
<p class='capitulo_tit'>Prestación de servicios de navegación aérea</p>
<p class='articulo'>Artículo 17. Prestación de servicios de navegación aérea y funciones.</p>
<p class='parrafo'>1. Se prestarán las siguientes funciones y servicios de navegación aérea en el SW FAB:</p>
<p class='parrafo_2'>a) Servicios de Tránsito Aéreo (ATS);</p>
<p class='parrafo'>b) servicios de comunicación, navegación y vigilancia (CNS);</p>
<p class='parrafo'>c) servicios meteorológicos (MET);</p>
<p class='parrafo'>d) servicios de Información Aeronáutica (AIS);</p>
<p class='parrafo'>e) gestión del Espacio Aéreo (ASM); y</p>
<p class='parrafo'>f) gestión de la Afluencia de Tránsito Aéreo (ATFM).</p>
<p class='parrafo_2'>2. Las Partes fomentarán la estrecha cooperación entre los proveedores de servicios de navegación aérea y la celebración de acuerdos por escrito con respecto a disposiciones operacionales y técnicas de relevancia para la prestación de dichos servicios dentro del SW FAB.</p>
<p class='parrafo'>3. Las Partes se esforzarán por lograr sistemas técnicos armonizados e interoperables con un despliegue rentable de las infraestructuras para la prestación de los servicios de gestión del tránsito aéreo y de las comunicaciones, navegación, vigilancia y servicios meteorológicos por los proveedores de servicios de navegación aérea civil y militar.</p>
<p class='parrafo'>4. Las Partes cooperarán en el campo de la información aeronáutica y coordinarán la prestación de los servicios de información aeronáutica.</p>
<p class='parrafo'>5. Las Partes, a través de los correspondientes proveedores de servicios de navegación aérea, velarán por la transferencia fluida y flexible de la responsabilidad del control del tráfico aéreo entre dependencias de ATS.</p>
<p class='parrafo'>6. En caso de acuerdos escritos o disposiciones legales equivalentes entre los proveedores de servicios de navegación aérea de las Partes del SW FAB y otros proveedores de servicios de navegación aérea de los Estados vecinos, la Parte interesada velará por que los acuerdos escritos no afecten a este Acuerdo y se comuniquen al Consejo.</p>
<p class='articulo'>Artículo 18. Prestación de servicios de navegación aérea transfronterizos.</p>
<p class='parrafo'>1. La Junta Operativa, basándose en las necesidades operativas, podrá proponer al Consejo, previa ratificación por el Comité de Autoridades de Supervisión, el establecimiento de un espacio aéreo transfronterizo dentro del espacio aéreo SW FAB. La decisión del Consejo será aplicable después de su aprobación por cada Parte siguiendo las respectivas normas y procedimientos nacionales.</p>
<p class='parrafo'>2. En el espacio aéreo transfronterizo establecido de conformidad con el apartado 1 anterior, los servicios de navegación aérea se prestarán sobre la base de acuerdos específicos por escrito celebrados entre los ANSP designados, que hayan sido aprobados por el Comité de Autoridades de Supervisión.</p>
<p class='parrafo'>3. Las Partes garantizarán que sus NSA celebren los acuerdos adecuados para la supervisión de los servicios de navegación aérea prestados en el espacio aéreo transfronterizo establecido.</p>
<p class='parrafo'>4. Los acuerdos existentes entre los ANSP para la prestación de servicios de navegación aérea en los espacios aéreos transfronterizos establecidos que se encuentren operativos en la fecha de la entrada en vigor del presente Acuerdo, serán evaluados para su posible revisión con arreglo a las disposiciones establecidas en el presente Acuerdo.</p>
<p class='capitulo_num'>CAPÍTULO 7</p>
<p class='capitulo_tit'>Certificación y supervisión</p>
<p class='articulo'>Artículo 19. Certificación y supervisión.</p>
<p class='parrafo'>1. Las Partes garantizarán que sus NSA civiles celebren los acuerdos adecuados para la cooperación en la supervisión y vigilancia de los ANSP en el espacio aéreo SW FAB y que sus prácticas estén armonizadas.</p>
<p class='parrafo'>2. Las disposiciones que establecen las condiciones detalladas para el ejercicio de los derechos y obligaciones de las NSA civiles en virtud de este artículo, y para el intercambio y difusión de información relacionada con la seguridad operativa, deberán ser comunicadas por las NSA al Consejo.</p>
<p class='parrafo'>3. Las Partes garantizarán que los ANSP facilitan la labor de las Partes y/o sus NSA, según sea el caso, en el seguimiento y verificación del cumplimiento de los requisitos reglamentarios. Ello incluirá proporcionar, a petición de las NSA, todas las pruebas documentales pertinentes que demuestren el cumplimiento y facilitar las inspecciones e investigaciones de las NSA.</p>
<p class='parrafo'>4. Las Partes reconocerán mutuamente las tareas de supervisión de las NSA de la otra Parte y sus resultados.</p>
<p class='parrafo'>5. La NSA civil que emitió la certificación a un ANSP que proporcione servicios transfronterizos en el SW FAB, estará a cargo de la supervisión de ese ANSP, en estrecha colaboración con la NSA civil de la otra Parte interesada.</p>
<p class='parrafo'>6. Las Partes podrán permitir la prestación de servicios de navegación aérea en la totalidad o parte de su espacio aéreo aplicable a los ANSP sin certificación, en caso de que el proveedor de esos servicios los preste principalmente para el movimiento de aeronaves distintas del tránsito aéreo general.</p>
<p class='capitulo_num'>CAPÍTULO 8</p>
<p class='capitulo_tit'>Designación</p>
<p class='articulo'>Artículo 20. Designación de proveedores de servicios de tránsito aéreo y servicios meteorológicos.</p>
<p class='parrafo'>1. Las Partes establecerán un mecanismo común para la designación conjunta de los proveedores de servicios de tráfico aéreo en el SW FAB y sus áreas de responsabilidad.</p>
<p class='parrafo'>2. Hasta que se haya establecido un mecanismo común, cualquier proveedor de servicios de tráfico aéreo designado por una Parte se considerará designado conjuntamente por las Partes a partir de la fecha de notificación de la designación a la otra Parte.</p>
<p class='parrafo'>3. Cada Parte tendrá derecho a revocar o modificar, total o parcialmente, la designación de uno o más proveedores de servicios de tráfico aéreo para proporcionar dichos servicios en su espacio aéreo aplicable.</p>
<p class='parrafo'>4. Las Partes se informarán mutuamente sobre los derechos y obligaciones de los proveedores de servicios de tránsito aéreo designados y los proveedores de servicios meteorológicos a nivel nacional y de cualquier cambio en su certificación o su situación jurídica.</p>
<p class='parrafo'>5. Las Partes informarán conjuntamente a la Comisión Europea y a otros Estados miembros de cualquier decisión adoptada en virtud del presente artículo, relativa a la designación de proveedores de servicios de tránsito aéreo y proveedores de servicios meteorológicos en el SW FAB.</p>
<p class='parrafo'>6. Las Partes garantizarán la cooperación entre los proveedores de servicios meteorológicos aeronáuticos. Cada Parte podrá designar a los proveedores de los servicios meteorológicos aeronáuticos en régimen de exclusividad en la totalidad o en parte del espacio aéreo bajo su responsabilidad, e informar al Consejo de ello.</p>
<p class='capitulo_num'>CAPÍTULO 9</p>
<p class='capitulo_tit'>Cooperación civil y militar</p>
<p class='articulo'>Artículo 21. Coordinación civil y militar.</p>
<p class='parrafo'>1. Las Partes garantizarán que se formalizan los mecanismos apropiados de consulta y coordinación entre las autoridades civiles y militares competentes y entre estas autoridades y las partes interesadas sobre temas de interés común que afectan al SW FAB.</p>
<p class='parrafo'>2. Para la prestación de servicios transfronterizos en el espacio aéreo SW FAB, las Partes garantizarán una estrecha coordinación entre los ANSP civiles y las autoridades militares.</p>
<p class='articulo'>Artículo 22. Utilización flexible del espacio aéreo.</p>
<p class='parrafo'>1. Las Partes deberán cooperar en el ámbito jurídico, operativo y técnico para la aplicación eficiente y coherente del concepto de utilización flexible del espacio aéreo, teniendo en cuenta tanto las necesidades civiles como las militares.</p>
<p class='parrafo'>2. Las Partes garantizarán que se establecen acuerdos comunes y procedimientos armonizados entre los proveedores de servicios de tránsito aéreo civiles y militares.</p>
<p class='parrafo'>3. Las Partes se asegurarán de que las autoridades civiles y militares coordinan a nivel estratégico, pre-táctico y táctico la gestión del espacio aéreo.</p>
<p class='parrafo'>4. El presente Acuerdo no afectará al derecho de cada Parte de aplicar el concepto de utilización flexible del espacio aéreo a la hora de reservar, restringir u organizar de otro modo los volúmenes determinados del espacio aéreo que se extiendan a través de su espacio aéreo aplicable, para el uso exclusivo o específico de los usuarios militares y / o aeronaves operadas como Circulación Aérea Operativa.</p>
<p class='capitulo_num'>CAPÍTULO 10</p>
<p class='capitulo_tit'>Rendimiento</p>
<p class='articulo'>Artículo 23. Rendimiento.</p>
<p class='parrafo'>1. Las Partes se proponen elaborar y adoptar un Plan de Rendimiento Conjunto para el SW FAB en consonancia con los objetivos de rendimiento para el conjunto de la Unión Europea y un sistema de incentivos apropiado, teniendo en cuenta las necesidades de seguridad y defensa.</p>
<p class='parrafo'>2. En el caso de que se adopte la decisión para la elaboración conjunta de un plan de rendimiento del SW FAB, las Partes se pondrán de acuerdo sobre las disposiciones apropiadas relativas a la elaboración, elementos y definición de objetivos de rendimiento, y la adopción, ejecución y seguimiento del plan de rendimiento, teniendo en cuenta las singularidades regionales de las diferentes áreas pertenecientes al SW FAB.</p>
<p class='parrafo'>3. Hasta el momento en que se elabore un plan de rendimiento conjunto, las Partes garantizarán que se determinen objetivos de rendimiento agregados a nivel del SW FAB a partir de los respectivos planes nacionales de rendimiento para los servicios de navegación aérea de las Partes y que se comuniquen, a efectos informativos, a la Comisión Europea.</p>
<p class='capitulo_num'>CAPÍTULO 11</p>
<p class='capitulo_tit'>Tarifas</p>
<p class='articulo'>Artículo 24. Zonas de tarificación.</p>
<p class='parrafo'>1. Las Partes se esforzarán por desarrollar y aplicar principios comunes que rijan la política de tarificación en el SW FAB, teniendo en cuenta la posibilidad de exenciones nacionales.</p>
<p class='parrafo'>2. Mientras tanto, las Partes concluyen y aceptan por el presente que todas las zonas existentes de tarificación dentro del espacio aéreo SW FAB, permanecerán en vigor hasta que se acuerde otra cosa por las Partes.</p>
<p class='capitulo_num'>CAPÍTULO 12</p>
<p class='capitulo_tit'>Accidentes e incidentes graves</p>
<p class='articulo'>Artículo 25. Investigación de seguridad de accidentes e incidentes graves.</p>
<p class='parrafo'>1. Una Parte iniciará una investigación de seguridad sobre las circunstancias de los accidentes o incidentes graves que ocurran en su territorio y en las áreas bajo su responsabilidad. En el caso de que esté implicado un avión militar en accidentes o incidentes graves, se observarán los reglamentos nacionales aplicables.</p>
<p class='parrafo'>2. Cuando así se solicite, se facilitará y dará acceso a la Parte en que se produjo el accidente o incidente grave a los materiales oportunos de las Unidades ATS de las Partes y de las autoridades afectadas (por ejemplo, registros de datos de radar, transcripciones de cintas) con el fin de que sea posible realizar una investigación de seguridad sobre el accidente o incidente grave.</p>
<p class='parrafo'>3. Para hacer posible una investigación eficaz y sin obstáculos, una Parte permitirá a la otra Parte que esté realizando la investigación llevar a cabo en su territorio las investigaciones de seguridad necesarias.</p>
<p class='parrafo'>4. Cada Parte tendrá la oportunidad de nombrar observadores para que estén presentes en la investigación de seguridad iniciada por la Parte en cuyo territorio se produjo el incidente grave o accidente.</p>
<p class='articulo'>Artículo 26. Notificación de accidentes e incidentes y difusión de la información.</p>
<p class='parrafo'>1. Las Partes dispondrán de los mecanismos adecuados de notificación de incidentes y accidentes, de conformidad con las normas internacionales y europeas, y fomentarán un mejor entorno de información abierta / cultura de equidad.</p>
<p class='parrafo'>2. En el caso de que ocurra un accidente o incidente grave en el SW FAB, la Parte que realiza la investigación de seguridad informará inmediatamente al Consejo si advierte deficiencias en el SW FAB.</p>
<p class='parrafo'>3. La Parte que realice la investigación deberá proporcionar, cuando lo solicite la otra Parte y sujeto a la legislación nacional, el informe y las conclusiones de la investigación de seguridad relativa a la prestación de servicios de tránsito aéreo dentro del SW FAB que sean de relevancia para la seguridad del vuelo.</p>
<p class='parrafo'>4. Los informes de accidentes e incidentes presentados por una Parte a la otra serán tratados con el mismo nivel de confidencialidad y secreto que se les aplica en la Parte en la que fueron elaborados en virtud de su legislación.</p>
<p class='capitulo_num'>CAPÍTULO 13</p>
<p class='capitulo_tit'>Planes de contingencia</p>
<p class='articulo'>Artículo 27. Planes de contingencia.</p>
<p class='parrafo'>1. Los proveedores de servicios de navegación aérea designados por las Partes deberán coordinar sus planes de contingencia respecto a los servicios de navegación aérea ofrecidos en el SW FAB y en particular, estableciendo los procedimientos entre las dependencias de ATS, los proveedores de servicios meteorológicos aeronáuticos y las autoridades afectadas. Los planes de contingencia se elaborarán de acuerdo, entre otros, con los requisitos de cielo único Europeo y de las legislaciones nacionales.</p>
<p class='parrafo'>2. Las Partes establecerán las medidas adecuadas a fin de garantizar que los modos de contingencia de las operaciones no afectan a la transferencia fluida y flexible de responsabilidad ATC entre dependencias de ATS.</p>
<p class='capitulo_num'>CAPÍTULO 14</p>
<p class='capitulo_tit'>Responsabilidad civil</p>
<p class='articulo'>Artículo 28. Responsabilidad civil.</p>
<p class='parrafo'>1. Las Partes serán responsables de los daños causados por las mismas o por uno de sus agentes o por cualquier otra persona que actúe en su nombre durante la realización de las actividades previstas en el presente Acuerdo, en caso de negligencia o conducta dolosa.</p>
<p class='parrafo'>2. Una Parte podrá interponer una demanda contra la otra para solicitar el resarcimiento por los gastos incurridos como resultado de los daños causados por ella o por uno de sus agentes o cualquier otra persona que actúe en su nombre, durante la realización de las actividades previstas en el presente Acuerdo, en casos de negligencia o conducta dolosa.</p>
<p class='parrafo'>3. Salvo que las Partes acuerden otra cosa, la legislación aplicable a los conflictos relativos a la responsabilidad civil será la ley de la Parte donde se originaron los daños.</p>
<p class='capitulo_num'>CAPÍTULO 15</p>
<p class='capitulo_tit'>Disposiciones finales</p>
<p class='articulo'>Artículo 29. Relación con otros convenios internacionales.</p>
<p class='parrafo'>Las disposiciones del presente Acuerdo no afectarán a los derechos y obligaciones derivados de otros convenios internacionales en que las Partes sean parte, en concreto el Convenio de Chicago.</p>
<p class='articulo'>Artículo 30. Consultas.</p>
<p class='parrafo'>Las Partes podrán solicitar en cualquier momento consultas respecto de la aplicación del presente Acuerdo.</p>
<p class='articulo'>Artículo 31. Resolución de controversias.</p>
<p class='parrafo'>1. Toda controversia sobre la interpretación o aplicación del presente Acuerdo deberá resolverse, a ser posible, mediante negociaciones, por conducto diplomático.</p>
<p class='parrafo'>2. Si la controversia no puede solucionarse en un plazo de seis meses, se someterá, a petición de una de las partes en la misma, a la decisión de un tribunal arbitral «ad hoc».</p>
<p class='parrafo'>3. El tribunal arbitral estará integrado por tres árbitros, designados como sigue:</p>
<p class='parrafo_2'>a) Cada parte nombrará a un árbitro en un plazo de dos meses a partir de la recepción de la solicitud de arbitraje formulada por escrito;</p>
<p class='parrafo'>b) los dos árbitros así nombrados nombrarán conjuntamente, en un plazo de dos meses, a un nacional de un tercer Estado con el que ambas partes mantengan relaciones diplomáticas, como Presidente del tribunal de arbitraje.</p>
<p class='parrafo_2'>4. En caso de no haberse constituido el tribunal de arbitraje en un plazo de cuatro meses a partir de la recepción de la solicitud escrita de arbitraje, cualquiera de las partes podrá solicitar al Presidente de la Corte Internacional de Justicia que realice los nombramientos necesarios.</p>
<p class='parrafo'>5. Si el Presidente de la Corte Internacional de Justicia fuera nacional de alguna de las Partes o hubiera otro motivo que le impidiera hacer los nombramientos, se solicitará al miembro que le siga en jerarquía de la Corte Internacional de Justicia y que no sea nacional de ninguna de las Partes que realice los nombramientos.</p>
<p class='parrafo'>6. El tribunal arbitral establecerá sus propias normas de procedimiento y emitirá su decisión de conformidad con lo dispuesto en el presente Acuerdo y en el derecho internacional aplicable.</p>
<p class='parrafo'>7. Las decisiones arbitrales se tomarán por mayoría y serán vinculantes para todas las Partes.</p>
<p class='parrafo'>8. En el caso de una controversia relativa al significado y alcance de una decisión, corresponderá al tribunal arbitral interpretarlos, a petición de cualquiera de las partes.</p>
<p class='parrafo'>9. Cada Parte sufragará los costes de su respectivo árbitro, así como de la adecuada representación ante el tribunal arbitral, incluidos los honorarios y gastos, mientras que los gastos relativos al Presidente y el Tribunal se sufragarán a partes iguales.</p>
<p class='articulo'>Artículo 32. Enmienda.</p>
<p class='parrafo'>1. El presente Acuerdo podrá enmendarse a solicitud de una de las Partes o a propuesta del Consejo.</p>
<p class='parrafo'>2. Las enmiendas estarán sujetas a ratificación, aceptación o aprobación por las Partes.</p>
<p class='parrafo'>3. Las enmiendas entrarán en vigor de conformidad con los términos especificados en el artículo 34 del presente Acuerdo.</p>
<p class='parrafo'>4. Las Partes informarán de las enmiendas al presente Acuerdo a la Comisión Europea y, en caso necesario, a los FAB adyacentes y a los Estados vecinos.</p>
<p class='articulo'>Artículo 33. Adhesión.</p>
<p class='parrafo'>1. El presente Acuerdo estará abierto a la adhesión a partir de la fecha de su entrada en vigor.</p>
<p class='parrafo'>2. Los Estados que no sean Parte en el presente Acuerdo podrán adherirse a él, presentando una solicitud al Consejo a través del punto de contacto del SW FAB.</p>
<p class='parrafo'>3. La adhesión deberá ser aceptada de mutuo acuerdo por las Partes.</p>
<p class='parrafo'>4. Las condiciones de adhesión y los ajustes resultantes al presente Acuerdo serán convenidos entre las Partes y el Estado Solicitante.</p>
<p class='parrafo'>5. Las Partes y el Estado Solicitante acordarán un presupuesto común que cubra los gastos de adhesión.</p>
<p class='parrafo'>6. El presente Acuerdo entrará en vigor para el Estado que se adhiere treinta días después de la fecha de recepción de su notificación a las Partes.</p>
<p class='articulo'>Artículo 34. Entrada en vigor.</p>
<p class='parrafo'>1. El presente Acuerdo entrará en vigor treinta días después de la fecha de recepción de la última notificación, formulada por escrito y por conducto diplomático, por la que se comunique la terminación de los procedimientos internos de cada Parte necesarios a tal fin.</p>
<p class='parrafo'>2. Las Partes informarán a la Comisión Europea y a los FAB adyacentes y Estados vecinos sobre la entrada en vigor del presente Acuerdo y la fecha del inicio de actividad del SW FAB.</p>
<p class='articulo'>Artículo 35. Suspensión.</p>
<p class='parrafo'>1. Cada Parte podrá suspender temporalmente el presente Acuerdo, en todo o en parte, por motivos de orden público, salud pública o seguridad nacional.</p>
<p class='parrafo'>2. La suspensión del presente Acuerdo, así como su terminación, deberán comunicarse inmediatamente a las Partes y a la Comisión Europea en forma escrita y por conducto diplomático.</p>
<p class='parrafo'>3. La «Parte Cesante» hará todo lo posible para poner fin a la suspensión tan pronto como sea posible.</p>
<p class='parrafo'>4. La «Parte Cesante» correrá con los gastos derivados de dicha suspensión.</p>
<p class='parrafo'>5. Las consecuencias financieras derivadas de la suspensión se determinarán en un acuerdo especial entre las Partes.</p>
<p class='articulo'>Artículo 36. Retirada del Acuerdo.</p>
<p class='parrafo'>1. Cada Parte podrá retirarse del presente Acuerdo, en cualquier momento, notificando, en forma escrita y por conducto diplomático, su intención de retirarse, con al menos doce meses de antelación.</p>
<p class='parrafo'>2. La Parte que se retira se hará cargo de los costes derivados de dicha retirada.</p>
<p class='parrafo'>3. Las consecuencias financieras derivadas de la retirada se determinarán en un acuerdo especial entre las Partes.</p>
<p class='parrafo'>4. La Parte que se retira informará inmediatamente a la Comisión Europea, los FAB adyacentes y Estados vecinos de su decisión de retirarse del SW FAB.</p>
<p class='articulo'>Artículo 37. Terminación.</p>
<p class='parrafo'>1. Las Partes podrán dar por terminado el presente Acuerdo mediante acuerdo escrito, en el que las mismas acordarán la fecha a partir de la cual dejará de estar en vigor.</p>
<p class='parrafo'>2. Las Partes, de común acuerdo, determinarán y distribuirán el coste resultante de la terminación del presente Acuerdo.</p>
<p class='parrafo'>3. El Consejo del SW FAB informará inmediatamente a la Comisión Europea, los FAB adyacentes y los Estados vecinos de la terminación del presente Acuerdo.</p>
<p class='articulo'>Artículo 38. Notificaciones.</p>
<p class='parrafo'>Todas las notificaciones con arreglo al presente Acuerdo se efectuarán en lengua inglesa y por escrito, salvo que se acuerde otra cosa.</p>
<p class='articulo'>Artículo 39. Registro.</p>
<p class='parrafo'>El presente Acuerdo deberá registrarse ante la OACI, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 del Convenio de Chicago.</p>
<p class='parrafo_2'><em>En testimonio de lo cual</em>, los abajo firmantes, debidamente autorizados por sus respectivos Gobiernos, firman el presente Acuerdo.</p>
<p class='parrafo_2'>Hecho en Lisboa a 17 de mayo de 2013, en dos originales, en español, portugués e inglés, siendo todos los textos igualmente auténticos.</p>
<table class='tabla'>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>Por el Reino de España,</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>Por la República Portuguesa,</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<em>Ana Pastor,</em>
</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<em>Álvaro Santos Pereira,</em>
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>Ministra de Fomento</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>Ministro de Economía y Empleo</p>
</td>
</tr>
</table>
<p class='parrafo_2'>El presente Acuerdo entra en vigor el 18 de abril de 2014, treinta días después de la fecha de recepción de la última notificación por Portugal de la terminación de sus procedimientos internos, según establece en su artículo 34.</p>
<p class='centro_redonda'>* * *</p>
<p class='parrafo_2'>Madrid, 9 de abril de 2014.–La Secretaria General Técnica del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Fabiola Gallego Caballero.</p>
</texto>
</documento>
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Sat Apr 19 08:53:40 +0000 2014
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ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA PORTUGUESA PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL BLOQUE FUNCIONAL DE ESPACIO AÉREO DEL SUROESTE (SW FAB)
PREÁMBULO
El Reino de España y la República Portuguesa, en lo sucesivo denominados las «Partes».
Tomando en consideración la legislación de la Unión Europea relativa a la creación del cielo único Europeo, y en concreto el Reglamento (CE) n.º 550/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de marzo de 2004, relativo a la prestación de servicios de navegación aérea en el cielo único europeo, modificado por el Reglamento (CE) n.º 1070/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.º 549/2004, (CE) n.º 550/2004, (CE) n.º 551/2004, (CE) n.º 552/2004 con el fin de mejorar el rendimiento y sostenibilidad del sistema europeo de aviación, y el Reglamento (UE) n.º 176/2011 de la Comisión, de 24 de febrero de 2011, sobre la información previa que debe facilitarse con miras al establecimiento y la modificación de un bloque funcional de espacio aéreo;
Considerando que mediante la creación del Bloque Funcional de Espacio Aéreo del Suroeste (en adelante, SW FAB), independientemente de las fronteras existentes, las Partes tienen por objeto optimizar la capacidad, eficacia y eficiencia de la red de gestión del tránsito aéreo, minimizar el impacto ambiental mientras se mantiene un alto nivel de seguridad y lograr en general resultados positivos para los intereses económicos públicos;
Reconociendo las obligaciones de las Partes como signatarias del Convenio sobre Aviación Civil Internacional abierto a la firma en Chicago el 7 de diciembre de 1944;
Reconociendo que las Partes deberán cumplir con las condiciones derivadas de los acuerdos regionales celebrados en el seno de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y con los acuerdos regionales existentes en la fecha de entrada en vigor del Reglamento (CE) n.º 1070/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.º 549/2004, (CE) n.º 550/2004, (CE) n.º 551/2004, (CE) n.º 552/2004 con el fin de mejorar el rendimiento y sostenibilidad del sistema europeo de aviación, en especial los relacionados con terceros países;
Reconociendo que la celebración de un Acuerdo entre los Estados con respecto a la creación de un bloque funcional de espacio aéreo no afectará al principio de que todo Estado tiene soberanía plena y exclusiva en el espacio aéreo sobre su territorio ni a la capacidad de cada Estado de ejercer sus prerrogativas en materia de seguridad y defensa de su espacio aéreo nacional;
Reconociendo que las Autoridades Nacionales de Supervisión de cada Parte establecerán las disposiciones adecuadas para una estrecha cooperación mutua a fin de garantizar una supervisión adecuada de los proveedores de servicios de navegación aérea en el espacio aéreo del SW FAB;
Reconociendo la declaración de los Estados miembros de la Unión Europea sobre los aspectos militares relacionados con el cielo único Europeo (DO L 96/9, de 31.03.2004), junto con la salvaguardia de los intereses esenciales de la política de seguridad o de defensa de los Estados miembros de la UE como se indica en el artículo 13 del Reglamento (CE) n.º 549/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de marzo de 2004, por el que se fija el marco para la creación del cielo único Europeo, modificado por el Reglamento (CE) n.º 1070/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.º 549/2004, (CE) n.º 550/2004, (CE) n.º 551/2004, (CE) n.º 552/2004 con el fin de mejorar el rendimiento y sostenibilidad del sistema europeo de aviación;
Reconociendo las obligaciones de las Partes como integrantes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN);
Reconociendo que la creación del Bloque Funcional de Espacio Aéreo Suroeste implica necesariamente una cooperación más estrecha con los proveedores de servicios de navegación aérea y una mejor y creciente prestación transfronteriza de los servicios de navegación aérea;
Teniendo presente el Memorando de Entendimiento entre el Instituto Nacional de Aviação Civil (INAC IP), la Dirección General de Aviación Civil (DGAC), la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), Navegaçao Aérea de Portugal-NAV Portugal-EPE y la Entidad Pública Empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena), firmado el 17 de marzo de 2009 en Ámsterdam;
Teniendo presente el Acuerdo de Cooperación de las Autoridades Nacionales civiles de Supervisión (NSA) española y portuguesa para el desarrollo conjunto de funciones de las autoridades nacionales de supervisión en el marco del cielo único Europeo firmado el 25 de febrero de 2010, en Madrid; y el Acuerdo entre las Autoridades Nacionales de Supervisión de la República Portuguesa y el Reino de España relativo al establecimiento del SW FAB, firmado el 17 de mayo de 2012, en Madrid;
Teniendo presente el actual marco de cooperación entre los dos principales proveedores de servicios de tránsito aéreo, la Entidad Pública Empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena) y Navegação Aérea de Portugal-NAV Portugal-EPE, basado en el Memorándum de Cooperación firmado el 16 de mayo de 2001 en Madrid, y el Acuerdo Marco para el establecimiento del Bloque Funcional de Espacio Aéreo del Suroeste, entre la Entidad Pública Empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena) y Navegação Aérea de Portugal-NAV Portugal-EPE, firmado el 18 de junio de 2012 en Madrid;
Teniendo presente el marco establecido entre el Ejército del Aire español y la Fuerza Aérea Portuguesa en el «Protocolo de Cooperación entre el Ministerio de Defensa del Reino de España y el Ministerio de Defensa Nacional de la República Portuguesa», firmado el 26 de octubre de 1998 en Lisboa, el «Acuerdo Técnico de cooperación y apoyo mutuo entre el Sistema de Defensa Aérea del Reino de España y la República Portuguesa», firmado el 5 de mayo de 1997 en Lisboa, y el 13 de mayo de 1997 en Madrid, y el «Acuerdo Técnico sobre la facilitación mutua del sobrevuelo y aterrizaje de aviones militares del Reino de España y la República Portuguesa», firmado el 4 de noviembre de 2004 en Madrid, y el 24 de noviembre de 2004 en Lisboa;
Teniendo presente el Acuerdo para el Establecimiento del Bloque Funcional Aéreo Suroeste (SW FAB) entre el Instituto de Meteorologia, IP, Portugal, actualmente denominado Instituto Português do Mar e da Atmosfera, IP y la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), firmado el 15 de junio de 2012 en Lisboa y el 20 de junio de 2012 en Madrid;
Teniendo en cuenta la declaración conjunta entre el Instituto Nacional de Aviação Civil (INAC, IP), y la Dirección General de Aviación Civil (DGAC), sobre la iniciativa SW FAB, firmada el 17 de mayo de 2012 en Madrid;
Considerando que el objetivo de este Acuerdo es la creación de un marco jurídico adecuado de alto nivel para el FAB que permita los acuerdos y disposiciones necesarios para la ejecución y el día a día de las operaciones en el SW FAB y su utilización por los socios del SW FAB para el logro de los objetivos acordados y los beneficios esperados del mismo;
Considerando que el SW FAB cubre el espacio aéreo que está bajo la responsabilidad de las Partes en la región OACI-EUR y, además, en el caso del Reino de España, la particularidad del espacio aéreo bajo su responsabilidad dentro de la Región AFI de OACI (Región África-Océano Índico) y teniendo en cuenta también la necesidad de garantizar el éxito de la integración de los flujos de tráfico con el Atlántico Norte y el Atlántico Sur;
Considerando las diferencias entre los bloques operacionales de espacio aéreo SW FAB así como su variedad desde el punto de vista operativo y técnico;
Considerando que la Región de Información de Vuelo (FIR) de Santa María (FIR de Santa María) cubre espacio aéreo oceánico fuera de la región OACI-EUR, la República Portuguesa se reserva el derecho de examinar las implicaciones de una eventual integración de la FIR de Santa María en el SW FAB, pero continuará alentando a los proveedores de servicios de navegación aérea a optimizar la capacidad y eficiencia con esta FIR y todos los niveles de vuelo en el espacio aéreo SW FAB en las iniciativas operativas y técnicas, así como desde el punto de vista de la Gestión del Tránsito Aéreo (ATM); y
Teniendo como objetivo la creación de la base jurídica e institucional para el establecimiento del SW FAB entre las Partes;
Las Partes acuerdan lo siguiente:
CAPÍTULO 1
Principios generales
Artículo 1. Objeto y alcance del Acuerdo.
1. Las Partes convienen en establecer un bloque funcional de espacio aéreo del suroeste (SW FAB).
2. El presente Acuerdo tendrá en cuenta, en particular, la necesidad de una coordinación permanente entre las Partes y el desarrollo potencial continuado del SW FAB con posterioridad a su creación.
3. Este Acuerdo no crea una organización internacional con personalidad jurídica internacional.
4. Este Acuerdo define los derechos y obligaciones de las Partes relativas a la creación del SW FAB.
5. Este Acuerdo define las condiciones generales y de gobernanza conforme a las cuales las Partes tienen que garantizar la gestión del tráfico aéreo y la prestación de servicios de navegación aérea en el espacio aéreo SW FAB.
6. El presente Acuerdo no afectará a las obligaciones de los Estados respecto al servicio de búsqueda y rescate. Las disposiciones del presente Acuerdo se aplicarán sin perjuicio de las competencias de las Partes relativas a los intereses esenciales de la política de seguridad o de defensa.
7. El presente Acuerdo no afectará a las relaciones relativas a la propiedad y el control entre proveedores de servicios de navegación aérea.
8. Las siguientes materias son reservadas por cada Parte y no están sujetas a este Acuerdo:
a) La soberanía;
b) las aeronaves de Estado con arreglo al artículo 3 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional, firmado en Chicago el 7 de diciembre 1944;
c) la seguridad nacional y la defensa, incluidas la formación y cualesquiera otras actividades operacionales;
d) las operaciones de búsqueda y rescate;
e) los aspectos de propiedad y control de los proveedores de servicios de navegación aérea; y
f) la participación de una de las Partes sin la otra en cualquier otro FAB.
Artículo 2. Definiciones.
1. A los efectos de este Acuerdo:
a) «Proveedor de Servicios de Navegación Aérea (ANSP)» significa cualquier entidad pública o privada que proporcione servicios de navegación aérea para el tránsito aéreo general;
b) «Servicios de Navegación Aérea (ANS)» son los servicios de tránsito aéreo, de comunicación, navegación y vigilancia, los servicios meteorológicos para la navegación aérea y los servicios de información aeronáutica;
c) «Servicio de Control de Tráfico Aéreo (ATC)» significa un servicio prestado con el fin de:
i) Prevenir colisiones:
– entre aeronaves; y
– en el área de maniobras, entre aeronaves y obstáculos; y
ii) Acelerar y mantener el flujo ordenado del tránsito aéreo.
d) «Gestión del Tránsito Aéreo (ATM)» es la agrupación de las funciones a bordo y de tierra (servicios de tránsito aéreo, gestión del espacio aéreo y la gestión de afluencia del tránsito aéreo) necesarias para garantizar el movimiento seguro y eficiente de las aeronaves durante todas las fases de las operaciones;
e) «Servicios de Tránsito Aéreo (ATS)» se refiere a los servicios de información de vuelo, de alerta, servicios de asesoramiento sobre tránsito aéreo y servicios de control del tráfico aéreo (ATC) (servicios de control de área, aproximación y aeródromo);
f) «Unidad de Servicios de Tránsito Aéreo (dependencia ATS)» es la dependencia, civil o militar, responsable de prestar servicios de tránsito aéreo;
g) «Espacio aéreo aplicable» significa, con respecto a cada Parte, el espacio aéreo bajo la responsabilidad de la misma y determinado por ésta como parte del SW FAB;
h) «Convenio de Chicago», significa el Convenio sobre Aviación Civil Internacional, abierto a la firma en Chicago el 7 de diciembre de 1944, e incluye:
i) Cualquier modificación del mismo que haya sido ratificada por las Partes y haya entrado en vigor con arreglo a la letra a) del artículo 94 del Convenio, y
ii) Cualquier Anexo o enmienda del mismo adoptados con arreglo al artículo 90 del Convenio, en la medida en que las normas internacionales contempladas en el artículo 37 del mismo, en dicho Anexo o enmienda, sean en cualquier momento dado, de aplicación para ambas Partes;
i) «Parte» significa el Reino de España o la República Portuguesa, así como cualquier otro Estado que se adhiera a este Acuerdo, según lo establecido en su artículo 33;
j) «Espacio aéreo transfronterizo» significa una estructura del espacio aéreo que se extiende a través de las fronteras nacionales y / o los límites de las regiones de información de vuelo;
k) «Servicios Transfronterizos» significa cualquier situación en la que, en un Estado miembro, los servicios de navegación aérea se prestan por un proveedor de servicios certificado en otro Estado miembro;
l) «Delegación de servicios de tránsito aéreo» se refiere a la delegación de un Estado (el Estado que delega) en otro Estado (el Estado proveedor) de la responsabilidad de prestar servicios de tránsito aéreo en una parte del espacio aéreo que se extiende sobre los territorios del primero;
m) «Bloque de espacio aéreo funcional (FAB)» es un bloque de espacio aéreo basado en requisitos operativos y establecido con independencia de las fronteras de los Estados, donde la prestación de servicios de navegación aérea y las funciones conexas están basadas en el rendimiento y optimizadas con el fin de introducir, en cada bloque funcional de espacio aéreo, una mayor cooperación entre los proveedores de servicios de navegación aérea;
n) «Tráfico aéreo general (GAT)» se refiere a todos los movimientos de aeronaves civiles, así como todos los movimientos de las aeronaves de Estado (incluidas las militares, de aduanas y policía), cuando dichos movimientos se llevan a cabo de conformidad con los procedimientos de OACI;
o) «Servicios Meteorológicos (MET)» son las instalaciones y servicios que proporcionan a las aeronaves pronósticos, informes y observaciones meteorológicas, así como cualquier otra información y datos meteorológicos proporcionados por los Estados para uso aeronáutico;
p) «Autoridad Nacional de Supervisión (NSA)» es el organismo u organismos designados por las Partes para asumir las tareas asignadas al mismo (o a los mismos), de conformidad con el apartado 1 del artículo 4 del Reglamento (CE) n.º 549/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 10 de marzo de 2004, modificado por el Reglamento (CE) n.º 1070/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por el que se fija el marco para la creación del cielo único europeo;
q) «Circulación Aérea Operativa (OAT)» se refiere a todos los vuelos que no cumplen con las disposiciones establecidas para el tránsito aéreo general (GAT) y para los cuales, las normas y procedimientos han sido especificados por las autoridades nacionales competentes;
r) «Partes Interesadas» son los terceros países contiguos al SW FAB, los usuarios o grupos de usuarios del espacio aéreo y los órganos de representación de personal pertinentes, así como los proveedores de servicios de navegación aérea contiguos a los del SW FAB, los operadores aeroportuarios y los fabricantes;
s) «Espacio aéreo SW FAB» es el espacio aéreo que abarca el espacio aéreo aplicable de cada Parte; y
t) «Territorio» significa las áreas terrestres, las aguas territoriales adyacentes a ellas y el espacio aéreo sobre el cual una Parte ejercita su derecho de soberanía, de acuerdo con el derecho internacional.
Artículo 3. Objetivos del SW FAB.
Los objetivos del SW FAB son lograr un rendimiento óptimo en las áreas relacionadas con la seguridad operativa, la sostenibilidad ambiental, la capacidad, la rentabilidad, la eficiencia y también la eficacia de vuelo de las misiones militares, a través del diseño del espacio aéreo y la organización de la gestión del tráfico aéreo en el espacio aéreo afectado, con independencia de las fronteras existentes.
Artículo 4. Espacio aéreo del SW FAB.
1. Con respecto al espacio aéreo bajo su responsabilidad para la prestación de servicios de navegación aérea, las Partes se comprometen a establecer un Bloque Funcional de Espacio Aéreo en el espacio aéreo aplicable de cada Parte (en adelante espacio aéreo SW FAB) constituido por:
a) FIR Lisboa (FL245/UNL);
b) UIR Madrid (FL245/UNL);
c) UIR Barcelona (FL245/UNL); y
d) UIR Canarias (FL245/UNL).
2. Cualquier modificación o alteración de la delimitación del espacio aéreo SW FAB será acordada por las Partes y entrará en vigor conforme a lo previsto en el artículo 32 del presente Acuerdo.
3. Las Partes comunicarán a la Comisión Europea las modificaciones realizadas, siguiendo el proceso establecido en el artículo 5 del Reglamento (UE) n.º 176/2011 de la Comisión, de 24 de febrero de 2011, sobre la información previa que debe facilitarse con miras al establecimiento y la modificación de un bloque funcional de espacio aéreo.
4. Las Partes garantizarán, si están de acuerdo en modificar o alterar el espacio aéreo SW FAB, que se han establecido los acuerdos y medidas transitorias adecuadas.
5. Con referencia a la FIR Santa María, la República Portuguesa decidirá sobre su inclusión en el espacio aéreo SW FAB no más tarde del 31 de diciembre de 2014.
Artículo 5. Soberanía.
El presente Acuerdo se aplicará sin perjuicio de la soberanía de las Partes sobre el espacio aéreo por encima de sus respectivos territorios.
Artículo 6. Seguridad y defensa.
1. El presente Acuerdo se aplicará sin perjuicio de los respectivos intereses nacionales de las Partes en materia de seguridad y defensa.
2. Este Acuerdo no impedirá la aplicación por una Parte de las medidas que sean necesarias para salvaguardar los intereses esenciales de la política de seguridad o de defensa.
3. Siempre que la aplicación del presente Acuerdo afecte negativamente a su funcionamiento seguro y eficiente, cada Parte tendrá derecho a salvaguardar las operaciones de seguridad y defensa, formación y otras actividades de su Tráfico Aéreo Operacional de conformidad con su legislación interna.
Artículo 7. Materias reservadas.
1. Todas las cuestiones relativas a las relaciones con terceros, referidas al espacio aéreo internacional de la Región NAT de la OACI bajo la jurisdicción de la República Portuguesa, serán de competencia exclusiva de la República Portuguesa.
2. Todas las cuestiones relativas a las relaciones con terceros, referidas a la región AFI del SW FAB bajo la jurisdicción del Reino de España, serán de competencia exclusiva del Reino de España.
CAPÍTULO 2
Seguridad operativa
Artículo 8. Seguridad operativa del SW FAB.
1. Las Partes se comprometen a cooperar y tomar las medidas apropiadas para garantizar que el SW FAB se establece y gestiona de forma segura.
2. Las Partes garantizarán conjuntamente el establecimiento y desarrollo de una política común de seguridad operativa en el SW FAB.
CAPÍTULO 3
Órganos y funcionamiento
Artículo 9. Órganos del SW FAB.
1. El SW FAB estará compuesto por los siguientes órganos:
a) El Consejo;
b) el Comité de Autoridades de Supervisión; y
c) la Junta Operativa.
2. Los órganos antes mencionados carecen de personalidad jurídica.
Artículo 10. Consejo.
1. El Consejo se establece como un órgano de decisión conjunta a los efectos de la aplicación, operación y desarrollo ulterior de este Acuerdo.
2. El Consejo está integrado por los siguientes representantes de cada Parte:
a) Un (1) representante de la autoridad responsable de la aviación civil; y
b) un (1) representante de la autoridad responsable de la aviación militar.
3. Previa invitación del Consejo, representantes del Comité de Autoridades de Supervisión y de la Junta Operativa, así como otros participantes, podrán asistir a las reuniones del Consejo en calidad de observadores.
4. El Consejo estará presidido alternativamente por el representante designado por cada Parte, en períodos anuales.
5. El Presidente del Consejo designará el punto de contacto (PoC) del SW FAB durante este período.
6. Las decisiones del Consejo se adoptarán por unanimidad.
7. Las decisiones del Consejo entrarán en vigor dos meses después de la fecha de su adopción, a menos que se acuerde otra cosa.
8. Si, dentro de este período, una Parte informa a la otra de que la decisión sólo se puede aplicar previa autorización de sus autoridades nacionales, la decisión se hará efectiva un día después de que la Parte en cuestión haya informado a la otra de que se ha obtenido la autorización de sus autoridades nacionales.
9. Las normas de procedimiento, aprobadas por el Consejo en su primera reunión, establecerán las disposiciones necesarias, en particular, para la convocatoria de reuniones, el envío previo del orden del día, el nombramiento y duración del mandato del Presidente y la posibilidad de tomar decisiones por correspondencia.
10. El Consejo se reunirá, por invitación de su Presidente, al menos dos veces al año y siempre que resulte necesario. Cada Parte tendrá derecho a solicitar la convocatoria de una reunión.
Artículo 11. Funciones del Consejo.
1. Con el fin de cumplir los compromisos de las Partes derivados del presente Acuerdo, el Consejo regirá el SW FAB y, entre otras cosas, deberá tomar decisiones para:
a) Definir la política y los objetivos estratégicos para el desarrollo del SW FAB, evaluar los resultados alcanzados en términos de rendimiento y tomar las medidas apropiadas si es necesario;
b) Garantizar la aplicación de este Acuerdo y examinar los progresos en el cumplimiento de los objetivos del SW FAB;
c) Garantizar que el SW FAB se establezca, desarrolle y gobierne de acuerdo con todos los requisitos aplicables establecidos en la normativa del cielo único Europeo y la legislación nacional de cada Parte;
d) Definir las líneas generales de la coordinación civil y militar;
e) Definir las modalidades de la cooperación en la aplicación del concepto de utilización flexible del espacio aéreo;
f) Apoyar la armonización de las normas y procedimientos relevantes;
g) Aprobar la política de seguridad operativa común del SW FAB propuesta por el Comité de Autoridades de Supervisión;
h) Acordar la política común de gestión del espacio aéreo para el SW FAB;
i) Facilitar el proceso de designación conjunta de los proveedores de servicios de navegación aérea, estableciendo las bases para la creación de los mecanismos de designación conjunta;
j) Garantizar el desarrollo y la coordinación de los planes de contingencia en el espacio aéreo SW FAB;
k) Adoptar sus propias normas de procedimiento y mandato y aprobar las normas de procedimiento y mandato del Comité de Autoridades de Supervisión, la Junta Operativa y el Foro de Consulta de las Partes Interesadas;
l) Garantizar la coordinación del SWFAB con los bloques funcionales de espacio aéreo adyacentes;
m) Coordinar las posturas de las Partes con respecto a la aplicación de los acuerdos internacionales relativos a la labor de la OACI, de EUROCONTROL, de la Comisión Europea, de la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) y de cualquier otra organización internacional en el ámbito de la navegación aérea;
n) Garantizar la consulta con las partes interesadas del SW FAB cuando proceda, a través del Foro de Consulta de las Partes Interesadas;
o) Proponer enmiendas al presente Acuerdo;
p) Aprobar las propuestas de los Comités y Grupos de Trabajo establecidos conforme a este Acuerdo; y
q) Aprobar el informe anual del SW FAB elaborado por la Junta Operativa, teniendo también en cuenta las opiniones expresadas por el Comité de Autoridades de Supervisión respecto al borrador del informe anual.
2. El Consejo podrá aprobar la creación de otros Comités y Grupos de Trabajo.
3. Los Comités y Grupos de Trabajo estarán integrados por los representantes civiles y/o militares designados por las Partes.
4. A invitación de los Comités y Grupos de Trabajo, podrán asistir a sus reuniones otros participantes en calidad de observadores.
Artículo 12. Foro de Consulta de las Partes Interesadas.
1. El Foro de Consulta de las Partes Interesadas se establecerá como órgano consultivo del Consejo y se reunirá al menos una vez al año.
2. El papel de este órgano será únicamente asesorar al Consejo sobre la aplicación del SW FAB, cuando sea necesario.
3. Las Partes Interesadas del SW FAB serán invitadas al Foro de Consulta de las Partes Interesadas.
4. El Presidente del Consejo presidirá el Foro de Consulta de las Partes Interesadas.
Artículo 13. Comité de Autoridades de Supervisión.
1. El Comité de Autoridades de Supervisión estará compuesto por un representante de cada NSA, incluyendo a las autoridades militares, si no están establecidas como NSA, y a las autoridades meteorológicas aeronáuticas de supervisión de las Partes.
2. El Comité de Autoridades de Supervisión será presidido alternativamente, en períodos anuales, por el representante de la NSA civil responsable del ATS de una de las Partes y copresidido por el representante de la NSA civil responsable del ATS de la otra Parte.
3. El Comité de Autoridades de Supervisión deberá abordar todos los asuntos relacionados con la supervisión, el rendimiento y la armonización del SW FAB y ejecutará otras tareas que le encomiende el Consejo.
4. El Comité de Autoridades de Supervisión ayudará al Consejo, en particular en materia de aplicación de los artículos 15, 19, 23 y 24.
5. El Comité de Autoridades de Supervisión informará al Consejo sobre cuestiones relacionadas con los apartados anteriores y en particular sobre:
a) La implementación y la consecución de los objetivos de rendimiento, y
b) la coordinación de la aplicación de los planes de rendimiento entre las Partes.
6. El Comité de Autoridades de Supervisión propondrá al Consejo la creación de sus grupos de trabajo y comités.
7. El Comité de Autoridades de Supervisión presentará, para la aprobación por el Consejo, sus normas de procedimiento para su funcionamiento y mandato.
Artículo 14. Junta Operativa.
1. La Junta Operativa se establecerá para gestionar el funcionamiento técnico y operativo del SW FAB.
2. La Junta Operativa estará compuesta por:
– Un (1) representante del proveedor de ATS en ruta de cada Parte;
– un (1) representante militar designado por cada Parte; y
– un (1) representante de los proveedores de servicios meteorológicos aeronáuticos de cada Parte.
Podrán también asistir a sus reuniones como observadores otros participantes por invitación de la Junta Operativa, que deberá informar previamente de ello al Consejo, de conformidad con la letra k) del apartado 4 de este artículo.
3. La Junta Operativa estará presidida alternativamente, en períodos anuales, por el representante del proveedor de ATS en ruta de cada Parte.
4. La Junta Operativa deberá:
a) Garantizar la aplicación de las políticas y objetivos definidos por el Consejo;
b) Asegurar la cooperación entre los proveedores de servicios de tránsito aéreo en ruta con objeto de obtener una mejor y creciente prestación de servicios de tráfico aéreo transfronterizo;
c) Apoyar al Gestor de Red en el desarrollo y las actividades en curso del Plan Estratégico de Red y el Plan de Operaciones de Red;
d) Velar por el desarrollo de la coordinación civil y militar;
e) Proponer al Consejo las modalidades de cooperación en la gestión del espacio aéreo, incluida la aplicación del concepto de utilización flexible del espacio aéreo;
f) Garantizar la coordinación operativa del SW FAB con los bloques funcionales de espacio aéreo adyacentes;
g) Proponer, desarrollar y aplicar un Plan Común para el Desarrollo de Proyectos en el ámbito del SW FAB, que debe ser aprobado por el Consejo;
h) Preparar y coordinar el informe anual del SW FAB;
i) Proponer y definir una política común de gestión del espacio aéreo que deberá ser aprobada, además, por el Consejo;
j) asesorar al Consejo sobre la aplicación de este Acuerdo y, en particular de los artículos 16, 17, 18, 21 y 22; y
k) Informar al Consejo.
5. La Junta Operativa propondrá al Consejo la creación de sus grupos de trabajo y comités.
6. La Junta Operativa deberá presentar sus normas de procedimiento para su funcionamiento y su mandato para aprobación por el Consejo.
CAPÍTULO 4
Armonización
Artículo 15. Armonización de normas, estándares y procedimientos.
1. Las Partes deberán, cuando sea posible, garantizar sinergias en la regulación y enfoques coherentes con respecto a las normas, estándares y procedimientos aplicados en el ámbito del SW FAB.
2. Hasta que se hayan establecido las normas y procedimientos armonizados contemplados en el apartado 1, se aplicarán las normas y procedimientos de la Parte en la que se presta el servicio de navegación aérea.
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2, y con respecto a la prestación de los servicios de navegación aérea en el espacio aéreo transfronterizo, serán de aplicación las normas, estándares y procedimientos nacionales en la Parte que certificó al ANSP que preste los servicios de navegación aérea.
CAPÍTULO 5
Espacio aéreo
Artículo 16. Diseño y gestión del espacio aéreo SW FAB.
1. Las Partes asegurarán la coordinación del diseño y gestión de un espacio aéreo SW FAB sin fisuras, así como la aplicación de la gestión coordinada de capacidad y afluencia del tránsito aéreo (ATFM), teniendo en cuenta los procesos de colaboración internacional, los aspectos y requisitos de la seguridad y la defensa nacionales, independientemente de las fronteras existentes.
2. Las Partes garantizarán, en particular:
a) El desarrollo de la política común de gestión del espacio aéreo, en estrecha cooperación entre las autoridades civiles y militares;
b) la armonización de la estructura del espacio aéreo SW FAB para facilitar un espacio aéreo sin fisuras;
c) el diseño de la estructura del espacio aéreo SW FAB según los flujos principales de tráfico, asegurando una óptima utilización del espacio aéreo y garantizando también la efectividad de la misión militar;
d) el examen conjunto de las modificaciones relativas al espacio aéreo SW FAB y que afecten al rendimiento a nivel de SW FAB, y
e) el establecimiento coordinado de las zonas transfronterizas y el cumplimiento de las disposiciones relativas a la delegación de ATS entre los proveedores de servicios de tránsito aéreo.
3. Las Partes garantizarán la colaboración civil y militar en los procesos de toma de decisiones cooperativas (CDM) que se emprendan con el Gestor de Red, mediante:
a) La formulación de puntos de vista consolidados relacionados con las funciones de red;
b) el apoyo a la revisión del plan europeo de red de rutas;
c) el apoyo a la revisión del plan europeo de mejora de la red de rutas; y
d) la ejecución de las medidas aplicables derivadas de estos planes relacionados con la red.
CAPÍTULO 6
Prestación de servicios de navegación aérea
Artículo 17. Prestación de servicios de navegación aérea y funciones.
1. Se prestarán las siguientes funciones y servicios de navegación aérea en el SW FAB:
a) Servicios de Tránsito Aéreo (ATS);
b) servicios de comunicación, navegación y vigilancia (CNS);
c) servicios meteorológicos (MET);
d) servicios de Información Aeronáutica (AIS);
e) gestión del Espacio Aéreo (ASM); y
f) gestión de la Afluencia de Tránsito Aéreo (ATFM).
2. Las Partes fomentarán la estrecha cooperación entre los proveedores de servicios de navegación aérea y la celebración de acuerdos por escrito con respecto a disposiciones operacionales y técnicas de relevancia para la prestación de dichos servicios dentro del SW FAB.
3. Las Partes se esforzarán por lograr sistemas técnicos armonizados e interoperables con un despliegue rentable de las infraestructuras para la prestación de los servicios de gestión del tránsito aéreo y de las comunicaciones, navegación, vigilancia y servicios meteorológicos por los proveedores de servicios de navegación aérea civil y militar.
4. Las Partes cooperarán en el campo de la información aeronáutica y coordinarán la prestación de los servicios de información aeronáutica.
5. Las Partes, a través de los correspondientes proveedores de servicios de navegación aérea, velarán por la transferencia fluida y flexible de la responsabilidad del control del tráfico aéreo entre dependencias de ATS.
6. En caso de acuerdos escritos o disposiciones legales equivalentes entre los proveedores de servicios de navegación aérea de las Partes del SW FAB y otros proveedores de servicios de navegación aérea de los Estados vecinos, la Parte interesada velará por que los acuerdos escritos no afecten a este Acuerdo y se comuniquen al Consejo.
Artículo 18. Prestación de servicios de navegación aérea transfronterizos.
1. La Junta Operativa, basándose en las necesidades operativas, podrá proponer al Consejo, previa ratificación por el Comité de Autoridades de Supervisión, el establecimiento de un espacio aéreo transfronterizo dentro del espacio aéreo SW FAB. La decisión del Consejo será aplicable después de su aprobación por cada Parte siguiendo las respectivas normas y procedimientos nacionales.
2. En el espacio aéreo transfronterizo establecido de conformidad con el apartado 1 anterior, los servicios de navegación aérea se prestarán sobre la base de acuerdos específicos por escrito celebrados entre los ANSP designados, que hayan sido aprobados por el Comité de Autoridades de Supervisión.
3. Las Partes garantizarán que sus NSA celebren los acuerdos adecuados para la supervisión de los servicios de navegación aérea prestados en el espacio aéreo transfronterizo establecido.
4. Los acuerdos existentes entre los ANSP para la prestación de servicios de navegación aérea en los espacios aéreos transfronterizos establecidos que se encuentren operativos en la fecha de la entrada en vigor del presente Acuerdo, serán evaluados para su posible revisión con arreglo a las disposiciones establecidas en el presente Acuerdo.
CAPÍTULO 7
Certificación y supervisión
Artículo 19. Certificación y supervisión.
1. Las Partes garantizarán que sus NSA civiles celebren los acuerdos adecuados para la cooperación en la supervisión y vigilancia de los ANSP en el espacio aéreo SW FAB y que sus prácticas estén armonizadas.
2. Las disposiciones que establecen las condiciones detalladas para el ejercicio de los derechos y obligaciones de las NSA civiles en virtud de este artículo, y para el intercambio y difusión de información relacionada con la seguridad operativa, deberán ser comunicadas por las NSA al Consejo.
3. Las Partes garantizarán que los ANSP facilitan la labor de las Partes y/o sus NSA, según sea el caso, en el seguimiento y verificación del cumplimiento de los requisitos reglamentarios. Ello incluirá proporcionar, a petición de las NSA, todas las pruebas documentales pertinentes que demuestren el cumplimiento y facilitar las inspecciones e investigaciones de las NSA.
4. Las Partes reconocerán mutuamente las tareas de supervisión de las NSA de la otra Parte y sus resultados.
5. La NSA civil que emitió la certificación a un ANSP que proporcione servicios transfronterizos en el SW FAB, estará a cargo de la supervisión de ese ANSP, en estrecha colaboración con la NSA civil de la otra Parte interesada.
6. Las Partes podrán permitir la prestación de servicios de navegación aérea en la totalidad o parte de su espacio aéreo aplicable a los ANSP sin certificación, en caso de que el proveedor de esos servicios los preste principalmente para el movimiento de aeronaves distintas del tránsito aéreo general.
CAPÍTULO 8
Designación
Artículo 20. Designación de proveedores de servicios de tránsito aéreo y servicios meteorológicos.
1. Las Partes establecerán un mecanismo común para la designación conjunta de los proveedores de servicios de tráfico aéreo en el SW FAB y sus áreas de responsabilidad.
2. Hasta que se haya establecido un mecanismo común, cualquier proveedor de servicios de tráfico aéreo designado por una Parte se considerará designado conjuntamente por las Partes a partir de la fecha de notificación de la designación a la otra Parte.
3. Cada Parte tendrá derecho a revocar o modificar, total o parcialmente, la designación de uno o más proveedores de servicios de tráfico aéreo para proporcionar dichos servicios en su espacio aéreo aplicable.
4. Las Partes se informarán mutuamente sobre los derechos y obligaciones de los proveedores de servicios de tránsito aéreo designados y los proveedores de servicios meteorológicos a nivel nacional y de cualquier cambio en su certificación o su situación jurídica.
5. Las Partes informarán conjuntamente a la Comisión Europea y a otros Estados miembros de cualquier decisión adoptada en virtud del presente artículo, relativa a la designación de proveedores de servicios de tránsito aéreo y proveedores de servicios meteorológicos en el SW FAB.
6. Las Partes garantizarán la cooperación entre los proveedores de servicios meteorológicos aeronáuticos. Cada Parte podrá designar a los proveedores de los servicios meteorológicos aeronáuticos en régimen de exclusividad en la totalidad o en parte del espacio aéreo bajo su responsabilidad, e informar al Consejo de ello.
CAPÍTULO 9
Cooperación civil y militar
Artículo 21. Coordinación civil y militar.
1. Las Partes garantizarán que se formalizan los mecanismos apropiados de consulta y coordinación entre las autoridades civiles y militares competentes y entre estas autoridades y las partes interesadas sobre temas de interés común que afectan al SW FAB.
2. Para la prestación de servicios transfronterizos en el espacio aéreo SW FAB, las Partes garantizarán una estrecha coordinación entre los ANSP civiles y las autoridades militares.
Artículo 22. Utilización flexible del espacio aéreo.
1. Las Partes deberán cooperar en el ámbito jurídico, operativo y técnico para la aplicación eficiente y coherente del concepto de utilización flexible del espacio aéreo, teniendo en cuenta tanto las necesidades civiles como las militares.
2. Las Partes garantizarán que se establecen acuerdos comunes y procedimientos armonizados entre los proveedores de servicios de tránsito aéreo civiles y militares.
3. Las Partes se asegurarán de que las autoridades civiles y militares coordinan a nivel estratégico, pre-táctico y táctico la gestión del espacio aéreo.
4. El presente Acuerdo no afectará al derecho de cada Parte de aplicar el concepto de utilización flexible del espacio aéreo a la hora de reservar, restringir u organizar de otro modo los volúmenes determinados del espacio aéreo que se extiendan a través de su espacio aéreo aplicable, para el uso exclusivo o específico de los usuarios militares y / o aeronaves operadas como Circulación Aérea Operativa.
CAPÍTULO 10
Rendimiento
Artículo 23. Rendimiento.
1. Las Partes se proponen elaborar y adoptar un Plan de Rendimiento Conjunto para el SW FAB en consonancia con los objetivos de rendimiento para el conjunto de la Unión Europea y un sistema de incentivos apropiado, teniendo en cuenta las necesidades de seguridad y defensa.
2. En el caso de que se adopte la decisión para la elaboración conjunta de un plan de rendimiento del SW FAB, las Partes se pondrán de acuerdo sobre las disposiciones apropiadas relativas a la elaboración, elementos y definición de objetivos de rendimiento, y la adopción, ejecución y seguimiento del plan de rendimiento, teniendo en cuenta las singularidades regionales de las diferentes áreas pertenecientes al SW FAB.
3. Hasta el momento en que se elabore un plan de rendimiento conjunto, las Partes garantizarán que se determinen objetivos de rendimiento agregados a nivel del SW FAB a partir de los respectivos planes nacionales de rendimiento para los servicios de navegación aérea de las Partes y que se comuniquen, a efectos informativos, a la Comisión Europea.
CAPÍTULO 11
Tarifas
Artículo 24. Zonas de tarificación.
1. Las Partes se esforzarán por desarrollar y aplicar principios comunes que rijan la política de tarificación en el SW FAB, teniendo en cuenta la posibilidad de exenciones nacionales.
2. Mientras tanto, las Partes concluyen y aceptan por el presente que todas las zonas existentes de tarificación dentro del espacio aéreo SW FAB, permanecerán en vigor hasta que se acuerde otra cosa por las Partes.
CAPÍTULO 12
Accidentes e incidentes graves
Artículo 25. Investigación de seguridad de accidentes e incidentes graves.
1. Una Parte iniciará una investigación de seguridad sobre las circunstancias de los accidentes o incidentes graves que ocurran en su territorio y en las áreas bajo su responsabilidad. En el caso de que esté implicado un avión militar en accidentes o incidentes graves, se observarán los reglamentos nacionales aplicables.
2. Cuando así se solicite, se facilitará y dará acceso a la Parte en que se produjo el accidente o incidente grave a los materiales oportunos de las Unidades ATS de las Partes y de las autoridades afectadas (por ejemplo, registros de datos de radar, transcripciones de cintas) con el fin de que sea posible realizar una investigación de seguridad sobre el accidente o incidente grave.
3. Para hacer posible una investigación eficaz y sin obstáculos, una Parte permitirá a la otra Parte que esté realizando la investigación llevar a cabo en su territorio las investigaciones de seguridad necesarias.
4. Cada Parte tendrá la oportunidad de nombrar observadores para que estén presentes en la investigación de seguridad iniciada por la Parte en cuyo territorio se produjo el incidente grave o accidente.
Artículo 26. Notificación de accidentes e incidentes y difusión de la información.
1. Las Partes dispondrán de los mecanismos adecuados de notificación de incidentes y accidentes, de conformidad con las normas internacionales y europeas, y fomentarán un mejor entorno de información abierta / cultura de equidad.
2. En el caso de que ocurra un accidente o incidente grave en el SW FAB, la Parte que realiza la investigación de seguridad informará inmediatamente al Consejo si advierte deficiencias en el SW FAB.
3. La Parte que realice la investigación deberá proporcionar, cuando lo solicite la otra Parte y sujeto a la legislación nacional, el informe y las conclusiones de la investigación de seguridad relativa a la prestación de servicios de tránsito aéreo dentro del SW FAB que sean de relevancia para la seguridad del vuelo.
4. Los informes de accidentes e incidentes presentados por una Parte a la otra serán tratados con el mismo nivel de confidencialidad y secreto que se les aplica en la Parte en la que fueron elaborados en virtud de su legislación.
CAPÍTULO 13
Planes de contingencia
Artículo 27. Planes de contingencia.
1. Los proveedores de servicios de navegación aérea designados por las Partes deberán coordinar sus planes de contingencia respecto a los servicios de navegación aérea ofrecidos en el SW FAB y en particular, estableciendo los procedimientos entre las dependencias de ATS, los proveedores de servicios meteorológicos aeronáuticos y las autoridades afectadas. Los planes de contingencia se elaborarán de acuerdo, entre otros, con los requisitos de cielo único Europeo y de las legislaciones nacionales.
2. Las Partes establecerán las medidas adecuadas a fin de garantizar que los modos de contingencia de las operaciones no afectan a la transferencia fluida y flexible de responsabilidad ATC entre dependencias de ATS.
CAPÍTULO 14
Responsabilidad civil
Artículo 28. Responsabilidad civil.
1. Las Partes serán responsables de los daños causados por las mismas o por uno de sus agentes o por cualquier otra persona que actúe en su nombre durante la realización de las actividades previstas en el presente Acuerdo, en caso de negligencia o conducta dolosa.
2. Una Parte podrá interponer una demanda contra la otra para solicitar el resarcimiento por los gastos incurridos como resultado de los daños causados por ella o por uno de sus agentes o cualquier otra persona que actúe en su nombre, durante la realización de las actividades previstas en el presente Acuerdo, en casos de negligencia o conducta dolosa.
3. Salvo que las Partes acuerden otra cosa, la legislación aplicable a los conflictos relativos a la responsabilidad civil será la ley de la Parte donde se originaron los daños.
CAPÍTULO 15
Disposiciones finales
Artículo 29. Relación con otros convenios internacionales.
Las disposiciones del presente Acuerdo no afectarán a los derechos y obligaciones derivados de otros convenios internacionales en que las Partes sean parte, en concreto el Convenio de Chicago.
Artículo 30. Consultas.
Las Partes podrán solicitar en cualquier momento consultas respecto de la aplicación del presente Acuerdo.
Artículo 31. Resolución de controversias.
1. Toda controversia sobre la interpretación o aplicación del presente Acuerdo deberá resolverse, a ser posible, mediante negociaciones, por conducto diplomático.
2. Si la controversia no puede solucionarse en un plazo de seis meses, se someterá, a petición de una de las partes en la misma, a la decisión de un tribunal arbitral «ad hoc».
3. El tribunal arbitral estará integrado por tres árbitros, designados como sigue:
a) Cada parte nombrará a un árbitro en un plazo de dos meses a partir de la recepción de la solicitud de arbitraje formulada por escrito;
b) los dos árbitros así nombrados nombrarán conjuntamente, en un plazo de dos meses, a un nacional de un tercer Estado con el que ambas partes mantengan relaciones diplomáticas, como Presidente del tribunal de arbitraje.
4. En caso de no haberse constituido el tribunal de arbitraje en un plazo de cuatro meses a partir de la recepción de la solicitud escrita de arbitraje, cualquiera de las partes podrá solicitar al Presidente de la Corte Internacional de Justicia que realice los nombramientos necesarios.
5. Si el Presidente de la Corte Internacional de Justicia fuera nacional de alguna de las Partes o hubiera otro motivo que le impidiera hacer los nombramientos, se solicitará al miembro que le siga en jerarquía de la Corte Internacional de Justicia y que no sea nacional de ninguna de las Partes que realice los nombramientos.
6. El tribunal arbitral establecerá sus propias normas de procedimiento y emitirá su decisión de conformidad con lo dispuesto en el presente Acuerdo y en el derecho internacional aplicable.
7. Las decisiones arbitrales se tomarán por mayoría y serán vinculantes para todas las Partes.
8. En el caso de una controversia relativa al significado y alcance de una decisión, corresponderá al tribunal arbitral interpretarlos, a petición de cualquiera de las partes.
9. Cada Parte sufragará los costes de su respectivo árbitro, así como de la adecuada representación ante el tribunal arbitral, incluidos los honorarios y gastos, mientras que los gastos relativos al Presidente y el Tribunal se sufragarán a partes iguales.
Artículo 32. Enmienda.
1. El presente Acuerdo podrá enmendarse a solicitud de una de las Partes o a propuesta del Consejo.
2. Las enmiendas estarán sujetas a ratificación, aceptación o aprobación por las Partes.
3. Las enmiendas entrarán en vigor de conformidad con los términos especificados en el artículo 34 del presente Acuerdo.
4. Las Partes informarán de las enmiendas al presente Acuerdo a la Comisión Europea y, en caso necesario, a los FAB adyacentes y a los Estados vecinos.
Artículo 33. Adhesión.
1. El presente Acuerdo estará abierto a la adhesión a partir de la fecha de su entrada en vigor.
2. Los Estados que no sean Parte en el presente Acuerdo podrán adherirse a él, presentando una solicitud al Consejo a través del punto de contacto del SW FAB.
3. La adhesión deberá ser aceptada de mutuo acuerdo por las Partes.
4. Las condiciones de adhesión y los ajustes resultantes al presente Acuerdo serán convenidos entre las Partes y el Estado Solicitante.
5. Las Partes y el Estado Solicitante acordarán un presupuesto común que cubra los gastos de adhesión.
6. El presente Acuerdo entrará en vigor para el Estado que se adhiere treinta días después de la fecha de recepción de su notificación a las Partes.
Artículo 34. Entrada en vigor.
1. El presente Acuerdo entrará en vigor treinta días después de la fecha de recepción de la última notificación, formulada por escrito y por conducto diplomático, por la que se comunique la terminación de los procedimientos internos de cada Parte necesarios a tal fin.
2. Las Partes informarán a la Comisión Europea y a los FAB adyacentes y Estados vecinos sobre la entrada en vigor del presente Acuerdo y la fecha del inicio de actividad del SW FAB.
Artículo 35. Suspensión.
1. Cada Parte podrá suspender temporalmente el presente Acuerdo, en todo o en parte, por motivos de orden público, salud pública o seguridad nacional.
2. La suspensión del presente Acuerdo, así como su terminación, deberán comunicarse inmediatamente a las Partes y a la Comisión Europea en forma escrita y por conducto diplomático.
3. La «Parte Cesante» hará todo lo posible para poner fin a la suspensión tan pronto como sea posible.
4. La «Parte Cesante» correrá con los gastos derivados de dicha suspensión.
5. Las consecuencias financieras derivadas de la suspensión se determinarán en un acuerdo especial entre las Partes.
Artículo 36. Retirada del Acuerdo.
1. Cada Parte podrá retirarse del presente Acuerdo, en cualquier momento, notificando, en forma escrita y por conducto diplomático, su intención de retirarse, con al menos doce meses de antelación.
2. La Parte que se retira se hará cargo de los costes derivados de dicha retirada.
3. Las consecuencias financieras derivadas de la retirada se determinarán en un acuerdo especial entre las Partes.
4. La Parte que se retira informará inmediatamente a la Comisión Europea, los FAB adyacentes y Estados vecinos de su decisión de retirarse del SW FAB.
Artículo 37. Terminación.
1. Las Partes podrán dar por terminado el presente Acuerdo mediante acuerdo escrito, en el que las mismas acordarán la fecha a partir de la cual dejará de estar en vigor.
2. Las Partes, de común acuerdo, determinarán y distribuirán el coste resultante de la terminación del presente Acuerdo.
3. El Consejo del SW FAB informará inmediatamente a la Comisión Europea, los FAB adyacentes y los Estados vecinos de la terminación del presente Acuerdo.
Artículo 38. Notificaciones.
Todas las notificaciones con arreglo al presente Acuerdo se efectuarán en lengua inglesa y por escrito, salvo que se acuerde otra cosa.
Artículo 39. Registro.
El presente Acuerdo deberá registrarse ante la OACI, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 del Convenio de Chicago.
En testimonio de lo cual, los abajo firmantes, debidamente autorizados por sus respectivos Gobiernos, firman el presente Acuerdo.
Hecho en Lisboa a 17 de mayo de 2013, en dos originales, en español, portugués e inglés, siendo todos los textos igualmente auténticos.
Por el Reino de España,
Por la República Portuguesa,
Ana Pastor,
Álvaro Santos Pereira,
Ministra de Fomento
Ministro de Economía y Empleo
El presente Acuerdo entra en vigor el 18 de abril de 2014, treinta días después de la fecha de recepción de la última notificación por Portugal de la terminación de sus procedimientos internos, según establece en su artículo 34.
* * *
Madrid, 9 de abril de 2014.–La Secretaria General Técnica del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Fabiola Gallego Caballero.
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Acuerdo entre España y Portugal para crear el bloque de espacio aéreo del suroeste Entró en vigor ayer. Hoy en #BOE
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OTROS_ANUNCIOS
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Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación
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Acuerdo entre España y Portugal para crear el bloque de espacio aéreo del suroeste.
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2013-06-06
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DE CONFORMIDAD con
art. 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre
DE CONFORMIDAD con
Real Decreto 434/1988, de 6 de mayo
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BOE-A-2016-10194
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Resolución de 30 de mayo de 2013, de la Jefatura de la Casa de Su Majestad el Rey, por la que se crea un fichero de datos de carácter personal.
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<texto>
<p class='parrafo'>La Constitución Española, en su artículo 18, reconoce como derecho fundamental el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y establece que la «ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos». El Tribunal Constitucional ha declarado en su jurisprudencia que este precepto protege el derecho fundamental, con sustantividad propia, a la protección de datos de carácter personal.</p>
<p class='parrafo'>El artículo 20.1 de la vigente Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, establece que la creación, modificación o supresión de los ficheros automatizados de las Administraciones Públicas sólo podrán llevarse a cabo por medio de disposición general publicada en el «Boletín Oficial del Estado» o diario oficial correspondiente.</p>
<p class='parrafo'>El Reglamento de desarrollo de la citada Ley Orgánica 15/1999, en su artículo 53 establece la forma de la disposición o acuerdo que debe adoptarse para la creación, modificación o supresión de ficheros, remitiendo en el caso de los órganos constitucionales del Estado a lo que establezcan sus normas reguladoras.</p>
<p class='parrafo'>A fin de dar cumplimiento a los preceptos citados y para garantizar la máxima transparencia y seguridad en el tratamiento de los datos de carácter personal que obran en los distintos ficheros de la Casa de S.M. el Rey, asegurando a los afectados el ejercicio de sus legítimos derechos, y en uso de las funciones y responsabilidades que me confiere el artículo 3.1 del Real Decreto 434/1988, de 6 de mayo, sobre reestructuración de la Casa de S.M. el Rey, dispongo:</p>
<p class='articulo'>Primero.</p>
<p class='parrafo'>Proceder a la creación del fichero de datos de carácter personal denominado que se incluye en el anexo de esta resolución.</p>
<p class='articulo'>Segundo.</p>
<p class='parrafo_2'>La presente resolución entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».</p>
<p class='parrafo_2'>Palacio de la Zarzuela, 30 de mayo de 2013.–El Jefe de la Casa de S.M. el Rey, Rafael Spottorno Díaz-Caro.</p>
<p class='anexo_num'>ANEXO A LA RESOLUCIÓN DE 30 DE MAYO DE 2013 POR LA QUE SE CREA UN FICHERO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL EN LA CASA DE S.M. EL REY</p>
<p class='anexo_tit'>Fichero: Usuarios web</p>
<p class='parrafo_2'>1. Identificación del fichero: Usuarios web.</p>
<p class='parrafo'>2. Finalidad y usos previstos: Permitir la interacción de los usuarios con las webs y aplicaciones oficiales de la Casa de S.M. el Rey a través de los formularios disponibles en ellas y, en caso necesario, poder contactar con ellos.</p>
<p class='parrafo'>3. Origen de los datos:</p>
<p class='parrafo_2'>a) Colectivo: Personas que a nivel particular, o como representantes de otras, contacten con la Casa de S.M. el Rey vía web.</p>
<p class='parrafo'>b) Procedencia: De los propios interesados o de sus representantes. Los datos se obtienen de los formularios que están en las páginas y aplicaciones web y que pueden rellenar para contactar con la Casa de S.M. el Rey.</p>
<p class='parrafo_2'>4. Estructura básica del fichero: Sistema automatizado.</p>
<p class='parrafo'>5. Descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo: Datos de carácter identificativo: nombre, apellidos, edad, ciudad de residencia, país, código postal, dirección de correo electrónico, dirección postal, teléfono, DNI, nombre y apellidos de padre, madre o tutor legal, DNI, correo electrónico.</p>
<p class='parrafo'>6. Comunicaciones de los datos previstas: A las Administraciones Públicas e instituciones competentes para la tramitación de los asuntos planteados.</p>
<p class='parrafo'>7. Órgano responsable del fichero: Casa de S.M. el Rey, Palacio de la Zarzuela, 28071 Madrid.</p>
<p class='parrafo'>8. Servicios o Departamentos ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Secretaría General de la Casa de S.M. el Rey, Palacio de la Zarzuela 28071 Madrid.</p>
<p class='parrafo'>9. Medidas de seguridad: Nivel básico.</p>
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Thu Jun 06 07:16:08 +0000 2013
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La Constitución Española, en su artículo 18, reconoce como derecho fundamental el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y establece que la «ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos». El Tribunal Constitucional ha declarado en su jurisprudencia que este precepto protege el derecho fundamental, con sustantividad propia, a la protección de datos de carácter personal.
El artículo 20.1 de la vigente Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, establece que la creación, modificación o supresión de los ficheros automatizados de las Administraciones Públicas sólo podrán llevarse a cabo por medio de disposición general publicada en el «Boletín Oficial del Estado» o diario oficial correspondiente.
El Reglamento de desarrollo de la citada Ley Orgánica 15/1999, en su artículo 53 establece la forma de la disposición o acuerdo que debe adoptarse para la creación, modificación o supresión de ficheros, remitiendo en el caso de los órganos constitucionales del Estado a lo que establezcan sus normas reguladoras.
A fin de dar cumplimiento a los preceptos citados y para garantizar la máxima transparencia y seguridad en el tratamiento de los datos de carácter personal que obran en los distintos ficheros de la Casa de S.M. el Rey, asegurando a los afectados el ejercicio de sus legítimos derechos, y en uso de las funciones y responsabilidades que me confiere el artículo 3.1 del Real Decreto 434/1988, de 6 de mayo, sobre reestructuración de la Casa de S.M. el Rey, dispongo:
Primero.
Proceder a la creación del fichero de datos de carácter personal denominado que se incluye en el anexo de esta resolución.
Segundo.
La presente resolución entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Palacio de la Zarzuela, 30 de mayo de 2013.–El Jefe de la Casa de S.M. el Rey, Rafael Spottorno Díaz-Caro.
ANEXO A LA RESOLUCIÓN DE 30 DE MAYO DE 2013 POR LA QUE SE CREA UN FICHERO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL EN LA CASA DE S.M. EL REY
Fichero: Usuarios web
1. Identificación del fichero: Usuarios web.
2. Finalidad y usos previstos: Permitir la interacción de los usuarios con las webs y aplicaciones oficiales de la Casa de S.M. el Rey a través de los formularios disponibles en ellas y, en caso necesario, poder contactar con ellos.
3. Origen de los datos:
a) Colectivo: Personas que a nivel particular, o como representantes de otras, contacten con la Casa de S.M. el Rey vía web.
b) Procedencia: De los propios interesados o de sus representantes. Los datos se obtienen de los formularios que están en las páginas y aplicaciones web y que pueden rellenar para contactar con la Casa de S.M. el Rey.
4. Estructura básica del fichero: Sistema automatizado.
5. Descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo: Datos de carácter identificativo: nombre, apellidos, edad, ciudad de residencia, país, código postal, dirección de correo electrónico, dirección postal, teléfono, DNI, nombre y apellidos de padre, madre o tutor legal, DNI, correo electrónico.
6. Comunicaciones de los datos previstas: A las Administraciones Públicas e instituciones competentes para la tramitación de los asuntos planteados.
7. Órgano responsable del fichero: Casa de S.M. el Rey, Palacio de la Zarzuela, 28071 Madrid.
8. Servicios o Departamentos ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Secretaría General de la Casa de S.M. el Rey, Palacio de la Zarzuela 28071 Madrid.
9. Medidas de seguridad: Nivel básico.
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Si rellenas un formulario de contacto en la página web de Casa Real te van a pedir el DNI ¿y análisis de sangre? #BOE
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CONVOCATORIAS
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Jefatura del Estado
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Si rellenas un formulario de contacto en la página web de Casa Real te van a pedir el DNI.
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2016-11-04
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BOE-A-2013-344
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Orden PRE/1743/2016, de 27 de octubre, por la que se convoca la prueba de evaluación de aptitud profesional para el ejercicio de la profesión de abogado para el año 2017.
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<titulo>Orden PRE/1743/2016, de 27 de octubre, por la que se convoca la prueba de evaluación de aptitud profesional para el ejercicio de la profesión de abogado para el año 2017.</titulo>
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<texto>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>De conformidad con lo dispuesto en la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales y en el artículo 18 de su Reglamento, aprobado por el Real Decreto 775/2011, de 3 de junio, es competencia de los Ministerios de Justicia y de Educación, Cultura y Deporte convocar la prueba de evaluación de aptitud para el ejercicio de la profesión de abogado.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En su virtud, a propuesta conjunta de los Ministros de Justicia y de Educación, Cultura y Deporte, dispongo:</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Apartado único.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Se convoca la prueba de evaluación de la aptitud profesional para la profesión de abogado para el año 2017, que se regirá por lo dispuesto en la presente convocatoria que figura como anejo a esta orden.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Madrid, 27 de octubre de 2016.–La Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia, P. D. (Orden PRE/934/2012, de 24 de abril), el Subsecretario de la Presidencia, P. V. (Real Decreto 199/2012, de 23 de enero), el Secretario General Técnico-Director del Secretariado del Gobierno, David Villaverde Page.</p>
<p class='anexo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>ANEJO</p>
<p class='centro_cursiva' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Convocatoria</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Se convoca la prueba de evaluación para la acreditación de la capacitación profesional para el acceso a la profesión de abogado dirigida a comprobar la formación suficiente para el ejercicio de la profesión, el conocimiento de las respectivas normas deontológicas y profesionales y en particular la adquisición de las competencias previstas en los cursos de formación impartidos por universidades o escuelas de práctica jurídica debidamente acreditadas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Esta convocatoria, de acuerdo con lo previsto en el artículo 18.2 del Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, aprobado por el Real Decreto 775/2011, de 3 de junio, no contiene limitación alguna en el número de plazas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La presente convocatoria se publicará en el «Boletín Oficial del Estado», en el portal web del Ministerio de Justicia (www.mjusticia.gob.es) apartado «Trámites y Gestiones Personales-Acceso a la profesión de Abogado», así como en la página web del Consejo General de la Abogacía Española.</p>
<p class='centro_cursiva' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Descripción de la evaluación</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La prueba de evaluación de la aptitud profesional se efectuará de conformidad con lo establecido en la presente Orden de convocatoria y será única e idéntica para todo el territorio español.</p>
<p class='centro_cursiva' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. Programa de materias</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El programa que ha de regir la evaluación se encuentra en el Anexo II de la presente convocatoria y contiene una descripción orientativa de las materias y competencias necesarias para el acceso a la profesión de abogado que serán objeto de la evaluación.</p>
<p class='centro_cursiva' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. Requisitos de los candidatos</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Podrán concurrir a la prueba de evaluación quienes reúnan los siguientes requisitos a la fecha en que se realice el examen:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) Estar en posesión, del Título de Licenciado en Derecho, Graduado en Derecho o de otro título universitario de Grado equivalente que reúna los requisitos establecidos en el artículo 3 del Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, aprobado por el Real Decreto 775/2011, de 3 de junio o, en su caso, de las certificaciones sustitutorias.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán estar en posesión de la credencial que acredite su homologación o convalidación en su caso.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) Haber superado los cursos de formación comprensivos del conjunto de competencias necesarias para el ejercicio de la profesión de abogado, y el período de prácticas externas tuteladas, acreditados conjuntamente por el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Educación Cultura y Deporte e inscritos en el Registro Administrativo del Ministerio de Justicia establecido al efecto, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 6 a 8 del Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, aprobado por el Real Decreto 775/2011, de 3 de junio.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>c) Ser mayor de edad y no estar inhabilitado para el ejercicio de la profesión de abogado.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Si en algún momento se tuviera conocimiento de que alguno de los aspirantes no cumple los requisitos exigidos en la convocatoria, la Administración acordará motivadamente su exclusión del proceso, previo trámite de audiencia.</p>
<p class='centro_cursiva' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>5. Plazo y forma de presentación de las solicitudes y documentación</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Quienes deseen participar en la prueba de evaluación para el acceso al ejercicio de la abogacía deberán cumplimentar el modelo de solicitud de inscripción dirigido a la Secretaría de Estado de Justicia, que podrá descargarse en portal web del Ministerio de Justicia y que se adjunta como anexo I de la presente convocatoria.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La solicitud podrá presentarse de forma telemática a través de la sede electrónica del Ministerio de Justicia (https://sede.mjusticia.gob.es), utilizando como sistema de autentificación el sistema Cl@ve. Dentro de esta plataforma, se admitirá DNI electrónico, certificado electrónico reconocido y los sistemas Cl@ve PIN y Cl@ve Permanente para la identificación de los aspirantes.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, también se podrá presentar la solicitud de participación en el Registro General del Ministerio de Justicia, calle Bolsa, n.º 8, 28012 Madrid, pudiendo remitirse también por correo certificado o presentarse en cualquiera de las dependencias aludidas en el meritado artículo 16.4 de Ley 39/2015, de 1 de octubre.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Las solicitudes que se presenten a través de las oficinas de Correos, se presentarán en sobre abierto, con objeto de que en la cabecera de la primera hoja del documento que se quiera enviar, se haga constar, con claridad, el nombre de la oficina y la fecha, el lugar, la hora y minuto de su admisión.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En la solicitud de admisión se incluirá una declaración responsable referente al cumplimiento de todos los requisitos a que se refiere el apartado 4 de la presente convocatoria.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El plazo de presentación de solicitudes de participación en la evaluación será de 20 días naturales, contados a partir del siguiente al de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Al objeto de simplificar los trámites administrativos que deban realizar los participantes, éstos podrán autorizar expresamente al Ministerio de Justicia el acceso a los sistemas de verificación de sus datos de titulación y de identidad en los términos establecidos en el Real Decreto 522/2006, de 28 de abril, por el que se suprime la aportación de fotocopias de documentos de identidad en los procedimientos administrativos de la Administración General del Estado. Los datos de carácter personal serán tratados conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En el caso de que no se autorice expresamente el acceso a estos datos el solicitante deberá marcar el correspondiente recuadro en el modelo de solicitud y presentar la documentación que se le requiera una vez finalizado el proceso.</p>
<p class='centro_cursiva' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>6. Derechos de examen</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La participación en la prueba de evaluación será gratuita.</p>
<p class='centro_cursiva' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>7. Acceso a personas con discapacidad</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Los aspirantes con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por 100 podrán pedir en el modelo oficial de solicitud, las adaptaciones y ajustes razonables de tiempo y medios a fin de asegurar su participación en la evaluación en condiciones de igualdad, de conformidad con lo previsto en la disposición adicional quinta de la Ley 34/2006 y en el artículo 2.2 de su Reglamento.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Junto con la solicitud deberán aportar el dictamen técnico facultativo acerca de la procedencia de dicha adaptación, emitido por el órgano técnico de valoración que dictaminó el grado de discapacidad.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Si han cumplimentado la solicitud de forma telemática, deberán presentar la documentación indicada en el apartado anterior, dentro del plazo de presentación de solicitudes, en el Registro General del Ministerio de Justicia, calle Bolsa, número 8, 28012 Madrid, pudiendo remitirse también por correo certificado o presentarse en cualquiera de las dependencias aludidas en el meritado artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La adaptación de tiempos y medios no se otorgará de forma automática, sino únicamente en el caso de que la discapacidad guarde relación directa con la prueba a realizar, correspondiendo a Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia resolver la procedencia y concreción de la adaptación.</p>
<p class='centro_cursiva' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>8. Admisión de aspirantes</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia publicará la lista provisional de aspirantes incluidos y excluidos a la prueba de aptitud que podrá consultarse en la página web del Ministerio de Justicia https:/www.mjusticia.gob.es, apartado «Trámites y gestiones personales-Acceso a la profesión de Abogado».</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Se concederá un plazo de diex días hábiles, contados a partir de la publicación del listado provisional en el citado portal web del Ministerio de Justicia, para subsanar el defecto que haya motivado la exclusión u omisión.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Finalizado el plazo de subsanación, por resolución de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia se publicará la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, que podrá consultarse en el portal web del Ministerio de Justicia y fijará el lugar, la fecha y la hora para la realización del ejercicio.</p>
<p class='centro_cursiva' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>9. Comisiones evaluadoras</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>De conformidad con lo dispuesto en los artículos 7 de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, y 19 de su Reglamento de desarrollo aprobado por Real Decreto 775/2011, de 3 de junio, se constituirán las Comisiones evaluadoras con posteridad a esta convocatoria, en función del número de aspirantes presentados procedentes de las distintas universidades y escuelas de práctica jurídica de cada Comunidad Autónoma.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Serán designadas conforme a lo dispuesto en el artículo 19.2 del Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, aprobado por el Real Decreto 775/2011, de 3 de junio. Excepcionalmente, cuando el número de aspirantes u otras circunstancias así lo justifiquen se podrá proceder a la constitución de una sola comisión para varias Comunidades Autónomas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>A tal efecto, los Ministerios de Justicia y de Educación, Cultura y Deporte, por Resolución conjunta de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia y de la Dirección General de Política Universitaria, respectivamente, designarán a los miembros de las comisiones evaluadoras y a sus suplentes que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado».</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La composición de cada comisión evaluadora será la siguiente:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) Un representante del Ministerio de Justicia, funcionario de carrera de especialidad jurídica perteneciente a alguno de los cuerpos integrados en el grupo A, subgrupo A1 de la Administración General del Estado.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) Un representante del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, funcionario de carrera de especialidad jurídica perteneciente a alguno de los cuerpos integrados en el grupo A, subgrupo A1 de la Administración General del Estado.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>c) Un representante de la Comunidad Autónoma correspondiente, designado entre funcionarios de cuerpos de especialidad jurídica por la Consejería con competencias en materia de Justicia.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>d) Un abogado con más de cinco años de ejercicio profesional, propuesto por el Consejo General de la Abogacía Española.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>e) Un profesor universitario de alguna de las distintas disciplinas jurídicas, designado por el Consejo de Universidades, entre el personal docente con vinculación permanente con una universidad.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>f) Un representante del Consejo General del Poder Judicial.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>A efectos de comunicación y demás incidencias, todos los aspirantes deberán dirigir sus escritos a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, calle San Bernardo, 21, 28071 Madrid, dirección de correo electrónico: acceso.abogacia@mjusticia.es.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Corresponderá a las comisiones evaluadoras la consideración, verificación y apreciación de las incidencias que pudieran surgir en el desarrollo de la prueba, adoptando al respecto las decisiones que estimen pertinentes y que harán constar en el acta de examen.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Las comisiones evaluadoras dependerán funcionalmente del Ministerio de Justicia, a cuyos representantes corresponderá la presidencia en cada una de las mismas, ostentando la secretaría los representantes del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El funcionamiento de la Comisión se regirá por lo dispuesto para los órganos colegiados en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público así como por lo dispuesto en las demás disposiciones vigentes que resulten de aplicación.</p>
<p class='centro_cursiva' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>10. Idioma de la prueba</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La prueba de aptitud se realizará en castellano.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En el caso en que la prueba se celebre en una comunidad autónoma con otra lengua cooficial, la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, en función del número de alumnos y de las disponibilidades técnicas, podrá poner a disposición de los aspirantes la realización de la prueba, también, en la lengua cooficial de la comunidad autónoma.</p>
<p class='centro_cursiva' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>11. Desarrollo de la prueba</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La evaluación consistirá en una prueba escrita objetiva de contenido teórico-práctico con contestaciones o respuestas múltiples, cuyo contenido se ajustará a la normativa publicada en el «Boletín Oficial del Estado» y vigente a la fecha de publicación de la presente convocatoria y tendrá una duración de 4 horas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Su contenido se fijará por el Ministerio de Justicia y su finalidad es medir los conocimientos teórico-prácticos de los participantes acerca del ejercicio de la profesión de abogado así como el conocimiento de las normas deontológicas y profesionales. Tendrá como base el programa orientativo de materias que se contiene en el anexo II de la presente convocatoria.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Los aspirantes serán convocados para la prueba en llamamiento único, siendo excluidos de la prueba de evaluación los que no comparezcan.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>A los aspirantes se les entregará un cuaderno de examen, que contendrá:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) 50 preguntas sobre las materias que figuran en el apartado A «Materias comunes al ejercicio de la profesión de abogado» del anexo II de la presente convocatoria.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) 25 preguntas sobre una especialidad jurídica a elegir entre las cuatro que figuran en el apartado B, «Materias específicas», del anexo II de la presente convocatoria.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>c) Además, el cuestionario incluirá seis preguntas de reserva para el apartado A «Materias comunes ejercicio de la profesión de abogado» del anexo II de la presente convocatoria, y dos por cada especialidad jurídica del apartado B, «Materias específicas» de citado anexo II.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Junto con el cuaderno de examen se les hará entrega de una hoja de respuestas con las correspondientes instrucciones para su cumplimentación.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La hoja de respuestas estará dividida en dos partes: una primera parte de 50 respuestas, cada una con 4 respuestas alternativas de las que sólo una es la correcta, que se referirán a las materias relacionadas con el apartado A «Materias comunes al ejercicio de la profesión de abogado» y una segunda parte con cuatro bloques de 25 respuestas cada bloque y cada una con 4 alternativas de las que igualmente sólo una de ellas es correcta, con la mención en la parte superior de la especialidad jurídica de que se trate.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En esta segunda parte, los aspirantes únicamente deberán elegir una especialidad jurídica entre las cuatro posibles. En los supuestos en los que en la hoja de respuestas se conteste a más de una especialidad jurídica, o no se señale ninguna especialidad jurídica o se cumplimente de forma incorrecta, el aspirante resultará eliminado automáticamente de la prueba.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>No estará permitido el uso de textos legales ni manuales jurídicos ni otros documentos de apoyo. Tampoco se permitirá el uso de teléfonos móviles, ni de cualquier otro dispositivo con capacidad de almacenamiento de información o posibilidad de comunicación mediante voz o datos dentro del recinto de examen, una vez iniciado el ejercicio y hasta el final del mismo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Durante la celebración del ejercicio no se permitirá el acceso al centro de examen y a las diferentes aulas de personas ajenas al mismo o de aspirantes que no hayan comparecido al llamamiento. Los aspirantes no podrán abandonar el aula, salvo causa excepcional e inaplazable, hasta transcurrida una hora del comienzo del ejercicio. Posteriormente podrán hacerlo momentáneamente en caso de necesidad, debidamente autorizados, disponiéndose lo necesario para garantizar su incomunicación. Estas ausencias no darán derecho a prórrogas en el tiempo hábil para contestar el cuestionario.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Finalizada la sesión cada comisión evaluadora levantará acta que será suscrita por todos sus miembros. El original se entregará a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, y en ella se hará sucinta referencia al desarrollo de la prueba y, en particular, al número de aspirantes presentados y retirados de su práctica, así como los abandonos del aula y cualquier otra circunstancia relevante que se haya producido en el transcurso de la prueba.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Asimismo se recogerán las objeciones que las comisiones estimen sobre las preguntas y en concreto sobre su posible anulación.</p>
<p class='centro_cursiva' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>12. Resultados y calificación</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Resultado de la prueba.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El cuestionario se valorará sobre una escala de 0 a 75 puntos, obteniéndose 1 punto por cada respuesta correcta, descontándose 0,33 puntos por cada respuesta incorrecta y no obteniendo ninguna puntuación las preguntas no contestadas. La calificación total se obtendrá mediante la suma de las puntuaciones obtenidas por las respuestas correctas deduciéndose las incorrectas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Tras la celebración de la prueba, se harán públicas las plantillas provisionales de las respuestas correctas, mediante su publicación en el portal web del Ministerio de Justicia (www.mjusticia.gob.es) apartado «Trámites y Gestiones Personales-Acceso a la profesión de Abogado».</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Una vez publicadas las plantillas provisionales, los interesados, en un plazo de cinco días naturales a contar desde el día siguiente al de su publicación, podrán presentar la/s reclamación/es que estimen pertinente/s, respecto a la formulación de las preguntas y de las correspondientes respuestas correctas dirigidas a la siguiente dirección de correo electrónico: acceso.abogacia@mjusticia.es.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Las reclamaciones serán resueltas por el Director General de Relaciones con la Administración de Justicia.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La/s pregunta/s que resulten anulada/s será/n sustituida/s, por su orden y en función del apartado al que pertenezcan, por la/s pregunta/s de reserva, de tal modo que en todo caso el cuestionario contará de 75 preguntas válidas. Una vez resuelta/s la/s reclamación/es se publicará en el portal web del Ministerio de Justicia (www.mjusticia.gob.es, apartado «Acceso a la profesión de Abogado ») la plantilla definitiva de respuestas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La resolución del Director General de Relaciones con la Administración de Justicia que resuelva la/s reclamación/es pondrá fin a la vía administrativa, quedando expedita la vía contencioso-administrativa.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Calificación de la evaluación.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La nota final de la evaluación será de apto o no apto.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La calificación final resultará de la media ponderada entre el 70 % de la calificación obtenida en la prueba de evaluación y el 30 % de la nota obtenida en el master o curso de formación especializada, no siendo necesario obtener una nota mínima en la prueba de evaluación para efectuar la media ponderada.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Para obtener la calificación de apto será necesario obtener una nota igual o superior al 50 % de la media ponderada de ambas calificaciones en base 10, esto es, 5 puntos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La calificación de no apto no impedirá la participación en futuras convocatorias.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Cada aspirante recibirá su calificación final de la evaluación de forma individualizada y anónima a través de la sede electrónica del Ministerio de Justicia (https://sede.mjusticia.gob.es.).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Los aspirantes que no hayan aprobado la evaluación podrán presentar por escrito, a los efectos de subsanar exclusivamente posibles errores materiales en la corrección, en el plazo de tres días, desde la fecha en que se publiquen las calificaciones definitivas, solicitud de revisión dirigida a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, calle San Bernardo, 21, 28071 Madrid, que dará traslado a la correspondiente comisión evaluadora para que resuelva.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Una vez efectuada la revisión de los posibles errores materiales en la corrección, el Director General de Relaciones con la Administración de Justicia dictará la correspondiente resolución sobre la reclamación presentada, que pondrá fin a la vía administrativa, quedando expedita la vía contencioso-administrativa.</p>
<p class='centro_cursiva' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>13. Aportación de documentación</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El Ministerio de Justicia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.3 de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, expedirá los títulos profesionales de Abogado de todos los aspirantes que hayan resultado aptos y de los cuales se haya acreditado el cumplimiento de los requisitos exigidos en esta convocatoria.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Al objeto de simplificar la gestión administrativa y eliminar cargas administrativas, las universidades y las escuelas práctica jurídica acreditarán, mediante certificaciones emitidas al efecto que los aspirantes que han superado la formación especializada en dichos centros formativos poseen las condiciones de capacidad y los requisitos exigidos en la presente convocatoria y en la Ley 34/2006, de 30 de octubre, y su Reglamento de desarrollo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia podrá no obstante requerir documentación a aquellos aspirantes cuyos requisitos de acceso no hayan podido comprobarse o no hayan sido certificados por su universidad o escuela de práctica jurídica. Quienes, dentro del plazo que se fije y salvo causa de fuerza mayor debidamente acreditada, no presenten la documentación o del examen de la misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos establecidos, no podrán obtener el título profesional de Abogado, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieren podido incurrir por falsedad en la solicitud inicial.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Los títulos profesionales de Abogado de aquellos aspirantes que hayan resultado aptos y hayan realizado la evaluación en una Comunidad Autónoma que haya asumido la competencia ejecutiva de expedición de títulos profesionales, serán expedidos por los órganos competentes de dichas Comunidades Autónomas, una vez acreditados los requisitos exigidos en esta convocatoria.</p>
<p class='centro_cursiva' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>14. Norma final</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Contra la presente convocatoria, se podrá interponer, recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses desde su publicación, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, o potestativamente y con carácter previo, recurso administrativo de reposición en el plazo de un mes ante la titular de este Departamento.</p>
<p class='anexo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>ANEXO I</p>
<p class='imagen' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>
<img alt='1' class='frame-1' height='2702' src='/datos/imagenes/disp/2016/267/10194_5382.png' width='2126'/>
</p>
<p class='anexo_num' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>ANEXO II</p>
<p class='anexo_tit' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Programa de materias</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>A. Materias comunes al ejercicio de la profesión de abogado.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a.1 Deontología profesional, organización y ejercicio de la profesión de abogado.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Principios esenciales de la profesión de abogado.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Derechos y deberes de los abogados.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. El Estatuto General de la abogacía española.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. Los colegios profesionales de abogados. La organización colegial.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>5. Las formas de ejercicio de la profesión: individual y colectiva. Relación laboral especial.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>6. Régimen de previsión social de los abogados.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>7. Obligaciones del abogado ante la Ley de protección de datos y el blanqueo de capitales.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>8. La responsabilidad del abogado en el ejercicio de su profesión: civil, penal y disciplinaria.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>9. El seguro de responsabilidad civil. La cobertura de la responsabilidad civil profesional.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>10. Los honorarios: determinación y procedimientos de reclamación e impugnación.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>11. La contabilidad y la fiscalidad del abogado.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a.2 Cuestiones generales de la asistencia letrada y del proceso.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>12. Tutela judicial efectiva. El derecho al juez ordinario predeterminado por la ley. El derecho a la defensa y a la asistencia letrada.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>13. Ley de Planta y Demarcación judicial. La organización judicial.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>14. Los órdenes jurisdiccionales. Jurisdicción y competencia. Extensión y límites de la jurisdicción en cada orden jurisdiccional.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>15. El sistema jurisdiccional de la Unión Europea. Competencias de los Tribunales europeos e internacionales y asuntos que se pueden plantear.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>16. Protección de los derechos fundamentales.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>17. Mecanismos jurídicos de defensa. Estrategias para la defensa de los derechos de los clientes.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>18. La defensa en los mecanismos extrajudiciales de resolución de conflictos: el arbitraje, la mediación, la transacción, la negociación y otros.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>19. La buena fe, el abuso de derecho y el fraude de ley.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>20. Hechos y actos procesales. Actos preparatorios de los juicios. Cuestiones incidentales. La aclaración del proceso. La pretensión como objeto del proceso.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>21. Las cuestiones prejudiciales.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>22. Asistencia jurídica gratuita.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>23. El turno de oficio.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>24. Los efectos económicos del proceso; costas y tasas judiciales. Supuestos de devengo de tasas. Criterios para la imposición en los distintos órdenes jurisdiccionales. La tasación de costas.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>B. Materias específicas.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b.1 Materia civil y mercantil.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Contratos tendentes a la transmisión de la propiedad. Contratos de uso y disfrute.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Representación en el negocio jurídico. Representación directa e indirecta. Representación voluntaria y legal. El poder.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. La protección de la propiedad.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. La hipoteca y otras garantías de crédito.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>5. Cuestiones matrimoniales. Edad e incapacitación. Testamento, legítimas y sucesión intestada. Partición de la herencia.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>6. El registro civil. Eficacia de los asientos. Publicidad y rectificación de los asientos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>7. Jurisdicción y competencia en el orden civil y mercantil.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>8. Las partes en el procedimiento civil. Capacidad, legitimación, representación y defensa.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>9. Los plazos procesales, caducidad y prescripción.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>10. La acumulación de acciones.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>11. Procedimientos: ordinario, verbal general, sobre la capacidad de las personas, matrimoniales y de menores, monitorio y concursales.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>12. Las resoluciones procesales: tipos y medios de impugnación.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>13. La rebeldía.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>14. La ejecución provisional y definitiva de títulos judiciales y no judiciales. Oposición a la ejecución.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>15. Los derechos civiles forales y especiales. El derecho interregional en España.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>16. Cooperación judicial civil internacional. Las relaciones jurídico-privadas internacionales.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>17. Las sociedades mercantiles y su régimen fiscal. Los contratos y operaciones mercantiles. El registro mercantil. El abogado mercantil: asesoramiento y representación de las sociedades mercantiles.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>18. La protección de la propiedad intelectual y de la propiedad industrial.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>19. La defensa de la competencia.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>20. Las cuestiones procesales en materia de concurso.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b.2 Materia penal.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Tipos de infracciones penales: delitos graves, delitos menos graves y delitos leves.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Causas de exención o atenuación de la imputabilidad. Circunstancias de exención o atenuación de la culpabilidad Supuestos de exclusión de la punibilidad.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. Las penas y las medidas de seguridad. Su aplicación. Las consecuencias accesorias.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. La responsabilidad penal y la responsabilidad civil derivada de los delitos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>5. La responsabilidad penal de los menores.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>6. La incoación del procedimiento.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>7. Jurisdicción y competencia en el orden jurisdiccional penal.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>8. Las partes en el procedimiento penal. Capacidad, legitimación, representación y defensa.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>9. El sumario.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>10. El procedimiento abreviado. El procedimiento para el juicio sobre delitos leves. El procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos. El procedimiento ante el tribunal del jurado.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>11. Los procesos penales especiales.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>12. La intervención del abogado en centros policiales y judiciales.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>13. La actuación del abogado en las distintas fases del proceso penal.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>14. La prisión y la libertad provisional.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>15. El juicio oral en los distintos procesos penales.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>16. La prueba en los procesos penales.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>17. Las resoluciones procesales. Recursos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>18. La ejecución de las penas y las alternativas al ingreso en prisión.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>19. El cumplimiento de las condenas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>20. Responsabilidad penal de las personas jurídicas. Penas y criterios de determinación. Responsabilidad civil.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b.3 Materia administrativa y contencioso-administrativa.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Procedimiento administrativo: fases, plazos y formas de terminación.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Recursos en vía administrativa.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. Responsabilidad patrimonial de la Administración. Procedimientos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>5. Jurisdicción y competencia en el orden contencioso-administrativo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>6. Procedimiento contencioso-administrativo ordinario.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>7. Procedimientos contencioso- administrativo especiales.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>8. Las partes en el procedimiento contencioso-administrativo. Capacidad, legitimación, representación y defensa.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>9. La actuación del abogado en las distintas fases del proceso.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>10. La prueba.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>11. Las medidas cautelares.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>12. Las resoluciones procesales: tipos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>13. Recursos contra las resoluciones procesales. Especial referencia al recurso de casación.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>14. Ejecución de sentencia. Extensión de efectos de las sentencias.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>15. La ejecución provisional y definitiva en procesos contencioso-administrativos de títulos judiciales. Oposición a la ejecución.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>16. Técnicas de intervención administrativa: autorizaciones, concesiones, declaración responsable y comunicación previa.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>17. La expropiación forzosa.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>18. Los contratos del sector público.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>19. El régimen jurídico de extranjería.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>20. Los procedimientos tributarios. La vía económico-administrativa: la revisión de los actos administrativos en materia tributaria.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b.4 Materia laboral.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Elementos y eficacia del contrato de trabajo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Modalidades de contrato de trabajo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. Contenido del contrato de trabajo. Duración. Derechos y deberes derivados del contrato de trabajo. Promoción profesional. Salarios. Tiempo del contrato de trabajo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>5. Faltas y sanciones. Prescripción de infracciones y faltas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>6. Derechos de representación colectiva. Reclamaciones en materia electoral.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>7. La negociación colectiva. La huelga, los conflictos colectivos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>8. El accidente de trabajo y enfermedades profesionales. Incapacidad temporal y permanente. Invalidez. Recargo de prestaciones.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>9. Jurisdicción y competencia en el orden jurisdiccional social.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>10. Las partes en el procedimiento laboral. Capacidad, legitimación, representación y defensa.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>11. La acumulación de acciones y procedimientos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>12. Las actuaciones procesales. Las resoluciones procesales.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>13. La evitación del proceso. La conciliación o mediación previas. Laudos arbitrales.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>14. La reclamación previa a la vía judicial.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>15. El proceso ordinario. El proceso monitorio.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>16. El proceso de despido y de impugnación de sanciones. El procedimiento de impugnación de actos administrativos en materia de Seguridad Social.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>17. Modificación sustancial de las condiciones de trabajo y derechos reconocidos legal o convencionalmente.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>18. Procesos de conflictos colectivos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>19. Las resoluciones procesales: tipos y medios de impugnación.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>20. La ejecución provisional y definitiva de títulos judiciales. Oposición a la ejecución.</p>
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</documento>
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Fri Nov 04 07:53:19 +0000 2016
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De conformidad con lo dispuesto en la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales y en el artículo 18 de su Reglamento, aprobado por el Real Decreto 775/2011, de 3 de junio, es competencia de los Ministerios de Justicia y de Educación, Cultura y Deporte convocar la prueba de evaluación de aptitud para el ejercicio de la profesión de abogado.
En su virtud, a propuesta conjunta de los Ministros de Justicia y de Educación, Cultura y Deporte, dispongo:
Apartado único.
Se convoca la prueba de evaluación de la aptitud profesional para la profesión de abogado para el año 2017, que se regirá por lo dispuesto en la presente convocatoria que figura como anejo a esta orden.
Madrid, 27 de octubre de 2016.–La Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia, P. D. (Orden PRE/934/2012, de 24 de abril), el Subsecretario de la Presidencia, P. V. (Real Decreto 199/2012, de 23 de enero), el Secretario General Técnico-Director del Secretariado del Gobierno, David Villaverde Page.
ANEJO
1. Convocatoria
Se convoca la prueba de evaluación para la acreditación de la capacitación profesional para el acceso a la profesión de abogado dirigida a comprobar la formación suficiente para el ejercicio de la profesión, el conocimiento de las respectivas normas deontológicas y profesionales y en particular la adquisición de las competencias previstas en los cursos de formación impartidos por universidades o escuelas de práctica jurídica debidamente acreditadas.
Esta convocatoria, de acuerdo con lo previsto en el artículo 18.2 del Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, aprobado por el Real Decreto 775/2011, de 3 de junio, no contiene limitación alguna en el número de plazas.
La presente convocatoria se publicará en el «Boletín Oficial del Estado», en el portal web del Ministerio de Justicia (www.mjusticia.gob.es) apartado «Trámites y Gestiones Personales-Acceso a la profesión de Abogado», así como en la página web del Consejo General de la Abogacía Española.
2. Descripción de la evaluación
La prueba de evaluación de la aptitud profesional se efectuará de conformidad con lo establecido en la presente Orden de convocatoria y será única e idéntica para todo el territorio español.
3. Programa de materias
El programa que ha de regir la evaluación se encuentra en el Anexo II de la presente convocatoria y contiene una descripción orientativa de las materias y competencias necesarias para el acceso a la profesión de abogado que serán objeto de la evaluación.
4. Requisitos de los candidatos
Podrán concurrir a la prueba de evaluación quienes reúnan los siguientes requisitos a la fecha en que se realice el examen:
a) Estar en posesión, del Título de Licenciado en Derecho, Graduado en Derecho o de otro título universitario de Grado equivalente que reúna los requisitos establecidos en el artículo 3 del Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, aprobado por el Real Decreto 775/2011, de 3 de junio o, en su caso, de las certificaciones sustitutorias.
Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán estar en posesión de la credencial que acredite su homologación o convalidación en su caso.
b) Haber superado los cursos de formación comprensivos del conjunto de competencias necesarias para el ejercicio de la profesión de abogado, y el período de prácticas externas tuteladas, acreditados conjuntamente por el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Educación Cultura y Deporte e inscritos en el Registro Administrativo del Ministerio de Justicia establecido al efecto, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 6 a 8 del Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, aprobado por el Real Decreto 775/2011, de 3 de junio.
c) Ser mayor de edad y no estar inhabilitado para el ejercicio de la profesión de abogado.
Si en algún momento se tuviera conocimiento de que alguno de los aspirantes no cumple los requisitos exigidos en la convocatoria, la Administración acordará motivadamente su exclusión del proceso, previo trámite de audiencia.
5. Plazo y forma de presentación de las solicitudes y documentación
Quienes deseen participar en la prueba de evaluación para el acceso al ejercicio de la abogacía deberán cumplimentar el modelo de solicitud de inscripción dirigido a la Secretaría de Estado de Justicia, que podrá descargarse en portal web del Ministerio de Justicia y que se adjunta como anexo I de la presente convocatoria.
La solicitud podrá presentarse de forma telemática a través de la sede electrónica del Ministerio de Justicia (https://sede.mjusticia.gob.es), utilizando como sistema de autentificación el sistema Cl@ve. Dentro de esta plataforma, se admitirá DNI electrónico, certificado electrónico reconocido y los sistemas Cl@ve PIN y Cl@ve Permanente para la identificación de los aspirantes.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, también se podrá presentar la solicitud de participación en el Registro General del Ministerio de Justicia, calle Bolsa, n.º 8, 28012 Madrid, pudiendo remitirse también por correo certificado o presentarse en cualquiera de las dependencias aludidas en el meritado artículo 16.4 de Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Las solicitudes que se presenten a través de las oficinas de Correos, se presentarán en sobre abierto, con objeto de que en la cabecera de la primera hoja del documento que se quiera enviar, se haga constar, con claridad, el nombre de la oficina y la fecha, el lugar, la hora y minuto de su admisión.
En la solicitud de admisión se incluirá una declaración responsable referente al cumplimiento de todos los requisitos a que se refiere el apartado 4 de la presente convocatoria.
El plazo de presentación de solicitudes de participación en la evaluación será de 20 días naturales, contados a partir del siguiente al de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».
Al objeto de simplificar los trámites administrativos que deban realizar los participantes, éstos podrán autorizar expresamente al Ministerio de Justicia el acceso a los sistemas de verificación de sus datos de titulación y de identidad en los términos establecidos en el Real Decreto 522/2006, de 28 de abril, por el que se suprime la aportación de fotocopias de documentos de identidad en los procedimientos administrativos de la Administración General del Estado. Los datos de carácter personal serán tratados conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.
En el caso de que no se autorice expresamente el acceso a estos datos el solicitante deberá marcar el correspondiente recuadro en el modelo de solicitud y presentar la documentación que se le requiera una vez finalizado el proceso.
6. Derechos de examen
La participación en la prueba de evaluación será gratuita.
7. Acceso a personas con discapacidad
Los aspirantes con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por 100 podrán pedir en el modelo oficial de solicitud, las adaptaciones y ajustes razonables de tiempo y medios a fin de asegurar su participación en la evaluación en condiciones de igualdad, de conformidad con lo previsto en la disposición adicional quinta de la Ley 34/2006 y en el artículo 2.2 de su Reglamento.
Junto con la solicitud deberán aportar el dictamen técnico facultativo acerca de la procedencia de dicha adaptación, emitido por el órgano técnico de valoración que dictaminó el grado de discapacidad.
Si han cumplimentado la solicitud de forma telemática, deberán presentar la documentación indicada en el apartado anterior, dentro del plazo de presentación de solicitudes, en el Registro General del Ministerio de Justicia, calle Bolsa, número 8, 28012 Madrid, pudiendo remitirse también por correo certificado o presentarse en cualquiera de las dependencias aludidas en el meritado artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
La adaptación de tiempos y medios no se otorgará de forma automática, sino únicamente en el caso de que la discapacidad guarde relación directa con la prueba a realizar, correspondiendo a Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia resolver la procedencia y concreción de la adaptación.
8. Admisión de aspirantes
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia publicará la lista provisional de aspirantes incluidos y excluidos a la prueba de aptitud que podrá consultarse en la página web del Ministerio de Justicia https:/www.mjusticia.gob.es, apartado «Trámites y gestiones personales-Acceso a la profesión de Abogado».
Se concederá un plazo de diex días hábiles, contados a partir de la publicación del listado provisional en el citado portal web del Ministerio de Justicia, para subsanar el defecto que haya motivado la exclusión u omisión.
Finalizado el plazo de subsanación, por resolución de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia se publicará la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, que podrá consultarse en el portal web del Ministerio de Justicia y fijará el lugar, la fecha y la hora para la realización del ejercicio.
9. Comisiones evaluadoras
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 7 de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, y 19 de su Reglamento de desarrollo aprobado por Real Decreto 775/2011, de 3 de junio, se constituirán las Comisiones evaluadoras con posteridad a esta convocatoria, en función del número de aspirantes presentados procedentes de las distintas universidades y escuelas de práctica jurídica de cada Comunidad Autónoma.
Serán designadas conforme a lo dispuesto en el artículo 19.2 del Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, aprobado por el Real Decreto 775/2011, de 3 de junio. Excepcionalmente, cuando el número de aspirantes u otras circunstancias así lo justifiquen se podrá proceder a la constitución de una sola comisión para varias Comunidades Autónomas.
A tal efecto, los Ministerios de Justicia y de Educación, Cultura y Deporte, por Resolución conjunta de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia y de la Dirección General de Política Universitaria, respectivamente, designarán a los miembros de las comisiones evaluadoras y a sus suplentes que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado».
La composición de cada comisión evaluadora será la siguiente:
a) Un representante del Ministerio de Justicia, funcionario de carrera de especialidad jurídica perteneciente a alguno de los cuerpos integrados en el grupo A, subgrupo A1 de la Administración General del Estado.
b) Un representante del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, funcionario de carrera de especialidad jurídica perteneciente a alguno de los cuerpos integrados en el grupo A, subgrupo A1 de la Administración General del Estado.
c) Un representante de la Comunidad Autónoma correspondiente, designado entre funcionarios de cuerpos de especialidad jurídica por la Consejería con competencias en materia de Justicia.
d) Un abogado con más de cinco años de ejercicio profesional, propuesto por el Consejo General de la Abogacía Española.
e) Un profesor universitario de alguna de las distintas disciplinas jurídicas, designado por el Consejo de Universidades, entre el personal docente con vinculación permanente con una universidad.
f) Un representante del Consejo General del Poder Judicial.
A efectos de comunicación y demás incidencias, todos los aspirantes deberán dirigir sus escritos a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, calle San Bernardo, 21, 28071 Madrid, dirección de correo electrónico: acceso.abogacia@mjusticia.es.
Corresponderá a las comisiones evaluadoras la consideración, verificación y apreciación de las incidencias que pudieran surgir en el desarrollo de la prueba, adoptando al respecto las decisiones que estimen pertinentes y que harán constar en el acta de examen.
Las comisiones evaluadoras dependerán funcionalmente del Ministerio de Justicia, a cuyos representantes corresponderá la presidencia en cada una de las mismas, ostentando la secretaría los representantes del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
El funcionamiento de la Comisión se regirá por lo dispuesto para los órganos colegiados en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público así como por lo dispuesto en las demás disposiciones vigentes que resulten de aplicación.
10. Idioma de la prueba
La prueba de aptitud se realizará en castellano.
En el caso en que la prueba se celebre en una comunidad autónoma con otra lengua cooficial, la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, en función del número de alumnos y de las disponibilidades técnicas, podrá poner a disposición de los aspirantes la realización de la prueba, también, en la lengua cooficial de la comunidad autónoma.
11. Desarrollo de la prueba
La evaluación consistirá en una prueba escrita objetiva de contenido teórico-práctico con contestaciones o respuestas múltiples, cuyo contenido se ajustará a la normativa publicada en el «Boletín Oficial del Estado» y vigente a la fecha de publicación de la presente convocatoria y tendrá una duración de 4 horas.
Su contenido se fijará por el Ministerio de Justicia y su finalidad es medir los conocimientos teórico-prácticos de los participantes acerca del ejercicio de la profesión de abogado así como el conocimiento de las normas deontológicas y profesionales. Tendrá como base el programa orientativo de materias que se contiene en el anexo II de la presente convocatoria.
Los aspirantes serán convocados para la prueba en llamamiento único, siendo excluidos de la prueba de evaluación los que no comparezcan.
A los aspirantes se les entregará un cuaderno de examen, que contendrá:
a) 50 preguntas sobre las materias que figuran en el apartado A «Materias comunes al ejercicio de la profesión de abogado» del anexo II de la presente convocatoria.
b) 25 preguntas sobre una especialidad jurídica a elegir entre las cuatro que figuran en el apartado B, «Materias específicas», del anexo II de la presente convocatoria.
c) Además, el cuestionario incluirá seis preguntas de reserva para el apartado A «Materias comunes ejercicio de la profesión de abogado» del anexo II de la presente convocatoria, y dos por cada especialidad jurídica del apartado B, «Materias específicas» de citado anexo II.
Junto con el cuaderno de examen se les hará entrega de una hoja de respuestas con las correspondientes instrucciones para su cumplimentación.
La hoja de respuestas estará dividida en dos partes: una primera parte de 50 respuestas, cada una con 4 respuestas alternativas de las que sólo una es la correcta, que se referirán a las materias relacionadas con el apartado A «Materias comunes al ejercicio de la profesión de abogado» y una segunda parte con cuatro bloques de 25 respuestas cada bloque y cada una con 4 alternativas de las que igualmente sólo una de ellas es correcta, con la mención en la parte superior de la especialidad jurídica de que se trate.
En esta segunda parte, los aspirantes únicamente deberán elegir una especialidad jurídica entre las cuatro posibles. En los supuestos en los que en la hoja de respuestas se conteste a más de una especialidad jurídica, o no se señale ninguna especialidad jurídica o se cumplimente de forma incorrecta, el aspirante resultará eliminado automáticamente de la prueba.
No estará permitido el uso de textos legales ni manuales jurídicos ni otros documentos de apoyo. Tampoco se permitirá el uso de teléfonos móviles, ni de cualquier otro dispositivo con capacidad de almacenamiento de información o posibilidad de comunicación mediante voz o datos dentro del recinto de examen, una vez iniciado el ejercicio y hasta el final del mismo.
Durante la celebración del ejercicio no se permitirá el acceso al centro de examen y a las diferentes aulas de personas ajenas al mismo o de aspirantes que no hayan comparecido al llamamiento. Los aspirantes no podrán abandonar el aula, salvo causa excepcional e inaplazable, hasta transcurrida una hora del comienzo del ejercicio. Posteriormente podrán hacerlo momentáneamente en caso de necesidad, debidamente autorizados, disponiéndose lo necesario para garantizar su incomunicación. Estas ausencias no darán derecho a prórrogas en el tiempo hábil para contestar el cuestionario.
Finalizada la sesión cada comisión evaluadora levantará acta que será suscrita por todos sus miembros. El original se entregará a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, y en ella se hará sucinta referencia al desarrollo de la prueba y, en particular, al número de aspirantes presentados y retirados de su práctica, así como los abandonos del aula y cualquier otra circunstancia relevante que se haya producido en el transcurso de la prueba.
Asimismo se recogerán las objeciones que las comisiones estimen sobre las preguntas y en concreto sobre su posible anulación.
12. Resultados y calificación
1. Resultado de la prueba.
El cuestionario se valorará sobre una escala de 0 a 75 puntos, obteniéndose 1 punto por cada respuesta correcta, descontándose 0,33 puntos por cada respuesta incorrecta y no obteniendo ninguna puntuación las preguntas no contestadas. La calificación total se obtendrá mediante la suma de las puntuaciones obtenidas por las respuestas correctas deduciéndose las incorrectas.
Tras la celebración de la prueba, se harán públicas las plantillas provisionales de las respuestas correctas, mediante su publicación en el portal web del Ministerio de Justicia (www.mjusticia.gob.es) apartado «Trámites y Gestiones Personales-Acceso a la profesión de Abogado».
Una vez publicadas las plantillas provisionales, los interesados, en un plazo de cinco días naturales a contar desde el día siguiente al de su publicación, podrán presentar la/s reclamación/es que estimen pertinente/s, respecto a la formulación de las preguntas y de las correspondientes respuestas correctas dirigidas a la siguiente dirección de correo electrónico: acceso.abogacia@mjusticia.es.
Las reclamaciones serán resueltas por el Director General de Relaciones con la Administración de Justicia.
La/s pregunta/s que resulten anulada/s será/n sustituida/s, por su orden y en función del apartado al que pertenezcan, por la/s pregunta/s de reserva, de tal modo que en todo caso el cuestionario contará de 75 preguntas válidas. Una vez resuelta/s la/s reclamación/es se publicará en el portal web del Ministerio de Justicia (www.mjusticia.gob.es, apartado «Acceso a la profesión de Abogado ») la plantilla definitiva de respuestas.
La resolución del Director General de Relaciones con la Administración de Justicia que resuelva la/s reclamación/es pondrá fin a la vía administrativa, quedando expedita la vía contencioso-administrativa.
2. Calificación de la evaluación.
La nota final de la evaluación será de apto o no apto.
La calificación final resultará de la media ponderada entre el 70 % de la calificación obtenida en la prueba de evaluación y el 30 % de la nota obtenida en el master o curso de formación especializada, no siendo necesario obtener una nota mínima en la prueba de evaluación para efectuar la media ponderada.
Para obtener la calificación de apto será necesario obtener una nota igual o superior al 50 % de la media ponderada de ambas calificaciones en base 10, esto es, 5 puntos.
La calificación de no apto no impedirá la participación en futuras convocatorias.
Cada aspirante recibirá su calificación final de la evaluación de forma individualizada y anónima a través de la sede electrónica del Ministerio de Justicia (https://sede.mjusticia.gob.es.).
Los aspirantes que no hayan aprobado la evaluación podrán presentar por escrito, a los efectos de subsanar exclusivamente posibles errores materiales en la corrección, en el plazo de tres días, desde la fecha en que se publiquen las calificaciones definitivas, solicitud de revisión dirigida a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, calle San Bernardo, 21, 28071 Madrid, que dará traslado a la correspondiente comisión evaluadora para que resuelva.
Una vez efectuada la revisión de los posibles errores materiales en la corrección, el Director General de Relaciones con la Administración de Justicia dictará la correspondiente resolución sobre la reclamación presentada, que pondrá fin a la vía administrativa, quedando expedita la vía contencioso-administrativa.
13. Aportación de documentación
El Ministerio de Justicia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.3 de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, expedirá los títulos profesionales de Abogado de todos los aspirantes que hayan resultado aptos y de los cuales se haya acreditado el cumplimiento de los requisitos exigidos en esta convocatoria.
Al objeto de simplificar la gestión administrativa y eliminar cargas administrativas, las universidades y las escuelas práctica jurídica acreditarán, mediante certificaciones emitidas al efecto que los aspirantes que han superado la formación especializada en dichos centros formativos poseen las condiciones de capacidad y los requisitos exigidos en la presente convocatoria y en la Ley 34/2006, de 30 de octubre, y su Reglamento de desarrollo.
La Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia podrá no obstante requerir documentación a aquellos aspirantes cuyos requisitos de acceso no hayan podido comprobarse o no hayan sido certificados por su universidad o escuela de práctica jurídica. Quienes, dentro del plazo que se fije y salvo causa de fuerza mayor debidamente acreditada, no presenten la documentación o del examen de la misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos establecidos, no podrán obtener el título profesional de Abogado, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieren podido incurrir por falsedad en la solicitud inicial.
Los títulos profesionales de Abogado de aquellos aspirantes que hayan resultado aptos y hayan realizado la evaluación en una Comunidad Autónoma que haya asumido la competencia ejecutiva de expedición de títulos profesionales, serán expedidos por los órganos competentes de dichas Comunidades Autónomas, una vez acreditados los requisitos exigidos en esta convocatoria.
14. Norma final
Contra la presente convocatoria, se podrá interponer, recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses desde su publicación, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, o potestativamente y con carácter previo, recurso administrativo de reposición en el plazo de un mes ante la titular de este Departamento.
ANEXO I
ANEXO II
Programa de materias
A. Materias comunes al ejercicio de la profesión de abogado.
a.1 Deontología profesional, organización y ejercicio de la profesión de abogado.
1. Principios esenciales de la profesión de abogado.
2. Derechos y deberes de los abogados.
3. El Estatuto General de la abogacía española.
4. Los colegios profesionales de abogados. La organización colegial.
5. Las formas de ejercicio de la profesión: individual y colectiva. Relación laboral especial.
6. Régimen de previsión social de los abogados.
7. Obligaciones del abogado ante la Ley de protección de datos y el blanqueo de capitales.
8. La responsabilidad del abogado en el ejercicio de su profesión: civil, penal y disciplinaria.
9. El seguro de responsabilidad civil. La cobertura de la responsabilidad civil profesional.
10. Los honorarios: determinación y procedimientos de reclamación e impugnación.
11. La contabilidad y la fiscalidad del abogado.
a.2 Cuestiones generales de la asistencia letrada y del proceso.
12. Tutela judicial efectiva. El derecho al juez ordinario predeterminado por la ley. El derecho a la defensa y a la asistencia letrada.
13. Ley de Planta y Demarcación judicial. La organización judicial.
14. Los órdenes jurisdiccionales. Jurisdicción y competencia. Extensión y límites de la jurisdicción en cada orden jurisdiccional.
15. El sistema jurisdiccional de la Unión Europea. Competencias de los Tribunales europeos e internacionales y asuntos que se pueden plantear.
16. Protección de los derechos fundamentales.
17. Mecanismos jurídicos de defensa. Estrategias para la defensa de los derechos de los clientes.
18. La defensa en los mecanismos extrajudiciales de resolución de conflictos: el arbitraje, la mediación, la transacción, la negociación y otros.
19. La buena fe, el abuso de derecho y el fraude de ley.
20. Hechos y actos procesales. Actos preparatorios de los juicios. Cuestiones incidentales. La aclaración del proceso. La pretensión como objeto del proceso.
21. Las cuestiones prejudiciales.
22. Asistencia jurídica gratuita.
23. El turno de oficio.
24. Los efectos económicos del proceso; costas y tasas judiciales. Supuestos de devengo de tasas. Criterios para la imposición en los distintos órdenes jurisdiccionales. La tasación de costas.
B. Materias específicas.
b.1 Materia civil y mercantil.
1. Contratos tendentes a la transmisión de la propiedad. Contratos de uso y disfrute.
2. Representación en el negocio jurídico. Representación directa e indirecta. Representación voluntaria y legal. El poder.
3. La protección de la propiedad.
4. La hipoteca y otras garantías de crédito.
5. Cuestiones matrimoniales. Edad e incapacitación. Testamento, legítimas y sucesión intestada. Partición de la herencia.
6. El registro civil. Eficacia de los asientos. Publicidad y rectificación de los asientos.
7. Jurisdicción y competencia en el orden civil y mercantil.
8. Las partes en el procedimiento civil. Capacidad, legitimación, representación y defensa.
9. Los plazos procesales, caducidad y prescripción.
10. La acumulación de acciones.
11. Procedimientos: ordinario, verbal general, sobre la capacidad de las personas, matrimoniales y de menores, monitorio y concursales.
12. Las resoluciones procesales: tipos y medios de impugnación.
13. La rebeldía.
14. La ejecución provisional y definitiva de títulos judiciales y no judiciales. Oposición a la ejecución.
15. Los derechos civiles forales y especiales. El derecho interregional en España.
16. Cooperación judicial civil internacional. Las relaciones jurídico-privadas internacionales.
17. Las sociedades mercantiles y su régimen fiscal. Los contratos y operaciones mercantiles. El registro mercantil. El abogado mercantil: asesoramiento y representación de las sociedades mercantiles.
18. La protección de la propiedad intelectual y de la propiedad industrial.
19. La defensa de la competencia.
20. Las cuestiones procesales en materia de concurso.
b.2 Materia penal.
1. Tipos de infracciones penales: delitos graves, delitos menos graves y delitos leves.
2. Causas de exención o atenuación de la imputabilidad. Circunstancias de exención o atenuación de la culpabilidad Supuestos de exclusión de la punibilidad.
3. Las penas y las medidas de seguridad. Su aplicación. Las consecuencias accesorias.
4. La responsabilidad penal y la responsabilidad civil derivada de los delitos.
5. La responsabilidad penal de los menores.
6. La incoación del procedimiento.
7. Jurisdicción y competencia en el orden jurisdiccional penal.
8. Las partes en el procedimiento penal. Capacidad, legitimación, representación y defensa.
9. El sumario.
10. El procedimiento abreviado. El procedimiento para el juicio sobre delitos leves. El procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos. El procedimiento ante el tribunal del jurado.
11. Los procesos penales especiales.
12. La intervención del abogado en centros policiales y judiciales.
13. La actuación del abogado en las distintas fases del proceso penal.
14. La prisión y la libertad provisional.
15. El juicio oral en los distintos procesos penales.
16. La prueba en los procesos penales.
17. Las resoluciones procesales. Recursos.
18. La ejecución de las penas y las alternativas al ingreso en prisión.
19. El cumplimiento de las condenas.
20. Responsabilidad penal de las personas jurídicas. Penas y criterios de determinación. Responsabilidad civil.
b.3 Materia administrativa y contencioso-administrativa.
1. Procedimiento administrativo: fases, plazos y formas de terminación.
2. Recursos en vía administrativa.
3. Responsabilidad patrimonial de la Administración. Procedimientos.
4. Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración.
5. Jurisdicción y competencia en el orden contencioso-administrativo.
6. Procedimiento contencioso-administrativo ordinario.
7. Procedimientos contencioso- administrativo especiales.
8. Las partes en el procedimiento contencioso-administrativo. Capacidad, legitimación, representación y defensa.
9. La actuación del abogado en las distintas fases del proceso.
10. La prueba.
11. Las medidas cautelares.
12. Las resoluciones procesales: tipos.
13. Recursos contra las resoluciones procesales. Especial referencia al recurso de casación.
14. Ejecución de sentencia. Extensión de efectos de las sentencias.
15. La ejecución provisional y definitiva en procesos contencioso-administrativos de títulos judiciales. Oposición a la ejecución.
16. Técnicas de intervención administrativa: autorizaciones, concesiones, declaración responsable y comunicación previa.
17. La expropiación forzosa.
18. Los contratos del sector público.
19. El régimen jurídico de extranjería.
20. Los procedimientos tributarios. La vía económico-administrativa: la revisión de los actos administrativos en materia tributaria.
b.4 Materia laboral.
1. Elementos y eficacia del contrato de trabajo.
2. Modalidades de contrato de trabajo.
3. Contenido del contrato de trabajo. Duración. Derechos y deberes derivados del contrato de trabajo. Promoción profesional. Salarios. Tiempo del contrato de trabajo.
4. Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo.
5. Faltas y sanciones. Prescripción de infracciones y faltas.
6. Derechos de representación colectiva. Reclamaciones en materia electoral.
7. La negociación colectiva. La huelga, los conflictos colectivos.
8. El accidente de trabajo y enfermedades profesionales. Incapacidad temporal y permanente. Invalidez. Recargo de prestaciones.
9. Jurisdicción y competencia en el orden jurisdiccional social.
10. Las partes en el procedimiento laboral. Capacidad, legitimación, representación y defensa.
11. La acumulación de acciones y procedimientos.
12. Las actuaciones procesales. Las resoluciones procesales.
13. La evitación del proceso. La conciliación o mediación previas. Laudos arbitrales.
14. La reclamación previa a la vía judicial.
15. El proceso ordinario. El proceso monitorio.
16. El proceso de despido y de impugnación de sanciones. El procedimiento de impugnación de actos administrativos en materia de Seguridad Social.
17. Modificación sustancial de las condiciones de trabajo y derechos reconocidos legal o convencionalmente.
18. Procesos de conflictos colectivos.
19. Las resoluciones procesales: tipos y medios de impugnación.
20. La ejecución provisional y definitiva de títulos judiciales. Oposición a la ejecución.
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Convo pruebas acceso a la profesión de abogado. 75 preguntas test. Cuenta el 70%, el 30% es la nota del master #BOE
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[] |
TRIBUNAL_CONSTITUCIONAL
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Ministerio de la Presidencia
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Convocatorias de las pruebas acceso a la profesión de abogado. 75 preguntas test. Cuenta el 70%, el 30% es la nota del máster.
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[] | 3,311
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2015-02-11
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BOE-A-2016-562
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Real Decreto 61/2015, de 2 de febrero, por el que se desafecta un bien del Patrimonio Nacional y se incorpora al patrimonio de la Administración General del Estado.
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<p class='parrafo'>El Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, en su sesión de 19 de junio de 2012, acordó aceptar la donación de un automóvil (n.º de chasis ZFF73SKT2C0180466).</p>
<p class='parrafo'>Posteriormente, y previa propuesta de S.M. el Rey, el Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, en su sesión de 16 de diciembre de 2014, adoptó el acuerdo de iniciación de los trámites necesarios para la desafectación del citado automóvil.</p>
<p class='parrafo'>Para proceder en ese sentido, el Ministerio de la Presidencia, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 19 del Reglamento de la Ley reguladora del Patrimonio Nacional, aprobado por Real Decreto 496/1987, de 18 de marzo, ha solicitado el preceptivo informe de la Dirección General del Patrimonio del Estado, que ha sido evacuado en un sentido favorable a la desafectación del citado bien.</p>
<p class='parrafo'>Según el artículo 20 de esta misma norma reglamentaria, la desafectación se debe acordar por el Consejo de Ministros mediante real decreto.</p>
<p class='parrafo'>En su virtud, a propuesta de la Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 30 de enero de 2015,</p>
<p class='centro_redonda'>DISPONGO:</p>
<p class='articulo'>Artículo 1. Desafectación.</p>
<p class='parrafo'>El automóvil con n.º de chasis ZFF73SKT2C0180466 queda desafectado del Patrimonio Nacional.</p>
<p class='articulo'>Artículo 2. Integración en el patrimonio del Estado.</p>
<p class='parrafo'>Practicadas las actuaciones previstas en el artículo 20.2 del Reglamento de la Ley 23/1982, de 16 de junio, reguladora del Patrimonio Nacional, aprobado por el Real Decreto 496/1987, de 18 de marzo, el bien desafectado quedará integrado en el patrimonio de la Administración General del Estado.</p>
<p class='articulo'>Disposición final única. Eficacia jurídica.</p>
<p class='parrafo'>El presente real decreto producirá efectos jurídicos desde el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».</p>
<p class='parrafo_2'>Dado en Madrid, el 2 de febrero de 2015.</p>
<p class='firma_rey'>FELIPE R.</p>
<p class='firma_ministro'>La Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia,</p>
<p class='firma_ministro'>SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN</p>
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Wed Feb 11 09:04:34 +0000 2015
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El Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, en su sesión de 19 de junio de 2012, acordó aceptar la donación de un automóvil (n.º de chasis ZFF73SKT2C0180466).
Posteriormente, y previa propuesta de S.M. el Rey, el Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, en su sesión de 16 de diciembre de 2014, adoptó el acuerdo de iniciación de los trámites necesarios para la desafectación del citado automóvil.
Para proceder en ese sentido, el Ministerio de la Presidencia, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 19 del Reglamento de la Ley reguladora del Patrimonio Nacional, aprobado por Real Decreto 496/1987, de 18 de marzo, ha solicitado el preceptivo informe de la Dirección General del Patrimonio del Estado, que ha sido evacuado en un sentido favorable a la desafectación del citado bien.
Según el artículo 20 de esta misma norma reglamentaria, la desafectación se debe acordar por el Consejo de Ministros mediante real decreto.
En su virtud, a propuesta de la Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 30 de enero de 2015,
DISPONGO:
Artículo 1. Desafectación.
El automóvil con n.º de chasis ZFF73SKT2C0180466 queda desafectado del Patrimonio Nacional.
Artículo 2. Integración en el patrimonio del Estado.
Practicadas las actuaciones previstas en el artículo 20.2 del Reglamento de la Ley 23/1982, de 16 de junio, reguladora del Patrimonio Nacional, aprobado por el Real Decreto 496/1987, de 18 de marzo, el bien desafectado quedará integrado en el patrimonio de la Administración General del Estado.
Disposición final única. Eficacia jurídica.
El presente real decreto producirá efectos jurídicos desde el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 2 de febrero de 2015.
FELIPE R.
La Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia,
SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN
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Otro ferrari del rey, listo para subasta Se adelantó aquí > #BOE
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[] |
SUBVENCIONES
|
Ministerio de la Presidencia
|
Propuesta para la de un ferrari del Rey.
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[] | 3,313
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2016-01-21
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BOE-A-2013-1287
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Resolución de 15 de enero de 2016, del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, por la que se amplía el plazo de resolución de la convocatoria para el año 2015 del procedimiento de concesión de ayudas destinadas a nuevos proyectos empresariales de empresas innovadoras (Programa Neotec), del Programa Estatal de Liderazgo Empresarial en I+D+I, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016, efectuada por Resolución de 8 de julio de 2015.
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<titulo>Resolución de 15 de enero de 2016, del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, por la que se amplía el plazo de resolución de la convocatoria para el año 2015 del procedimiento de concesión de ayudas destinadas a nuevos proyectos empresariales de empresas innovadoras (Programa Neotec), del Programa Estatal de Liderazgo Empresarial en I+D+I, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016, efectuada por Resolución de 8 de julio de 2015.</titulo>
<diario codigo='BOE'>Boletín Oficial del Estado</diario>
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<p class='parrafo'>Con fecha 17 de julo de 2015, se publicó en el «Boletín Oficial del Estado» la Resolución de 8 de julio de 2015, del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2015 del procedimiento de concesión de ayudas destinadas a nuevos proyectos empresariales de empresas innovadoras (Programa Neotec), del Programa Estatal de Liderazgo Empresarial en I+D+I, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016, al amparo de la Orden ECC/1333/2015, de 2 de julio.</p>
<p class='parrafo'>La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, establece en los artículos 25.4 y 25.5 que el plazo máximo para resolver el procedimiento de concesión no podrá exceder de seis meses, pudiendo entender los interesados desestimada por silencio administrativo su solicitud por el transcurso de dicho plazo.</p>
<p class='parrafo'>De conformidad con lo dispuesto en los artículos 42.1 y 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla cualquiera que sea su forma de iniciación.</p>
<p class='parrafo'>Para garantizar un procedimiento de selección transparente y objetivo, tanto la tramitación administrativa como la instrucción del procedimiento de las convocatorias de ayudas, en sus diferentes fases, conllevan necesariamente el empleo de un gran volumen de recursos humanos y materiales.</p>
<p class='parrafo'>Cabe indicar que estos procedimientos requieren conocer y, en su caso, verificar la autenticidad de la diversa documentación que deben aportar todos los solicitantes en apoyo de sus solicitudes así como valorar, con arreglo a criterios bien determinados y preservando la igualdad de trato de todos los ciudadanos, cada una de las solicitudes que se presentan. Por otro lado, cabe señalar que a esta convocatoria se ha presentado un elevado número de solicitudes, que amplía las dificultades que conlleva la carencia de recursos humanos y materiales anteriormente mencionada.</p>
<p class='parrafo'>Las anteriores circunstancias hacen que se produzcan situaciones de espera que retrasan la tramitación administrativa, lo que hace altamente improbable que esta convocatoria puedan verse resuelta antes de los meses adicionales contemplados en las prórroga que a tal efecto se solicita.</p>
<p class='parrafo'>A pesar de los importantes avances conseguidos en materia de tramitación electrónica, cabe añadir que la experiencia histórica de convocatorias anteriores muestra la gran dificultad existente para completar la tramitación del procedimiento de concesión en el plazo máximo establecido en la Ley General de Subvenciones, por lo que los interesados podrían presuponer la no concesión de la solicitud presentada.</p>
<p class='parrafo'>Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 49 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, así como en su artículo 42.6, por el que se permite excepcionalmente ampliar el plazo máximo de resolución bajo la existencia de condiciones tasadas, dado que las circunstancias actuales lo justifican y lo aconsejan y que con ello no se perjudican derechos de terceros, se hace necesario ampliar el plazo de resolución establecido por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.</p>
<p class='parrafo'>En base a lo anteriormente expuesto, la Presidenta del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial dispone:</p>
<p class='articulo'>Primero. Ampliación del plazo de resolución.</p>
<p class='parrafo'>Se amplía de seis a nueve meses el plazo máximo de resolución de la convocatoria regulada por Resolución de 8 de julio de 2015, del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2015 del procedimiento de concesión de ayudas destinadas a nuevos proyectos empresariales de empresas innovadoras (Programa Neotec), del Programa Estatal de Liderazgo Empresarial en I+D+I, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016.</p>
<p class='articulo'>Segundo. Entrada en vigor.</p>
<p class='parrafo'>1. La presente resolución surte efectos desde el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», y resultará aplicable a todas las solicitudes que se hayan presentado a la convocatoria indicada en el apartado primero.</p>
<p class='parrafo'>2. Contra la presente resolución de ampliación de plazo no cabrá recurso alguno.</p>
<p class='parrafo_2'>Madrid, 15 de enero de 2016.–La Presidenta del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, María Luisa Poncela García.</p>
</texto>
</documento>
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Thu Jan 21 09:35:46 +0000 2016
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Con fecha 17 de julo de 2015, se publicó en el «Boletín Oficial del Estado» la Resolución de 8 de julio de 2015, del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2015 del procedimiento de concesión de ayudas destinadas a nuevos proyectos empresariales de empresas innovadoras (Programa Neotec), del Programa Estatal de Liderazgo Empresarial en I+D+I, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016, al amparo de la Orden ECC/1333/2015, de 2 de julio.
La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, establece en los artículos 25.4 y 25.5 que el plazo máximo para resolver el procedimiento de concesión no podrá exceder de seis meses, pudiendo entender los interesados desestimada por silencio administrativo su solicitud por el transcurso de dicho plazo.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 42.1 y 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla cualquiera que sea su forma de iniciación.
Para garantizar un procedimiento de selección transparente y objetivo, tanto la tramitación administrativa como la instrucción del procedimiento de las convocatorias de ayudas, en sus diferentes fases, conllevan necesariamente el empleo de un gran volumen de recursos humanos y materiales.
Cabe indicar que estos procedimientos requieren conocer y, en su caso, verificar la autenticidad de la diversa documentación que deben aportar todos los solicitantes en apoyo de sus solicitudes así como valorar, con arreglo a criterios bien determinados y preservando la igualdad de trato de todos los ciudadanos, cada una de las solicitudes que se presentan. Por otro lado, cabe señalar que a esta convocatoria se ha presentado un elevado número de solicitudes, que amplía las dificultades que conlleva la carencia de recursos humanos y materiales anteriormente mencionada.
Las anteriores circunstancias hacen que se produzcan situaciones de espera que retrasan la tramitación administrativa, lo que hace altamente improbable que esta convocatoria puedan verse resuelta antes de los meses adicionales contemplados en las prórroga que a tal efecto se solicita.
A pesar de los importantes avances conseguidos en materia de tramitación electrónica, cabe añadir que la experiencia histórica de convocatorias anteriores muestra la gran dificultad existente para completar la tramitación del procedimiento de concesión en el plazo máximo establecido en la Ley General de Subvenciones, por lo que los interesados podrían presuponer la no concesión de la solicitud presentada.
Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 49 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, así como en su artículo 42.6, por el que se permite excepcionalmente ampliar el plazo máximo de resolución bajo la existencia de condiciones tasadas, dado que las circunstancias actuales lo justifican y lo aconsejan y que con ello no se perjudican derechos de terceros, se hace necesario ampliar el plazo de resolución establecido por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
En base a lo anteriormente expuesto, la Presidenta del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial dispone:
Primero. Ampliación del plazo de resolución.
Se amplía de seis a nueve meses el plazo máximo de resolución de la convocatoria regulada por Resolución de 8 de julio de 2015, del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2015 del procedimiento de concesión de ayudas destinadas a nuevos proyectos empresariales de empresas innovadoras (Programa Neotec), del Programa Estatal de Liderazgo Empresarial en I+D+I, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016.
Segundo. Entrada en vigor.
1. La presente resolución surte efectos desde el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», y resultará aplicable a todas las solicitudes que se hayan presentado a la convocatoria indicada en el apartado primero.
2. Contra la presente resolución de ampliación de plazo no cabrá recurso alguno.
Madrid, 15 de enero de 2016.–La Presidenta del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, María Luisa Poncela García.
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De nuevo, subvenciones que no se adjudican en plazo por falta de recursos “humanos y materiales” #BOE
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[
"118",
"129"
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NOMBRAMIENTOS_Y_CESES
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Ministerio de Economía y Competitividad
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Subvenciones que no se adjudican en plazo por falta de recursos “humanos y materiales”
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[] | 3,314
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2013-02-07
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BOE-B-2017-1313
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Real Decreto 55/2013, de 4 de febrero, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil al señor Enrico Letta, Secretario General de la Agencia de Investigación y Legislación (AREL) y Presidente de la Sección italiana del Foro de Diálogo España-Italia.
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<identificador>BOE-A-2013-1287</identificador>
<titulo>Real Decreto 55/2013, de 4 de febrero, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil al señor Enrico Letta, Secretario General de la Agencia de Investigación y Legislación (AREL) y Presidente de la Sección italiana del Foro de Diálogo España-Italia.</titulo>
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<texto>
<p class='parrafo'>Queriendo dar una prueba de Mi Real aprecio al señor Enrico Letta, Secretario General de la Agencia de Investigación y Legislación (AREL) y Presidente de la Sección italiana del Foro de Diálogo España-Italia, a propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 1 de febrero de 2013,</p>
<p class='parrafo'>Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil.</p>
<p class='parrafo_2'>Dado en Madrid, el 4 de febrero de 2013.</p>
<p class='firma_rey'>JUAN CARLOS R.</p>
<p class='firma_ministro'>El Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación,</p>
<p class='firma_ministro'>JOSÉ MANUEL GARCÍA-MARGALLO MARFIL</p>
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Thu Feb 07 08:46:16 +0000 2013
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Queriendo dar una prueba de Mi Real aprecio al señor Enrico Letta, Secretario General de la Agencia de Investigación y Legislación (AREL) y Presidente de la Sección italiana del Foro de Diálogo España-Italia, a propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 1 de febrero de 2013,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil.
Dado en Madrid, el 4 de febrero de 2013.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación,
JOSÉ MANUEL GARCÍA-MARGALLO MARFIL
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(y 4) Enrico Letta, presidente de la Sección italiana del Foro de Diálogo España-Italia #BOE
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CONTRATOS_LICITACIONES
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Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación
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Enrico Letta, presidente de la Sección italiana del Foro de Diálogo España-Italia
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[] | 3,315
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2014-11-06
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BOE-A-2013-6
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Resolución de 28 de octubre de 2014, del Banco de España, por la que se publica la sanción de multa, por la comisión de una infracción muy grave, impuesta a don José Antonio Nieto Ballesteros.
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<titulo>Resolución de 28 de octubre de 2014, del Banco de España, por la que se publica la sanción de multa, por la comisión de una infracción muy grave, impuesta a don José Antonio Nieto Ballesteros.</titulo>
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<texto>
<p class='parrafo'>Con fecha 16 de noviembre de 2011 el Secretario de Estado de Economía, por delegación de la Vicepresidenta segunda del Gobierno y Ministra de Economía y Hacienda dictó Orden ministerial resolviendo el expediente de referencia IE/CA-1/2010, incoado por Acuerdo de la Comisión Ejecutiva del Banco de España de fecha 7 de julio de 2010, entre otros, a don José Antonio Nieto Ballesteros.</p>
<p class='parrafo'>La Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6.ª, ha dictado sentencia firme de fecha 16 julio de 2014, desestimando el recurso contencioso-administrativo formulado por don José Antonio Nieto Ballesteros.</p>
<p class='parrafo'>Por consiguiente, de conformidad con el artículo 115.5 de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de Ordenación, Supervisión y Solvencia de Entidades de Crédito, procede dar publicidad en el «Boletín Oficial del Estado» de la siguiente sanción de multa, por la comisión de una infracción muy grave, impuesta a don José Antonio Nieto Ballesteros en dicha Orden ministerial:</p>
<p class='parrafo_2'>Respecto de don José Antonio Nieto Ballesteros:</p>
<p class='parrafo_2'>«Imponer, al amparo de lo previsto en el artículo 12.1.a) de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, en su redacción vigente hasta el 31 de diciembre de 2007, una sanción de multa por importe de dieciocho mil euros (18.000 euros), por la comisión de la infracción muy grave tipificada en el artículo 4.n) del mismo cuerpo legal, consistente en 'presentar la entidad de crédito o el grupo consolidable o el conglomerado financiero a que pertenezca deficiencias en la organización administrativa y contable, o en procedimientos de control interno, incluidos los relativos a la gestión de los riesgos, cuando tales deficiencias pongan en peligro la solvencia o viabilidad de la entidad o la del grupo consolidable o el conglomerado financiero a que pertenezca.'»</p>
<p class='parrafo_2'>Madrid, 28 de octubre de 2014.–El Secretario General del Banco de España, Francisco Javier Priego Pérez.</p>
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Thu Nov 06 08:04:25 +0000 2014
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Con fecha 16 de noviembre de 2011 el Secretario de Estado de Economía, por delegación de la Vicepresidenta segunda del Gobierno y Ministra de Economía y Hacienda dictó Orden ministerial resolviendo el expediente de referencia IE/CA-1/2010, incoado por Acuerdo de la Comisión Ejecutiva del Banco de España de fecha 7 de julio de 2010, entre otros, a don José Antonio Nieto Ballesteros.
La Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6.ª, ha dictado sentencia firme de fecha 16 julio de 2014, desestimando el recurso contencioso-administrativo formulado por don José Antonio Nieto Ballesteros.
Por consiguiente, de conformidad con el artículo 115.5 de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de Ordenación, Supervisión y Solvencia de Entidades de Crédito, procede dar publicidad en el «Boletín Oficial del Estado» de la siguiente sanción de multa, por la comisión de una infracción muy grave, impuesta a don José Antonio Nieto Ballesteros en dicha Orden ministerial:
Respecto de don José Antonio Nieto Ballesteros:
«Imponer, al amparo de lo previsto en el artículo 12.1.a) de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, en su redacción vigente hasta el 31 de diciembre de 2007, una sanción de multa por importe de dieciocho mil euros (18.000 euros), por la comisión de la infracción muy grave tipificada en el artículo 4.n) del mismo cuerpo legal, consistente en 'presentar la entidad de crédito o el grupo consolidable o el conglomerado financiero a que pertenezca deficiencias en la organización administrativa y contable, o en procedimientos de control interno, incluidos los relativos a la gestión de los riesgos, cuando tales deficiencias pongan en peligro la solvencia o viabilidad de la entidad o la del grupo consolidable o el conglomerado financiero a que pertenezca.'»
Madrid, 28 de octubre de 2014.–El Secretario General del Banco de España, Francisco Javier Priego Pérez.
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2 multas en firme más a consejeros Cajasur. Carmelo Salas (20.000€) y J.A. Nieto (18.000) #BOE
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CONVOCATORIAS
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Banco de España
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Multa en firme a José Antonio Nieto Ballesteros de 18.000 euros.
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[] | 3,318
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2013-01-01
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BOE-A-2016-12605
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Orden HAP/2829/2012, de 18 de diciembre, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.
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<titulo>Orden HAP/2829/2012, de 18 de diciembre, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.</titulo>
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<p class='parrafo'>De acuerdo con lo previsto en el artículo 20.1.b) y c) de la Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública, en relación con el Capítulo III del Título III del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se efectúa convocatoria para proveer puestos de trabajo de libre designación, con arreglo a las siguientes bases:</p>
<p class='articulo'>Primera.</p>
<p class='parrafo'>Los puestos de trabajo que se convocan podrán ser solicitados por los funcionarios públicos que reúnan los requisitos establecidos para su desempeño y que se relacionan en el Anexo I de la presente Orden.</p>
<p class='articulo'>Segunda.</p>
<p class='parrafo'>Las solicitudes se presentarán en el modelo de instancia que figura como Anexo II y se dirigirán al Sra. Directora General de Coordinación de la Administración Periférica del Estado, en el Registro General, (calle Alcalá Galiano, n.º 10, 28071 Madrid), o por cualquiera de las formas que establece el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.</p>
<p class='parrafo'>En el supuesto de que un mismo solicitante optase a dos o más puestos de trabajo de los anunciados en el Anexo I, deberá formular petición independiente por cada uno de ellos, indicando el orden de preferencia en que los mismos se soliciten.</p>
<p class='articulo'>Tercera.</p>
<p class='parrafo'>El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la publicación de esta Orden en el Boletín Oficial del Estado.</p>
<p class='articulo'>Cuarta.</p>
<p class='parrafo'>Además de los datos personales y Número de Registro de Personal, los aspirantes acompañarán junto con la solicitud su curriculum vitae, en el que consten títulos académicos, años de servicio, puestos de trabajo desempeñados en la Administración, estudios y cursos realizados, y otros méritos que se estime oportuno poner de manifiesto, y harán constar detalladamente las características del puesto que vinieran desempeñando.</p>
<p class='articulo'>Quinta.</p>
<p class='parrafo'>Los funcionarios públicos en servicio activo deberán adjuntar, si son adjudicatarios y prestan sus servicios en Ministerio y Organismo distinto del convocante, certificado extendido por la Unidad de Personal donde se encuentren destinados, especificando el grado personal consolidado y la fecha de consolidación, el nivel del puesto de trabajo que estuvieran desempeñando y el tiempo de servicios efectivos reconocido para el cómputo de trienios.</p>
<p class='articulo'>Sexta.</p>
<p class='parrafo'>Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación, ante el mismo Órgano que lo ha dictado, o recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, (Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).</p>
<p class='parrafo_2'>Madrid, 18 de diciembre de 2012.–El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, P.D. (Orden HAP/1335/2012, de 14 de junio), la Directora General de Coordinación de la Administración Periférica del Estado, Carmen Arias Aparicio.</p>
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Tue Jan 01 09:19:47 +0000 2013
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De acuerdo con lo previsto en el artículo 20.1.b) y c) de la Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública, en relación con el Capítulo III del Título III del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se efectúa convocatoria para proveer puestos de trabajo de libre designación, con arreglo a las siguientes bases:
Primera.
Los puestos de trabajo que se convocan podrán ser solicitados por los funcionarios públicos que reúnan los requisitos establecidos para su desempeño y que se relacionan en el Anexo I de la presente Orden.
Segunda.
Las solicitudes se presentarán en el modelo de instancia que figura como Anexo II y se dirigirán al Sra. Directora General de Coordinación de la Administración Periférica del Estado, en el Registro General, (calle Alcalá Galiano, n.º 10, 28071 Madrid), o por cualquiera de las formas que establece el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
En el supuesto de que un mismo solicitante optase a dos o más puestos de trabajo de los anunciados en el Anexo I, deberá formular petición independiente por cada uno de ellos, indicando el orden de preferencia en que los mismos se soliciten.
Tercera.
El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la publicación de esta Orden en el Boletín Oficial del Estado.
Cuarta.
Además de los datos personales y Número de Registro de Personal, los aspirantes acompañarán junto con la solicitud su curriculum vitae, en el que consten títulos académicos, años de servicio, puestos de trabajo desempeñados en la Administración, estudios y cursos realizados, y otros méritos que se estime oportuno poner de manifiesto, y harán constar detalladamente las características del puesto que vinieran desempeñando.
Quinta.
Los funcionarios públicos en servicio activo deberán adjuntar, si son adjudicatarios y prestan sus servicios en Ministerio y Organismo distinto del convocante, certificado extendido por la Unidad de Personal donde se encuentren destinados, especificando el grado personal consolidado y la fecha de consolidación, el nivel del puesto de trabajo que estuvieran desempeñando y el tiempo de servicios efectivos reconocido para el cómputo de trienios.
Sexta.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación, ante el mismo Órgano que lo ha dictado, o recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, (Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
Madrid, 18 de diciembre de 2012.–El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, P.D. (Orden HAP/1335/2012, de 14 de junio), la Directora General de Coordinación de la Administración Periférica del Estado, Carmen Arias Aparicio.
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Entre los puestos convocados: secretario y ayudante de secretaría del subdelegado del Gobierno en Zaragoza. #BOE
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DECRETO_LEY
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Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
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Convocatoria para proveer puestos de trabajo de libre designación. Los puestos de trabajo que se convocan solo podrán ser solicitados por los funcionarios públicos.
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[] | 3,319
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2016-12-31
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ACTUALIZA
lo indicado del art. 2.1 del Real Decreto-ley 9/1993, de 28 de mayo
DE CONFORMIDAD con
Ley 48/2015, de 29 de octubre
CITA
Ley General de la Seguridad Social, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre
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BOE-A-2013-7472
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Real Decreto 746/2016, de 30 de diciembre, sobre revalorización y complementos de pensiones de Clases Pasivas y sobre revalorización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social y de otras prestaciones sociales públicas para el ejercicio 2017.
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<identificador>BOE-A-2016-12605</identificador>
<titulo>Real Decreto 746/2016, de 30 de diciembre, sobre revalorización y complementos de pensiones de Clases Pasivas y sobre revalorización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social y de otras prestaciones sociales públicas para el ejercicio 2017.</titulo>
<diario codigo='BOE'>Boletín Oficial del Estado</diario>
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<eli:title rdf:datatype='http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string'>Reial decret 746/2016, de 30 de desembre, sobre revaloració i complements de pensions de classes passives i sobre revaloració de les pensions del sistema de la Seguretat Social i d'altres prestacions socials públiques per a l'exercici 2017.</eli:title>
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<eli:title rdf:datatype='http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string'>Real decreto 746/2016, do 30 de decembro, sobre revalorización e complementos de pensións de clases pasivas e sobre revalorización das pensións do sistema da Seguridade Social e doutras prestacións sociais públicas para o exercicio 2017.</eli:title>
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<texto>lo indicado del art. 2.1 del Real Decreto-ley 9/1993, de 28 de mayo</texto>
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<palabra codigo='440'>DE CONFORMIDAD con</palabra>
<texto>Ley 48/2015, de 29 de octubre</texto>
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<palabra codigo='330'>CITA</palabra>
<texto>Ley General de la Seguridad Social, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre</texto>
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<posterior orden='' referencia='BOE-A-2017-2462'>
<palabra codigo='201'>CORRECCIÓN de errores</palabra>
<texto>en BOE núm. 57 de 8 de marzo de 2017</texto>
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<posterior orden='' referencia='BOE-A-2017-1573'>
<palabra codigo='201'>CORRECCIÓN de errores</palabra>
<texto>en BOE núm. 40 de 16 de febrero de 2017</texto>
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</posteriores>
</referencias>
</analisis>
<texto>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La Constitución Española reconoce como principio presupuestario general el principio de anualidad de la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Así, tal y como recuerda la jurisprudencia constitucional, de la dicción contenida en el artículo 134 de la misma extraemos los principios constitucionales que rigen la materia presupuestaria: anualidad, unidad e integridad (STC 3/2003, de 16 de enero, del Tribunal Constitucional, y las que en ella se citan). De todos ellos, interesa destacar el principio de anualidad; dicho principio supone que, por expresa disposición constitucional, los Presupuestos Generales del Estado tienen su vigencia limitada al ejercicio económico para el que son aprobados, sin que quepa extenderlos a un periodo superior, salvo el caso previsto en el apartado cuarto. Ese principio general de anualidad encuentra una excepción prevista en la Constitución Española, que prevé una situación de hecho, que aunque excepcional, es realmente posible, consistente en que llegado el 1 de enero no se haya aprobado la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado para dicho ejercicio. En este caso, opera, aunque no se haya dictado una norma con rango de Ley, por mandato constitucional la prórroga automática prevista en el artículo 134.4 de la Constitución Española, por cuanto «si la Ley de Presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos».</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Llegado este caso, al considerar automáticamente prorrogados los «presupuestos del ejercicio anterior», que no la Ley de Presupuestos Generales del Estado, tal prórroga presupuestaria automática contenida en el artículo 134.4 de la Constitución Española alcanza a los créditos para gastos cuya realización es indispensable para el normal funcionamiento de Estado y la ordinaria atención de las necesidades colectivas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Así, en un escenario de prórroga presupuestaria, la revalorización anual de las pensiones sólo podrá ser objeto de una norma reglamentaria cuando dicha revalorización tenga cobertura, en virtud de la prórroga, en la Ley de Presupuestos Generales del Estado del año precedente, como acontece en el presente caso.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Pues bien, por la misma razón por la que, en el marco del principio de legalidad presupuestaria –principio que condiciona el nacimiento de las obligaciones en esta materia a lo previsto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada ejercicio–, el legislador presupuestario está obligado a proceder a un incremento anual de las pensiones de al menos un 0,25 por ciento establecido en su normativa reguladora vigente, en concreto en los artículos 58 y 27 de los textos refundidos de la Ley General de la Seguridad Social y de la Ley de Clases Pasivas del Estado, y que es –según la jurisprudencia constitucional– una razón de seguridad jurídica ajena a cualquier consideración sobre un supuesto derecho subjetivo de los pensionistas, debe entenderse, que la prórroga presupuestaria ex artículo 134.4 de la Constitución alcanza a dicha revalorización por cuanto la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, fijó una revalorización del 0,25 por ciento.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Por ello, el Gobierno de la Nación está habilitado, bajo la cobertura legal que confiere la mencionada prórroga, para aprobar una norma con rango de real decreto en la que se proceda a la revalorización, en ese mismo porcentaje, de todas aquellas pensiones que tengan legalmente fijado ese incremento anual mínimo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El real decreto se estructura en un artículo único sobre determinación y revalorización de las pensiones y otras prestaciones públicas, que entre otros aspectos establece con carácter general un incremento del 0,25 por ciento en las mismas, las pensiones que serán revalorizadas a fecha 1 de enero de 2017 y aquellas que no sufrirán incremento alguno, así como tres disposiciones finales relativas al título competencial, habilitación normativa y entrada en vigor respectivamente.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Asimismo, se incorporan al texto dos anexos, el primero de ellos referido a las cuantías de pensiones y prestaciones públicas aplicables en 2017 y el segundo a los haberes reguladores de las pensiones de Clases Pasivas y cuantías aplicables a las pensiones especiales de guerra.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Cabe señalar que en este real decreto se da cumplimiento a los principios de buena regulación a los que se refiere el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 2 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Así, la norma es respetuosa con los principios de necesidad, eficacia y proporcionalidad en tanto que con ella se consigue el fin perseguido, el incremento con carácter general del 0,25 por ciento de las pensiones y otras prestaciones públicas, no tratándose de una norma restrictiva de derechos o que imponga obligaciones a los interesados.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Asimismo, la iniciativa es coherente con el resto del ordenamiento jurídico tanto nacional como de la Unión Europea, sus objetivos se encuentran claramente definidos y no impone nuevas cargas administrativas, cumpliendo así los principios de seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En su virtud, a propuesta conjunta del Ministro de Hacienda y Función Pública y de la Ministra de Empleo y Seguridad Social, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 30 de diciembre de 2016,</p>
<p class='centro_redonda' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>DISPONGO:</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo único. Normas sobre determinación y revalorización de las pensiones y otras prestaciones públicas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Las pensiones abonadas por el sistema de la Seguridad Social, en su modalidad contributiva, así como de Clases Pasivas del Estado, experimentarán en 2017 un incremento del 0,25 por ciento, de conformidad con lo previsto en los artículos 36 y 40.1 de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para 2016, y los artículos 58 y 27 de los textos refundidos de las Leyes General de la Seguridad Social y de Clases Pasivas del Estado, respectivamente, sin perjuicio de las excepciones y especialidades contenidas en los apartados siguientes de este artículo y respetando los importes de garantía de las pensiones reconocidas al amparo de la legislación especial de guerra que figuran en el siguiente apartado 3.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Idéntico porcentaje de incremento experimentarán las cuantías de los límites de percepción de pensiones públicas, así como los importes de los haberes reguladores aplicables para la determinación inicial de las pensiones del Régimen de Clases Pasivas del Estado y de las pensiones especiales de guerra.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Asimismo, se incrementarán en un 0,25 por ciento los importes de las pensiones mínimas del sistema de la Seguridad Social y de Clases Pasivas, de las pensiones no contributivas, de las prestaciones familiares de la Seguridad Social por hijo a cargo con dieciocho o más años y con un grado de discapacidad igual o superior al 65 por ciento.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Igualmente, se incrementarán en un 0,25 por ciento los importes de las pensiones del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez no concurrentes y las que concurran con pensiones de viudedad de alguno de los regímenes del sistema de la Seguridad Social, o cuando concurran con alguna de estas últimas y, además, con cualquier otra pensión pública de viudedad, sin perjuicio de la aplicación, a la suma de los importes de todas ellas, del límite establecido en la disposición transitoria segunda del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, salvo que los interesados tuvieran reconocidos importes superiores con anterioridad al 1 de septiembre de 2005, en cuyo caso se aplicarán las normas generales sobre revalorización, siempre que, por efecto de estas normas, la suma de las cuantías de las pensiones concurrentes siga siendo superior al mencionado límite.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. Las pensiones en favor de familiares concedidas al amparo de la Ley 5/1979, de 18 de septiembre, en favor de familiares de fallecidos como consecuencia de la guerra civil, y de la Ley 35/1980, de 26 de junio, de mutilados de guerra excombatientes de la zona republicana, con excepción de las pensiones causadas por el personal no funcionario en favor de huérfanos no incapacitados, así como de la Ley 6/1982, de 29 de marzo, sobre retribución básica a mutilados civiles de guerra, y las pensiones de viudedad del Título II de la Ley 37/1984, de 22 de octubre, sobre reconocimiento de derechos y servicios prestados a quienes durante la guerra civil formaron parte de las Fuerzas Armadas y de Orden Público y Cuerpo de Carabineros de la República, cualquiera que sea su fecha inicial de abono, no podrán ser inferiores a la cuantía mínima de las pensiones de viudedad de mayores de 65 años en el sistema de la Seguridad Social.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Asimismo, las pensiones en favor de causantes reconocidas al amparo del Título II de la Ley 37/1984, de 22 de octubre, no podrán ser inferiores a la cuantía mínima de las pensiones de jubilación, con cónyuge a cargo, de mayores de 65 años en el sistema de la Seguridad Social, cualquiera que sea su fecha inicial de abono.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. Las pensiones abonadas con cargo a los regímenes o sistemas de previsión enumerados en el artículo 42 de la Ley 37/1988, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1989, no indicadas en los párrafos anteriores, experimentarán en el año 2017 el incremento que en su caso proceda, según su normativa reguladora, sobre las cuantías percibidas a 31 de diciembre de 2016.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>5. Quedan exceptuadas del incremento establecido en los apartados anteriores de este artículo las pensiones, prestaciones e importes siguientes:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) Las pensiones abonadas con cargo a cualquiera de los regímenes o sistemas de previsión enumerados en el artículo 42 de la Ley 37/1988, de 28 de diciembre, cuyo importe íntegro mensual, sumado, en su caso, al importe íntegro mensual de las otras pensiones públicas percibidas por su titular, exceda del límite mensual de percepción de las pensiones públicas establecido en el Anexo I de este real decreto.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable a las pensiones extraordinarias del Régimen de Clases Pasivas del Estado y de la Seguridad Social originadas por actos terroristas, ni a las pensiones excepcionales derivadas de atentados terroristas reconocidas al amparo del Real Decreto-ley 6/2006, de 23 de junio, ni a las pensiones reconocidas en virtud de la disposición adicional cuadragésima tercera de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) Las pensiones reguladas en el Título II del Real Decreto 851/1992, de 10 de julio, por el que se regulan determinadas pensiones extraordinarias causadas por actos de terrorismo, que se adaptarán a los importes que correspondan conforme a su legislación propia.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>c) Las pensiones de Clases Pasivas reconocidas a favor de los Camineros del Estado causadas con anterioridad a 1 de enero de 1985, con excepción de aquéllas cuyo titular sólo percibiera esta pensión como tal Caminero.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>d) Las pensiones del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez cuando entren en concurrencia con otras pensiones públicas, excepto cuando concurran con pensiones de viudedad de alguno de los regímenes del sistema de la Seguridad Social, o cuando concurran con alguna de estas últimas y, además, con cualquier otra pensión pública de viudedad. A estos efectos, no se considerarán pensiones concurrentes la prestación económica reconocida al amparo de la Ley 3/2005, de 18 de marzo, a los ciudadanos de origen español desplazados al extranjero, durante su minoría de edad, como consecuencia de la guerra civil, ni la pensión percibida por los mutilados útiles o incapacitados de primer grado por causa de la pasada guerra civil española, cualquiera que fuese la legislación reguladora, ni el subsidio por ayuda de tercera persona previsto en el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, ni las pensiones extraordinarias derivadas de actos de terrorismo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando la suma en cómputo anual de todas las pensiones concurrentes, una vez revalorizadas, y las del citado Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez, sea inferior a la cuantía fijada en 2017 para la pensión de tal Seguro no concurrente, calculadas unas y otras en cómputo anual, la pensión del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez se revalorizará en un importe igual a la diferencia resultante entre ambas cantidades. Esta diferencia no tiene carácter consolidable, siendo absorbible con cualquier incremento que puedan experimentar las percepciones del interesado, ya sea en concepto de revalorizaciones o por reconocimiento de nuevas prestaciones de carácter periódico.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>e) Las pensiones de las Mutualidades integradas en el Fondo Especial de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado que, a 31 de diciembre de 2016, hubieran ya alcanzado las cuantías correspondientes al 31 de diciembre de 1973.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>f) Las pensiones de las Mutualidades, Montepíos o Entidades de Previsión Social referidas en el artículo 41.Dos de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para 2016.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>g) Las cuantías de los límites de ingresos para el reconocimiento de complementos económicos por mínimos y de las prestaciones familiares de la Seguridad Social.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>h) Los importes mensuales de las ayudas sociales reconocidas en favor de las personas contaminadas por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (V.I.H.), establecidas en los párrafos b), c) y d) del artículo 2.1 del Real Decreto-ley 9/1993, de 28 de mayo; así como del subsidio de movilidad y compensación por gastos de transporte establecido en el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social, aplicado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de octubre.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>i) La cuantía de las prestaciones económicas de gran invalidez del Régimen Especial de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y de las reconocidas al amparo de la Ley 3/2005, de 18 de marzo, a los ciudadanos de origen español desplazados al extranjero, durante su minoría de edad, como consecuencia de la guerra civil.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>6. De acuerdo con lo establecido en la disposición adicional sexta, punto Uno, del texto refundido de la Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 de junio, las pensiones de las Mutualidades integradas en el Fondo Especial de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, cuando hubieran sido causadas con posterioridad a 31 de diciembre de 2011, experimentarán el 1 de enero del año 2017 una reducción, respecto de los importes percibidos en 31 de diciembre de 2016, del 20 por 100 de la diferencia entre la cuantía correspondiente a 31 de diciembre de 1978, o tratándose del Montepío de Funcionarios de la Organización Sindical, a 31 de diciembre de 1977, y la que correspondería en 31 de diciembre de 1973.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>7. A efectos de lo dispuesto en este artículo, las cuantías de las pensiones y prestaciones públicas aplicables en 2017 serán las que figuran en los Anexos I y II de este real decreto.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Disposición final primera. Título competencial.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.17.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de régimen económico de la Seguridad Social.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Disposición final segunda. Habilitación normativa.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Se autoriza al Ministro de Hacienda y Función Pública y a la Ministra de Empleo y Seguridad Social, en el ámbito de sus competencias, para dictar las disposiciones de carácter general que resulten necesarias para el desarrollo y ejecución de este real decreto.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Disposición final tercera. Entrada en vigor.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El presente real decreto entrará en vigor el día 1 de enero de 2017.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Dado en Madrid, el 30 de diciembre de 2016.</p>
<p class='firma_rey' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>FELIPE R.</p>
<p class='firma_ministro' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales,</p>
<p class='firma_ministro' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN</p>
<p class='anexo_num' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>ANEXO I</p>
<p class='anexo_tit' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Cuantías de pensiones y prestaciones públicas aplicables en 2017</p>
<p class='centro_cursiva' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>I. Complementos por mínimos</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Cuantías mínimas de las pensiones de la modalidad contributiva del Sistema de la Seguridad Social para el año 2017:</p>
<table class='tabla_b_sica' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>
<colgroup>
<col class='row_column_1'/>
<col class='row_column_2'/>
<col class='row_column_2'/>
<col class='row_column_2'/>
</colgroup>
<thead>
<tr class='row_column_3'>
<td rowspan='2'>
<p class='cabeza_tabla'>Clase de pensión</p>
</td>
<td colspan='3'>
<p class='cabeza_tabla'>Titulares</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_4'>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Con cónyuge a cargo</p>
<p class='cabeza_tabla'>–</p>
<p class='cabeza_tabla'>Euros/año</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Sin cónyuge: unidad económica unipersonal </p>
<p class='cabeza_tabla'>–</p>
<p class='cabeza_tabla'>Euros/año</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Con cónyuge no a cargo</p>
<p class='cabeza_tabla'>–</p>
<p class='cabeza_tabla'>Euros/año</p>
</td>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr class='row_column_3'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<em>Jubilación</em>
</p>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_5'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Titular con sesenta y cinco años </p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>11.016,60</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>8.927,80</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>8.471,40</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_5'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Titular menor de sesenta y cinco años </p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>10.326,40</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>8.351,00</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>7.893,20</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_5'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Titular con sesenta y cinco años procedente de gran invalidez </p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>16.525,60</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>13.392,40</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>12.707,80</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_6'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<em>Incapacidad Permanente</em>
</p>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_5'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Gran invalidez </p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>16.525,60</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>13.392,40</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>12.707,80</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_5'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Absoluta </p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>11.016,60</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>8.927,80</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>8.471,40</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_5'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Total: Titular con sesenta y cinco años </p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>11.016,60</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>8.927,80</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>8.471,40</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_5'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Total: Titular con edad entre sesenta y sesenta y cuatro años </p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>10.326,40</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>8.351,00</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>7.893,20</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_5'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Total: Derivada de enfermedad común menor de sesenta años </p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>5.552,40</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>5.552,40</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>5.448,94</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_5'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Parcial del régimen de accidentes de trabajo: </p>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_5'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Titular con sesenta y cinco años </p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>11.016,60</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>8.927,80</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>8.471,40</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_6'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<em>Viudedad</em>
</p>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_5'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Titular con cargas familiares </p>
</td>
<td>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>10.326,40</p>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_7'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Titular con sesenta y cinco años o con discapacidad en grado igual o superior al 65 por 100 </p>
</td>
<td>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>8.927,80</p>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_5'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Titular con edad entre sesenta y sesenta y cuatro años </p>
</td>
<td>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>8.351,00</p>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_8'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Titular con menos de sesenta años </p>
</td>
<td>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>6.760,60</p>
</td>
<td>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table class='tabla_b_sica' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>
<colgroup>
<col class='row_column_9'/>
<col class='row_column_10'/>
</colgroup>
<thead>
<tr class='row_column_3'>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Clase de pensión</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Euros/año</p>
</td>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr class='row_column_3'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<em>Orfandad</em>
</p>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_5'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Por beneficiario </p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>2.727,20</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_7'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>En la orfandad absoluta el mínimo se incrementará en euros/año distribuidos, en su caso, entre los beneficiarios </p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>6.760,60</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_7'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Por beneficiario discapacitado menor de 18 años con una discapacidad en grado igual o superior al 65 por 100 </p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>5.367,60</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_6'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<em>En favor de familiares</em>
</p>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_5'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Por beneficiario </p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>2.727,20</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_5'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Si no existe viudo ni huérfano pensionistas: </p>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_5'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Un solo beneficiario con sesenta y cinco años </p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>6.592,60</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_5'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Un solo beneficiario menor de sesenta y cinco años </p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>6.211,80</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_11'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Varios beneficiarios: El mínimo asignado a cada uno de ellos se incrementará en el importe que resulte de prorratear euros/año entre el número de beneficiarios </p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>4.033,40</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Límite de ingresos para el reconocimiento de complementos económicos por mínimos:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– En 2017:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>• Sin cónyuge a cargo: 7.116,18 euros/año.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>• Con cónyuge a cargo: 8.301,10 euros/año.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Cuantías mínimas de las pensiones de Clases Pasivas para el año 2017:</p>
<table class='tabla_b_sica' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>
<colgroup>
<col class='row_column_12'/>
<col class='row_column_13'/>
<col class='row_column_14'/>
</colgroup>
<tbody>
<tr class='row_column_15'>
<td>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>A</p>
<p class='cabeza_tabla'>Pensión mínima mensual</p>
<p class='cabeza_tabla'>–</p>
<p class='cabeza_tabla'>Euros</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>B</p>
<p class='cabeza_tabla'>Ingresos anuales máximos</p>
<p class='cabeza_tabla'>–</p>
<p class='cabeza_tabla'>Euros</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_16'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Pensión de jubilación o retiro cuando existe cónyuge a cargo del titular.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>786,90</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>18.132,78</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_8'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Pensión de jubilación o retiro sin cónyuge: Unidad económica unipersonal.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>637,70</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>16.043,98</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_16'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Pensión de jubilación o retiro con cónyuge no a cargo.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>605,10</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>15.587,58</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_16'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Pensión de viudedad.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>637,70</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>16.043,98</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_11'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Pensión o pensiones en favor de otros familiares, siendo «n» el número de beneficiarios de la pensión o pensiones.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>621,60</p>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>n</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>7.116,18 + 8.702,40</p>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> n</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En el supuesto de pensión o pensiones en favor de otros familiares que fueran percibidas por varios beneficiarios, la cifra resultante de la columna A del cuadro anterior no será inferior a 194,80 euros mensuales, respecto de cada uno de aquellos beneficiarios cuyos ingresos anuales no superen a los que figuran en la columna B. No obstante, cuando alguno de los beneficiarios sea huérfano discapacitado menor de 18 años con una discapacidad en grado igual o superior al 65 por ciento, la cuantía mínima a reconocer a dicho huérfano será de 383,40 euros mensuales, siempre que cumpla el requisito de límite de ingresos citado.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Límite de ingresos para el reconocimiento de complementos económicos para mínimos:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En 2017: 7.116,18 euros/año.</p>
<p class='centro_cursiva' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>II. Cuantías de otras pensiones y prestaciones públicas</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Límite máximo de percepción de pensión pública: 2.573,70 euros/mes o 36.031,80 euros/año.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Pensiones del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI):</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Pensiones del SOVI no concurrentes: 5.713,40 euros/año.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Pensiones del SOVI concurrentes con pensiones de viudedad de alguno de los regímenes del sistema de la Seguridad Social o con alguna de estas pensiones y, además, con cualquier otra pensión pública de viudedad: 5.546,80 euros/año.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. Pensiones de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva: 5.164,60 euros/año.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Complemento de pensión para el alquiler de vivienda: 525 euros anuales.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. Prestaciones familiares de la Seguridad Social:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Asignación económica por hijo o menor a cargo sin discapacidad: 291,00 euros/año.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Asignación económica por hijo o menor a cargo con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento: 1.000,00 euros/año.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Asignación económica por hijo a cargo mayor de 18 años con discapacidad:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>• Con un grado de discapacidad igual o superior al 65 por ciento: 4.426,80 euros/año.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>• Con un grado de discapacidad igual o superior al 75 por ciento y necesitado del concurso de otra persona para la realización de los actos esenciales de la vida: 6.640,80 euros/año.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Prestación por nacimiento o adopción de hijo, en supuestos de familias numerosas, monoparentales y de madres con discapacidad establecida en el artículo 357 y cuya cuantía se recoge en el artículo 358 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social: 1.000,00 euros.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Límite de ingresos para el reconocimiento de las prestaciones familiares de la Seguridad Social por hijo o menor a cargo:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>• Cuantía a la que se refiere el párrafo primero del artículo 352.1.c) del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (hijos o menor a cargo sin discapacidad): 11.576,83 euros/año.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>• Cuantía a la que se refiere el párrafo segundo del artículo 352.1.c) del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (familia numerosa): 17.423,84 euros/año, incrementándose en 2.822,18 euros por cada hijo a cargo a partir del cuarto, éste incluido.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>5. Subsidios económicos del texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Subsidio de garantía de ingresos mínimos: 149,86 euros/mes.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Subsidio por ayuda de tercera persona: 58,45 euros/mes.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Subsidio de movilidad y compensación por gastos de transporte: 63,30 euros/mes.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>6. Pensiones asistenciales de la Ley 45/1960, de 21 de julio, y Real Decreto 2620/1981, de 24 de julio: 149,86 euros/mes.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>7. Cuantía de las ayudas sociales reconocidas a los afectados por el VIH al amparo del Real Decreto-Ley 9/1993, de 28 de mayo: 611,70 euros/mes.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>8. Cuantía de la prestación económica establecida por la Ley 3/2005, de 18 de marzo: 7.183,29 euros/año.</p>
<p class='anexo_num' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>ANEXO II</p>
<p class='anexo_tit' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Haberes reguladores de las pensiones de Clases Pasivas y cuantías aplicables a las pensiones especiales de guerra</p>
<p class='centro_cursiva' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>I. Haberes reguladores para la determinación inicial de las pensiones del Régimen de Clases Pasivas del Estado.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Haberes reguladores para la determinación inicial de las pensiones señaladas al amparo del título I del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) Haberes reguladores para el personal ingresado en algún cuerpo, escala, plaza, empleo o categoría administrativa con posterioridad a 1 de enero de 1985:</p>
<table class='ning_n_estilo_de_tabla' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>
<colgroup>
<col class='row_column_17'/>
<col class='row_column_18'/>
</colgroup>
<thead>
<tr class='row_column_19'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>Grupo / Subgrupo EBEP</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Haber regulador </p>
<p class='cabeza_tabla'>–</p>
<p class='cabeza_tabla'>Euros/año</p>
</td>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr class='row_column_8'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>A1</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>40.460,17</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_5'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>A2</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>31.843,17</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_5'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>B</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>27.883,86</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_5'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>C1</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>24.456,10</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_5'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>C2</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>19.348,83</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_8'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>E (Ley 30/84) y Agrupaciones profesionales (EBEP).</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>16.496,42</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) Haberes reguladores para el personal ingresado con anterioridad a 1 de enero de 1985:</p>
<p class='centro_redonda' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>ADMINISTRACIÓN CIVIL Y MILITAR DEL ESTADO</p>
<table class='tabla_b_sica' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>
<colgroup>
<col class='row_column_20'/>
<col class='row_column_21'/>
</colgroup>
<thead>
<tr class='row_column_22'>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Índice de proporcionalidad</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Haber regulador</p>
<p class='cabeza_tabla'>–</p>
<p class='cabeza_tabla'>Euros/año</p>
</td>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr class='row_column_8'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>10</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>40.460,17</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_5'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> 8</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>31.843,17</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_5'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> 6</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>24.456,10</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_5'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>4</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>19.348,83</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_8'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> 3</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>16.496,42</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p class='centro_redonda' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA</p>
<table class='tabla_b_sica' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>
<colgroup>
<col class='row_column_20'/>
<col class='row_column_21'/>
</colgroup>
<thead>
<tr class='row_column_22'>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Índice multiplicador</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Haber regulador </p>
<p class='cabeza_tabla'>–</p>
<p class='cabeza_tabla'>Euros/año</p>
</td>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr class='row_column_8'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>4,75</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>40.460,17</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_5'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>4,50</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>40.460,17</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_5'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>4,00</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>40.460,17</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_5'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>3,50</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>40.460,17</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_5'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>3,25</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>40.460,17</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_5'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>3,00</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>40.460,17</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_5'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>2,50</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>40.460,17</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_5'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>2,25</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>31.843,17</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_5'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>2,00</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>27.883,86</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_5'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>1,50</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>19.348,83</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_8'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>1,25</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>16.496,42</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p class='centro_redonda' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>TRIBUNAL CONSTITUCIONAL</p>
<table class='ning_n_estilo_de_tabla' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>
<colgroup>
<col class='row_column_20'/>
<col class='row_column_21'/>
</colgroup>
<thead>
<tr class='row_column_22'>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Cuerpo</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Haber regulador</p>
<p class='cabeza_tabla'>–</p>
<p class='cabeza_tabla'>Euros/año</p>
</td>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr class='row_column_8'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Secretario General </p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>40.460,17</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_5'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>De Letrados </p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>40.460,17</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_8'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Gerente </p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>40.460,17</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p class='centro_redonda' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CORTES GENERALES</p>
<table class='ning_n_estilo_de_tabla' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>
<colgroup>
<col class='row_column_23'/>
<col class='row_column_21'/>
</colgroup>
<thead>
<tr class='row_column_22'>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Cuerpo</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Haber regulador</p>
<p class='cabeza_tabla'>–</p>
<p class='cabeza_tabla'>Euros/año</p>
</td>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr class='row_column_8'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>De Letrados </p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>40.460,17</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_5'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>De Archiveros-Bibliotecarios </p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>40.460,17</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_5'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>De Asesores Facultativos </p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>40.460,17</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_5'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>De Redactores, Taquígrafos y Estenotipistas </p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>40.460,17</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_5'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Técnico-Administrativo </p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>40.460,17</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_5'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Administrativo </p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>24.456,10</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_8'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>De Ujieres </p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>19.348,83</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Haberes reguladores para la determinación inicial de las pensiones señaladas al amparo del título II del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado.</p>
<p class='centro_negrita' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Haberes reguladores</p>
<p class='centro_redonda' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>ADMINISTRACIÓN CIVIL Y MILITAR DEL ESTADO</p>
<table class='ning_n_estilo_de_tabla' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>
<colgroup>
<col class='row_column_24'/>
<col class='row_column_25'/>
<col class='row_column_26'/>
<col class='row_column_27'/>
</colgroup>
<thead>
<tr class='row_column_4'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>Índice de proporcionalidad</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Grado</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Grado especial</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Importe por concepto</p>
<p class='cabeza_tabla'>de sueldo y grado en</p>
<p class='cabeza_tabla'>cómputo anual</p>
<p class='cabeza_tabla'>–</p>
<p class='cabeza_tabla'>Euros</p>
</td>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr class='row_column_8'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>10 (5,5)</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>8</p>
</td>
<td>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>27.123,49</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_5'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>10 (5,5)</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>7</p>
</td>
<td>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>26.378,04</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_5'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>10 (5,5)</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>6</p>
</td>
<td>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>25.632,63</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_5'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>10 (5,5)</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>3</p>
</td>
<td>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>23.396,30</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_5'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>10</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>5</p>
</td>
<td>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>23.015,68</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_5'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>10</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>4</p>
</td>
<td>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>22.270,28</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_5'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>10</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>3</p>
</td>
<td>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>21.524,86</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_5'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>10</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>2</p>
</td>
<td>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>20.779,37</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_5'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>10</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>1</p>
</td>
<td>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>20.033,94</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_5'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> 8</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>6</p>
</td>
<td>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>19.354,39</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_5'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> 8</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>5</p>
</td>
<td>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>18.758,17</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_5'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> 8</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>4</p>
</td>
<td>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>18.161,91</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_5'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> 8</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>3</p>
</td>
<td>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>17.565,65</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_5'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> 8</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>2</p>
</td>
<td>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>16.969,42</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_5'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> 8</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>1</p>
</td>
<td>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>16.373,15</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_5'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> 6</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>5</p>
</td>
<td>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>14.744,50</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_5'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> 6</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>4</p>
</td>
<td>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>14.297,45</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_5'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> 6</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>3</p>
</td>
<td>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>13.850,46</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_5'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> 6</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>2</p>
</td>
<td>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>13.403,37</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_5'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> 6</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>1</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>(12 por 100)</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>14.457,44</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_5'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> 6</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>1</p>
</td>
<td>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>12.956,31</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_5'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> 4</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>3</p>
</td>
<td>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>10.910,21</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_5'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> 4</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>2</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>(24 por 100)</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>13.018,58</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_5'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> 4</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>2</p>
</td>
<td>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>10.612,11</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_5'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> 4</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>1</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>(12 por 100)</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>11.518,31</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_5'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> 4</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>1</p>
</td>
<td>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>10.313,98</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_5'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> 3</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>3</p>
</td>
<td>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>9.420,22</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_5'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> 3</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>2</p>
</td>
<td>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>9.196,66</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_8'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> 3</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>1</p>
</td>
<td>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>8.973,15</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p class='centro_redonda' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA</p>
<table class='ning_n_estilo_de_tabla' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>
<colgroup>
<col class='row_column_20'/>
<col class='row_column_26'/>
</colgroup>
<thead>
<tr class='row_column_4'>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Índice multiplicador</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Importe por concepto</p>
<p class='cabeza_tabla'>de sueldo en</p>
<p class='cabeza_tabla'>cómputo anual</p>
<p class='cabeza_tabla'>–</p>
<p class='cabeza_tabla'>Euros</p>
</td>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr class='row_column_8'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>4,75</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>44.293,43</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_5'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>4,50</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>41.962,18</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_5'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>4,00</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>37.299,70</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_5'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>3,50</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>32.637,24</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_5'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>3,25</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>30.306,03</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_8'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>3,00</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>27.974,78</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_5'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>2,50</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>23.312,32</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_5'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>2,25</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>20.981,08</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_5'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>2,00</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>18.649,87</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_5'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>1,50</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>13.987,39</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_8'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>1,25</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>11.656,17</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p class='centro_redonda' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>TRIBUNAL CONSTITUCIONAL</p>
<table class='ning_n_estilo_de_tabla' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>
<colgroup>
<col class='row_column_20'/>
<col class='row_column_26'/>
</colgroup>
<thead>
<tr class='row_column_4'>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Cuerpo</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Importe por concepto de sueldo en</p>
<p class='cabeza_tabla'>cómputo anual</p>
<p class='cabeza_tabla'>–</p>
<p class='cabeza_tabla'>Euros</p>
</td>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr class='row_column_8'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Secretario General </p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>41.962,18</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_5'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>De Letrados </p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>37.299,70</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_8'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Gerente </p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>37.299,70</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p class='centro_redonda' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CORTES GENERALES</p>
<table class='ning_n_estilo_de_tabla' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>
<colgroup>
<col class='row_column_28'/>
<col class='row_column_26'/>
</colgroup>
<thead>
<tr class='row_column_4'>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Cuerpo</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Importe por concepto de sueldo en cómputo anual</p>
<p class='cabeza_tabla'>–</p>
<p class='cabeza_tabla'>Euros</p>
</td>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr class='row_column_8'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>De Letrados </p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>24.410,37</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_5'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>De Archiveros-Bibliotecarios </p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>24.410,37</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_5'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>De Asesores Facultativos </p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>24.410,37</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_5'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>De Redactores, Taquígrafos y Estenotipistas </p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>22.416,37</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_5'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Técnico-Administrativo </p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>22.416,37</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_5'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Administrativo </p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>13.499,94</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_8'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>De Ujieres </p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>10.678,60</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p class='centro_negrita' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Trienios</p>
<p class='centro_redonda' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>ADMINISTRACIÓN CIVIL Y MILITAR DEL ESTADO</p>
<table class='ning_n_estilo_de_tabla' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>
<colgroup>
<col class='row_column_26'/>
<col class='row_column_26'/>
</colgroup>
<thead>
<tr class='row_column_4'>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Índice de proporcionalidad</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Valor unitario del trienio en cómputo anual</p>
<p class='cabeza_tabla'>–</p>
<p class='cabeza_tabla'>Euros</p>
</td>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr class='row_column_8'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>10</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>876,22</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_5'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> 8</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>700,99</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_5'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> 6</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>525,70</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_5'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> 4</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>350,51</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_8'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> 3</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>262,87</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p class='centro_redonda' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA</p>
<table class='ning_n_estilo_de_tabla' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>
<colgroup>
<col class='row_column_29'/>
<col class='row_column_30'/>
</colgroup>
<thead>
<tr class='row_column_4'>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Índice multiplicador</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Valor unitario del trienio en cómputo anual</p>
<p class='cabeza_tabla'>–</p>
<p class='cabeza_tabla'>Euros</p>
</td>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr class='row_column_8'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>3,50</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>1.631,85</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_5'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>3,25</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>1.515,31</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_5'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>3,00</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>1.398,74</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_5'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>2,50</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>1.165,60</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_5'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>2,25</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>1.050,49</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_5'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>2,00</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>932,51</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_5'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>1,50</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>699,37</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_8'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>1,25</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>582,82</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p class='centro_redonda' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>TRIBUNAL CONSTITUCIONAL</p>
<table class='ning_n_estilo_de_tabla' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>
<colgroup>
<col class='row_column_31'/>
<col class='row_column_32'/>
</colgroup>
<thead>
<tr class='row_column_22'>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Cuerpo</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Haber regulador</p>
<p class='cabeza_tabla'>–</p>
<p class='cabeza_tabla'>Euros/año</p>
</td>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr class='row_column_8'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Secretario General </p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>1.631,85</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_5'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>De Letrados </p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>1.631,85</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_8'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Gerente </p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>1.631,85</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p class='centro_redonda' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CORTES GENERALES</p>
<table class='ning_n_estilo_de_tabla' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>
<colgroup>
<col class='row_column_33'/>
<col class='row_column_26'/>
</colgroup>
<thead>
<tr class='row_column_4'>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Cuerpo</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Valor unitario del trienio en cómputo anual</p>
<p class='cabeza_tabla'>–</p>
<p class='cabeza_tabla'>Euros</p>
</td>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr class='row_column_8'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>De Letrados </p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>998,09</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_5'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>De Archiveros-Bibliotecarios </p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>998,09</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_5'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>De Asesores Facultativos </p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>998,09</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_5'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>De Redactores, Taquígrafos y Estenotipistas </p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>998,09</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_5'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Técnico-Administrativo </p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>998,09</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_5'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Administrativo </p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>598,87</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_8'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>De Ujieres </p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>399,22</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p class='centro_cursiva' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>II. Cuantías aplicables para la determinación inicial de las pensiones especiales de guerra</p>
<table class='ning_n_estilo_de_tabla' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>
<colgroup>
<col class='row_column_23'/>
<col class='row_column_21'/>
</colgroup>
<thead>
<tr class='row_column_34'>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Clase</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Importe referido a 12 mensualidades</p>
</td>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr class='row_column_8'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Pensión de mutilación reconocida al amparo de la Ley 35/1980 </p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>4.999,62 euros</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_7'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Suma de remuneraciones básica, sustitutoria de trienios y suplementaria en compensación de retribuciones no percibidas de la Ley 35/1980 </p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>13.483,85 euros</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_5'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Retribución básica reconocida al amparo de la Ley 6/1982 </p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>9.438,69 euros</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_8'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Pensiones reconocidas al amparo del Decreto 670/1976 </p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>5.990,17 euros</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La cuantía de las pensiones de orfandad en favor de huérfanos no incapacitados causadas por personal no funcionario al amparo de las Leyes 5/1979, de 18 de septiembre, y 35/1980, de 26 de junio, será de 1.838,08 euros anuales, referido a doce mensualidades.</p>
</texto>
</documento>
|
Sat Dec 31 15:24:29 +0000 2016
|
La Constitución Española reconoce como principio presupuestario general el principio de anualidad de la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Así, tal y como recuerda la jurisprudencia constitucional, de la dicción contenida en el artículo 134 de la misma extraemos los principios constitucionales que rigen la materia presupuestaria: anualidad, unidad e integridad (STC 3/2003, de 16 de enero, del Tribunal Constitucional, y las que en ella se citan). De todos ellos, interesa destacar el principio de anualidad; dicho principio supone que, por expresa disposición constitucional, los Presupuestos Generales del Estado tienen su vigencia limitada al ejercicio económico para el que son aprobados, sin que quepa extenderlos a un periodo superior, salvo el caso previsto en el apartado cuarto. Ese principio general de anualidad encuentra una excepción prevista en la Constitución Española, que prevé una situación de hecho, que aunque excepcional, es realmente posible, consistente en que llegado el 1 de enero no se haya aprobado la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado para dicho ejercicio. En este caso, opera, aunque no se haya dictado una norma con rango de Ley, por mandato constitucional la prórroga automática prevista en el artículo 134.4 de la Constitución Española, por cuanto «si la Ley de Presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos».
Llegado este caso, al considerar automáticamente prorrogados los «presupuestos del ejercicio anterior», que no la Ley de Presupuestos Generales del Estado, tal prórroga presupuestaria automática contenida en el artículo 134.4 de la Constitución Española alcanza a los créditos para gastos cuya realización es indispensable para el normal funcionamiento de Estado y la ordinaria atención de las necesidades colectivas.
Así, en un escenario de prórroga presupuestaria, la revalorización anual de las pensiones sólo podrá ser objeto de una norma reglamentaria cuando dicha revalorización tenga cobertura, en virtud de la prórroga, en la Ley de Presupuestos Generales del Estado del año precedente, como acontece en el presente caso.
Pues bien, por la misma razón por la que, en el marco del principio de legalidad presupuestaria –principio que condiciona el nacimiento de las obligaciones en esta materia a lo previsto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada ejercicio–, el legislador presupuestario está obligado a proceder a un incremento anual de las pensiones de al menos un 0,25 por ciento establecido en su normativa reguladora vigente, en concreto en los artículos 58 y 27 de los textos refundidos de la Ley General de la Seguridad Social y de la Ley de Clases Pasivas del Estado, y que es –según la jurisprudencia constitucional– una razón de seguridad jurídica ajena a cualquier consideración sobre un supuesto derecho subjetivo de los pensionistas, debe entenderse, que la prórroga presupuestaria ex artículo 134.4 de la Constitución alcanza a dicha revalorización por cuanto la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, fijó una revalorización del 0,25 por ciento.
Por ello, el Gobierno de la Nación está habilitado, bajo la cobertura legal que confiere la mencionada prórroga, para aprobar una norma con rango de real decreto en la que se proceda a la revalorización, en ese mismo porcentaje, de todas aquellas pensiones que tengan legalmente fijado ese incremento anual mínimo.
El real decreto se estructura en un artículo único sobre determinación y revalorización de las pensiones y otras prestaciones públicas, que entre otros aspectos establece con carácter general un incremento del 0,25 por ciento en las mismas, las pensiones que serán revalorizadas a fecha 1 de enero de 2017 y aquellas que no sufrirán incremento alguno, así como tres disposiciones finales relativas al título competencial, habilitación normativa y entrada en vigor respectivamente.
Asimismo, se incorporan al texto dos anexos, el primero de ellos referido a las cuantías de pensiones y prestaciones públicas aplicables en 2017 y el segundo a los haberes reguladores de las pensiones de Clases Pasivas y cuantías aplicables a las pensiones especiales de guerra.
Cabe señalar que en este real decreto se da cumplimiento a los principios de buena regulación a los que se refiere el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 2 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Así, la norma es respetuosa con los principios de necesidad, eficacia y proporcionalidad en tanto que con ella se consigue el fin perseguido, el incremento con carácter general del 0,25 por ciento de las pensiones y otras prestaciones públicas, no tratándose de una norma restrictiva de derechos o que imponga obligaciones a los interesados.
Asimismo, la iniciativa es coherente con el resto del ordenamiento jurídico tanto nacional como de la Unión Europea, sus objetivos se encuentran claramente definidos y no impone nuevas cargas administrativas, cumpliendo así los principios de seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.
En su virtud, a propuesta conjunta del Ministro de Hacienda y Función Pública y de la Ministra de Empleo y Seguridad Social, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 30 de diciembre de 2016,
DISPONGO:
Artículo único. Normas sobre determinación y revalorización de las pensiones y otras prestaciones públicas.
1. Las pensiones abonadas por el sistema de la Seguridad Social, en su modalidad contributiva, así como de Clases Pasivas del Estado, experimentarán en 2017 un incremento del 0,25 por ciento, de conformidad con lo previsto en los artículos 36 y 40.1 de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para 2016, y los artículos 58 y 27 de los textos refundidos de las Leyes General de la Seguridad Social y de Clases Pasivas del Estado, respectivamente, sin perjuicio de las excepciones y especialidades contenidas en los apartados siguientes de este artículo y respetando los importes de garantía de las pensiones reconocidas al amparo de la legislación especial de guerra que figuran en el siguiente apartado 3.
Idéntico porcentaje de incremento experimentarán las cuantías de los límites de percepción de pensiones públicas, así como los importes de los haberes reguladores aplicables para la determinación inicial de las pensiones del Régimen de Clases Pasivas del Estado y de las pensiones especiales de guerra.
2. Asimismo, se incrementarán en un 0,25 por ciento los importes de las pensiones mínimas del sistema de la Seguridad Social y de Clases Pasivas, de las pensiones no contributivas, de las prestaciones familiares de la Seguridad Social por hijo a cargo con dieciocho o más años y con un grado de discapacidad igual o superior al 65 por ciento.
Igualmente, se incrementarán en un 0,25 por ciento los importes de las pensiones del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez no concurrentes y las que concurran con pensiones de viudedad de alguno de los regímenes del sistema de la Seguridad Social, o cuando concurran con alguna de estas últimas y, además, con cualquier otra pensión pública de viudedad, sin perjuicio de la aplicación, a la suma de los importes de todas ellas, del límite establecido en la disposición transitoria segunda del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, salvo que los interesados tuvieran reconocidos importes superiores con anterioridad al 1 de septiembre de 2005, en cuyo caso se aplicarán las normas generales sobre revalorización, siempre que, por efecto de estas normas, la suma de las cuantías de las pensiones concurrentes siga siendo superior al mencionado límite.
3. Las pensiones en favor de familiares concedidas al amparo de la Ley 5/1979, de 18 de septiembre, en favor de familiares de fallecidos como consecuencia de la guerra civil, y de la Ley 35/1980, de 26 de junio, de mutilados de guerra excombatientes de la zona republicana, con excepción de las pensiones causadas por el personal no funcionario en favor de huérfanos no incapacitados, así como de la Ley 6/1982, de 29 de marzo, sobre retribución básica a mutilados civiles de guerra, y las pensiones de viudedad del Título II de la Ley 37/1984, de 22 de octubre, sobre reconocimiento de derechos y servicios prestados a quienes durante la guerra civil formaron parte de las Fuerzas Armadas y de Orden Público y Cuerpo de Carabineros de la República, cualquiera que sea su fecha inicial de abono, no podrán ser inferiores a la cuantía mínima de las pensiones de viudedad de mayores de 65 años en el sistema de la Seguridad Social.
Asimismo, las pensiones en favor de causantes reconocidas al amparo del Título II de la Ley 37/1984, de 22 de octubre, no podrán ser inferiores a la cuantía mínima de las pensiones de jubilación, con cónyuge a cargo, de mayores de 65 años en el sistema de la Seguridad Social, cualquiera que sea su fecha inicial de abono.
4. Las pensiones abonadas con cargo a los regímenes o sistemas de previsión enumerados en el artículo 42 de la Ley 37/1988, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1989, no indicadas en los párrafos anteriores, experimentarán en el año 2017 el incremento que en su caso proceda, según su normativa reguladora, sobre las cuantías percibidas a 31 de diciembre de 2016.
5. Quedan exceptuadas del incremento establecido en los apartados anteriores de este artículo las pensiones, prestaciones e importes siguientes:
a) Las pensiones abonadas con cargo a cualquiera de los regímenes o sistemas de previsión enumerados en el artículo 42 de la Ley 37/1988, de 28 de diciembre, cuyo importe íntegro mensual, sumado, en su caso, al importe íntegro mensual de las otras pensiones públicas percibidas por su titular, exceda del límite mensual de percepción de las pensiones públicas establecido en el Anexo I de este real decreto.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable a las pensiones extraordinarias del Régimen de Clases Pasivas del Estado y de la Seguridad Social originadas por actos terroristas, ni a las pensiones excepcionales derivadas de atentados terroristas reconocidas al amparo del Real Decreto-ley 6/2006, de 23 de junio, ni a las pensiones reconocidas en virtud de la disposición adicional cuadragésima tercera de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
b) Las pensiones reguladas en el Título II del Real Decreto 851/1992, de 10 de julio, por el que se regulan determinadas pensiones extraordinarias causadas por actos de terrorismo, que se adaptarán a los importes que correspondan conforme a su legislación propia.
c) Las pensiones de Clases Pasivas reconocidas a favor de los Camineros del Estado causadas con anterioridad a 1 de enero de 1985, con excepción de aquéllas cuyo titular sólo percibiera esta pensión como tal Caminero.
d) Las pensiones del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez cuando entren en concurrencia con otras pensiones públicas, excepto cuando concurran con pensiones de viudedad de alguno de los regímenes del sistema de la Seguridad Social, o cuando concurran con alguna de estas últimas y, además, con cualquier otra pensión pública de viudedad. A estos efectos, no se considerarán pensiones concurrentes la prestación económica reconocida al amparo de la Ley 3/2005, de 18 de marzo, a los ciudadanos de origen español desplazados al extranjero, durante su minoría de edad, como consecuencia de la guerra civil, ni la pensión percibida por los mutilados útiles o incapacitados de primer grado por causa de la pasada guerra civil española, cualquiera que fuese la legislación reguladora, ni el subsidio por ayuda de tercera persona previsto en el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, ni las pensiones extraordinarias derivadas de actos de terrorismo.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando la suma en cómputo anual de todas las pensiones concurrentes, una vez revalorizadas, y las del citado Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez, sea inferior a la cuantía fijada en 2017 para la pensión de tal Seguro no concurrente, calculadas unas y otras en cómputo anual, la pensión del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez se revalorizará en un importe igual a la diferencia resultante entre ambas cantidades. Esta diferencia no tiene carácter consolidable, siendo absorbible con cualquier incremento que puedan experimentar las percepciones del interesado, ya sea en concepto de revalorizaciones o por reconocimiento de nuevas prestaciones de carácter periódico.
e) Las pensiones de las Mutualidades integradas en el Fondo Especial de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado que, a 31 de diciembre de 2016, hubieran ya alcanzado las cuantías correspondientes al 31 de diciembre de 1973.
f) Las pensiones de las Mutualidades, Montepíos o Entidades de Previsión Social referidas en el artículo 41.Dos de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para 2016.
g) Las cuantías de los límites de ingresos para el reconocimiento de complementos económicos por mínimos y de las prestaciones familiares de la Seguridad Social.
h) Los importes mensuales de las ayudas sociales reconocidas en favor de las personas contaminadas por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (V.I.H.), establecidas en los párrafos b), c) y d) del artículo 2.1 del Real Decreto-ley 9/1993, de 28 de mayo; así como del subsidio de movilidad y compensación por gastos de transporte establecido en el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social, aplicado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de octubre.
i) La cuantía de las prestaciones económicas de gran invalidez del Régimen Especial de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y de las reconocidas al amparo de la Ley 3/2005, de 18 de marzo, a los ciudadanos de origen español desplazados al extranjero, durante su minoría de edad, como consecuencia de la guerra civil.
6. De acuerdo con lo establecido en la disposición adicional sexta, punto Uno, del texto refundido de la Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 de junio, las pensiones de las Mutualidades integradas en el Fondo Especial de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, cuando hubieran sido causadas con posterioridad a 31 de diciembre de 2011, experimentarán el 1 de enero del año 2017 una reducción, respecto de los importes percibidos en 31 de diciembre de 2016, del 20 por 100 de la diferencia entre la cuantía correspondiente a 31 de diciembre de 1978, o tratándose del Montepío de Funcionarios de la Organización Sindical, a 31 de diciembre de 1977, y la que correspondería en 31 de diciembre de 1973.
7. A efectos de lo dispuesto en este artículo, las cuantías de las pensiones y prestaciones públicas aplicables en 2017 serán las que figuran en los Anexos I y II de este real decreto.
Disposición final primera. Título competencial.
Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.17.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de régimen económico de la Seguridad Social.
Disposición final segunda. Habilitación normativa.
Se autoriza al Ministro de Hacienda y Función Pública y a la Ministra de Empleo y Seguridad Social, en el ámbito de sus competencias, para dictar las disposiciones de carácter general que resulten necesarias para el desarrollo y ejecución de este real decreto.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día 1 de enero de 2017.
Dado en Madrid, el 30 de diciembre de 2016.
FELIPE R.
La Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales,
SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN
ANEXO I
Cuantías de pensiones y prestaciones públicas aplicables en 2017
I. Complementos por mínimos
1. Cuantías mínimas de las pensiones de la modalidad contributiva del Sistema de la Seguridad Social para el año 2017:
Clase de pensión
Titulares
Con cónyuge a cargo
–
Euros/año
Sin cónyuge: unidad económica unipersonal
–
Euros/año
Con cónyuge no a cargo
–
Euros/año
Jubilación
Titular con sesenta y cinco años
11.016,60
8.927,80
8.471,40
Titular menor de sesenta y cinco años
10.326,40
8.351,00
7.893,20
Titular con sesenta y cinco años procedente de gran invalidez
16.525,60
13.392,40
12.707,80
Incapacidad Permanente
Gran invalidez
16.525,60
13.392,40
12.707,80
Absoluta
11.016,60
8.927,80
8.471,40
Total: Titular con sesenta y cinco años
11.016,60
8.927,80
8.471,40
Total: Titular con edad entre sesenta y sesenta y cuatro años
10.326,40
8.351,00
7.893,20
Total: Derivada de enfermedad común menor de sesenta años
5.552,40
5.552,40
5.448,94
Parcial del régimen de accidentes de trabajo:
Titular con sesenta y cinco años
11.016,60
8.927,80
8.471,40
Viudedad
Titular con cargas familiares
10.326,40
Titular con sesenta y cinco años o con discapacidad en grado igual o superior al 65 por 100
8.927,80
Titular con edad entre sesenta y sesenta y cuatro años
8.351,00
Titular con menos de sesenta años
6.760,60
Clase de pensión
Euros/año
Orfandad
Por beneficiario
2.727,20
En la orfandad absoluta el mínimo se incrementará en euros/año distribuidos, en su caso, entre los beneficiarios
6.760,60
Por beneficiario discapacitado menor de 18 años con una discapacidad en grado igual o superior al 65 por 100
5.367,60
En favor de familiares
Por beneficiario
2.727,20
Si no existe viudo ni huérfano pensionistas:
Un solo beneficiario con sesenta y cinco años
6.592,60
Un solo beneficiario menor de sesenta y cinco años
6.211,80
Varios beneficiarios: El mínimo asignado a cada uno de ellos se incrementará en el importe que resulte de prorratear euros/año entre el número de beneficiarios
4.033,40
Límite de ingresos para el reconocimiento de complementos económicos por mínimos:
– En 2017:
• Sin cónyuge a cargo: 7.116,18 euros/año.
• Con cónyuge a cargo: 8.301,10 euros/año.
2. Cuantías mínimas de las pensiones de Clases Pasivas para el año 2017:
A
Pensión mínima mensual
–
Euros
B
Ingresos anuales máximos
–
Euros
Pensión de jubilación o retiro cuando existe cónyuge a cargo del titular.
786,90
18.132,78
Pensión de jubilación o retiro sin cónyuge: Unidad económica unipersonal.
637,70
16.043,98
Pensión de jubilación o retiro con cónyuge no a cargo.
605,10
15.587,58
Pensión de viudedad.
637,70
16.043,98
Pensión o pensiones en favor de otros familiares, siendo «n» el número de beneficiarios de la pensión o pensiones.
621,60
n
7.116,18 + 8.702,40
n
En el supuesto de pensión o pensiones en favor de otros familiares que fueran percibidas por varios beneficiarios, la cifra resultante de la columna A del cuadro anterior no será inferior a 194,80 euros mensuales, respecto de cada uno de aquellos beneficiarios cuyos ingresos anuales no superen a los que figuran en la columna B. No obstante, cuando alguno de los beneficiarios sea huérfano discapacitado menor de 18 años con una discapacidad en grado igual o superior al 65 por ciento, la cuantía mínima a reconocer a dicho huérfano será de 383,40 euros mensuales, siempre que cumpla el requisito de límite de ingresos citado.
Límite de ingresos para el reconocimiento de complementos económicos para mínimos:
En 2017: 7.116,18 euros/año.
II. Cuantías de otras pensiones y prestaciones públicas
1. Límite máximo de percepción de pensión pública: 2.573,70 euros/mes o 36.031,80 euros/año.
2. Pensiones del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI):
– Pensiones del SOVI no concurrentes: 5.713,40 euros/año.
– Pensiones del SOVI concurrentes con pensiones de viudedad de alguno de los regímenes del sistema de la Seguridad Social o con alguna de estas pensiones y, además, con cualquier otra pensión pública de viudedad: 5.546,80 euros/año.
3. Pensiones de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva: 5.164,60 euros/año.
– Complemento de pensión para el alquiler de vivienda: 525 euros anuales.
4. Prestaciones familiares de la Seguridad Social:
– Asignación económica por hijo o menor a cargo sin discapacidad: 291,00 euros/año.
– Asignación económica por hijo o menor a cargo con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento: 1.000,00 euros/año.
– Asignación económica por hijo a cargo mayor de 18 años con discapacidad:
• Con un grado de discapacidad igual o superior al 65 por ciento: 4.426,80 euros/año.
• Con un grado de discapacidad igual o superior al 75 por ciento y necesitado del concurso de otra persona para la realización de los actos esenciales de la vida: 6.640,80 euros/año.
– Prestación por nacimiento o adopción de hijo, en supuestos de familias numerosas, monoparentales y de madres con discapacidad establecida en el artículo 357 y cuya cuantía se recoge en el artículo 358 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social: 1.000,00 euros.
– Límite de ingresos para el reconocimiento de las prestaciones familiares de la Seguridad Social por hijo o menor a cargo:
• Cuantía a la que se refiere el párrafo primero del artículo 352.1.c) del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (hijos o menor a cargo sin discapacidad): 11.576,83 euros/año.
• Cuantía a la que se refiere el párrafo segundo del artículo 352.1.c) del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (familia numerosa): 17.423,84 euros/año, incrementándose en 2.822,18 euros por cada hijo a cargo a partir del cuarto, éste incluido.
5. Subsidios económicos del texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre:
– Subsidio de garantía de ingresos mínimos: 149,86 euros/mes.
– Subsidio por ayuda de tercera persona: 58,45 euros/mes.
– Subsidio de movilidad y compensación por gastos de transporte: 63,30 euros/mes.
6. Pensiones asistenciales de la Ley 45/1960, de 21 de julio, y Real Decreto 2620/1981, de 24 de julio: 149,86 euros/mes.
7. Cuantía de las ayudas sociales reconocidas a los afectados por el VIH al amparo del Real Decreto-Ley 9/1993, de 28 de mayo: 611,70 euros/mes.
8. Cuantía de la prestación económica establecida por la Ley 3/2005, de 18 de marzo: 7.183,29 euros/año.
ANEXO II
Haberes reguladores de las pensiones de Clases Pasivas y cuantías aplicables a las pensiones especiales de guerra
I. Haberes reguladores para la determinación inicial de las pensiones del Régimen de Clases Pasivas del Estado.
1. Haberes reguladores para la determinación inicial de las pensiones señaladas al amparo del título I del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado.
a) Haberes reguladores para el personal ingresado en algún cuerpo, escala, plaza, empleo o categoría administrativa con posterioridad a 1 de enero de 1985:
Grupo / Subgrupo EBEP
Haber regulador
–
Euros/año
A1
40.460,17
A2
31.843,17
B
27.883,86
C1
24.456,10
C2
19.348,83
E (Ley 30/84) y Agrupaciones profesionales (EBEP).
16.496,42
b) Haberes reguladores para el personal ingresado con anterioridad a 1 de enero de 1985:
ADMINISTRACIÓN CIVIL Y MILITAR DEL ESTADO
Índice de proporcionalidad
Haber regulador
–
Euros/año
10
40.460,17
8
31.843,17
6
24.456,10
4
19.348,83
3
16.496,42
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Índice multiplicador
Haber regulador
–
Euros/año
4,75
40.460,17
4,50
40.460,17
4,00
40.460,17
3,50
40.460,17
3,25
40.460,17
3,00
40.460,17
2,50
40.460,17
2,25
31.843,17
2,00
27.883,86
1,50
19.348,83
1,25
16.496,42
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Cuerpo
Haber regulador
–
Euros/año
Secretario General
40.460,17
De Letrados
40.460,17
Gerente
40.460,17
CORTES GENERALES
Cuerpo
Haber regulador
–
Euros/año
De Letrados
40.460,17
De Archiveros-Bibliotecarios
40.460,17
De Asesores Facultativos
40.460,17
De Redactores, Taquígrafos y Estenotipistas
40.460,17
Técnico-Administrativo
40.460,17
Administrativo
24.456,10
De Ujieres
19.348,83
2. Haberes reguladores para la determinación inicial de las pensiones señaladas al amparo del título II del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado.
Haberes reguladores
ADMINISTRACIÓN CIVIL Y MILITAR DEL ESTADO
Índice de proporcionalidad
Grado
Grado especial
Importe por concepto
de sueldo y grado en
cómputo anual
–
Euros
10 (5,5)
8
27.123,49
10 (5,5)
7
26.378,04
10 (5,5)
6
25.632,63
10 (5,5)
3
23.396,30
10
5
23.015,68
10
4
22.270,28
10
3
21.524,86
10
2
20.779,37
10
1
20.033,94
8
6
19.354,39
8
5
18.758,17
8
4
18.161,91
8
3
17.565,65
8
2
16.969,42
8
1
16.373,15
6
5
14.744,50
6
4
14.297,45
6
3
13.850,46
6
2
13.403,37
6
1
(12 por 100)
14.457,44
6
1
12.956,31
4
3
10.910,21
4
2
(24 por 100)
13.018,58
4
2
10.612,11
4
1
(12 por 100)
11.518,31
4
1
10.313,98
3
3
9.420,22
3
2
9.196,66
3
1
8.973,15
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Índice multiplicador
Importe por concepto
de sueldo en
cómputo anual
–
Euros
4,75
44.293,43
4,50
41.962,18
4,00
37.299,70
3,50
32.637,24
3,25
30.306,03
3,00
27.974,78
2,50
23.312,32
2,25
20.981,08
2,00
18.649,87
1,50
13.987,39
1,25
11.656,17
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Cuerpo
Importe por concepto de sueldo en
cómputo anual
–
Euros
Secretario General
41.962,18
De Letrados
37.299,70
Gerente
37.299,70
CORTES GENERALES
Cuerpo
Importe por concepto de sueldo en cómputo anual
–
Euros
De Letrados
24.410,37
De Archiveros-Bibliotecarios
24.410,37
De Asesores Facultativos
24.410,37
De Redactores, Taquígrafos y Estenotipistas
22.416,37
Técnico-Administrativo
22.416,37
Administrativo
13.499,94
De Ujieres
10.678,60
Trienios
ADMINISTRACIÓN CIVIL Y MILITAR DEL ESTADO
Índice de proporcionalidad
Valor unitario del trienio en cómputo anual
–
Euros
10
876,22
8
700,99
6
525,70
4
350,51
3
262,87
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Índice multiplicador
Valor unitario del trienio en cómputo anual
–
Euros
3,50
1.631,85
3,25
1.515,31
3,00
1.398,74
2,50
1.165,60
2,25
1.050,49
2,00
932,51
1,50
699,37
1,25
582,82
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Cuerpo
Haber regulador
–
Euros/año
Secretario General
1.631,85
De Letrados
1.631,85
Gerente
1.631,85
CORTES GENERALES
Cuerpo
Valor unitario del trienio en cómputo anual
–
Euros
De Letrados
998,09
De Archiveros-Bibliotecarios
998,09
De Asesores Facultativos
998,09
De Redactores, Taquígrafos y Estenotipistas
998,09
Técnico-Administrativo
998,09
Administrativo
598,87
De Ujieres
399,22
II. Cuantías aplicables para la determinación inicial de las pensiones especiales de guerra
Clase
Importe referido a 12 mensualidades
Pensión de mutilación reconocida al amparo de la Ley 35/1980
4.999,62 euros
Suma de remuneraciones básica, sustitutoria de trienios y suplementaria en compensación de retribuciones no percibidas de la Ley 35/1980
13.483,85 euros
Retribución básica reconocida al amparo de la Ley 6/1982
9.438,69 euros
Pensiones reconocidas al amparo del Decreto 670/1976
5.990,17 euros
La cuantía de las pensiones de orfandad en favor de huérfanos no incapacitados causadas por personal no funcionario al amparo de las Leyes 5/1979, de 18 de septiembre, y 35/1980, de 26 de junio, será de 1.838,08 euros anuales, referido a doce mensualidades.
|
Decreto ⬆️ pensiones 0,25%: Excepto ayudas movilidad discapacitados, VIH, límites ingresos complemento mínimos… #BOE
|
[
"116",
"125"
] |
OTROS_ANUNCIOS
|
Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales
|
Decreto para subir las pensiones un 0,25%. Excepto para pensionistas con ayudas movilidad discapacitados, V.I.H., límites ingresos complemento mínimos.
|
CORRECCIÓN de errores
en BOE núm. 57 de 8 de marzo de 2017
CORRECCIÓN de errores
en BOE núm. 40 de 16 de febrero de 2017
|
[
"420",
"862",
"5541",
"6518"
] | 3,320
|
2013-07-09
|
DE CONFORMIDAD con
el art. 34 del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre
CITA
Instrucción de 2 de octubre de 2012
CITA
Instrucción de 26 de julio de 2007
|
BOE-A-2013-12429
|
Instrucción de 5 de julio de 2013, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre determinados aspectos del plan intensivo de tramitación de los expedientes de adquisición de la nacionalidad española por residencia.
|
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<anterior orden='3060' referencia='BOE-A-2009-18358'>
<palabra codigo='440'>DE CONFORMIDAD con</palabra>
<texto>el art. 34 del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre</texto>
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<anterior orden='5020' referencia='BOE-A-2012-12808'>
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<texto>Instrucción de 2 de octubre de 2012</texto>
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<palabra codigo='330'>CITA</palabra>
<texto>Instrucción de 26 de julio de 2007</texto>
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</referencias>
</analisis>
<texto>
<p class='parrafo_2'>La Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 26 de julio de 2007 (BOE de 8 de agosto de 2007), sobre tramitación de las solicitudes de adquisición de la nacionalidad española por residencia, se dictó con la finalidad de «mejorar y unificar la conformación del expediente de adquisición de la nacionalidad por residencia, agilizar su tramitación, facilitarlo a los ciudadanos y velar por los derechos de los menores cuando sean los interesados en el procedimiento». En este marco de objetivos, se pretendió «recordar la importancia que la inmediación del Encargado del Registro Civil tiene el examen del grado de integración de extranjero en la sociedad española».</p>
<p class='parrafo'>Con las finalidades expuestas, la Instrucción citada dictó reglas relativas a la documentación que debe aportar el interesado, incluido el control de autenticidad, la ordenación del expediente, la instrucción de los expedientes en que intervengan menores de edad y la actuación del Ministerio Fiscal. Incidió asimismo en la importancia de la valoración del grado de integración del extranjero en la sociedad española a través de la entrevista personal con el Encargado del Registro Civil.</p>
<p class='parrafo'>Posteriormente, la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 2 de octubre de 2012 (BOE de 13 de octubre de 2012), sobre determinados aspectos del plan intensivo de tramitación de los expedientes de adquisición de la nacionalidad española por residencia, dictó, tras el Acuerdo de encomienda de gestión de fecha 25 de junio suscrita por el Ministro de Justicia con el Colegio de Registradores, para la realización material por los Registradores de actos de tramitación de los expedientes de concesión de nacionalidad por residencia, las instrucciones necesarias para la remisión de los expedientes de nacionalidad por residencia y documentos complementarios de los mismos directamente desde los Registros Civiles al Centro de Digitalización habilitado al efecto por el Colegio de Registradores, así como las precisas para operar con los expedientes digitalizados y convertidos en copia electrónica.</p>
<p class='parrafo'>Como se indicaba en la última Instrucción citada, «la utilización de sistemas electrónicos de comunicaciones, y la remisión de oficios y resoluciones por estos medios está en plena consonancia con la Ley 11/2007, de 22 de junio antes citada, la cual, en el número 7 del artículo 27 impone la preferencia en el uso de medios electrónicos para las comunicaciones entre administraciones. El Real Decreto 1671/2009 de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, en su artículo 34 dispone que los órganos de la Administración General del Estado y sus organismos públicos deberán utilizar medios electrónicos para comunicarse entre ellos. Sólo con carácter excepcional se podrán utilizar otros medios de comunicación cuando no sea posible la utilización de medios electrónicos por causas justificadas de carácter técnico.»</p>
<p class='parrafo'>Habiendo avanzado el Plan Intensivo de Tramitación hasta su casi total ejecución, correspondía resolver los problemas que la gran cantidad de expedientes ya resueltos provoca a los Registros Civiles para gestionar y documentar los actos de Juramento o Promesa de obediencia al Rey y de cumplimiento de la Constitución y Leyes de España, para lo que el Ministro de Justicia suscribió con el Consejo General del Notariado un nuevo Acuerdo de encomienda de gestión el 2 de abril de 2013, por el que de conformidad y con cumplimiento de lo establecido en los artículos 23 del Código Civil, 16.4 de la Ley de Registro Civil y 220, 224, 226 y 228 del Reglamento del Registro Civil, se articula la comparecencia de los promotores de expedientes ante Notario para recoger mediante Acta dichos Juramentos o Promesas, ejecutando las actuaciones materiales precisas, esencialmente de carácter tecnológico, para que dicha actuación se realice en términos de eficiencia y coste del modo más ágil y adecuado, permitiendo la remisión telemática de las Actas a los Registros Civiles y recogiendo en dichos documentos la expresión de la identidad del compareciente, su jura o promesa así como, en su caso, la renuncia a la nacionalidad anterior, el establecimiento de la vecindad civil y la determinación del nombre y apellidos adaptados al castellano. Es importante destacar que la remisión por el Notario comprende tanto el documento electrónico en el que se refleja el Acta autorizada como los datos estructurados que forman parte de su contenido y que, tanto el documento como los referidos datos, son firmados con el certificado reconocido de firma electrónica del Notario, que garantiza, bajo su responsabilidad, la plena coincidencia y exactitud de unos y de otros.</p>
<p class='parrafo'>A la vista de todo ello, corresponde instruir a los Registros Civiles sobre cómo proceder para dar cumplimiento a las tareas encomendadas.</p>
<p class='parrafo'>Igualmente, con el fin de homogeneizar en la medida de lo posible la actuación de los Registros Civiles, debe también exponerse la forma de proceder respecto de las tareas derivadas de las competencias que el ordenamiento atribuye a los Registros Civiles, para lo que, sin perjuicio de las facultades organizativas que corresponden al Encargado y al Secretario, esta Dirección General ha considerado oportuno hacer extensivas a todos los Registros Civiles algunas pautas de actuación para hacer más ágil la conclusión de los trámites que corresponden a la fase registral a desarrollar tras el acto de Juramento o Promesa. Tales pautas, en cuya descripción se ha contado con la colaboración del Consejo General del Poder Judicial, tienen como denominador común intentar evitar en dicha fase la presencia física del interesado en la oficina del Registro Civil, minimizando de este modo, dado el elevado número de expedientes a considerar, situaciones de masificación o colapso en algunas oficinas, fundamentalmente mediante los necesarios cambios en la aplicación INFOREG para permitir la recepción automatizada de las Actas de Juramento o Promesa autorizadas por los Notarios y de los datos de preinscripción que permitan a los Encargados validar los mismos e inscribir con mayores facilidades, como a la expedición automatizada y remisión telemática de las certificaciones de nacimiento y nacionalidad que los promotores precisan para gestionar la expedición de DNI y Pasaportes españoles ante los equipos de la Dirección General de la Policía.</p>
<p class='parrafo'>Todo ello se entiende sin perjuicio de la posibilidad del interesado de realizar el acto de Jura o Promesa ante el Encargado del Registro Civil competente, en la misma forma que hasta ahora se ha venido realizando, posibilidad que se mantiene y respecto de la que no se introduce modificación alguna.</p>
<p class='parrafo'>Por lo que antecede, y con la voluntad de mejorar el servicio a los ciudadanos, esta Dirección General ha acordado, en uso de las facultades que tiene atribuidas (cfr. arts 9 de la LRC y 41 del RRC), dictar las siguientes instrucciones:</p>
<p class='parrafo_2'>1. Dentro del Acuerdo de Encomienda de gestión del Ministerio de Justicia al Consejo General del Notariado firmado el 2 de abril de 2013, se ha previsto que los promotores de expedientes a los que se haya resuelto conceder la nacionalidad española puedan acudir al Notario de su elección para que de forma gratuita proceda a autorizar un Acta recogiendo sus manifestaciones sobre Jura o Promesa; y el acceso por el Notario a los datos y documentos precisos para la recepción de la Jura o Promesa, especialmente a los datos identificativos del expediente y de su promotor, así como a la Resolución de Concesión.</p>
<p class='parrafo'>2. Los Notarios, tras la recepción de la declaración de Jura o Promesa por el promotor, y de las manifestaciones sobre renuncia a la nacionalidad anterior, vecindad civil y adaptación del nombre y apellidos, en su caso, levantan Acta de todo ello conforme al artículo 208 del Reglamento Notarial, haciendo constar los datos que se indican en el anexo I de la presente Instrucción, formando un documento electrónico en el que se recogen, tanto los datos estructurados como una copia electrónica del acta –expedida de conformidad con el artículo 17 bis.3 de la Ley del Notariado–, todo ello autorizado con su certificado de firma electrónica reconocida. El Notario garantiza, bajo su responsabilidad, la plena coincidencia y exactitud entre los datos estructurados remitidos y los contenidos en el Acta autorizada.</p>
<p class='parrafo'>3. En el caso de promotores menores de edad que sean mayores de 14 años, para el otorgamiento del Acta notarial o para la declaración formulada ante el Encargado del Registro Civil, se requerirá la comparecencia del promotor, acompañado de sus padres o representantes legales, debiendo contener el Acta o declaración las mismas manifestaciones que en el caso de promotores mayores de edad. Si se trata de promotores menores de 14 años bastará la comparecencia de los padres o representantes legales y no será necesario que el Acta notarial o la declaración formulada ante el Encargado del Registro Civil incluya el Juramento o Promesa de fidelidad y obediencia ni de renuncia, en su caso, a la nacionalidad anterior, bastando la manifestación de que aceptan en nombre del menor la nacionalidad concedida, que solicitan la inscripción en el Registro Civil, así como las manifestaciones que correspondan en materia de vecindad civil y adaptación a las normas españolas del nombre y apellidos del menor.</p>
<p class='parrafo'>4. Dichas actas y los datos correspondientes se almacenan dentro del expediente electrónico correspondiente y se remiten telemáticamente a la Dirección General de los Registros y del Notariado, para su remisión por la misma a la aplicación INFOREG, vía web services. Desde dicha aplicación, en cada caso se remite a la bandeja de entrada en INFOREG del Registro Civil competente en el que hayan de practicarse las inscripciones de nacimiento, en su caso, y las marginales de nacionalidad.</p>
<p class='parrafo'>5. Los Registros Civiles recibirán, a través de la bandeja de entrada de la aplicación INFOREG, las Actas de Juramento o Promesa con los datos de preinscripción precisos para la práctica de las inscripciones de nacimiento, en su caso, y las marginales de nacionalidad.</p>
<p class='parrafo'>6. La aplicación INFOREG, una vez practicadas las citadas inscripciones y notas marginales, remitirá de forma automatizada una certificación de nacimiento y nacionalidad, al objeto de ponerla a disposición del promotor del expediente para gestionar la expedición de DNI y Pasaporte españoles. Dicha remisión se realizará a la dirección de correo electrónico que, en su caso, haya sido facilitada por el promotor en el Acta notarial de Juramento o Promesa. En todo caso, la certificación estará disponible para su consulta y descarga en la Sede Electrónica del Ministerio de Justicia en el servicio «¿Cómo va lo mío?» y en el de Consulta Telemática de expedientes de nacionalidad española por residencia mediante Código Seguro de Verificación en la dirección siguiente: https://sede.mjusticia.gob.es/eConsultas/VerifNacionalidad.do</p>
<p class='parrafo'>7. Respecto a la tramitación del expediente en el Registro Civil competente, así como respecto de los casos en que el promotor realice el acto de Juramento o Promesa mediante declaración ante el Encargado del Registro Civil, permanecen en plena vigencia las Instrucciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 26 de julio de 2007 y de 2 de octubre de 2012, sobre tramitación de las solicitudes de adquisición de la nacionalidad española por residencia y sobre determinados aspectos del Plan Intensivo de Tramitación, respectivamente.</p>
<p class='parrafo'>8. Cuando para la práctica de la inscripción y nota marginal el Encargado del Registro Civil observe la falta de algunos de los documentos precisos o la existencia de errores en las copias electrónicas auténticas que se hayan remitido a través de INFOREG, a través de dicha herramienta lo comunicará a la Dirección General de los Registros y del Notariado.</p>
<p class='parrafo'>9. Cuando a la vista de todos los documentos electrónicos recibidos proceda practicar la inscripción, la misma se efectuará a la vista de la imagen digitalizada del certificado de nacimiento del interesado, extraída del expediente digitalizado y firmado electrónicamente, la Resolución positiva de concesión de la nacionalidad firmada electrónicamente por el Director General y el Acta de Juramento o Promesa autorizada por el Notario con su firma electrónica, o efectuada mediante declaración ante el Encargado del Registro Civil, sin que en ningún caso sea necesaria la remisión en papel de los citados documentos. Igualmente, para facilitar la práctica de la inscripción, desde la aplicación informática de gestión de tramitación de los expedientes de nacionalidad por residencia se cargarán, en la herramienta INFOREG, en forma de preinscripción aquellos datos obrantes en la aplicación que puedan ser requeridos para la práctica de las correspondientes inscripciones, una vez hubiera recaído resolución favorable a la concesión.</p>
<p class='parrafo_2'>Madrid, 5 de julio de 2013.–El Director General de los Registros y del Notariado, Joaquín Rodríguez Hernández.</p>
<p class='anexo_num'>ANEXO I</p>
<p class='anexo_tit'>Modelo de acta de juramento o promesa</p>
<p class='centro_cursiva'>Datos que han de constar en el acta de juramento o promesa de obediencia al Rey y acatamiento de la Constitución y Leyes de España a efectos de la concesión de la nacionalidad española</p>
<p class='parrafo_2'>En ........................................, a ...... de ............................... de dos mil ...................</p>
<p class='parrafo_2'>COMPARECE quien acredita ser y llamarse ................................................................., nacido el día .......... de ................................ de 19 ......., en ................................................, hijo de ................................, y de ................................, de estado ..............................., vecino/a de ................................................, con domicilio en .............................................., calle ........................................................., y tarjeta de residencia n.º .................................Tlfno.: ......................................y dirección de correo electrónico ........................................</p>
<p class='parrafo_2'>MANIFIESTA: Que le ha sido notificada la resolución dictada por la D.G.R.N de fecha de..........................de............, por la que se concede al/ a la compareciente la nacionalidad española por razón de ....................... y ello en virtud del Expediente tramitado en este Registro Civil con el n.º ................... mostrando su conformidad con lo acordado. En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 23 del Código Civil y 224 del R.R.C, el/la compareciente EXPRESA:</p>
<p class='parrafo_2'>1.º Que ...................... fidelidad a S.M., el Rey de España.</p>
<p class='parrafo'>2.º Que ...................... acatar la Constitución Española y obediencia a las Leyes Españolas.</p>
<p class='parrafo'>3.º Que............. renuncia a su nacionalidad .......................</p>
<p class='parrafo'>4.º Que opta por la vecindad civil .......................</p>
<p class='parrafo_2'>En lo sucesivo desea que su nombre propio sea el de ....................... y sus apellidos, como primero ....................... y como segundo ........................</p>
<p class='parrafo_2'>Igualmente y de conformidad con lo establecido en el artículo 16, apartado 4.º de la Ley del Registro Civil, el/la compareciente solicita que se extienda la inscripción de su nacimiento, con nota al margen de su nacionalidad española, en el Registro Civil de ....................... y se le expida una certificación literal de nacimiento para la obtención del DNI y Pasaporte españoles.</p>
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</documento>
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Tue Jul 09 07:09:59 +0000 2013
|
La Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 26 de julio de 2007 (BOE de 8 de agosto de 2007), sobre tramitación de las solicitudes de adquisición de la nacionalidad española por residencia, se dictó con la finalidad de «mejorar y unificar la conformación del expediente de adquisición de la nacionalidad por residencia, agilizar su tramitación, facilitarlo a los ciudadanos y velar por los derechos de los menores cuando sean los interesados en el procedimiento». En este marco de objetivos, se pretendió «recordar la importancia que la inmediación del Encargado del Registro Civil tiene el examen del grado de integración de extranjero en la sociedad española».
Con las finalidades expuestas, la Instrucción citada dictó reglas relativas a la documentación que debe aportar el interesado, incluido el control de autenticidad, la ordenación del expediente, la instrucción de los expedientes en que intervengan menores de edad y la actuación del Ministerio Fiscal. Incidió asimismo en la importancia de la valoración del grado de integración del extranjero en la sociedad española a través de la entrevista personal con el Encargado del Registro Civil.
Posteriormente, la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 2 de octubre de 2012 (BOE de 13 de octubre de 2012), sobre determinados aspectos del plan intensivo de tramitación de los expedientes de adquisición de la nacionalidad española por residencia, dictó, tras el Acuerdo de encomienda de gestión de fecha 25 de junio suscrita por el Ministro de Justicia con el Colegio de Registradores, para la realización material por los Registradores de actos de tramitación de los expedientes de concesión de nacionalidad por residencia, las instrucciones necesarias para la remisión de los expedientes de nacionalidad por residencia y documentos complementarios de los mismos directamente desde los Registros Civiles al Centro de Digitalización habilitado al efecto por el Colegio de Registradores, así como las precisas para operar con los expedientes digitalizados y convertidos en copia electrónica.
Como se indicaba en la última Instrucción citada, «la utilización de sistemas electrónicos de comunicaciones, y la remisión de oficios y resoluciones por estos medios está en plena consonancia con la Ley 11/2007, de 22 de junio antes citada, la cual, en el número 7 del artículo 27 impone la preferencia en el uso de medios electrónicos para las comunicaciones entre administraciones. El Real Decreto 1671/2009 de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, en su artículo 34 dispone que los órganos de la Administración General del Estado y sus organismos públicos deberán utilizar medios electrónicos para comunicarse entre ellos. Sólo con carácter excepcional se podrán utilizar otros medios de comunicación cuando no sea posible la utilización de medios electrónicos por causas justificadas de carácter técnico.»
Habiendo avanzado el Plan Intensivo de Tramitación hasta su casi total ejecución, correspondía resolver los problemas que la gran cantidad de expedientes ya resueltos provoca a los Registros Civiles para gestionar y documentar los actos de Juramento o Promesa de obediencia al Rey y de cumplimiento de la Constitución y Leyes de España, para lo que el Ministro de Justicia suscribió con el Consejo General del Notariado un nuevo Acuerdo de encomienda de gestión el 2 de abril de 2013, por el que de conformidad y con cumplimiento de lo establecido en los artículos 23 del Código Civil, 16.4 de la Ley de Registro Civil y 220, 224, 226 y 228 del Reglamento del Registro Civil, se articula la comparecencia de los promotores de expedientes ante Notario para recoger mediante Acta dichos Juramentos o Promesas, ejecutando las actuaciones materiales precisas, esencialmente de carácter tecnológico, para que dicha actuación se realice en términos de eficiencia y coste del modo más ágil y adecuado, permitiendo la remisión telemática de las Actas a los Registros Civiles y recogiendo en dichos documentos la expresión de la identidad del compareciente, su jura o promesa así como, en su caso, la renuncia a la nacionalidad anterior, el establecimiento de la vecindad civil y la determinación del nombre y apellidos adaptados al castellano. Es importante destacar que la remisión por el Notario comprende tanto el documento electrónico en el que se refleja el Acta autorizada como los datos estructurados que forman parte de su contenido y que, tanto el documento como los referidos datos, son firmados con el certificado reconocido de firma electrónica del Notario, que garantiza, bajo su responsabilidad, la plena coincidencia y exactitud de unos y de otros.
A la vista de todo ello, corresponde instruir a los Registros Civiles sobre cómo proceder para dar cumplimiento a las tareas encomendadas.
Igualmente, con el fin de homogeneizar en la medida de lo posible la actuación de los Registros Civiles, debe también exponerse la forma de proceder respecto de las tareas derivadas de las competencias que el ordenamiento atribuye a los Registros Civiles, para lo que, sin perjuicio de las facultades organizativas que corresponden al Encargado y al Secretario, esta Dirección General ha considerado oportuno hacer extensivas a todos los Registros Civiles algunas pautas de actuación para hacer más ágil la conclusión de los trámites que corresponden a la fase registral a desarrollar tras el acto de Juramento o Promesa. Tales pautas, en cuya descripción se ha contado con la colaboración del Consejo General del Poder Judicial, tienen como denominador común intentar evitar en dicha fase la presencia física del interesado en la oficina del Registro Civil, minimizando de este modo, dado el elevado número de expedientes a considerar, situaciones de masificación o colapso en algunas oficinas, fundamentalmente mediante los necesarios cambios en la aplicación INFOREG para permitir la recepción automatizada de las Actas de Juramento o Promesa autorizadas por los Notarios y de los datos de preinscripción que permitan a los Encargados validar los mismos e inscribir con mayores facilidades, como a la expedición automatizada y remisión telemática de las certificaciones de nacimiento y nacionalidad que los promotores precisan para gestionar la expedición de DNI y Pasaportes españoles ante los equipos de la Dirección General de la Policía.
Todo ello se entiende sin perjuicio de la posibilidad del interesado de realizar el acto de Jura o Promesa ante el Encargado del Registro Civil competente, en la misma forma que hasta ahora se ha venido realizando, posibilidad que se mantiene y respecto de la que no se introduce modificación alguna.
Por lo que antecede, y con la voluntad de mejorar el servicio a los ciudadanos, esta Dirección General ha acordado, en uso de las facultades que tiene atribuidas (cfr. arts 9 de la LRC y 41 del RRC), dictar las siguientes instrucciones:
1. Dentro del Acuerdo de Encomienda de gestión del Ministerio de Justicia al Consejo General del Notariado firmado el 2 de abril de 2013, se ha previsto que los promotores de expedientes a los que se haya resuelto conceder la nacionalidad española puedan acudir al Notario de su elección para que de forma gratuita proceda a autorizar un Acta recogiendo sus manifestaciones sobre Jura o Promesa; y el acceso por el Notario a los datos y documentos precisos para la recepción de la Jura o Promesa, especialmente a los datos identificativos del expediente y de su promotor, así como a la Resolución de Concesión.
2. Los Notarios, tras la recepción de la declaración de Jura o Promesa por el promotor, y de las manifestaciones sobre renuncia a la nacionalidad anterior, vecindad civil y adaptación del nombre y apellidos, en su caso, levantan Acta de todo ello conforme al artículo 208 del Reglamento Notarial, haciendo constar los datos que se indican en el anexo I de la presente Instrucción, formando un documento electrónico en el que se recogen, tanto los datos estructurados como una copia electrónica del acta –expedida de conformidad con el artículo 17 bis.3 de la Ley del Notariado–, todo ello autorizado con su certificado de firma electrónica reconocida. El Notario garantiza, bajo su responsabilidad, la plena coincidencia y exactitud entre los datos estructurados remitidos y los contenidos en el Acta autorizada.
3. En el caso de promotores menores de edad que sean mayores de 14 años, para el otorgamiento del Acta notarial o para la declaración formulada ante el Encargado del Registro Civil, se requerirá la comparecencia del promotor, acompañado de sus padres o representantes legales, debiendo contener el Acta o declaración las mismas manifestaciones que en el caso de promotores mayores de edad. Si se trata de promotores menores de 14 años bastará la comparecencia de los padres o representantes legales y no será necesario que el Acta notarial o la declaración formulada ante el Encargado del Registro Civil incluya el Juramento o Promesa de fidelidad y obediencia ni de renuncia, en su caso, a la nacionalidad anterior, bastando la manifestación de que aceptan en nombre del menor la nacionalidad concedida, que solicitan la inscripción en el Registro Civil, así como las manifestaciones que correspondan en materia de vecindad civil y adaptación a las normas españolas del nombre y apellidos del menor.
4. Dichas actas y los datos correspondientes se almacenan dentro del expediente electrónico correspondiente y se remiten telemáticamente a la Dirección General de los Registros y del Notariado, para su remisión por la misma a la aplicación INFOREG, vía web services. Desde dicha aplicación, en cada caso se remite a la bandeja de entrada en INFOREG del Registro Civil competente en el que hayan de practicarse las inscripciones de nacimiento, en su caso, y las marginales de nacionalidad.
5. Los Registros Civiles recibirán, a través de la bandeja de entrada de la aplicación INFOREG, las Actas de Juramento o Promesa con los datos de preinscripción precisos para la práctica de las inscripciones de nacimiento, en su caso, y las marginales de nacionalidad.
6. La aplicación INFOREG, una vez practicadas las citadas inscripciones y notas marginales, remitirá de forma automatizada una certificación de nacimiento y nacionalidad, al objeto de ponerla a disposición del promotor del expediente para gestionar la expedición de DNI y Pasaporte españoles. Dicha remisión se realizará a la dirección de correo electrónico que, en su caso, haya sido facilitada por el promotor en el Acta notarial de Juramento o Promesa. En todo caso, la certificación estará disponible para su consulta y descarga en la Sede Electrónica del Ministerio de Justicia en el servicio «¿Cómo va lo mío?» y en el de Consulta Telemática de expedientes de nacionalidad española por residencia mediante Código Seguro de Verificación en la dirección siguiente: https://sede.mjusticia.gob.es/eConsultas/VerifNacionalidad.do
7. Respecto a la tramitación del expediente en el Registro Civil competente, así como respecto de los casos en que el promotor realice el acto de Juramento o Promesa mediante declaración ante el Encargado del Registro Civil, permanecen en plena vigencia las Instrucciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 26 de julio de 2007 y de 2 de octubre de 2012, sobre tramitación de las solicitudes de adquisición de la nacionalidad española por residencia y sobre determinados aspectos del Plan Intensivo de Tramitación, respectivamente.
8. Cuando para la práctica de la inscripción y nota marginal el Encargado del Registro Civil observe la falta de algunos de los documentos precisos o la existencia de errores en las copias electrónicas auténticas que se hayan remitido a través de INFOREG, a través de dicha herramienta lo comunicará a la Dirección General de los Registros y del Notariado.
9. Cuando a la vista de todos los documentos electrónicos recibidos proceda practicar la inscripción, la misma se efectuará a la vista de la imagen digitalizada del certificado de nacimiento del interesado, extraída del expediente digitalizado y firmado electrónicamente, la Resolución positiva de concesión de la nacionalidad firmada electrónicamente por el Director General y el Acta de Juramento o Promesa autorizada por el Notario con su firma electrónica, o efectuada mediante declaración ante el Encargado del Registro Civil, sin que en ningún caso sea necesaria la remisión en papel de los citados documentos. Igualmente, para facilitar la práctica de la inscripción, desde la aplicación informática de gestión de tramitación de los expedientes de nacionalidad por residencia se cargarán, en la herramienta INFOREG, en forma de preinscripción aquellos datos obrantes en la aplicación que puedan ser requeridos para la práctica de las correspondientes inscripciones, una vez hubiera recaído resolución favorable a la concesión.
Madrid, 5 de julio de 2013.–El Director General de los Registros y del Notariado, Joaquín Rodríguez Hernández.
ANEXO I
Modelo de acta de juramento o promesa
Datos que han de constar en el acta de juramento o promesa de obediencia al Rey y acatamiento de la Constitución y Leyes de España a efectos de la concesión de la nacionalidad española
En ........................................, a ...... de ............................... de dos mil ...................
COMPARECE quien acredita ser y llamarse ................................................................., nacido el día .......... de ................................ de 19 ......., en ................................................, hijo de ................................, y de ................................, de estado ..............................., vecino/a de ................................................, con domicilio en .............................................., calle ........................................................., y tarjeta de residencia n.º .................................Tlfno.: ......................................y dirección de correo electrónico ........................................
MANIFIESTA: Que le ha sido notificada la resolución dictada por la D.G.R.N de fecha de..........................de............, por la que se concede al/ a la compareciente la nacionalidad española por razón de ....................... y ello en virtud del Expediente tramitado en este Registro Civil con el n.º ................... mostrando su conformidad con lo acordado. En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 23 del Código Civil y 224 del R.R.C, el/la compareciente EXPRESA:
1.º Que ...................... fidelidad a S.M., el Rey de España.
2.º Que ...................... acatar la Constitución Española y obediencia a las Leyes Españolas.
3.º Que............. renuncia a su nacionalidad .......................
4.º Que opta por la vecindad civil .......................
En lo sucesivo desea que su nombre propio sea el de ....................... y sus apellidos, como primero ....................... y como segundo ........................
Igualmente y de conformidad con lo establecido en el artículo 16, apartado 4.º de la Ley del Registro Civil, el/la compareciente solicita que se extienda la inscripción de su nacimiento, con nota al margen de su nacionalidad española, en el Registro Civil de ....................... y se le expida una certificación literal de nacimiento para la obtención del DNI y Pasaporte españoles.
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Instrucción para la jura de nacionalidad ante notario, fidelidad al Rey y la Constitución #BOE #hayquetenerganas
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[
"109",
"110",
"135",
"121",
"130"
] |
NOMBRAMIENTOS_Y_CESES
|
Ministerio de Justicia
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Instrucción para la jura de nacionalidad ante notario, fidelidad al Rey y la Constitución.
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[
"3528",
"3807",
"5138",
"5168",
"7872",
"5703",
"5955",
"6211"
] | 3,321
|
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2020-04-10
|
DE CONFORMIDAD con
el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo
DE CONFORMIDAD con
el art. 4 de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego
DE CONFORMIDAD con
la disposición adicional 3 de la Ley 5/2011, de 29 de marzo
EN RELACIÓN con
el Reglamento publicado por Resolución de 13 de noviembre de 2018
EN RELACIÓN con
el Reglamento publicado por Resolución de 17 de mayo de 2018
EN RELACIÓN con
el Reglamento publicado por Resolución de 20 de noviembre de 2017
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BOE-B-2013-15866
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Resolución de 7 de abril de 2020, de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, por la que se publican diversas medidas que afectan a las actividades de juego de la ONCE, como consecuencia de la aprobación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
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<titulo>Resolución de 7 de abril de 2020, de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, por la que se publican diversas medidas que afectan a las actividades de juego de la ONCE, como consecuencia de la aprobación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.</titulo>
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<notas>
<nota codigo='151' orden='335'>Esta norma ha dejado de estar vigente</nota>
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<materias>
<materia codigo='1624' orden=''>Consumidores y usuarios</materia>
<materia codigo='3247' orden=''>Epidemias</materia>
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<materia codigo='4558' orden=''>Juego</materia>
<materia codigo='5321' orden=''>Organización Nacional de Ciegos</materia>
<materia codigo='5666' orden=''>Premios</materia>
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<alertas>
<alerta codigo='106' orden=''>Consumidores y usuarios</alerta>
<alerta codigo='107' orden=''>Cultura y ocio</alerta>
<alerta codigo='142' orden=''>Discapacidad</alerta>
<alerta codigo='124' orden=''>Sanidad</alerta>
</alertas>
<referencias>
<anteriores>
<anterior orden='3060' referencia='BOE-A-2020-3692'>
<palabra codigo='440'>DE CONFORMIDAD con</palabra>
<texto>el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo</texto>
</anterior>
<anterior orden='3060' referencia='BOE-A-2011-9280'>
<palabra codigo='440'>DE CONFORMIDAD con</palabra>
<texto>el art. 4 de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego</texto>
</anterior>
<anterior orden='3060' referencia='BOE-A-2011-5708'>
<palabra codigo='440'>DE CONFORMIDAD con</palabra>
<texto>la disposición adicional 3 de la Ley 5/2011, de 29 de marzo</texto>
</anterior>
<anterior orden='3070' referencia='BOE-A-2018-16947'>
<palabra codigo='331'>EN RELACIÓN con</palabra>
<texto>el Reglamento publicado por Resolución de 13 de noviembre de 2018</texto>
</anterior>
<anterior orden='3070' referencia='BOE-A-2018-8567'>
<palabra codigo='331'>EN RELACIÓN con</palabra>
<texto>el Reglamento publicado por Resolución de 17 de mayo de 2018</texto>
</anterior>
<anterior orden='3070' referencia='BOE-A-2017-15165'>
<palabra codigo='331'>EN RELACIÓN con</palabra>
<texto>el Reglamento publicado por Resolución de 20 de noviembre de 2017</texto>
</anterior>
</anteriores>
<posteriores>
<posterior orden='' referencia='BOE-A-2020-7701'>
<palabra codigo='210'>SE DEROGA</palabra>
<texto>, con los efectos indicados la Resolución 36/2020, de 19 de marzo y lo indicado de las Resoluciones 33/2020, de 15 de marzo, 34/2020, de 17 de marzo y 37/2020, de 20 de marzo, en BOE núm. 189, de 10 de julio de 2020</texto>
</posterior>
<posterior orden='' referencia='BOE-A-2020-6405'>
<palabra codigo='210'>SE DEROGA</palabra>
<texto>, en los términos señalados, la Resolución 39/2020, de 26 de marzo y lo indicado de las Resoluciones 33/2020, de 15 de marzo y 37/2020, de 20 de marzo, en BOE núm. 170, de 18 de junio de 2020.</texto>
</posterior>
</posteriores>
</referencias>
</analisis>
<texto>
<p class='parrafo'>Con base en lo establecido en la disposición adicional tercera de la Ley 5/2011, de 29 de marzo de Economía Social, que declara a la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) como organización singular de economía social, la ONCE es una Corporación de Derecho Público de carácter social; que se rige por su normativa específica propia y que, para la financiación de sus fines sociales, goza de un conjunto de autorizaciones públicas en materia de juego.</p>
<p class='parrafo'>Asimismo, de acuerdo con el artículo 4 de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, las loterías de ámbito estatal han quedado reservadas a los operadores que se designan por la propia ley, lo que se ha materializado en su disposición adicional primera, que designa a la ONCE como uno de los dos operadores que pueden comercializar productos de loterías de ámbito estatal.</p>
<p class='parrafo'>En esta materia, las actuaciones de la Organización deben ajustarse a las prescripciones del ordenamiento vigente, representado por la disposición adicional vigésima de la Ley 46/1985, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1986, modificada por la disposición adicional cuarta de la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del orden social; por las disposiciones adicionales primera y segunda de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego; por el Acuerdo General entre el Gobierno de la Nación y la ONCE en materia de cooperación, solidaridad y competitividad para la estabilidad de futuro de la ONCE para el período 2012-2021, aprobado por el Consejo de Ministros con fecha 18 de noviembre de 2011 y modificado mediante las Revisiones parciales aprobadas por el Consejo de Ministros el 25 de octubre de 2013, el 1 de agosto de 2014, el 10 de julio de 2015 y el 18 de diciembre de 2015; por el Real Decreto 1336/2005, de 11 de noviembre, por el que se autoriza a la ONCE la explotación de una lotería instantánea o presorteada, modificado por el Real Decreto 1706/2011, de 18 de noviembre y por el Real Decreto 1152/2015, de 18 de diciembre; y por el Real Decreto 358/1991, de 15 de marzo, de Reordenación de la ONCE, así como por sus vigentes Estatutos, publicados por Orden SCB/1240/2019, del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, de 18 de diciembre de 2019.</p>
<p class='parrafo'>De acuerdo a lo establecido en la normativa anterior, el Pleno del Consejo de Protectorado aprobó en su reunión de 26 de abril de 2016 los «Procedimientos y Criterios de control de la modalidad de lotería denominada «Cupón de la ONCE», y en su reunión de 17 de diciembre de 2018 los «Procedimientos y Criterios de Control comunes a las tres modalidades de lotería de las que es titular la ONCE», los «Procedimientos y Criterios de control de la modalidad de lotería denominada «Juego Activo de la ONCE» y los «Procedimientos y Criterios de control de la modalidad de lotería denominada «Lotería instantánea de boletos de la ONCE».</p>
<p class='parrafo'>Conforme al referido marco de ordenación, la ONCE debe comunicar con antelación suficiente las condiciones de todas sus modalidades de lotería autorizadas al Consejo de Protectorado, como órgano al que corresponde el Protectorado del Estado sobre la Organización, para su conocimiento y verificación de que se cumplen los términos de la concesión estatal y demás normativa de general aplicación, así como para su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» como garantía de los consumidores. Igualmente, la ONCE debe comunicar al Consejo de Protectorado las modificaciones de los Reglamentos reguladores de sus diferentes modalidades y productos de lotería, para su conocimiento y verificación de su conformidad a las normas de ordenación, antes mencionadas, procediendo a su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», como garantía de los consumidores.</p>
<p class='parrafo'>En cumplimiento de las anteriores previsiones, la Comisión Permanente del Consejo de Protectorado ha verificado en su reunión extraordinaria celebrada el 31 de marzo de 2020, que los siguientes Acuerdos de la Comisión Ejecutiva Permanente del Consejo General de la ONCE y Resoluciones del Director General de la ONCE, que se acompañan como anexos 1, 2, 3, 4 y 5 a la presente Resolución; se ajustan a la normativa particular y de general aplicación y a los procedimientos y criterios de control en vigor:</p>
<p class='parrafo_2'>– Acuerdo CEP.5/2020-2.5, de 18 de marzo, de la Comisión Ejecutiva Permanente del Consejo General de la ONCE, «Toma de conocimiento y ratificación de las medidas adoptadas en materia de juego en la Resolución n.º 33/2020, de 15 de marzo, del Director General como consecuencia de la aprobación del real decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el Estado de Alarma» (anexo 1).</p>
<p class='parrafo'>– Acuerdo CEP.5/2020-2.7, de 18 de marzo, de la Comisión Ejecutiva Permanente del Consejo General de la ONCE, «Toma de conocimiento y ratificación de la Resolución 34/2020 del Director General de la ONCE, sobre medidas complementarias en materia de juego a adoptar como consecuencia de la aprobación del real decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el Estado de Alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19» (anexo 2).</p>
<p class='parrafo'>– Resolución número 36/2020, de 19 de marzo, del Director General de la ONCE, «Sobre el establecimiento de un procedimiento excepcional y transitorio para la conformidad y aceptación telemática de las actas de escrutinio de los sorteos del producto «Eurojackpot» mientras persiste el Estado de Alarma ocasionado por el COVID-19», ratificada por la Comisión Ejecutiva Permanente del Consejo General de la ONCE mediante Acuerdo CEP.6(E)/2020-3.2, de 27 de marzo (anexo 3).</p>
<p class='parrafo'>– Resolución número 37/2020, de 20 de marzo, del Director General de la ONCE, «Sobre medidas complementarias en materia de Juego a adoptar como consecuencia de la aprobación del real decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el Estado de Alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19», ratificada por la Comisión Ejecutiva Permanente del Consejo General de la ONCE mediante Acuerdo CEP.6(E)/2020-3.2, de 27 de marzo (anexo 4).</p>
<p class='parrafo'>– Resolución número 39/2020, de 26 de marzo, del Director General de la ONCE, «Sobre la suspensión de las fechas de inicio de la comercialización y del primer sorteo del producto “Mi día” de la Modalidad de Lotería denominada “Juego Activo de la ONCE”», ratificada por la Comisión Ejecutiva Permanente del Consejo General de la ONCE mediante Acuerdo CEP.6(E)/2020-3.2, de 27 de marzo (anexo 5).</p>
<p class='parrafo_2'>En consecuencia, como garantía para los consumidores, procede dar publicidad a los mencionados Acuerdos y Resoluciones.</p>
<p class='parrafo_2'>Madrid, 7 de abril de 2020.–El Secretario de Estado de Derechos Sociales, Ignacio Álvarez Peralta.</p>
<p class='anexo_num'>ANEXO 1</p>
<p class='anexo_tit'>Acuerdo CEP.5/2020-2.5, de 18 de marzo, de la Comisión Ejecutiva Permanente del Consejo General de la ONCE, «Toma de conocimiento y ratificación de las medidas adoptadas en materia de juego en la Resolución n.º 33/2020, de 15 de marzo, del Director General como consecuencia de la aprobación del real decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el Estado de Alarma»</p>
<p class='parrafo_2'>…</p>
<p class='parrafo'>2.º Se acuerda tomar conocimiento y ratificar las siguientes medidas, adoptadas por el Director General de la ONCE en su Resolución 33/2020, de 15 de marzo, en materia de juego como consecuencia de la declaración del Estado de Alarma en todo el territorio del Estado Español mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo:</p>
<p class='parrafo_2'>a) Se suspende la venta de todos los productos de lotería de la ONCE, en cualquiera de sus tres modalidades, en todos los puntos de venta de carácter presencial, tanto agentes vendedores como establecimientos del Canal Físico Complementario. Dicha suspensión afecta también al servicio «Mis Números Preferidos» para usuarios de terminal punto de venta.</p>
<p class='parrafo'>b) Se suspende la comercialización de todos los productos de lotería de la ONCE por el canal internet en la página Web oficial de juego de la ONCE (www.juegosonce.es), con la excepción del producto de juego activo «Eurojackpot» y de los productos en soporte electrónico de la modalidad «Lotería Instantánea de boletos la ONCE». Esta suspensión afecta también al servicio «Mis Números Preferidos» y a las compras automáticas de los productos de juego activo «Super ONCE», «Triplex de la ONCE» y «7/39».</p>
<p class='parrafo'>c) Desde el lunes 16 de marzo de 2020, incluido, se suspende la celebración de los sorteos de todos los productos periódicos y extraordinarios de la modalidad de lotería denominada «Cupón de la ONCE».</p>
<p class='parrafo'>d) Desde el lunes 16 de marzo de 2020, incluido, se suspende la celebración de los sorteos de los productos de juego activo sorteados en España: «Triplex de la ONCE», «7/39» y «Super ONCE». Los sorteos del producto de juego activo «Eurojackpot» continuarán celebrándose en Helsinki, conforme dispone el Reglamento regulador de los productos de juego activo.</p>
<p class='parrafo'>e) Una vez finalice el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, la ONCE impartirá instrucciones sobre los cupones y boletos adquiridos en relación con los sorteos no celebrados.</p>
<p class='parrafo'>f) Como garantía de los consumidores y conforme a lo dispuesto en la disposición adicional cuarta del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, los plazos de caducidad para el cobro de premios y para la presentación de los recursos y reclamaciones establecidos en el Real Decreto 358/1991, de 15 de marzo, de reordenación de la ONCE y en los Reglamentos reguladores de las tres modalidades de lotería de las que es titular la ONCE quedan en suspenso durante el período que dure el estado de alarma. La ONCE comunicará oportunamente el día en que se levantará esta suspensión.</p>
<p class='parrafo'>g) Los premios se podrán seguir cobrando en aquellas sucursales de entidades de crédito colaboradoras que permanezcan abiertos.</p>
<p class='parrafo_2'>3.º Las medidas contempladas en el punto 2.º del presente acuerdo tendrá los siguientes efectos.</p>
<p class='parrafo_2'>– Las medidas contempladas en los apartados a), b) y f) desde la fecha de entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, es decir, desde el 14 de marzo de 2020, incluida dicha fecha.</p>
<p class='parrafo'>– Las medidas contempladas en los apartados c) y d) desde el día 16 de marzo, incluido.</p>
<p class='parrafo'>– El resto de medidas, desde el día 15 de marzo, incluido.</p>
<p class='parrafo_2'>4.º Remitir el presente acuerdo a la Comisión Permanente del Consejo de Protectorado para su toma de conocimiento».</p>
<p class='anexo_num'>ANEXO 2</p>
<p class='anexo_tit'>Acuerdo CEP.5/2020-2.7, de 18 de marzo, de la Comisión Ejecutiva Permanente del Consejo General de la ONCE, «Toma de conocimiento y ratificación de la Resolución 34/2020 del Director General de la ONCE»</p>
<p class='parrafo_2'>1.º El presente acuerdo se adopta en razón de la excepcional situación causada por la crisis del COVID-19 en la ONCE y en el marco del bloque de acuerdos aprobados por esta causa.</p>
<p class='parrafo'>2.º Se toma conocimiento y se ratifica en todos sus extremos la Resolución 34/2020 del Director General de la ONCE sobre medidas complementarias, en materia de juego, a adoptar como consecuencia de la aprobación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que se adjunta al presente acuerdo».</p>
<p class='parrafo'>3.º Trasladar el presente acuerdo a la Comisión Permanente del Consejo de Protectorado para su conocimiento y efectos oportunos.</p>
<p class='centro_redonda'>ANEXO AL ACUERDO 5/2020-2.7, de 18 de marzo</p>
<p class='centro_cursiva'>Resolución núm. 34/2020, del Director General de la ONCE, «Sobre medidas complementarias en materia de juego a adoptar como consecuencia de la aprobación del real decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el Estado de Alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19»</p>
<p class='parrafo_2'>1.º Mediante la Resolución núm. 33/2020, de 15 de marzo, se adoptaron diversas medidas en materia de juego como consecuencia de la aprobación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma por la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.</p>
<p class='parrafo'>2.º Entre dichas medidas estaba la suspensión de la comercialización y celebración de los sorteos de todos los productos periódicos y extraordinarios de la modalidad de lotería denominada «Cupón de la ONCE».</p>
<p class='parrafo'>3.º Como continuación de dicha Resolución núm. 33/2020 y, con objeto de ofrecer a los clientes de la ONCE y a los consumidores en general la máxima información posible en cada momento, se adoptan las siguientes medidas, complementarias a las incluidas en dicha Resolución:</p>
<p class='parrafo_2'>a) El Sorteo Extraordinario del Cupón del Día de Padre de la ONCE, cuya celebración estaba prevista para el próximo jueves 19 de marzo, se celebrará tan pronto como las circunstancias lo permitan, una vez que finalice el actual Estado de Alarma, siendo válidos todos los cupones que se hubieran adquirido con anterioridad a la mencionada suspensión de la comercialización de los productos de lotería de la ONCE. La ONCE comunicará la nueva fecha del sorteo tan pronto como se determine.</p>
<p class='parrafo'>b) Se suspende el inicio de la comercialización del Sorteo Extraordinario del Cupón del Día de la Madre, prevista para el día 20 de marzo.</p>
<p class='parrafo'>c) Todos los centros de la ONCE permanecerán cerrados para el público, por lo que no se podrá acudir a los mismos para el cobro de premios, pudiendo cobrarse los premios en las sucursales de entidades de crédito colaboradoras que permanezcan abiertas.</p>
<p class='parrafo_2'>4.º Publicar la presente Resolución en la Web oficial de la ONCE (www.once.es) y en Página Web oficial de juego de la ONCE (www.juegosonce.es).</p>
<p class='parrafo'>5.º Dar cuenta de esta Resolución de forma urgente a la Comisión Ejecutiva Permanente del Consejo General, para su conocimiento y para su traslado a la Comisión Permanente del Consejo de Protectorado».</p>
<p class='anexo_num'>ANEXO 3</p>
<p class='anexo_tit'>Resolución número 36/2020, de 19 de marzo, del Director General de la ONCE, «Sobre el establecimiento de un procedimiento excepcional y transitorio para la conformidad y aceptación telemática de las actas de escrutinio de los sorteos del producto «Eurojackpot» mientras persiste el Estado de Alarma ocasionado por el COVID-19», ratificada por la Comisión Ejecutiva Permanente del Consejo General de la ONCE mediante Acuerdo CEP.6(E)/2020-3.2, de 27 de marzo</p>
<p class='parrafo_2'>1.º Mediante Resolución núm. 33/2020, de 15 de marzo, del Director General, se adoptaron diversas medidas en materia de juego como consecuencia de la aprobación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma por la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.</p>
<p class='parrafo'>Entre tales medidas, está la suspensión de la comercialización y de la celebración de los sorteos de todos los productos de las modalidades de lotería de las que es titular la ONCE, excepto la comercialización en la página Web oficial de juego de la ONCE (www.juegosonce.es) del producto «Eurojackpot» (entre otros) y la celebración de los sorteos de este producto por realizarse en Helsinki, conforme dispone el Reglamento regulador de los productos de la modalidad de lotería denominada «Juego activo de la ONCE».</p>
<p class='parrafo'>2.º Según establece el artículo 12 del Apéndice 3 (Normas del producto «Eurojackpot») de dicho Reglamento, la ONCE constituirá una mesa de escrutinio que tendrá las siguientes funciones: a) comprobar que el número de apuestas vendidas por la ONCE que han resultado premiadas en cada una de las categorías según el Sistema Central de Juego de la ONCE coincide con los datos facilitados por los dos centros de control comunes; y b) elaborar el acta del escrutinio y la Lista Oficial de Premios del producto «Eurojackpot» que tendrá validez en España.</p>
<p class='parrafo'>3.º Por su parte, el artículo 17.3 del Reglamento establece que del escrutinio se obtendrá la Lista Oficial de Premios levantándose la correspondiente acta recogiendo los pormenores del escrutinio que será suscrita por el Presidente y el Interventor. En dicha acta constará: Nombre, cargo, número del documento nacional de identidad y firma de las personas que la suscriben; fecha, lugar y hora del escrutinio; recaudación obtenida, y Lista Oficial de Premios con el número de premios obtenido por cada categoría y su importe.</p>
<p class='parrafo'>4.º Ante la ausencia de presencia física de los empleados en las oficinas de la ONCE debido a la declaración del estado de alarma mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por la crisis sanitaria del COVID-19, resulta materialmente imposible que el Presidente y el Interventor de la Mesa del Escrutinio firmen de forma manuscrita las actas del escrutinio de los sorteos del producto «Eurojackpot». Por este motivo, se hace preciso adoptar con carácter urgente un procedimiento excepcional y transitorio que permita al Presidente e Interventor de la Mesa del Escrutinio conformar y aceptar de manera telemática dichas actas del escrutinio y guardar la debida constancia documental de dichas acciones.</p>
<p class='parrafo'>5.º A tal fin, con efectos desde el sorteo del «Eurojackpot» de 20 de marzo de 2020, inclusive, se autoriza a los miembros de la Mesa de Escrutinio del producto «Eurojackpot» a realizar la verificación de las actas mediante correo electrónico, siguiendo los procedimientos que a tal efecto determine la Dirección de Operaciones de Juego, y posponer la firma manuscrita de las actas del escrutinio de los sorteos del «Eurojackpot» hasta que ello sea posible.</p>
<p class='parrafo'>6.º Estas medidas se mantendrán en vigor hasta que finalice el estado de alarma declarado por Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, lo que se recogerá oportunamente en la correspondiente Resolución.</p>
<p class='parrafo'>7.º Publicar la presente Resolución en la página Web oficial de juego de la ONCE (www.juegosonce.es).</p>
<p class='parrafo'>8.º Dar cuenta de esta Resolución de forma urgente a la Comisión Ejecutiva Permanente del Consejo General, para su conocimiento y para su traslado a la Comisión Permanente del Consejo de Protectorado.</p>
<p class='anexo_num'>ANEXO 4</p>
<p class='anexo_tit'>Resolución número 37/2020, de 20 de marzo, del Director General de la ONCE, «Sobre medidas complementarias en materia de Juego a adoptar como consecuencia de la aprobación del real decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el Estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19», ratificada por la Comisión Ejecutiva Permanente del Consejo General de la ONCE mediante Acuerdo CEP.6(E)/2020-3.2, de 27 de marzo</p>
<p class='parrafo_2'>1.º Mediante la Resolución núm. 33/2020, de 15 de marzo, se adoptaron diversas medidas en materia de juego como consecuencia de la aprobación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma por la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.</p>
<p class='parrafo'>2.º Entre dichas medidas está la suspensión, desde el lunes 16 de marzo de 2020, incluido, de la celebración de los sorteos de todos los productos periódicos y extraordinarios de la modalidad de lotería denominada «Cupón de la ONCE», y de los productos de juego activo sorteados en España: «Triplex de la ONCE», «7/39» y «Super ONCE». Los sorteos del producto de juego activo «Eurojackpot» continúan celebrándose en Helsinki, conforme dispone el Reglamento regulador de los productos de juego activo.</p>
<p class='parrafo'>3.º En el punto 7.º de la mencionada Resolución núm. 33/2020 se establecía que la ONCE impartiría instrucciones sobre los cupones y los boletos adquiridos en relación con los sorteos no celebrados.</p>
<p class='parrafo'>4.º Asimismo, mediante Resolución núm. 34/2020, de 17 de marzo, se adoptaron las primeras medidas complementarias en materia de juego, entre las que se encontraba la celebración del Sorteo Extraordinario del Día del Padre una vez que finalizase el Estado de Alarma, siendo válidos todos los cupones que se hubieran adquirido con anterioridad a la suspensión de la comercialización de los productos de lotería de la ONCE.</p>
<p class='parrafo'>5.º Como continuación de las medidas anteriores, se cancelan de forma definitiva los sorteos de todos los productos periódicos de la modalidad de lotería denominada «Cupón de la ONCE», y los sorteos de los productos de la modalidad «Juego activo de la ONCE» «Triplex de la ONCE», «7/39» y «Super ONCE», desde el lunes 16 de marzo, incluido. Esta medida, estará vigente por tiempo indefinido hasta que, una vez finalice el Estado de Alarma, la ONCE decida la reanudación de los sorteos, lo que se comunicará con antelación suficiente. Esta cancelación no afecta al Sorteo Extraordinario del cupón del Día del Padre que, como se indica en la citada Resolución núm. 34/2020, de 17 de marzo, se celebrará tan pronto como las circunstancias lo permitan, una vez finalice el Estado de Alarma.</p>
<p class='parrafo'>6.º El importe de los cupones y boletos adquiridos correspondientes a los sorteos cancelados se reintegrará a los clientes, a través del mecanismo que se articule al efecto, una vez que finalice el Estado de Alarma y los agentes vendedores y establecimientos colaboradores del Canal Físico Complementario reanuden su actividad. La ONCE informará oportunamente del mecanismo de reintegro.</p>
<p class='parrafo'>7.º Por otro lado, en virtud de lo establecido en el apartado 3.5 del Apéndice 3 de Reglamento regulador de los productos de la modalidad de lotería denominada «Juego Activo de la ONCE» (Normas del producto «Eurojackpot»), mientras dure el Estado de Alarma, se reduce el número de sorteos del producto de juego activo «Eurojackpot» en el que se puede participar de forma consecutiva a través de la página Web oficial de juego de la ONCE (www.juegosonce.es) de acuerdo con lo siguiente:</p>
<p class='parrafo_2'>– A partir del día 20 de marzo de 2020 únicamente se podrá participar en 4 sorteos consecutivos;</p>
<p class='parrafo'>– a partir del 27 de marzo de 2020 únicamente se podrá participar en 3 sorteos consecutivos;</p>
<p class='parrafo'>– a partir del 3 de abril de 2020 únicamente se podrá participar en 2 sorteos consecutivos;</p>
<p class='parrafo'>– a partir del 10 de abril de 2020 únicamente se podrá participar en un sorteo.</p>
<p class='parrafo_2'>8.º Con efectos desde el día 15 de marzo de 2020, han quedado suspendidas las compras automáticas del producto de juego activo «Eurojackpot» por el canal internet en página Web oficial de juego de la ONCE www.juegosonce.es.</p>
<p class='parrafo'>9.º Publicar la presente Resolución en la Web oficial de la ONCE (www.once.es) y en Web oficial de juego de la ONCE (www.juegosonce.es).</p>
<p class='parrafo'>10.º Dar cuenta de esta Resolución de forma urgente a la Comisión Ejecutiva Permanente del Consejo General, para su conocimiento y para su traslado a la Comisión Permanente del Consejo de Protectorado.</p>
<p class='anexo_num'>ANEXO 5</p>
<p class='anexo_tit'>Resolución número 39/2020, de 26 de marzo, del Director General de la ONCE, «Sobre la suspensión de las fechas de inicio de la comercialización y del primer sorteo del producto “Mi día” de la Modalidad de Lotería denominada “Juego Activo de la ONCE“», ratificada por la Comisión Ejecutiva Permanente del Consejo General de la ONCE mediante Acuerdo CEP.6(E)/2020-3.2, de 27 de marzo</p>
<p class='parrafo_2'>«1.º Mediante Acuerdo CEP.4/2020-3.3, de 19 de febrero, la Comisión Ejecutiva Permanente del Consejo General de la ONCE acordó la finalización de la comercialización del producto «7/39» y la implantación del producto «Mi día», ambos de la modalidad de lotería denominada «Juego activo de la ONCE», así como la modificación del Reglamento regulador de los productos de esta modalidad de lotería, con efectos de 11 de mayo de 2020.</p>
<p class='parrafo'>Conforme al citado acuerdo, el último sorteo del producto «7/39» estaba previsto para el jueves 30 de abril de 2020 y el primer sorteo del producto «Mi día» para el jueves 14 de mayo de 2020, con fecha de inicio de comercialización del 11 de mayo de 2020.</p>
<p class='parrafo'>El Acuerdo CEP.4/2020-3.3, de 19 de febrero, fue verificado por la Comisión Permanente del Consejo de Protectorado en su reunión de 5 de marzo de 2020, y está pendiente de publicar en el «Boletín Oficial del Estado».</p>
<p class='parrafo'>2.º El pasado 14 de marzo se aprobó el Real Decreto 463/2020, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, prorrogado posteriormente por el Congreso de los Diputados el día 25 de marzo de 2020.</p>
<p class='parrafo'>3.º Como consecuencia de la declaración del Estado de Alarma, mediante Resoluciones del Director General de la ONCE núm. 33/2020, de 15 de marzo, 34/2020, de 17 de marzo y 37/2020, de 20 de marzo, comunicadas al Consejo de Protectorado, se adoptaron diversas medidas urgentes en relación con los productos de lotería de la ONCE, entre ellas:</p>
<p class='parrafo_2'>– El cese desde el domingo 15 de marzo de 2020, incluido, de la venta presencial de todos los productos de las tres modalidades de lotería de las que es titular la ONCE, por parte de los agentes vendedores del canal principal y de los puntos de venta del canal físico complementario.</p>
<p class='parrafo'>– La cancelación, desde el lunes 16 de marzo de 2020, incluido, de todos los sorteos de los productos periódicos de la modalidad de lotería «Cupón de la ONCE» y de todos los productos de la modalidad de lotería «Juego Activo de la ONCE», con excepción del producto «Eurojackpot».</p>
<p class='parrafo_2'>4.º Por tanto, en la actualidad, hasta que el Gobierno de la Nación levante el Estado de Alarma y la ONCE acuerde la reanudación de su actividad de juego, únicamente se están comercializando los productos de lotería instantánea en soporte electrónico adquiridos en la Web oficial de juego de la ONCE (www.juegosonce.es); y el producto de juego activo «Eurojackpot», adquirido exclusivamente en dicha web.</p>
<p class='parrafo'>5.º Esta excepcional situación de cese prácticamente total de la actividad de juego de la ONCE tiene lógicamente un impacto directo en la planificación de operaciones y en el calendario de finalización del producto «7/39» y de lanzamiento del producto de la modalidad de lotería «Juego Activo de la ONCE» denominado «Mi día».</p>
<p class='parrafo'>6.º En consecuencia, al no poder garantizar que la comercialización del producto «Mi día» se pueda iniciar en las condiciones previstas y con objeto de salvaguardar convenientemente los derechos de los consumidores, se suspende la fecha de inicio de la comercialización del producto «Mi día», prevista para el 11 de mayo de 2020, así como la fecha de primer sorteo de este producto, prevista para el 14 de mayo de 2020.</p>
<p class='parrafo'>Asimismo, se acuerda dar por finalizada de forma definitiva la comercialización del producto de la modalidad «Juego Activo de la ONCE» denominado «7/39». Al bote de premios acumulado en este producto en el sorteo de 12 de marzo de 2020, se le aplicará, en su momento, lo dispuesto en la Disposición Transitoria Única del Reglamento regulador de los productos de la Modalidad de Lotería denominada «Juego Activo de la ONCE».</p>
<p class='parrafo'>7.º Esta suspensión de inicio de comercialización y de celebración de sorteos del producto «Mi día» estará vigente por tiempo indefinido hasta que, una vez finalice el Estado de Alarma, la ONCE decida las fechas en que se iniciará la comercialización del producto «Mi día» y se celebrará el primer sorteo de este producto, lo que se comunicará con antelación suficiente.</p>
<p class='parrafo'>8.º A tales efectos, el Director General aprobará la correspondiente Resolución en la que se recogerán las nuevas fechas que ahora se suspenden así como, en su caso, todos aquellos aspectos de ejecución que se deriven del aplazamiento de las mismas, que se remitirá a la Comisión Ejecutiva Permanente del Consejo General y a la Comisión Permanente del Consejo de Protectorado para su conocimiento y para su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», como garantía de los consumidores. Asimismo, la Resolución se publicará en la Web oficial de Juego de la ONCE (www.juegosonce.es).</p>
<p class='parrafo'>9.º Publicar la presente Resolución en la Web oficial de juego de la ONCE (www.juegosonce.es).</p>
<p class='parrafo'>10.º Dar cuenta de esta Resolución de forma urgente a la Comisión Ejecutiva Permanente del Consejo General, para su conocimiento y para su traslado a la Comisión Permanente del Consejo de Protectorado».</p>
</texto>
</documento>
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Fri Apr 10 06:31:30 +0000 2020
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Con base en lo establecido en la disposición adicional tercera de la Ley 5/2011, de 29 de marzo de Economía Social, que declara a la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) como organización singular de economía social, la ONCE es una Corporación de Derecho Público de carácter social; que se rige por su normativa específica propia y que, para la financiación de sus fines sociales, goza de un conjunto de autorizaciones públicas en materia de juego.
Asimismo, de acuerdo con el artículo 4 de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, las loterías de ámbito estatal han quedado reservadas a los operadores que se designan por la propia ley, lo que se ha materializado en su disposición adicional primera, que designa a la ONCE como uno de los dos operadores que pueden comercializar productos de loterías de ámbito estatal.
En esta materia, las actuaciones de la Organización deben ajustarse a las prescripciones del ordenamiento vigente, representado por la disposición adicional vigésima de la Ley 46/1985, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1986, modificada por la disposición adicional cuarta de la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del orden social; por las disposiciones adicionales primera y segunda de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego; por el Acuerdo General entre el Gobierno de la Nación y la ONCE en materia de cooperación, solidaridad y competitividad para la estabilidad de futuro de la ONCE para el período 2012-2021, aprobado por el Consejo de Ministros con fecha 18 de noviembre de 2011 y modificado mediante las Revisiones parciales aprobadas por el Consejo de Ministros el 25 de octubre de 2013, el 1 de agosto de 2014, el 10 de julio de 2015 y el 18 de diciembre de 2015; por el Real Decreto 1336/2005, de 11 de noviembre, por el que se autoriza a la ONCE la explotación de una lotería instantánea o presorteada, modificado por el Real Decreto 1706/2011, de 18 de noviembre y por el Real Decreto 1152/2015, de 18 de diciembre; y por el Real Decreto 358/1991, de 15 de marzo, de Reordenación de la ONCE, así como por sus vigentes Estatutos, publicados por Orden SCB/1240/2019, del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, de 18 de diciembre de 2019.
De acuerdo a lo establecido en la normativa anterior, el Pleno del Consejo de Protectorado aprobó en su reunión de 26 de abril de 2016 los «Procedimientos y Criterios de control de la modalidad de lotería denominada «Cupón de la ONCE», y en su reunión de 17 de diciembre de 2018 los «Procedimientos y Criterios de Control comunes a las tres modalidades de lotería de las que es titular la ONCE», los «Procedimientos y Criterios de control de la modalidad de lotería denominada «Juego Activo de la ONCE» y los «Procedimientos y Criterios de control de la modalidad de lotería denominada «Lotería instantánea de boletos de la ONCE».
Conforme al referido marco de ordenación, la ONCE debe comunicar con antelación suficiente las condiciones de todas sus modalidades de lotería autorizadas al Consejo de Protectorado, como órgano al que corresponde el Protectorado del Estado sobre la Organización, para su conocimiento y verificación de que se cumplen los términos de la concesión estatal y demás normativa de general aplicación, así como para su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» como garantía de los consumidores. Igualmente, la ONCE debe comunicar al Consejo de Protectorado las modificaciones de los Reglamentos reguladores de sus diferentes modalidades y productos de lotería, para su conocimiento y verificación de su conformidad a las normas de ordenación, antes mencionadas, procediendo a su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», como garantía de los consumidores.
En cumplimiento de las anteriores previsiones, la Comisión Permanente del Consejo de Protectorado ha verificado en su reunión extraordinaria celebrada el 31 de marzo de 2020, que los siguientes Acuerdos de la Comisión Ejecutiva Permanente del Consejo General de la ONCE y Resoluciones del Director General de la ONCE, que se acompañan como anexos 1, 2, 3, 4 y 5 a la presente Resolución; se ajustan a la normativa particular y de general aplicación y a los procedimientos y criterios de control en vigor:
– Acuerdo CEP.5/2020-2.5, de 18 de marzo, de la Comisión Ejecutiva Permanente del Consejo General de la ONCE, «Toma de conocimiento y ratificación de las medidas adoptadas en materia de juego en la Resolución n.º 33/2020, de 15 de marzo, del Director General como consecuencia de la aprobación del real decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el Estado de Alarma» (anexo 1).
– Acuerdo CEP.5/2020-2.7, de 18 de marzo, de la Comisión Ejecutiva Permanente del Consejo General de la ONCE, «Toma de conocimiento y ratificación de la Resolución 34/2020 del Director General de la ONCE, sobre medidas complementarias en materia de juego a adoptar como consecuencia de la aprobación del real decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el Estado de Alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19» (anexo 2).
– Resolución número 36/2020, de 19 de marzo, del Director General de la ONCE, «Sobre el establecimiento de un procedimiento excepcional y transitorio para la conformidad y aceptación telemática de las actas de escrutinio de los sorteos del producto «Eurojackpot» mientras persiste el Estado de Alarma ocasionado por el COVID-19», ratificada por la Comisión Ejecutiva Permanente del Consejo General de la ONCE mediante Acuerdo CEP.6(E)/2020-3.2, de 27 de marzo (anexo 3).
– Resolución número 37/2020, de 20 de marzo, del Director General de la ONCE, «Sobre medidas complementarias en materia de Juego a adoptar como consecuencia de la aprobación del real decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el Estado de Alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19», ratificada por la Comisión Ejecutiva Permanente del Consejo General de la ONCE mediante Acuerdo CEP.6(E)/2020-3.2, de 27 de marzo (anexo 4).
– Resolución número 39/2020, de 26 de marzo, del Director General de la ONCE, «Sobre la suspensión de las fechas de inicio de la comercialización y del primer sorteo del producto “Mi día” de la Modalidad de Lotería denominada “Juego Activo de la ONCE”», ratificada por la Comisión Ejecutiva Permanente del Consejo General de la ONCE mediante Acuerdo CEP.6(E)/2020-3.2, de 27 de marzo (anexo 5).
En consecuencia, como garantía para los consumidores, procede dar publicidad a los mencionados Acuerdos y Resoluciones.
Madrid, 7 de abril de 2020.–El Secretario de Estado de Derechos Sociales, Ignacio Álvarez Peralta.
ANEXO 1
Acuerdo CEP.5/2020-2.5, de 18 de marzo, de la Comisión Ejecutiva Permanente del Consejo General de la ONCE, «Toma de conocimiento y ratificación de las medidas adoptadas en materia de juego en la Resolución n.º 33/2020, de 15 de marzo, del Director General como consecuencia de la aprobación del real decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el Estado de Alarma»
…
2.º Se acuerda tomar conocimiento y ratificar las siguientes medidas, adoptadas por el Director General de la ONCE en su Resolución 33/2020, de 15 de marzo, en materia de juego como consecuencia de la declaración del Estado de Alarma en todo el territorio del Estado Español mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo:
a) Se suspende la venta de todos los productos de lotería de la ONCE, en cualquiera de sus tres modalidades, en todos los puntos de venta de carácter presencial, tanto agentes vendedores como establecimientos del Canal Físico Complementario. Dicha suspensión afecta también al servicio «Mis Números Preferidos» para usuarios de terminal punto de venta.
b) Se suspende la comercialización de todos los productos de lotería de la ONCE por el canal internet en la página Web oficial de juego de la ONCE (www.juegosonce.es), con la excepción del producto de juego activo «Eurojackpot» y de los productos en soporte electrónico de la modalidad «Lotería Instantánea de boletos la ONCE». Esta suspensión afecta también al servicio «Mis Números Preferidos» y a las compras automáticas de los productos de juego activo «Super ONCE», «Triplex de la ONCE» y «7/39».
c) Desde el lunes 16 de marzo de 2020, incluido, se suspende la celebración de los sorteos de todos los productos periódicos y extraordinarios de la modalidad de lotería denominada «Cupón de la ONCE».
d) Desde el lunes 16 de marzo de 2020, incluido, se suspende la celebración de los sorteos de los productos de juego activo sorteados en España: «Triplex de la ONCE», «7/39» y «Super ONCE». Los sorteos del producto de juego activo «Eurojackpot» continuarán celebrándose en Helsinki, conforme dispone el Reglamento regulador de los productos de juego activo.
e) Una vez finalice el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, la ONCE impartirá instrucciones sobre los cupones y boletos adquiridos en relación con los sorteos no celebrados.
f) Como garantía de los consumidores y conforme a lo dispuesto en la disposición adicional cuarta del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, los plazos de caducidad para el cobro de premios y para la presentación de los recursos y reclamaciones establecidos en el Real Decreto 358/1991, de 15 de marzo, de reordenación de la ONCE y en los Reglamentos reguladores de las tres modalidades de lotería de las que es titular la ONCE quedan en suspenso durante el período que dure el estado de alarma. La ONCE comunicará oportunamente el día en que se levantará esta suspensión.
g) Los premios se podrán seguir cobrando en aquellas sucursales de entidades de crédito colaboradoras que permanezcan abiertos.
3.º Las medidas contempladas en el punto 2.º del presente acuerdo tendrá los siguientes efectos.
– Las medidas contempladas en los apartados a), b) y f) desde la fecha de entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, es decir, desde el 14 de marzo de 2020, incluida dicha fecha.
– Las medidas contempladas en los apartados c) y d) desde el día 16 de marzo, incluido.
– El resto de medidas, desde el día 15 de marzo, incluido.
4.º Remitir el presente acuerdo a la Comisión Permanente del Consejo de Protectorado para su toma de conocimiento».
ANEXO 2
Acuerdo CEP.5/2020-2.7, de 18 de marzo, de la Comisión Ejecutiva Permanente del Consejo General de la ONCE, «Toma de conocimiento y ratificación de la Resolución 34/2020 del Director General de la ONCE»
1.º El presente acuerdo se adopta en razón de la excepcional situación causada por la crisis del COVID-19 en la ONCE y en el marco del bloque de acuerdos aprobados por esta causa.
2.º Se toma conocimiento y se ratifica en todos sus extremos la Resolución 34/2020 del Director General de la ONCE sobre medidas complementarias, en materia de juego, a adoptar como consecuencia de la aprobación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que se adjunta al presente acuerdo».
3.º Trasladar el presente acuerdo a la Comisión Permanente del Consejo de Protectorado para su conocimiento y efectos oportunos.
ANEXO AL ACUERDO 5/2020-2.7, de 18 de marzo
Resolución núm. 34/2020, del Director General de la ONCE, «Sobre medidas complementarias en materia de juego a adoptar como consecuencia de la aprobación del real decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el Estado de Alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19»
1.º Mediante la Resolución núm. 33/2020, de 15 de marzo, se adoptaron diversas medidas en materia de juego como consecuencia de la aprobación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma por la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
2.º Entre dichas medidas estaba la suspensión de la comercialización y celebración de los sorteos de todos los productos periódicos y extraordinarios de la modalidad de lotería denominada «Cupón de la ONCE».
3.º Como continuación de dicha Resolución núm. 33/2020 y, con objeto de ofrecer a los clientes de la ONCE y a los consumidores en general la máxima información posible en cada momento, se adoptan las siguientes medidas, complementarias a las incluidas en dicha Resolución:
a) El Sorteo Extraordinario del Cupón del Día de Padre de la ONCE, cuya celebración estaba prevista para el próximo jueves 19 de marzo, se celebrará tan pronto como las circunstancias lo permitan, una vez que finalice el actual Estado de Alarma, siendo válidos todos los cupones que se hubieran adquirido con anterioridad a la mencionada suspensión de la comercialización de los productos de lotería de la ONCE. La ONCE comunicará la nueva fecha del sorteo tan pronto como se determine.
b) Se suspende el inicio de la comercialización del Sorteo Extraordinario del Cupón del Día de la Madre, prevista para el día 20 de marzo.
c) Todos los centros de la ONCE permanecerán cerrados para el público, por lo que no se podrá acudir a los mismos para el cobro de premios, pudiendo cobrarse los premios en las sucursales de entidades de crédito colaboradoras que permanezcan abiertas.
4.º Publicar la presente Resolución en la Web oficial de la ONCE (www.once.es) y en Página Web oficial de juego de la ONCE (www.juegosonce.es).
5.º Dar cuenta de esta Resolución de forma urgente a la Comisión Ejecutiva Permanente del Consejo General, para su conocimiento y para su traslado a la Comisión Permanente del Consejo de Protectorado».
ANEXO 3
Resolución número 36/2020, de 19 de marzo, del Director General de la ONCE, «Sobre el establecimiento de un procedimiento excepcional y transitorio para la conformidad y aceptación telemática de las actas de escrutinio de los sorteos del producto «Eurojackpot» mientras persiste el Estado de Alarma ocasionado por el COVID-19», ratificada por la Comisión Ejecutiva Permanente del Consejo General de la ONCE mediante Acuerdo CEP.6(E)/2020-3.2, de 27 de marzo
1.º Mediante Resolución núm. 33/2020, de 15 de marzo, del Director General, se adoptaron diversas medidas en materia de juego como consecuencia de la aprobación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma por la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Entre tales medidas, está la suspensión de la comercialización y de la celebración de los sorteos de todos los productos de las modalidades de lotería de las que es titular la ONCE, excepto la comercialización en la página Web oficial de juego de la ONCE (www.juegosonce.es) del producto «Eurojackpot» (entre otros) y la celebración de los sorteos de este producto por realizarse en Helsinki, conforme dispone el Reglamento regulador de los productos de la modalidad de lotería denominada «Juego activo de la ONCE».
2.º Según establece el artículo 12 del Apéndice 3 (Normas del producto «Eurojackpot») de dicho Reglamento, la ONCE constituirá una mesa de escrutinio que tendrá las siguientes funciones: a) comprobar que el número de apuestas vendidas por la ONCE que han resultado premiadas en cada una de las categorías según el Sistema Central de Juego de la ONCE coincide con los datos facilitados por los dos centros de control comunes; y b) elaborar el acta del escrutinio y la Lista Oficial de Premios del producto «Eurojackpot» que tendrá validez en España.
3.º Por su parte, el artículo 17.3 del Reglamento establece que del escrutinio se obtendrá la Lista Oficial de Premios levantándose la correspondiente acta recogiendo los pormenores del escrutinio que será suscrita por el Presidente y el Interventor. En dicha acta constará: Nombre, cargo, número del documento nacional de identidad y firma de las personas que la suscriben; fecha, lugar y hora del escrutinio; recaudación obtenida, y Lista Oficial de Premios con el número de premios obtenido por cada categoría y su importe.
4.º Ante la ausencia de presencia física de los empleados en las oficinas de la ONCE debido a la declaración del estado de alarma mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por la crisis sanitaria del COVID-19, resulta materialmente imposible que el Presidente y el Interventor de la Mesa del Escrutinio firmen de forma manuscrita las actas del escrutinio de los sorteos del producto «Eurojackpot». Por este motivo, se hace preciso adoptar con carácter urgente un procedimiento excepcional y transitorio que permita al Presidente e Interventor de la Mesa del Escrutinio conformar y aceptar de manera telemática dichas actas del escrutinio y guardar la debida constancia documental de dichas acciones.
5.º A tal fin, con efectos desde el sorteo del «Eurojackpot» de 20 de marzo de 2020, inclusive, se autoriza a los miembros de la Mesa de Escrutinio del producto «Eurojackpot» a realizar la verificación de las actas mediante correo electrónico, siguiendo los procedimientos que a tal efecto determine la Dirección de Operaciones de Juego, y posponer la firma manuscrita de las actas del escrutinio de los sorteos del «Eurojackpot» hasta que ello sea posible.
6.º Estas medidas se mantendrán en vigor hasta que finalice el estado de alarma declarado por Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, lo que se recogerá oportunamente en la correspondiente Resolución.
7.º Publicar la presente Resolución en la página Web oficial de juego de la ONCE (www.juegosonce.es).
8.º Dar cuenta de esta Resolución de forma urgente a la Comisión Ejecutiva Permanente del Consejo General, para su conocimiento y para su traslado a la Comisión Permanente del Consejo de Protectorado.
ANEXO 4
Resolución número 37/2020, de 20 de marzo, del Director General de la ONCE, «Sobre medidas complementarias en materia de Juego a adoptar como consecuencia de la aprobación del real decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el Estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19», ratificada por la Comisión Ejecutiva Permanente del Consejo General de la ONCE mediante Acuerdo CEP.6(E)/2020-3.2, de 27 de marzo
1.º Mediante la Resolución núm. 33/2020, de 15 de marzo, se adoptaron diversas medidas en materia de juego como consecuencia de la aprobación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma por la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
2.º Entre dichas medidas está la suspensión, desde el lunes 16 de marzo de 2020, incluido, de la celebración de los sorteos de todos los productos periódicos y extraordinarios de la modalidad de lotería denominada «Cupón de la ONCE», y de los productos de juego activo sorteados en España: «Triplex de la ONCE», «7/39» y «Super ONCE». Los sorteos del producto de juego activo «Eurojackpot» continúan celebrándose en Helsinki, conforme dispone el Reglamento regulador de los productos de juego activo.
3.º En el punto 7.º de la mencionada Resolución núm. 33/2020 se establecía que la ONCE impartiría instrucciones sobre los cupones y los boletos adquiridos en relación con los sorteos no celebrados.
4.º Asimismo, mediante Resolución núm. 34/2020, de 17 de marzo, se adoptaron las primeras medidas complementarias en materia de juego, entre las que se encontraba la celebración del Sorteo Extraordinario del Día del Padre una vez que finalizase el Estado de Alarma, siendo válidos todos los cupones que se hubieran adquirido con anterioridad a la suspensión de la comercialización de los productos de lotería de la ONCE.
5.º Como continuación de las medidas anteriores, se cancelan de forma definitiva los sorteos de todos los productos periódicos de la modalidad de lotería denominada «Cupón de la ONCE», y los sorteos de los productos de la modalidad «Juego activo de la ONCE» «Triplex de la ONCE», «7/39» y «Super ONCE», desde el lunes 16 de marzo, incluido. Esta medida, estará vigente por tiempo indefinido hasta que, una vez finalice el Estado de Alarma, la ONCE decida la reanudación de los sorteos, lo que se comunicará con antelación suficiente. Esta cancelación no afecta al Sorteo Extraordinario del cupón del Día del Padre que, como se indica en la citada Resolución núm. 34/2020, de 17 de marzo, se celebrará tan pronto como las circunstancias lo permitan, una vez finalice el Estado de Alarma.
6.º El importe de los cupones y boletos adquiridos correspondientes a los sorteos cancelados se reintegrará a los clientes, a través del mecanismo que se articule al efecto, una vez que finalice el Estado de Alarma y los agentes vendedores y establecimientos colaboradores del Canal Físico Complementario reanuden su actividad. La ONCE informará oportunamente del mecanismo de reintegro.
7.º Por otro lado, en virtud de lo establecido en el apartado 3.5 del Apéndice 3 de Reglamento regulador de los productos de la modalidad de lotería denominada «Juego Activo de la ONCE» (Normas del producto «Eurojackpot»), mientras dure el Estado de Alarma, se reduce el número de sorteos del producto de juego activo «Eurojackpot» en el que se puede participar de forma consecutiva a través de la página Web oficial de juego de la ONCE (www.juegosonce.es) de acuerdo con lo siguiente:
– A partir del día 20 de marzo de 2020 únicamente se podrá participar en 4 sorteos consecutivos;
– a partir del 27 de marzo de 2020 únicamente se podrá participar en 3 sorteos consecutivos;
– a partir del 3 de abril de 2020 únicamente se podrá participar en 2 sorteos consecutivos;
– a partir del 10 de abril de 2020 únicamente se podrá participar en un sorteo.
8.º Con efectos desde el día 15 de marzo de 2020, han quedado suspendidas las compras automáticas del producto de juego activo «Eurojackpot» por el canal internet en página Web oficial de juego de la ONCE www.juegosonce.es.
9.º Publicar la presente Resolución en la Web oficial de la ONCE (www.once.es) y en Web oficial de juego de la ONCE (www.juegosonce.es).
10.º Dar cuenta de esta Resolución de forma urgente a la Comisión Ejecutiva Permanente del Consejo General, para su conocimiento y para su traslado a la Comisión Permanente del Consejo de Protectorado.
ANEXO 5
Resolución número 39/2020, de 26 de marzo, del Director General de la ONCE, «Sobre la suspensión de las fechas de inicio de la comercialización y del primer sorteo del producto “Mi día” de la Modalidad de Lotería denominada “Juego Activo de la ONCE“», ratificada por la Comisión Ejecutiva Permanente del Consejo General de la ONCE mediante Acuerdo CEP.6(E)/2020-3.2, de 27 de marzo
«1.º Mediante Acuerdo CEP.4/2020-3.3, de 19 de febrero, la Comisión Ejecutiva Permanente del Consejo General de la ONCE acordó la finalización de la comercialización del producto «7/39» y la implantación del producto «Mi día», ambos de la modalidad de lotería denominada «Juego activo de la ONCE», así como la modificación del Reglamento regulador de los productos de esta modalidad de lotería, con efectos de 11 de mayo de 2020.
Conforme al citado acuerdo, el último sorteo del producto «7/39» estaba previsto para el jueves 30 de abril de 2020 y el primer sorteo del producto «Mi día» para el jueves 14 de mayo de 2020, con fecha de inicio de comercialización del 11 de mayo de 2020.
El Acuerdo CEP.4/2020-3.3, de 19 de febrero, fue verificado por la Comisión Permanente del Consejo de Protectorado en su reunión de 5 de marzo de 2020, y está pendiente de publicar en el «Boletín Oficial del Estado».
2.º El pasado 14 de marzo se aprobó el Real Decreto 463/2020, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, prorrogado posteriormente por el Congreso de los Diputados el día 25 de marzo de 2020.
3.º Como consecuencia de la declaración del Estado de Alarma, mediante Resoluciones del Director General de la ONCE núm. 33/2020, de 15 de marzo, 34/2020, de 17 de marzo y 37/2020, de 20 de marzo, comunicadas al Consejo de Protectorado, se adoptaron diversas medidas urgentes en relación con los productos de lotería de la ONCE, entre ellas:
– El cese desde el domingo 15 de marzo de 2020, incluido, de la venta presencial de todos los productos de las tres modalidades de lotería de las que es titular la ONCE, por parte de los agentes vendedores del canal principal y de los puntos de venta del canal físico complementario.
– La cancelación, desde el lunes 16 de marzo de 2020, incluido, de todos los sorteos de los productos periódicos de la modalidad de lotería «Cupón de la ONCE» y de todos los productos de la modalidad de lotería «Juego Activo de la ONCE», con excepción del producto «Eurojackpot».
4.º Por tanto, en la actualidad, hasta que el Gobierno de la Nación levante el Estado de Alarma y la ONCE acuerde la reanudación de su actividad de juego, únicamente se están comercializando los productos de lotería instantánea en soporte electrónico adquiridos en la Web oficial de juego de la ONCE (www.juegosonce.es); y el producto de juego activo «Eurojackpot», adquirido exclusivamente en dicha web.
5.º Esta excepcional situación de cese prácticamente total de la actividad de juego de la ONCE tiene lógicamente un impacto directo en la planificación de operaciones y en el calendario de finalización del producto «7/39» y de lanzamiento del producto de la modalidad de lotería «Juego Activo de la ONCE» denominado «Mi día».
6.º En consecuencia, al no poder garantizar que la comercialización del producto «Mi día» se pueda iniciar en las condiciones previstas y con objeto de salvaguardar convenientemente los derechos de los consumidores, se suspende la fecha de inicio de la comercialización del producto «Mi día», prevista para el 11 de mayo de 2020, así como la fecha de primer sorteo de este producto, prevista para el 14 de mayo de 2020.
Asimismo, se acuerda dar por finalizada de forma definitiva la comercialización del producto de la modalidad «Juego Activo de la ONCE» denominado «7/39». Al bote de premios acumulado en este producto en el sorteo de 12 de marzo de 2020, se le aplicará, en su momento, lo dispuesto en la Disposición Transitoria Única del Reglamento regulador de los productos de la Modalidad de Lotería denominada «Juego Activo de la ONCE».
7.º Esta suspensión de inicio de comercialización y de celebración de sorteos del producto «Mi día» estará vigente por tiempo indefinido hasta que, una vez finalice el Estado de Alarma, la ONCE decida las fechas en que se iniciará la comercialización del producto «Mi día» y se celebrará el primer sorteo de este producto, lo que se comunicará con antelación suficiente.
8.º A tales efectos, el Director General aprobará la correspondiente Resolución en la que se recogerán las nuevas fechas que ahora se suspenden así como, en su caso, todos aquellos aspectos de ejecución que se deriven del aplazamiento de las mismas, que se remitirá a la Comisión Ejecutiva Permanente del Consejo General y a la Comisión Permanente del Consejo de Protectorado para su conocimiento y para su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», como garantía de los consumidores. Asimismo, la Resolución se publicará en la Web oficial de Juego de la ONCE (www.juegosonce.es).
9.º Publicar la presente Resolución en la Web oficial de juego de la ONCE (www.juegosonce.es).
10.º Dar cuenta de esta Resolución de forma urgente a la Comisión Ejecutiva Permanente del Consejo General, para su conocimiento y para su traslado a la Comisión Permanente del Consejo de Protectorado».
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La ONCE canceló todos sus sorteos. Para los que ya tengan papeletas compradas: cuando se levante el estado de alarma se intentarán celebrar los sorteos pendientes. El Eurojackpot sigue porque se celebra en Helsinki. #BOE
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[
"106",
"107",
"142",
"124"
] |
CONTRATOS_LICITACIONES
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Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030
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La ONCE canceló todos sus sorteos. Para los que ya tengan papeletas compradas: cuando se levante el estado de alarma se intentarán celebrar los sorteos pendientes. El Eurojackpot sigue porque se celebra en Helsinki.
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SE DEROGA
, con los efectos indicados la Resolución 36/2020, de 19 de marzo y lo indicado de las Resoluciones 33/2020, de 15 de marzo, 34/2020, de 17 de marzo y 37/2020, de 20 de marzo, en BOE núm. 189, de 10 de julio de 2020
SE DEROGA
, en los términos señalados, la Resolución 39/2020, de 26 de marzo y lo indicado de las Resoluciones 33/2020, de 15 de marzo y 37/2020, de 20 de marzo, en BOE núm. 170, de 18 de junio de 2020.
|
[
"1624",
"3247",
"3458",
"4558",
"5321",
"5666"
] | 3,323
|
2013-04-26
|
BOE-A-2021-3294
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Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Administración Financiera. Objeto: Contratación del servicio de agencia de viajes para el Ministerio de Empleo y Seguridad Social por un periodo de 2 años. Expediente: 444/2013.
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<titulo>Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Administración Financiera. Objeto: Contratación del servicio de agencia de viajes para el Ministerio de Empleo y Seguridad Social por un periodo de 2 años. Expediente: 444/2013.</titulo>
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<analisis>
<modalidad codigo='F'>Formalización contrato</modalidad>
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<tramitacion codigo='1'>Ordinaria</tramitacion>
<procedimiento codigo='1'>Abierto</procedimiento>
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<ambito_geografico>Comunidad de Madrid</ambito_geografico>
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<materias_cpv>63000000 Servicios de transporte complementarios y auxiliares; servicios de agencias de viajes</materias_cpv>
<observaciones></observaciones>
</analisis>
<texto>
<dl>
<dt>1. Entidad adjudicadora: </dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) Organismo: </dt>
<dd>Subdirección General de Administración Financiera.</dd>
<dt>b) Dependencia que tramita el expediente: </dt>
<dd>Subdirección General de Administración Financiera.</dd>
<dt>c) Número de expediente: </dt>
<dd>444/2013.</dd>
<dt>d) Dirección de Internet del perfil del contratante: </dt>
<dd>http://contrataciondelestado.es.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>2. Objeto del contrato: </dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) Tipo: </dt>
<dd>Servicios.</dd>
<dt>b) Descripción: </dt>
<dd>Contratación del servicio de agencia de viajes para el Ministerio de Empleo y Seguridad Social por un periodo de 2 años.</dd>
<dt>d) CPV (Referencia de Nomenclatura): </dt>
<dd>63510000 (Servicios de agencias de viajes y servicios similares).</dd>
<dt>g) Medio de publicación del anuncio de licitación: </dt>
<dd>'BOE'.</dd>
<dt>h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: </dt>
<dd>9 de febrero de 2013.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>3. Tramitación y procedimiento:</dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) Tramitación: </dt>
<dd>Ordinaria.</dd>
<dt>b) Procedimiento: </dt>
<dd>Abierto.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>4. Valor estimado del contrato:</dt>
<dd>0,00 euros.</dd>
<dt>5. Presupuesto base de licitación.</dt>
<dd> Importe neto: 0,00 euros. Importe total: 0,00 euros. </dd>
<dt>6. Formalización del contrato:</dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) Fecha de adjudicación: </dt>
<dd>9 de abril de 2013.</dd>
<dt>b) Fecha de formalización del contrato: </dt>
<dd>22 de abril de 2013.</dd>
<dt>c) Contratista: </dt>
<dd>'Viajes Duero, S.L.'.</dd>
<dt>d) Importe o canon de adjudicación: </dt>
<dd> Importe neto: 0,00 euros. Importe total: 0,00 euros. </dd>
<dt>e) Ventajas de la oferta adjudicataria: </dt>
<dd>La oferta formulada por el adjudicatario es la más ventajosa económicamente para los intereses de la Administración.</dd>
</dl>
</dd>
</dl>
<p class='parrafo_2'>Madrid, 23 de abril de 2013.- El Subdirector General de Administración Financiera.</p>
</texto>
</documento>
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Fri Apr 26 07:17:26 +0000 2013
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1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo:
Subdirección General de Administración Financiera.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Subdirección General de Administración Financiera.
c) Número de expediente:
444/2013.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante:
http://contrataciondelestado.es.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo:
Servicios.
b) Descripción:
Contratación del servicio de agencia de viajes para el Ministerio de Empleo y Seguridad Social por un periodo de 2 años.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura):
63510000 (Servicios de agencias de viajes y servicios similares).
g) Medio de publicación del anuncio de licitación:
'BOE'.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación:
9 de febrero de 2013.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación:
Ordinaria.
b) Procedimiento:
Abierto.
4. Valor estimado del contrato:
0,00 euros.
5. Presupuesto base de licitación.
Importe neto: 0,00 euros. Importe total: 0,00 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación:
9 de abril de 2013.
b) Fecha de formalización del contrato:
22 de abril de 2013.
c) Contratista:
'Viajes Duero, S.L.'.
d) Importe o canon de adjudicación:
Importe neto: 0,00 euros. Importe total: 0,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria:
La oferta formulada por el adjudicatario es la más ventajosa económicamente para los intereses de la Administración.
Madrid, 23 de abril de 2013.- El Subdirector General de Administración Financiera.
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Gasto en viajes (I): Agencia Esp. medicamento contrata a Halcón. Calcula un gasto de 1,5 millones + IVA en 15 meses
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OTROS_ANUNCIOS
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Ministerio de Empleo y Seguridad Social
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Gasto en viajes (I): Agencia Española del medicamento contrata a Halcón.
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2021-03-02
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BOE-B-2014-3484
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Resolución de 19 de febrero de 2021, del Banco de España, por la que se publica la sanción por infracción grave impuesta a Ibercaja Banco, SA.
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<identificador>BOE-A-2021-3294</identificador>
<titulo>Resolución de 19 de febrero de 2021, del Banco de España, por la que se publica la sanción por infracción grave impuesta a Ibercaja Banco, SA.</titulo>
<diario codigo='BOE'>Boletín Oficial del Estado</diario>
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<referencias>
<anteriores></anteriores>
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</referencias>
</analisis>
<texto>
<p class='parrafo'>Con fecha 18 de diciembre de 2020 el Consejo de Gobierno del Banco de España dictó la Resolución por la que finalizó el expediente de referencia IE/BP-6/2019, incoado por Acuerdo de la Comisión Ejecutiva del Banco de España de fecha 20 de diciembre de 2019 a Ibercaja Banco, S.A.</p>
<p class='parrafo'>Por otra parte, el artículo 115.5 de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, establece que las sanciones por infracciones graves serán publicadas en el Boletín Oficial del Estado una vez que sean firmes en vía administrativa.</p>
<p class='parrafo'>Toda vez que la citada Resolución ha adquirido firmeza en vía administrativa procede, al amparo de lo establecido en el mencionado artículo 115.5, dar publicidad en el Boletín Oficial del Estado a la siguiente sanción, impuesta en dicha Resolución sancionadora del Consejo de Gobierno del Banco de España a Ibercaja Banco, S.A.:</p>
<p class='parrafo_2'>Sanción de multa impuesta a Ibercaja Banco, S.A., por importe de un millón ochenta mil euros (1.080.000 euros) –tras la aplicación de una rebaja del 40% por el acogimiento a las reducciones contempladas en el artículo 85 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas–, prevista en el artículo 98.1.b) de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, por la comisión de una infracción grave tipificada en el artículo 93.f) de esta última Ley, consistente en ejercer, entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2017, actos u operaciones con incumplimiento de normas dictadas al amparo del artículo 5 de la citada Ley 10/2014.</p>
<p class='parrafo'>En concreto, con incumplimiento de la Orden 2899/2011 y la Circular 5/2012 del Banco de España en lo relativo a la entrega de la información precontractual y a su contenido, así como al cálculo de la TAE incluida en dicha información precontractual.</p>
<p class='parrafo_2'>Madrid, 19 de febrero de 2021.–El Secretario General del Banco de España, Francisco-Javier Priego Pérez.</p>
</texto>
</documento>
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Tue Mar 02 09:42:07 +0000 2021
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Con fecha 18 de diciembre de 2020 el Consejo de Gobierno del Banco de España dictó la Resolución por la que finalizó el expediente de referencia IE/BP-6/2019, incoado por Acuerdo de la Comisión Ejecutiva del Banco de España de fecha 20 de diciembre de 2019 a Ibercaja Banco, S.A.
Por otra parte, el artículo 115.5 de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, establece que las sanciones por infracciones graves serán publicadas en el Boletín Oficial del Estado una vez que sean firmes en vía administrativa.
Toda vez que la citada Resolución ha adquirido firmeza en vía administrativa procede, al amparo de lo establecido en el mencionado artículo 115.5, dar publicidad en el Boletín Oficial del Estado a la siguiente sanción, impuesta en dicha Resolución sancionadora del Consejo de Gobierno del Banco de España a Ibercaja Banco, S.A.:
Sanción de multa impuesta a Ibercaja Banco, S.A., por importe de un millón ochenta mil euros (1.080.000 euros) –tras la aplicación de una rebaja del 40% por el acogimiento a las reducciones contempladas en el artículo 85 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas–, prevista en el artículo 98.1.b) de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, por la comisión de una infracción grave tipificada en el artículo 93.f) de esta última Ley, consistente en ejercer, entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2017, actos u operaciones con incumplimiento de normas dictadas al amparo del artículo 5 de la citada Ley 10/2014.
En concreto, con incumplimiento de la Orden 2899/2011 y la Circular 5/2012 del Banco de España en lo relativo a la entrega de la información precontractual y a su contenido, así como al cálculo de la TAE incluida en dicha información precontractual.
Madrid, 19 de febrero de 2021.–El Secretario General del Banco de España, Francisco-Javier Priego Pérez.
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Multa de algo más de un millón a Ibercaja por incumplir las obligaciones de dar info suficiente antes de que los clientes contraten sus productos durante dos años. #BOE
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CONTRATOS_LICITACIONES
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Banco de España
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Multa de algo más de 1.080.000 euros a Ibercaja por incumplir las obligaciones de dar información suficiente antes de que los clientes contraten sus productos durante dos años.
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2014-02-01
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BOE-B-2013-23132
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Anuncio de la Conselleria de Hacienda y Administración Pública por el que se publica la formalización del contrato administrativo mixto de suministro de actualización de versiones de productos oracle y servicios de soporte básico.
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<identificador>BOE-B-2014-3484</identificador>
<titulo>Anuncio de la Conselleria de Hacienda y Administración Pública por el que se publica la formalización del contrato administrativo mixto de suministro de actualización de versiones de productos oracle y servicios de soporte básico.</titulo>
<diario codigo='BOE'>Boletín Oficial del Estado</diario>
<diario_numero>28</diario_numero>
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<departamento codigo='8162'>Comunitat Valenciana</departamento>
<numero_anuncio>A140002160</numero_anuncio>
<fecha_publicacion>20140201</fecha_publicacion>
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<analisis>
<modalidad codigo='F'>Formalización contrato</modalidad>
<tipo codigo='1'>Suministros</tipo>
<tramitacion codigo='1'>Ordinaria</tramitacion>
<procedimiento codigo='3'>Negociado sin publicidad</procedimiento>
<fecha_presentacion_ofertas></fecha_presentacion_ofertas>
<fecha_apertura_ofertas></fecha_apertura_ofertas>
<precio codigo=''></precio>
<importe>2.926.961,98</importe>
<ambito_geografico>Comunidad Valenciana</ambito_geografico>
<materias></materias>
<materias_cpv>48000000 Paquetes de software y sistemas de información</materias_cpv>
<observaciones></observaciones>
</analisis>
<texto>
<dl>
<dt>1. Entidad adjudicadora: </dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) Organismo: </dt>
<dd>Conselleria de Hacienda y Administración Pública.</dd>
<dt>b) Dependencia que tramita el expediente: </dt>
<dd>Subsecretaría.</dd>
<dt>c) Número de expediente: </dt>
<dd>CNMY13/DGTI/17.</dd>
<dt>d) Dirección de Internet del perfil del contratante: </dt>
<dd>www.contratación.gva.es.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>2. Objeto del contrato: </dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) Tipo: </dt>
<dd>Suministro.</dd>
<dt>b) Descripción: </dt>
<dd>Contrato administrativo mixto de suministro de actualización de versiones de productos ORACLE y servicios de soporte básico.</dd>
<dt>d) CPV (Referencia de Nomenclatura): </dt>
<dd>48612000-1.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>3. Tramitación y procedimiento:</dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) Tramitación: </dt>
<dd>Ordinaria.</dd>
<dt>b) Procedimiento: </dt>
<dd>Negociado sin publicidad.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>4. Valor estimado del contrato:</dt>
<dd>3.137.026,13 €.</dd>
<dt>5. Presupuesto base de licitación.</dt>
<dd> Importe neto: 2.418.976,84 euros. Importe total: 2.926.961,98 euros. </dd>
<dt>6. Formalización del contrato:</dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) Fecha de adjudicación: </dt>
<dd>29 de noviembre de 2013.</dd>
<dt>b) Fecha de formalización del contrato: </dt>
<dd>18 de diciembre de 2013.</dd>
<dt>c) Contratista: </dt>
<dd>Oracle Ibérica, S.L.R.</dd>
<dt>d) Importe o canon de adjudicación: </dt>
<dd> Importe neto: 2.418.976,84 euros. Importe total: 2.926.961,98 euros. </dd>
</dl>
</dd>
</dl>
<p class='parrafo_2'>Valencia, 16 de enero de 2014.- La Subsecretaria (P.D. firma 31 de mayo de 2012), Carmela Cots Soler.</p>
</texto>
</documento>
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Sat Feb 01 10:33:32 +0000 2014
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1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo:
Conselleria de Hacienda y Administración Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Subsecretaría.
c) Número de expediente:
CNMY13/DGTI/17.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante:
www.contratación.gva.es.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo:
Suministro.
b) Descripción:
Contrato administrativo mixto de suministro de actualización de versiones de productos ORACLE y servicios de soporte básico.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura):
48612000-1.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación:
Ordinaria.
b) Procedimiento:
Negociado sin publicidad.
4. Valor estimado del contrato:
3.137.026,13 €.
5. Presupuesto base de licitación.
Importe neto: 2.418.976,84 euros. Importe total: 2.926.961,98 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación:
29 de noviembre de 2013.
b) Fecha de formalización del contrato:
18 de diciembre de 2013.
c) Contratista:
Oracle Ibérica, S.L.R.
d) Importe o canon de adjudicación:
Importe neto: 2.418.976,84 euros. Importe total: 2.926.961,98 euros.
Valencia, 16 de enero de 2014.- La Subsecretaria (P.D. firma 31 de mayo de 2012), Carmela Cots Soler.
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Las administraciones públicas, dependiendo de una única firma de software desde tiempos inmemorables #BOE
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CONTRATOS_LICITACIONES
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Comunitat Valenciana
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Las administraciones públicas contrata un contrato administrativo mixto de suministro de actualización de versiones de productos ORACLE y servicios de soporte básico por importe total de 2.926.961,98 euros.
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2018-04-25
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BOE-A-2019-14552
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Resolución de 17 de abril de 2018, de cese de una persona funcionaria de la categoría de sargento del cuerpo de Mossos d'Esquadra de la Generalidad de Cataluña.
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<documento fecha_actualizacion='20181023201615'>
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<identificador>BOE-A-2018-5625</identificador>
<titulo>Resolución de 17 de abril de 2018, de cese de una persona funcionaria de la categoría de sargento del cuerpo de Mossos d'Esquadra de la Generalidad de Cataluña.</titulo>
<diario codigo='BOE'>Boletín Oficial del Estado</diario>
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<departamento codigo='8070'>Comunidad Autónoma de Cataluña</departamento>
<rango codigo='1370'>Resolución</rango>
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<fecha_disposicion>20180417</fecha_disposicion>
<fecha_publicacion>20180425</fecha_publicacion>
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<fecha_derogacion></fecha_derogacion>
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<estatus_legislativo></estatus_legislativo>
<origen_legislativo codigo='2'>Autonómico</origen_legislativo>
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<judicialmente_anulada>N</judicialmente_anulada>
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<estatus_derogacion>N</estatus_derogacion>
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<analisis>
<notas></notas>
<materias></materias>
<alertas></alertas>
<referencias>
<anteriores></anteriores>
<posteriores></posteriores>
</referencias>
</analisis>
<texto>
<p class='parrafo'>Por la Resolución INT/522/2016, de 29 de febrero, se resuelve la convocatoria para la provisión, por el sistema de libre designación, de puestos de trabajo de la categoría de sargento del cuerpo de Mossos d’Esquadra de la Generalidad de Cataluña («DOGC» núm. 7072, de 4 de marzo de 2016).</p>
<p class='parrafo'>De acuerdo con la citada Resolución, la persona funcionaria del cuerpo de Mossos d’Esquadra con tarjeta de identidad profesional (TIP) núm. 5532 es destinada al puesto de trabajo de jefe/a de la Unidad de Seguridad Ciudadana del Transporte Metropolitano, en Barcelona, de la categoría de sargento.</p>
<p class='parrafo'>Vista la propuesta de cese formulada, en fecha 9 de abril de 2018, por la Dirección General de la Policía;</p>
<p class='parrafo'>Dado lo previsto en el artículo 18 del Decreto 401/2006, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de provisión de puestos de trabajo del cuerpo de Mossos d’Esquadra;</p>
<p class='parrafo'>En uso de las competencias que la normativa vigente atribuye al titular del Departamento de Interior; visto que el artículo 1.i) de la Resolución INT/81/2011, de 18 de enero, sobre delegación de competencias del consejero en el secretario general del Departamento de Interior, establece la delegación de las competencias propias del régimen de personal al servicio del Departamento al titular de la Secretaría General; de acuerdo con el Real Decreto 965/2017, de 3 de noviembre, por el que se designa al secretario general técnico del Ministerio del Interior para ejercer determinadas funciones correspondientes a la Secretaría General del Departamento de Interior de la Generalidad de Cataluña, y de conformidad con la Orden INT/1074/2017, de 7 de noviembre, sobre delegación de funciones en órganos del Departamento de Interior de la Generalidad de Cataluña, en virtud de las medidas autorizadas con fecha de 27 de octubre de 2017 por el Pleno del Senado respecto de la Generalidad de Cataluña en aplicación del artículo 155 de la Constitución, resuelvo:</p>
<p class='parrafo_2'>La persona funcionaria de la categoría de sargento del cuerpo de Mossos d’Esquadra con tarjeta de identidad profesional (TIP) núm. 5532 cesa en el puesto de trabajo de jefe/a de la Unidad de Seguridad Ciudadana del Transporte Metropolitano, en Barcelona, con efectos del día 25 de abril de 2018.</p>
<p class='parrafo_2'>Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, las personas interesadas pueden interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación en el «DOGC», o bien recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación en el «DOGC», ante los juzgados de lo contencioso-administrativo de Barcelona, o el correspondiente a su domicilio, de acuerdo con lo que prevén los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y los artículos 8.2, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.</p>
<p class='parrafo'>Igualmente, las personas interesadas pueden interponer cualquier otro recurso que consideren conveniente para la defensa de sus intereses.</p>
<p class='parrafo_2'>Barcelona, 17 de abril de 2018.–La Secretaría General de Interior, P. D. (Orden INT/1074/2017, de 7 de noviembre; «BOE» núm. 271, de 8 de noviembre de 2017, y «DOGC» núm. 7492, de 10 de noviembre de 2017), el Secretario General Técnico del Ministerio del Interior (Real Decreto 965/2017, de 3 de noviembre; «BOE» núm. 268, de 4 de noviembre de 2017), Juan Antonio Puigserver Martínez.</p>
</texto>
</documento>
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Wed Apr 25 09:16:18 +0000 2018
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Por la Resolución INT/522/2016, de 29 de febrero, se resuelve la convocatoria para la provisión, por el sistema de libre designación, de puestos de trabajo de la categoría de sargento del cuerpo de Mossos d’Esquadra de la Generalidad de Cataluña («DOGC» núm. 7072, de 4 de marzo de 2016).
De acuerdo con la citada Resolución, la persona funcionaria del cuerpo de Mossos d’Esquadra con tarjeta de identidad profesional (TIP) núm. 5532 es destinada al puesto de trabajo de jefe/a de la Unidad de Seguridad Ciudadana del Transporte Metropolitano, en Barcelona, de la categoría de sargento.
Vista la propuesta de cese formulada, en fecha 9 de abril de 2018, por la Dirección General de la Policía;
Dado lo previsto en el artículo 18 del Decreto 401/2006, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de provisión de puestos de trabajo del cuerpo de Mossos d’Esquadra;
En uso de las competencias que la normativa vigente atribuye al titular del Departamento de Interior; visto que el artículo 1.i) de la Resolución INT/81/2011, de 18 de enero, sobre delegación de competencias del consejero en el secretario general del Departamento de Interior, establece la delegación de las competencias propias del régimen de personal al servicio del Departamento al titular de la Secretaría General; de acuerdo con el Real Decreto 965/2017, de 3 de noviembre, por el que se designa al secretario general técnico del Ministerio del Interior para ejercer determinadas funciones correspondientes a la Secretaría General del Departamento de Interior de la Generalidad de Cataluña, y de conformidad con la Orden INT/1074/2017, de 7 de noviembre, sobre delegación de funciones en órganos del Departamento de Interior de la Generalidad de Cataluña, en virtud de las medidas autorizadas con fecha de 27 de octubre de 2017 por el Pleno del Senado respecto de la Generalidad de Cataluña en aplicación del artículo 155 de la Constitución, resuelvo:
La persona funcionaria de la categoría de sargento del cuerpo de Mossos d’Esquadra con tarjeta de identidad profesional (TIP) núm. 5532 cesa en el puesto de trabajo de jefe/a de la Unidad de Seguridad Ciudadana del Transporte Metropolitano, en Barcelona, con efectos del día 25 de abril de 2018.
Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, las personas interesadas pueden interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación en el «DOGC», o bien recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación en el «DOGC», ante los juzgados de lo contencioso-administrativo de Barcelona, o el correspondiente a su domicilio, de acuerdo con lo que prevén los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y los artículos 8.2, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.
Igualmente, las personas interesadas pueden interponer cualquier otro recurso que consideren conveniente para la defensa de sus intereses.
Barcelona, 17 de abril de 2018.–La Secretaría General de Interior, P. D. (Orden INT/1074/2017, de 7 de noviembre; «BOE» núm. 271, de 8 de noviembre de 2017, y «DOGC» núm. 7492, de 10 de noviembre de 2017), el Secretario General Técnico del Ministerio del Interior (Real Decreto 965/2017, de 3 de noviembre; «BOE» núm. 268, de 4 de noviembre de 2017), Juan Antonio Puigserver Martínez.
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Hoy, en el #BOE, ronda de ceses en los Mossos vía 155: caen dos subinspectores, cuatro inspectores y un sargento.
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OTROS_ANUNCIOS
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Comunidad Autónoma de Cataluña
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Ceses en los Mossos vía 155: caen dos subinspectores, cuatro inspectores y un sargento.
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2019-10-11
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DE CONFORMIDAD con
el art. 45.4 del Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio
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BOE-A-2017-4084
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Resolución de 3 de octubre de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se publica la relación de fiestas laborales para el año 2020.
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<identificador>BOE-A-2019-14552</identificador>
<titulo>Resolución de 3 de octubre de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se publica la relación de fiestas laborales para el año 2020.</titulo>
<diario codigo='BOE'>Boletín Oficial del Estado</diario>
<diario_numero>245</diario_numero>
<seccion>1</seccion>
<subseccion></subseccion>
<departamento codigo='9564'>Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social</departamento>
<rango codigo='1370'>Resolución</rango>
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<fecha_disposicion>20191003</fecha_disposicion>
<fecha_publicacion>20191011</fecha_publicacion>
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<estatus_derogacion>N</estatus_derogacion>
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<eli:title rdf:datatype='http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string'>Resolución de 3 de octubre de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se publica la relación de fiestas laborales para el año 2020.</eli:title>
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<materia codigo='1320' orden=''>Comunidades Autónomas</materia>
<materia codigo='2480' orden=''>Descanso laboral</materia>
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<alerta codigo='131' orden=''>Trabajo y empleo</alerta>
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<referencias>
<anteriores>
<anterior orden='3060' referencia='BOE-A-1983-20906'>
<palabra codigo='440'>DE CONFORMIDAD con</palabra>
<texto>el art. 45.4 del Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio</texto>
</anterior>
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<posteriores>
<posterior orden='' referencia='BOE-A-2019-17468'>
<palabra codigo='331'>SE DICTA EN RELACIÓN</palabra>
<texto>y establece el calendario de días inhábiles para la Administración General del Estado: Resolución de 27 de noviembre de 2019</texto>
</posterior>
</posteriores>
</referencias>
</analisis>
<texto>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Vista la relación de fiestas laborales para el año 2020 remitida al Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social por las diecisiete Comunidades Autónomas y por las Ciudades de Ceuta y Melilla, y teniendo en consideración los siguientes</p>
<p class='centro_negrita' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Antecedentes de hecho</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Primero.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>De conformidad con lo establecido en el artículo 45.4 del Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio, según redacción dada al mismo por el Real Decreto 1346/1989, de 3 de noviembre, las diecisiete Comunidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla han remitido al Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social la relación de fiestas laborales para el año 2020.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Segundo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La remisión de la relación de fiestas laborales a que se ha hecho referencia tiene por objeto dar publicidad a las mismas mediante su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», conforme a lo dispuesto en el mencionado artículo 45.4 del Real Decreto 2001/1983.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes</p>
<p class='centro_negrita' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Fundamentos de Derecho</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Primero.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El artículo 45.1 del Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio, enumera las fiestas laborales de ámbito nacional, de carácter retribuido y no recuperable, distinguiendo entre las señaladas en los apartados a), b) y c), que tienen el carácter de nacional no sustituibles por las Comunidades Autónomas, y las reflejadas en el apartado d), respecto de las cuales las Comunidades Autónomas pueden optar entre la celebración en su territorio de dichas fiestas o su sustitución por otras que, por tradición, les sean propias.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Segundo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Entre las facultades reconocidas a las Comunidades Autónomas en el artículo 45.3 del Real Decreto 2001/1983, se encuentra también la posibilidad de sustituir el descanso del lunes siguiente a las fiestas nacionales que coinciden en domingo por la incorporación a la relación de fiestas de la Comunidad Autónoma de otras que les sean tradicionales, así como la opción entre la celebración de la fiesta de San José o la de Santiago Apóstol en su correspondiente territorio.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Asimismo, el apartado 2 del artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, faculta en su último párrafo a aquellas Comunidades Autónomas que no pudieran establecer una de sus fiestas tradicionales por no coincidir con domingo un suficiente número de fiestas nacionales para añadir, en el año que así ocurra, una fiesta más, con carácter de recuperable, al máximo de catorce.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Tercero.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La Dirección General de Trabajo es competente para disponer la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de la relación de fiestas laborales comunicadas, de conformidad con lo previsto en el reiterado artículo 45.4 del Real Decreto 2001/1983, y en el Real Decreto 903/2018, de 20 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, con la finalidad de facilitar el general conocimiento en todo el territorio nacional del conjunto de las fiestas laborales, de tal forma que junto con la publicación de las fiestas de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla se transcriban también las fiestas laborales de ámbito nacional de carácter permanente que figuran en el reiterado precepto.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Esta Dirección General de Trabajo ha resuelto:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Disponer la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de la relación de fiestas laborales para el año 2020 de ámbito nacional, de Comunidad Autónoma y de las Ciudades de Ceuta y Melilla que figuran como Anexo a esta Resolución.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Madrid, 3 de octubre de 2019.–El Director General de Trabajo, Ángel Allué Buiza.</p>
<p class='anexo_num' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>ANEXO</p>
<p class='anexo_tit' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Año 2020</p>
<table class='tabla_ancha' summary='Distribución de las fiestas nacionales y autonómicas. Las columnas corresponden a las comunidades autónomas y las filas a los meses con los días festivos.' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>
<caption>Calendario laboral 2020</caption>
<tbody>
<tr>
<th rowspan='2'>
<p class='cabeza_tabla'>
<em>Fecha de las fiestas</em>
</p>
</th>
<th colspan='19'>
<p class='cabeza_tabla'>
<em>Comunidades Autónomas</em>
</p>
</th>
</tr>
<tr>
<th axis='comunidad' id='headerAndalucia'>
<p class='cabeza_tabla'>
<em>Andalucía</em>
</p>
</th>
<th axis='comunidad' id='headerAragon'>
<p class='cabeza_tabla'>
<em>Aragón</em>
</p>
</th>
<th axis='comunidad' id='headerAsturias'>
<p class='cabeza_tabla'>
<em>Asturias</em>
</p>
</th>
<th axis='comunidad' id='headerBaleares'>
<p class='cabeza_tabla'>
<em>Illes Balears</em>
</p>
</th>
<th axis='comunidad' id='headerCanarias'>
<p class='cabeza_tabla'>
<em>Canarias (1)</em>
</p>
</th>
<th axis='comunidad' id='headerCantabria'>
<p class='cabeza_tabla'>
<em>Cantabria</em>
</p>
</th>
<th axis='comunidad' id='headerCastillaLM'>
<p class='cabeza_tabla'>
<em>Castilla-La Mancha</em>
</p>
</th>
<th axis='comunidad' id='headerCastillaYL'>
<p class='cabeza_tabla'>
<em>Castilla y León</em>
</p>
</th>
<th axis='comunidad' id='headerCataluna'>
<p class='cabeza_tabla'>
<em>Cataluña (2)</em>
</p>
</th>
<th axis='comunidad' id='headerValencia'>
<p class='cabeza_tabla'>
<em>Comunitat Valenciana</em>
</p>
</th>
<th axis='comunidad' id='headerExtremadura'>
<p class='cabeza_tabla'>
<em>Extremadura</em>
</p>
</th>
<th axis='comunidad' id='headerGalicia'>
<p class='cabeza_tabla'>
<em>Galicia</em>
</p>
</th>
<th axis='comunidad' id='headerMadrid'>
<p class='cabeza_tabla'>
<em>Madrid</em>
</p>
</th>
<th axis='comunidad' id='headerMurcia'>
<p class='cabeza_tabla'>
<em>Murcia</em>
</p>
</th>
<th axis='comunidad' id='headerNavarra'>
<p class='cabeza_tabla'>
<em>Navarra</em>
</p>
</th>
<th axis='comunidad' id='headerPaisVasco'>
<p class='cabeza_tabla'>
<em>País Vasco</em>
</p>
</th>
<th axis='comunidad' id='headerRioja'>
<p class='cabeza_tabla'>
<em>La Rioja</em>
</p>
</th>
<th axis='comunidad' id='headerCeuta'>
<p class='cabeza_tabla'>
<em>Ciudad de Ceuta</em>
</p>
</th>
<th axis='comunidad' id='headerMelilla'>
<p class='cabeza_tabla'>
<em>Ciudad de Melilla</em>
</p>
</th>
</tr>
<tr>
<td axis='mes' id='headerEnero'>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>
<em>
<strong>ENERO</strong>
</em>
</p>
</td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td axis='fecha' id='header0101'>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>1 Año Nuevo</p>
</td>
<td headers='headerEnero header0101 headerAndalucia'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional no sustituible'>*</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerEnero header0101 headerAragon'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional no sustituible'>*</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerEnero header0101 headerAsturias'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional no sustituible'>*</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerEnero header0101 headerBaleares'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional no sustituible'>*</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerEnero header0101 headerCanarias'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional no sustituible'>*</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerEnero header0101 headerCantabria'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional no sustituible'>*</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerEnero header0101 headerCastillaLM'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional no sustituible'>*</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerEnero header0101 headerCastillaYL'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional no sustituible'>*</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerEnero header0101 headerCataluna'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional no sustituible'>*</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerEnero header0101 headerValencia'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional no sustituible'>*</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerEnero header0101 headerExtremadura'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional no sustituible'>*</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerEnero header0101 headerGalicia'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional no sustituible'>*</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerEnero header0101 headerMadrid'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional no sustituible'>*</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerEnero header0101 headerMurcia'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional no sustituible'>*</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerEnero header0101 headerNavarra'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional no sustituible'>*</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerEnero header0101 headerPaisVasco'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional no sustituible'>*</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerEnero header0101 headerRioja'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional no sustituible'>*</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerEnero header0101 headerCeuta'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional no sustituible'>*</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerEnero header0101 headerMelilla'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional no sustituible'>*</abbr>
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td axis='fecha' id='header0601'>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>6 Epifanía del Señor</p>
</td>
<td headers='headerEnero header0601 headerAndalucia'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional respecto de la que no se ha ejercido la facultad de sustitución'>**</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerEnero header0601 headerAragon'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional respecto de la que no se ha ejercido la facultad de sustitución'>**</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerEnero header0601 headerAsturias'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional respecto de la que no se ha ejercido la facultad de sustitución'>**</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerEnero header0601 headerBaleares'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional respecto de la que no se ha ejercido la facultad de sustitución'>**</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerEnero header0601 headerCanarias'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional respecto de la que no se ha ejercido la facultad de sustitución'>**</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerEnero header0601 headerCantabria'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional respecto de la que no se ha ejercido la facultad de sustitución'>**</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerEnero header0601 headerCastillaLM'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional respecto de la que no se ha ejercido la facultad de sustitución'>**</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerEnero header0601 headerCastillaYL'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional respecto de la que no se ha ejercido la facultad de sustitución'>**</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerEnero header0601 headerCataluna'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional respecto de la que no se ha ejercido la facultad de sustitución'>**</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerEnero header0601 headerValencia'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional respecto de la que no se ha ejercido la facultad de sustitución'>**</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerEnero header0601 headerExtremadura'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional respecto de la que no se ha ejercido la facultad de sustitución'>**</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerEnero header0601 headerGalicia'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional respecto de la que no se ha ejercido la facultad de sustitución'>**</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerEnero header0601 headerMadrid'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional respecto de la que no se ha ejercido la facultad de sustitución'>**</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerEnero header0601 headerMurcia'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional respecto de la que no se ha ejercido la facultad de sustitución'>**</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerEnero header0601 headerNavarra'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional respecto de la que no se ha ejercido la facultad de sustitución'>**</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerEnero header0601 headerPaisVasco'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional respecto de la que no se ha ejercido la facultad de sustitución'>**</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerEnero header0601 headerRioja'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional respecto de la que no se ha ejercido la facultad de sustitución'>**</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerEnero header0601 headerCeuta'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional respecto de la que no se ha ejercido la facultad de sustitución'>**</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerEnero header0601 headerMelilla'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional respecto de la que no se ha ejercido la facultad de sustitución'>**</abbr>
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td axis='mes' id='headerFebrero'>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>
<strong>
<em>FEBRERO</em>
</strong>
</p>
</td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td axis='fecha' id='header2802'>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>28 Día de Andalucía</p>
</td>
<td headers='headerFebrero header2802 headerAndalucia'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta de Comunidad Autónoma'>***</abbr>
</p>
</td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td axis='mes' id='headerMarzo'>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>
<strong>
<em>MARZO</em>
</strong>
</p>
</td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td axis='fecha' id='header1903'>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>19 San José</p>
</td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td headers='headerMarzo header1903 headerCastillaLM'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional respecto de la que no se ha ejercido la facultad de sustitución'>**</abbr>
</p>
</td>
<td> </td>
<td> </td>
<td headers='headerMarzo header1903 headerValencia'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional respecto de la que no se ha ejercido la facultad de sustitución'>**</abbr>
</p>
</td>
<td> </td>
<td headers='headerMarzo header1903 headerGalicia'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional respecto de la que no se ha ejercido la facultad de sustitución'>**</abbr>
</p>
</td>
<td> </td>
<td headers='headerMarzo header1903 headerMurcia'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional respecto de la que no se ha ejercido la facultad de sustitución'>**</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerMarzo header1903 headerNavarra'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional respecto de la que no se ha ejercido la facultad de sustitución'>**</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerMarzo header1903 headerPaisVasco'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional respecto de la que no se ha ejercido la facultad de sustitución'>**</abbr>
</p>
</td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td axis='fecha' id='header1303'>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>13 Estatuto de Autonomía de la Ciudad de Melilla</p>
</td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td headers='headerMarzo header1303 headerMelilla'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta de Comunidad Autónoma'>***</abbr>
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td axis='mes' id='headerAbril'>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>
<strong>
<em>ABRIL</em>
</strong>
</p>
</td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td axis='fecha' id='header0904'>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>9 Jueves Santo</p>
</td>
<td headers='headerAbril header0904 headerAndalucia'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional respecto de la que no se ha ejercido la facultad de sustitución'>** </abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerAbril header0904 headerAragon'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional respecto de la que no se ha ejercido la facultad de sustitución'>** </abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerAbril header0904 headerAsturias'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional respecto de la que no se ha ejercido la facultad de sustitución'>**</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerAbril header0904 headerBaleares'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional respecto de la que no se ha ejercido la facultad de sustitución'>**</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerAbril header0904 headerCanarias'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional respecto de la que no se ha ejercido la facultad de sustitución'>**</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerAbril header0904 headerCantabria'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional respecto de la que no se ha ejercido la facultad de sustitución'>**</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerAbril header0904 headerCastillaLM'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional respecto de la que no se ha ejercido la facultad de sustitución'>**</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerAbril header0904 headerCastillaYL'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional respecto de la que no se ha ejercido la facultad de sustitución'>**</abbr>
</p>
</td>
<td> </td>
<td> </td>
<td headers='headerAbril header0904 headerExtremadura'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional respecto de la que no se ha ejercido la facultad de sustitución'>**</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerAbril header0904 headerGalicia'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional respecto de la que no se ha ejercido la facultad de sustitución'>**</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerAbril header0904 headerMadrid'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional respecto de la que no se ha ejercido la facultad de sustitución'>**</abbr>
</p>
</td>
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<abbr title='Fiesta Nacional respecto de la que no se ha ejercido la facultad de sustitución'>**</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerAbril header0904 headerNavarra'>
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<abbr title='Fiesta Nacional respecto de la que no se ha ejercido la facultad de sustitución'>**</abbr>
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</td>
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</td>
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<abbr title='Fiesta Nacional respecto de la que no se ha ejercido la facultad de sustitución'>**</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerAbril header0904 headerCeuta'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional respecto de la que no se ha ejercido la facultad de sustitución'>**</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerAbril header0904 headerMelilla'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional respecto de la que no se ha ejercido la facultad de sustitución'>**</abbr>
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td axis='fecha' id='header1004'>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>10 Viernes Santo</p>
</td>
<td headers='headerAbril header1004 headerAndalucia'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional no sustituible'>*</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerAbril header1004 headerAragon'>
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<abbr title='Fiesta Nacional no sustituible'>*</abbr>
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</td>
<td headers='headerAbril header1004 headerAsturias'>
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<abbr title='Fiesta Nacional no sustituible'>*</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerAbril header1004 headerBaleares'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional no sustituible'>*</abbr>
</p>
</td>
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<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional no sustituible'>*</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerAbril header1004 headerCantabria'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional no sustituible'>*</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerAbril header1004 headerCastillaLM'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional no sustituible'>*</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerAbril header1004 headerCastillaYL'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional no sustituible'>*</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerAbril header1004 headerCataluna'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional no sustituible'>*</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerAbril header1004 headerValencia'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional no sustituible'>*</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerAbril header1004 headerExtremadura'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional no sustituible'>*</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerAbril header1004 headerGalicia'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional no sustituible'>*</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerAbril header1004 headerMadrid'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional no sustituible'>*</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerAbril header1004 headerMurcia'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional no sustituible'>*</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerAbril header1004 headerNavarra'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional no sustituible'>*</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerAbril header1004 headerPaisVasco'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional no sustituible'>*</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerAbril header1004 headerRioja'>
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<abbr title='Fiesta Nacional no sustituible'>*</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerAbril header1004 headerCeuta'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional no sustituible'>*</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerAbril header1004 headerMelilla'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional no sustituible'>*</abbr>
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td axis='fecha' id='header1304'>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>13 Lunes de Pascua</p>
</td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td headers='headerAbril header1304 headerBaleares'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta de Comunidad Autónoma'>***</abbr>
</p>
</td>
<td> </td>
<td headers='headerAbril header1304 headerCantabria'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta de Comunidad Autónoma'>***</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerAbril header1304 headerCastillaLM'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta de Comunidad Autónoma'>***</abbr>
</p>
</td>
<td> </td>
<td headers='headerAbril header1304 headerCataluna'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta de Comunidad Autónoma'>***</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerAbril header1304 headerValencia'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta de Comunidad Autónoma'>***</abbr>
</p>
</td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td headers='headerAbril header1304 headerNavarra'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta de Comunidad Autónoma'>***</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerAbril header1304 headerPaisVasco'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta de Comunidad Autónoma'>***</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerAbril header1304 headerRioja'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta de Comunidad Autónoma'>***</abbr>
</p>
</td>
<td> </td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td axis='fecha' id='header2304'>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>23 San Jorge/Día de Aragón</p>
</td>
<td> </td>
<td headers='headerAbril header2304 headerAragon'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta de Comunidad Autónoma'>***</abbr>
</p>
</td>
<td> </td>
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<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
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<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td axis='fecha' id='header2304'>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>23 Fiesta de Castilla y León</p>
</td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td headers='headerAbril header2304 headerCastillaYL'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta de Comunidad Autónoma'>***</abbr>
</p>
</td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td axis='mes' id='headerMayo'>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>
<strong>
<em>MAYO</em>
</strong>
</p>
</td>
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<td> </td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td axis='fecha' id='header0105'>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>1 Fiesta del Trabajo</p>
</td>
<td headers='headerMayo header0105 headerAndalucia'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional no sustituible'>*</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerMayo header0105 headerAragon'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional no sustituible'>*</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerMayo header0105 headerAsturias'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional no sustituible'>*</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerMayo header0105 headerBaleares'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional no sustituible'>*</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerMayo header0105 headerCanarias'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional no sustituible'>*</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerMayo header0105 headerCantabria'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional no sustituible'>*</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerMayo header0105 headerCastillaLM'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional no sustituible'>*</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerMayo header0105 headerCastillaYL'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional no sustituible'>*</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerMayo header0105 headerCataluna'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional no sustituible'>*</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerMayo header0105 headerValencia'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional no sustituible'>*</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerMayo header0105 headerExtremadura'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional no sustituible'>*</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerMayo header0105 headerGalicia'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional no sustituible'>*</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerMayo header0105 headerMadrid'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional no sustituible'>*</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerMayo header0105 headerMurcia'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional no sustituible'>*</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerMayo header0105 headerNavarra'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional no sustituible'>*</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerMayo header0105 headerPaisVasco'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional no sustituible'>*</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerMayo header0105 headerRioja'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional no sustituible'>*</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerMayo header0105 headerCeuta'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional no sustituible'>*</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerMayo header0105 headerMelilla'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional no sustituible'>*</abbr>
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td axis='fecha' id='header0205'>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>2 Fiesta de la Comunidad de Madrid</p>
</td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td headers='headerMayo header0205 headerMadrid'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta de Comunidad Autónoma'>***</abbr>
</p>
</td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td axis='fecha' id='header3005'>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>30 Día de Canarias</p>
</td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td headers='headerMayo header3005 headerCanarias'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta de Comunidad Autónoma'>***</abbr>
</p>
</td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td axis='mes' id='headerJunio'>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>
<strong>
<em>JUNIO</em>
</strong>
</p>
</td>
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<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td axis='fecha' id='header0906'>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>9 Día de la Región de Murcia</p>
</td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td headers='headerJunio header0906 headerMurcia'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta de Comunidad Autónoma'>***</abbr>
</p>
</td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td axis='fecha' id='header0906'>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>9 Día de La Rioja</p>
</td>
<td> </td>
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<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td headers='headerJunio header0906 headerRioja'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta de Comunidad Autónoma'>***</abbr>
</p>
</td>
<td> </td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td axis='fecha' id='header1106'>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>11 Corpus Christi</p>
</td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td headers='headerJunio header1106 headerCastillaLM'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta de Comunidad Autónoma'>***</abbr>
</p>
</td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td axis='fecha' id='header2406'>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>24 San Juan</p>
</td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td headers='headerJunio header2406 headerCastaluna'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta de Comunidad Autónoma'>***</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerJunio header2406 headerValencia'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta de Comunidad Autónoma'>***</abbr>
</p>
</td>
<td> </td>
<td headers='headerJunio header2406 headerGalicia'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta de Comunidad Autónoma'>***</abbr>
</p>
</td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td axis='mes' id='headerJulio'>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>
<strong>
<em>JULIO</em>
</strong>
</p>
</td>
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<td> </td>
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<td> </td>
</tr>
<tr>
<td axis='fecha' id='header2507'>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>25 Santiago Apóstol / Día Nacional de Galicia</p>
</td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td headers='headerJulio header2507 headerGalicia'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional respecto de la que no se ha ejercido la facultad de sustitución'>**</abbr>
</p>
</td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td headers='headerJulio header2507 headerPaisVasco'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional respecto de la que no se ha ejercido la facultad de sustitución'>**</abbr>
</p>
</td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td axis='fecha' id='header2807'>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>28 Día de las Instituciones de Cantabria</p>
</td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td headers='headerJulio header2807 headerCantabria'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta de Comunidad Autónoma'>***</abbr>
</p>
</td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td axis='fecha' id='header3107'>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>31 Fiesta del Sacrificio - Eidul Adha</p>
</td>
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<td> </td>
<td> </td>
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<td> </td>
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<td> </td>
<td headers='headerJulio header3107 headerCeuta'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta de Comunidad Autónoma'>***</abbr>
</p>
</td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td axis='fecha' id='header3107'>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>31 Fiesta del Sacrificio - Aid El Kebir</p>
</td>
<td> </td>
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<td> </td>
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<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td headers='headerJulio header3107 headerMelilla'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta de Comunidad Autónoma'>***</abbr>
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td axis='mes' id='headerAgosto'>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>
<strong>
<em>AGOSTO</em>
</strong>
</p>
</td>
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<td> </td>
</tr>
<tr>
<td axis='fecha' id='header1508'>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>15 Asunción de la Virgen</p>
</td>
<td headers='headerAgosto header1508 headerAndalucia'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional no sustituible'>*</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerAgosto header1508 headerAragon'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional no sustituible'>*</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerAgosto header1508 headerAsturias'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional no sustituible'>*</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerAgosto header1508 headerBaleares'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional no sustituible'>*</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerAgosto header1508 headerCanarias'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional no sustituible'>*</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerAgosto header1508 headerCantabria'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional no sustituible'>*</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerAgosto header1508 headerCastillaLM'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional no sustituible'>*</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerAgosto header1508 headerCastillaYL'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional no sustituible'>*</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerAgosto header1508 headerCataluna'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional no sustituible'>*</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerAgosto header1508 headerValencia'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional no sustituible'>*</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerAgosto header1508 headerExtremadura'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional no sustituible'>*</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerAgosto header1508 headerGalicia'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional no sustituible'>*</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerAgosto header1508 headerMadrid'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional no sustituible'>*</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerAgosto header1508 headerMurcia'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional no sustituible'>*</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerAgosto header1508 headerNavarra'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional no sustituible'>*</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerAgosto header1508 headerPaisVasco'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional no sustituible'>*</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerAgosto header1508 headerRioja'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional no sustituible'>*</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerAgosto header1508 headerCeuta'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional no sustituible'>*</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerAgosto header1508 headerMelilla'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional no sustituible'>*</abbr>
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td axis='mes' id='headerSeptiembre'>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>
<strong>
<em>SEPTIEMBRE</em>
</strong>
</p>
</td>
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<tr>
<td axis='fecha' id='header0209'>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>2 Día de Ceuta</p>
</td>
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<td> </td>
<td headers='headerSeptiembre header0209 headerCeuta'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta de Comunidad Autónoma'>***</abbr>
</p>
</td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td axis='fecha' id='header0809'>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>8 Día de Asturias</p>
</td>
<td> </td>
<td> </td>
<td headers='headerSeptiembre header0809 headerAsturias'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta de Comunidad Autónoma'>***</abbr>
</p>
</td>
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<td> </td>
<td> </td>
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<td> </td>
</tr>
<tr>
<td axis='fecha' id='header0809'>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>8 Día de Estremadura</p>
</td>
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<td> </td>
<td> </td>
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<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td headers='headerSeptiembre header0809 headerExtremadura'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta de Comunidad Autónoma'>***</abbr>
</p>
</td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
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<td> </td>
</tr>
<tr>
<td axis='fecha' id='header1109'>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>11 Fiesta Nacional de Cataluña</p>
</td>
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<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td headers='headerSeptiembre header1109 headerCataluna'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta de Comunidad Autónoma'>***</abbr>
</p>
</td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
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<td> </td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td axis='fecha' id='header1509'>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>15 La Bien Aparecida</p>
</td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td headers='headerSeptiembre header1509 headerCantabria'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta de Comunidad Autónoma'>***</abbr>
</p>
</td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
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</tr>
<tr>
<td axis='mes' id='headerOctubre'>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>
<strong>
<em>OCTUBRE</em>
</strong>
</p>
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<td> </td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td axis='fecha' id='header0910'>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>9 Día de la Comunitat Valenciana</p>
</td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td headers='headerOctubre header0910 headerValencia'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta de Comunidad Autónoma'>***</abbr>
</p>
</td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td axis='fecha' id='header1210'>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>12 Fiesta Nacional de España</p>
</td>
<td headers='headerOctubre header1210 headerAndalucia'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional no sustituible'>*</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerOctubre header1210 headerAragon'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional no sustituible'>*</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerOctubre header1210 headerAsturias'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional no sustituible'>*</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerOctubre header1210 headerBaleares'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional no sustituible'>*</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerOctubre header1210 headerCanarias'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional no sustituible'>*</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerOctubre header1210 headerCantabria'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional no sustituible'>*</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerOctubre header1210 headerCastillaLM'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional no sustituible'>*</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerOctubre header1210 headerCastillaYL'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional no sustituible'>*</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerOctubre header1210 headerCataluna'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional no sustituible'>*</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerOctubre header1210 headerValencia'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional no sustituible'>*</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerOctubre header1210 headerExtremadura'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional no sustituible'>*</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerOctubre header1210 headerGalicia'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional no sustituible'>*</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerOctubre header1210 headerMadrid'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional no sustituible'>*</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerOctubre header1210 headerMurcia'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional no sustituible'>*</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerOctubre header1210 headerNavarra'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional no sustituible'>*</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerOctubre header1210 headerPaisVasco'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional no sustituible'>*</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerOctubre header1210 headerRioja'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional no sustituible'>*</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerOctubre header1210 headerCeuta'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional no sustituible'>*</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerOctubre header1210 headerMelilla'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional no sustituible'>*</abbr>
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td axis='mes' id='headerNoviembre'>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>
<strong>
<em>NOVIEMBRE</em>
</strong>
</p>
</td>
<td> </td>
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<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td axis='fecha' id='header0211'>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>2 Lunes siguiente a Todos los Santos</p>
</td>
<td headers='headerNoviembre header0211 headerAndalucia'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional respecto de la que no se ha ejercido la facultad de sustitución'>**</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerNoviembre header0211 headerAragon'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional respecto de la que no se ha ejercido la facultad de sustitución'>**</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerNoviembre header0211 headerAsturias'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional respecto de la que no se ha ejercido la facultad de sustitución'>**</abbr>
</p>
</td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td headers='headerNoviembre header0211 headerCastillaYL'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional respecto de la que no se ha ejercido la facultad de sustitución'>**</abbr>
</p>
</td>
<td> </td>
<td> </td>
<td headers='headerNoviembre header0211 headerExtremadura'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional respecto de la que no se ha ejercido la facultad de sustitución'>**</abbr>
</p>
</td>
<td> </td>
<td headers='headerNoviembre header0211 headerMadrid'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional respecto de la que no se ha ejercido la facultad de sustitución'>**</abbr>
</p>
</td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td axis='mes' id='headerDiciembre'>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>
<strong>
<em>DICIEMBRE</em>
</strong>
</p>
</td>
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<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td axis='fecha' id='header0712'>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>7 Lunes siguiente al Día de la Constitución Española</p>
</td>
<td headers='headerDiciembre header0712 headerAndalucia'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional respecto de la que no se ha ejercido la facultad de sustitución'>**</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerDiciembre header0712 headerAragon'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional respecto de la que no se ha ejercido la facultad de sustitución'>**</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerDiciembre header0712 headerAsturias'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional respecto de la que no se ha ejercido la facultad de sustitución'>**</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerDiciembre header0712 headerBaleares'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional respecto de la que no se ha ejercido la facultad de sustitución'>**</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerDiciembre header0712 headerCanarias'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional respecto de la que no se ha ejercido la facultad de sustitución'>**</abbr>
</p>
</td>
<td> </td>
<td> </td>
<td headers='headerDiciembre header0712 headerCastillaYL'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional respecto de la que no se ha ejercido la facultad de sustitución'>**</abbr>
</p>
</td>
<td> </td>
<td> </td>
<td headers='headerDiciembre header0712 headerExtremadura'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional respecto de la que no se ha ejercido la facultad de sustitución'>**</abbr>
</p>
</td>
<td> </td>
<td headers='headerDiciembre header0712 headerMadrid'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional respecto de la que no se ha ejercido la facultad de sustitución'>**</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerDiciembre header0712 headerMurcia'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional respecto de la que no se ha ejercido la facultad de sustitución'>**</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerDiciembre header0712 headerNavarra'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional respecto de la que no se ha ejercido la facultad de sustitución'>**</abbr>
</p>
</td>
<td> </td>
<td headers='headerDiciembre header0712 headerRioja'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional respecto de la que no se ha ejercido la facultad de sustitución'>**</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerDiciembre header0712 headerCeuta'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional respecto de la que no se ha ejercido la facultad de sustitución'>**</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerDiciembre header0712 headerMelilla'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional respecto de la que no se ha ejercido la facultad de sustitución'>**</abbr>
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td axis='fecha' id='header0812'>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>8 Inmaculada Concepción</p>
</td>
<td headers='headerDiciembre header0812 headerAndalucia'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional no sustituible'>*</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerDiciembre header0812 headerAragon'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional no sustituible'>*</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerDiciembre header0812 headerAsturias'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional no sustituible'>*</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerDiciembre header0812 headerBaleares'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional no sustituible'>*</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerDiciembre header0812 headerCanarias'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional no sustituible'>*</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerDiciembre header0812 headerCantabria'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional no sustituible'>*</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerDiciembre header0812 headerCastillaLM'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional no sustituible'>*</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerDiciembre header0812 headerCastillaYL'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional no sustituible'>*</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerDiciembre header0812 headerCataluna'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional no sustituible'>*</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerDiciembre header0812 headerValencia'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional no sustituible'>*</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerDiciembre header0812 headerExtremadura'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional no sustituible'>*</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerDiciembre header0812 headerGalicia'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional no sustituible'>*</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerDiciembre header0812 headerMadrid'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional no sustituible'>*</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerDiciembre header0812 headerMurcia'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional no sustituible'>*</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerDiciembre header0812 headerNavarra'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional no sustituible'>*</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerDiciembre header0812 headerPaisVasco'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional no sustituible'>*</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerDiciembre header0812 headerRioja'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional no sustituible'>*</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerDiciembre header0812 headerCeuta'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional no sustituible'>*</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerDiciembre header0812 headerMelilla'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional no sustituible'>*</abbr>
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td axis='fecha' id='header2512'>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>25 Natividad del Señor</p>
</td>
<td headers='headerDiciembre header2512 headerAndalucia'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional no sustituible'>*</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerDiciembre header2512 headerAragon'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional no sustituible'>*</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerDiciembre header2512 headerAsturias'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional no sustituible'>*</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerDiciembre header2512 headerBaleares'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional no sustituible'>*</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerDiciembre header2512 headerCanarias'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional no sustituible'>*</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerDiciembre header2512 headerCantabria'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional no sustituible'>*</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerDiciembre header2512 headerCastillaLM'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional no sustituible'>*</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerDiciembre header2512 headerCastillaYL'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional no sustituible'>*</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerDiciembre header2512 headerCataluna'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional no sustituible'>*</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerDiciembre header2512 headerValencia'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional no sustituible'>*</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerDiciembre header2512 headerExtremadura'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional no sustituible'>*</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerDiciembre header2512 headerGalicia'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional no sustituible'>*</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerDiciembre header2512 headerMadrid'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional no sustituible'>*</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerDiciembre header2512 headerMurcia'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional no sustituible'>*</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerDiciembre header2512 headerNavarra'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional no sustituible'>*</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerDiciembre header2512 headerPaisVasco'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional no sustituible'>*</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerDiciembre header2512 headerRioja'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional no sustituible'>*</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerDiciembre header2512 headerCeuta'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional no sustituible'>*</abbr>
</p>
</td>
<td headers='headerDiciembre header2512 headerMelilla'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta Nacional no sustituible'>*</abbr>
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td axis='fecha' id='header2612'>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>26 San Esteban</p>
</td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td headers='headerDiciembre header2612 headerBaleares'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta de Comunidad Autónoma'>***</abbr>
</p>
</td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td headers='headerDiciembre header2612 headerCataluna'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>
<abbr title='Fiesta de Comunidad Autónoma'>***</abbr>
</p>
</td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CÓDIGOS DE LAS FIESTAS:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Fiesta Nacional no sustituible (*).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Fiesta Nacional respecto de la que no se ha ejercido la facultad de sustitución (**).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Fiesta de Comunidad Autónoma (***).</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>NOTAS ACLARATORIAS:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. En la Comunidad Autónoma de Canarias, el Decreto 83/2019, de 22 de mayo, por el que se determina el calendario de fiestas laborales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2020 (<abbr title='Boletín Oficial de Canarias'>B.O.C.</abbr> de 6 de junio de 2019) dispone que: En las islas de El Hierro, Fuerteventura, Gran Canaria, La Gomera, La Palma, Lanzarote y Tenerife, las fiestas laborales serán, además, las siguientes: en El Hierro: el 24 de septiembre, festividad de Nuestra Señora de los Reyes; en Fuerteventura: el 18 de septiembre, festividad de Nuestra Señora de la Peña; en Gran Canaria: el 8 de septiembre, festividad de Nuestra Señora del Pino; en La Gomera: el 5 de octubre, festividad de Nuestra Señora de Guadalupe; en La Palma: el 5 de agosto, festividad de Nuestra Señora de Las Nieves; en Lanzarote: el 15 de septiembre, festividad de Nuestra Señora de los Dolores; en Tenerife: el 7 de septiembre, festividad de la Bajada de la Virgen del Socorro.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. En la Comunidad Autónoma de Cataluña, la Orden TSF/116/2019, de 7 de junio, por la que se establece el calendario oficial de fiestas laborales en Cataluña para el año 2020 (<abbr title='Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya'>D.O.G.C.</abbr> de 14 de junio de 2019) dispone que: 'En el territorio de Arán, de acuerdo con el Decreto 152/1997, de 25 de junio, y el Decreto 146/1998, de 23 de junio, que modifican el Decreto 177/1980, de 3 de octubre, sobre el calendario de fiestas fijas y suplentes, la fiesta del día 26 de diciembre (San Esteban) queda sustituida por la de 17 de junio (Fiesta de Arán)».</p>
</texto>
</documento>
|
Fri Oct 11 06:58:49 +0000 2019
|
Vista la relación de fiestas laborales para el año 2020 remitida al Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social por las diecisiete Comunidades Autónomas y por las Ciudades de Ceuta y Melilla, y teniendo en consideración los siguientes
Antecedentes de hecho
Primero.
De conformidad con lo establecido en el artículo 45.4 del Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio, según redacción dada al mismo por el Real Decreto 1346/1989, de 3 de noviembre, las diecisiete Comunidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla han remitido al Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social la relación de fiestas laborales para el año 2020.
Segundo.
La remisión de la relación de fiestas laborales a que se ha hecho referencia tiene por objeto dar publicidad a las mismas mediante su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», conforme a lo dispuesto en el mencionado artículo 45.4 del Real Decreto 2001/1983.
A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes
Fundamentos de Derecho
Primero.
El artículo 45.1 del Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio, enumera las fiestas laborales de ámbito nacional, de carácter retribuido y no recuperable, distinguiendo entre las señaladas en los apartados a), b) y c), que tienen el carácter de nacional no sustituibles por las Comunidades Autónomas, y las reflejadas en el apartado d), respecto de las cuales las Comunidades Autónomas pueden optar entre la celebración en su territorio de dichas fiestas o su sustitución por otras que, por tradición, les sean propias.
Segundo.
Entre las facultades reconocidas a las Comunidades Autónomas en el artículo 45.3 del Real Decreto 2001/1983, se encuentra también la posibilidad de sustituir el descanso del lunes siguiente a las fiestas nacionales que coinciden en domingo por la incorporación a la relación de fiestas de la Comunidad Autónoma de otras que les sean tradicionales, así como la opción entre la celebración de la fiesta de San José o la de Santiago Apóstol en su correspondiente territorio.
Asimismo, el apartado 2 del artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, faculta en su último párrafo a aquellas Comunidades Autónomas que no pudieran establecer una de sus fiestas tradicionales por no coincidir con domingo un suficiente número de fiestas nacionales para añadir, en el año que así ocurra, una fiesta más, con carácter de recuperable, al máximo de catorce.
Tercero.
La Dirección General de Trabajo es competente para disponer la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de la relación de fiestas laborales comunicadas, de conformidad con lo previsto en el reiterado artículo 45.4 del Real Decreto 2001/1983, y en el Real Decreto 903/2018, de 20 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, con la finalidad de facilitar el general conocimiento en todo el territorio nacional del conjunto de las fiestas laborales, de tal forma que junto con la publicación de las fiestas de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla se transcriban también las fiestas laborales de ámbito nacional de carácter permanente que figuran en el reiterado precepto.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación.
Esta Dirección General de Trabajo ha resuelto:
Disponer la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de la relación de fiestas laborales para el año 2020 de ámbito nacional, de Comunidad Autónoma y de las Ciudades de Ceuta y Melilla que figuran como Anexo a esta Resolución.
Madrid, 3 de octubre de 2019.–El Director General de Trabajo, Ángel Allué Buiza.
ANEXO
Año 2020
Calendario laboral 2020
Fecha de las fiestas
Comunidades Autónomas
Andalucía
Aragón
Asturias
Illes Balears
Canarias (1)
Cantabria
Castilla-La Mancha
Castilla y León
Cataluña (2)
Comunitat Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
La Rioja
Ciudad de Ceuta
Ciudad de Melilla
ENERO
1 Año Nuevo
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
6 Epifanía del Señor
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**
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**
**
FEBRERO
28 Día de Andalucía
***
MARZO
19 San José
**
**
**
**
**
**
13 Estatuto de Autonomía de la Ciudad de Melilla
***
ABRIL
9 Jueves Santo
**
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10 Viernes Santo
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13 Lunes de Pascua
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23 San Jorge/Día de Aragón
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23 Fiesta de Castilla y León
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MAYO
1 Fiesta del Trabajo
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2 Fiesta de la Comunidad de Madrid
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30 Día de Canarias
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JUNIO
9 Día de la Región de Murcia
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9 Día de La Rioja
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11 Corpus Christi
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24 San Juan
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JULIO
25 Santiago Apóstol / Día Nacional de Galicia
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28 Día de las Instituciones de Cantabria
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31 Fiesta del Sacrificio - Eidul Adha
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31 Fiesta del Sacrificio - Aid El Kebir
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AGOSTO
15 Asunción de la Virgen
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SEPTIEMBRE
2 Día de Ceuta
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8 Día de Asturias
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8 Día de Estremadura
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11 Fiesta Nacional de Cataluña
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15 La Bien Aparecida
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OCTUBRE
9 Día de la Comunitat Valenciana
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12 Fiesta Nacional de España
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NOVIEMBRE
2 Lunes siguiente a Todos los Santos
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DICIEMBRE
7 Lunes siguiente al Día de la Constitución Española
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8 Inmaculada Concepción
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25 Natividad del Señor
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26 San Esteban
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CÓDIGOS DE LAS FIESTAS:
– Fiesta Nacional no sustituible (*).
– Fiesta Nacional respecto de la que no se ha ejercido la facultad de sustitución (**).
– Fiesta de Comunidad Autónoma (***).
NOTAS ACLARATORIAS:
1. En la Comunidad Autónoma de Canarias, el Decreto 83/2019, de 22 de mayo, por el que se determina el calendario de fiestas laborales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2020 (B.O.C. de 6 de junio de 2019) dispone que: En las islas de El Hierro, Fuerteventura, Gran Canaria, La Gomera, La Palma, Lanzarote y Tenerife, las fiestas laborales serán, además, las siguientes: en El Hierro: el 24 de septiembre, festividad de Nuestra Señora de los Reyes; en Fuerteventura: el 18 de septiembre, festividad de Nuestra Señora de la Peña; en Gran Canaria: el 8 de septiembre, festividad de Nuestra Señora del Pino; en La Gomera: el 5 de octubre, festividad de Nuestra Señora de Guadalupe; en La Palma: el 5 de agosto, festividad de Nuestra Señora de Las Nieves; en Lanzarote: el 15 de septiembre, festividad de Nuestra Señora de los Dolores; en Tenerife: el 7 de septiembre, festividad de la Bajada de la Virgen del Socorro.
2. En la Comunidad Autónoma de Cataluña, la Orden TSF/116/2019, de 7 de junio, por la que se establece el calendario oficial de fiestas laborales en Cataluña para el año 2020 (D.O.G.C. de 14 de junio de 2019) dispone que: 'En el territorio de Arán, de acuerdo con el Decreto 152/1997, de 25 de junio, y el Decreto 146/1998, de 23 de junio, que modifican el Decreto 177/1980, de 3 de octubre, sobre el calendario de fiestas fijas y suplentes, la fiesta del día 26 de diciembre (San Esteban) queda sustituida por la de 17 de junio (Fiesta de Arán)».
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Amiguis, ya está aquí el calendario laboral de 2020. Apañen sus calendarios ;) #BOE
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"131"
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OTROS_ANUNCIOS
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Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
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Ya está aquí el calendario laboral de 2020.
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SE DICTA EN RELACIÓN
y establece el calendario de días inhábiles para la Administración General del Estado: Resolución de 27 de noviembre de 2019
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[
"1320",
"2480",
"3687",
"6909",
"6910"
] | 3,331
|
2014-10-14
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BOE-A-2016-3235
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Anuncio de licitación de la Secretaría General de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Objeto: Servicios auxiliares para la sede de Madrid de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Expediente: 1400084.
|
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<documento fecha_actualizacion='20181023201505'>
<metadatos>
<identificador>BOE-B-2014-35911</identificador>
<titulo>Anuncio de licitación de la Secretaría General de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Objeto: Servicios auxiliares para la sede de Madrid de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Expediente: 1400084.</titulo>
<diario codigo='BOE'>Boletín Oficial del Estado</diario>
<diario_numero>249</diario_numero>
<seccion>5</seccion>
<subseccion>A</subseccion>
<departamento codigo='9534'>Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia</departamento>
<numero_anuncio>A140051568</numero_anuncio>
<fecha_publicacion>20141014</fecha_publicacion>
<letra_imagen>B</letra_imagen>
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<suplemento_pagina_inicial></suplemento_pagina_inicial>
<suplemento_pagina_final></suplemento_pagina_final>
<url_pdf>/boe/dias/2014/10/14/pdfs/BOE-B-2014-35911.pdf</url_pdf>
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<analisis>
<modalidad codigo='L'>Licitación</modalidad>
<tipo codigo='2'>Servicios</tipo>
<tramitacion codigo='1'>Ordinaria</tramitacion>
<procedimiento codigo='1'>Abierto</procedimiento>
<fecha_presentacion_ofertas>Hasta las 15:30 horas del 28 de octubre de 2014</fecha_presentacion_ofertas>
<fecha_apertura_ofertas>12 de noviembre de 2014, a las 12:30</fecha_apertura_ofertas>
<precio codigo=''></precio>
<importe>154.843,70</importe>
<ambito_geografico>Comunidad de Madrid</ambito_geografico>
<materias></materias>
<materias_cpv>98000000 Otros servicios comunitarios, sociales o personales</materias_cpv>
<observaciones></observaciones>
</analisis>
<texto>
<dl>
<dt>1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:</dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) Organismo: </dt>
<dd>Secretaría General de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.</dd>
<dt>b) Dependencia que tramita el expediente: </dt>
<dd>Secretaría General de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.</dd>
<dt>c) Obtención de documentación e información:</dt>
<dd>
<dl>
<dt>1) Dependencia: </dt>
<dd>Secretaría General de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.</dd>
<dt>2) Domicilio: </dt>
<dd>Alcalá, 47.</dd>
<dt>3) Localidad y código postal: </dt>
<dd>Madrid, 28014, España.</dd>
<dt>7) Dirección de Internet del perfil del contratante: </dt>
<dd>http://contrataciondelestado.es.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>d) Número de expediente: </dt>
<dd>1400084.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>2. Objeto del contrato: </dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) Tipo: </dt>
<dd>Servicios.</dd>
<dt>b) Descripción: </dt>
<dd>Servicios auxiliares para la sede de Madrid de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.</dd>
<dt>d) Lugar de ejecución/entrega: </dt>
<dd>
<dl>
<dt>1) Domicilio: </dt>
<dd>Alcalá, n.º 47 (El lugar de prestación de los servicios objeto del presente contrato será la sede en Madrid de la CNMC).</dd>
<dt>2) Localidad y código postal: </dt>
<dd>Madrid, 28014, España.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>e) Plazo de ejecución/entrega: </dt>
<dd>12 meses.</dd>
<dt>f) Admisión de prórroga: </dt>
<dd>El contrato podrá ser objeto de una o varias prórrogas, por mutuo acuerdo entre las partes, y la duración total de la/s prórroga/s no podrá superar, individual o conjuntamente consideradas, el límite máximo de 6 meses adicionales (El contrato tendrá una duración máxima de 12 meses desde la formalización del oportuno contrato administrativo).</dd>
<dt>i) CPV (Referencia de Nomenclatura): </dt>
<dd>98390000 (Otros servicios).</dd>
</dl>
</dd>
<dt>3. Tramitación y procedimiento:</dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) Tramitación: </dt>
<dd>Ordinaria.</dd>
<dt>b) Procedimiento: </dt>
<dd>Abierto.</dd>
<dt>d) Criterios de adjudicación: </dt>
<dd>Hora festiva, de 6 a 22 horas, sábados, domingos y festivos, hora nocturna y festiva, de 22 a 6 horas, sábados, domingos y festivos, hora nocturna, de 22 a 6 horas y precio 4 servicios auxiliares.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>4. Valor estimado del contrato:</dt>
<dd>191.955,00 euros.</dd>
<dt>5. Presupuesto base de licitación: </dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) </dt>
<dd> Importe neto: 127.970,00 euros. Importe total: 154.843,70 euros. </dd>
</dl>
</dd>
<dt>6. Garantías exigidas. </dt>
<dd> Definitiva (%): 5.</dd>
<dt>7. Requisitos específicos del contratista: </dt>
<dd>
<dl>
<dt>b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: </dt>
<dd>Solvencia económica y financiera: Informe de entidades financieras (Declaración apropiada de entidad financiera) y cifra anual de negocio (Declaración del volumen de negocios en el ámbito de actividades correspondientes al objeto del contrato, referido a los tres últimos ejercicios). Solvencia técnica y profesional: (Relación de los principales servicios efectuados durante los tres últimos años).</dd>
<dt>c) Otros requisitos específicos: </dt>
<dd>Capacidad de obrar; No prohibición para contratar; No estar incurso en incompatibilidades; Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social; Cumplimiento con las obligaciones tributarias; Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: </dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) Fecha límite de presentación: </dt>
<dd>Hasta las 15:30 horas del 28 de octubre de 2014.</dd>
<dt>b) Modalidad de presentación: </dt>
<dd>Manual.</dd>
<dt>c) Lugar de presentación:</dt>
<dd>
<dl>
<dt>1) Dependencia: </dt>
<dd>Secretaría General de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.</dd>
<dt>2) Domicilio: </dt>
<dd>Alcalá, 47.</dd>
<dt>3) Localidad y código postal: </dt>
<dd>Madrid, 28014, España.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>e) Admisión de variantes: </dt>
<dd>No.</dd>
<dt>f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: </dt>
<dd>3 meses.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>9. Apertura de Ofertas:</dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) Descripción: </dt>
<dd>Apertura sobre oferta económica.</dd>
<dt>b) Dirección: </dt>
<dd>Alcalá, n.º 47 (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia).</dd>
<dt>c) Localidad y código postal: </dt>
<dd>Madrid, 28014, España.</dd>
<dt>d) Fecha y hora: </dt>
<dd>12 de noviembre de 2014, a las 12:30.</dd>
</dl>
</dd>
</dl>
<p class='parrafo_2'>Madrid, 10 de octubre de 2014.- Secretaria General de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.</p>
</texto>
</documento>
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Tue Oct 14 09:03:32 +0000 2014
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1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo:
Secretaría General de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia:
Secretaría General de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
2) Domicilio:
Alcalá, 47.
3) Localidad y código postal:
Madrid, 28014, España.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante:
http://contrataciondelestado.es.
d) Número de expediente:
1400084.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo:
Servicios.
b) Descripción:
Servicios auxiliares para la sede de Madrid de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio:
Alcalá, n.º 47 (El lugar de prestación de los servicios objeto del presente contrato será la sede en Madrid de la CNMC).
2) Localidad y código postal:
Madrid, 28014, España.
e) Plazo de ejecución/entrega:
12 meses.
f) Admisión de prórroga:
El contrato podrá ser objeto de una o varias prórrogas, por mutuo acuerdo entre las partes, y la duración total de la/s prórroga/s no podrá superar, individual o conjuntamente consideradas, el límite máximo de 6 meses adicionales (El contrato tendrá una duración máxima de 12 meses desde la formalización del oportuno contrato administrativo).
i) CPV (Referencia de Nomenclatura):
98390000 (Otros servicios).
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación:
Ordinaria.
b) Procedimiento:
Abierto.
d) Criterios de adjudicación:
Hora festiva, de 6 a 22 horas, sábados, domingos y festivos, hora nocturna y festiva, de 22 a 6 horas, sábados, domingos y festivos, hora nocturna, de 22 a 6 horas y precio 4 servicios auxiliares.
4. Valor estimado del contrato:
191.955,00 euros.
5. Presupuesto base de licitación:
a)
Importe neto: 127.970,00 euros. Importe total: 154.843,70 euros.
6. Garantías exigidas.
Definitiva (%): 5.
7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional:
Solvencia económica y financiera: Informe de entidades financieras (Declaración apropiada de entidad financiera) y cifra anual de negocio (Declaración del volumen de negocios en el ámbito de actividades correspondientes al objeto del contrato, referido a los tres últimos ejercicios). Solvencia técnica y profesional: (Relación de los principales servicios efectuados durante los tres últimos años).
c) Otros requisitos específicos:
Capacidad de obrar; No prohibición para contratar; No estar incurso en incompatibilidades; Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social; Cumplimiento con las obligaciones tributarias; Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación:
Hasta las 15:30 horas del 28 de octubre de 2014.
b) Modalidad de presentación:
Manual.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia:
Secretaría General de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
2) Domicilio:
Alcalá, 47.
3) Localidad y código postal:
Madrid, 28014, España.
e) Admisión de variantes:
No.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta:
3 meses.
9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción:
Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección:
Alcalá, n.º 47 (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia).
c) Localidad y código postal:
Madrid, 28014, España.
d) Fecha y hora:
12 de noviembre de 2014, a las 12:30.
Madrid, 10 de octubre de 2014.- Secretaria General de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
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¿Veis este contrato de "servicios auxiliares" para CNMC? En realidad son 4 conductores #BOE
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NOMBRAMIENTOS_Y_CESES
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Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
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Contrato de servicios auxiliares para la sede de Madrid de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por un importe total de 154.843,70 euros.
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[] | 3,335
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2016-04-05
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BOE-B-2015-9902
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Resolución de 1 de marzo de 2016, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se declara la pérdida de la condición de funcionario del Policía del Cuerpo Nacional de Policía don José Manuel Martín Alonso.
|
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<identificador>BOE-A-2016-3235</identificador>
<titulo>Resolución de 1 de marzo de 2016, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se declara la pérdida de la condición de funcionario del Policía del Cuerpo Nacional de Policía don José Manuel Martín Alonso.</titulo>
<diario codigo='BOE'>Boletín Oficial del Estado</diario>
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<departamento codigo='7320'>Ministerio del Interior</departamento>
<rango codigo='1370'>Resolución</rango>
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<fecha_publicacion>20160405</fecha_publicacion>
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<referencias>
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<texto>
<p class='parrafo'>La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Ávila, en sentencia de fecha 30 de abril de 2015, devenida firme el 25 de enero de 2016, al haber sido casada parcialmente por sentencia de fecha 2 de diciembre de 2015 del Tribunal Supremo, condenó al policía del Cuerpo Nacional de Policía don José Manuel Martín Alonso, con dni número 6.583.993, adscrito a la Comisaría Provincial de Policía de Ávila, como autor de un delito de prevaricación, a la pena, entre otras, de inhabilitación especial para el desempeño de empleo o cargo público por tiempo de 7 años.</p>
<p class='parrafo'>Y como quiera que, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 5.1.e) de la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, de Régimen de Personal de la Policía Nacional, 63.e) y 66 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, «La pena principal o accesoria de inhabilitación especial cuando hubiere adquirido firmeza la sentencia que la imponga produce la pérdida de la condición de funcionario respecto de aquellos empleos o cargos especificados en la sentencia».</p>
<p class='parrafo'>Esta Secretaría de Estado dispone:</p>
<p class='parrafo_2'>Declarar la pérdida de la condición de funcionario del Policía del Cuerpo Nacional de Policía don José Manuel Martín Alonso, por la pena de inhabilitación especial a que ha sido condenado.</p>
<p class='parrafo_2'>Madrid, 1 de marzo de 2016.–El Secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez Vázquez.</p>
</texto>
</documento>
|
Tue Apr 05 09:18:09 +0000 2016
|
La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Ávila, en sentencia de fecha 30 de abril de 2015, devenida firme el 25 de enero de 2016, al haber sido casada parcialmente por sentencia de fecha 2 de diciembre de 2015 del Tribunal Supremo, condenó al policía del Cuerpo Nacional de Policía don José Manuel Martín Alonso, con dni número 6.583.993, adscrito a la Comisaría Provincial de Policía de Ávila, como autor de un delito de prevaricación, a la pena, entre otras, de inhabilitación especial para el desempeño de empleo o cargo público por tiempo de 7 años.
Y como quiera que, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 5.1.e) de la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, de Régimen de Personal de la Policía Nacional, 63.e) y 66 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, «La pena principal o accesoria de inhabilitación especial cuando hubiere adquirido firmeza la sentencia que la imponga produce la pérdida de la condición de funcionario respecto de aquellos empleos o cargos especificados en la sentencia».
Esta Secretaría de Estado dispone:
Declarar la pérdida de la condición de funcionario del Policía del Cuerpo Nacional de Policía don José Manuel Martín Alonso, por la pena de inhabilitación especial a que ha sido condenado.
Madrid, 1 de marzo de 2016.–El Secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez Vázquez.
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2 policías de Ávila condenados en 2015 por prevaricación pierden la plaza y #BOE
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CONTRATOS_LICITACIONES
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Ministerio del Interior
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José Manuel Martín Alonso, pierde su plaza de policía por condena de ser autor de un delito de prevaricación.
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[] | 3,336
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2013-02-13
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BOE-B-2013-12417
|
Resolución de 28 de enero de 2013, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se dispone el cese de doña María Isabel Gómez Solé como Secretaria General del Instituto de la Mujer.
|
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<documento fecha_actualizacion='20181023185509'>
<metadatos>
<identificador>BOE-A-2013-1525</identificador>
<titulo>Resolución de 28 de enero de 2013, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se dispone el cese de doña María Isabel Gómez Solé como Secretaria General del Instituto de la Mujer.</titulo>
<diario codigo='BOE'>Boletín Oficial del Estado</diario>
<diario_numero>38</diario_numero>
<seccion>2</seccion>
<subseccion>A</subseccion>
<departamento codigo='9222'>Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad</departamento>
<rango codigo='1370'>Resolución</rango>
<numero_oficial></numero_oficial>
<fecha_disposicion>20130128</fecha_disposicion>
<fecha_publicacion>20130213</fecha_publicacion>
<fecha_vigencia></fecha_vigencia>
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<letra_imagen>A</letra_imagen>
<pagina_inicial>12565</pagina_inicial>
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<origen_legislativo codigo='1'>Estatal</origen_legislativo>
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<judicialmente_anulada>N</judicialmente_anulada>
<vigencia_agotada>N</vigencia_agotada>
<estatus_derogacion>N</estatus_derogacion>
<url_epub></url_epub>
<url_pdf>/boe/dias/2013/02/13/pdfs/BOE-A-2013-1525.pdf</url_pdf>
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<analisis>
<notas></notas>
<materias></materias>
<alertas></alertas>
<referencias>
<anteriores></anteriores>
<posteriores></posteriores>
</referencias>
</analisis>
<texto>
<p class='parrafo'>En virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 14.3 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, dispongo el cese, con efectividad de 31 de enero de 2013, de doña María Isabel Gómez Solé, funcionaria del Cuerpo Superior de Técnicos de la Administración de la Seguridad Social, como Secretaria General del Instituto de la Mujer, agradeciéndole los servicios prestados.</p>
<p class='parrafo_2'>Madrid, 28 de enero de 2013.–El Secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno Bonilla.</p>
</texto>
</documento>
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Wed Feb 13 07:28:50 +0000 2013
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En virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 14.3 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, dispongo el cese, con efectividad de 31 de enero de 2013, de doña María Isabel Gómez Solé, funcionaria del Cuerpo Superior de Técnicos de la Administración de la Seguridad Social, como Secretaria General del Instituto de la Mujer, agradeciéndole los servicios prestados.
Madrid, 28 de enero de 2013.–El Secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno Bonilla.
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El Gobierno cesa a la secretaria general del Instituto de la Mujer, María Isabel Gómez Solé #BOE
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CONTRATOS_LICITACIONES
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Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
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El Gobierno cesa a la secretaria general del Instituto de la Mujer, María Isabel Gómez Solé
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2013-04-02
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BOE-A-2013-13750
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Anuncio del Ayuntamiento de Murcia, de formalización de contrato de 'Servicio de Telefonía móvil del Excmo. Ayuntamiento de Murcia'.
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<identificador>BOE-B-2013-12417</identificador>
<titulo>Anuncio del Ayuntamiento de Murcia, de formalización de contrato de 'Servicio de Telefonía móvil del Excmo. Ayuntamiento de Murcia'.</titulo>
<diario codigo='BOE'>Boletín Oficial del Estado</diario>
<diario_numero>79</diario_numero>
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<subseccion>A</subseccion>
<departamento codigo='9525'>Administración Local</departamento>
<numero_anuncio>A130016325</numero_anuncio>
<fecha_publicacion>20130402</fecha_publicacion>
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<analisis>
<modalidad codigo='F'>Formalización contrato</modalidad>
<tipo codigo='2'>Servicios</tipo>
<tramitacion codigo='1'>Ordinaria</tramitacion>
<procedimiento codigo='1'>Abierto</procedimiento>
<fecha_presentacion_ofertas></fecha_presentacion_ofertas>
<fecha_apertura_ofertas></fecha_apertura_ofertas>
<precio codigo=''></precio>
<importe>320.279,74</importe>
<ambito_geografico>Región de Murcia</ambito_geografico>
<materias></materias>
<materias_cpv>64000000 Servicios de correos y telecomunicaciones</materias_cpv>
<observaciones></observaciones>
</analisis>
<texto>
<dl>
<dt>1. Entidad adjudicadora: </dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) Organismo: </dt>
<dd>Ayuntamiento de Murcia.</dd>
<dt>b) Dependencia que tramita el expediente: </dt>
<dd>Servicio de Contratación, Suministros y Responsabilidad Patrimonial.</dd>
<dt>c) Número de expediente: </dt>
<dd>345/2012.</dd>
<dt>d) Dirección de Internet del perfil del contratante: </dt>
<dd>www.murcia.es.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>2. Objeto del contrato: </dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) Tipo: </dt>
<dd>Servicio.</dd>
<dt>b) Descripción: </dt>
<dd>Servicio de Telefonía móvil del Excmo. Ayuntamiento de Murcia.</dd>
<dt>d) CPV (Referencia de Nomenclatura): </dt>
<dd>64212000</dd>
<dt>g) Medio de publicación del anuncio de licitación: </dt>
<dd>Boletín Oficial del Estado.</dd>
<dt>h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: </dt>
<dd>13 de diciembre de 2012.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>3. Tramitación y procedimiento:</dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) Tramitación: </dt>
<dd>Ordinaria.</dd>
<dt>b) Procedimiento: </dt>
<dd>Abierto.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>4. Valor estimado del contrato:</dt>
<dd>662.880,00 €.</dd>
<dt>5. Presupuesto base de licitación.</dt>
<dd> Importe neto: 331.440,00 euros. Importe total: 401.042,40 euros. </dd>
<dt>6. Formalización del contrato:</dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) Fecha de adjudicación: </dt>
<dd>13 de febrero de 2013.</dd>
<dt>b) Fecha de formalización del contrato: </dt>
<dd>8 de marzo de 2012.</dd>
<dt>c) Contratista: </dt>
<dd>Telefónica Móviles España, S.A.U.</dd>
<dt>d) Importe o canon de adjudicación: </dt>
<dd> Importe neto: 264.694,00 euros. Importe total: 320.279,74 euros. </dd>
</dl>
</dd>
</dl>
<p class='parrafo_2'>Murcia, 27 de marzo de 2013.- EL Alcalde, P.D. La Jefe del Servicio de Contratación, Suministros y Responsabilidad Patrimonial.</p>
</texto>
</documento>
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Tue Apr 02 09:05:57 +0000 2013
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1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo:
Ayuntamiento de Murcia.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación, Suministros y Responsabilidad Patrimonial.
c) Número de expediente:
345/2012.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante:
www.murcia.es.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo:
Servicio.
b) Descripción:
Servicio de Telefonía móvil del Excmo. Ayuntamiento de Murcia.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura):
64212000
g) Medio de publicación del anuncio de licitación:
Boletín Oficial del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación:
13 de diciembre de 2012.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación:
Ordinaria.
b) Procedimiento:
Abierto.
4. Valor estimado del contrato:
662.880,00 €.
5. Presupuesto base de licitación.
Importe neto: 331.440,00 euros. Importe total: 401.042,40 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación:
13 de febrero de 2013.
b) Fecha de formalización del contrato:
8 de marzo de 2012.
c) Contratista:
Telefónica Móviles España, S.A.U.
d) Importe o canon de adjudicación:
Importe neto: 264.694,00 euros. Importe total: 320.279,74 euros.
Murcia, 27 de marzo de 2013.- EL Alcalde, P.D. La Jefe del Servicio de Contratación, Suministros y Responsabilidad Patrimonial.
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Ayto Murcia contrata la telefonía móvil x 160.000 euros/año a Telefónica. Son 510 terminales, 40 de gama alta. #BOE
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OTROS_ANUNCIOS
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Administración Local
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Ayuntamiento de Murcia contrata la telefonía móvil a Telefónica por importe total de 320.279,74 euros. Sale a algo más de 160.000 euros al año.
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2013-12-28
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BOE-A-2019-14174
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Orden IET/2442/2013, de 26 de diciembre, por la que se establecen las retribuciones del segundo periodo de 2013 para las actividades de transporte y distribución de energía eléctrica y se establecen otras medidas en relación con la retribución de las actividades de transporte y distribución de años anteriores.
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<identificador>BOE-A-2013-13750</identificador>
<titulo>Orden IET/2442/2013, de 26 de diciembre, por la que se establecen las retribuciones del segundo periodo de 2013 para las actividades de transporte y distribución de energía eléctrica y se establecen otras medidas en relación con la retribución de las actividades de transporte y distribución de años anteriores.</titulo>
<diario codigo='BOE'>Boletín Oficial del Estado</diario>
<diario_numero>311</diario_numero>
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<departamento codigo='9219'>Ministerio de Industria, Energía y Turismo</departamento>
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<numero_oficial>IET/2442/2013</numero_oficial>
<fecha_disposicion>20131226</fecha_disposicion>
<fecha_publicacion>20131228</fecha_publicacion>
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<judicialmente_anulada>N</judicialmente_anulada>
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<estatus_derogacion>N</estatus_derogacion>
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<posterior orden='' referencia='BOE-A-2020-10945'>
<palabra codigo='331'>SE DICTA EN RELACION</palabra>
<texto>y se establecen las retribuciones de varias empresas de distribución de energía eléctrica: Orden TED/866/2020, de 15 de septiembre</texto>
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</posteriores>
</referencias>
</analisis>
<texto>
<p class='parrafo'>La Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, establece en sus artículos 11 y 16 que el transporte y la distribución de energía eléctrica tienen carácter de actividad regulada, y que sus regímenes económicos serán objeto de desarrollo reglamentario por parte del Gobierno.</p>
<p class='parrafo'>El Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico, ha modificado el artículo 16 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, antes señalada, introduciendo un nuevo principio retributivo. En éste se dispone que en las metodologías retributivas de las actividades de transporte y distribución se considerarán los costes necesarios para realizar la actividad por una empresa eficiente y bien gestionada, mediante la aplicación de criterios básicos que serán homogéneos en todo el territorio español, y que los regímenes económicos de las actividades de red permitirán una retribución adecuada a la de una actividad de bajo riesgo. A tal efecto, se establece que la tasa de retribución financiera del activo con derecho a retribución a cargo del sistema eléctrico de las empresas de transporte y distribución estará referenciada al rendimiento de las Obligaciones del Estado a diez años en el mercado secundario incrementado con un diferencial.</p>
<p class='parrafo'>La presente orden da cumplimiento a los artículos 4.1 y 5.1 del Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, en los que se señala que el Ministro de Industria, Energía y Turismo, previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, aprobará la retribución para cada una de las empresas distribuidoras de energía eléctrica y para las empresas titulares de instalaciones de transporte para el periodo que transcurre desde la entrada en vigor del citado real decreto-ley hasta el 31 de diciembre de 2013, el cual se denominará segundo periodo de 2013.</p>
<p class='parrafo'>Así, para la actividad de transporte, el artículo primero de esta orden ministerial contiene el resultado de aplicar la metodología contenida en el anexo III del Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, para el cálculo de la retribución reconocida a cada empresa de transporte en el segundo periodo del año 2013, por el ejercicio de la actividad de transporte asociado a todas sus instalaciones en servicio en el año 2011, todo ello sin perjuicio de las cantidades que en su momento se calculen y se aprueben correspondientes al incentivo de disponibilidad y a la inversión y a la operación y mantenimiento asociada a instalaciones singulares que se encuentren en servicio a 31 de diciembre de 2011. Para la obtención de estos valores se ha considerado la información contenida en el documento de la Comisión Nacional de Energía denominado «Información técnica y económica de la Actividad de Transporte», aprobado por el Consejo de Administración de fecha 18 de abril de 2013. Asimismo se ha tomado como tasa de retribución financiera del activo neto la resultante de aplicar el artículo 6.2 del Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, que asciende a 5,5033%.</p>
<p class='parrafo'>En cuanto a la actividad de distribución de energía eléctrica, el artículo 7 de la presente orden recoge el resultado de aplicar la metodología contenida en el anexo I del Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, para el cálculo de la retribución reconocida por el ejercicio de la actividad de distribución a cada empresa distribuidora en el segundo periodo del año 2013. Para la obtención de estos valores se ha considerado la información contenida en los informes de la Comisión Nacional de Energía denominados «Propuesta de retribución de referencia para el periodo regulatorio 2013-2016 de la actividad de distribución de energía eléctrica de las empresas distribuidoras con más de 100.000 clientes conectados a sus redes aplicación al ejercicio 2013» y «Propuesta de retribución de referencia para el periodo regulatorio 2013-2016 de la actividad de distribución de energía eléctrica de las empresas distribuidoras con menos de 100.000 clientes conectados a sus redes aplicación al ejercicio 2013». Asimismo, de nuevo se ha considerado como tasa de retribución financiera del activo neto la resultante de aplicar el artículo 6.2 del Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, que asciende a 5,5033%.</p>
<p class='parrafo'>Por otra parte y por lo que respecta a la retribución de las instalaciones de transporte en los sistemas no peninsulares, hasta la entrada en vigor del Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, la normativa de aplicación que regulaba la retribución de las instalaciones de transporte puestas en servicio con posterioridad al 1 de enero de 2008 se encontraba recogida en el Real Decreto 325/2008, de 29 de febrero, por el que se establece la retribución de la actividad de transporte de energía eléctrica para instalaciones puestas en servicio a partir del 1 de enero de 2008, con los matizaciones introducidas por el Real Decreto-ley 13/2012, de 30 de marzo, por el que se transponen directivas en materia de mercados interiores de electricidad y gas y en materia de comunicaciones electrónicas, y por el que se adoptan medidas para la corrección de las desviaciones por desajustes entre los costes e ingresos de los sectores eléctrico y gasista, por el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad y por el Real Decreto-ley 2/2013, de 1 de febrero, de medidas urgentes en el sistema eléctrico y en el sector financiero.</p>
<p class='parrafo'>La metodología establecida por el citado Real Decreto 325/2008, de 29 de febrero, requería la aprobación tanto de unas instalaciones de transporte que se tomen como estándares, como de unos valores unitarios de los costes de inversión y de operación y mantenimiento de las mismas. Su dicción original establecía que los valores unitarios de referencia serían «únicos para todo el territorio nacional».</p>
<p class='parrafo'>En el caso de instalaciones peninsulares, estos valores unitarios fueron establecidos en la Orden ITC/368/2011, de 21 de febrero, por la que se aprueban los valores unitarios de referencia para los costes de inversión y de operación y mantenimiento para las instalaciones de transporte, por elemento de inmovilizado, que serán aplicables a las instalaciones puestas en servicio a partir del 1 de enero de 2008.</p>
<p class='parrafo'>No obstante, tal y como se recoge en la exposición de motivos del Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, «con el fin de asignar los costes correctamente y no crear unos estándares distorsionados se ha optado por determinar unos estándares específicos para los sistemas insulares o extrapeninsulares», por lo que en dicha norma se ha modificado el Real Decreto 325/2008, de 29 de febrero, permitiendo así el establecimiento de valores unitarios para los subsistemas no peninsulares.</p>
<p class='parrafo'>Una vez realizada en la disposición final tercera de dicho real decreto-ley la modificación que habilita a la aprobación de unos valores unitarios de referencia para aquellas instalaciones que tengan consideración de red de transporte en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares, en la presente orden se aprueban unos valores unitarios para las Islas Baleares, para Gran Canaria y Tenerife y para las restantes Islas Canarias, para instalaciones puestas en servicio desde el 1 de enero del año 2008. Estos valores unitarios, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, serán de aplicación hasta que se inicie el primer periodo regulatorio al amparo del real decreto de retribución de la actividad de transporte previsto en el artículo 6 del Real Decreto-ley 13/2012, de 30 de marzo.</p>
<p class='parrafo'>Las instalaciones y los valores recogidos en la presente orden para instalaciones que tengan consideración de red de transporte en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares, son los propuestos por la Comisión Nacional de Energía en su informe de fecha 17 de junio de 2010 actualizados a 1 de enero de 2008. Dicho informe era el resultante de informar la propuesta de orden remitida por la Secretaría de Estado de Energía para el establecimiento de valores unitarios de referencia para instalaciones de transporte peninsular, en el cual, se incorporó una propuesta de instalaciones y valores unitarios para los sistemas extrapeninsulares e insulares.</p>
<p class='parrafo'>Por otro lado y de acuerdo con la urgencia señalada en el Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio antes señalado, la presente orden otorga carácter definitivo a determinadas retribuciones de las actividades de transporte y distribución para los años 2008- 2011 con el fin de proceder a realizar las liquidaciones definitivas en el menor periodo posible de tiempo.</p>
<p class='parrafo'>Con ese objetivo y apoyándose en el informe aprobado por el Consejo de la Comisión Nacional de Energía de fecha 5 de diciembre de 2011 denominado «Informe para la fijación del importe a reconocer a la actividad de transporte en los años 2008, 2009, 2010 y 2011, con su desglose por empresas», las alegaciones presentadas por las empresas afectadas a dicho informe y el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia denominado «Informe sobre las alegaciones recibidas al Informe para la fijación del importe a reconocer a la actividad de transporte en los años 2008, 2009, 2010 y 2011, con su desglose por empresas» aprobado por la Sala Regulatoria de la misma en su sesión de fecha 10 de diciembre de 2013, se establecen para dichos años las retribuciones definitivas a percibir por las empresas titulares de instalaciones de transporte.</p>
<p class='parrafo'>Durante el periodo que transcurrió desde el año 2009 al 2011 las empresas titulares de instalaciones de transporte percibieron de manera provisional una cantidad en concepto de incentivo a la disponibilidad resultante de aplicar la metodología del incentivo contenido en el Real Decreto 2819/1998, de 23 de diciembre. En cumplimiento del mandato de la disposición adicional cuarta del Real Decreto 325/2008, de 29 de febrero, antes señalado y con el objetivo de garantizar la estabilidad de empresas que ejercen una actividad regulada y considerando que fue un periodo en que se produjeron traspasos de activos en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 17/2007, de 4 de julio, se introduce una disposición que otorgue carácter definitivo a la retribución percibida en concepto de incentivo a la disponibilidad durante dichos años, pero con las limitaciones en la cuantía máxima que impone el Real Decreto 325/2008, de 29 de febrero.</p>
<p class='parrafo'>Al amparo de dicho artículo, se aprueban para el periodo 2009-2011 las cuantías derivadas de la aplicación de del incentivo señalado en el párrafo anterior, aplicando en todo momento las limitaciones del ± 2 % de la retribución por inversión que impone el Real Decreto 325/2008, de 29 de febrero. Asimismo y al amparo del Real Decreto 2819/1998, de 23 de diciembre, se aprueba la cuantía correspondiente al incentivo de disponibilidad a percibir en el año 2008 por las empresas.</p>
<p class='parrafo'>Por otra parte, en la presente orden, se ha procedido a integrar las retribuciones correspondientes al primer periodo de 2013 de empresas que han experimentado bien fusiones por absorción o aquellas cuyos activos han adquirido la totalidad de los activos de otras empresas distribuidoras. Asimismo, se realiza las revisiones de la retribución del primer periodo de 2013 de algunas empresas distribuidoras de menos de 100.000 clientes conectados a sus redes que habían solicitado revisión antes de la aprobación del Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio.</p>
<p class='parrafo'>Finalmente se procede a establecer las cuantías del incentivo de calidad del servicio correspondiente a la retribución del año 2013 y se revisan las cantidades de los incentivos de calidad de servicio de los años, en aplicación del Real Decreto 222/2008, de 15 de febrero y de la Orden ITC/3801/2008, de 26 de diciembre, por la que se revisan las tarifas eléctricas a partir de 1 de enero de 2009.</p>
<p class='parrafo'>Una vez analizado el informe 17/2013 de la Comisión Nacional de Energía aprobado por su Consejo de Administración de fecha 31 de julio de 2013, el cual tienen en consideración las alegaciones formuladas en el trámite de audiencia evacuado mediante consulta a los representantes en el Consejo Consultivo de Electricidad.</p>
<p class='parrafo'>Mediante acuerdo de 26 de diciembre de 2013, la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos ha autorizado al Ministro de Industria, Energía y Turismo a dictar la presente orden.</p>
<p class='parrafo'>En su virtud, previo Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, dispongo:</p>
<p class='articulo'>Artículo 1. Retribución a la actividad de transporte para el segundo periodo de 2013.</p>
<p class='parrafo'>De acuerdo con lo establecido en el artículo 5.1 del Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, y sin perjuicio de las cantidades que en su momento se calculen y se aprueben correspondientes al incentivo de disponibilidad y a la retribución a la inversión y a la operación y mantenimiento asociada a las inversiones que se declaren como singulares y que se encuentren en servicio antes de 31 de diciembre de 2013, se establece para el segundo periodo de 2013 como retribución definitiva de las empresa titulares de instalaciones de transporte, las cantidades que figuran en la siguiente tabla:</p>
<table class='tabla'>
<tr>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Retribución transporte</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>2.º periodo de 2013 </p>
<p class='cabeza_tabla'>– </p>
<p class='cabeza_tabla'>Miles de euros</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Red Eléctrica de España, S.A.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>690.268</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Unión Fenosa Distribución, S.A.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>16.438</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Total</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>706.706</p>
</td>
</tr>
</table>
<p class='articulo'>Artículo 2. Valores unitarios de referencia para los costes de inversión y de operación y mantenimiento por elemento de inmovilizado aplicables a las instalaciones puestas en servicio desde el 1 de enero de 2008 en los sistemas extrapeninsulares e insulares.</p>
<p class='parrafo'>1. Los valores unitarios de referencia para los costes de inversión y de operación y mantenimiento, por elemento de inmovilizado, que serán aplicables a las instalaciones de transporte puestas en servicio en los sistemas extrapeninsulares e insulares a partir del 1 de enero de 2008 actualizados a dicha fecha, serán los que detalladamente figuran en los anexos I, II y III.</p>
<p class='parrafo'>2. Los despachos de maniobra y telecontrol puestos en servicio desde el 1 de enero de 2008 hasta el 31 de diciembre de 2011, en los sistemas extrapeninsulares e insulares que afectan a instalaciones de transporte tendrán la consideración de instalación singular.</p>
<p class='articulo'>Artículo 3. Retribución definitiva de las empresas titulares de instalaciones de transporte para los años 2008- 2011.</p>
<p class='parrafo'>De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 325/2008, de 29 de febrero, por el que se establece la retribución de la actividad de transporte de energía eléctrica para instalaciones puestas en servicio a partir del 1 de enero de 2008 y en el Real Decreto 2819/1998, de 23 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte y distribución de energía eléctrica, se establece como retribución definitiva de la actividad de transporte para los años 2008, 2009, 2010 y 2011, las cantidades que figuran en la siguiente tabla:</p>
<p class='centro_redonda'>Retribución definitiva de la red de transporte periodo 2008-2011 (miles de euros)</p>
<table class='tabla'>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> </p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>2008</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>2009</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>2010</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>2011</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Red Eléctrica de España</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>1.008.217</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>1.067.236</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>1.205.591</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>1.331.331</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Propias</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>1.008.217</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>1.067.236</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>1.177.445</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>1.288.469</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Adquiridas a Unión Fenosa Distribución</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> </p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> </p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>640</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>5.575</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Adquiridas a Endesa Distribución Eléctrica (peninsular)</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> </p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> </p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>23.769</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>30.144</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Adquiridas a Hidrocantábrico Distribución Eléctrica</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> </p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> </p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>3.737</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>7.143</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Unión Fenosa Distribución</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>41.439</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>38.641</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>42.807</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>39.528</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Endesa Distribución Eléctrica, S.L.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>25.710</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>25.235</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>0</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>0</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>6.479</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>6.881</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>7.021</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>0</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>21</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>21</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>21</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>0</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Total Peninsular</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>1.081.866</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>1.138.014</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>1.255.440</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>1.370.859</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Red Eléctrica de España</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> </p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> </p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>118.167</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>129.792</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Adquiridas a Endesa Distribución Eléctrica</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> </p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> </p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>118.167</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>129.792</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Endesa Distribución Eléctrica, S.L.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>105.971</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>106.673</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> </p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> </p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Total Insular</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>105.971</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>106.673</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>118.167</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>129.792</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Total Nacional</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>1.187.837</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>1.244.687</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>1.373.607</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>1.500.651</p>
</td>
</tr>
</table>
<p class='articulo'>Artículo 4. Incentivo de disponibilidad correspondiente al año 2008.</p>
<p class='parrafo'>De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 2819/1998, de 23 de diciembre, se establece como retribución definitiva en concepto de incentivo a la disponibilidad de la red de transporte correspondiente a la retribución del año 2008 debida a la disponibilidad de la red de transporte del año 2007 las cantidades que figuran en la siguiente tabla:</p>
<p class='centro_redonda'>Incentivo a la disponibilidad de la red de transporte 2008 (miles de euros)</p>
<table class='tabla'>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> </p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>2008</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>Disponibilidad peninsular</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> </p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Red Eléctrica de España</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>11.121</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Unión Fenosa Distribución</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>966</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Endesa Distribución Eléctrica, S.L.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>793</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>138</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Total Peninsular</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>13.018</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>Disponibilidad territorios insulares</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> </p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Endesa Distribución Eléctrica, S.L.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>3.266</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Total Insular</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>3.266</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Total Nacional</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>16.284</p>
</td>
</tr>
</table>
<p class='articulo'>Artículo 5. Cálculo del Incentivo de disponibilidad del periodo 2009-2011.</p>
<p class='parrafo'>1. El devengo del incentivo de disponibilidad correspondiente a la disponibilidad ofrecida por la red de transporte en los años 2008, 2009 y 2010 se percibirá en concepto de retribución asociada a los años 2009, 2010 y 2011 respectivamente.</p>
<p class='parrafo'>2. Sin perjuicio de las limitaciones establecidas en la disposición adicional cuarta del Real Decreto 325/2008, de 29 de febrero, el incentivo de disponibilidad a percibir durante los años 2009, 2011 y 2011 se obtendrá por aplicación de la siguiente formulación:</p>
<img/>
<p class='parrafo_2'>Donde:</p>
<p class='parrafo_2'>ID<sub>j, n</sub>: Es el incentivo a la disponibilidad que percibirá la empresa j el año n.</p>
<p class='parrafo'>DT<sub>j, n–1</sub>:Es la disponibilidad total real que de las instalaciones de transporte de la empresa j durante el año n-1. Este índice se calculará de acuerdo a lo establecido en el artículo 26 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.</p>
<p class='parrafo'>DT<sub>obj j, n–1</sub>:Es la disponibilidad total objetivo para el año n. Este parámetro tomará un valor de 0,97.</p>
<p class='parrafo'>R<sub>j, n</sub>: Es la retribución asociada a la actividad de transporte que percibirá la empresa j el año n.</p>
<p class='articulo'>Artículo 6. Incentivo de disponibilidad a la red de transporte correspondiente al periodo 2009-2011.</p>
<p class='parrafo'>De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la presente orden y considerando las limitaciones establecidas en la disposición adicional cuarta del Real Decreto 325/2008, de 29 de febrero, se establece como retribución definitiva en concepto de incentivo a la disponibilidad de la red de transporte para los años 2009, 2010 y 2011 debida a la disponibilidad de la red de transporte de los años 2008, 2009 y 2010, las cantidades que figuran en la siguiente tabla:</p>
<p class='centro_redonda'>Retribución definitiva del incentivo a la disponibilidad de la red de transporte periodo 2009-2011 (miles de euros)</p>
<table class='tabla'>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> </p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>2009</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>2010</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>2011</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Red Eléctrica de España</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>12.213</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>14.863</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>14.966</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>REE propias</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>12.213</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>12.631</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>12.407</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Adquiridas a Endesa (península)</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> </p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>393</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>430</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Adquiridas a Endesa (no peninsular)</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> </p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>1.839</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>2.029</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Adquiridas a Hidrocantábrico</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> </p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> </p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>100</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Unión Fenosa Distribución</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>633</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>662</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>29</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Endesa Distribución Eléctrica, S.L.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>1.882</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> </p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> </p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>82</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>98</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> </p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> </p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> </p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> </p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Total</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>14.810</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>15.623</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>14.995</p>
</td>
</tr>
</table>
<p class='articulo'>Artículo 7. Retribución a la actividad de distribución para el segundo periodo de 2013.</p>
<p class='parrafo'>1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 4.1 del Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, y sin perjuicio del incentivo o penalización a la reducción de pérdidas ni del incentivo o penalización de mejora de la calidad de servicio, se establece para el segundo periodo de 2013 como retribución definitiva de la actividad de distribución correspondiente a las empresas distribuidoras con más de 100.000 clientes conectados a sus redes, las cantidades que figuran en la siguiente tabla:</p>
<table class='tabla'>
<tr>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Empresa</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Segundo periodo </p>
<p class='cabeza_tabla'>de 2013 </p>
<p class='cabeza_tabla'>– </p>
<p class='cabeza_tabla'>Miles de euros</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>677.217</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Unión Fenosa Distribución, S.A.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>312.934</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>66.126</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>E.ON Distribución, S.L.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>64.243</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Endesa Distribución Eléctrica, S.L.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>852.118</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Total</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>1.972.638</p>
</td>
</tr>
</table>
<p class='parrafo'>De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, para el segundo periodo del año 2013 como retribución definitiva de la actividad de distribución y gestión comercial correspondiente a las empresas distribuidoras con menos de 100.000 clientes conectados a sus redes ascenderá a 139.437,420 miles de euros, según el desglose que figura en el anexo IV.</p>
<p class='articulo'>Artículo 8. Incentivo de calidad del servicio correspondiente a la retribución del año 2013.</p>
<p class='parrafo'>La cuantía del incentivo de calidad del servicio Q<sub>2011</sub>, correspondiente a la retribución del año 2013 asociada al grado de cumplimiento de la calidad de servicio del año 2011 ascenderá a 77.004 miles de euros, de acuerdo al desglose recogido en la siguiente tabla:</p>
<table class='tabla'>
<tr>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Empresa</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Q<sub>2011</sub> </p>
<p class='cabeza_tabla'>– </p>
<p class='cabeza_tabla'>Miles de euros</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>42.101</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Unión Fenosa Distribución, S.A.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>13.498</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>2.556</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>E.ON Distribución, S.L.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>1.695</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Endesa Distribución Eléctrica, S.L.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>17.154</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Total</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>77.004</p>
</td>
</tr>
</table>
<p class='articulo'>Artículo 9. Revisión de las cuantías del incentivo de calidad del servicio correspondiente a la retribución de los años 2009 y 2010.</p>
<p class='parrafo'>Como consecuencia de la Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas, de fecha 4 de abril de 2008, por la que se aprobó la reclasificación zonal particular de 28 municipios suministrados por Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A., se revisa la retribución correspondiente al incentivo de calidad del servicio Q<sub>2008</sub> correspondiente a la retribución a percibir el año 2009 y al incentivo de calidad del servicio Q<sub>2009</sub> correspondiente a la retribución de a percibir el año 2010 que ascenderán a 68.315 y 65.153 miles de euros respectivamente, de acuerdo al desglose recogido en la siguiente tabla:</p>
<table class='tabla'>
<tr>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Empresa</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Q<sub>2008</sub> </p>
<p class='cabeza_tabla'>– </p>
<p class='cabeza_tabla'>Miles de euros</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Q<sub>2009</sub></p>
<p class='cabeza_tabla'>– </p>
<p class='cabeza_tabla'>Miles de euros</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>23.209</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>25.785</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Unión Fenosa Distribución, S.A.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>7.501</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>9.850</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>1.305</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>1.815</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>E.ON Distribución, S.L.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>2.599</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>2.280</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Endesa Distribución Eléctrica, S.L.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>33.521</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>33.521</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Total</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>68.135</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>65.153</p>
</td>
</tr>
</table>
<p class='articulo'>Artículo 10. Integración de Electra de Abusejo, S.L. en Unión Fenosa Distribución, S.A.</p>
<p class='parrafo'>Como consecuencia de la fusión por absorción de la empresa distribuidora Electra de Abusejo, S.L., en Unión Fenosa Distribución, S.A., y una vez visto el informe elaborado al respecto por la Comisión Nacional de Energía se procede a la integración de la retribución correspondiente al primer periodo del año 2013 en concepto de retribución a la actividad de distribución, deducidos los otros ingresos derivados de los derechos de acometida, enganches, verificación y alquiler de aparatos, en la retribución de la segunda cuya retribución que pasará a ser la siguiente:</p>
<table class='tabla'>
<tr>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Empresa</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Primer periodo de 2013</p>
<p class='cabeza_tabla'>– </p>
<p class='cabeza_tabla'>Miles de euros</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Unión Fenosa Distribución, S.A.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>419.745</p>
</td>
</tr>
</table>
<p class='articulo'>Artículo 11. Integración de Electra La Molina, S.L. y de Electra el Vendul, S.L. en E.On Distribución, S.L.</p>
<p class='parrafo'>Como consecuencia de la adquisición de la totalidad de las instalaciones de distribución de las empresa distribuidora Electra La Molina, S.L. y de Electra el Vendul, S.L. por E.On Distribución, S.L., y una vez visto el informe elaborado al respecto por la Comisión Nacional de Energía se procede a la integración de la retribución correspondiente al año 2012 y al primer periodo del año 2013 en concepto de retribución a la actividad de distribución, deducidos los otros ingresos derivados de los derechos de acometida, enganches, verificación y alquiler de aparatos, en la retribución de la segunda cuya retribución que pasará a ser la siguiente:</p>
<table class='tabla'>
<tr>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Empresa</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>2012</p>
<p class='cabeza_tabla'>– </p>
<p class='cabeza_tabla'>Miles de euros</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Primer periodo de 2013</p>
<p class='cabeza_tabla'>– </p>
<p class='cabeza_tabla'>Miles de euros</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>E.On Distribución, S.L.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>143.112</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>83.783</p>
</td>
</tr>
</table>
<p class='articulo'>Artículo 12. Revisión de la retribución del primer periodo de 2013 a la empresas distribuidoras de energía eléctrica denominadas Blázquez, S.L., Eléctrica de Cantoña, S.A. y Central Eléctrica de San Francisco, S.L.</p>
<p class='parrafo'>Como consecuencia de las solicitudes de revisión realizadas al amparo de lo recogido en el anexo I de la Orden IET/221/2013, de 14 de febrero, por las empresas distribuidora Blázquez, S.L., Eléctrica de Cantoña, S.A. y Central Eléctrica San Francisco, S.L. y una vez vistos los informes elaborados al respecto por la Comisión Nacional de Energía se procede a la revisión de la retribución correspondiente al primer periodo de 2013 que pasará a ser la siguiente:</p>
<table class='tabla'>
<tr>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Empresa</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Primer periodo de 2013</p>
<p class='cabeza_tabla'>– </p>
<p class='cabeza_tabla'>Miles de euros</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Blázquez, S.L.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>309.568</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Eléctrica de Cantoña, S.A.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>76.278</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Central Eléctrica San Francisco, S.L.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>341.441</p>
</td>
</tr>
</table>
<p class='articulo'>Disposición derogatoria única. Derogación normativa.</p>
<p class='parrafo'>Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en la presente orden.</p>
<p class='articulo'>Disposición final única. Entrada en vigor.</p>
<p class='parrafo'>La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».</p>
<p class='parrafo_2'>Madrid, 26 de diciembre, de 2013.–El Ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria López.</p>
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</texto>
</documento>
|
Sat Dec 28 09:10:03 +0000 2013
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La Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, establece en sus artículos 11 y 16 que el transporte y la distribución de energía eléctrica tienen carácter de actividad regulada, y que sus regímenes económicos serán objeto de desarrollo reglamentario por parte del Gobierno.
El Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico, ha modificado el artículo 16 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, antes señalada, introduciendo un nuevo principio retributivo. En éste se dispone que en las metodologías retributivas de las actividades de transporte y distribución se considerarán los costes necesarios para realizar la actividad por una empresa eficiente y bien gestionada, mediante la aplicación de criterios básicos que serán homogéneos en todo el territorio español, y que los regímenes económicos de las actividades de red permitirán una retribución adecuada a la de una actividad de bajo riesgo. A tal efecto, se establece que la tasa de retribución financiera del activo con derecho a retribución a cargo del sistema eléctrico de las empresas de transporte y distribución estará referenciada al rendimiento de las Obligaciones del Estado a diez años en el mercado secundario incrementado con un diferencial.
La presente orden da cumplimiento a los artículos 4.1 y 5.1 del Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, en los que se señala que el Ministro de Industria, Energía y Turismo, previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, aprobará la retribución para cada una de las empresas distribuidoras de energía eléctrica y para las empresas titulares de instalaciones de transporte para el periodo que transcurre desde la entrada en vigor del citado real decreto-ley hasta el 31 de diciembre de 2013, el cual se denominará segundo periodo de 2013.
Así, para la actividad de transporte, el artículo primero de esta orden ministerial contiene el resultado de aplicar la metodología contenida en el anexo III del Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, para el cálculo de la retribución reconocida a cada empresa de transporte en el segundo periodo del año 2013, por el ejercicio de la actividad de transporte asociado a todas sus instalaciones en servicio en el año 2011, todo ello sin perjuicio de las cantidades que en su momento se calculen y se aprueben correspondientes al incentivo de disponibilidad y a la inversión y a la operación y mantenimiento asociada a instalaciones singulares que se encuentren en servicio a 31 de diciembre de 2011. Para la obtención de estos valores se ha considerado la información contenida en el documento de la Comisión Nacional de Energía denominado «Información técnica y económica de la Actividad de Transporte», aprobado por el Consejo de Administración de fecha 18 de abril de 2013. Asimismo se ha tomado como tasa de retribución financiera del activo neto la resultante de aplicar el artículo 6.2 del Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, que asciende a 5,5033%.
En cuanto a la actividad de distribución de energía eléctrica, el artículo 7 de la presente orden recoge el resultado de aplicar la metodología contenida en el anexo I del Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, para el cálculo de la retribución reconocida por el ejercicio de la actividad de distribución a cada empresa distribuidora en el segundo periodo del año 2013. Para la obtención de estos valores se ha considerado la información contenida en los informes de la Comisión Nacional de Energía denominados «Propuesta de retribución de referencia para el periodo regulatorio 2013-2016 de la actividad de distribución de energía eléctrica de las empresas distribuidoras con más de 100.000 clientes conectados a sus redes aplicación al ejercicio 2013» y «Propuesta de retribución de referencia para el periodo regulatorio 2013-2016 de la actividad de distribución de energía eléctrica de las empresas distribuidoras con menos de 100.000 clientes conectados a sus redes aplicación al ejercicio 2013». Asimismo, de nuevo se ha considerado como tasa de retribución financiera del activo neto la resultante de aplicar el artículo 6.2 del Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, que asciende a 5,5033%.
Por otra parte y por lo que respecta a la retribución de las instalaciones de transporte en los sistemas no peninsulares, hasta la entrada en vigor del Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, la normativa de aplicación que regulaba la retribución de las instalaciones de transporte puestas en servicio con posterioridad al 1 de enero de 2008 se encontraba recogida en el Real Decreto 325/2008, de 29 de febrero, por el que se establece la retribución de la actividad de transporte de energía eléctrica para instalaciones puestas en servicio a partir del 1 de enero de 2008, con los matizaciones introducidas por el Real Decreto-ley 13/2012, de 30 de marzo, por el que se transponen directivas en materia de mercados interiores de electricidad y gas y en materia de comunicaciones electrónicas, y por el que se adoptan medidas para la corrección de las desviaciones por desajustes entre los costes e ingresos de los sectores eléctrico y gasista, por el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad y por el Real Decreto-ley 2/2013, de 1 de febrero, de medidas urgentes en el sistema eléctrico y en el sector financiero.
La metodología establecida por el citado Real Decreto 325/2008, de 29 de febrero, requería la aprobación tanto de unas instalaciones de transporte que se tomen como estándares, como de unos valores unitarios de los costes de inversión y de operación y mantenimiento de las mismas. Su dicción original establecía que los valores unitarios de referencia serían «únicos para todo el territorio nacional».
En el caso de instalaciones peninsulares, estos valores unitarios fueron establecidos en la Orden ITC/368/2011, de 21 de febrero, por la que se aprueban los valores unitarios de referencia para los costes de inversión y de operación y mantenimiento para las instalaciones de transporte, por elemento de inmovilizado, que serán aplicables a las instalaciones puestas en servicio a partir del 1 de enero de 2008.
No obstante, tal y como se recoge en la exposición de motivos del Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, «con el fin de asignar los costes correctamente y no crear unos estándares distorsionados se ha optado por determinar unos estándares específicos para los sistemas insulares o extrapeninsulares», por lo que en dicha norma se ha modificado el Real Decreto 325/2008, de 29 de febrero, permitiendo así el establecimiento de valores unitarios para los subsistemas no peninsulares.
Una vez realizada en la disposición final tercera de dicho real decreto-ley la modificación que habilita a la aprobación de unos valores unitarios de referencia para aquellas instalaciones que tengan consideración de red de transporte en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares, en la presente orden se aprueban unos valores unitarios para las Islas Baleares, para Gran Canaria y Tenerife y para las restantes Islas Canarias, para instalaciones puestas en servicio desde el 1 de enero del año 2008. Estos valores unitarios, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, serán de aplicación hasta que se inicie el primer periodo regulatorio al amparo del real decreto de retribución de la actividad de transporte previsto en el artículo 6 del Real Decreto-ley 13/2012, de 30 de marzo.
Las instalaciones y los valores recogidos en la presente orden para instalaciones que tengan consideración de red de transporte en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares, son los propuestos por la Comisión Nacional de Energía en su informe de fecha 17 de junio de 2010 actualizados a 1 de enero de 2008. Dicho informe era el resultante de informar la propuesta de orden remitida por la Secretaría de Estado de Energía para el establecimiento de valores unitarios de referencia para instalaciones de transporte peninsular, en el cual, se incorporó una propuesta de instalaciones y valores unitarios para los sistemas extrapeninsulares e insulares.
Por otro lado y de acuerdo con la urgencia señalada en el Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio antes señalado, la presente orden otorga carácter definitivo a determinadas retribuciones de las actividades de transporte y distribución para los años 2008- 2011 con el fin de proceder a realizar las liquidaciones definitivas en el menor periodo posible de tiempo.
Con ese objetivo y apoyándose en el informe aprobado por el Consejo de la Comisión Nacional de Energía de fecha 5 de diciembre de 2011 denominado «Informe para la fijación del importe a reconocer a la actividad de transporte en los años 2008, 2009, 2010 y 2011, con su desglose por empresas», las alegaciones presentadas por las empresas afectadas a dicho informe y el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia denominado «Informe sobre las alegaciones recibidas al Informe para la fijación del importe a reconocer a la actividad de transporte en los años 2008, 2009, 2010 y 2011, con su desglose por empresas» aprobado por la Sala Regulatoria de la misma en su sesión de fecha 10 de diciembre de 2013, se establecen para dichos años las retribuciones definitivas a percibir por las empresas titulares de instalaciones de transporte.
Durante el periodo que transcurrió desde el año 2009 al 2011 las empresas titulares de instalaciones de transporte percibieron de manera provisional una cantidad en concepto de incentivo a la disponibilidad resultante de aplicar la metodología del incentivo contenido en el Real Decreto 2819/1998, de 23 de diciembre. En cumplimiento del mandato de la disposición adicional cuarta del Real Decreto 325/2008, de 29 de febrero, antes señalado y con el objetivo de garantizar la estabilidad de empresas que ejercen una actividad regulada y considerando que fue un periodo en que se produjeron traspasos de activos en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 17/2007, de 4 de julio, se introduce una disposición que otorgue carácter definitivo a la retribución percibida en concepto de incentivo a la disponibilidad durante dichos años, pero con las limitaciones en la cuantía máxima que impone el Real Decreto 325/2008, de 29 de febrero.
Al amparo de dicho artículo, se aprueban para el periodo 2009-2011 las cuantías derivadas de la aplicación de del incentivo señalado en el párrafo anterior, aplicando en todo momento las limitaciones del ± 2 % de la retribución por inversión que impone el Real Decreto 325/2008, de 29 de febrero. Asimismo y al amparo del Real Decreto 2819/1998, de 23 de diciembre, se aprueba la cuantía correspondiente al incentivo de disponibilidad a percibir en el año 2008 por las empresas.
Por otra parte, en la presente orden, se ha procedido a integrar las retribuciones correspondientes al primer periodo de 2013 de empresas que han experimentado bien fusiones por absorción o aquellas cuyos activos han adquirido la totalidad de los activos de otras empresas distribuidoras. Asimismo, se realiza las revisiones de la retribución del primer periodo de 2013 de algunas empresas distribuidoras de menos de 100.000 clientes conectados a sus redes que habían solicitado revisión antes de la aprobación del Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio.
Finalmente se procede a establecer las cuantías del incentivo de calidad del servicio correspondiente a la retribución del año 2013 y se revisan las cantidades de los incentivos de calidad de servicio de los años, en aplicación del Real Decreto 222/2008, de 15 de febrero y de la Orden ITC/3801/2008, de 26 de diciembre, por la que se revisan las tarifas eléctricas a partir de 1 de enero de 2009.
Una vez analizado el informe 17/2013 de la Comisión Nacional de Energía aprobado por su Consejo de Administración de fecha 31 de julio de 2013, el cual tienen en consideración las alegaciones formuladas en el trámite de audiencia evacuado mediante consulta a los representantes en el Consejo Consultivo de Electricidad.
Mediante acuerdo de 26 de diciembre de 2013, la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos ha autorizado al Ministro de Industria, Energía y Turismo a dictar la presente orden.
En su virtud, previo Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, dispongo:
Artículo 1. Retribución a la actividad de transporte para el segundo periodo de 2013.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 5.1 del Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, y sin perjuicio de las cantidades que en su momento se calculen y se aprueben correspondientes al incentivo de disponibilidad y a la retribución a la inversión y a la operación y mantenimiento asociada a las inversiones que se declaren como singulares y que se encuentren en servicio antes de 31 de diciembre de 2013, se establece para el segundo periodo de 2013 como retribución definitiva de las empresa titulares de instalaciones de transporte, las cantidades que figuran en la siguiente tabla:
Retribución transporte
2.º periodo de 2013
–
Miles de euros
Red Eléctrica de España, S.A.
690.268
Unión Fenosa Distribución, S.A.
16.438
Total
706.706
Artículo 2. Valores unitarios de referencia para los costes de inversión y de operación y mantenimiento por elemento de inmovilizado aplicables a las instalaciones puestas en servicio desde el 1 de enero de 2008 en los sistemas extrapeninsulares e insulares.
1. Los valores unitarios de referencia para los costes de inversión y de operación y mantenimiento, por elemento de inmovilizado, que serán aplicables a las instalaciones de transporte puestas en servicio en los sistemas extrapeninsulares e insulares a partir del 1 de enero de 2008 actualizados a dicha fecha, serán los que detalladamente figuran en los anexos I, II y III.
2. Los despachos de maniobra y telecontrol puestos en servicio desde el 1 de enero de 2008 hasta el 31 de diciembre de 2011, en los sistemas extrapeninsulares e insulares que afectan a instalaciones de transporte tendrán la consideración de instalación singular.
Artículo 3. Retribución definitiva de las empresas titulares de instalaciones de transporte para los años 2008- 2011.
De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 325/2008, de 29 de febrero, por el que se establece la retribución de la actividad de transporte de energía eléctrica para instalaciones puestas en servicio a partir del 1 de enero de 2008 y en el Real Decreto 2819/1998, de 23 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte y distribución de energía eléctrica, se establece como retribución definitiva de la actividad de transporte para los años 2008, 2009, 2010 y 2011, las cantidades que figuran en la siguiente tabla:
Retribución definitiva de la red de transporte periodo 2008-2011 (miles de euros)
2008
2009
2010
2011
Red Eléctrica de España
1.008.217
1.067.236
1.205.591
1.331.331
Propias
1.008.217
1.067.236
1.177.445
1.288.469
Adquiridas a Unión Fenosa Distribución
640
5.575
Adquiridas a Endesa Distribución Eléctrica (peninsular)
23.769
30.144
Adquiridas a Hidrocantábrico Distribución Eléctrica
3.737
7.143
Unión Fenosa Distribución
41.439
38.641
42.807
39.528
Endesa Distribución Eléctrica, S.L.
25.710
25.235
0
0
Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.
6.479
6.881
7.021
0
Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.
21
21
21
0
Total Peninsular
1.081.866
1.138.014
1.255.440
1.370.859
Red Eléctrica de España
118.167
129.792
Adquiridas a Endesa Distribución Eléctrica
118.167
129.792
Endesa Distribución Eléctrica, S.L.
105.971
106.673
Total Insular
105.971
106.673
118.167
129.792
Total Nacional
1.187.837
1.244.687
1.373.607
1.500.651
Artículo 4. Incentivo de disponibilidad correspondiente al año 2008.
De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 2819/1998, de 23 de diciembre, se establece como retribución definitiva en concepto de incentivo a la disponibilidad de la red de transporte correspondiente a la retribución del año 2008 debida a la disponibilidad de la red de transporte del año 2007 las cantidades que figuran en la siguiente tabla:
Incentivo a la disponibilidad de la red de transporte 2008 (miles de euros)
2008
Disponibilidad peninsular
Red Eléctrica de España
11.121
Unión Fenosa Distribución
966
Endesa Distribución Eléctrica, S.L.
793
Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.
138
Total Peninsular
13.018
Disponibilidad territorios insulares
Endesa Distribución Eléctrica, S.L.
3.266
Total Insular
3.266
Total Nacional
16.284
Artículo 5. Cálculo del Incentivo de disponibilidad del periodo 2009-2011.
1. El devengo del incentivo de disponibilidad correspondiente a la disponibilidad ofrecida por la red de transporte en los años 2008, 2009 y 2010 se percibirá en concepto de retribución asociada a los años 2009, 2010 y 2011 respectivamente.
2. Sin perjuicio de las limitaciones establecidas en la disposición adicional cuarta del Real Decreto 325/2008, de 29 de febrero, el incentivo de disponibilidad a percibir durante los años 2009, 2011 y 2011 se obtendrá por aplicación de la siguiente formulación:
Donde:
IDj, n: Es el incentivo a la disponibilidad que percibirá la empresa j el año n.
DTj, n–1:Es la disponibilidad total real que de las instalaciones de transporte de la empresa j durante el año n-1. Este índice se calculará de acuerdo a lo establecido en el artículo 26 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.
DTobj j, n–1:Es la disponibilidad total objetivo para el año n. Este parámetro tomará un valor de 0,97.
Rj, n: Es la retribución asociada a la actividad de transporte que percibirá la empresa j el año n.
Artículo 6. Incentivo de disponibilidad a la red de transporte correspondiente al periodo 2009-2011.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la presente orden y considerando las limitaciones establecidas en la disposición adicional cuarta del Real Decreto 325/2008, de 29 de febrero, se establece como retribución definitiva en concepto de incentivo a la disponibilidad de la red de transporte para los años 2009, 2010 y 2011 debida a la disponibilidad de la red de transporte de los años 2008, 2009 y 2010, las cantidades que figuran en la siguiente tabla:
Retribución definitiva del incentivo a la disponibilidad de la red de transporte periodo 2009-2011 (miles de euros)
2009
2010
2011
Red Eléctrica de España
12.213
14.863
14.966
REE propias
12.213
12.631
12.407
Adquiridas a Endesa (península)
393
430
Adquiridas a Endesa (no peninsular)
1.839
2.029
Adquiridas a Hidrocantábrico
100
Unión Fenosa Distribución
633
662
29
Endesa Distribución Eléctrica, S.L.
1.882
Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.
82
98
Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.
Total
14.810
15.623
14.995
Artículo 7. Retribución a la actividad de distribución para el segundo periodo de 2013.
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 4.1 del Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, y sin perjuicio del incentivo o penalización a la reducción de pérdidas ni del incentivo o penalización de mejora de la calidad de servicio, se establece para el segundo periodo de 2013 como retribución definitiva de la actividad de distribución correspondiente a las empresas distribuidoras con más de 100.000 clientes conectados a sus redes, las cantidades que figuran en la siguiente tabla:
Empresa
Segundo periodo
de 2013
–
Miles de euros
Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U.
677.217
Unión Fenosa Distribución, S.A.
312.934
Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.
66.126
E.ON Distribución, S.L.
64.243
Endesa Distribución Eléctrica, S.L.
852.118
Total
1.972.638
De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, para el segundo periodo del año 2013 como retribución definitiva de la actividad de distribución y gestión comercial correspondiente a las empresas distribuidoras con menos de 100.000 clientes conectados a sus redes ascenderá a 139.437,420 miles de euros, según el desglose que figura en el anexo IV.
Artículo 8. Incentivo de calidad del servicio correspondiente a la retribución del año 2013.
La cuantía del incentivo de calidad del servicio Q2011, correspondiente a la retribución del año 2013 asociada al grado de cumplimiento de la calidad de servicio del año 2011 ascenderá a 77.004 miles de euros, de acuerdo al desglose recogido en la siguiente tabla:
Empresa
Q2011
–
Miles de euros
Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U.
42.101
Unión Fenosa Distribución, S.A.
13.498
Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.
2.556
E.ON Distribución, S.L.
1.695
Endesa Distribución Eléctrica, S.L.
17.154
Total
77.004
Artículo 9. Revisión de las cuantías del incentivo de calidad del servicio correspondiente a la retribución de los años 2009 y 2010.
Como consecuencia de la Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas, de fecha 4 de abril de 2008, por la que se aprobó la reclasificación zonal particular de 28 municipios suministrados por Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A., se revisa la retribución correspondiente al incentivo de calidad del servicio Q2008 correspondiente a la retribución a percibir el año 2009 y al incentivo de calidad del servicio Q2009 correspondiente a la retribución de a percibir el año 2010 que ascenderán a 68.315 y 65.153 miles de euros respectivamente, de acuerdo al desglose recogido en la siguiente tabla:
Empresa
Q2008
–
Miles de euros
Q2009
–
Miles de euros
Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U.
23.209
25.785
Unión Fenosa Distribución, S.A.
7.501
9.850
Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.
1.305
1.815
E.ON Distribución, S.L.
2.599
2.280
Endesa Distribución Eléctrica, S.L.
33.521
33.521
Total
68.135
65.153
Artículo 10. Integración de Electra de Abusejo, S.L. en Unión Fenosa Distribución, S.A.
Como consecuencia de la fusión por absorción de la empresa distribuidora Electra de Abusejo, S.L., en Unión Fenosa Distribución, S.A., y una vez visto el informe elaborado al respecto por la Comisión Nacional de Energía se procede a la integración de la retribución correspondiente al primer periodo del año 2013 en concepto de retribución a la actividad de distribución, deducidos los otros ingresos derivados de los derechos de acometida, enganches, verificación y alquiler de aparatos, en la retribución de la segunda cuya retribución que pasará a ser la siguiente:
Empresa
Primer periodo de 2013
–
Miles de euros
Unión Fenosa Distribución, S.A.
419.745
Artículo 11. Integración de Electra La Molina, S.L. y de Electra el Vendul, S.L. en E.On Distribución, S.L.
Como consecuencia de la adquisición de la totalidad de las instalaciones de distribución de las empresa distribuidora Electra La Molina, S.L. y de Electra el Vendul, S.L. por E.On Distribución, S.L., y una vez visto el informe elaborado al respecto por la Comisión Nacional de Energía se procede a la integración de la retribución correspondiente al año 2012 y al primer periodo del año 2013 en concepto de retribución a la actividad de distribución, deducidos los otros ingresos derivados de los derechos de acometida, enganches, verificación y alquiler de aparatos, en la retribución de la segunda cuya retribución que pasará a ser la siguiente:
Empresa
2012
–
Miles de euros
Primer periodo de 2013
–
Miles de euros
E.On Distribución, S.L.
143.112
83.783
Artículo 12. Revisión de la retribución del primer periodo de 2013 a la empresas distribuidoras de energía eléctrica denominadas Blázquez, S.L., Eléctrica de Cantoña, S.A. y Central Eléctrica de San Francisco, S.L.
Como consecuencia de las solicitudes de revisión realizadas al amparo de lo recogido en el anexo I de la Orden IET/221/2013, de 14 de febrero, por las empresas distribuidora Blázquez, S.L., Eléctrica de Cantoña, S.A. y Central Eléctrica San Francisco, S.L. y una vez vistos los informes elaborados al respecto por la Comisión Nacional de Energía se procede a la revisión de la retribución correspondiente al primer periodo de 2013 que pasará a ser la siguiente:
Empresa
Primer periodo de 2013
–
Miles de euros
Blázquez, S.L.
309.568
Eléctrica de Cantoña, S.A.
76.278
Central Eléctrica San Francisco, S.L.
341.441
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en la presente orden.
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 26 de diciembre, de 2013.–El Ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria López.
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Seguimos con el cacao eléctrico. Pagos del Estado a distribuidoras durante 2 semestre 2013 #BOE
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NOMBRAMIENTOS_Y_CESES
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Ministerio de Industria, Energía y Turismo
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Pagos del Estado a distribuidoras durante 2 semestre 2013.
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SE DICTA EN RELACION
y se establecen las retribuciones de varias empresas de distribución de energía eléctrica: Orden TED/866/2020, de 15 de septiembre
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2019-10-04
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BOE-A-2014-10515
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Resolución de 16 de septiembre de 2019, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Miguel Ángel Presno Linera.
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<p class='parrafo'>Vista la propuesta elevada el 12 de septiembre de 2019, por la comisión de selección del concurso de acceso convocado por Resolución de esta Universidad de fecha 28 de mayo de 2019 (BOE de 10 de junio), de conformidad con el artículo 9.2 del Real Decreto 1313/2007, de 5 de octubre y acreditados por el interesado los requisitos exigidos por la legislación vigente para ser nombrado funcionario.</p>
<p class='parrafo'>Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el articulo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades y el artículo 60 de los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto nombrar a don Miguel Ángel Presno Linera, Catedrático de Universidad en el área de conocimiento de «Derecho Constitucional», adscrita al Departamento de Derecho Público.</p>
<p class='parrafo'>El presente nombramiento, surtirá plenos efectos a partir de la correspondiente toma de posesión del interesado, que deberá efectuarse en el plazo máximo de 20 días, a contar desde el siguiente a la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».</p>
<p class='parrafo'>Contra la presente Resolución, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a su publicación en el BOE, de conformidad con el art. 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Previamente, y con carácter potestativo, se podrá interponer recurso de reposición ante el Rector, en el plazo de un mes, en cuyo caso no podrá interponer el recurso contencioso-administrativo anteriormente mencionado en tanto no sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto, conforme a lo previsto en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.</p>
<p class='parrafo_2'>Oviedo, 16 de septiembre de 2019.–El Rector, Santiago García Granda.</p>
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Fri Oct 04 07:06:02 +0000 2019
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Vista la propuesta elevada el 12 de septiembre de 2019, por la comisión de selección del concurso de acceso convocado por Resolución de esta Universidad de fecha 28 de mayo de 2019 (BOE de 10 de junio), de conformidad con el artículo 9.2 del Real Decreto 1313/2007, de 5 de octubre y acreditados por el interesado los requisitos exigidos por la legislación vigente para ser nombrado funcionario.
Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el articulo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades y el artículo 60 de los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto nombrar a don Miguel Ángel Presno Linera, Catedrático de Universidad en el área de conocimiento de «Derecho Constitucional», adscrita al Departamento de Derecho Público.
El presente nombramiento, surtirá plenos efectos a partir de la correspondiente toma de posesión del interesado, que deberá efectuarse en el plazo máximo de 20 días, a contar desde el siguiente a la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».
Contra la presente Resolución, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a su publicación en el BOE, de conformidad con el art. 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Previamente, y con carácter potestativo, se podrá interponer recurso de reposición ante el Rector, en el plazo de un mes, en cuyo caso no podrá interponer el recurso contencioso-administrativo anteriormente mencionado en tanto no sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto, conforme a lo previsto en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Oviedo, 16 de septiembre de 2019.–El Rector, Santiago García Granda.
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¡Qué bonito estar leyendo el #BOE y encontrarse a una de esas personas que lees y admiras por aquí y que sea por algo bueno bueno! Felicidades, catedrático @PresnoLinera ;)
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OTROS_ANUNCIOS
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Universidades
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Nombrado Miguel Ángel Presno Linera como Catedrático de Universidad en el área de conocimiento de «Derecho Constitucional»
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2014-10-16
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DE CONFORMIDAD con
el art. 190.2 del Reglamento aprobado por Real Decreto 557/2011, de 20 de abril
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BOE-B-2013-18615
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Resolución de 13 de octubre de 2014, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo para la aprobación del Protocolo Marco sobre determinadas actuaciones en relación con los Menores Extranjeros No Acompañados.
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<texto>
<p class='parrafo'>En reunión del 22 de julio de 2014, el Ministro de Justicia, la Ministra de Empleo y Seguridad Social, la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el Fiscal General del Estado, el Secretario de Estado de Seguridad y el Subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, firmaron un Acuerdo para la aprobación del Protocolo Marco sobre determinadas actuaciones en relación con los Menores Extranjeros No Acompañados.</p>
<p class='parrafo'>Para general conocimiento, se dispone la publicación de dicho Acuerdo, así como del Protocolo marco aprobado por el mismo y sus correspondientes anexos, como Anejo a la presente Resolución.</p>
<p class='parrafo_2'>Madrid, 13 de octubre de 2014.–El Subsecretario de la Presidencia, Jaime Pérez Renovales.</p>
<p class='anexo_num'>ANEJO</p>
<p class='anexo_tit'>Acuerdo entre el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, la Fiscalía General del Estado y el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, para la aprobación del protocolo marco sobre determinadas actuaciones en relación con los menores extranjeros no acompañados</p>
<p class='parrafo_2'>Madrid, 22 de julio de 2014.</p>
<p class='parrafo_2'>El Sr. D. Alberto Ruiz-Gallardón Jiménez, Ministro de Justicia, nombrado mediante Real Decreto 1826/2011, de 21 de diciembre, en nombre y representación del Ministerio del que es titular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.3 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado,</p>
<p class='parrafo'>La Sra. D.ª Fátima Báñez García, Ministra de Empleo y Seguridad Social, nombrada mediante Real Decreto 1826/2011, de 21 de diciembre, en nombre y representación del Ministerio del que es titular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.3 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado,</p>
<p class='parrafo'>La Sra. D.ª Ana Mato Adrover, Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, nombrada mediante Real Decreto 1826/2011, de 21 de diciembre, en nombre y representación del Ministerio del que es titular, en avocación de la competencia que corresponde a la Secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, delegada en la Directora General de Servicios para la Familia y la Infancia, de acuerdo con lo previsto en el artículo 14 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,</p>
<p class='parrafo'>El Sr. D. Eduardo Torres-Dulce Lifante, Fiscal General del Estado, nombrado mediante Real Decreto 264/2012, de 27 de enero, en nombre y representación de la Fiscalía General del Estado,</p>
<p class='parrafo'>El Sr. D. Francisco Martínez Vázquez, Secretario de Estado de Seguridad, nombrado mediante Real Decreto 10/2013, de 11 de enero, en nombre y representación del Ministerio del Interior,</p>
<p class='parrafo'>El Sr. D. Cristóbal González-Aller Jurado, Subsecretario de Asuntos Exteriores y de Cooperación, nombrado mediante Real Decreto 440/2014, de 6 de junio, en nombre y representación del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, por delegación del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, de acuerdo con el apartado segundo 3 de la Orden AEX/1001/2003, de 23 de marzo,</p>
<p class='centro_redonda'>EXPONEN</p>
<p class='articulo'>Primero.</p>
<p class='parrafo'>El Protocolo Marco anexo al presente Acuerdo da cumplimiento a la previsión contenida en el artículo 190.2 del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, en cuanto a la adopción de un Protocolo Marco de Menores Extranjeros No Acompañados destinado a coordinar la intervención de todas las instituciones y administraciones afectadas, desde la localización del menor o supuesto menor hasta su identificación, determinación de su edad, puesta a disposición del Servicio Público de protección de menores y documentación.</p>
<p class='articulo'>Segundo.</p>
<p class='parrafo'>Las actuaciones desarrolladas en el marco de dicho Protocolo Marco estarán inspiradas en los principios y normas contenidos en los instrumentos jurídicos internacionales sobre derechos del menor ratificados por España.</p>
<p class='parrafo'>En particular, estarán inspiradas en:</p>
<p class='parrafo_2'>El artículo 3.1 de la Convención de Derechos del Niño, que estipula que: «En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño».</p>
<p class='parrafo'>Las Observaciones Generales n.º 6 y n.º 14 del Comité de Derechos del Niño, adoptadas respectivamente el 1 de septiembre de 2005 y el 1 de febrero de 2013, y en las que se pone «de manifiesto la situación particularmente vulnerable de los menores no acompañados» y se establece que «el concepto de interés superior del menor es complejo y su contenido se debe determinar caso por caso».</p>
<p class='articulo'>Tercero.</p>
<p class='parrafo'>El artículo 35 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, establece el régimen aplicable a los menores no acompañados y el capítulo III del título XI de su Reglamento desarrolla los requisitos, procedimiento y criterios de aplicación respecto al tratamiento de los menores extranjeros no acompañados (artículos 189 a 198).</p>
<p class='articulo'>Cuarto.</p>
<p class='parrafo'>El Protocolo Marco anexo al presente Acuerdo ha sido presentado a la Conferencia Sectorial de Inmigración prevista en el artículo 68 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero.</p>
<p class='articulo'>Quinto.</p>
<p class='parrafo'>La política sobre menores extranjeros no acompañados debe estar orientada al retorno del menor a su país de origen, bien con su familia bien en un centro de acogida de menores de su país, como solución duradera y siempre que ello constituya el interés superior del menor.</p>
<p class='centro_redonda'>ACUERDAN</p>
<p class='parrafo_2'>La aprobación del Protocolo marco sobre determinadas actuaciones en relación con los menores extranjeros no acompañados, anexo al presente Acuerdo, al que se atendrán todas las instituciones firmantes en el ejercicio de sus funciones en relación con dichos menores.</p>
<p class='centro_negrita'>PROTOCOLO MARCO SOBRE DETERMINADAS ACTUACIONES EN RELACIÓN CON LOS MENORES EXTRANJEROS NO ACOMPAÑADOS</p>
<p class='centro_redonda'>ÍNDICE</p>
<p class='parrafo_2'>Capítulo I. Disposiciones Generales.</p>
<p class='parrafo_2'>Apartado primero. Objeto del Protocolo.</p>
<p class='parrafo'>Apartado segundo. Ámbitos subjetivo y objetivo de aplicación del Protocolo.</p>
<p class='parrafo'>Apartado tercero. Principios rectores.</p>
<p class='parrafo_2'>Capítulo II. Localización y actuaciones subsiguientes.</p>
<p class='parrafo_2'>Apartado primero. Deber general de comunicación.</p>
<p class='parrafo'>Apartado segundo. Reseña.</p>
<p class='parrafo'>Apartado tercero. Inscripción en el RMENA.</p>
<p class='parrafo'>Apartado cuarto. Información sobre derechos de las posibles víctimas de trata de seres humanos y sobre la normativa de protección de menores.</p>
<p class='parrafo'>Apartado quinto. Protección internacional.</p>
<p class='parrafo'>Apartado sexto. Documentación oficial expedida por el país de origen del menor.</p>
<p class='parrafo_2'>Capítulo III. Supuestos específicos.</p>
<p class='parrafo_2'>Apartado primero. Menor al que le sea de aplicación el régimen de la Unión Europea.</p>
<p class='parrafo'>Apartado segundo. MENA de terceros países cuya protección haya sido acordada por una autoridad de otro Estado miembro de la Unión Europea.</p>
<p class='parrafo'>Apartado tercero. MENA localizados tras la comisión de un hecho delictivo que les fuere imputado a título de autoría o participación.</p>
<p class='parrafo'>Apartado cuarto. MENA cuya minoría de edad sea indubitada.</p>
<p class='parrafo_2'>Capítulo IV. Menores extranjeros en situación de riesgo: medidas de prevención de la trata de seres humanos y contra la utilización de menores.</p>
<p class='parrafo_2'>Apartado primero. Entrevista reservada.</p>
<p class='parrafo'>Apartado segundo. Invitación a realizar la prueba de ácido desoxirribonucleico (ADN).</p>
<p class='parrafo'>Apartado tercero. Acta de consentimiento informado.</p>
<p class='parrafo'>Apartado cuarto. Realización de las pruebas de ADN.</p>
<p class='parrafo'>Apartado quinto. Puesta en conocimiento del Ministerio Fiscal y de la Entidad pública de protección de menores competentes.</p>
<p class='parrafo'>Apartado sexto. Garantía de la seguridad del menor que se encuentre en centros de acogida de progenitores.</p>
<p class='parrafo'>Apartado séptimo. Negativa a someterse a la prueba de ADN o cuando el resultado de la misma descarte el vínculo biológico paterno-materno filial.</p>
<p class='parrafo'>Apartado octavo. Menores acompañados por un guardador de hecho.</p>
<p class='parrafo_2'>Capítulo V. Extranjeros indocumentados cuya minoría de edad no pueda ser establecida con seguridad.</p>
<p class='parrafo_2'>Apartado primero. Naturaleza, contenido y efectos de los expedientes de determinación de edad ordenados por el artículo 35.3 LOEX.</p>
<p class='parrafo'>Apartado segundo. Expedientes de determinación de edad: forma y tramitación. Diligencias preprocesales.</p>
<p class='parrafo'>Apartado tercero. Incoación del expediente.</p>
<p class='parrafo'>Apartado cuarto. Tramitación y diligencias a practicar en el expediente. Comprobación por el fiscal de si el menor ha sido reseñado e inscrito en el RMENA con anterioridad. Actuaciones a seguir cuando el fiscal tenga conocimiento de diligencias preprocesales abiertas en otra fiscalía respecto del mismo extranjero.</p>
<p class='parrafo'>Apartado quinto. Tramitación y diligencias a practicar en el expediente. Práctica de las pruebas médicas.</p>
<p class='parrafo_2'>1. Acuerdo del Ministerio Fiscal de autorización de pruebas médicas. Principios aplicables a las pruebas médicas. Actuaciones iniciales.</p>
<p class='parrafo'>2. Consentimiento informado del extranjero:</p>
<p class='parrafo_2'>A) Contenido de la información.</p>
<p class='parrafo'>B) Órganos que deben informar y ante los que debe prestarse el consentimiento. Formalización de acta.</p>
<p class='parrafo'>C) Negativa a prestar su consentimiento.</p>
<p class='parrafo_2'>3. Traslado del extranjero a los Centros hospitalarios.</p>
<p class='parrafo'>4. Personal sanitario.</p>
<p class='parrafo'>5. Pruebas a realizar.</p>
<p class='parrafo'>6. Informe médico.</p>
<p class='parrafo_2'>Apartado sexto. Finalización del expediente. El decreto del Ministerio Fiscal.</p>
<p class='parrafo_2'>1. Contenido del decreto del Ministerio Fiscal:</p>
<p class='parrafo_2'>A) Fundamentación de los hechos.</p>
<p class='parrafo'>B) Fundamentación jurídica.</p>
<p class='parrafo'>C) Parte dispositiva.</p>
<p class='parrafo_2'>2. Revisión del decreto del Ministerio Fiscal.</p>
<p class='parrafo'>3. Notificaciones del decreto del Ministerio Fiscal e inscripción registral.</p>
<p class='parrafo_2'>Capítulo VI. Documentación de MENA.</p>
<p class='parrafo_2'>Apartado primero. Documentación provisional.</p>
<p class='parrafo'>Apartado segundo. Repatriación de MENA.</p>
<p class='parrafo'>Apartado tercero. Residencia del MENA.</p>
<p class='parrafo_2'>1. Tramitación. Elevación de la propuesta por la Entidad pública de protección:</p>
<p class='parrafo_2'>A) Plazos en que debe realizarse la propuesta.</p>
<p class='parrafo'>B) Documentos que debe presentar la Entidad pública de protección de menores.</p>
<p class='parrafo'>C) Tramitación de oficio del expediente por la Delegación o Subdelegación del Gobierno ante la omisión injustificada de la propuesta.</p>
<p class='parrafo_2'>2. Resolución, notificación del expediente y actuaciones posteriores:</p>
<p class='parrafo_2'>A) Plazos.</p>
<p class='parrafo'>B) Inscripción registral.</p>
<p class='parrafo'>C) Solicitud de la Tarjeta de Identidad de Extranjero.</p>
<p class='parrafo_2'>3. Disposición común. Plazo máximo para otorgar la autorización de residencia.</p>
<p class='parrafo_2'>Capítulo VII. Guarda y tutela de MENA.</p>
<p class='parrafo_2'>Apartado primero. Actuación de la Entidad pública de protección de menores.</p>
<p class='parrafo'>Apartado segundo. Petición de información del RMENA.</p>
<p class='parrafo'>Apartado tercero. Actuaciones de supervisión del Ministerio Fiscal del correcto ejercicio de las funciones asignadas a la Entidad pública de protección de menores.</p>
<p class='parrafo_2'>Capítulo VIII. Medidas de seguimiento y de coordinación.</p>
<p class='parrafo_2'>Apartado primero. Coordinación del RMENA.</p>
<p class='parrafo'>Apartado segundo. Reuniones de seguimiento.</p>
<p class='capitulo_num'>CAPÍTULO I</p>
<p class='capitulo_tit'>Disposiciones Generales</p>
<p class='articulo'>Apartado primero. Objeto del Protocolo.</p>
<p class='parrafo'>1. El presente Protocolo, en cumplimiento de lo ordenado por el artículo 190.2 del Reglamento de Extranjería aprobado por el Real Decreto 557/2011, de 20 de Abril (REX), tiene por finalidad coordinar la intervención de todas las instituciones y administraciones afectadas, desde la localización del menor o supuesto menor hasta su identificación, determinación de su edad, puesta a disposición de la entidad pública de protección de menores y documentación.</p>
<p class='parrafo'>2. Del mismo modo, el Protocolo está dirigido a lograr el adecuado funcionamiento del Registro de Menores Extranjeros No Acompañados (RMENA), de acuerdo con el artículo 215 REX, toda vez que no sólo constituye uno de los instrumentos más eficaces de la protección del interés superior del menor extranjero, sino también porque será la única fuente de información fidedigna y completa que logre la comprensión del fenómeno migratorio de niños, base imprescindible para adoptar cualquier iniciativa normativa o administrativa en el sentido que propugna el «Plan de Acción de la Unión Europea sobre Menores Extranjeros No Acompañados» (años 2010-2014) adoptado el 6 de mayo de 2010.</p>
<p class='parrafo'>3. Es concebido como Protocolo marco, entendido como tipo o patrón de buenas prácticas que, independientemente de su valor vinculante para las instituciones del Estado que lo suscriban, debería ser completado con la redacción de los correspondientes Protocolos territoriales para que –según sus respectivas normas estatutarias– pueda obligar a las administraciones e instituciones autonómicas respectivas.</p>
<p class='articulo'>Apartado segundo. Ámbitos subjetivo y objetivo de aplicación del Protocolo.</p>
<p class='parrafo'>1. A los efectos del presente Protocolo se entiende por Menor Extranjero No Acompañado (MENA) al extranjero menor de dieciocho años que sea nacional de un Estado al que no le sea de aplicación el régimen de la Unión Europea que llegue a territorio español sin un adulto responsable de él, ya sea legalmente o con arreglo a la costumbre, apreciándose riesgo de desprotección del menor, así como a cualquier menor extranjero que una vez en España se encuentre en aquella situación, de acuerdo con el artículo 189 REX.</p>
<p class='parrafo'>2. El presente Protocolo también se aplicará a:</p>
<p class='parrafo_2'>A) Los menores extranjeros que se encontraren en situación de riesgo por haber entrado de manera clandestina o subrepticia en territorio nacional o pretendieren traspasar los puestos fronterizos españoles en unión de un adulto que, aparentando ser su progenitor, pariente o responsable del niño, no aporte documentación veraz o fiable del vínculo alegado, y además se aprecie un peligro objetivo para la protección integral del menor.</p>
<p class='parrafo'>B) Menores extranjeros que se hallaren en situación de patente desamparo o desprotección, significadamente por padecer riesgo de sometimiento a redes de trata de seres humanos.</p>
<p class='parrafo'>C) Menores extranjeros que como polizones se hallen a bordo de un buque, nave o aeronave que se encuentre en un puerto o aeropuerto español.</p>
<p class='parrafo_2'>3. A los MENA que hubieran sido localizados por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad con ocasión de la comisión de un hecho delictivo de los que pudieran ser imputados conforme a la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, únicamente les serán de aplicación las disposiciones específicas de este Protocolo destinadas a lograr la plenitud informativa del RMENA.</p>
<p class='parrafo'>4. Las disposiciones en materia de prevención de trata de seres humanos de este Protocolo serán de aplicación a todos los menores extranjeros cualquiera que sea su condición.</p>
<p class='parrafo'>5. Los MENA de un Estado miembro de la Unión Europea o al que le sea de aplicación su régimen jurídico se someterán al presente Protocolo sólo en aquello que les sea favorable.</p>
<p class='articulo'>Apartado tercero. Principios rectores.</p>
<p class='parrafo'>1. Las actuaciones objeto del presente Protocolo marco estarán inspiradas en el principio del interés superior del menor, tal y como ha sido delimitado por la Convención de Naciones Unidas de los Derechos del Niño de 1989, la Observación General núm. 6 (2005) sobre Trato de los Menores No Acompañados y Separados de su familia fuera de su país de origen del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor (LOPJM); la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (LOEX); la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria; las normas de Derecho internacional dictadas en persecución del delito de trata de seres humanos y protección de las víctimas de ese ilícito tráfico; el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional de 2000; el Convenio del Consejo de Europa contra la trata de seres humanos de 2005, y la Directiva 2011/36/UE relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y la protección de las víctimas y por la que se sustituye la Decisión marco 2002/629/JAI del Consejo.</p>
<p class='parrafo'>2. La Política sobre MENA estará orientada a la reagrupación familiar en su país de origen o donde resida su familia o, en su caso, al retorno a su país (servicios de protección del menor) cuando ello sea en su interés superior y de acuerdo con la LOEX y REX, teniendo muy presente que la Declaración de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas de 20 de noviembre de 1959 y la Convención de Derechos del Niño de Naciones Unidas de 20 de noviembre de 1989 establecen la prioridad que debe darse al desarrollo del menor en el seno de su familia o en un ambiente en el que las tradiciones y valores culturales propios tengan una presencia importante, todo ello sin perjuicio que todos esos factores pueden muy bien no concurrir, en cuyo caso el retorno no sería en interés del menor.</p>
<p class='capitulo_num'>CAPÍTULO II</p>
<p class='capitulo_tit'>Localización y actuaciones subsiguientes</p>
<p class='articulo'>Apartado primero. Deber general de comunicación.</p>
<p class='parrafo'>Cualquier autoridad, institución o entidad local o autonómica, que localice, acoja o reciba a un menor extranjero lo comunicará a la mayor brevedad a la correspondiente Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras del Cuerpo Nacional de Policía (CNP), así como a la correspondiente Delegación o Subdelegación del Gobierno y al Ministerio Fiscal.</p>
<p class='articulo'>Apartado segundo. Reseña.</p>
<p class='parrafo'>1. Todo menor extranjero que se encuentre bajo el ámbito de aplicación de este Protocolo que haya sido localizado en territorio nacional será fehacientemente objeto de reseña policial.</p>
<p class='parrafo'>La reseña policial, en sentido amplio, comprenderá los siguientes documentos y actuaciones:</p>
<p class='parrafo_2'>A) La reseña policial propiamente dicha, que inexcusablemente comprenderá la impresión decadactilar y la fotografía del menor.</p>
<p class='parrafo'>A tal fin, la reseña y la fotografía habrán de reunir los requisitos y parámetros que sean establecidos por la Comisaría General de Policía Científica del CNP. En tanto dicha Brigada no establezca otros criterios, la fotografía deberá respetar las características del tamaño de los ficheros individuales en cada una de las posiciones, en formato JPG, con 72 ppp de resolución, 960x1.280 píxeles.</p>
<p class='parrafo'>B) Cuantos datos aporte el propio menor sobre su filiación, edad, nacionalidad y última residencia, así como cuanta documentación de su país de origen o nacional se disponga sobre su identificación.</p>
<p class='parrafo'>C) Documentación en que se especificará el centro de protección de menores o de acogida donde se ha entregado o se entregará al menor, así como el organismo público u organización no gubernamental, fundación o Entidad pública de protección de menores a quien se hubiera encomendado su custodia provisional.</p>
<p class='parrafo_2'>2. En el caso de que la reseña hubiera sido practicada por un Cuerpo de Policía Autonómica, el Ministerio Fiscal, velará para que –mediante comunicación directa o por su conducto, según se disponga en los Protocolos territoriales–, sea remitida con carácter urgente a las correspondientes Unidades de Extranjería y Fronteras del CNP.</p>
<p class='articulo'>Apartado tercero. Inscripción en el RMENA.</p>
<p class='parrafo'>1. Una vez la reseña policial descrita en el punto anterior obre en poder de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras, se procederá a dar traslado de la misma a la Brigada Provincial de Policía Científica del CNP a fin de que se compruebe si el menor se encuentra reseñado, expidiendo certificación negativa en el supuesto de que no figure previamente identificado.</p>
<p class='parrafo'>La Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras actuará conforme a lo previsto en las instrucciones correspondientes del Secretario de Estado de Seguridad sobre funcionamiento del RMENA, realizando los trámites pertinentes establecidos al efecto en las mismas según figure o no inscrito en dicho Registro el menor.</p>
<p class='parrafo'>2. Cuando se trate de MENA no inscrito, una vez registrado por la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras actuante se procederá a asignarle un Número de Identidad de Extranjero (NIE) vinculado al Número de Identificación Personal (NIP).</p>
<p class='parrafo'>3. Las gestiones practicadas por las respectivas Brigadas Provinciales de Extranjería y Fronteras serán comunicadas por las mismas, a la mayor brevedad, al Ministerio Fiscal y al Cuerpo policial que inició las actuaciones. La comunicación deberá comprender en todo caso el NIP, el NIE y el resultado de la comprobación e inscripción en el RMENA.</p>
<p class='articulo'>Apartado cuarto. Información sobre derechos de las posibles víctimas de trata de seres humanos y sobre la normativa de protección de menores.</p>
<p class='parrafo'>Tras su localización, el MENA que tuviera suficiente juicio deberá ser informado por los funcionarios policiales o, en su defecto, por el personal de la Entidad pública de protección de menores bajo cuya tutela legal, custodia, protección provisional o guarda se encuentre, de modo fehaciente y en un idioma que razonablemente pueda entender, de los derechos que asisten en España a las posibles víctimas de trata de seres humanos, así como de la normativa vigente en materia de protección de menores. De dicha actuación quedará constancia escrita.</p>
<p class='articulo'>Apartado quinto. Protección internacional.</p>
<p class='parrafo'>Una vez realizados los trámites que el artículo 48 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, establece para los MENA que desean acogerse a la protección internacional, en particular, la puesta en conocimiento del Ministerio Fiscal, la determinación de su edad, su puesta a disposición de la Entidad pública de protección de menores competente y la correspondiente asignación de representante legal, todo ello conforme a lo establecido en el presente Protocolo, el MENA será informado por la Entidad pública de protección de menores bajo cuya tutela legal, custodia, protección provisional o guarda se encuentre, de modo fehaciente y en un idioma que pueda razonablemente comprender, del contenido básico del derecho a la protección internacional y del procedimiento previsto para su solicitud. De esta actuación quedará constancia escrita, de acuerdo al artículo 190.5 REX.</p>
<p class='parrafo'>Para la formalización efectiva de la solicitud de protección internacional el MENA deberá comparecer en las dependencias administrativas previstas a tal efecto junto a la persona designada por la Entidad pública de protección de menores responsable de su tutela para asistirle en la correspondiente formalización y tramitación, con vistas a garantizar el interés superior del menor y completar su capacidad de obrar cuando fuera necesario.</p>
<p class='parrafo'>Las autoridades españolas no podrán contactar con las representaciones diplomáticas del país de origen de un MENA solicitante de protección internacional.</p>
<p class='articulo'>Apartado sexto. Documentación oficial expedida por el país de origen del menor.</p>
<p class='parrafo'>Si en el instante de su localización o en un momento posterior, el menor presenta documentación oficial expedida por su país de origen serán de aplicación los siguientes criterios:</p>
<p class='parrafo_2'>1. Las certificaciones emitidas por las autoridades extranjeras relativas al estado civil de las personas, así como cualquier otro documento extranjero que recoja datos identificativos del menor, como el pasaporte o los documentos de identidad, no constituyen prueba plena sobre la edad, filiación, matrimonio o emancipación del menor salvo que así venga reconocido expresamente por Convenio o Tratado internacional, de conformidad con los dispuesto en el artículo 323 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC).</p>
<p class='parrafo'>2. No obstante, los pasaportes y documentos de viaje originales emitidos por las autoridades extranjeras a los efectos del artículo 25.1 LOEX serán título suficiente para reconocer la condición de minoría de edad y su filiación salvo que concurra alguna de las circunstancias siguientes:</p>
<p class='parrafo_2'>A) Presenten signos de falsificación, se encuentren en todo o parte alterados o se aprecie que han sido corregidos, enmendados o tachados.</p>
<p class='parrafo'>B) Incorporen datos contradictorios con otros documentos públicos emitidos por el propio país emisor que porte el menor extranjero o de que disponga la autoridad española competente.</p>
<p class='parrafo'>C) El menor esté en posesión de dos documentos de la misma naturaleza que contengan datos distintos.</p>
<p class='parrafo'>D) Sean contradictorios con previas pruebas médicas sobre la edad o filiación del titular del documento, practicadas a instancia del Ministerio Fiscal o por otra autoridad judicial, administrativa o diplomática española.</p>
<p class='parrafo'>E) Sea patente, evidente e indubitada la falta de correspondencia entre los datos incorporados al documento público extranjero y la apariencia física del interesado.</p>
<p class='parrafo'>F) Contradigan sustancialmente los datos y circunstancias alegadas por el portador del documento.</p>
<p class='parrafo'>G) Incorporen datos inverosímiles.</p>
<p class='parrafo_2'>3. Concurriendo cualquiera de las circunstancias anteriores se considerará, a los efectos de este Protocolo, que el extranjero se halla indocumentado.</p>
<p class='capitulo_num'>CAPÍTULO III</p>
<p class='capitulo_tit'>Supuestos específicos</p>
<p class='articulo'>Apartado primero. Menor al que le sea de aplicación el régimen de la Unión Europea.</p>
<p class='parrafo'>1. Cuando los Cuerpos o Fuerzas de Seguridad localicen a un MENA al que le sea aplicable el régimen jurídico de la Unión Europea lo pondrán en conocimiento inmediato del Ministerio Fiscal y del Consulado o Representación diplomática del Estado de que se trate.</p>
<p class='parrafo'>2. Hasta tanto se disponga la entrega del menor a su familia o a la Representación diplomática del Estado del que es nacional, permanecerá bajo la protección de la entidad pública de protección de menores de la Comunidad Autónoma en la que fuere hallado.</p>
<p class='articulo'>Apartado segundo. MENA de terceros países cuya protección haya sido acordada por una autoridad de otro Estado miembro de la Unión Europea.</p>
<p class='parrafo'>1. A los MENA de terceros países cuya protección haya sido acordada por una autoridad de otro Estado miembro de la Unión Europea les serán aplicables las reglas generales del presente Protocolo.</p>
<p class='parrafo'>Sin embargo, la constancia de una fecha de nacimiento o filiación que conste en un documento expedido por una autoridad competente de un Estado miembro de la Unión Europea impedirá acudir a las pruebas médicas.</p>
<p class='parrafo'>Las dudas sobre la fecha de nacimiento que se contengan en el documento deberán resolverse, por medio de los mecanismos de cooperación jurídica internacional, ante las autoridades que hayan emitido el documento.</p>
<p class='parrafo'>2. Por la Comisaría General de Extranjería y Fronteras se practicarán las gestiones oportunas dirigidas a facilitar al Ministerio Fiscal los datos pertinentes del expediente tramitado y resolución acordada por la autoridad del otro Estado miembro de la Unión Europea.</p>
<p class='parrafo'>3. En su caso, se realizarán las oportunas gestiones dirigidas al traslado al Estado donde ya se ejerza su protección institucional o tutela pública de conformidad con lo prevenido en el artículo 35 LOEX y artículos 191 y siguientes REX.</p>
<p class='articulo'>Apartado tercero. MENA localizados tras la comisión de un hecho delictivo que les fuere imputado a título de autoría o participación.</p>
<p class='parrafo'>1. Cuando los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad localicen o detengan tras la comisión de un hecho delictivo a un extranjero cuya minoría de edad fuera indubitada:</p>
<p class='parrafo_2'>A) Realizarán las correspondientes diligencias de reseña dactilar, cotejo o comprobación de inscripción en el RMENA. En el caso de que no conste inscrito, procederán a su inscripción en el RMENA sin que se haga constar circunstancia o dato que revele su detención o su condición de hallarse sometido a procedimiento de reforma.</p>
<p class='parrafo'>B) Lo pondrán inmediatamente en conocimiento del Fiscal a los efectos del seguimiento de su inscripción en el RMENA.</p>
<p class='parrafo'>C) El Ministerio Fiscal velará porque quede debidamente inscrito en el RMENA sin que se haga constar circunstancia o dato que revele su detención o su condición de hallarse sometido a procedimiento de reforma.</p>
<p class='parrafo_2'>2. En el caso de que los funcionarios de policía advirtieran indicios de que el menor hubiera sido compelido a la realización de los hechos presuntamente delictivos por terceros adultos apreciándose cualquier elemento indiciario acerca de que pudiera ser víctima de trata de seres humanos, lo pondrán en inmediato conocimiento del Ministerio Fiscal que gestionará su ingreso en un Centro de protección de menores o, si así procede en atención a las exigencias de protección integral del menor, en centros de acogida de una asociación, fundación u organización no gubernamental sin ánimo de lucro que disponga de los medios necesarios que garanticen su seguridad, recuperación física y psicológica, y la asistencia integral que requiera. Si tuviere juicio bastante, el menor será fehacientemente informado por el Cuerpo policial que estuviere realizando la investigación de los derechos que le reconoce el artículo 59 bis LOEX.</p>
<p class='parrafo'>3. Si el detenido fuera un extranjero cuya minoría de edad no pueda ser establecida con seguridad será conducido ante el Juzgado de Instrucción competente a los efectos de aplicación del artículo 375 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.</p>
<p class='parrafo'>4. En cualquier caso, concurriendo indicios racionales de que el presunto menor es víctima de trata de seres humanos procede adoptar todas las medidas de protección previstas en el artículo 59 bis LOEX y el Protocolo marco de protección de las víctimas de trata de seres humanos.</p>
<p class='articulo'>Apartado cuarto. MENA cuya minoría de edad sea indubitada.</p>
<p class='parrafo'>Cuando las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad localicen a un menor extranjero cuya minoría de edad sea indubitada, realizarán las correspondientes diligencias de reseña dactilar y cotejarán el RMENA para comprobar si se halla o no inscrito.</p>
<p class='parrafo'>En cualquier caso, lo entregarán a la Entidad pública de protección de menores del lugar de localización, sin perjuicio de la posterior decisión sobre su acogida inmediata y custodia.</p>
<p class='parrafo'>De no hallarse inscrito, se procederá a su inscripción en el RMENA.</p>
<p class='parrafo'>En ambos supuestos, se comunicará al Ministerio Fiscal la localización del menor, su situación registral, y, en su caso, la causa por la que no ha sido posible la inscripción en el RMENA.</p>
<p class='parrafo'>Por el Ministerio Fiscal se incoarán diligencias preprocesales para el seguimiento de la inscripción del menor en el RMENA. Una vez inscrito el menor en el RMENA se archivarán las diligencias.</p>
<p class='capitulo_num'>CAPÍTULO IV</p>
<p class='capitulo_tit'>Menores extranjeros en situación de riesgo: medidas de prevención de la trata de seres humanos y contra la utilización de menores</p>
<p class='articulo'>Apartado primero. Entrevista reservada.</p>
<p class='parrafo'>Cuando las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado localizasen –tras haber entrado de manera clandestina o subrepticia en territorio nacional o pretendiendo traspasar los puestos fronterizos españoles– a un menor extranjero que no tuviere juicio suficiente para ser oído en compañía de un adulto que afirme tener un vínculo biológico paterno-materno filial con el menor o aparente ser otro pariente o responsable del menor y no lo acreditase de manera indubitada mediante documentación o por otro medio, el adulto será entrevistado reservadamente por personal cualificado del Cuerpo policial actuante con objeto de clarificar su situación, decisión migratoria, vínculo y relaciones con el menor extranjero que le acompaña, en particular destino en España, personas a las que va a visitar o con las que permanecerá en nuestro país.</p>
<p class='articulo'>Apartado segundo. Invitación a realizar la prueba de ácido desoxirribonucleico (ADN).</p>
<p class='parrafo'>En los casos en los que el adulto afirme tener un vínculo biológico paterno-materno filial con el menor, por el CNP se solicitará de dicho adulto que voluntariamente preste su consentimiento debidamente informado para la obtención del dato identificativo que se obtenga a partir del ADN de las células epiteliales bucales propias y del menor.</p>
<p class='articulo'>Apartado tercero. Acta de consentimiento informado.</p>
<p class='parrafo'>Por la policía actuante se levantará acta (en el modelo que consta como Anexo I del presente Protocolo) en la que se hará constar:</p>
<p class='parrafo_2'>1. Las circunstancias de localización del menor.</p>
<p class='parrafo'>2. Las alegaciones del adulto en las que afirma tener un vínculo biológico paterno-materno filial con el menor.</p>
<p class='parrafo'>3. El contenido y resultado de la entrevista realizada.</p>
<p class='parrafo'>4. El ofrecimiento al adulto de poder someterse voluntariamente a la prueba de ADN como medio de acreditar la existencia del vínculo biológico paterno-materno filial.</p>
<p class='parrafo'>5. La información completa al adulto sobre la prueba de ADN que se le solicita, los efectos de sus resultados y las consecuencias que se derivarían de su negativa a someterse a ellas.</p>
<p class='parrafo'>6. Constancia de la autorización o de la negativa del adulto y motivos alegados.</p>
<p class='parrafo'>7. Puesta en conocimiento y remisión de copia del acta al Ministerio Fiscal.</p>
<p class='articulo'>Apartado cuarto. Realización de las pruebas de ADN.</p>
<p class='parrafo'>1. Prestado el consentimiento informado del adulto, las pruebas serán practicadas por la Comisaría General de Policía Científica del CNP (en el modelo que consta como Anexo II del presente Protocolo) siguiendo las reglas protocolarias de su actividad sobre: tipo de muestra que deben ser recogidas, modo y unidad de policía que toma la muestra, cadena de custodia, conservación, identidad, y laboratorios científicos acreditados para el análisis y su resultado.</p>
<p class='parrafo'>2. La Comisaría General de Policía Científica del CNP desarrollará los estudios básicos necesarios según las normas técnicas adecuadas para dictaminar si queda descartada la relación biológica paterno-materno filial.</p>
<p class='parrafo'>3. Las pruebas básicas de ADN, salvo causa justificada, se realizarán en el plazo más breve posible, dando prioridad a la analítica en cualquier caso en el ámbito del Protocolo. Si excepcionalmente fuere preciso practicar pruebas complementarias, dicho plazo podrá ampliarse por el tiempo indispensable.</p>
<p class='articulo'>Apartado quinto. Puesta en conocimiento del Ministerio Fiscal y de la Entidad pública de protección de menores competentes.</p>
<p class='parrafo'>La situación de riesgo derivada de la localización de un menor en las circunstancias arriba indicadas, deberá ponerse de forma inmediata en conocimiento del Ministerio Fiscal y de la Entidad pública de protección de menores, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 13 y 14 LOPJM a los efectos procedentes. El CNP les remitirá el resultado de la entrevista reservada y la documentación recabada.</p>
<p class='articulo'>Apartado sexto. Garantía de la seguridad del menor que se encuentre en centros de acogida de progenitores.</p>
<p class='parrafo'>Si de las declaraciones del adulto o de cualquier otro indicador o noticia, se apreciara una situación de riesgo inminente en la persona del menor, la Entidad pública de protección de menores acordará la separación del menor del adulto y su acogida provisional mientras se practican las oportunas diligencias de investigación, que justifiquen la reagrupación del menor con dicho adulto, lo que será comunicado al Ministerio Fiscal para su conocimiento, seguimiento y protección de los intereses del menor.</p>
<p class='parrafo'>En todo caso, se promoverán por el Ministerio Fiscal las acciones pertinentes ante el Juzgado de Guardia o Juzgado de Primera Instancia competente para asegurar que mientras se está evaluando la situación de riesgo, el menor no abandone el centro en compañía del adulto sin autorización judicial.</p>
<p class='parrafo'>El Ministerio Fiscal velará para que la resolución judicial que se dicte sea comunicada al Cuerpo policial que estuviere realizando la investigación, y en todo caso al CNP, a los efectos de que se adopten las medidas precisas dirigidas a evitar que el adulto que alega la relación biológica paterno-materno filial o una tercera persona abandonen el centro con el menor sin autorización judicial.</p>
<p class='parrafo'>Si se tiene conocimiento de que el menor y el adulto van a abandonar el centro de manera inminente y no hubiera tiempo de que por el Ministerio Fiscal se promuevan las acciones judiciales oportunas, cuando de las declaraciones del adulto o de cualquier otro indicador o noticia se apreciara una situación de riesgo inminente en la persona del menor, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad actuantes procederán a separar al menor del adulto, comunicándolo inmediatamente a la Entidad pública de protección de menores para que se haga cargo del menor y se acuerde su atención inmediata y al Fiscal para el ejercicio de las acciones judiciales procedentes.</p>
<p class='articulo'>Apartado séptimo. Negativa a someterse a la prueba de ADN o cuando el resultado de la misma descarte el vínculo biológico paterno-materno filial.</p>
<p class='parrafo'>Si el adulto se niega a someterse a la prueba o ésta resultase contraria a lo manifestado por él, el Ministerio Fiscal interesará del servicio público de protección de menores la asunción de la tutela urgente del menor si de las circunstancias concurrentes se apreciase que dicho menor se encuentra privado de la necesaria asistencia material o moral.</p>
<p class='articulo'>Apartado octavo. Menores acompañados por un guardador de hecho.</p>
<p class='parrafo'>El Ministerio Fiscal interesará de la Entidad pública de protección de menores la asunción de la tutela urgente del menor, si de las circunstancias concurrentes se aprecia que el pariente o el adulto que acompaña al menor, no le garantiza la necesaria asistencia material o moral.</p>
<p class='capitulo_num'>CAPÍTULO V</p>
<p class='capitulo_tit'>Extranjeros indocumentados cuya minoría de edad no pueda ser establecida con seguridad</p>
<p class='articulo'>Apartado primero. Naturaleza, contenido y efectos de los expedientes de determinación de edad ordenados por el artículo 35.3 LOEX.</p>
<p class='parrafo'>1. El artículo 35.3 LOEX atribuye al Ministerio Fiscal la responsabilidad de ordenar la práctica de pruebas médicas de determinación de edad de aquellos extranjeros que hubieren sido localizados por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado cuando, hallándose indocumentados, su minoría de edad no pueda ser establecida con seguridad.</p>
<p class='parrafo'>2. Los expedientes incoados por el Ministerio Fiscal al amparo de dicho precepto y, en su caso la resolución adoptada, no persiguen la determinación de la edad del afectado en cuanto una de las manifestaciones de su estado civil, sino exclusivamente decidir con carácter cautelar y urgente, incluso si es posible durante el servicio de guardia si debe ser acogido en un centro de protección de menores de acuerdo con lo establecido en la legislación de protección jurídica del menor o por el contrario debe ser sometido al régimen ordinario de mayores de edad.</p>
<p class='parrafo'>3. El decreto del Ministerio Fiscal resolviendo sobre la minoría o mayoría de edad del afectado tiene carácter meramente provisional pudiendo ser modificada la resolución adoptada, tanto de oficio como a instancia de quien ostente un interés legítimo, cuando se aporten datos o circunstancias sobrevenidas o que, siendo preexistentes, no se hubieran valorado por haberse conocido con posterioridad a la decisión adoptada.</p>
<p class='parrafo'>4. En todo caso, el decreto del Ministerio Fiscal, cuando conste resolución judicial motivada dictada en cualquier orden jurisdiccional, será modificado de conformidad con el fallo en que se hubiera acordado una edad distinta.</p>
<p class='parrafo'>5. En caso de que el extranjero sea portador de un documento falsificado al haber sido manipulado de manera manual o química para alterar los datos del documento original emitido por las autoridades extranjeras, se procederá de la manera prevista en el Capitulo III, apartado tercero, 3 del presente Protocolo, poniéndose al afectado a disposición del Juez de Instrucción competente.</p>
<p class='articulo'>Apartado segundo. Expedientes de determinación de edad: forma y tramitación. Diligencias preprocesales.</p>
<p class='parrafo'>Los expedientes de determinación de edad tramitados por el Ministerio Fiscal se incoarán y tramitarán siguiendo las formas de las Diligencias Preprocesales reguladas por el artículo 5 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal de acuerdo con lo previsto en los apartados siguientes y de conformidad con las Circulares e Instrucciones ordenadas por el Fiscal General del Estado.</p>
<p class='articulo'>Apartado tercero. Incoación del expediente.</p>
<p class='parrafo'>Los expedientes se iniciarán inmediatamente por decreto de incoación cuando el Ministerio Fiscal:</p>
<p class='parrafo_2'>1. Reciba comunicación de alguno de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado de haberse localizado a un extranjero indocumentado cuya minoría de edad no pueda ser establecida con seguridad y que no aparezca inscrito en el RMENA.</p>
<p class='parrafo'>2. Reciba comunicación de cualquier policía autonómica de haberse localizado a un extranjero indocumentado cuya minoría de edad no pueda ser establecida con seguridad.</p>
<p class='parrafo'>3. Reciba comunicación de cualquier autoridad, institución o entidad, local o autonómica, que hubiese localizado, acogido o recibido a un extranjero indocumentado cuya minoría de edad no pueda ser establecida con seguridad.</p>
<p class='parrafo'>4. De oficio, cuando el Ministerio Fiscal tenga noticia de la existencia de un extranjero cuya minoría de edad no pueda establecerse con seguridad, carezca de la documentación precisa según el Capitulo II, apartado sexto de este Protocolo y sea necesario para la defensa de sus intereses de conformidad con el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y las Circulares e Instrucciones del Fiscal General del Estado.</p>
<p class='parrafo'>Las peticiones de incoación del expediente deberán ir acompañadas de una exposición razonada en la que se relacionen las circunstancias de la localización del afectado, motivos que hacen dudar sobre su minoría de edad, y, en caso de existir documentación genuina del menor expedida por autoridades extranjeras, los concretos indicios de sospecha sobre su fiabilidad y verosimilitud.</p>
<p class='parrafo'>Cuando se incoe de oficio, el decreto inicial del Ministerio Fiscal deberá reflejar motivadamente no sólo las circunstancias recogidas en el párrafo precedente sino también las causas concurrentes que determinan su actuación, de conformidad con las Circulares e Instrucciones del Fiscal General del Estado.</p>
<p class='parrafo'>El decreto de incoación del Expediente de determinación de edad será comunicado a la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras con la mayor celeridad posible.</p>
<p class='articulo'>Apartado cuarto. Tramitación y diligencias a practicar en el expediente. Comprobación por el Fiscal de si el menor ha sido reseñado e inscrito en el RMENA con anterioridad. Actuaciones a seguir cuando el Fiscal tenga conocimiento de diligencias preprocesales abiertas en otra fiscalía respecto del mismo extranjero.</p>
<p class='parrafo'>El Fiscal deberá hacer constar como primera diligencia que se ha realizado la previa y preceptiva reseña policial del afectado, incorporando la certificación negativa de no hallarse reseñado e inscrito previamente en el RMENA, expedida por la respectiva Brigada Provincial de Policía Científica del CNP conforme a lo dispuesto en el capítulo II, apartado tercero 1 de este Protocolo.</p>
<p class='parrafo'>En caso de que el Fiscal tenga conocimiento de que se han abierto diligencias preprocesales en otra Fiscalía respecto del mismo extranjero, solicitará de la Fiscalía que lo estuviere tramitando la remisión de una copia íntegra del expediente de determinación de la edad y de las diligencias practicadas. Será competente para continuar la tramitación del expediente la Fiscalía del lugar donde estuviera el extranjero.</p>
<p class='articulo'>Apartado quinto. Tramitación y diligencias a practicar en el expediente. Práctica de las pruebas médicas.</p>
<p class='parrafo'>1. Acuerdo del Ministerio Fiscal de autorización de pruebas médicas. Principios aplicables a las pruebas médicas. Actuaciones iniciales.</p>
<p class='parrafo_2'>En el ámbito de aplicación del artículo 35.3 LOEX, la decisión sobre la práctica de pruebas médicas dirigidas a eliminar las dudas sobre la mayoría o minoría de edad del extranjero indocumentado es exclusiva del Ministerio Fiscal que la adoptará mediante acuerdo.</p>
<p class='parrafo'>No se autorizarán pruebas médicas que repitan otras ya practicadas ni nuevas pruebas médicas cuando, a la vista de la reiteración con la que se han practicado las pruebas anteriores y las dosis de radiación a la que el sujeto haya estado sometido se aprecie un riesgo para la salud del menor según informe previo del facultativo o del médico forense.</p>
<p class='parrafo'>Las pruebas médicas ordenadas practicar por el Ministerio Fiscal se regirán por el principio de celeridad exigiendo el previo consentimiento del afectado y un control médico-sanitario especializado y se llevarán a cabo con respeto a la dignidad de la persona.</p>
<p class='parrafo_2'>A) La orden de practicar las pruebas médicas se dictará en el plazo más breve posible. Deberá adoptarse si fuere posible durante el servicio de guardia por el Fiscal que lo desempeñe cuando de la información recibida por los Cuerpos policiales no se desprenda la necesidad de la práctica de otras diligencias imprescindibles.</p>
<p class='parrafo'>B) La información preceptiva y la petición de la práctica de las pruebas médicas podrá ser avanzada al Fiscal del expediente por fax, correo electrónico o vía telefónica, sin perjuicio de la remisión del atestado por conducto ordinario. En todo caso la policía actuante hará constar de manera fehaciente y expresa que ha realizado la completa reseña del afectado y que por el CNP se ha cotejado su resultado con el RMENA de la manera indicada en el Capítulo II, apartado tercero, del presente Protocolo.</p>
<p class='parrafo'>C) El menor será trasladado a presencia del Ministerio Fiscal antes de proceder a ordenar la práctica de las pruebas médicas cuando así lo disponga el Fiscal tras valorar la información recibida por las fuerzas policiales.</p>
<p class='parrafo'>D) Si se considera procedente realizar las pruebas médicas, el Fiscal remitirá los oficios correspondientes al Centro hospitalario, directamente o a través de la propia policía actuante.</p>
<p class='parrafo'>E) Si por causas extraordinarias no pudieran practicarse durante el servicio de guardia las pruebas debidas, una vez que el menor ha sido reseñado y se ha cotejado el RMENA, el Fiscal pondrá a disposición de la Entidad pública de protección de menores competente al menor para que proceda a su ingreso en un Centro de protección de menores hasta que aquella pueda llevarse a cabo.</p>
<p class='parrafo_2'>2. Consentimiento informado del extranjero.</p>
<p class='parrafo_2'>El Fiscal autorizará la práctica de las pruebas médicas a condición de que el interesado preste el consentimiento tras haber sido fehacientemente informado, en el modelo que consta como Anexo III del presente Protocolo, de los siguientes extremos:</p>
<p class='parrafo_2'>A. Contenido de la información.</p>
<p class='parrafo_2'>a) Tipo, características y riesgos de las pruebas a las que va a ser sometido.</p>
<p class='parrafo'>b) Finalidad que se persigue con la realización de las pruebas y las consecuencias que se derivarían de su negativa a practicarla.</p>
<p class='parrafo_2'>B) Órganos que deben informar y ante los que debe prestarse el consentimiento. Formalización de acta.</p>
<p class='parrafo_2'>a) La información sobre el tipo, características y riesgos de las pruebas a la que va a ser sometido deberá ser facilitada por el facultativo competente. El consentimiento se prestará ante el mismo.</p>
<p class='parrafo'>b) Los demás aspectos de la información se prestarán por la propia policía actuante.</p>
<p class='parrafo'>c) Del consentimiento prestado en los dos apartados anteriores se levantarán las correspondientes actas al respecto en las que consten de manera expresa e inequívoca la autorización del presunto menor.</p>
<p class='parrafo_2'>C) Negativa a prestar su consentimiento.</p>
<p class='parrafo_2'>a) En el supuesto de negativa a prestar su consentimiento para la práctica de las pruebas ante los agentes de la policía actuantes será llevado a presencia del Fiscal que tras recibirle declaración y tomando en consideración todas las circunstancias obrantes en el expediente podrá determinar que se trata de un mayor de edad.</p>
<p class='parrafo'>b) Si entre las circunstancias concurrentes se hallaren indicadores de que el interesado pudiera ser víctima de trata de seres humanos prevalecerá la presunción de minoría de edad, debiéndose adoptar las medidas de protección inmediatas, comunicándose simultáneamente a la Unidad policial de Extranjería correspondiente del CNP a los efectos de valorar la aplicación del artículo 59 bis LOEX según las reglas establecidas por el Protocolo de protección de víctimas de trata de seres humanos, así como al Cuerpo policial actuante, a efectos de investigación.</p>
<p class='parrafo'>c) El interesado podrá retirar su consentimiento en cualquier momento antes de la práctica de las pruebas médicas, en cuyo caso cesarán o se dejarán sin efecto las mismas, valorándose del mismo modo que si se tratare de una negativa precedente.</p>
<p class='parrafo_2'>3. Traslado del extranjero a los Centros hospitalarios.</p>
<p class='parrafo_2'>El traslado de los supuestos menores al Centro hospitalario se podrá realizar por agentes del CNP, Guardia Civil, Policías autonómicas o locales. Asimismo, lo podrá realizar el personal del Centro de protección de menores. Dicho traslado se realizará de la forma que menos perjudique al supuesto menor, con respeto de sus garantías y sus derechos.</p>
<p class='parrafo'>Se procurará realizar los traslados en vehículos sin distintivos policiales y con personal no uniformado, salvo que las circunstancias del caso y la disponibilidad de recursos no lo permitan.</p>
<p class='parrafo_2'>4. Personal sanitario.</p>
<p class='parrafo_2'>Las pruebas de determinación de la edad y los correspondientes dictámenes periciales se realizarán por personal médico especializado en la materia. También podrán ser realizadas por los médicos forenses que, además podrán ser llamados en cualquier momento por el Fiscal para completar, precisar o ampliar los dictámenes recibidos.</p>
<p class='parrafo'>Los Protocolos territoriales especificarán los Centros hospitalarios donde se llevarán a cabo y garantizarán la realización de la prueba de manera continua y permanente, sin limitación de horarios y fechas, con la mayor celeridad posible.</p>
<p class='parrafo_2'>5. Pruebas a realizar.</p>
<p class='parrafo_2'>Corresponde a los facultativos médicos según las leyes de su ciencia determinar las pruebas adecuadas y suficientes para eliminar la inseguridad sobre la minoría de edad del extranjero afectado. Se recomienda seguir los parámetros y pautas de actuación fijadas en las Conclusiones de la Jornada de Trabajo sobre Determinación Forense de la Edad de los MENA. Documento de Consenso de Buenas Prácticas entre los Institutos de Medicina Legal de España. En: Revista Española de Medicina Legal. 2011, Vol. 37, número 1, enero-marzo.</p>
<p class='parrafo'>Cualesquiera que sean las pruebas practicadas tendentes a determinar el grado de maduración ósea o dental (prueba radiológica del carpo izquierdo de la muñeca y examen de la dentición, en particular del tercer molar, por medio de una ortopantomografía, radiografía de la clavícula para la cuantificación de los cambios de osificación), será preceptivo el previo examen físico y personal del interesado.</p>
<p class='parrafo_2'>6. Informe médico.</p>
<p class='parrafo_2'>El informe médico de determinación de edad deberá ser emitido en el plazo más breve posible; hará referencia a la identidad del médico informante, fecha y hora de la emisión; y expondrá de manera clara y motivada la técnica o técnicas que se hayan seguido para la determinación de la edad.</p>
<p class='parrafo'>Justificará razonadamente el resultado de cada prueba practicada y contendrá una conclusión en la que se establecerá de manera precisa una horquilla de edad mínima y, si es posible, máxima del examinado que se corresponderá con el margen de error, porcentaje de incertidumbre o desviación estándar que dicho resultado pueda tener.</p>
<p class='parrafo'>El Fiscal pedirá la repetición o ampliación del informe cuando se omita cualquiera de los datos reseñados, carezca del suficiente grado de motivación, o se sustituya la delimitación de la horquilla con otras locuciones o expresiones ambiguas e imprecisas.</p>
<p class='articulo'>Apartado sexto. Finalización del expediente. El decreto del Ministerio Fiscal.</p>
<p class='parrafo'>1. Contenido del decreto del Ministerio Fiscal.</p>
<p class='parrafo_2'>Los expedientes de determinación de la edad del artículo 35.3 LOEX concluirán tras el decreto del Ministerio Fiscal, que contendrá los siguientes apartados:</p>
<p class='parrafo_2'>A) Fundamentación de los hechos.</p>
<p class='parrafo_2'>En él se hará constar: la fecha, modo y circunstancias de localización del menor; la acreditación de que el menor ha sido fehacientemente reseñado; el NIP; el cotejo registral y su resultado; en su caso, la documentación que portaba el menor, naturaleza, filiación, nacionalidad y autoridad que lo expidió; la relación de los indicios o circunstancias que han determinado la necesidad de la práctica de las pruebas médicas; constancia del consentimiento informado del interesado; descripción de otras diligencias que eventualmente se hayan acordado para determinar la minoría de edad y su resultado; en caso de haberse practicado las pruebas médicas, sucintamente se recogerán los datos relativos a la identificación del médico que realizó las pruebas y firmó el dictamen, el Centro hospitalario en que se han realizado las pruebas y los medios de diagnóstico utilizados; el resultado de las pruebas realizadas.</p>
<p class='parrafo_2'>B) Fundamentación jurídica.</p>
<p class='parrafo_2'>Deberán valorarse, si las hubiere, las diferentes pruebas que obren en las diligencias (médica, documental, manifestaciones del interesado) o, de haberse producido, los efectos de la negativa o retirada del consentimiento a someterse a las pruebas médicas. Igualmente motivarán, en su caso, por qué no se aceptan los indicios de duda planteados por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, la policía autonómica o autoridad, institución o entidad, local o autonómica y no se ha acordado la práctica de las diligencias de comprobación.</p>
<p class='parrafo_2'>C) Parte dispositiva.</p>
<p class='parrafo_2'>a) Si el interesado debe ser considerado menor de edad, así se declarará expresamente y se acordará que el menor sea puesto a disposición de la Entidad pública de protección de menores.</p>
<p class='parrafo'>Si se han realizado las pruebas médicas, la edad del sujeto se corresponderá con el tramo inferior de la horquilla, entendiéndose como día y mes de nacimiento el que corresponda con la fecha en que se practicaron las pruebas médicas a falta de otro dato, como las manifestaciones del menor si son compatibles con el resultado de aquellas.</p>
<p class='parrafo'>b) Si no es posible pronunciarse sobre la mayoría o minoría de edad por no haberse presentado el supuesto menor a la práctica de las pruebas médicas así se declarará archivándose las diligencias provisionalmente.</p>
<p class='parrafo'>c) Si el extranjero debe ser considerado mayor de edad así se declarará expresamente comunicándolo a la mayor urgencia a la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras del CNP, y, en su caso, al Cuerpo policial que realice la investigación.</p>
<p class='parrafo_2'>2. Revisión del decreto del Ministerio Fiscal.</p>
<p class='parrafo_2'>El decreto del Ministerio Fiscal disponiendo la mayoría o minoría de edad del extranjero es revisable de oficio o a instancia de quien ostente un interés legítimo.</p>
<p class='parrafo'>Es competente para la revisión del decreto la Fiscalía correspondiente al lugar donde efectivamente resida el interesado. Cuando la Fiscalía ante la que se plantea la revisión del decreto sea distinta de quien la dictó, con carácter previo a tomar cualquier decisión solicitará de la Fiscalía que actuó anteriormente la remisión de una copia íntegra del expediente de determinación de la edad y de las diligencias practicadas.</p>
<p class='parrafo'>La revisión procederá:</p>
<p class='parrafo_2'>A) Cuando se aporten documentos o certificaciones genuinas expedidas por autoridades del Estado de donde es nacional el interesado que tengan fuerza probatoria según el artículo 323 LEC por haberse así reconocido por Convenio bilateral o Tratado internacional.</p>
<p class='parrafo'>B) Cuando se comunique al Ministerio Fiscal cualquier sentencia o auto judicial de cualquier orden jurisdiccional que establezca otra edad diferente.</p>
<p class='parrafo'>C) Cuando concurran circunstancias sobrevenidas o que siendo preexistentes no pudieron ser tomadas en cuenta en el momento de dictar el decreto, y el Fiscal las valore como relevantes y suficientes para su modificación. Significadamente, cuando conste la práctica de otras pruebas médicas de resultado incompatible realizadas en el ámbito de sus competencias a instancia de los Consulados españoles en el extranjero, de cualquier Administración del Estado, o de la Entidad pública de protección de menores en el ejercicio de su función de guarda y tutela.</p>
<p class='parrafo_2'>La Entidad pública de protección de menores no puede, unilateralmente, fijar una edad distinta a la previamente establecida en el decreto del Ministerio Fiscal.</p>
<p class='parrafo'>Si la Entidad pública de protección de menores por su propia iniciativa decide practicar pruebas complementarias con posterioridad al decreto del Ministerio Fiscal, para que puedan tener virtualidad revisora de la decisión acordada en el decreto del Ministerio Fiscal, tendrán que reunir los siguientes requisitos:</p>
<p class='parrafo_2'>a) Deberá adoptarse tras un acuerdo que razone las causas y circunstancias que lo motivan y que señalará las pruebas concretas que pretende realizar.</p>
<p class='parrafo'>b) Dicho acuerdo será notificado al Ministerio Fiscal y al declarado menor.</p>
<p class='parrafo'>c) Un representante de la Entidad pública de protección de menores deberá informar al interesado mayor de 16 años o menor de 16 años con suficiente madurez sobre la finalidad y naturaleza de la intervención, así como sobre sus riesgos y consecuencias, siendo preguntado si presta de manera libre e inequívoca su consentimiento a la realización de las pruebas. Dicha información se transmitirá con intérprete si el interesado no conoce el castellano.</p>
<p class='parrafo'>d) Si el interesado tuviera menos de 16 años se le deberá nombrar un defensor judicial.</p>
<p class='parrafo'>e) Del consentimiento informado se dejará constancia por escrito.</p>
<p class='parrafo'>f) En caso de negativa a someterse a las pruebas médicas, la Entidad pública de protección de menores lo comunicará al Ministerio Fiscal que tras oír al interesado, acordará lo que estime procedente sobre la modificación del decreto.</p>
<p class='parrafo'>g) Las pruebas médicas sólo se realizarán por personal facultativo experto o especializado y necesariamente serán complementarias y añadidas a las ya practicadas a instancia del Ministerio Fiscal sin que puedan repetirse las ya realizadas. En caso de no existir pruebas médicas anteriores deberán practicarse según las disposiciones precedentes de este Protocolo.</p>
<p class='parrafo'>h) Finalizadas las diligencias complementarias, la Entidad pública de protección de menores dictará una resolución recogiendo el resultado de las nuevas pruebas practicadas y la incidencia que a su juicio pueda tener dicho resultado sobre la edad del afectado.</p>
<p class='parrafo_2'>Dicha resolución la remitirá al Ministerio Fiscal con la documentación precisa para que, si fuera procedente, modifique el decreto de determinación de edad.</p>
<p class='parrafo_2'>D) Cuando el interesado aporte documentación genuina expedida por el Estado de que es nacional que, aunque no reúna los requisitos previstos en el precedente apartado A):</p>
<p class='parrafo_2'>a) No esté viciada de falta de credibilidad por concurrir cualquiera de las circunstancias reseñadas en el Capítulo II, apartado sexto 2, del presente Protocolo.</p>
<p class='parrafo'>b) Provenga de cualquier Estado cuyo régimen legal no exija ningún tipo de control oficial sobre los registros públicos, la emisión de documentos y sus correspondientes cotejos.</p>
<p class='parrafo_2'>A los efectos de que los fiscales tengan un conocimiento preciso en cada caso, la Unidad de Extranjería de la Fiscalía General del Estado mantendrá una comunicación cuando sea necesario con la Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares y Migratorios para recabar información acerca de la práctica existente sobre inscripción en los registros públicos y la emisión de documentos identificativos de que se trate, especialmente sobre si los datos que figuran en unos y otros pueden ser suministrados por los propios interesados o exigen una comprobación oficial o por la autoridad o funcionario que los expidió.</p>
<p class='parrafo_2'>3. Notificaciones del decreto del Ministerio Fiscal e inscripción registral.</p>
<p class='parrafo_2'>A) Tanto el decreto inicial como los que acuerden o denieguen su revisión serán notificados fehacientemente al interesado, a la Entidad pública de protección de menores, a la Delegación o Subdelegación de Gobierno y, en su caso, a la Fiscalía que dictó el decreto inicial.</p>
<p class='parrafo'>B) Todos los decretos del Ministerio Fiscal por los que se concluyan unas diligencias preprocesales de determinación de la edad –cualquiera que sea el acuerdo adoptado– o su revisión serán comunicados a las Brigadas Provinciales de Extranjería y Fronteras del CNP para su debida constancia e inscripción en el RMENA.</p>
<p class='parrafo'>C) Notificado el decreto inicial del Ministerio Fiscal declarando la minoría de edad a la Entidad pública de protección de menores, ésta dictará la resolución correspondiente asumiendo la acogida inmediata del menor.</p>
<p class='parrafo'>Si el decreto del Ministerio Fiscal modifica la situación de minoría o mayoría de edad o establece una edad concreta distinta, el ente de protección dictará una resolución asumiendo el contenido del nuevo decreto.</p>
<p class='parrafo'>Si el decreto inicial del Ministerio Fiscal es de mayoría de edad, la Entidad pública de protección de menores dictará en todo caso una resolución por la que se establezca su consiguiente baja en el Centro de protección de menores y la notificará de forma fehaciente al interesado para que pueda interponer los recursos o ejercer las acciones ante la jurisdicción que sean procedentes en defensa de sus intereses.</p>
<p class='capitulo_num'>CAPÍTULO VI</p>
<p class='capitulo_tit'>Documentación de MENA</p>
<p class='articulo'>Apartado primero. Documentación provisional.</p>
<p class='parrafo'>La unidad policial de extranjería actuante del CNP, en el plazo máximo de 72 horas, remitirá a la Entidad pública de protección de menores y al Director del Centro de protección de menores donde esté ingresado el menor la «ficha de inscripción MENA» o documento identificativo equivalente que se prevea en un futuro en las instrucciones del Secretario de Estado de Seguridad.</p>
<p class='parrafo'>Dicha ficha servirá para que el menor pueda identificarse.</p>
<p class='articulo'>Apartado segundo. Repatriación de MENA.</p>
<p class='parrafo'>Las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno serán los Centros directivos competentes para llevar a cabo los trámites relativos a la repatriación del MENA de acuerdo a lo establecido en el artículo 35 LOEX y 191 y siguientes REX.</p>
<p class='articulo'>Apartado tercero. Residencia del MENA.</p>
<p class='parrafo'>1. Tramitación. Elevación de la propuesta por la Entidad pública de protección.</p>
<p class='parrafo_2'>A) Plazos en que debe realizarse la propuesta.</p>
<p class='parrafo_2'>Las gestiones dirigidas a determinar si es posible la repatriación u obtener el pasaporte o, en su defecto, la cédula de inscripción, deberán realizarse con la mayor celeridad.</p>
<p class='parrafo'>Sin perjuicio de lo establecido en el REX, se considera a tales efectos que tres meses desde la puesta a disposición del MENA del Centro de protección de menores es tiempo suficiente para que, por parte de la Entidad pública de protección de menores, se solicite la autorización de residencia.</p>
<p class='parrafo_2'>B) Documentos que debe presentar la Entidad pública de protección de menores.</p>
<p class='parrafo_2'>A la solicitud de autorización, la Entidad pública de protección de menores deberá acompañar:</p>
<p class='parrafo_2'>a) Copia completa del pasaporte en vigor o título de viaje, reconocido como válido en España, del MENA. De no poder obtener el pasaporte, este documento será sustituido por la cédula de inscripción del MENA si se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 211 REX.</p>
<p class='parrafo'>b) Documento acreditativo de que la persona física que interviene en el procedimiento tiene competencia para ello en representación de la Entidad pública de protección de menores.</p>
<p class='parrafo'>c) Documento acreditativo de la relación de tutela legal, custodia, protección provisional o acogida inmediata entre el menor y la Entidad pública de protección de menores.</p>
<p class='parrafo'>d) De tenerlo a su disposición, copia del decreto del Fiscal o del documento que acredite la fecha de puesta a disposición del menor.</p>
<p class='parrafo'>e) Solicitud de la autorización en modelo oficial establecido al efecto.</p>
<p class='parrafo_2'>La Delegación o Subdelegación del Gobierno recabará de la correspondiente Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras del CNP la información que conste en la ficha de inscripción del menor en el RMENA.</p>
<p class='parrafo'>El menor podrá colaborar con la Entidad pública de protección de menores para la obtención de la documentación señalada en el apartado anterior.</p>
<p class='parrafo_2'>C) Tramitación de oficio del expediente por la Delegación o Subdelegación del Gobierno ante la omisión injustificada de la propuesta.</p>
<p class='parrafo_2'>Si por causa no justificada no se ha elevado la propuesta de resolución por la Entidad pública de protección de menores, la Delegación o Subdelegación del Gobierno correspondiente al domicilio del menor iniciará, de oficio, el procedimiento relativo a la autorización de residencia.</p>
<p class='parrafo'>En tal caso, la Oficina de Extranjería comunicará al MENA el acuerdo de inicio del procedimiento a través de la Entidad pública de protección de menores bajo cuya tutela legal, custodia, protección provisional o guarda se encuentre, interesando la aportación de los documentos señalados en las letras precedentes.</p>
<p class='parrafo_2'>2. Resolución, notificación del expediente y actuaciones posteriores.</p>
<p class='parrafo_2'>A) Plazos.</p>
<p class='parrafo_2'>La Delegación o Subdelegación del Gobierno resolverá y notificará la resolución al MENA en el plazo máximo de un mes. Dicha resolución será comunicada al Ministerio Fiscal y a la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras del CNP correspondiente en el plazo de diez días desde que se dicte.</p>
<p class='parrafo_2'>B) Inscripción registral.</p>
<p class='parrafo_2'>El Ministerio Fiscal velará para que dicha resolución conste debidamente inscrita en el RMENA.</p>
<p class='parrafo_2'>C) Solicitud de la Tarjeta de Identidad de Extranjero.</p>
<p class='parrafo_2'>El representante, acompañado del MENA, deberá solicitar personalmente, en el plazo de un mes desde la fecha de notificación de la resolución por la que se concede la autorización, y ante la Oficina de Extranjería o Comisaría del CNP, la Tarjeta de Identidad de Extranjero.</p>
<p class='parrafo_2'>3. Disposición común. Plazo máximo para otorgar la autorización de residencia.</p>
<p class='parrafo_2'>La tramitación y resolución del expediente deberán realizarse con la mayor celeridad. En todo caso, transcurrido el plazo máximo de nueve meses desde la puesta a disposición del MENA sea cual sea el estado de tramitación, la Delegación o Subdelegación de Gobierno otorgará la autorización de residencia.</p>
<p class='parrafo'>Tendrá carácter prioritario la tramitación de los procedimientos relativos a las solicitudes de autorización de trabajo o, en su caso, de exceptuación a la autorización de trabajo presentadas, a favor del MENA, tanto si se presentan junto a la solicitud de autorización de residencia como si se presentan durante la vigencia de la misma.</p>
<p class='parrafo'>De acuerdo con lo establecido en el artículo 35.8 de la LOEX, la concesión de una autorización de residencia no será obstáculo para la ulterior repatriación cuando favorezca el interés superior del menor.</p>
<p class='capitulo_num'>CAPÍTULO VII</p>
<p class='capitulo_tit'>Guarda y tutela de MENA</p>
<p class='parrafo_2'>Se procurará que en los Protocolos territoriales existan normas uniformes conformes a las siguientes pautas de actuación:</p>
<p class='articulo'>Apartado primero. Actuación de la Entidad pública de protección de menores.</p>
<p class='parrafo'>La Entidad pública de protección de menores prestará la atención inmediata y el acogimiento que el MENA requiera. A efectos de la asunción formal de la tutela urgente, y en el más breve plazo posible, la Entidad pública de protección de menores debe:</p>
<p class='parrafo_2'>1. Comunicar al CNP y al Ministerio Fiscal los datos de que disponga o pueda disponer para la inscripción y actualización constante del RMENA.</p>
<p class='parrafo'>A tal fin, se remitirá sin dilación alguna la información referente a fugas, reingresos en los centros, cambio de Centro de protección de menores o de Comunidad Autónoma o cualquier otra información que afecte o modifique la situación del MENA.</p>
<p class='parrafo'>2. Hacer gestiones de indagación sobre las circunstancias del MENA al objeto de constatar si existe una situación real de desamparo, si es posible reagrupar al MENA con su familia en su país de origen o donde ésta resida y, eventualmente, si existe una necesidad de protección internacional que no hubiera sido previamente detectada.</p>
<p class='parrafo'>Se procurará que en dicha investigación participen expertos en la cultura y costumbres del país de origen del MENA.</p>
<p class='parrafo'>En el plazo máximo de tres meses, la Entidad pública de protección de menores, una vez constatada la situación de desamparo del MENA, dictará una resolución administrativa en tal sentido, asumiendo la tutela del mismo.</p>
<p class='parrafo'>3. Mensualmente, la Entidad pública de protección de menores remitirá al Ministerio Fiscal, así como a la correspondiente Delegación o Subdelegación del Gobierno, un listado de MENA que se encuentren bajo su ámbito de protección en el que se relacione cualquier dato relevante sobre los mismos, significadamente si hay decreto de determinación de la edad, fecha de ingreso en el Centro de protección de menores, fecha de la solicitud y, en su caso, concesión de la autorización de residencia.</p>
<p class='articulo'>Apartado segundo. Petición de información del RMENA.</p>
<p class='parrafo'>La Entidad pública de protección, a través del Ministerio Fiscal, podrá dirigirse al CNP para que se le remita la información que conste en el RMENA respecto a un menor que esté bajo su protección.</p>
<p class='parrafo'>El objeto de la información se limitará exclusivamente a la que precise la Entidad pública de protección de menores para la realización de las actuaciones propias de su competencia en defensa del interés superior del menor.</p>
<p class='articulo'>Apartado tercero. Actuaciones de supervisión del Ministerio Fiscal del correcto ejercicio de las funciones asignadas a la Entidad pública de protección de menores.</p>
<p class='parrafo'>1. La fuga o abandono del menor del Centro de protección de menores que tuviera asignado para residir no será considerada causa de extinción de la tutela, que deberá seguir ejerciéndose para la localización del menor o para el caso que apareciere. De acuerdo con la legislación vigente, el Ministerio Fiscal impugnará cualquier resolución de cese de tutela indebidamente motivada.</p>
<p class='parrafo'>2. Las Secciones de Menores de las Fiscalías y las Entidades públicas de protección de menores deberán realizar un especial seguimiento en los supuestos en los que estas últimas ejerzan las funciones tutelares mediante convenio, a través de organizaciones no gubernamentales, fundaciones u otras entidades dedicadas a la protección de menores.</p>
<p class='capitulo_num'>CAPÍTULO VIII</p>
<p class='capitulo_tit'>Medidas de seguimiento y de coordinación</p>
<p class='articulo'>Apartado primero. Coordinación del RMENA.</p>
<p class='parrafo'>1. Para el correcto cumplimiento de lo previsto en el Capítulo II, apartado tercero, el Fiscal Delegado de Extranjería controlará que dentro de los primeros quince días de cada mes les sea remitido a él y a la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras como responsable provincial del RMENA cuantos datos de estos menores, a último día del mes anterior, obren en poder de las Policías autonómicas y de la Entidad pública de protección de menores de la provincia.</p>
<p class='parrafo'>2. El Ministerio Fiscal dictará las instrucciones adecuadas, efectuará los requerimientos y adoptará las medidas pertinentes –en desarrollo de la función encomendada por el artículo 215 REX– para que los MENA que, en el momento de aprobarse este Protocolo, ya se encontraren en el sistema de protección sin constancia registral, sean debidamente reseñados policialmente y que por el CNP sean inscritos en el RMENA.</p>
<p class='parrafo'>3. El Ministerio Fiscal dictará las instrucciones adecuadas, efectuará los requerimientos y adoptará las medidas pertinentes –en desarrollo de la función encomendada por el artículo 215 REX– para que cualquier resolución o acuerdo dictados por las Entidades públicas de protección de menores sobre los MENA en relación a su situación personal, residencia y traslados o cualquier otro dato relevante, sean debidamente comunicados a las Brigadas Provinciales de Extranjería y Fronteras del CNP para su inscripción en el RMENA.</p>
<p class='parrafo'>4. La Comisaría General de Extranjería y Fronteras garantizará que la reseña de menores extranjeros y el cotejo registral pueda realizarse en cualquier dependencia del CNP a la mayor brevedad posible.</p>
<p class='parrafo'>5. Los miembros del Ministerio Fiscal tendrán acceso informático libre y directo al RMENA sin limitación horaria alguna para el cumplimiento de la función atribuida por el artículo 35.3 LOEX y 215 REX.</p>
<p class='articulo'>Apartado segundo. Reuniones de seguimiento.</p>
<p class='parrafo'>En cada provincia y con una periodicidad mínima semestral, el Ministerio Fiscal convocará una reunión de trabajo dirigida a realizar un seguimiento de las actuaciones relacionadas con la aplicación del presente Protocolo y para velar por la adecuada coordinación interinstitucional. A dicha reunión se convocarán a los mandos policiales competentes, los representantes de las instituciones autonómicas afectadas y la persona que designe el Delegado o Subdelegado del Gobierno correspondiente.</p>
<p class='parrafo'>El Acta de dicha reunión será remitida a la Secretaría General de Inmigración y Emigración, que la hará llegar a los representantes de los Ministerios firmantes de este Protocolo.</p>
<p class='anexo_num'>ANEXO I</p>
<p class='anexo_tit'>ACTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO DE TOMA DE MUESTRAS BIOLÓGICAS PARA IDENTIFICACIÓN EN APLICACIÓN DEL PROTOCOLO MARCO DE DESARROLLO DEL ARTÍCULO 190.2 DEL REGLAMENTO DE EXTRANJERÍA (REAL DECRETO 557/2011, DE 20 DE ABRIL)</p>
<p class='parrafo_2'>En ___________ y en las dependencias de ______________________________sitas en ___________, siendo las _______ horas del día _________, por los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, con carnets profesionales n.º ___________________, que actúan como Instructor y Secretario, respectivamente, afectos a la Brigada de Extranjería y Fronteras de dicha Comisaría, en presencia del intérprete don ____________ con DNI/NIE n.º ________________, se procede a extender la presente Acta para hacer constar los siguientes extremos:</p>
<p class='parrafo_2'>1. FINALIDAD.</p>
<p class='parrafo_2'>Es finalidad de la presente, solicitar de la persona adulta referida en el punto siguiente, en su calidad de acompañante del menor, igualmente referido en dicho apartado, que VOLUNTARIAMENTE PRESTE SU CONSENTIMIENTO, debidamente informado, PARA LA RECOGIDA DE MUESTRAS BIOLÓGICAS de carácter indubitado para realizar un análisis del ADN de las células epiteliales bucales propias y del menor, para la obtención de dato identificativo que acredite la existencia del vínculo biológico, paterno-materno filial dando con ello cumplimiento a las previsiones que sobre la misma se contemplan en el Capítulo IV del Protocolo Marco de desarrollo del artículo 190.2 del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril.</p>
<p class='parrafo_2'>2. PERSONA A LA QUE SE LE OFRECE LA PRESENTE INFORMACIÓN Y DE LA QUE SE SOLICITA SU CONSENTIMIENTO INFORMADO.</p>
<p class='parrafo_2'>El contenido de la presente se informa a quien dice ser: __________________, nacido/a en _________, el día _________, hijo/a de _________ y de _________, nacional de ____________.</p>
<p class='parrafo'>El motivo de realizarse esta información a la persona filiada es debido a que ha accedido de forma irregular al territorio español viniendo acompañada de un menor de edad extranjero, del que dice ser su padre/madre biológico, si bien no aporta documento alguno que acredite tal vínculo o parentesco. Dice que la filiación del menor es: __________________, nacido/a en _________, el día _________, hijo/a de _________ y de _________, nacional de ____________.</p>
<p class='parrafo_2'>3. PRUEBA A REALIZAR Y PERSONAS SOBRE LA QUE SE PRACTICARÁ.</p>
<p class='parrafo_2'>La prueba que se realizará, en los interesados, será la de ácido desoxirribonucleico (ADN), para la obtención de perfiles de ADN que sean reveladores exclusivamente de la identidad del sujeto a los fines que establece el apartado 1 de este Acta. Consistirá en FROTIS BUCAL mediante DOS hisopos de algodón.</p>
<p class='parrafo'>La recogida de la muestra se realizará respecto del menor, así como del adulto que le acompaña, de quien se solicita el consentimiento. Las muestras biológicas permanecerán custodiadas durante un año en los archivos de las Unidad de Policía Científica del Cuerpo Nacional de Policía, trascurrido este periodo de tiempo se procederá a su destrucción.</p>
<p class='parrafo_2'>4. CONOCIMIENTO DE LA PRESENTE ACTUACIÓN POR LA FISCALÍA.</p>
<p class='parrafo_2'>La presente información así como, caso de otorgarse el consentimiento, la realización de la prueba indicada se ha puesto en conocimiento de la Fiscalía, en documento con registro de salida n.º _______, de fecha __________, a la que, igualmente, se le dará cuenta del resultado de todas las actuaciones practicadas.</p>
<p class='parrafo_2'>5. CONSECUENCIAS DE LA NEGATIVA A OTORGAR EL CONSENTIMIENTO.</p>
<p class='parrafo_2'>Se informa al adulto que si deniega su consentimiento o, incluso, si consentido, con posterioridad, en cualquier momento previo a la práctica de la prueba, revoca tal consentimiento, el Ministerio Fiscal interesará del servicio público de protección de menores que asuma la tutela urgente del menor si de las circunstancias concurrentes se apreciase que dicho menor se encuentra privado de la necesaria asistencia material o moral, así como disponer las demás actuaciones que considere precisas en cumplimiento de la normativa vigente.</p>
<p class='parrafo_2'>6. RESULTADO NEGATIVO DE PATERNIDAD.</p>
<p class='parrafo_2'>El adulto es informado de que en el caso que no quede demostrada fehacientemente la paternidad, se entenderá que no existe el vínculo biológico alegado por el interesado y por el Ministerio Fiscal se adoptarán las medidas previstas en el punto anterior.</p>
<p class='centro_redonda'>CONSENTIMIENTO</p>
<p class='parrafo_2'>El adulto manifiesta que a través de la actuación del intérprete, ha entendido y comprendido todo el contenido de la presente acta, la encuentra conforme y conoce las consecuencias del resultado de la misma y su expresa y libre voluntad es que:</p>
<p class='parrafo_2'> Consiente y confirma que se proceda a la recogida de muestras biológicas de carácter indubitado propias y del menor.</p>
<p class='parrafo'> No consiente que se proceda a la recogida de muestras biológicas, ni las propias, ni las del menor.</p>
<p class='parrafo_2'>El adulto firma la presente en unión del intérprete y del Instructor, de lo que como Secretario CERTIFICO.</p>
<p class='centro_redonda'>El Instructor, El Adulto, El Intérprete,</p>
<p class='centro_redonda'>El Secretario,</p>
<p class='anexo_num'>ANEXO II</p>
<p class='anexo_tit'>ACTA DE RECOGIDA VOLUNTARIA DE MUESTRAS BIOLÓGICAS A MENOR Y ADULTO EN APLICACIÓN DEL PROTOCOLO MARCO DE DESARROLLO DEL ARTÍCULO 190.2 DEL REGLAMENTO DE EXTRANJERÍA (REAL DECRETO 557/2011, DE 20 DE ABRIL)</p>
<p class='parrafo_2'>1. DATOS DE LA ACTUACION.</p>
<p class='parrafo_2'>Funcionario/s actuante/s: carnet profesional n.º: .......................... y n.º .........................</p>
<p class='parrafo'>Lugar de toma de muestra biológica:</p>
<p class='parrafo_2'>Fecha y hora:</p>
<p class='parrafo'>Precinto: SÍ NO</p>
<p class='parrafo_2'>2. FORMA DE RECOGIDA DE MUESTRAS: FROTIS BUCAL mediante DOS hisopos de algodón.</p>
<p class='parrafo'>3. FINALIDAD: para realizar un análisis de ADN a efectos exclusivos de acreditar la existencia del vínculo biológico paterno-materno filial a fin de dar cumplimiento a las previsiones que sobre la misma se contemplan en el Capítulo IV del Protocolo Marco de desarrollo del artículo 190.2 del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril.</p>
<p class='parrafo'>4. CONOCIMIENTO DE LA ACTUACIÓN: la realización de la prueba indicada se ha puesto en conocimiento de la Fiscalía, en documento con registro de salida n.º _____________ de fecha___________.</p>
<p class='parrafo'>5. DATOS DE LAS PERSONAS SOBRE LAS QUE SE REALIZA LA TOMA.</p>
<p class='parrafo_2'>5.1 DATOS DEL MENOR SOBRE EL QUE SE PRACTICARÁ LA RECOGIDA DE MUESTRAS.</p>
<p class='parrafo_2'>Nombre y apellidos:_________________________________________ ____ nacido en __________________ edad ____________ sexo___________.</p>
<p class='parrafo_2'>5.2 DATOS DEL ADULTO QUE LE ACOMPAÑA Y SOBRE EL QUE SE PRACTICARA LA RECOGIDA DE MUESTRAS.</p>
<p class='parrafo_2'>Nombre y apellidos: _____________________________________ nacido en ________________________ edad _____________ sexo _______________ con documento____________________</p>
<p class='parrafo'>Relación de parentesco con el menor (manifiesta) ______________________________ y que ha sido informado en Acta aparte y ha prestado su consentimiento.</p>
<p class='parrafo'>Las muestras biológicas permanecerán custodiadas durante un año en el Cuerpo Nacional de Policía, trascurrido este periodo de tiempo se procederá a su destrucción.</p>
<p class='parrafo_2'>El adulto firma la presente en unión del funcionario/s actuante/s CERTIFICO.</p>
<p class='parrafo_2'>Fdo.: Funcionario/s actuante/s, Fdo.: El Adulto,</p>
<table class='tabla'>
<tr>
<td colspan='2'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>IMPRESIONES DACTILARES ADULTO</p>
</td>
<td rowspan='2'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'> </p>
</td>
<td colspan='2'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>IMPRESIONES DACTILARES MENOR</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>Índice izquierdo</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>Índice derecho</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>Índice izquierdo</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>Índice derecho</p>
</td>
</tr>
</table>
<p class='anexo_num'>ANEXO III</p>
<p class='anexo_tit'>ACTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO Y AUTORIZADO PARA LA PRACTICA DE PRUEBAS DE DETERMINACIÓN DE LA EDAD</p>
<p class='parrafo_2'>En ___________ y en las dependencias de ______________________________sitas en ___________, siendo las _______ horas del día _________, por los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, con carnets profesionales n.º ___________________, que actúan como Instructor y Secretario, respectivamente, afectos a la Brigada de Extranjería y Fronteras de dicha Comisaría, en presencia del intérprete don ____________ con DNI /NIE n.º ________________, se procede a extender la presente Acta para hacer constar los siguientes extremos:</p>
<p class='parrafo_2'>1.</p>
<p class='parrafo_2'>a) FINALIDAD: Es finalidad de la presente, solicitar de la persona referida en el punto siguiente, que voluntariamente preste su consentimiento, debidamente informado, para llevar a cabo pruebas médicas para determinar la minoría o mayoría de edad de dicha persona.</p>
<p class='parrafo'>Si del resultado de las pruebas se desprende que el interesado es menor de edad ingresará en un centro abierto donde se adoptarán las medidas de protección (manutención, formación) adecuadas, no pudiendo ser objeto de expulsión, ni de ingreso en un Centro de Internamiento de Extranjeros.</p>
<p class='parrafo'>Si del resultado de las pruebas se desprende que el interesado es mayor de edad, será sometido al régimen ordinario de mayores de edad.</p>
<p class='parrafo'>El resultado de las pruebas será interpretado de la manera más favorable para sus intereses. Cuando ofrezca un margen de edad (v. gr, entre 17 y 19 años), se entenderá que el interesado tiene 17 años.</p>
<p class='parrafo'>b) TIPO, CARACTERÍSTICAS Y RIESGOS DE LAS PRUEBAS MÉDICAS: Las pruebas médicas se realizarán por personal sanitario especializado y cualificado y será informado sobre estos aspectos por los mismos a los que el interesado podrá hacer todas las preguntas que estime conveniente.</p>
<p class='parrafo'>c) CONSECUENCIAS DE LA NEGATIVA A OTORGAR EL CONSENTIMIENTO: Se informa a dicha persona que si deniega su consentimiento o, incluso, si consentido, con posterioridad, en cualquier momento previo a la práctica de la prueba, revoca tal consentimiento, el interesado será llevado a presencia del Ministerio Fiscal que tras recibirle declaración y tomando en consideración todas las circunstancias obrantes en el expediente podrá determinar que se trata de un mayor de edad.</p>
<p class='parrafo'>También se le informa que si, en cualquier momento, revoca el consentimiento prestado ante el equipo médico, cesarán o se dejarán sin efecto las pruebas médicas, valorándose del mismo modo que si fuera una negativa.</p>
<p class='parrafo_2'>2. PERSONA A LA QUE SE LE OFRECE LA PRESENTE INFORMACIÓN Y DE LA QUE SE SOLICITA SU CONSENTIMIENTO INFORMADO.</p>
<p class='parrafo_2'>El contenido de la presente se informa a quien dice ser: __________________, nacido/a en _________, el día _________, hijo/a de _________ y de _________, nacional de ____________.</p>
<p class='parrafo'>El motivo de realizarse esta información a la persona filiada es debido a que se encuentra en territorio español en situación irregular, manifestando ser menor de edad, sin que aporte documento fehaciente alguno acreditativo de su edad, al estar indocumentado.</p>
<p class='parrafo_2'>3. CONOCIMIENTO DE LA PRESENTE ACTUACIÓN POR LA FISCALÍA.</p>
<p class='parrafo_2'>La presente actuación se ha puesto en conocimiento de la Fiscalía, en documento con registro de salida n.º _______, de fecha __________, a la que, igualmente, se le dará cuenta del resultado de todas las actuaciones practicadas.</p>
<p class='centro_redonda'>CONSENTIMIENTO</p>
<p class='parrafo_2'>La persona filiada tras la lectura del contenido anterior de la presente acta, que se realiza a través de la actuación del intérprete, manifiesta:</p>
<p class='parrafo_2'>1. Que ha sido informado con antelación y de forma satisfactoria por los agentes del Cuerpo Nacional de Policía de la finalidad que se persigue con la realización de la prueba y de las consecuencias que se derivarían de su negativa a practicarla.</p>
<p class='parrafo'>2. Que ha leído y comprendido este escrito. Está satisfecho con la información recibida, ha formulado todas las preguntas que ha creído conveniente y le han aclarado todas las dudas planteadas.</p>
<p class='parrafo_2'>Expuestos los anteriores puntos, igualmente manifiesta que la encuentra conforme y conoce las consecuencias del resultado de la misma, y su expresa y libre voluntad es:</p>
<p class='parrafo_2'> Que autoriza y asume, libre y voluntariamente, la práctica de la realización de las pruebas médicas, sin perjuicio de que, tal y como se le ha informado, pueda revocar ante el médico el presente consentimiento.</p>
<p class='parrafo'> Que no consiente que se proceda a la práctica de las pruebas médicas.</p>
<p class='parrafo_2'>El interesado firma la presente en unión del intérprete y del Instructor, de lo que como Secretario CERTIFICO.</p>
<p class='centro_redonda'>El Instructor, El interesado, El Intérprete,</p>
<p class='centro_redonda'>El Secretario,</p>
</texto>
</documento>
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Thu Oct 16 11:07:59 +0000 2014
|
En reunión del 22 de julio de 2014, el Ministro de Justicia, la Ministra de Empleo y Seguridad Social, la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el Fiscal General del Estado, el Secretario de Estado de Seguridad y el Subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, firmaron un Acuerdo para la aprobación del Protocolo Marco sobre determinadas actuaciones en relación con los Menores Extranjeros No Acompañados.
Para general conocimiento, se dispone la publicación de dicho Acuerdo, así como del Protocolo marco aprobado por el mismo y sus correspondientes anexos, como Anejo a la presente Resolución.
Madrid, 13 de octubre de 2014.–El Subsecretario de la Presidencia, Jaime Pérez Renovales.
ANEJO
Acuerdo entre el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, la Fiscalía General del Estado y el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, para la aprobación del protocolo marco sobre determinadas actuaciones en relación con los menores extranjeros no acompañados
Madrid, 22 de julio de 2014.
El Sr. D. Alberto Ruiz-Gallardón Jiménez, Ministro de Justicia, nombrado mediante Real Decreto 1826/2011, de 21 de diciembre, en nombre y representación del Ministerio del que es titular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.3 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado,
La Sra. D.ª Fátima Báñez García, Ministra de Empleo y Seguridad Social, nombrada mediante Real Decreto 1826/2011, de 21 de diciembre, en nombre y representación del Ministerio del que es titular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.3 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado,
La Sra. D.ª Ana Mato Adrover, Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, nombrada mediante Real Decreto 1826/2011, de 21 de diciembre, en nombre y representación del Ministerio del que es titular, en avocación de la competencia que corresponde a la Secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, delegada en la Directora General de Servicios para la Familia y la Infancia, de acuerdo con lo previsto en el artículo 14 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
El Sr. D. Eduardo Torres-Dulce Lifante, Fiscal General del Estado, nombrado mediante Real Decreto 264/2012, de 27 de enero, en nombre y representación de la Fiscalía General del Estado,
El Sr. D. Francisco Martínez Vázquez, Secretario de Estado de Seguridad, nombrado mediante Real Decreto 10/2013, de 11 de enero, en nombre y representación del Ministerio del Interior,
El Sr. D. Cristóbal González-Aller Jurado, Subsecretario de Asuntos Exteriores y de Cooperación, nombrado mediante Real Decreto 440/2014, de 6 de junio, en nombre y representación del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, por delegación del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, de acuerdo con el apartado segundo 3 de la Orden AEX/1001/2003, de 23 de marzo,
EXPONEN
Primero.
El Protocolo Marco anexo al presente Acuerdo da cumplimiento a la previsión contenida en el artículo 190.2 del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, en cuanto a la adopción de un Protocolo Marco de Menores Extranjeros No Acompañados destinado a coordinar la intervención de todas las instituciones y administraciones afectadas, desde la localización del menor o supuesto menor hasta su identificación, determinación de su edad, puesta a disposición del Servicio Público de protección de menores y documentación.
Segundo.
Las actuaciones desarrolladas en el marco de dicho Protocolo Marco estarán inspiradas en los principios y normas contenidos en los instrumentos jurídicos internacionales sobre derechos del menor ratificados por España.
En particular, estarán inspiradas en:
El artículo 3.1 de la Convención de Derechos del Niño, que estipula que: «En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño».
Las Observaciones Generales n.º 6 y n.º 14 del Comité de Derechos del Niño, adoptadas respectivamente el 1 de septiembre de 2005 y el 1 de febrero de 2013, y en las que se pone «de manifiesto la situación particularmente vulnerable de los menores no acompañados» y se establece que «el concepto de interés superior del menor es complejo y su contenido se debe determinar caso por caso».
Tercero.
El artículo 35 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, establece el régimen aplicable a los menores no acompañados y el capítulo III del título XI de su Reglamento desarrolla los requisitos, procedimiento y criterios de aplicación respecto al tratamiento de los menores extranjeros no acompañados (artículos 189 a 198).
Cuarto.
El Protocolo Marco anexo al presente Acuerdo ha sido presentado a la Conferencia Sectorial de Inmigración prevista en el artículo 68 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero.
Quinto.
La política sobre menores extranjeros no acompañados debe estar orientada al retorno del menor a su país de origen, bien con su familia bien en un centro de acogida de menores de su país, como solución duradera y siempre que ello constituya el interés superior del menor.
ACUERDAN
La aprobación del Protocolo marco sobre determinadas actuaciones en relación con los menores extranjeros no acompañados, anexo al presente Acuerdo, al que se atendrán todas las instituciones firmantes en el ejercicio de sus funciones en relación con dichos menores.
PROTOCOLO MARCO SOBRE DETERMINADAS ACTUACIONES EN RELACIÓN CON LOS MENORES EXTRANJEROS NO ACOMPAÑADOS
ÍNDICE
Capítulo I. Disposiciones Generales.
Apartado primero. Objeto del Protocolo.
Apartado segundo. Ámbitos subjetivo y objetivo de aplicación del Protocolo.
Apartado tercero. Principios rectores.
Capítulo II. Localización y actuaciones subsiguientes.
Apartado primero. Deber general de comunicación.
Apartado segundo. Reseña.
Apartado tercero. Inscripción en el RMENA.
Apartado cuarto. Información sobre derechos de las posibles víctimas de trata de seres humanos y sobre la normativa de protección de menores.
Apartado quinto. Protección internacional.
Apartado sexto. Documentación oficial expedida por el país de origen del menor.
Capítulo III. Supuestos específicos.
Apartado primero. Menor al que le sea de aplicación el régimen de la Unión Europea.
Apartado segundo. MENA de terceros países cuya protección haya sido acordada por una autoridad de otro Estado miembro de la Unión Europea.
Apartado tercero. MENA localizados tras la comisión de un hecho delictivo que les fuere imputado a título de autoría o participación.
Apartado cuarto. MENA cuya minoría de edad sea indubitada.
Capítulo IV. Menores extranjeros en situación de riesgo: medidas de prevención de la trata de seres humanos y contra la utilización de menores.
Apartado primero. Entrevista reservada.
Apartado segundo. Invitación a realizar la prueba de ácido desoxirribonucleico (ADN).
Apartado tercero. Acta de consentimiento informado.
Apartado cuarto. Realización de las pruebas de ADN.
Apartado quinto. Puesta en conocimiento del Ministerio Fiscal y de la Entidad pública de protección de menores competentes.
Apartado sexto. Garantía de la seguridad del menor que se encuentre en centros de acogida de progenitores.
Apartado séptimo. Negativa a someterse a la prueba de ADN o cuando el resultado de la misma descarte el vínculo biológico paterno-materno filial.
Apartado octavo. Menores acompañados por un guardador de hecho.
Capítulo V. Extranjeros indocumentados cuya minoría de edad no pueda ser establecida con seguridad.
Apartado primero. Naturaleza, contenido y efectos de los expedientes de determinación de edad ordenados por el artículo 35.3 LOEX.
Apartado segundo. Expedientes de determinación de edad: forma y tramitación. Diligencias preprocesales.
Apartado tercero. Incoación del expediente.
Apartado cuarto. Tramitación y diligencias a practicar en el expediente. Comprobación por el fiscal de si el menor ha sido reseñado e inscrito en el RMENA con anterioridad. Actuaciones a seguir cuando el fiscal tenga conocimiento de diligencias preprocesales abiertas en otra fiscalía respecto del mismo extranjero.
Apartado quinto. Tramitación y diligencias a practicar en el expediente. Práctica de las pruebas médicas.
1. Acuerdo del Ministerio Fiscal de autorización de pruebas médicas. Principios aplicables a las pruebas médicas. Actuaciones iniciales.
2. Consentimiento informado del extranjero:
A) Contenido de la información.
B) Órganos que deben informar y ante los que debe prestarse el consentimiento. Formalización de acta.
C) Negativa a prestar su consentimiento.
3. Traslado del extranjero a los Centros hospitalarios.
4. Personal sanitario.
5. Pruebas a realizar.
6. Informe médico.
Apartado sexto. Finalización del expediente. El decreto del Ministerio Fiscal.
1. Contenido del decreto del Ministerio Fiscal:
A) Fundamentación de los hechos.
B) Fundamentación jurídica.
C) Parte dispositiva.
2. Revisión del decreto del Ministerio Fiscal.
3. Notificaciones del decreto del Ministerio Fiscal e inscripción registral.
Capítulo VI. Documentación de MENA.
Apartado primero. Documentación provisional.
Apartado segundo. Repatriación de MENA.
Apartado tercero. Residencia del MENA.
1. Tramitación. Elevación de la propuesta por la Entidad pública de protección:
A) Plazos en que debe realizarse la propuesta.
B) Documentos que debe presentar la Entidad pública de protección de menores.
C) Tramitación de oficio del expediente por la Delegación o Subdelegación del Gobierno ante la omisión injustificada de la propuesta.
2. Resolución, notificación del expediente y actuaciones posteriores:
A) Plazos.
B) Inscripción registral.
C) Solicitud de la Tarjeta de Identidad de Extranjero.
3. Disposición común. Plazo máximo para otorgar la autorización de residencia.
Capítulo VII. Guarda y tutela de MENA.
Apartado primero. Actuación de la Entidad pública de protección de menores.
Apartado segundo. Petición de información del RMENA.
Apartado tercero. Actuaciones de supervisión del Ministerio Fiscal del correcto ejercicio de las funciones asignadas a la Entidad pública de protección de menores.
Capítulo VIII. Medidas de seguimiento y de coordinación.
Apartado primero. Coordinación del RMENA.
Apartado segundo. Reuniones de seguimiento.
CAPÍTULO I
Disposiciones Generales
Apartado primero. Objeto del Protocolo.
1. El presente Protocolo, en cumplimiento de lo ordenado por el artículo 190.2 del Reglamento de Extranjería aprobado por el Real Decreto 557/2011, de 20 de Abril (REX), tiene por finalidad coordinar la intervención de todas las instituciones y administraciones afectadas, desde la localización del menor o supuesto menor hasta su identificación, determinación de su edad, puesta a disposición de la entidad pública de protección de menores y documentación.
2. Del mismo modo, el Protocolo está dirigido a lograr el adecuado funcionamiento del Registro de Menores Extranjeros No Acompañados (RMENA), de acuerdo con el artículo 215 REX, toda vez que no sólo constituye uno de los instrumentos más eficaces de la protección del interés superior del menor extranjero, sino también porque será la única fuente de información fidedigna y completa que logre la comprensión del fenómeno migratorio de niños, base imprescindible para adoptar cualquier iniciativa normativa o administrativa en el sentido que propugna el «Plan de Acción de la Unión Europea sobre Menores Extranjeros No Acompañados» (años 2010-2014) adoptado el 6 de mayo de 2010.
3. Es concebido como Protocolo marco, entendido como tipo o patrón de buenas prácticas que, independientemente de su valor vinculante para las instituciones del Estado que lo suscriban, debería ser completado con la redacción de los correspondientes Protocolos territoriales para que –según sus respectivas normas estatutarias– pueda obligar a las administraciones e instituciones autonómicas respectivas.
Apartado segundo. Ámbitos subjetivo y objetivo de aplicación del Protocolo.
1. A los efectos del presente Protocolo se entiende por Menor Extranjero No Acompañado (MENA) al extranjero menor de dieciocho años que sea nacional de un Estado al que no le sea de aplicación el régimen de la Unión Europea que llegue a territorio español sin un adulto responsable de él, ya sea legalmente o con arreglo a la costumbre, apreciándose riesgo de desprotección del menor, así como a cualquier menor extranjero que una vez en España se encuentre en aquella situación, de acuerdo con el artículo 189 REX.
2. El presente Protocolo también se aplicará a:
A) Los menores extranjeros que se encontraren en situación de riesgo por haber entrado de manera clandestina o subrepticia en territorio nacional o pretendieren traspasar los puestos fronterizos españoles en unión de un adulto que, aparentando ser su progenitor, pariente o responsable del niño, no aporte documentación veraz o fiable del vínculo alegado, y además se aprecie un peligro objetivo para la protección integral del menor.
B) Menores extranjeros que se hallaren en situación de patente desamparo o desprotección, significadamente por padecer riesgo de sometimiento a redes de trata de seres humanos.
C) Menores extranjeros que como polizones se hallen a bordo de un buque, nave o aeronave que se encuentre en un puerto o aeropuerto español.
3. A los MENA que hubieran sido localizados por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad con ocasión de la comisión de un hecho delictivo de los que pudieran ser imputados conforme a la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, únicamente les serán de aplicación las disposiciones específicas de este Protocolo destinadas a lograr la plenitud informativa del RMENA.
4. Las disposiciones en materia de prevención de trata de seres humanos de este Protocolo serán de aplicación a todos los menores extranjeros cualquiera que sea su condición.
5. Los MENA de un Estado miembro de la Unión Europea o al que le sea de aplicación su régimen jurídico se someterán al presente Protocolo sólo en aquello que les sea favorable.
Apartado tercero. Principios rectores.
1. Las actuaciones objeto del presente Protocolo marco estarán inspiradas en el principio del interés superior del menor, tal y como ha sido delimitado por la Convención de Naciones Unidas de los Derechos del Niño de 1989, la Observación General núm. 6 (2005) sobre Trato de los Menores No Acompañados y Separados de su familia fuera de su país de origen del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor (LOPJM); la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (LOEX); la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria; las normas de Derecho internacional dictadas en persecución del delito de trata de seres humanos y protección de las víctimas de ese ilícito tráfico; el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional de 2000; el Convenio del Consejo de Europa contra la trata de seres humanos de 2005, y la Directiva 2011/36/UE relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y la protección de las víctimas y por la que se sustituye la Decisión marco 2002/629/JAI del Consejo.
2. La Política sobre MENA estará orientada a la reagrupación familiar en su país de origen o donde resida su familia o, en su caso, al retorno a su país (servicios de protección del menor) cuando ello sea en su interés superior y de acuerdo con la LOEX y REX, teniendo muy presente que la Declaración de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas de 20 de noviembre de 1959 y la Convención de Derechos del Niño de Naciones Unidas de 20 de noviembre de 1989 establecen la prioridad que debe darse al desarrollo del menor en el seno de su familia o en un ambiente en el que las tradiciones y valores culturales propios tengan una presencia importante, todo ello sin perjuicio que todos esos factores pueden muy bien no concurrir, en cuyo caso el retorno no sería en interés del menor.
CAPÍTULO II
Localización y actuaciones subsiguientes
Apartado primero. Deber general de comunicación.
Cualquier autoridad, institución o entidad local o autonómica, que localice, acoja o reciba a un menor extranjero lo comunicará a la mayor brevedad a la correspondiente Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras del Cuerpo Nacional de Policía (CNP), así como a la correspondiente Delegación o Subdelegación del Gobierno y al Ministerio Fiscal.
Apartado segundo. Reseña.
1. Todo menor extranjero que se encuentre bajo el ámbito de aplicación de este Protocolo que haya sido localizado en territorio nacional será fehacientemente objeto de reseña policial.
La reseña policial, en sentido amplio, comprenderá los siguientes documentos y actuaciones:
A) La reseña policial propiamente dicha, que inexcusablemente comprenderá la impresión decadactilar y la fotografía del menor.
A tal fin, la reseña y la fotografía habrán de reunir los requisitos y parámetros que sean establecidos por la Comisaría General de Policía Científica del CNP. En tanto dicha Brigada no establezca otros criterios, la fotografía deberá respetar las características del tamaño de los ficheros individuales en cada una de las posiciones, en formato JPG, con 72 ppp de resolución, 960x1.280 píxeles.
B) Cuantos datos aporte el propio menor sobre su filiación, edad, nacionalidad y última residencia, así como cuanta documentación de su país de origen o nacional se disponga sobre su identificación.
C) Documentación en que se especificará el centro de protección de menores o de acogida donde se ha entregado o se entregará al menor, así como el organismo público u organización no gubernamental, fundación o Entidad pública de protección de menores a quien se hubiera encomendado su custodia provisional.
2. En el caso de que la reseña hubiera sido practicada por un Cuerpo de Policía Autonómica, el Ministerio Fiscal, velará para que –mediante comunicación directa o por su conducto, según se disponga en los Protocolos territoriales–, sea remitida con carácter urgente a las correspondientes Unidades de Extranjería y Fronteras del CNP.
Apartado tercero. Inscripción en el RMENA.
1. Una vez la reseña policial descrita en el punto anterior obre en poder de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras, se procederá a dar traslado de la misma a la Brigada Provincial de Policía Científica del CNP a fin de que se compruebe si el menor se encuentra reseñado, expidiendo certificación negativa en el supuesto de que no figure previamente identificado.
La Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras actuará conforme a lo previsto en las instrucciones correspondientes del Secretario de Estado de Seguridad sobre funcionamiento del RMENA, realizando los trámites pertinentes establecidos al efecto en las mismas según figure o no inscrito en dicho Registro el menor.
2. Cuando se trate de MENA no inscrito, una vez registrado por la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras actuante se procederá a asignarle un Número de Identidad de Extranjero (NIE) vinculado al Número de Identificación Personal (NIP).
3. Las gestiones practicadas por las respectivas Brigadas Provinciales de Extranjería y Fronteras serán comunicadas por las mismas, a la mayor brevedad, al Ministerio Fiscal y al Cuerpo policial que inició las actuaciones. La comunicación deberá comprender en todo caso el NIP, el NIE y el resultado de la comprobación e inscripción en el RMENA.
Apartado cuarto. Información sobre derechos de las posibles víctimas de trata de seres humanos y sobre la normativa de protección de menores.
Tras su localización, el MENA que tuviera suficiente juicio deberá ser informado por los funcionarios policiales o, en su defecto, por el personal de la Entidad pública de protección de menores bajo cuya tutela legal, custodia, protección provisional o guarda se encuentre, de modo fehaciente y en un idioma que razonablemente pueda entender, de los derechos que asisten en España a las posibles víctimas de trata de seres humanos, así como de la normativa vigente en materia de protección de menores. De dicha actuación quedará constancia escrita.
Apartado quinto. Protección internacional.
Una vez realizados los trámites que el artículo 48 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, establece para los MENA que desean acogerse a la protección internacional, en particular, la puesta en conocimiento del Ministerio Fiscal, la determinación de su edad, su puesta a disposición de la Entidad pública de protección de menores competente y la correspondiente asignación de representante legal, todo ello conforme a lo establecido en el presente Protocolo, el MENA será informado por la Entidad pública de protección de menores bajo cuya tutela legal, custodia, protección provisional o guarda se encuentre, de modo fehaciente y en un idioma que pueda razonablemente comprender, del contenido básico del derecho a la protección internacional y del procedimiento previsto para su solicitud. De esta actuación quedará constancia escrita, de acuerdo al artículo 190.5 REX.
Para la formalización efectiva de la solicitud de protección internacional el MENA deberá comparecer en las dependencias administrativas previstas a tal efecto junto a la persona designada por la Entidad pública de protección de menores responsable de su tutela para asistirle en la correspondiente formalización y tramitación, con vistas a garantizar el interés superior del menor y completar su capacidad de obrar cuando fuera necesario.
Las autoridades españolas no podrán contactar con las representaciones diplomáticas del país de origen de un MENA solicitante de protección internacional.
Apartado sexto. Documentación oficial expedida por el país de origen del menor.
Si en el instante de su localización o en un momento posterior, el menor presenta documentación oficial expedida por su país de origen serán de aplicación los siguientes criterios:
1. Las certificaciones emitidas por las autoridades extranjeras relativas al estado civil de las personas, así como cualquier otro documento extranjero que recoja datos identificativos del menor, como el pasaporte o los documentos de identidad, no constituyen prueba plena sobre la edad, filiación, matrimonio o emancipación del menor salvo que así venga reconocido expresamente por Convenio o Tratado internacional, de conformidad con los dispuesto en el artículo 323 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC).
2. No obstante, los pasaportes y documentos de viaje originales emitidos por las autoridades extranjeras a los efectos del artículo 25.1 LOEX serán título suficiente para reconocer la condición de minoría de edad y su filiación salvo que concurra alguna de las circunstancias siguientes:
A) Presenten signos de falsificación, se encuentren en todo o parte alterados o se aprecie que han sido corregidos, enmendados o tachados.
B) Incorporen datos contradictorios con otros documentos públicos emitidos por el propio país emisor que porte el menor extranjero o de que disponga la autoridad española competente.
C) El menor esté en posesión de dos documentos de la misma naturaleza que contengan datos distintos.
D) Sean contradictorios con previas pruebas médicas sobre la edad o filiación del titular del documento, practicadas a instancia del Ministerio Fiscal o por otra autoridad judicial, administrativa o diplomática española.
E) Sea patente, evidente e indubitada la falta de correspondencia entre los datos incorporados al documento público extranjero y la apariencia física del interesado.
F) Contradigan sustancialmente los datos y circunstancias alegadas por el portador del documento.
G) Incorporen datos inverosímiles.
3. Concurriendo cualquiera de las circunstancias anteriores se considerará, a los efectos de este Protocolo, que el extranjero se halla indocumentado.
CAPÍTULO III
Supuestos específicos
Apartado primero. Menor al que le sea de aplicación el régimen de la Unión Europea.
1. Cuando los Cuerpos o Fuerzas de Seguridad localicen a un MENA al que le sea aplicable el régimen jurídico de la Unión Europea lo pondrán en conocimiento inmediato del Ministerio Fiscal y del Consulado o Representación diplomática del Estado de que se trate.
2. Hasta tanto se disponga la entrega del menor a su familia o a la Representación diplomática del Estado del que es nacional, permanecerá bajo la protección de la entidad pública de protección de menores de la Comunidad Autónoma en la que fuere hallado.
Apartado segundo. MENA de terceros países cuya protección haya sido acordada por una autoridad de otro Estado miembro de la Unión Europea.
1. A los MENA de terceros países cuya protección haya sido acordada por una autoridad de otro Estado miembro de la Unión Europea les serán aplicables las reglas generales del presente Protocolo.
Sin embargo, la constancia de una fecha de nacimiento o filiación que conste en un documento expedido por una autoridad competente de un Estado miembro de la Unión Europea impedirá acudir a las pruebas médicas.
Las dudas sobre la fecha de nacimiento que se contengan en el documento deberán resolverse, por medio de los mecanismos de cooperación jurídica internacional, ante las autoridades que hayan emitido el documento.
2. Por la Comisaría General de Extranjería y Fronteras se practicarán las gestiones oportunas dirigidas a facilitar al Ministerio Fiscal los datos pertinentes del expediente tramitado y resolución acordada por la autoridad del otro Estado miembro de la Unión Europea.
3. En su caso, se realizarán las oportunas gestiones dirigidas al traslado al Estado donde ya se ejerza su protección institucional o tutela pública de conformidad con lo prevenido en el artículo 35 LOEX y artículos 191 y siguientes REX.
Apartado tercero. MENA localizados tras la comisión de un hecho delictivo que les fuere imputado a título de autoría o participación.
1. Cuando los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad localicen o detengan tras la comisión de un hecho delictivo a un extranjero cuya minoría de edad fuera indubitada:
A) Realizarán las correspondientes diligencias de reseña dactilar, cotejo o comprobación de inscripción en el RMENA. En el caso de que no conste inscrito, procederán a su inscripción en el RMENA sin que se haga constar circunstancia o dato que revele su detención o su condición de hallarse sometido a procedimiento de reforma.
B) Lo pondrán inmediatamente en conocimiento del Fiscal a los efectos del seguimiento de su inscripción en el RMENA.
C) El Ministerio Fiscal velará porque quede debidamente inscrito en el RMENA sin que se haga constar circunstancia o dato que revele su detención o su condición de hallarse sometido a procedimiento de reforma.
2. En el caso de que los funcionarios de policía advirtieran indicios de que el menor hubiera sido compelido a la realización de los hechos presuntamente delictivos por terceros adultos apreciándose cualquier elemento indiciario acerca de que pudiera ser víctima de trata de seres humanos, lo pondrán en inmediato conocimiento del Ministerio Fiscal que gestionará su ingreso en un Centro de protección de menores o, si así procede en atención a las exigencias de protección integral del menor, en centros de acogida de una asociación, fundación u organización no gubernamental sin ánimo de lucro que disponga de los medios necesarios que garanticen su seguridad, recuperación física y psicológica, y la asistencia integral que requiera. Si tuviere juicio bastante, el menor será fehacientemente informado por el Cuerpo policial que estuviere realizando la investigación de los derechos que le reconoce el artículo 59 bis LOEX.
3. Si el detenido fuera un extranjero cuya minoría de edad no pueda ser establecida con seguridad será conducido ante el Juzgado de Instrucción competente a los efectos de aplicación del artículo 375 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
4. En cualquier caso, concurriendo indicios racionales de que el presunto menor es víctima de trata de seres humanos procede adoptar todas las medidas de protección previstas en el artículo 59 bis LOEX y el Protocolo marco de protección de las víctimas de trata de seres humanos.
Apartado cuarto. MENA cuya minoría de edad sea indubitada.
Cuando las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad localicen a un menor extranjero cuya minoría de edad sea indubitada, realizarán las correspondientes diligencias de reseña dactilar y cotejarán el RMENA para comprobar si se halla o no inscrito.
En cualquier caso, lo entregarán a la Entidad pública de protección de menores del lugar de localización, sin perjuicio de la posterior decisión sobre su acogida inmediata y custodia.
De no hallarse inscrito, se procederá a su inscripción en el RMENA.
En ambos supuestos, se comunicará al Ministerio Fiscal la localización del menor, su situación registral, y, en su caso, la causa por la que no ha sido posible la inscripción en el RMENA.
Por el Ministerio Fiscal se incoarán diligencias preprocesales para el seguimiento de la inscripción del menor en el RMENA. Una vez inscrito el menor en el RMENA se archivarán las diligencias.
CAPÍTULO IV
Menores extranjeros en situación de riesgo: medidas de prevención de la trata de seres humanos y contra la utilización de menores
Apartado primero. Entrevista reservada.
Cuando las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado localizasen –tras haber entrado de manera clandestina o subrepticia en territorio nacional o pretendiendo traspasar los puestos fronterizos españoles– a un menor extranjero que no tuviere juicio suficiente para ser oído en compañía de un adulto que afirme tener un vínculo biológico paterno-materno filial con el menor o aparente ser otro pariente o responsable del menor y no lo acreditase de manera indubitada mediante documentación o por otro medio, el adulto será entrevistado reservadamente por personal cualificado del Cuerpo policial actuante con objeto de clarificar su situación, decisión migratoria, vínculo y relaciones con el menor extranjero que le acompaña, en particular destino en España, personas a las que va a visitar o con las que permanecerá en nuestro país.
Apartado segundo. Invitación a realizar la prueba de ácido desoxirribonucleico (ADN).
En los casos en los que el adulto afirme tener un vínculo biológico paterno-materno filial con el menor, por el CNP se solicitará de dicho adulto que voluntariamente preste su consentimiento debidamente informado para la obtención del dato identificativo que se obtenga a partir del ADN de las células epiteliales bucales propias y del menor.
Apartado tercero. Acta de consentimiento informado.
Por la policía actuante se levantará acta (en el modelo que consta como Anexo I del presente Protocolo) en la que se hará constar:
1. Las circunstancias de localización del menor.
2. Las alegaciones del adulto en las que afirma tener un vínculo biológico paterno-materno filial con el menor.
3. El contenido y resultado de la entrevista realizada.
4. El ofrecimiento al adulto de poder someterse voluntariamente a la prueba de ADN como medio de acreditar la existencia del vínculo biológico paterno-materno filial.
5. La información completa al adulto sobre la prueba de ADN que se le solicita, los efectos de sus resultados y las consecuencias que se derivarían de su negativa a someterse a ellas.
6. Constancia de la autorización o de la negativa del adulto y motivos alegados.
7. Puesta en conocimiento y remisión de copia del acta al Ministerio Fiscal.
Apartado cuarto. Realización de las pruebas de ADN.
1. Prestado el consentimiento informado del adulto, las pruebas serán practicadas por la Comisaría General de Policía Científica del CNP (en el modelo que consta como Anexo II del presente Protocolo) siguiendo las reglas protocolarias de su actividad sobre: tipo de muestra que deben ser recogidas, modo y unidad de policía que toma la muestra, cadena de custodia, conservación, identidad, y laboratorios científicos acreditados para el análisis y su resultado.
2. La Comisaría General de Policía Científica del CNP desarrollará los estudios básicos necesarios según las normas técnicas adecuadas para dictaminar si queda descartada la relación biológica paterno-materno filial.
3. Las pruebas básicas de ADN, salvo causa justificada, se realizarán en el plazo más breve posible, dando prioridad a la analítica en cualquier caso en el ámbito del Protocolo. Si excepcionalmente fuere preciso practicar pruebas complementarias, dicho plazo podrá ampliarse por el tiempo indispensable.
Apartado quinto. Puesta en conocimiento del Ministerio Fiscal y de la Entidad pública de protección de menores competentes.
La situación de riesgo derivada de la localización de un menor en las circunstancias arriba indicadas, deberá ponerse de forma inmediata en conocimiento del Ministerio Fiscal y de la Entidad pública de protección de menores, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 13 y 14 LOPJM a los efectos procedentes. El CNP les remitirá el resultado de la entrevista reservada y la documentación recabada.
Apartado sexto. Garantía de la seguridad del menor que se encuentre en centros de acogida de progenitores.
Si de las declaraciones del adulto o de cualquier otro indicador o noticia, se apreciara una situación de riesgo inminente en la persona del menor, la Entidad pública de protección de menores acordará la separación del menor del adulto y su acogida provisional mientras se practican las oportunas diligencias de investigación, que justifiquen la reagrupación del menor con dicho adulto, lo que será comunicado al Ministerio Fiscal para su conocimiento, seguimiento y protección de los intereses del menor.
En todo caso, se promoverán por el Ministerio Fiscal las acciones pertinentes ante el Juzgado de Guardia o Juzgado de Primera Instancia competente para asegurar que mientras se está evaluando la situación de riesgo, el menor no abandone el centro en compañía del adulto sin autorización judicial.
El Ministerio Fiscal velará para que la resolución judicial que se dicte sea comunicada al Cuerpo policial que estuviere realizando la investigación, y en todo caso al CNP, a los efectos de que se adopten las medidas precisas dirigidas a evitar que el adulto que alega la relación biológica paterno-materno filial o una tercera persona abandonen el centro con el menor sin autorización judicial.
Si se tiene conocimiento de que el menor y el adulto van a abandonar el centro de manera inminente y no hubiera tiempo de que por el Ministerio Fiscal se promuevan las acciones judiciales oportunas, cuando de las declaraciones del adulto o de cualquier otro indicador o noticia se apreciara una situación de riesgo inminente en la persona del menor, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad actuantes procederán a separar al menor del adulto, comunicándolo inmediatamente a la Entidad pública de protección de menores para que se haga cargo del menor y se acuerde su atención inmediata y al Fiscal para el ejercicio de las acciones judiciales procedentes.
Apartado séptimo. Negativa a someterse a la prueba de ADN o cuando el resultado de la misma descarte el vínculo biológico paterno-materno filial.
Si el adulto se niega a someterse a la prueba o ésta resultase contraria a lo manifestado por él, el Ministerio Fiscal interesará del servicio público de protección de menores la asunción de la tutela urgente del menor si de las circunstancias concurrentes se apreciase que dicho menor se encuentra privado de la necesaria asistencia material o moral.
Apartado octavo. Menores acompañados por un guardador de hecho.
El Ministerio Fiscal interesará de la Entidad pública de protección de menores la asunción de la tutela urgente del menor, si de las circunstancias concurrentes se aprecia que el pariente o el adulto que acompaña al menor, no le garantiza la necesaria asistencia material o moral.
CAPÍTULO V
Extranjeros indocumentados cuya minoría de edad no pueda ser establecida con seguridad
Apartado primero. Naturaleza, contenido y efectos de los expedientes de determinación de edad ordenados por el artículo 35.3 LOEX.
1. El artículo 35.3 LOEX atribuye al Ministerio Fiscal la responsabilidad de ordenar la práctica de pruebas médicas de determinación de edad de aquellos extranjeros que hubieren sido localizados por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado cuando, hallándose indocumentados, su minoría de edad no pueda ser establecida con seguridad.
2. Los expedientes incoados por el Ministerio Fiscal al amparo de dicho precepto y, en su caso la resolución adoptada, no persiguen la determinación de la edad del afectado en cuanto una de las manifestaciones de su estado civil, sino exclusivamente decidir con carácter cautelar y urgente, incluso si es posible durante el servicio de guardia si debe ser acogido en un centro de protección de menores de acuerdo con lo establecido en la legislación de protección jurídica del menor o por el contrario debe ser sometido al régimen ordinario de mayores de edad.
3. El decreto del Ministerio Fiscal resolviendo sobre la minoría o mayoría de edad del afectado tiene carácter meramente provisional pudiendo ser modificada la resolución adoptada, tanto de oficio como a instancia de quien ostente un interés legítimo, cuando se aporten datos o circunstancias sobrevenidas o que, siendo preexistentes, no se hubieran valorado por haberse conocido con posterioridad a la decisión adoptada.
4. En todo caso, el decreto del Ministerio Fiscal, cuando conste resolución judicial motivada dictada en cualquier orden jurisdiccional, será modificado de conformidad con el fallo en que se hubiera acordado una edad distinta.
5. En caso de que el extranjero sea portador de un documento falsificado al haber sido manipulado de manera manual o química para alterar los datos del documento original emitido por las autoridades extranjeras, se procederá de la manera prevista en el Capitulo III, apartado tercero, 3 del presente Protocolo, poniéndose al afectado a disposición del Juez de Instrucción competente.
Apartado segundo. Expedientes de determinación de edad: forma y tramitación. Diligencias preprocesales.
Los expedientes de determinación de edad tramitados por el Ministerio Fiscal se incoarán y tramitarán siguiendo las formas de las Diligencias Preprocesales reguladas por el artículo 5 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal de acuerdo con lo previsto en los apartados siguientes y de conformidad con las Circulares e Instrucciones ordenadas por el Fiscal General del Estado.
Apartado tercero. Incoación del expediente.
Los expedientes se iniciarán inmediatamente por decreto de incoación cuando el Ministerio Fiscal:
1. Reciba comunicación de alguno de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado de haberse localizado a un extranjero indocumentado cuya minoría de edad no pueda ser establecida con seguridad y que no aparezca inscrito en el RMENA.
2. Reciba comunicación de cualquier policía autonómica de haberse localizado a un extranjero indocumentado cuya minoría de edad no pueda ser establecida con seguridad.
3. Reciba comunicación de cualquier autoridad, institución o entidad, local o autonómica, que hubiese localizado, acogido o recibido a un extranjero indocumentado cuya minoría de edad no pueda ser establecida con seguridad.
4. De oficio, cuando el Ministerio Fiscal tenga noticia de la existencia de un extranjero cuya minoría de edad no pueda establecerse con seguridad, carezca de la documentación precisa según el Capitulo II, apartado sexto de este Protocolo y sea necesario para la defensa de sus intereses de conformidad con el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y las Circulares e Instrucciones del Fiscal General del Estado.
Las peticiones de incoación del expediente deberán ir acompañadas de una exposición razonada en la que se relacionen las circunstancias de la localización del afectado, motivos que hacen dudar sobre su minoría de edad, y, en caso de existir documentación genuina del menor expedida por autoridades extranjeras, los concretos indicios de sospecha sobre su fiabilidad y verosimilitud.
Cuando se incoe de oficio, el decreto inicial del Ministerio Fiscal deberá reflejar motivadamente no sólo las circunstancias recogidas en el párrafo precedente sino también las causas concurrentes que determinan su actuación, de conformidad con las Circulares e Instrucciones del Fiscal General del Estado.
El decreto de incoación del Expediente de determinación de edad será comunicado a la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras con la mayor celeridad posible.
Apartado cuarto. Tramitación y diligencias a practicar en el expediente. Comprobación por el Fiscal de si el menor ha sido reseñado e inscrito en el RMENA con anterioridad. Actuaciones a seguir cuando el Fiscal tenga conocimiento de diligencias preprocesales abiertas en otra fiscalía respecto del mismo extranjero.
El Fiscal deberá hacer constar como primera diligencia que se ha realizado la previa y preceptiva reseña policial del afectado, incorporando la certificación negativa de no hallarse reseñado e inscrito previamente en el RMENA, expedida por la respectiva Brigada Provincial de Policía Científica del CNP conforme a lo dispuesto en el capítulo II, apartado tercero 1 de este Protocolo.
En caso de que el Fiscal tenga conocimiento de que se han abierto diligencias preprocesales en otra Fiscalía respecto del mismo extranjero, solicitará de la Fiscalía que lo estuviere tramitando la remisión de una copia íntegra del expediente de determinación de la edad y de las diligencias practicadas. Será competente para continuar la tramitación del expediente la Fiscalía del lugar donde estuviera el extranjero.
Apartado quinto. Tramitación y diligencias a practicar en el expediente. Práctica de las pruebas médicas.
1. Acuerdo del Ministerio Fiscal de autorización de pruebas médicas. Principios aplicables a las pruebas médicas. Actuaciones iniciales.
En el ámbito de aplicación del artículo 35.3 LOEX, la decisión sobre la práctica de pruebas médicas dirigidas a eliminar las dudas sobre la mayoría o minoría de edad del extranjero indocumentado es exclusiva del Ministerio Fiscal que la adoptará mediante acuerdo.
No se autorizarán pruebas médicas que repitan otras ya practicadas ni nuevas pruebas médicas cuando, a la vista de la reiteración con la que se han practicado las pruebas anteriores y las dosis de radiación a la que el sujeto haya estado sometido se aprecie un riesgo para la salud del menor según informe previo del facultativo o del médico forense.
Las pruebas médicas ordenadas practicar por el Ministerio Fiscal se regirán por el principio de celeridad exigiendo el previo consentimiento del afectado y un control médico-sanitario especializado y se llevarán a cabo con respeto a la dignidad de la persona.
A) La orden de practicar las pruebas médicas se dictará en el plazo más breve posible. Deberá adoptarse si fuere posible durante el servicio de guardia por el Fiscal que lo desempeñe cuando de la información recibida por los Cuerpos policiales no se desprenda la necesidad de la práctica de otras diligencias imprescindibles.
B) La información preceptiva y la petición de la práctica de las pruebas médicas podrá ser avanzada al Fiscal del expediente por fax, correo electrónico o vía telefónica, sin perjuicio de la remisión del atestado por conducto ordinario. En todo caso la policía actuante hará constar de manera fehaciente y expresa que ha realizado la completa reseña del afectado y que por el CNP se ha cotejado su resultado con el RMENA de la manera indicada en el Capítulo II, apartado tercero, del presente Protocolo.
C) El menor será trasladado a presencia del Ministerio Fiscal antes de proceder a ordenar la práctica de las pruebas médicas cuando así lo disponga el Fiscal tras valorar la información recibida por las fuerzas policiales.
D) Si se considera procedente realizar las pruebas médicas, el Fiscal remitirá los oficios correspondientes al Centro hospitalario, directamente o a través de la propia policía actuante.
E) Si por causas extraordinarias no pudieran practicarse durante el servicio de guardia las pruebas debidas, una vez que el menor ha sido reseñado y se ha cotejado el RMENA, el Fiscal pondrá a disposición de la Entidad pública de protección de menores competente al menor para que proceda a su ingreso en un Centro de protección de menores hasta que aquella pueda llevarse a cabo.
2. Consentimiento informado del extranjero.
El Fiscal autorizará la práctica de las pruebas médicas a condición de que el interesado preste el consentimiento tras haber sido fehacientemente informado, en el modelo que consta como Anexo III del presente Protocolo, de los siguientes extremos:
A. Contenido de la información.
a) Tipo, características y riesgos de las pruebas a las que va a ser sometido.
b) Finalidad que se persigue con la realización de las pruebas y las consecuencias que se derivarían de su negativa a practicarla.
B) Órganos que deben informar y ante los que debe prestarse el consentimiento. Formalización de acta.
a) La información sobre el tipo, características y riesgos de las pruebas a la que va a ser sometido deberá ser facilitada por el facultativo competente. El consentimiento se prestará ante el mismo.
b) Los demás aspectos de la información se prestarán por la propia policía actuante.
c) Del consentimiento prestado en los dos apartados anteriores se levantarán las correspondientes actas al respecto en las que consten de manera expresa e inequívoca la autorización del presunto menor.
C) Negativa a prestar su consentimiento.
a) En el supuesto de negativa a prestar su consentimiento para la práctica de las pruebas ante los agentes de la policía actuantes será llevado a presencia del Fiscal que tras recibirle declaración y tomando en consideración todas las circunstancias obrantes en el expediente podrá determinar que se trata de un mayor de edad.
b) Si entre las circunstancias concurrentes se hallaren indicadores de que el interesado pudiera ser víctima de trata de seres humanos prevalecerá la presunción de minoría de edad, debiéndose adoptar las medidas de protección inmediatas, comunicándose simultáneamente a la Unidad policial de Extranjería correspondiente del CNP a los efectos de valorar la aplicación del artículo 59 bis LOEX según las reglas establecidas por el Protocolo de protección de víctimas de trata de seres humanos, así como al Cuerpo policial actuante, a efectos de investigación.
c) El interesado podrá retirar su consentimiento en cualquier momento antes de la práctica de las pruebas médicas, en cuyo caso cesarán o se dejarán sin efecto las mismas, valorándose del mismo modo que si se tratare de una negativa precedente.
3. Traslado del extranjero a los Centros hospitalarios.
El traslado de los supuestos menores al Centro hospitalario se podrá realizar por agentes del CNP, Guardia Civil, Policías autonómicas o locales. Asimismo, lo podrá realizar el personal del Centro de protección de menores. Dicho traslado se realizará de la forma que menos perjudique al supuesto menor, con respeto de sus garantías y sus derechos.
Se procurará realizar los traslados en vehículos sin distintivos policiales y con personal no uniformado, salvo que las circunstancias del caso y la disponibilidad de recursos no lo permitan.
4. Personal sanitario.
Las pruebas de determinación de la edad y los correspondientes dictámenes periciales se realizarán por personal médico especializado en la materia. También podrán ser realizadas por los médicos forenses que, además podrán ser llamados en cualquier momento por el Fiscal para completar, precisar o ampliar los dictámenes recibidos.
Los Protocolos territoriales especificarán los Centros hospitalarios donde se llevarán a cabo y garantizarán la realización de la prueba de manera continua y permanente, sin limitación de horarios y fechas, con la mayor celeridad posible.
5. Pruebas a realizar.
Corresponde a los facultativos médicos según las leyes de su ciencia determinar las pruebas adecuadas y suficientes para eliminar la inseguridad sobre la minoría de edad del extranjero afectado. Se recomienda seguir los parámetros y pautas de actuación fijadas en las Conclusiones de la Jornada de Trabajo sobre Determinación Forense de la Edad de los MENA. Documento de Consenso de Buenas Prácticas entre los Institutos de Medicina Legal de España. En: Revista Española de Medicina Legal. 2011, Vol. 37, número 1, enero-marzo.
Cualesquiera que sean las pruebas practicadas tendentes a determinar el grado de maduración ósea o dental (prueba radiológica del carpo izquierdo de la muñeca y examen de la dentición, en particular del tercer molar, por medio de una ortopantomografía, radiografía de la clavícula para la cuantificación de los cambios de osificación), será preceptivo el previo examen físico y personal del interesado.
6. Informe médico.
El informe médico de determinación de edad deberá ser emitido en el plazo más breve posible; hará referencia a la identidad del médico informante, fecha y hora de la emisión; y expondrá de manera clara y motivada la técnica o técnicas que se hayan seguido para la determinación de la edad.
Justificará razonadamente el resultado de cada prueba practicada y contendrá una conclusión en la que se establecerá de manera precisa una horquilla de edad mínima y, si es posible, máxima del examinado que se corresponderá con el margen de error, porcentaje de incertidumbre o desviación estándar que dicho resultado pueda tener.
El Fiscal pedirá la repetición o ampliación del informe cuando se omita cualquiera de los datos reseñados, carezca del suficiente grado de motivación, o se sustituya la delimitación de la horquilla con otras locuciones o expresiones ambiguas e imprecisas.
Apartado sexto. Finalización del expediente. El decreto del Ministerio Fiscal.
1. Contenido del decreto del Ministerio Fiscal.
Los expedientes de determinación de la edad del artículo 35.3 LOEX concluirán tras el decreto del Ministerio Fiscal, que contendrá los siguientes apartados:
A) Fundamentación de los hechos.
En él se hará constar: la fecha, modo y circunstancias de localización del menor; la acreditación de que el menor ha sido fehacientemente reseñado; el NIP; el cotejo registral y su resultado; en su caso, la documentación que portaba el menor, naturaleza, filiación, nacionalidad y autoridad que lo expidió; la relación de los indicios o circunstancias que han determinado la necesidad de la práctica de las pruebas médicas; constancia del consentimiento informado del interesado; descripción de otras diligencias que eventualmente se hayan acordado para determinar la minoría de edad y su resultado; en caso de haberse practicado las pruebas médicas, sucintamente se recogerán los datos relativos a la identificación del médico que realizó las pruebas y firmó el dictamen, el Centro hospitalario en que se han realizado las pruebas y los medios de diagnóstico utilizados; el resultado de las pruebas realizadas.
B) Fundamentación jurídica.
Deberán valorarse, si las hubiere, las diferentes pruebas que obren en las diligencias (médica, documental, manifestaciones del interesado) o, de haberse producido, los efectos de la negativa o retirada del consentimiento a someterse a las pruebas médicas. Igualmente motivarán, en su caso, por qué no se aceptan los indicios de duda planteados por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, la policía autonómica o autoridad, institución o entidad, local o autonómica y no se ha acordado la práctica de las diligencias de comprobación.
C) Parte dispositiva.
a) Si el interesado debe ser considerado menor de edad, así se declarará expresamente y se acordará que el menor sea puesto a disposición de la Entidad pública de protección de menores.
Si se han realizado las pruebas médicas, la edad del sujeto se corresponderá con el tramo inferior de la horquilla, entendiéndose como día y mes de nacimiento el que corresponda con la fecha en que se practicaron las pruebas médicas a falta de otro dato, como las manifestaciones del menor si son compatibles con el resultado de aquellas.
b) Si no es posible pronunciarse sobre la mayoría o minoría de edad por no haberse presentado el supuesto menor a la práctica de las pruebas médicas así se declarará archivándose las diligencias provisionalmente.
c) Si el extranjero debe ser considerado mayor de edad así se declarará expresamente comunicándolo a la mayor urgencia a la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras del CNP, y, en su caso, al Cuerpo policial que realice la investigación.
2. Revisión del decreto del Ministerio Fiscal.
El decreto del Ministerio Fiscal disponiendo la mayoría o minoría de edad del extranjero es revisable de oficio o a instancia de quien ostente un interés legítimo.
Es competente para la revisión del decreto la Fiscalía correspondiente al lugar donde efectivamente resida el interesado. Cuando la Fiscalía ante la que se plantea la revisión del decreto sea distinta de quien la dictó, con carácter previo a tomar cualquier decisión solicitará de la Fiscalía que actuó anteriormente la remisión de una copia íntegra del expediente de determinación de la edad y de las diligencias practicadas.
La revisión procederá:
A) Cuando se aporten documentos o certificaciones genuinas expedidas por autoridades del Estado de donde es nacional el interesado que tengan fuerza probatoria según el artículo 323 LEC por haberse así reconocido por Convenio bilateral o Tratado internacional.
B) Cuando se comunique al Ministerio Fiscal cualquier sentencia o auto judicial de cualquier orden jurisdiccional que establezca otra edad diferente.
C) Cuando concurran circunstancias sobrevenidas o que siendo preexistentes no pudieron ser tomadas en cuenta en el momento de dictar el decreto, y el Fiscal las valore como relevantes y suficientes para su modificación. Significadamente, cuando conste la práctica de otras pruebas médicas de resultado incompatible realizadas en el ámbito de sus competencias a instancia de los Consulados españoles en el extranjero, de cualquier Administración del Estado, o de la Entidad pública de protección de menores en el ejercicio de su función de guarda y tutela.
La Entidad pública de protección de menores no puede, unilateralmente, fijar una edad distinta a la previamente establecida en el decreto del Ministerio Fiscal.
Si la Entidad pública de protección de menores por su propia iniciativa decide practicar pruebas complementarias con posterioridad al decreto del Ministerio Fiscal, para que puedan tener virtualidad revisora de la decisión acordada en el decreto del Ministerio Fiscal, tendrán que reunir los siguientes requisitos:
a) Deberá adoptarse tras un acuerdo que razone las causas y circunstancias que lo motivan y que señalará las pruebas concretas que pretende realizar.
b) Dicho acuerdo será notificado al Ministerio Fiscal y al declarado menor.
c) Un representante de la Entidad pública de protección de menores deberá informar al interesado mayor de 16 años o menor de 16 años con suficiente madurez sobre la finalidad y naturaleza de la intervención, así como sobre sus riesgos y consecuencias, siendo preguntado si presta de manera libre e inequívoca su consentimiento a la realización de las pruebas. Dicha información se transmitirá con intérprete si el interesado no conoce el castellano.
d) Si el interesado tuviera menos de 16 años se le deberá nombrar un defensor judicial.
e) Del consentimiento informado se dejará constancia por escrito.
f) En caso de negativa a someterse a las pruebas médicas, la Entidad pública de protección de menores lo comunicará al Ministerio Fiscal que tras oír al interesado, acordará lo que estime procedente sobre la modificación del decreto.
g) Las pruebas médicas sólo se realizarán por personal facultativo experto o especializado y necesariamente serán complementarias y añadidas a las ya practicadas a instancia del Ministerio Fiscal sin que puedan repetirse las ya realizadas. En caso de no existir pruebas médicas anteriores deberán practicarse según las disposiciones precedentes de este Protocolo.
h) Finalizadas las diligencias complementarias, la Entidad pública de protección de menores dictará una resolución recogiendo el resultado de las nuevas pruebas practicadas y la incidencia que a su juicio pueda tener dicho resultado sobre la edad del afectado.
Dicha resolución la remitirá al Ministerio Fiscal con la documentación precisa para que, si fuera procedente, modifique el decreto de determinación de edad.
D) Cuando el interesado aporte documentación genuina expedida por el Estado de que es nacional que, aunque no reúna los requisitos previstos en el precedente apartado A):
a) No esté viciada de falta de credibilidad por concurrir cualquiera de las circunstancias reseñadas en el Capítulo II, apartado sexto 2, del presente Protocolo.
b) Provenga de cualquier Estado cuyo régimen legal no exija ningún tipo de control oficial sobre los registros públicos, la emisión de documentos y sus correspondientes cotejos.
A los efectos de que los fiscales tengan un conocimiento preciso en cada caso, la Unidad de Extranjería de la Fiscalía General del Estado mantendrá una comunicación cuando sea necesario con la Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares y Migratorios para recabar información acerca de la práctica existente sobre inscripción en los registros públicos y la emisión de documentos identificativos de que se trate, especialmente sobre si los datos que figuran en unos y otros pueden ser suministrados por los propios interesados o exigen una comprobación oficial o por la autoridad o funcionario que los expidió.
3. Notificaciones del decreto del Ministerio Fiscal e inscripción registral.
A) Tanto el decreto inicial como los que acuerden o denieguen su revisión serán notificados fehacientemente al interesado, a la Entidad pública de protección de menores, a la Delegación o Subdelegación de Gobierno y, en su caso, a la Fiscalía que dictó el decreto inicial.
B) Todos los decretos del Ministerio Fiscal por los que se concluyan unas diligencias preprocesales de determinación de la edad –cualquiera que sea el acuerdo adoptado– o su revisión serán comunicados a las Brigadas Provinciales de Extranjería y Fronteras del CNP para su debida constancia e inscripción en el RMENA.
C) Notificado el decreto inicial del Ministerio Fiscal declarando la minoría de edad a la Entidad pública de protección de menores, ésta dictará la resolución correspondiente asumiendo la acogida inmediata del menor.
Si el decreto del Ministerio Fiscal modifica la situación de minoría o mayoría de edad o establece una edad concreta distinta, el ente de protección dictará una resolución asumiendo el contenido del nuevo decreto.
Si el decreto inicial del Ministerio Fiscal es de mayoría de edad, la Entidad pública de protección de menores dictará en todo caso una resolución por la que se establezca su consiguiente baja en el Centro de protección de menores y la notificará de forma fehaciente al interesado para que pueda interponer los recursos o ejercer las acciones ante la jurisdicción que sean procedentes en defensa de sus intereses.
CAPÍTULO VI
Documentación de MENA
Apartado primero. Documentación provisional.
La unidad policial de extranjería actuante del CNP, en el plazo máximo de 72 horas, remitirá a la Entidad pública de protección de menores y al Director del Centro de protección de menores donde esté ingresado el menor la «ficha de inscripción MENA» o documento identificativo equivalente que se prevea en un futuro en las instrucciones del Secretario de Estado de Seguridad.
Dicha ficha servirá para que el menor pueda identificarse.
Apartado segundo. Repatriación de MENA.
Las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno serán los Centros directivos competentes para llevar a cabo los trámites relativos a la repatriación del MENA de acuerdo a lo establecido en el artículo 35 LOEX y 191 y siguientes REX.
Apartado tercero. Residencia del MENA.
1. Tramitación. Elevación de la propuesta por la Entidad pública de protección.
A) Plazos en que debe realizarse la propuesta.
Las gestiones dirigidas a determinar si es posible la repatriación u obtener el pasaporte o, en su defecto, la cédula de inscripción, deberán realizarse con la mayor celeridad.
Sin perjuicio de lo establecido en el REX, se considera a tales efectos que tres meses desde la puesta a disposición del MENA del Centro de protección de menores es tiempo suficiente para que, por parte de la Entidad pública de protección de menores, se solicite la autorización de residencia.
B) Documentos que debe presentar la Entidad pública de protección de menores.
A la solicitud de autorización, la Entidad pública de protección de menores deberá acompañar:
a) Copia completa del pasaporte en vigor o título de viaje, reconocido como válido en España, del MENA. De no poder obtener el pasaporte, este documento será sustituido por la cédula de inscripción del MENA si se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 211 REX.
b) Documento acreditativo de que la persona física que interviene en el procedimiento tiene competencia para ello en representación de la Entidad pública de protección de menores.
c) Documento acreditativo de la relación de tutela legal, custodia, protección provisional o acogida inmediata entre el menor y la Entidad pública de protección de menores.
d) De tenerlo a su disposición, copia del decreto del Fiscal o del documento que acredite la fecha de puesta a disposición del menor.
e) Solicitud de la autorización en modelo oficial establecido al efecto.
La Delegación o Subdelegación del Gobierno recabará de la correspondiente Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras del CNP la información que conste en la ficha de inscripción del menor en el RMENA.
El menor podrá colaborar con la Entidad pública de protección de menores para la obtención de la documentación señalada en el apartado anterior.
C) Tramitación de oficio del expediente por la Delegación o Subdelegación del Gobierno ante la omisión injustificada de la propuesta.
Si por causa no justificada no se ha elevado la propuesta de resolución por la Entidad pública de protección de menores, la Delegación o Subdelegación del Gobierno correspondiente al domicilio del menor iniciará, de oficio, el procedimiento relativo a la autorización de residencia.
En tal caso, la Oficina de Extranjería comunicará al MENA el acuerdo de inicio del procedimiento a través de la Entidad pública de protección de menores bajo cuya tutela legal, custodia, protección provisional o guarda se encuentre, interesando la aportación de los documentos señalados en las letras precedentes.
2. Resolución, notificación del expediente y actuaciones posteriores.
A) Plazos.
La Delegación o Subdelegación del Gobierno resolverá y notificará la resolución al MENA en el plazo máximo de un mes. Dicha resolución será comunicada al Ministerio Fiscal y a la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras del CNP correspondiente en el plazo de diez días desde que se dicte.
B) Inscripción registral.
El Ministerio Fiscal velará para que dicha resolución conste debidamente inscrita en el RMENA.
C) Solicitud de la Tarjeta de Identidad de Extranjero.
El representante, acompañado del MENA, deberá solicitar personalmente, en el plazo de un mes desde la fecha de notificación de la resolución por la que se concede la autorización, y ante la Oficina de Extranjería o Comisaría del CNP, la Tarjeta de Identidad de Extranjero.
3. Disposición común. Plazo máximo para otorgar la autorización de residencia.
La tramitación y resolución del expediente deberán realizarse con la mayor celeridad. En todo caso, transcurrido el plazo máximo de nueve meses desde la puesta a disposición del MENA sea cual sea el estado de tramitación, la Delegación o Subdelegación de Gobierno otorgará la autorización de residencia.
Tendrá carácter prioritario la tramitación de los procedimientos relativos a las solicitudes de autorización de trabajo o, en su caso, de exceptuación a la autorización de trabajo presentadas, a favor del MENA, tanto si se presentan junto a la solicitud de autorización de residencia como si se presentan durante la vigencia de la misma.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 35.8 de la LOEX, la concesión de una autorización de residencia no será obstáculo para la ulterior repatriación cuando favorezca el interés superior del menor.
CAPÍTULO VII
Guarda y tutela de MENA
Se procurará que en los Protocolos territoriales existan normas uniformes conformes a las siguientes pautas de actuación:
Apartado primero. Actuación de la Entidad pública de protección de menores.
La Entidad pública de protección de menores prestará la atención inmediata y el acogimiento que el MENA requiera. A efectos de la asunción formal de la tutela urgente, y en el más breve plazo posible, la Entidad pública de protección de menores debe:
1. Comunicar al CNP y al Ministerio Fiscal los datos de que disponga o pueda disponer para la inscripción y actualización constante del RMENA.
A tal fin, se remitirá sin dilación alguna la información referente a fugas, reingresos en los centros, cambio de Centro de protección de menores o de Comunidad Autónoma o cualquier otra información que afecte o modifique la situación del MENA.
2. Hacer gestiones de indagación sobre las circunstancias del MENA al objeto de constatar si existe una situación real de desamparo, si es posible reagrupar al MENA con su familia en su país de origen o donde ésta resida y, eventualmente, si existe una necesidad de protección internacional que no hubiera sido previamente detectada.
Se procurará que en dicha investigación participen expertos en la cultura y costumbres del país de origen del MENA.
En el plazo máximo de tres meses, la Entidad pública de protección de menores, una vez constatada la situación de desamparo del MENA, dictará una resolución administrativa en tal sentido, asumiendo la tutela del mismo.
3. Mensualmente, la Entidad pública de protección de menores remitirá al Ministerio Fiscal, así como a la correspondiente Delegación o Subdelegación del Gobierno, un listado de MENA que se encuentren bajo su ámbito de protección en el que se relacione cualquier dato relevante sobre los mismos, significadamente si hay decreto de determinación de la edad, fecha de ingreso en el Centro de protección de menores, fecha de la solicitud y, en su caso, concesión de la autorización de residencia.
Apartado segundo. Petición de información del RMENA.
La Entidad pública de protección, a través del Ministerio Fiscal, podrá dirigirse al CNP para que se le remita la información que conste en el RMENA respecto a un menor que esté bajo su protección.
El objeto de la información se limitará exclusivamente a la que precise la Entidad pública de protección de menores para la realización de las actuaciones propias de su competencia en defensa del interés superior del menor.
Apartado tercero. Actuaciones de supervisión del Ministerio Fiscal del correcto ejercicio de las funciones asignadas a la Entidad pública de protección de menores.
1. La fuga o abandono del menor del Centro de protección de menores que tuviera asignado para residir no será considerada causa de extinción de la tutela, que deberá seguir ejerciéndose para la localización del menor o para el caso que apareciere. De acuerdo con la legislación vigente, el Ministerio Fiscal impugnará cualquier resolución de cese de tutela indebidamente motivada.
2. Las Secciones de Menores de las Fiscalías y las Entidades públicas de protección de menores deberán realizar un especial seguimiento en los supuestos en los que estas últimas ejerzan las funciones tutelares mediante convenio, a través de organizaciones no gubernamentales, fundaciones u otras entidades dedicadas a la protección de menores.
CAPÍTULO VIII
Medidas de seguimiento y de coordinación
Apartado primero. Coordinación del RMENA.
1. Para el correcto cumplimiento de lo previsto en el Capítulo II, apartado tercero, el Fiscal Delegado de Extranjería controlará que dentro de los primeros quince días de cada mes les sea remitido a él y a la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras como responsable provincial del RMENA cuantos datos de estos menores, a último día del mes anterior, obren en poder de las Policías autonómicas y de la Entidad pública de protección de menores de la provincia.
2. El Ministerio Fiscal dictará las instrucciones adecuadas, efectuará los requerimientos y adoptará las medidas pertinentes –en desarrollo de la función encomendada por el artículo 215 REX– para que los MENA que, en el momento de aprobarse este Protocolo, ya se encontraren en el sistema de protección sin constancia registral, sean debidamente reseñados policialmente y que por el CNP sean inscritos en el RMENA.
3. El Ministerio Fiscal dictará las instrucciones adecuadas, efectuará los requerimientos y adoptará las medidas pertinentes –en desarrollo de la función encomendada por el artículo 215 REX– para que cualquier resolución o acuerdo dictados por las Entidades públicas de protección de menores sobre los MENA en relación a su situación personal, residencia y traslados o cualquier otro dato relevante, sean debidamente comunicados a las Brigadas Provinciales de Extranjería y Fronteras del CNP para su inscripción en el RMENA.
4. La Comisaría General de Extranjería y Fronteras garantizará que la reseña de menores extranjeros y el cotejo registral pueda realizarse en cualquier dependencia del CNP a la mayor brevedad posible.
5. Los miembros del Ministerio Fiscal tendrán acceso informático libre y directo al RMENA sin limitación horaria alguna para el cumplimiento de la función atribuida por el artículo 35.3 LOEX y 215 REX.
Apartado segundo. Reuniones de seguimiento.
En cada provincia y con una periodicidad mínima semestral, el Ministerio Fiscal convocará una reunión de trabajo dirigida a realizar un seguimiento de las actuaciones relacionadas con la aplicación del presente Protocolo y para velar por la adecuada coordinación interinstitucional. A dicha reunión se convocarán a los mandos policiales competentes, los representantes de las instituciones autonómicas afectadas y la persona que designe el Delegado o Subdelegado del Gobierno correspondiente.
El Acta de dicha reunión será remitida a la Secretaría General de Inmigración y Emigración, que la hará llegar a los representantes de los Ministerios firmantes de este Protocolo.
ANEXO I
ACTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO DE TOMA DE MUESTRAS BIOLÓGICAS PARA IDENTIFICACIÓN EN APLICACIÓN DEL PROTOCOLO MARCO DE DESARROLLO DEL ARTÍCULO 190.2 DEL REGLAMENTO DE EXTRANJERÍA (REAL DECRETO 557/2011, DE 20 DE ABRIL)
En ___________ y en las dependencias de ______________________________sitas en ___________, siendo las _______ horas del día _________, por los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, con carnets profesionales n.º ___________________, que actúan como Instructor y Secretario, respectivamente, afectos a la Brigada de Extranjería y Fronteras de dicha Comisaría, en presencia del intérprete don ____________ con DNI/NIE n.º ________________, se procede a extender la presente Acta para hacer constar los siguientes extremos:
1. FINALIDAD.
Es finalidad de la presente, solicitar de la persona adulta referida en el punto siguiente, en su calidad de acompañante del menor, igualmente referido en dicho apartado, que VOLUNTARIAMENTE PRESTE SU CONSENTIMIENTO, debidamente informado, PARA LA RECOGIDA DE MUESTRAS BIOLÓGICAS de carácter indubitado para realizar un análisis del ADN de las células epiteliales bucales propias y del menor, para la obtención de dato identificativo que acredite la existencia del vínculo biológico, paterno-materno filial dando con ello cumplimiento a las previsiones que sobre la misma se contemplan en el Capítulo IV del Protocolo Marco de desarrollo del artículo 190.2 del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril.
2. PERSONA A LA QUE SE LE OFRECE LA PRESENTE INFORMACIÓN Y DE LA QUE SE SOLICITA SU CONSENTIMIENTO INFORMADO.
El contenido de la presente se informa a quien dice ser: __________________, nacido/a en _________, el día _________, hijo/a de _________ y de _________, nacional de ____________.
El motivo de realizarse esta información a la persona filiada es debido a que ha accedido de forma irregular al territorio español viniendo acompañada de un menor de edad extranjero, del que dice ser su padre/madre biológico, si bien no aporta documento alguno que acredite tal vínculo o parentesco. Dice que la filiación del menor es: __________________, nacido/a en _________, el día _________, hijo/a de _________ y de _________, nacional de ____________.
3. PRUEBA A REALIZAR Y PERSONAS SOBRE LA QUE SE PRACTICARÁ.
La prueba que se realizará, en los interesados, será la de ácido desoxirribonucleico (ADN), para la obtención de perfiles de ADN que sean reveladores exclusivamente de la identidad del sujeto a los fines que establece el apartado 1 de este Acta. Consistirá en FROTIS BUCAL mediante DOS hisopos de algodón.
La recogida de la muestra se realizará respecto del menor, así como del adulto que le acompaña, de quien se solicita el consentimiento. Las muestras biológicas permanecerán custodiadas durante un año en los archivos de las Unidad de Policía Científica del Cuerpo Nacional de Policía, trascurrido este periodo de tiempo se procederá a su destrucción.
4. CONOCIMIENTO DE LA PRESENTE ACTUACIÓN POR LA FISCALÍA.
La presente información así como, caso de otorgarse el consentimiento, la realización de la prueba indicada se ha puesto en conocimiento de la Fiscalía, en documento con registro de salida n.º _______, de fecha __________, a la que, igualmente, se le dará cuenta del resultado de todas las actuaciones practicadas.
5. CONSECUENCIAS DE LA NEGATIVA A OTORGAR EL CONSENTIMIENTO.
Se informa al adulto que si deniega su consentimiento o, incluso, si consentido, con posterioridad, en cualquier momento previo a la práctica de la prueba, revoca tal consentimiento, el Ministerio Fiscal interesará del servicio público de protección de menores que asuma la tutela urgente del menor si de las circunstancias concurrentes se apreciase que dicho menor se encuentra privado de la necesaria asistencia material o moral, así como disponer las demás actuaciones que considere precisas en cumplimiento de la normativa vigente.
6. RESULTADO NEGATIVO DE PATERNIDAD.
El adulto es informado de que en el caso que no quede demostrada fehacientemente la paternidad, se entenderá que no existe el vínculo biológico alegado por el interesado y por el Ministerio Fiscal se adoptarán las medidas previstas en el punto anterior.
CONSENTIMIENTO
El adulto manifiesta que a través de la actuación del intérprete, ha entendido y comprendido todo el contenido de la presente acta, la encuentra conforme y conoce las consecuencias del resultado de la misma y su expresa y libre voluntad es que:
Consiente y confirma que se proceda a la recogida de muestras biológicas de carácter indubitado propias y del menor.
No consiente que se proceda a la recogida de muestras biológicas, ni las propias, ni las del menor.
El adulto firma la presente en unión del intérprete y del Instructor, de lo que como Secretario CERTIFICO.
El Instructor, El Adulto, El Intérprete,
El Secretario,
ANEXO II
ACTA DE RECOGIDA VOLUNTARIA DE MUESTRAS BIOLÓGICAS A MENOR Y ADULTO EN APLICACIÓN DEL PROTOCOLO MARCO DE DESARROLLO DEL ARTÍCULO 190.2 DEL REGLAMENTO DE EXTRANJERÍA (REAL DECRETO 557/2011, DE 20 DE ABRIL)
1. DATOS DE LA ACTUACION.
Funcionario/s actuante/s: carnet profesional n.º: .......................... y n.º .........................
Lugar de toma de muestra biológica:
Fecha y hora:
Precinto: SÍ NO
2. FORMA DE RECOGIDA DE MUESTRAS: FROTIS BUCAL mediante DOS hisopos de algodón.
3. FINALIDAD: para realizar un análisis de ADN a efectos exclusivos de acreditar la existencia del vínculo biológico paterno-materno filial a fin de dar cumplimiento a las previsiones que sobre la misma se contemplan en el Capítulo IV del Protocolo Marco de desarrollo del artículo 190.2 del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril.
4. CONOCIMIENTO DE LA ACTUACIÓN: la realización de la prueba indicada se ha puesto en conocimiento de la Fiscalía, en documento con registro de salida n.º _____________ de fecha___________.
5. DATOS DE LAS PERSONAS SOBRE LAS QUE SE REALIZA LA TOMA.
5.1 DATOS DEL MENOR SOBRE EL QUE SE PRACTICARÁ LA RECOGIDA DE MUESTRAS.
Nombre y apellidos:_________________________________________ ____ nacido en __________________ edad ____________ sexo___________.
5.2 DATOS DEL ADULTO QUE LE ACOMPAÑA Y SOBRE EL QUE SE PRACTICARA LA RECOGIDA DE MUESTRAS.
Nombre y apellidos: _____________________________________ nacido en ________________________ edad _____________ sexo _______________ con documento____________________
Relación de parentesco con el menor (manifiesta) ______________________________ y que ha sido informado en Acta aparte y ha prestado su consentimiento.
Las muestras biológicas permanecerán custodiadas durante un año en el Cuerpo Nacional de Policía, trascurrido este periodo de tiempo se procederá a su destrucción.
El adulto firma la presente en unión del funcionario/s actuante/s CERTIFICO.
Fdo.: Funcionario/s actuante/s, Fdo.: El Adulto,
IMPRESIONES DACTILARES ADULTO
IMPRESIONES DACTILARES MENOR
Índice izquierdo
Índice derecho
Índice izquierdo
Índice derecho
ANEXO III
ACTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO Y AUTORIZADO PARA LA PRACTICA DE PRUEBAS DE DETERMINACIÓN DE LA EDAD
En ___________ y en las dependencias de ______________________________sitas en ___________, siendo las _______ horas del día _________, por los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, con carnets profesionales n.º ___________________, que actúan como Instructor y Secretario, respectivamente, afectos a la Brigada de Extranjería y Fronteras de dicha Comisaría, en presencia del intérprete don ____________ con DNI /NIE n.º ________________, se procede a extender la presente Acta para hacer constar los siguientes extremos:
1.
a) FINALIDAD: Es finalidad de la presente, solicitar de la persona referida en el punto siguiente, que voluntariamente preste su consentimiento, debidamente informado, para llevar a cabo pruebas médicas para determinar la minoría o mayoría de edad de dicha persona.
Si del resultado de las pruebas se desprende que el interesado es menor de edad ingresará en un centro abierto donde se adoptarán las medidas de protección (manutención, formación) adecuadas, no pudiendo ser objeto de expulsión, ni de ingreso en un Centro de Internamiento de Extranjeros.
Si del resultado de las pruebas se desprende que el interesado es mayor de edad, será sometido al régimen ordinario de mayores de edad.
El resultado de las pruebas será interpretado de la manera más favorable para sus intereses. Cuando ofrezca un margen de edad (v. gr, entre 17 y 19 años), se entenderá que el interesado tiene 17 años.
b) TIPO, CARACTERÍSTICAS Y RIESGOS DE LAS PRUEBAS MÉDICAS: Las pruebas médicas se realizarán por personal sanitario especializado y cualificado y será informado sobre estos aspectos por los mismos a los que el interesado podrá hacer todas las preguntas que estime conveniente.
c) CONSECUENCIAS DE LA NEGATIVA A OTORGAR EL CONSENTIMIENTO: Se informa a dicha persona que si deniega su consentimiento o, incluso, si consentido, con posterioridad, en cualquier momento previo a la práctica de la prueba, revoca tal consentimiento, el interesado será llevado a presencia del Ministerio Fiscal que tras recibirle declaración y tomando en consideración todas las circunstancias obrantes en el expediente podrá determinar que se trata de un mayor de edad.
También se le informa que si, en cualquier momento, revoca el consentimiento prestado ante el equipo médico, cesarán o se dejarán sin efecto las pruebas médicas, valorándose del mismo modo que si fuera una negativa.
2. PERSONA A LA QUE SE LE OFRECE LA PRESENTE INFORMACIÓN Y DE LA QUE SE SOLICITA SU CONSENTIMIENTO INFORMADO.
El contenido de la presente se informa a quien dice ser: __________________, nacido/a en _________, el día _________, hijo/a de _________ y de _________, nacional de ____________.
El motivo de realizarse esta información a la persona filiada es debido a que se encuentra en territorio español en situación irregular, manifestando ser menor de edad, sin que aporte documento fehaciente alguno acreditativo de su edad, al estar indocumentado.
3. CONOCIMIENTO DE LA PRESENTE ACTUACIÓN POR LA FISCALÍA.
La presente actuación se ha puesto en conocimiento de la Fiscalía, en documento con registro de salida n.º _______, de fecha __________, a la que, igualmente, se le dará cuenta del resultado de todas las actuaciones practicadas.
CONSENTIMIENTO
La persona filiada tras la lectura del contenido anterior de la presente acta, que se realiza a través de la actuación del intérprete, manifiesta:
1. Que ha sido informado con antelación y de forma satisfactoria por los agentes del Cuerpo Nacional de Policía de la finalidad que se persigue con la realización de la prueba y de las consecuencias que se derivarían de su negativa a practicarla.
2. Que ha leído y comprendido este escrito. Está satisfecho con la información recibida, ha formulado todas las preguntas que ha creído conveniente y le han aclarado todas las dudas planteadas.
Expuestos los anteriores puntos, igualmente manifiesta que la encuentra conforme y conoce las consecuencias del resultado de la misma, y su expresa y libre voluntad es:
Que autoriza y asume, libre y voluntariamente, la práctica de la realización de las pruebas médicas, sin perjuicio de que, tal y como se le ha informado, pueda revocar ante el médico el presente consentimiento.
Que no consiente que se proceda a la práctica de las pruebas médicas.
El interesado firma la presente en unión del intérprete y del Instructor, de lo que como Secretario CERTIFICO.
El Instructor, El interesado, El Intérprete,
El Secretario,
|
Interesante el consentimiento del afectado a las pruebas (al final) Si se niega, el fiscal le puede declarar mayor
|
[
"138",
"104",
"135",
"126"
] |
CONTRATOS_LICITACIONES
|
Ministerio de la Presidencia
|
Interesante el consentimiento del afectado a las pruebas (al final) Si se niega, el fiscal le puede declarar mayor
|
[
"329",
"1705",
"2202",
"2467",
"3528",
"4272",
"4925",
"5010",
"5788"
] | 3,342
|
|
2014-06-14
|
BOE-A-2015-11375
|
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO
|
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<analisis></analisis>
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<p class='parrafo'>Departamento 2.º</p>
<p class='parrafo'>Por el presente se hace público, para dar cumplimiento a lo acordado por la Excma. Sra. Consejera de Cuentas mediante Providencia de fecha 28 de mayo de 2014, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance n.º B-104/14, Entidades Locales (Ayuntamiento de Valderas), León, que en este Tribunal se sigue procedimiento de reintegro por un presunto alcance contable en los fondos del Ayuntamiento de Valderas (León).</p>
<p class='parrafo'>Lo que se hace público con la finalidad de que los legalmente habilitados para el mantenimiento u oposición a la pretensión de responsabilidad contable puedan comparecer en los autos, personándose en forma, dentro del plazo de los nueve días siguientes a la publicación de este edicto.</p>
<p class='parrafo_2'>Madrid, 3 de junio de 2014.- El Secretario, Jaime Vegas Torres.</p>
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|
Sat Jun 14 07:08:48 +0000 2014
|
Departamento 2.º
Por el presente se hace público, para dar cumplimiento a lo acordado por la Excma. Sra. Consejera de Cuentas mediante Providencia de fecha 28 de mayo de 2014, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance n.º B-104/14, Entidades Locales (Ayuntamiento de Valderas), León, que en este Tribunal se sigue procedimiento de reintegro por un presunto alcance contable en los fondos del Ayuntamiento de Valderas (León).
Lo que se hace público con la finalidad de que los legalmente habilitados para el mantenimiento u oposición a la pretensión de responsabilidad contable puedan comparecer en los autos, personándose en forma, dentro del plazo de los nueve días siguientes a la publicación de este edicto.
Madrid, 3 de junio de 2014.- El Secretario, Jaime Vegas Torres.
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El Tribunal de Cuentas investiga al ayuntamiento de Valderas (León) La historia: #BOE
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[] |
CONVOCATORIAS
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TRIBUNAL DE CUENTAS
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El Tribunal de Cuentas investiga al ayuntamiento de Valderas (León).
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[] | 3,344
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2015-10-22
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BOE-A-2019-4209
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Resolución número 4B0/38144/2015, de 8 de octubre, del Instituto Social de las Fuerzas Armadas, por la que se convoca el octavo Certamen de Pintura.
|
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<identificador>BOE-A-2015-11375</identificador>
<titulo>Resolución número 4B0/38144/2015, de 8 de octubre, del Instituto Social de las Fuerzas Armadas, por la que se convoca el octavo Certamen de Pintura.</titulo>
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<referencias>
<anteriores></anteriores>
<posteriores></posteriores>
</referencias>
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<texto>
<p class='parrafo'>La Secretaría General Gerente del Instituto Social de las Fuerzas Armadas ha dispuesto la convocatoria del Octavo Certamen de Pintura del citado Instituto, conforme a las siguientes</p>
<p class='centro_redonda'>
<strong>Bases</strong>
</p>
<p class='articulo'>Primera.</p>
<p class='parrafo'>Podrán concurrir al certamen todos los afiliados, titulares y beneficiarios, del ISFAS, el personal que presta servicio en el citado Instituto y los miembros de su unidad familiar (hijos o cónyuge), así como el personal perteneciente a otras mutualidades de funcionarios (MUFACE Y MUGEJU), tanto titulares como beneficiarios y todo el personal que percibe su nómina a través de los organismos pertenecientes al Ministerio de Defensa (funcionarios o laborales).</p>
<p class='articulo'>Segunda.</p>
<p class='parrafo'>Las obras podrán estar realizadas en cualquier técnica pictórica, pudiendo presentar cada concursante un máximo de dos obras, no premiadas anteriormente en otros certámenes, y con formato no superior a 100 cm por cualquiera de sus lados, siendo libres el tema y la técnica.</p>
<p class='articulo'>Tercera.</p>
<p class='parrafo'>Las obras se presentarán enmarcadas con un listón o junquillo que no supere los 3 cm de ancho, si la obra lo requiere podrá presentarse el lienzo sin enmarcar.</p>
<p class='articulo'>Cuarta.</p>
<p class='parrafo'>El certamen está dotado con un fondo de 20.000 euros (susceptible de ampliación si la calidad lo requiere), destinado a la adquisición de obras entre las seleccionadas por el Jurado nombrado al efecto, por orden de selección, y conforme al precio previamente establecido por sus autores, las cuales quedarán en propiedad del Instituto, incluso para su reproducción, entendiéndose la dotación como premio por la compra de las obras.</p>
<p class='parrafo'>De la cantidad mencionada con anterioridad, 7.000 euros serán destinados a adquisición de obras de artistas pertenecientes a las otras mutualidades o al personal de Defensa, si procede.</p>
<p class='parrafo_2'>Los premios no podrán declararse desiertos.</p>
<p class='articulo'>Quinta.</p>
<p class='parrafo'>El plazo de admisión de las obras finalizará el 28 de abril de 2016, efectuándose la entrega en la sede del ISFAS, calle Huesca, 31, 28020 Madrid, recayendo el fallo del Jurado durante la primera quincena de mayo de dicho año.</p>
<p class='articulo'>Sexta.</p>
<p class='parrafo'>Las obras se presentarán sin la firma del autor/a y acompañadas de fotografía de la obra presentada en la que figure su título, técnica empleada, medidas y el lema elegido por el autor.</p>
<p class='parrafo'>Asimismo, se entregará un sobre aparte (plica) cerrado y precintado, en cuyo interior se especificarán el título de la obra y un breve resumen explicativo de la misma y su valoración, así como los datos de identificación del autor/a: nombre y apellidos, domicilio, localidad, teléfono, número de identificación fiscal y documento acreditativo de su vinculación con ISFAS, MUFACE, MUGEJU o Ministerio de Defensa.</p>
<p class='articulo'>Séptima.</p>
<p class='parrafo'>Las obras podrán ser entregadas personalmente o enviadas a través de una empresa de transporte, cuyos gastos correrán por cuenta y riesgo del autor/a, tanto en su entrega como en su recogida. El Instituto no se hará responsable del posible deterioro surgido en el transporte, ni de la integridad de las obras en caso de daños, aunque velará, con el mayor celo, por su protección y conservación.</p>
<p class='articulo'>Octava.</p>
<p class='parrafo'>El Jurado estará compuesto por los siguientes miembros:</p>
<p class='parrafo_2'>Presidente: La Subsecretaria del Ministerio de Defensa, que podrá ser suplida por la Secretaria General Gerente del ISFAS.</p>
<p class='parrafo'>Vicepresidente: La Secretaria General Gerente del ISFAS.</p>
<p class='parrafo'>Vocales: Un representante de cada uno de los tres Ejércitos y de la Guardia Civil, nombrados por el Ministerio de Defensa, dos vocales designados por la Secretaria General Gerente del ISFAS, entre personalidades de acreditada solvencia en el mundo de las Bellas Artes, y un representante de la entidad patrocinadora.</p>
<p class='parrafo'>Secretario: Que se designará por la Gerencia del Instituto, tendrá voz pero no voto.</p>
<p class='parrafo_2'>En los acuerdos del Jurado, en caso de empate, decidirá el voto de calidad del Presidente. El fallo del Jurado será inapelable y se hará público en la página web del ISFAS.</p>
<p class='articulo'>Novena.</p>
<p class='parrafo'>De entre todas las obras presentadas se hará una selección de obras para exposición. Las obras seleccionadas, entre las que se encontrarán las premiadas, se expondrán en el lugar y fecha que oportunamente se señalen y que se anunciará en la página web del ISFAS.</p>
<p class='articulo'>Décima.</p>
<p class='parrafo'>Las obras no seleccionadas podrán ser retiradas a partir del séptimo día, a contar desde que se haga público en la página web del ISFAS el fallo del Jurado, en el lugar de entrega, en días laborables y en horario de 9 a 14 horas, por sus propietarios o personas autorizadas. Las obras seleccionadas podrán ser retiradas, una semana después de finalizar el plazo de exposición. Todas aquellas obras que no hayan sido retiradas pasado el plazo de un mes a contar desde la finalización de la exposición, se entenderá que el autor/a o, en su caso, presentador de la obra, renuncia a cualquier derecho sobre la misma a favor del Instituto Social de las Fuerzas Armadas, que podrá disponer de las obras con absoluta libertad.</p>
<p class='articulo'>Undécima.</p>
<p class='parrafo'>Las obras premiadas pasarán a ser propiedad del ISFAS, que las incorporará a su patrimonio, adquiriendo los derechos de propiedad intelectual sobre las mismas a los autores de dichas obras. Así mismo, todas aquellas obras que sean seleccionadas para la exposición podrán ser reproducidas fotográficamente o en cualquier soporte, tanto total como parcialmente, sin ningún tipo de compensación económica.</p>
<p class='articulo'>Duodécima.</p>
<p class='parrafo'>La participación en este certamen implica la total aceptación de las presentes bases y la renuncia a cualquier reclamación legal. El Instituto Social de las Fuerzas Armadas se reserva el derecho de hacer modificaciones o interpretaciones de estas bases, siempre que contribuyan a mejorar el desarrollo del certamen.</p>
<p class='parrafo_2'>Madrid, 8 de octubre de 2015.–La Secretaria General Gerente del Instituto Social de las Fuerzas Armadas, M.ª Soledad Álvarez de Miranda Delgado.</p>
</texto>
</documento>
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Thu Oct 22 06:39:57 +0000 2015
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La Secretaría General Gerente del Instituto Social de las Fuerzas Armadas ha dispuesto la convocatoria del Octavo Certamen de Pintura del citado Instituto, conforme a las siguientes
Bases
Primera.
Podrán concurrir al certamen todos los afiliados, titulares y beneficiarios, del ISFAS, el personal que presta servicio en el citado Instituto y los miembros de su unidad familiar (hijos o cónyuge), así como el personal perteneciente a otras mutualidades de funcionarios (MUFACE Y MUGEJU), tanto titulares como beneficiarios y todo el personal que percibe su nómina a través de los organismos pertenecientes al Ministerio de Defensa (funcionarios o laborales).
Segunda.
Las obras podrán estar realizadas en cualquier técnica pictórica, pudiendo presentar cada concursante un máximo de dos obras, no premiadas anteriormente en otros certámenes, y con formato no superior a 100 cm por cualquiera de sus lados, siendo libres el tema y la técnica.
Tercera.
Las obras se presentarán enmarcadas con un listón o junquillo que no supere los 3 cm de ancho, si la obra lo requiere podrá presentarse el lienzo sin enmarcar.
Cuarta.
El certamen está dotado con un fondo de 20.000 euros (susceptible de ampliación si la calidad lo requiere), destinado a la adquisición de obras entre las seleccionadas por el Jurado nombrado al efecto, por orden de selección, y conforme al precio previamente establecido por sus autores, las cuales quedarán en propiedad del Instituto, incluso para su reproducción, entendiéndose la dotación como premio por la compra de las obras.
De la cantidad mencionada con anterioridad, 7.000 euros serán destinados a adquisición de obras de artistas pertenecientes a las otras mutualidades o al personal de Defensa, si procede.
Los premios no podrán declararse desiertos.
Quinta.
El plazo de admisión de las obras finalizará el 28 de abril de 2016, efectuándose la entrega en la sede del ISFAS, calle Huesca, 31, 28020 Madrid, recayendo el fallo del Jurado durante la primera quincena de mayo de dicho año.
Sexta.
Las obras se presentarán sin la firma del autor/a y acompañadas de fotografía de la obra presentada en la que figure su título, técnica empleada, medidas y el lema elegido por el autor.
Asimismo, se entregará un sobre aparte (plica) cerrado y precintado, en cuyo interior se especificarán el título de la obra y un breve resumen explicativo de la misma y su valoración, así como los datos de identificación del autor/a: nombre y apellidos, domicilio, localidad, teléfono, número de identificación fiscal y documento acreditativo de su vinculación con ISFAS, MUFACE, MUGEJU o Ministerio de Defensa.
Séptima.
Las obras podrán ser entregadas personalmente o enviadas a través de una empresa de transporte, cuyos gastos correrán por cuenta y riesgo del autor/a, tanto en su entrega como en su recogida. El Instituto no se hará responsable del posible deterioro surgido en el transporte, ni de la integridad de las obras en caso de daños, aunque velará, con el mayor celo, por su protección y conservación.
Octava.
El Jurado estará compuesto por los siguientes miembros:
Presidente: La Subsecretaria del Ministerio de Defensa, que podrá ser suplida por la Secretaria General Gerente del ISFAS.
Vicepresidente: La Secretaria General Gerente del ISFAS.
Vocales: Un representante de cada uno de los tres Ejércitos y de la Guardia Civil, nombrados por el Ministerio de Defensa, dos vocales designados por la Secretaria General Gerente del ISFAS, entre personalidades de acreditada solvencia en el mundo de las Bellas Artes, y un representante de la entidad patrocinadora.
Secretario: Que se designará por la Gerencia del Instituto, tendrá voz pero no voto.
En los acuerdos del Jurado, en caso de empate, decidirá el voto de calidad del Presidente. El fallo del Jurado será inapelable y se hará público en la página web del ISFAS.
Novena.
De entre todas las obras presentadas se hará una selección de obras para exposición. Las obras seleccionadas, entre las que se encontrarán las premiadas, se expondrán en el lugar y fecha que oportunamente se señalen y que se anunciará en la página web del ISFAS.
Décima.
Las obras no seleccionadas podrán ser retiradas a partir del séptimo día, a contar desde que se haga público en la página web del ISFAS el fallo del Jurado, en el lugar de entrega, en días laborables y en horario de 9 a 14 horas, por sus propietarios o personas autorizadas. Las obras seleccionadas podrán ser retiradas, una semana después de finalizar el plazo de exposición. Todas aquellas obras que no hayan sido retiradas pasado el plazo de un mes a contar desde la finalización de la exposición, se entenderá que el autor/a o, en su caso, presentador de la obra, renuncia a cualquier derecho sobre la misma a favor del Instituto Social de las Fuerzas Armadas, que podrá disponer de las obras con absoluta libertad.
Undécima.
Las obras premiadas pasarán a ser propiedad del ISFAS, que las incorporará a su patrimonio, adquiriendo los derechos de propiedad intelectual sobre las mismas a los autores de dichas obras. Así mismo, todas aquellas obras que sean seleccionadas para la exposición podrán ser reproducidas fotográficamente o en cualquier soporte, tanto total como parcialmente, sin ningún tipo de compensación económica.
Duodécima.
La participación en este certamen implica la total aceptación de las presentes bases y la renuncia a cualquier reclamación legal. El Instituto Social de las Fuerzas Armadas se reserva el derecho de hacer modificaciones o interpretaciones de estas bases, siempre que contribuyan a mejorar el desarrollo del certamen.
Madrid, 8 de octubre de 2015.–La Secretaria General Gerente del Instituto Social de las Fuerzas Armadas, M.ª Soledad Álvarez de Miranda Delgado.
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Concurso de pintura para miembros de Fuerzas Armadas y sus familias. Comprarán los mejores cuadros por 20.000€ #BOE
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OTROS_ANUNCIOS
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Ministerio de Defensa
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Concurso de pintura para miembros de Fuerzas Armadas y sus familias. Comprarán los mejores cuadros por 20.000 euros.
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2019-03-22
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BOE-A-2014-4483
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Resolución de 15 de marzo de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica la revocación de la declaración de utilidad pública de diversas asociaciones.
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<texto>
<p class='parrafo'>En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 35.4 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, y en el artículo 7.7 del Real Decreto 1740/2003, de 19 de diciembre, sobre procedimientos relativos a asociaciones de utilidad pública, se acuerda publicar en el «Boletín Oficial del Estado» la revocación de la declaración de utilidad pública de las siguientes entidades:</p>
<p class='parrafo_2'>Asociaciones inscritas en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior:</p>
<table class='tabla'>
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<p class='parrafo_2'>Madrid, 15 de marzo de 2019.–El Secretario General Técnico, Juan Antonio Puigserver Martínez.</p>
</texto>
</documento>
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Fri Mar 22 08:19:00 +0000 2019
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En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 35.4 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, y en el artículo 7.7 del Real Decreto 1740/2003, de 19 de diciembre, sobre procedimientos relativos a asociaciones de utilidad pública, se acuerda publicar en el «Boletín Oficial del Estado» la revocación de la declaración de utilidad pública de las siguientes entidades:
Asociaciones inscritas en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior:
Denominación
Sección
N.º Reg. Nal.
Fecha de revocación de la utilidad pública
AEAL Asociación Española de Afectados por Linfoma, Mieloma y Leucemia.
1
169756
29/01/2019
Asociación Hazteoir.org.
1
167805
04/02/2019
Madrid, 15 de marzo de 2019.–El Secretario General Técnico, Juan Antonio Puigserver Martínez.
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[que no se me note la alegría, que no se me note, disimula] Llega al #BOE la revocación de la declaración de asociación de utilidad pública de Hazteoir #BOE Aplica desde el 4 de febrero
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DECRETO_LEY
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Ministerio del Interior
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Llega al BOE la revocación de la declaración de asociación de utilidad pública de Hazteoir. Aplica desde el 4 de febrero.
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[] | 3,346
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2014-04-26
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MODIFICA
los arts. 1, 3, 4 y 5 del Real Decreto 1799/2003, de 26 de diciembre
DE CONFORMIDAD con
la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio
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BOE-B-2017-3930
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Real Decreto 288/2014, de 25 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 1799/2003, de 26 de diciembre, por el que se regula el contenido de las listas electorales y de las copias del censo electoral.
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<identificador>BOE-A-2014-4483</identificador>
<titulo>Real Decreto 288/2014, de 25 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 1799/2003, de 26 de diciembre, por el que se regula el contenido de las listas electorales y de las copias del censo electoral.</titulo>
<diario codigo='BOE'>Boletín Oficial del Estado</diario>
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<seccion>1</seccion>
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<departamento codigo='7710'>Ministerio de la Presidencia</departamento>
<rango codigo='1340'>Real Decreto</rango>
<numero_oficial>288/2014</numero_oficial>
<fecha_disposicion>20140425</fecha_disposicion>
<fecha_publicacion>20140426</fecha_publicacion>
<fecha_vigencia>20140427</fecha_vigencia>
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<eli:title rdf:datatype='http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string'>Real decreto 288/2014, do 25 de abril, polo que se modifica o Real decreto 1799/2003, do 26 de decembro, polo que se regula o contido das listas electorais e das copias do censo electoral.</eli:title>
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<texto>la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio</texto>
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<texto>
<p class='parrafo'>El Real Decreto 1799/2003, de 26 de diciembre, por el que se regula el contenido de las listas electorales y de las copias del censo electoral, determina el procedimiento de consulta del censo electoral para rectificación en período electoral, los datos disponibles para la consulta, el contenido de las listas de votación y los datos de los electores a incluir en las copias del censo electoral que se entregan a las candidaturas.</p>
<p class='parrafo'>La referencia a listas y copias que se regulan debe entenderse impresas o en formato fichero, como viene haciéndose habitualmente en las mesas administradas electrónicamente desde las elecciones al Parlamento Europeo de 2009 y en las listas del censo de residentes-ausentes para el escrutinio desde las elecciones autonómicas de 2005.</p>
<p class='parrafo'>Los cambios introducidos en los artículos 2.3, 41.5, 75.1 y 75.3 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, por parte de las leyes orgánicas 2/2011 y 3/2011, ambas de 28 de enero, afectan a los artículos 3, 4 y 5 del Real Decreto 1799/2003, de 26 de diciembre, haciendo necesario eliminar la referencia a las listas de votación de los españoles residentes en el extranjero en las elecciones municipales y locales, incluir en las listas de los españoles residentes en el extranjero el indicador de haber solicitado el voto y establecer un plazo de entrega de la copia del censo de los electores residentes en el extranjero a las candidaturas que permita incorporar la mayor información de las solicitudes de voto tramitadas hasta el momento de la entrega.</p>
<p class='parrafo'>Por otro lado, el artículo 33 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, establece que el censo electoral se ordena por secciones electorales en tanto que el artículo 23 establece que el electorado de la sección se distribuye por Mesas constituidas con criterios alfabéticos y/o geográficos.</p>
<p class='parrafo'>En la redacción del artículo 3.1 del Real Decreto 1799/2003, de 26 de diciembre, se regula que en los locales electorales se dispondrá de dos ejemplares de listas de votación, uno para uso de la mesa y otro para la exposición pública en el local.</p>
<p class='parrafo'>En su momento, la exposición pública de las listas de votación en el local electoral resultaba útil para la localización de las mesas por los electores que tenían errores en sus datos de inscripción, pero que con las mejoras continuas introducidas en la gestión del censo electoral ahora se puede considerar innecesaria.</p>
<p class='parrafo'>Además de las listas de votación, en los locales electorales se exponen las listas con el callejero de la sección y el rango de iniciales del primer apellido de los electores que contiene cada mesa electoral, a los efectos de que estos puedan conocer la sección y la mesa electoral que les corresponde a partir del domicilio y de la inicial de su primer apellido.</p>
<p class='parrafo'>Entendiendo que con la exposición pública del callejero y del rango de iniciales del primer apellido se facilita suficientemente la identificación de las mesas electorales, a la vez que se contribuye a mejorar la protección de los datos de carácter personal de los electores, se elimina la exposición pública de las listas de votación que se viene realizando.</p>
<p class='parrafo'>Finalmente, se establece la posibilidad de incorporar los indicadores de voto por correo en las listas de votación o en listas complementarias.</p>
<p class='parrafo'>Este real decreto ha sido informado favorablemente por la Junta Electoral Central en su sesión de 12 de diciembre de 2013.</p>
<p class='parrafo'>En su virtud, a propuesta de los Ministros de Economía y Competitividad, de Asuntos Exteriores y de Cooperación y del Interior, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 25 de abril de 2014,</p>
<p class='centro_redonda'>DISPONGO:</p>
<p class='articulo'>Artículo único. Modificación del Real Decreto 1799/2003, de 26 de diciembre, por el que se regula el contenido de las listas electorales y de las copias del censo electoral.</p>
<p class='parrafo'>El Real Decreto 1799/2003, de 26 de diciembre, por el que se regula el contenido de las listas electorales y de las copias del censo electoral, queda modificado como sigue:</p>
<p class='parrafo_2'>Uno. Los apartados 1 y 2 del artículo 1 quedan redactados del siguiente modo:</p>
<p class='sangrado_2'>«1. La identificación de los interesados en la consulta informática de las listas electorales, ante el empleado del ayuntamiento o de la oficina consular o sección consular, se realizará mediante los mismos documentos mencionados en el artículo 85 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio: documento nacional de identidad, pasaporte o permiso de conducir, en el que aparezca la fotografía del titular o, además, tratándose de nacionales de otros Estados con derecho a voto en las elecciones municipales o al Parlamento Europeo, con la tarjeta de residencia o mediante un documento de identidad o pasaporte expedido por las autoridades del país de nacionalidad.</p>
<p class='sangrado'>2. Los ayuntamientos dispondrán de información de los electores, con el siguiente desglose:</p>
<p class='sangrado_2'>a) Españoles residentes en el municipio.</p>
<p class='sangrado'>b) Españoles residentes en el extranjero inscritos a efectos electorales en el municipio.</p>
<p class='sangrado'>c) Nacionales de otros Estados residentes en el municipio, con derecho a voto en las elecciones municipales o al Parlamento Europeo.»</p>
<p class='parrafo_2'>Dos. Los apartados 1, 2 y 3 del artículo 3, quedan redactados del siguiente modo:</p>
<p class='sangrado_2'>«1. En los locales electorales se dispondrá de dos listas por cada mesa electoral, una con el callejero de la sección electoral a la que pertenece y el rango alfabético de iniciales del primer apellido de los electores que contiene, para su exposición pública y la otra, con los electores de las listas de votación, para uso de la mesa.</p>
<p class='sangrado'>2. Los electores incluidos en la lista de votación de la mesa electoral estarán ordenados alfabéticamente por apellidos y nombre. En las elecciones locales y al Parlamento Europeo, las listas de españoles y de nacionales de otros Estados residentes en el municipio se obtendrán separadamente.</p>
<p class='sangrado'>3. Las listas de votación de los españoles residentes-ausentes que viven en el extranjero para el escrutinio por la Junta Electoral competente estarán ordenadas alfabéticamente por apellidos y nombre, incluyendo a todos los electores residentes en el extranjero inscritos en su ámbito con la información de los que han solicitado el voto en el plazo establecido, hasta el vigésimo quinto día después de la convocatoria y a los que las Delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo Electoral les hayan remitido la documentación para el voto hasta el tercer día anterior al de la votación. La lista del censo de los electores-ausentes que viven en el extranjero se pondrá a disposición de la Junta Electoral competente antes de que se constituya en mesa electoral para realizar el escrutinio de los votos recibidos.»</p>
<p class='parrafo_2'>Tres. Se modifica el apartado 2 del artículo 4 y se añade un nuevo apartado 4 en el mismo artículo, que quedan redactados del siguiente modo:</p>
<p class='sangrado_2'>«2. Las listas de los españoles residentes-ausentes que viven en el extranjero incluirán los siguientes datos:</p>
<p class='sangrado_2'>a) Número de orden.</p>
<p class='sangrado'>b) Indicador de haber solicitado el voto.</p>
<p class='sangrado'>c) Apellidos y nombre.</p>
<p class='sangrado'>d) Fecha de nacimiento: día, mes y año.</p>
<p class='sangrado'>e) País de residencia.</p>
<p class='sangrado_2'>4. El dato del indicador de voto por correo a que se refieren los apartados 1 y 3 se podrá incluir en listas complementarias.»</p>
<p class='parrafo_2'>Cuatro. El artículo 5 queda redactado del siguiente modo:</p>
<p class='sangrado_articulo'>«Artículo 5. Copias del censo electoral.</p>
<p class='sangrado'>1. Las copias del censo electoral que se faciliten en virtud de lo dispuesto en el artículo 41, apartados 4 y 5, de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, contendrán a los electores ordenados de igual forma que en las listas de votación, con las exclusiones que correspondan por la aplicación del artículo 6 de este real decreto.</p>
<p class='sangrado'>2. Las entregas a los representantes de las candidaturas de las copias del censo de residentes en España se realizarán entre los días vigésimo octavo y vigésimo noveno posteriores a la convocatoria y las del censo de electores residentes-ausentes que viven en el extranjero, entre los días trigésimo quinto y trigésimo sexto después de la convocatoria, con la información de las solicitudes de voto disponible hasta el trigésimo cuarto día posterior a la convocatoria.</p>
<p class='sangrado'>3. Los datos de cada elector serán los siguientes:</p>
<p class='sangrado_2'>3.1 Electores residentes en España (españoles y nacionales de otros Estados con derecho de voto en España).</p>
<p class='sangrado_2'>a) Número de orden.</p>
<p class='sangrado'>b) Apellidos y nombre.</p>
<p class='sangrado'>c) Provincia y municipio de residencia.</p>
<p class='sangrado'>d) Distrito, sección y mesa electoral.</p>
<p class='sangrado'>e) Domicilio.</p>
<p class='sangrado'>f) Fecha de nacimiento: día, mes y año.</p>
<p class='sangrado'>g) País de nacionalidad, para los electores nacionales de otros Estados.</p>
<p class='sangrado_2'>3.2 Electores residentes-ausentes que viven en el extranjero:</p>
<p class='sangrado_2'>a) Número de orden.</p>
<p class='sangrado'>b) Indicador de haber solicitado el voto.</p>
<p class='sangrado'>c) Apellidos y nombre.</p>
<p class='sangrado'>d) Provincia y municipio de inscripción a efectos electorales.</p>
<p class='sangrado'>e) Domicilio.</p>
<p class='sangrado'>f) País de residencia.</p>
<p class='sangrado'>g) Fecha de nacimiento: día, mes y año.</p>
<p class='sangrado_2'>4. En las copias para las Juntas Electorales de Zona se incluirá el número del identificador personal: Documento Nacional de Identidad, pasaporte o inscripción en el Registro Central de Extranjeros.»</p>
<p class='articulo'>Disposición final única. Entrada en vigor.</p>
<p class='parrafo'>El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».</p>
<p class='parrafo_2'>Dado en Madrid, el 25 de abril de 2014.</p>
<p class='firma_rey'>JUAN CARLOS R.</p>
<p class='firma_ministro'>La Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia,</p>
<p class='firma_ministro'>SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN</p>
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</documento>
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Sat Apr 26 07:04:11 +0000 2014
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El Real Decreto 1799/2003, de 26 de diciembre, por el que se regula el contenido de las listas electorales y de las copias del censo electoral, determina el procedimiento de consulta del censo electoral para rectificación en período electoral, los datos disponibles para la consulta, el contenido de las listas de votación y los datos de los electores a incluir en las copias del censo electoral que se entregan a las candidaturas.
La referencia a listas y copias que se regulan debe entenderse impresas o en formato fichero, como viene haciéndose habitualmente en las mesas administradas electrónicamente desde las elecciones al Parlamento Europeo de 2009 y en las listas del censo de residentes-ausentes para el escrutinio desde las elecciones autonómicas de 2005.
Los cambios introducidos en los artículos 2.3, 41.5, 75.1 y 75.3 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, por parte de las leyes orgánicas 2/2011 y 3/2011, ambas de 28 de enero, afectan a los artículos 3, 4 y 5 del Real Decreto 1799/2003, de 26 de diciembre, haciendo necesario eliminar la referencia a las listas de votación de los españoles residentes en el extranjero en las elecciones municipales y locales, incluir en las listas de los españoles residentes en el extranjero el indicador de haber solicitado el voto y establecer un plazo de entrega de la copia del censo de los electores residentes en el extranjero a las candidaturas que permita incorporar la mayor información de las solicitudes de voto tramitadas hasta el momento de la entrega.
Por otro lado, el artículo 33 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, establece que el censo electoral se ordena por secciones electorales en tanto que el artículo 23 establece que el electorado de la sección se distribuye por Mesas constituidas con criterios alfabéticos y/o geográficos.
En la redacción del artículo 3.1 del Real Decreto 1799/2003, de 26 de diciembre, se regula que en los locales electorales se dispondrá de dos ejemplares de listas de votación, uno para uso de la mesa y otro para la exposición pública en el local.
En su momento, la exposición pública de las listas de votación en el local electoral resultaba útil para la localización de las mesas por los electores que tenían errores en sus datos de inscripción, pero que con las mejoras continuas introducidas en la gestión del censo electoral ahora se puede considerar innecesaria.
Además de las listas de votación, en los locales electorales se exponen las listas con el callejero de la sección y el rango de iniciales del primer apellido de los electores que contiene cada mesa electoral, a los efectos de que estos puedan conocer la sección y la mesa electoral que les corresponde a partir del domicilio y de la inicial de su primer apellido.
Entendiendo que con la exposición pública del callejero y del rango de iniciales del primer apellido se facilita suficientemente la identificación de las mesas electorales, a la vez que se contribuye a mejorar la protección de los datos de carácter personal de los electores, se elimina la exposición pública de las listas de votación que se viene realizando.
Finalmente, se establece la posibilidad de incorporar los indicadores de voto por correo en las listas de votación o en listas complementarias.
Este real decreto ha sido informado favorablemente por la Junta Electoral Central en su sesión de 12 de diciembre de 2013.
En su virtud, a propuesta de los Ministros de Economía y Competitividad, de Asuntos Exteriores y de Cooperación y del Interior, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 25 de abril de 2014,
DISPONGO:
Artículo único. Modificación del Real Decreto 1799/2003, de 26 de diciembre, por el que se regula el contenido de las listas electorales y de las copias del censo electoral.
El Real Decreto 1799/2003, de 26 de diciembre, por el que se regula el contenido de las listas electorales y de las copias del censo electoral, queda modificado como sigue:
Uno. Los apartados 1 y 2 del artículo 1 quedan redactados del siguiente modo:
«1. La identificación de los interesados en la consulta informática de las listas electorales, ante el empleado del ayuntamiento o de la oficina consular o sección consular, se realizará mediante los mismos documentos mencionados en el artículo 85 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio: documento nacional de identidad, pasaporte o permiso de conducir, en el que aparezca la fotografía del titular o, además, tratándose de nacionales de otros Estados con derecho a voto en las elecciones municipales o al Parlamento Europeo, con la tarjeta de residencia o mediante un documento de identidad o pasaporte expedido por las autoridades del país de nacionalidad.
2. Los ayuntamientos dispondrán de información de los electores, con el siguiente desglose:
a) Españoles residentes en el municipio.
b) Españoles residentes en el extranjero inscritos a efectos electorales en el municipio.
c) Nacionales de otros Estados residentes en el municipio, con derecho a voto en las elecciones municipales o al Parlamento Europeo.»
Dos. Los apartados 1, 2 y 3 del artículo 3, quedan redactados del siguiente modo:
«1. En los locales electorales se dispondrá de dos listas por cada mesa electoral, una con el callejero de la sección electoral a la que pertenece y el rango alfabético de iniciales del primer apellido de los electores que contiene, para su exposición pública y la otra, con los electores de las listas de votación, para uso de la mesa.
2. Los electores incluidos en la lista de votación de la mesa electoral estarán ordenados alfabéticamente por apellidos y nombre. En las elecciones locales y al Parlamento Europeo, las listas de españoles y de nacionales de otros Estados residentes en el municipio se obtendrán separadamente.
3. Las listas de votación de los españoles residentes-ausentes que viven en el extranjero para el escrutinio por la Junta Electoral competente estarán ordenadas alfabéticamente por apellidos y nombre, incluyendo a todos los electores residentes en el extranjero inscritos en su ámbito con la información de los que han solicitado el voto en el plazo establecido, hasta el vigésimo quinto día después de la convocatoria y a los que las Delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo Electoral les hayan remitido la documentación para el voto hasta el tercer día anterior al de la votación. La lista del censo de los electores-ausentes que viven en el extranjero se pondrá a disposición de la Junta Electoral competente antes de que se constituya en mesa electoral para realizar el escrutinio de los votos recibidos.»
Tres. Se modifica el apartado 2 del artículo 4 y se añade un nuevo apartado 4 en el mismo artículo, que quedan redactados del siguiente modo:
«2. Las listas de los españoles residentes-ausentes que viven en el extranjero incluirán los siguientes datos:
a) Número de orden.
b) Indicador de haber solicitado el voto.
c) Apellidos y nombre.
d) Fecha de nacimiento: día, mes y año.
e) País de residencia.
4. El dato del indicador de voto por correo a que se refieren los apartados 1 y 3 se podrá incluir en listas complementarias.»
Cuatro. El artículo 5 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 5. Copias del censo electoral.
1. Las copias del censo electoral que se faciliten en virtud de lo dispuesto en el artículo 41, apartados 4 y 5, de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, contendrán a los electores ordenados de igual forma que en las listas de votación, con las exclusiones que correspondan por la aplicación del artículo 6 de este real decreto.
2. Las entregas a los representantes de las candidaturas de las copias del censo de residentes en España se realizarán entre los días vigésimo octavo y vigésimo noveno posteriores a la convocatoria y las del censo de electores residentes-ausentes que viven en el extranjero, entre los días trigésimo quinto y trigésimo sexto después de la convocatoria, con la información de las solicitudes de voto disponible hasta el trigésimo cuarto día posterior a la convocatoria.
3. Los datos de cada elector serán los siguientes:
3.1 Electores residentes en España (españoles y nacionales de otros Estados con derecho de voto en España).
a) Número de orden.
b) Apellidos y nombre.
c) Provincia y municipio de residencia.
d) Distrito, sección y mesa electoral.
e) Domicilio.
f) Fecha de nacimiento: día, mes y año.
g) País de nacionalidad, para los electores nacionales de otros Estados.
3.2 Electores residentes-ausentes que viven en el extranjero:
a) Número de orden.
b) Indicador de haber solicitado el voto.
c) Apellidos y nombre.
d) Provincia y municipio de inscripción a efectos electorales.
e) Domicilio.
f) País de residencia.
g) Fecha de nacimiento: día, mes y año.
4. En las copias para las Juntas Electorales de Zona se incluirá el número del identificador personal: Documento Nacional de Identidad, pasaporte o inscripción en el Registro Central de Extranjeros.»
Disposición final única. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 25 de abril de 2014.
JUAN CARLOS R.
La Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia,
SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN
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En el #BOE, el decreto que elimina las listas electorales para localizar mesa con nombres completos y deja iniciales
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[
"111"
] |
ERRORES_MODIFICACIONES_BOE
|
Ministerio de la Presidencia
|
Decreto que elimina las listas electorales para localizar mesa con nombres completos y deja iniciales.
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[
"421",
"683",
"3135",
"5216"
] | 3,347
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2017-01-23
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BOE-A-2017-10951
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Extracto de la Resolución de 17 de enero de 2017, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se corrigen errores en la Resolución de 21 de diciembre de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades por la que se convocan ayudas para contratos predoctorales del Programa 'Salvador de Madariaga' en el Instituto Universitario Europeo de los subprogramas de Formación y de Movilidad incluidos en el Programa Estatal
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<p class='parrafo'>BDNS(Identif.):326570</p>
<p class='parrafo'>Advertidos errores en la Resolución de 21 de diciembre de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, (extracto publicado en el BOE 17 de enero de 2017) por la que se convocan ayudas para contratos predoctorales del Programa 'Salvador de Madariaga' en el Instituto Universitario Europeo de los subprogramas de Formación y de Movilidad incluidos en el Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016, se trascriben a continuación las oportunas correcciones:</p>
<p class='parrafo'>En el artículo 19 donde dice:</p>
<p class='parrafo'>'3. El plazo de presentación de solicitudes será del 30 de diciembre de 2016 al 31 de enero de 2017, a las 14,00 horas (horario peninsular), ambos inclusive.'</p>
<p class='parrafo'>Debe decir:</p>
<p class='parrafo'>'3. El plazo de presentación de solicitudes será del 19 de enero al 20 de febrero 2017, a las 14,00 horas (horario peninsular), ambos inclusive.'</p>
<p class='parrafo_2'>Madrid, 17 de enero de 2017.- El Secretario de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades (Orden ECD/1721/2016), Marcial Marín Hellín.</p>
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Mon Jan 23 08:35:51 +0000 2017
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BDNS(Identif.):326570
Advertidos errores en la Resolución de 21 de diciembre de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, (extracto publicado en el BOE 17 de enero de 2017) por la que se convocan ayudas para contratos predoctorales del Programa 'Salvador de Madariaga' en el Instituto Universitario Europeo de los subprogramas de Formación y de Movilidad incluidos en el Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016, se trascriben a continuación las oportunas correcciones:
En el artículo 19 donde dice:
'3. El plazo de presentación de solicitudes será del 30 de diciembre de 2016 al 31 de enero de 2017, a las 14,00 horas (horario peninsular), ambos inclusive.'
Debe decir:
'3. El plazo de presentación de solicitudes será del 19 de enero al 20 de febrero 2017, a las 14,00 horas (horario peninsular), ambos inclusive.'
Madrid, 17 de enero de 2017.- El Secretario de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades (Orden ECD/1721/2016), Marcial Marín Hellín.
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Corrección errores en plazos (empezaba el 19) para complementarias y SalvadorMadariaga #BOE
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[] |
CONVENIOS
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Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
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Corrección errores en plazos (empezaba el 19) para complementarias y convocatoria de ayudas del programa "Salvador Madariaga".
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[] | 3,348
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2017-09-26
|
DE CONFORMIDAD con
el art. 90.2 y 3 de la ley del Estatuto de los Trabajadores, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre
DE CONFORMIDAD con
el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo
EN RELACIÓN con
el convenio publicado por Resolución de 28 de febrero de 2012
|
BOE-B-2013-146
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Resolución de 21 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo general del sector de la construcción.
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<identificador>BOE-A-2017-10951</identificador>
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<eli:title rdf:datatype='http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string'>Resolución de 21 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo general del sector de la construcción.</eli:title>
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<analisis>
<notas>
<nota codigo='36' orden='315'>Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2017 y, en la forma indicada, hasta el 31 de diciembre de 2021.</nota>
</notas>
<materias>
<materia codigo='270' orden=''>Arbitraje laboral</materia>
<materia codigo='1364' orden=''>Conflictos colectivos de trabajo</materia>
<materia codigo='1617' orden=''>Construcciones</materia>
<materia codigo='1684' orden=''>Convenios colectivos</materia>
<materia codigo='3805' orden=''>Formación profesional</materia>
<materia codigo='4147' orden=''>Industria de la construcción</materia>
</materias>
<alertas></alertas>
<referencias>
<anteriores>
<anterior orden='3060' referencia='BOE-A-2015-11430'>
<palabra codigo='440'>DE CONFORMIDAD con</palabra>
<texto>el art. 90.2 y 3 de la ley del Estatuto de los Trabajadores, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre</texto>
</anterior>
<anterior orden='3060' referencia='BOE-A-2010-9274'>
<palabra codigo='440'>DE CONFORMIDAD con</palabra>
<texto>el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo</texto>
</anterior>
<anterior orden='3070' referencia='BOE-A-2012-3725'>
<palabra codigo='331'>EN RELACIÓN con</palabra>
<texto>el convenio publicado por Resolución de 28 de febrero de 2012</texto>
</anterior>
</anteriores>
<posteriores>
<posterior orden='' referencia='BOE-A-2022-13217'>
<palabra codigo='270'>SE MODIFICA</palabra>
<texto> y SE AÑADE determinados preceptos y SE SUPRIME la disposición transitoria, por Resolución de 23 de julio de 2022</texto>
</posterior>
<posterior orden='' referencia='BOE-A-2019-15840'>
<palabra codigo='270'>SE MODIFICA</palabra>
<texto>los arts. 7, 62, 67 y 99, por Resolución de 23 de octubre de 2019</texto>
</posterior>
<posterior orden='' referencia='BOE-A-2019-6237'>
<palabra codigo='270'>SE MODIFICA</palabra>
<texto>determinados preceptos, por Resolución de 23 de abril de 2019</texto>
</posterior>
<posterior orden='' referencia='BOE-A-2022-8108'>
<palabra codigo='407'>SE AÑADE</palabra>
<texto>el art. 24 bis, por Resolución de 3 de mayo de 2022</texto>
</posterior>
<posterior orden='' referencia='BOE-A-2022-7478'>
<palabra codigo='407'>SE AÑADE</palabra>
<texto>el art. 25 bis, por Resolución de 25 de abril de 2022</texto>
</posterior>
<posterior orden='' referencia='BOE-A-2019-12487'>
<palabra codigo='407'>SE AÑADE</palabra>
<texto>la disposición adicional 7, por Resolución de 19 de agosto de 2019</texto>
</posterior>
<posterior orden='' referencia='BOE-A-2022-5442'>
<palabra codigo='203'>SE CORRIGEN errores</palabra>
<texto>en la Resolución de 25 de noviembre de 2021, por Resolución de 22 de marzo de 2022</texto>
</posterior>
<posterior orden='' referencia='BOE-A-2022-4484'>
<palabra codigo='331'>SE DICTA EN RELACIÓN</palabra>
<texto>, y se fija la cuota empresarial para el 2022, por Resolución de 9 de marzo de 2022</texto>
</posterior>
<posterior orden='' referencia='BOE-A-2021-20359'>
<palabra codigo='331'>SE DICTA EN RELACIÓN</palabra>
<texto>, y se publican tablas salariales para la provincia de Barcelona, por Resolución de 25 de noviembre de 2021</texto>
</posterior>
<posterior orden='' referencia='BOE-A-2018-8913'>
<palabra codigo='331'>SE DICTA EN RELACIÓN</palabra>
<texto>y publica las tablas salariales para el año 2018, con efectos desde el 1 de enero de 2018, de la Provincia de Cáceres: Resolución de 12 de junio de 2018</texto>
</posterior>
<posterior orden='' referencia='BOE-A-2018-312'>
<palabra codigo='331'>SE DICTA EN RELACIÓN</palabra>
<texto>, y se publica la revisión salarial y la aclaración del artículo 115.3, por Resolución de 21 de diciembre de 2017</texto>
</posterior>
</posteriores>
</referencias>
</analisis>
<texto>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Visto el texto del Convenio colectivo general del sector de la construcción (Código convenio: 99005585011900) que fue suscrito con fecha 25 de julio de 2017, de una parte por la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) en representación de las empresas del sector, y de otra por los sindicatos CC.OO. de Construcción y Servicios y UGT-FICA en representación de los trabajadores del sector, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 apartados 2 y 3 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, y en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, esta Dirección General de Empleo resuelve:</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Primero.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Ordenar la inscripción del citado Convenio colectivo en el correspondiente Registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo con funcionamiento a través de medios electrónicos de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Segundo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Disponer su publicación en el Boletín Oficial del Estado.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Madrid, 21 de septiembre de 2017.–El Director General de Empleo, Xavier Jean Braulio Thibault Aranda.</p>
<p class='anexo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>ACTA DE LA 3.ª REUNIÓN DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA DEL VI CONVENIO GENERAL DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En representación sindical,</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CC.OO. de Construcción y Servicios: D. Josep Albors Ferrandis, D. Daniel Barragán Burgui, D. Juan Luis España Marquinez, D.ª Pilar Expósito Cortes, D. Miguel Rosa Fernández, D. David Ruiz Mateos, D. Vicente Sánchez Jiménez y D.ª Paloma Vázquez Laserna.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>UGT-FICA: D.ª Juana Arenas Gómez, D. Joaquín Barrera Vázquez, D. Juan Carlos Barrero Mancha, D. Juan José Escrig Gil, D. Mariano Hoya Callosa, D. Constantino Mostaza Saavedra, D. Santiago Ramírez Álvarez y D. Álvaro Recio Martín.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En representación empresarial,</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CNC: D. José Blanco Grande, D. Ignacio Cano Torollo, D. Daniel Cuervo Iglesias, D. Juan Manuel Cruz Palacios, D. Pedro García Díaz, D.ª Mercedes Girón Torrano, D. Agustín González Hermosilla, D. Pedro C. Fernández Alén, D. Luis de Francisco Fonteriz, D.ª M.ª José Leguina Leguina, D. Ángel Ignacio León Ruiz, D.ª Teresa Manjón Manjón, D.ª Paloma de Miguel Peña, D. Joaquín Pedriza Bermejillo, D. Francisco Ruano Tellaeche y D. Francisco Santos Martín</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En Madrid, a veinticinco de julio de dos mil diecisiete, en la sede de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), previamente convocados, se reúnen los relacionados al margen, en la representación que en el mismo consta.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La reunión tiene por objeto la negociación del VI Convenio General del Sector de la Construcción (número de Código 99005585011900), conforme a lo acordado en la pasada reunión de 18 de julio.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Los representantes de CIG y ELA Industria Eraikuntza debidamente convocados no comparecen.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En el transcurso de la misma, después de un amplio debate, se adoptan por unanimidad de ambas partes los siguientes acuerdos:</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Primero.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Aprobar el texto del VI Convenio General del Sector de la Construcción que, firmado por los portavoces de CC.OO. de Construcción y Servicios, UGT-FICA y CNC, se deja unido a la presente acta, como anexo inseparable de la misma.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Segundo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Delegar expresamente en el Secretario de la Comisión Negociadora para que realice la solicitud, a la Dirección General de Empleo, para que se proceda al registro y publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de los textos adjuntos del V Convenio General Sector de la Construcción, así como para que realice cuantos actos y firme cuantos documentos fueren precisos para la efectividad de los presentes acuerdos.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Tercero.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La Comisión Negociadora acuerda que cada una de las organizaciones firmantes del Convenio delegue en uno de sus representantes para la firma del texto aprobado.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Y sin más asuntos que tratar, previa redacción, lectura y aprobación de la presente acta, firman la misma las personas designadas a tal efecto como representantes de cada una de las organizaciones presentes, en el lugar y fecha al principio citados.</p>
<p class='anexo_num' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>VI CONVENIO GENERAL DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN</p>
<p class='anexo_tit' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Preámbulo</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Las partes firmantes del VI Convenio General del Sector de la Construcción (CGSC) desean manifestar que la experiencia acumulada de los anteriores textos convencionales del sector demuestra que la regulación homogénea de determinadas materias para todo el territorio nacional y el establecimiento de un único marco normativo, han tenido efectos beneficiosos y estimulantes para el adecuado desarrollo de las relaciones laborales en el sector de la construcción, caracterizado por una elevada movilidad geográfica y una mayoritaria regulación de las condiciones laborales a través de los convenios colectivos de carácter provincial.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Por ello las partes signatarias del VI Convenio General del Sector de la Construcción, haciendo uso de sus derechos fundamentales de asociación y libertad sindical, desean manifestar igualmente su compromiso para que, durante su vigencia, la totalidad de sus contenidos produzcan consecuencias jurídicas para sus representados, federados y confederados, obligándose a tal fin respecto de ellas mismas y de cuantas organizaciones integran y representan, a no promover ni concluir convenios colectivos provinciales o de comunidad autónoma o de ámbito sectorial inferior que contengan o regulen materias reservadas por aquel al ámbito general estatal o que, de alguna manera, se opongan al mismo o contradigan sus prescripciones.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Para la determinación del incremento salarial las partes han tomado en consideración, por un lado, tanto la situación actual del sector como las perspectivas positivas que presenta a medio plazo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>A tal efecto para los Agentes Sociales del Sector el reciente nuevo Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras va a suponer el inicio de la recuperación tras prácticamente una década de atonía inversora.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El impulso de la edificación y la rehabilitación junto con las necesidades de inversión, entre otras, en infraestructuras relativas al ciclo integral del agua, medio ambiente y ferrocarril deben constituir elementos fundamentales para el impulso del sector y del empleo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Por otro lado, además, los firmantes del Convenio han puesto en valor la mejora de la productividad en el sector como otro elemento fundamental y determinante.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En este sentido cabe mencionar como aspectos básicos que han contribuido a incrementar la productividad los siguientes: el crecimiento gradual y sostenido que desde mediados del pasado año viene produciéndose en el volumen de empleo en el sector, la reducción del absentismo como consecuencia, entre otras causas, de la formación recibida por los trabajadores en prevención de riesgos laborales (actualmente más de 700.000 disponen de la Tarjeta Profesional de la Construcción, TPC), la mejora de la cualificación y de las competencias necesarias de los empleados en el sector a la que han contribuido los itinerarios formativos para oficios diseñados e impartidos por la Fundación Laboral de la Construcción (FLC). Finalmente debe de destacarse la incorporación de nuevos sistemas de trabajo junto con la potenciación del uso de nuevas tecnología aplicadas al sector, entre otras el «Entorno BIM», novedosa metodología de trabajo colaborativa basada en el empleo de un modelo 3D inteligente.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Debe destacarse como otro elemento novedoso del VI Convenio determinadas actuaciones motivadas por las especiales características que concurren en la actividad de «Conservación y Mantenimiento de Infraestructuras», el cual requiere la prestación continuada del servicio de manera interrumpida los 365 días del año a los efectos de garantizar el control, vigilancia y viabilidad de las mismas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Así, con carácter específico y dirigido a cubrir los vacíos que puedan existir, se desarrolla e impulsa la regulación de determinados aspectos tales como disponibilidad, guardia o reten y vialidad invernal.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Con independencia de lo anterior, se crea un plus o complemento salarial que retribuirá las especiales características que concurren en la prestación de servicios en la actividad citada.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Por último y en relación al principio de estabilidad en el empleo o subrogación de personal que opera en dicha actividad, el presente Convenio refuerza tal garantía dado que le otorga prioridad o preferencia aplicativa frente al posible convenio de empresa que, estableciendo condiciones inferiores, pudiese venir rigiendo las relaciones laborales en la nueva empresa adjudicataria.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Por otra parte, las partes firmantes del presente Convenio manifiestan que son conscientes de la necesidad de continuar una política operativa en materia de prevención de riesgos profesionales, de adoptar las medidas necesarias para la eliminación o reducción de los factores de riesgo y de la consiguiente disminución de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales en las empresas, así como del fomento de la información y formación de los trabajadores y de sus representantes.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En otro orden de cosas y de conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 32/2006 de 18 de octubre, Reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción, las partes firmantes consideran que uno de los instrumentos básicos determinante para combatir decisivamente la siniestralidad en el sector y mejorar las condiciones de seguridad y salud es que todos los trabajadores que prestan servicios en las obras tengan la formación necesaria y adecuada a su puesto de trabajo o función en materia de prevención de riesgos laborales, de forma que conozcan los riesgos y las medidas para prevenirlos. Además y teniendo en cuenta la presencia de los trabajadores inmigrantes en el sector, la formación e información dirigida a estos trabajadores será la adecuada y necesaria a sus características, especialmente en el caso de que desconozcan el idioma español.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En consecuencia, y conforme a la habilitación legal establecida en el artículo 10.2 de la citada Ley 32/2006, de 18 de octubre, las partes firmantes consideran necesario que la Fundación Laboral de la Construcción, por mandato de las mismas, continúe desarrollando los planes y acciones formativos necesarios para el desarrollo de la prevención de riesgos laborales en el sector en los términos que se concretan en el correspondiente título.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Además, la necesidad de mejora profesional junto con la evolución de nuestro sector industrial requiere, tanto para los trabajadores como para las empresas, la necesaria mejora y actualización respecto de todas aquellas competencias exigidas tanto para el propio desarrollo, empleabilidad y capacitación profesional de los primeros, como para dotar de la mayor competitividad y productividad de las segundas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En este sentido los Agentes Sociales del Sector constatan la necesidad de que las actividades formativas impulsadas, desarrolladas e impartidas por la FLC se dirijan especialmente a todas aquellas acciones, cursos o programas que impulsen, desarrollen, adapten y completen las cualificaciones profesionales de los trabajadores del sector.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Por otro lado, en desarrollo de lo establecido en el artículo 10.3 de la citada Ley 32/2006 y como forma de acreditar la formación específica recibida por los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales, se continúa con el fomento de la implantación en todo el territorio nacional de una cartilla o carné profesional que será único y tendrá validez en el conjunto del sector; como forma de acreditar la formación de los trabajadores; la denominada TPC.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El diseño, ejecución y expedición de dicha Tarjeta se encuentra encomendada a la FLC, desarrollando igualmente las tareas de inscripción de los cursos que imparta así como la convalidación, acreditación y registro de los cursos impartidos por las empresas que, por su contenido y horas de formación, se ajusten a los programas formativos establecidos por el presente Convenio.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Asimismo en el presente Convenio se refleja la situación actual de la sociedad respecto de la igualdad entre hombres y mujeres, y dada la importancia que la misma está adquiriendo en la organización de las relaciones laborales, dentro del marco de la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres, se incluyen varias medidas tendentes a hacer efectiva esta igualdad.</p>
<p class='libro_num' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>LIBRO PRIMERO</p>
<p class='libro_tit' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Aspectos generales del Convenio General del Sector de la Construcción</p>
<p class='titulo_num' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>TÍTULO PRELIMINAR</p>
<p class='titulo_tit' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Disposiciones generales</p>
<p class='capitulo_num' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CAPÍTULO I</p>
<p class='capitulo_tit' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Naturaleza jurídica, ámbitos y garantías</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 1. Partes signatarias.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Son partes firmantes del presente Convenio General, de una parte, CC.OO. de Construcción y Servicios y la Federación de Industria, Construcción y Agro de la Unión General de Trabajadores (UGT-FICA), como representación sindical y, de otra parte, la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), en representación empresarial.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Las partes signatarias se reconocen mutuamente legitimación para negociar el presente Convenio.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 2. Naturaleza jurídica.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. El Convenio General del Sector de la Construcción ha sido negociado al amparo del Título III del Estatuto de los Trabajadores (E.T.) y, en particular, de conformidad con los artículos 83 y 84 de dicho texto legal. Sus disposiciones tienen naturaleza normativa y eficacia general, por lo que obligan a todas las asociaciones y entidades comprendidas dentro de sus ámbitos funcional, personal y territorial.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. El presente Convenio queda abierto a la adhesión de otras organizaciones sindicales y empresariales representativas en distintos ámbitos a los pactados, previo acuerdo de las partes signatarias.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 3. Ámbito funcional.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. El presente Convenio General será de obligado cumplimiento en todas las actividades propias del sector de la construcción, que son las siguientes:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) Las dedicadas a la construcción y obras públicas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) La conservación y mantenimiento de infraestructuras.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>c) Canteras, areneras, graveras y la explotación de tierras industriales.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>d) Embarcaciones, artefactos flotantes y ferrocarriles auxiliares de obras y puertos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>e) El comercio de la construcción mayoritario y exclusivista.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Las actividades que integran el campo de aplicación de este Convenio General se relacionan y detallan, a título enunciativo y no exhaustivo, en el Anexo I del mismo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. Asimismo, quedan integradas en el campo de aplicación de este Convenio General, las empresas y los centros de trabajo que, sin estar incluidas expresamente en el Anexo I, tengan como actividad principal las propias del sector de la construcción, de acuerdo con el principio de unidad de empresa.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. Teniendo en cuenta la concurrencia de empresas en un mismo centro de trabajo, la complicación de la gestión de la prevención en estos y lo dispuesto en la Ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción, también estarán sometidas a lo dispuesto en el Libro II en relación con las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables en las obras de construcción y en canteras areneras, graveras y la explotación de tierras industriales, todas aquellas empresas que ejecuten trabajos en los centros de trabajo considerados como obras.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 4. Ámbito personal.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. La normativa de este Convenio será de obligada y general observancia para todas las empresas, entidades y trabajadores de las actividades enumeradas en el artículo anterior.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Se excluye del ámbito del presente Convenio el personal directivo de las empresas sometidas al mismo y que se corresponden con el Nivel I conforme lo dispuesto en la Disposición Transitoria Primera de este Convenio. Este personal es de libre designación por la empresa. Su relación laboral se regirá por su contrato de trabajo y, en su caso, por la normativa especial que le resulte de aplicación.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Si un cargo directivo no ha sido contratado como tal, sino que accede a dicho cargo por promoción interna en la empresa, solamente estará excluido de la aplicación de este Convenio mientras desempeñe dicho cargo y para las condiciones que deriven exclusivamente del mismo.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 5. Ámbito territorial.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Este Convenio General será de aplicación en todo el territorio del estado español. Asimismo, será de aplicación a los trabajadores contratados en España al servicio de empresas españolas del sector de la construcción en el extranjero, quienes tendrán, al menos, los derechos económicos que les corresponderían de trabajar en territorio español.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 6. Ámbito material.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El Convenio General del Sector de la Construcción establece el marco normativo de las relaciones de trabajo en el sector, regulando sus condiciones generales, con la doble finalidad de homogeneizarlas y otorgarles carácter de permanencia y estabilidad.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Su contenido se refiere a la regulación de las condiciones generales de trabajo a aplicar en todo su ámbito y con la vigencia que en el propio Convenio se determina, a la vez que comprende y desarrolla las materias reservadas a la negociación de ámbito general previstas en el artículo 12 del presente Convenio.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 7. Ámbito temporal.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. El presente Convenio extenderá su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2017. Su entrada en vigor se producirá el 1 de enero de 2017, surtiendo plenos efectos desde esa fecha.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, tendrán la vigencia de 5 años, y por tanto extenderán su vigencia hasta el 31 de diciembre del año 2021, lo regulado en el presente Convenio referente a:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Estructura de la negociación colectiva del sector: Libro I, Título Preliminar, Capítulo II, artículo 11.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Articulación de la negociación colectiva: Libro I, Título Preliminar, Capítulo II, artículo 12.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Concurrencia de convenios: Libro I, Título Preliminar, Capítulo II, artículo 13.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Inaplicación de condiciones de trabajo: Libro I, Título Preliminar, Capítulo III, artículos 14 al 17.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Contrato fijo de obra: Libro I, Título I, Capítulo II, artículo 24.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Subrogación de personal en contratas de mantenimiento de carreteras o vías férreas, redes de agua, concesiones municipales para el mantenimiento y conservación de aceras, pavimentos, vías públicas y alcantarillado: Libro I, Título I, Capítulo II, artículo 27.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Plus de conservación en contratas de mantenimiento de carreteras Disposición adicional quinta, punto 1 y en todo caso durante la vigencia de la contrata que corresponda.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Comisión Paritaria: Libro I, Título III, Capítulo I, artículo 107.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Funciones y procedimientos de la Comisión Paritaria: Libro I, Título III, Capítulo I, artículo 108.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Igualdad de oportunidades y no discriminación: Libro I, Título IV, artículo 114.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. Una vez finalizada las distintas vigencias de los anteriores números 1 y 2 de acuerdo con la cobertura otorgada por el artículo 86.3 del Estatuto de los Trabajadores y a fin de evitar el vacío normativo que en otro caso se produciría una vez terminada la vigencia inicial del presente convenio o la de cualquiera de sus prórrogas, este continuará rigiendo hasta que sea sustituido por otro tanto en su contenido normativo como en el obligacional.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. Durante su vigencia y de acuerdo a la facultad concedida por el artículo 86.1, párrafo segundo del E.T., las partes firmantes adquieren el compromiso de, con independencia de los ámbitos temporales fijados en el anterior punto 2 de este artículo, revisar el presente Convenio en los supuestos tanto de modificaciones operadas por la legislación como en el caso de remisiones a la capacidad que pueda otorgarse a la negociación colectiva para poder adaptar a sus necesidades determinados aspectos en materia laboral. A título meramente enunciativo, y entre otras materias, las que junto con la «jubilación» se enumeran en el apartado 2 del presente artículo.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 8. Procedimiento de denuncia para la revisión del Convenio.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Cualquiera de las dos partes firmantes del presente Convenio podrá solicitar por escrito a la otra la revisión del mismo con un mínimo de tres meses de antelación al vencimiento del plazo inicial de las vigencias señaladas en el artículo anterior o de cualquiera de sus prórrogas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. La parte que formule la denuncia deberá acompañar propuesta concreta sobre los puntos y contenido que comprenda la revisión solicitada. De esta comunicación y de la propuesta se enviará copia, a efectos de registro, a la Dirección General de Empleo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. La negociación del nuevo Convenio, una vez denunciado el anterior, deberá comenzar en el plazo máximo de un mes a partir de la recepción de la comunicación de la denuncia, constituyéndose en ese plazo la Comisión Negociadora.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. El plazo máximo para la negociación del nuevo Convenio, en su caso, será de ocho meses a partir del momento de expirar la vigencia del Convenio anterior, salvo para las materias contempladas en el artículo 7.2. del presente Convenio para los que el plazo será de 14 meses.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>5. Para solventar de manera efectiva las discrepancias existentes tras el trascurso de los plazos máximos de negociación establecidos en el apartado anterior sin alcanzarse un acuerdo, las partes se adhieren y someten a los procedimientos no judiciales de solución de conflictos establecidos o que puedan establecerse mediante acuerdos interprofesionales de ámbito estatal.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 9. Vinculación a la totalidad.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Las condiciones pactadas en el presente Convenio, cualquiera que sea su naturaleza y contenido, forman un todo orgánico e indivisible y, a efectos de su aplicación práctica, serán consideradas globalmente, asumiendo las partes su cumplimiento con vinculación a la totalidad del mismo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. En el supuesto de que la autoridad o jurisdicción competente, en uso de las facultades que le son propias, no aprobara o resolviera dejar sin efecto alguna de las cláusulas de este Convenio, este deberá ser revisado y reconsiderarse en su integridad. A estos efectos, las partes signatarias de este Convenio se comprometen a reunirse dentro de los diez días hábiles siguientes al de la firmeza de la resolución correspondiente con el objeto de resolver el problema planteado. Si en el plazo de cuarenta y cinco días hábiles a partir de la fecha de la firmeza de la resolución en cuestión las partes signatarias no alcanzasen un acuerdo, se comprometen a fijar el calendario de reuniones para la negociación del Convenio en su totalidad.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 10. Condiciones más beneficiosas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Se respetarán las condiciones más beneficiosas que los trabajadores tengan reconocidas a título personal por las empresas al entrar en vigor este Convenio o cualquier otro de ámbito inferior, siempre y cuando fuesen más favorables, consideradas en su conjunto y en cómputo anual, respecto a los conceptos cuantificables.</p>
<p class='capitulo_num' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CAPÍTULO II</p>
<p class='capitulo_tit' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Estructura de la negociación colectiva</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 11. Estructura de la negociación colectiva del sector.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En virtud del presente Convenio y de conformidad con los artículos 83.2 y 84.2 del E.T., la estructura de la negociación colectiva en el sector de la construcción se articula en los siguientes niveles sustantivos de convenio:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) Convenio General del Sector de la Construcción: establece la estructura de la negociación colectiva en el sector y su contenido regula las condiciones generales de trabajo a aplicar en todo el ámbito sectorial y con la vigencia que en el propio Convenio se establece buscando una homogeneización de las condiciones laborales de los trabajadores, facilitando su movilidad y protegiendo la unidad de mercado.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) Acuerdos Sectoriales: los acuerdos sectoriales de carácter estatal que se negocien con posterioridad a la entrada en vigor de este Convenio General se integrarán automáticamente como capítulos orgánicamente constitutivos del mismo, previa intervención de la Comisión Paritaria del Sector. Estos acuerdos podrán tener por objeto, entre otras materias, las siguientes:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– La aplicación concreta en el sector de acuerdos interconfederales.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Cualesquiera otras materias que las partes acuerden.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Las materias reguladas en los Acuerdos Sectoriales tendrán la misma prioridad aplicativa que corresponda de acuerdo con los criterios determinados en el artículo 13 del presente Convenio.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>c) Convenios Colectivos Provinciales o, en su caso, de Comunidad Autónoma y de ámbito inferior: serán de renovación periódica y tienen por objeto desarrollar las materias propias de su respectivo ámbito de negociación así como aplicar en él los contenidos del presente Convenio y, en su caso, de los acuerdos de ámbito sectorial nacional que se puedan producir durante la vigencia del Convenio General.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 12. Articulación de la negociación colectiva.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. En desarrollo de los artículos 83 y 84 del E.T. así como en cumplimiento de lo previsto en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción, se establecen los criterios en base a los que queda fijada la articulación de la negociación colectiva en el sector:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) Las materias contenidas en el presente Convenio tendrán prioridad aplicativa sobre cualesquiera otras disposiciones, salvo en aquellas en las que exista remisión a otros ámbitos de negociación. En estos supuestos habrá que estar al carácter, contenidos y alcance con que esté contemplada la remisión.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) En aquellas materias en que así se establece expresamente, el presente Convenio tendrá carácter de norma exclusiva, en atención a su singular naturaleza. A estos efectos se enumeran a continuación las materias que no podrán ser negociadas en ámbitos inferiores, quedando como aspectos reservados de forma exclusiva a la negociación de ámbito estatal la totalidad de artículos comprendidos en el correspondiente Libro, Título y Capítulo siguientes:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Inaplicación de condiciones de trabajo: Libro I, Título Preliminar, Capítulo III, artículos 14 al 17.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Condiciones generales de prestación de trabajo: Libro I, Título I, Capítulos I al XII, artículos 18 al 103.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Contratación: Libro I, Título I, Capítulo II, artículos 22 al 25.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Subcontratación: Libro I, Título I, Capítulo II, artículo 26.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Subrogación: Libro I, Título I, Capítulo II, artículo 27 y la disposición adicional quinta.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Clasificación profesional, grupos y áreas funcionales: Libro I, Título I, Capítulo III, artículo 28.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Productividad y/o tablas de rendimientos de alcance nacional: Libro I, Título I, Capítulo V, artículos 37 al 45.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Conceptos, estructura y cuantía de las percepciones económicas e incrementos, tanto las salariales como las no salariales, salvo las percepciones no cuantificadas numérica o porcentualmente en el presente Convenio: Libro I, Título I, Capítulo VII, artículos 47 al 66.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Modificaciones de las condiciones de trabajo: Libro I, Título I, Capítulo VII y VIII, artículos 47 al 73.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Régimen de indemnizaciones: Libro I, Título I, Capítulo VII, artículo 65.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Jornada anual y descansos: Libro I, Título I, Capítulo VIII, artículos 67 a 71.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Vacaciones anuales, licencias y permisos: Libro I, Título I, Capítulo VIII, artículos 72 y 73.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Movilidad geográfica y funcional: Libro I, Título I, Capítulo IX y X, artículos 74 al 88.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Suspensión, extinción de la relación laboral: Libro I, Título I, Capítulo XI, artículos 89 al 95.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Jubilación: Libro I, Título I, Capítulo XI, artículo 96.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Condiciones básicas del régimen disciplinario: Libro I, Título I, Capítulo XII, artículos 97 al 103.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Cuota a la Fundación Laboral de la Construcción: Libro I, Título V, artículo 115.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Órganos de representación de los trabajadores en la empresa: Libro I, Título II, artículos 104 al 106.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo: Libro II, Títulos IV, Capítulos I al VII y Título V, artículos 161 al 230.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Información y formación en seguridad y salud: Libro II, Título III, Capítulos I al IV, artículos 135 al 147.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Acreditación de la formación y Tarjeta Profesional de la Construcción: Libro II, Título III, Capítulo IV, Secciones I a IV, artículos 148 al 160.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Órgano Paritario para la Prevención en la Construcción: Libro II, Título I, Capítulos I al V, artículos 117 al 133.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Las representaciones sindicales y empresariales firmantes expresan su voluntad de que este Convenio General constituya referencia eficaz para establecer las relaciones laborales en todo el sector de la construcción. A tal fin establecen que los ámbitos inferiores al estatal se deberán remitir a este Convenio General en todas las materias aquí reguladas, así como en calidad de derecho supletorio en el caso de que se alcancen convenios o acuerdos de ámbito inferior, conformes a los términos y requisitos del artículo 84.2 del E.T.. Y todo ello dado el carácter de norma prevalente dotada de prioridad aplicativa absoluta que las partes le confieren al presente Convenio.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. De acuerdo con el artículo 84.3 del E.T. las partes firmantes establecen que en el ámbito de una Comunidad Autónoma no podrán negociar acuerdos o convenios que afecten a lo dispuesto en el presente Convenio de ámbito estatal.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. En lo que respecta a la negociación colectiva de ámbito provincial o, en su caso, autonómico son materias específicas de esta concertación colectiva las siguientes:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a. El contenido obligacional de los convenios.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b. La concreción cuantitativa de las percepciones económicas no cuantificadas numérica o porcentualmente en el presente Convenio.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>c. La distribución de la jornada anual de trabajo efectivo y su regulación en cuanto a horarios y calendarios.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>d. Periodo de prueba.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>e. Desarrollo del régimen disciplinario.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>f. Concreción de todas aquellas medidas de flexibilidad en la empresa, tanto funcional como geográfica, no establecidas expresamente en el presente Convenio.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>g. Aplicar en su respectivo ámbito los contenidos de los acuerdos de ámbito sectorial nacional que se puedan producir durante la vigencia del presente Convenio.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>h. Cualesquiera otras materias no reguladas por los convenios de ámbito superior.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>i. Cualesquiera otras materias remitidas por los convenios de ámbito superior a los de ámbito inferior.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>5. Los Convenios de ámbito provincial o, en su caso, autonómicos serán prevalentes y por lo tanto gozarán de prioridad aplicativa sobre los convenios de ámbito inferior, y ello respecto de las materias específicamente citadas anteriormente, y de las acordadas en su ámbito.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>6. Todo lo señalado en los apartados anteriores se establece sin perjuicio de lo establecido en el artículo 84.1 y 2 del ET.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 13. Reglas de concurrencia.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>De conformidad con lo dispuesto en los artículos 83 y 84 del E.T., los supuestos de concurrencia entre los convenios de distinto ámbito se resolverán aplicando las siguientes reglas o principios:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) Principio de jerarquía: será unidad preferente de negociación la de ámbito estatal, por lo que toda concurrencia conflictiva entre esta y la de ámbitos inferiores se resolverá con sujeción al contenido material acordado en el presente Convenio General, sin perjuicio del respeto a las normas de derecho necesario establecidas en la legislación vigente en cada momento, y específicamente en lo establecido en el artículo 84.2 del ET. En cualquier caso y sobre la base de lo establecido en el artículo 84.4 del ET, resulta preferente para el Sector de la Construcción lo negociado en el ámbito estatal en el presente Convenio.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) Principio de seguridad: los convenios de ámbito provincial que estén en vigor cuando inicie su eficacia el presente Convenio General mantendrán su vigencia en todo su contenido hasta la conclusión de su ámbito temporal, debiendo acogerse, en la siguiente negociación, a lo contenido en el Convenio General, sin perjuicio de que por acuerdo de las partes decidieran acogerse con anterioridad a las nuevas condiciones definidas en este Convenio.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>c) Principios de complementariedad y subsidiariedad: el Convenio General del Sector complementa los contenidos de los convenios de ámbito inferior, siendo además derecho supletorio en todo lo no previsto expresamente en los mismos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>d) Principio de territorialidad: será de aplicación el convenio provincial o, en su caso, autonómico, vigente en el lugar de prestación efectiva de los servicios.</p>
<p class='capitulo_num' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CAPÍTULO III</p>
<p class='capitulo_tit' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Inaplicación de condiciones de trabajo</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 14. Concepto.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Con el objeto de establecer el marco que posibilite un mayor grado de estabilidad respecto del empleo en el sector, se considera preciso establecer mecanismos que conduzcan a la aplicación de aquellas medidas que, con carácter preventivo y coyuntural, se dirijan a favorecer aquel y ello mediante la suspensión, siempre con carácter temporal, de la aplicación efectiva del Convenio sobre determinadas condiciones de trabajo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Dichas medidas tendrán por objeto la inaplicación temporal y efectiva del Convenio, todo ello dentro del marco legal y convencional establecido.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Este procedimiento de inaplicación de condiciones de trabajo se entiende sin perjuicio de lo establecido en el artículo 82.3 del ET.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 15. Materias afectadas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>A tal efecto la inaplicación o suspensión temporal podrá afectar a las siguientes materias establecidas en el convenio colectivo de ámbito superior a la empresa que resulte aplicable y todo ello sin perjuicio de lo establecido en el artículo 41 del E.T.:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) Jornada de trabajo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) Horario y distribución del tiempo de trabajo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>c) Régimen de trabajo a turnos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>d) Sistema de remuneración y cuantía salarial.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>e) Sistema de trabajo y rendimiento.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>f) Funciones, cuando excedan de los límites que para la movilidad funcional prevé el artículo 39 del ET.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>g) Mejoras voluntarias de la acción protectora de la Seguridad Social.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 16. Causas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Con independencia de lo establecido en el artículo 82 del ET, se podrá proceder a la inaplicación, en los términos regulados en el presente artículo, cuando la empresa alternativamente tenga o una disminución persistente de su nivel de ingresos o su situación y perspectivas económicas puedan verse afectadas negativamente afectando a las posibilidades de mantenimiento del empleo; estas causas se entenderán que concurren, entre otros supuestos, cuando el «resultado de explotación por empleado» (es decir dicho resultado dividido entre el número promedio de empleados equivalentes a jornada completa del correspondiente periodo) o de «ventas» a nivel nacional de la empresa en el último ejercicio o en los doce últimos meses sea inferior en un 12 por ciento al promedio del resultado de explotación por empleado o ventas en el respectivo ejercicio anterior o en los doce meses precedentes a los últimos tomados, considerándose por tanto que existe una causa objetiva para la inaplicación.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>A efectos indemnizatorios, en los casos de extinciones derivadas del artículo 50 del E.T. o de despidos reconocidos o declarados improcedentes por causas ajenas a la voluntad del trabajador durante la inaplicación del Convenio se tomará como base del salario el que se debería percibir en el caso de que no se inaplicarse el Convenio.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 17. Procedimiento.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Las empresas en las que concurran algunas de las causas de inaplicación previstas en el artículo anterior comunicarán a los representantes de los trabajadores su deseo de acogerse a la misma.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En los supuestos de ausencia de representantes de los trabajadores en la empresa, se entenderá atribuida a los sindicatos más representativos del sector que estuvieran legitimados para formar parte de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de aplicación a la misma, salvo que los trabajadores atribuyan su representación a una comisión designada conforme a lo dispuesto en el artículo 41.4 del E.T.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En ambos casos se comunicará el inicio del procedimiento a la Comisión Paritaria del convenio provincial, o en su caso autonómico, o estatal.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. El procedimiento se iniciará a partir de la comunicación de la empresa, abriéndose un período de consultas con la representación de los trabajadores o comisión designada o las secciones sindicales cuando estas así lo acuerden, siempre que sumen la mayoría de los miembros del Comité de Empresa o entre los delegados de personal.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Dicho período, que tendrá una duración no superior a 15 días, versará sobre las causas motivadoras de la decisión empresarial, debiendo facilitar la empresa junto con la comunicación citada en el párrafo anterior, la documentación que avale y justifique su solicitud; entre otra posible y a meros efectos enunciativos se señala la siguiente: Memoria explicativa, Cuentas auditadas y/o presentadas en el Registro Mercantil, Balance de situación y cuenta de resultados y Avance de cuentas anuales previstas, o en defecto de la anterior la documentación de carácter similar que se adecúe a las concretas circunstancias de la empresa.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Si la inaplicación se fundamenta en el indicado porcentaje de descenso sobre el «Resultado de explotación» o de «ventas» se deberá aportar la documentación de la cual se desprenda la situación de la empresa y que deberá estar necesariamente auditada o, en su caso, inscrita en el Registro Mercantil.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. Cuando el período de consultas finalice con acuerdo, se presumirá que concurre alguna de las posibles causas identificadas como de inaplicación en el artículo anterior y solo podrá ser impugnado ante la jurisdicción competente por la existencia de fraude, dolo, coacción o abuso de derecho en su conclusión.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El acuerdo deberá ser notificado a la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo afectado, quien a su vez remitirá copia del mismo a la Comisión Paritaria Estatal.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El acuerdo de inaplicación deberá determinar con exactitud, según sean las materias afectadas de acuerdo a lo establecido en el artículo 15, tanto la retribución a percibir por los trabajadores como, en su caso, la concreción de las restantes y posibles materias inaplicadas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En ningún caso dicha inaplicación podrá prolongarse más allá del momento que resulte aplicable un nuevo convenio en dicha empresa.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El acuerdo de inaplicación no podrá suponer el incumplimiento de las obligaciones establecidas en convenio relativas a la eliminación de las discriminaciones retributivas por razones de género así como las establecidas en materia de «jornada» y «horario y distribución de tiempo de trabajo» en la Ley para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. En caso de desacuerdo y una vez finalizado el período de consultas, las partes remitirán a la Comisión Paritaria del Convenio afectado la documentación aportada junto con el Acta recogida en el Anexo VIII acompañada de las alegaciones que, respectivamente, hayan podido realizar.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La Comisión, una vez examinado los documentos aportados, deberá pronunciarse sobre si en la empresa solicitante concurren o no alguna/s de las causas de inaplicación previstas en el artículo anterior.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Si la Comisión Paritaria lo considera necesario, recabará la documentación complementaria que estime oportuna así como los asesoramientos técnicos pertinentes.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Cuando el convenio afectado sea bien provincial o afecte a una comunidad autónoma uniprovincial será competente para conocer la solicitud de inaplicación la Comisión Paritaria Provincial.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Cuando los convenios afectados correspondan a dos o más provincias o a una comunidad autónoma, la competencia la ostentará la Comisión Paritaria del Convenio Estatal, o en su caso autonómico, a la que se le remitirá, junto con el Acta del Anexo VIII, toda la documentación aportada por la empresa acompañada de las alegaciones que hayan podido efectuarse.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Esta Comisión será igualmente competente para el caso de que los convenios afectados sean supraautonómicos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Dado que la inaplicación de condiciones de trabajo es materia reservada al ámbito estatal, la Comisión Paritaria Estatal, cuando así lo considere necesario y previa audiencia de las partes, podrá intervenir en la tramitación y/o resolución final que pueda adoptarse sobre las solicitudes planteadas ante las Comisiones Provinciales o, en su caso, de ámbito superior.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Tanto la Comisión Paritaria del Convenio Provincial, o en su caso Autonómico, como la Estatal dispondrán de un plazo máximo de 7 días para resolver la inaplicación solicitada, debiendo adoptarse los acuerdos por unanimidad.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En su caso, la Comisión deberá determinar con exactitud las materias afectadas por la inaplicación. A tal efecto deberá tener en cuenta el plazo máximo de inaplicación establecido así como la imposibilidad de incumplir las obligaciones anteriormente citadas y relativas a la discriminación retributiva y a la que pudiese afectar a la jornada, horario y distribución del tiempo de trabajo y referida a la Ley para la Igualdad.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>5. En el supuesto de que la Comisión Paritaria competente no alcance acuerdo, y dando cumplimiento al mandato recibido por las partes contenido en el Anexo VIII del presente Convenio, las discrepancias se someterán a un arbitraje vinculante en cuyo caso el laudo arbitral tendrá la misma eficacia que los acuerdos en período de consultas y solo será recurrible conforme al procedimiento y en su caso a los motivos establecidos en el artículo 91 del E.T.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Tal y como señala el Anexo VIII del presente Convenio y a los efectos del sometimiento a arbitraje, será la propia Comisión Paritaria competente la que en el plazo de los cinco días siguientes a la finalización del plazo para resolver remitirá las actuaciones y documentación al correspondiente Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) u otro organismo equivalente al que se hayan adherido en el ámbito correspondiente.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Si la Comisión Paritaria competente fue la provincial las actuaciones las remitirá al SIMA de la provincia correspondiente.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Cuando la competencia haya estado atribuida a la Comisión Paritaria Estatal, las actuaciones se remitirán por esta al SIMA Estatal.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>De acuerdo con lo anterior el arbitraje se someterá y dictará con la intervención, formalidades y procedimiento establecidos en el vigente Acuerdo sobre Solución Extrajudicial de Conflictos y asumido por el vigente Convenio Sectorial Estatal en el artículo 116.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Para el caso de que en el futuro y durante la vigencia del presente Capítulo referente a «Inaplicación de Condiciones de Trabajo», se estableciesen, mediante Acuerdos Interprofesionales que afecten al presente Convenio, nuevos procedimientos de aplicación general y directa para solventar las discrepancias, incluido el arbitraje vinculante, surgidos en la negociación de los acuerdos establecidos en los artículos 41.6 y 82.3 del E.T., las partes firmantes del presente Convenio Estatal se adaptarán, en su caso, a los procedimientos que se establezcan en los citados Acuerdos Interprofesionales.</p>
<p class='titulo_num' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>TÍTULO I</p>
<p class='titulo_tit' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Condiciones de prestación del trabajo</p>
<p class='capitulo_num' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CAPÍTULO I</p>
<p class='capitulo_tit' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Condiciones generales de ingreso</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 18. Ingreso en el trabajo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. La admisión del personal se efectuará de acuerdo con las disposiciones generales vigentes sobre colocación, así como las disposiciones especiales según el tipo de trabajo o circunstancias del trabajador.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Las empresas están obligadas a comunicar a los servicios públicos de empleo, en el plazo de los diez días siguientes a su concertación, el contenido de los contratos de trabajo que celebren o las prórrogas de los mismos, deban o no formalizarse por escrito, en los términos previstos en el Real Decreto 1424/2002, de 27 de diciembre, por el que se regula el contenido de los Contratos de trabajo y de sus copias básicas a los servicios públicos de empleo, y el uso de medios telemáticos en relación con aquellos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. Asimismo la empresa deberá enviar o remitir a los citados servicios la copia básica de los contratos de trabajo, previamente entregada a la representación de los trabajadores, si la hubiere. En todo caso se le entregará una copia completa del contrato al trabajador contratado.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. Se prohíbe emplear a trabajadores menores de 18 años para la ejecución de trabajos en las obras, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 25.4 referente al contrato para la formación.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>5. La acreditación de la categoría profesional por la Tarjeta Profesional de la Construcción no obliga a la empresa a la contratación del trabajador con esa categoría.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 19. Pruebas de aptitud.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Las empresas, previamente al ingreso, podrán realizar a los interesados las pruebas de selección, prácticas y psicotécnicas, que consideren necesarias para comprobar si su grado de aptitud y su preparación son adecuados a la categoría profesional y puesto de trabajo que vayan a desempeñar.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. El trabajador, con independencia de su categoría profesional y antes de su admisión en la empresa, será sometido a un control de salud, según se establece en el artículo siguiente.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. Una vez considerado apto, el trabajador contratado deberá aportar la documentación necesaria para la formalización del contrato de trabajo.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 20. Vigilancia y control de salud.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Las partes acuerdan una serie de disposiciones acerca de la vigilancia y control de la salud, que son las contenidas en los siguientes apartados, sin perjuicio de cuantas obligaciones y criterios se establecen, en cuanto a la vigilancia de la salud, en el artículo 22 de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. La empresa garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al puesto de trabajo, tanto en el momento previo a la admisión como con carácter periódico.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. Los reconocimientos periódicos posteriores al de admisión serán de libre aceptación para el trabajador, si bien, a requerimiento de la empresa, deberá firmar la no aceptación cuando no desee someterse a dichos reconocimientos. No obstante, previo informe de la representación de los trabajadores, la empresa podrá establecer el carácter obligatorio del reconocimiento en los supuestos en que sea imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores o para verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para el mismo, para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa. En particular, la vigilancia de la salud será obligatoria en todos aquellos trabajos de construcción en que existan riesgos por exposición a amianto, en los términos previstos en el Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. En ningún caso los costes de estos reconocimientos médicos podrán ser a cargo del trabajador y en los periódicos, además, los gastos de desplazamiento originados por los mismos serán a cargo de la respectiva empresa, quién podrá concertar dichos reconocimientos con entidades que cuenten con personal sanitario con competencia técnica, formación y capacidad acreditada.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 21. Período de prueba.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Salvo lo dispuesto en ámbitos inferiores podrá concertarse por escrito un período de prueba que en ningún caso podrá exceder de:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) Técnicos titulados superiores y medios: seis meses.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) Empleados:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Niveles III, excepto titulados medios, IV y V: tres meses.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Niveles VI al X: dos meses.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Resto de personal: quince días naturales.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>c) Personal Operario:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Encargados y Capataces: un mes.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Resto de personal: quince días naturales.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Durante el período de prueba el trabajador tendrá los derechos y obligaciones correspondientes a su categoría profesional y puesto de trabajo que desempeñe como si fuera de plantilla, excepto los derivados de la resolución de la relación laboral que podrá producirse a instancia de cualquiera de las partes durante su transcurso sin necesidad de previo aviso y sin que ninguna de las partes tenga derecho a indemnización alguna, debiéndose comunicar el desistimiento por escrito.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. Transcurrido el período de prueba sin que se haya producido el desistimiento, el contrato producirá plenos efectos, computándose el tiempo de los servicios prestados a efectos de permanencia en la empresa.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. Los titulares de la Tarjeta Profesional de la Construcción expedida por la Fundación Laboral de la Construcción con contrato de fijo de obra u otra modalidad de contrato temporal, estarán exentos del período de prueba para los trabajos de su categoría profesional, siempre que conste en su Tarjeta Profesional haber acreditado su cumplimiento en cualquier empresa anterior.</p>
<p class='capitulo_num' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CAPÍTULO II</p>
<p class='capitulo_tit' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Contratación</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 22. Contratación.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El ingreso al trabajo –que podrá realizarse de conformidad con cualquiera de las modalidades de contratación reguladas en el E.T., disposiciones complementarias y en el presente Convenio General– será para un puesto de trabajo concreto. Éste viene determinado por las tareas o funciones que desempeñe el trabajador, la categoría profesional que le corresponda dentro de la clasificación vigente y por el centro de trabajo donde se desempeñe la actividad, de manera que cualquier modificación en alguno de los factores anteriores constituye un cambio de puesto de trabajo.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 23. Contrato fijo de plantilla.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. El contrato fijo de plantilla es el que conciertan empresario y trabajador para la prestación laboral de este en la empresa por tiempo indefinido. Ésta será la modalidad normal de contratación a realizar por empresarios y trabajadores en todos los centros de trabajo de carácter permanente.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Con el objeto de fomentar la contratación indefinida, se podrá usar esta modalidad contractual en los supuestos previstos en la legislación vigente.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 24. Contrato fijo de obra.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. La Disposición Adicional Tercera del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Ley de la Subcontratación en el Sector de la Construcción otorga a la negociación colectiva de ámbito estatal la facultad de adaptar al sector de la construcción el contrato de obra o servicio determinado regulado con carácter general en el artículo 15 del E.T..</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>De acuerdo con ello la indicada adaptación se realiza mediante el presente contrato que, además de los restantes caracteres que contiene, regula de forma específica el artículo 15.1.a) y 5 y el artículo 49.c) del E.T. para el sector de la construcción.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Este contrato se concierta con carácter general para una sola obra, con independencia de su duración, y terminará cuando finalicen los trabajos del oficio y categoría del trabajador en dicha obra. Su formalización se hará siempre por escrito.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Por ello y con independencia de su duración, no será de aplicación lo establecido en el párrafo primero del artículo 15.1 a) del E.T., continuando manteniendo los trabajadores la condición de «fijos de obra», tanto en estos casos como en los supuestos de sucesión empresarial del 44 del E.T. o de subrogación regulado en el artículo 27 del presente Convenio General.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. Sin embargo, manteniéndose el carácter de único contrato, el personal fijo de obra, sin perder dicha condición de fijo de obra, podrá prestar servicios a una misma empresa en distintos centros de trabajo de una misma provincia siempre que exista acuerdo expreso para cada uno de los distintos centros sucesivos, durante un periodo máximo de 3 años consecutivos, salvo que los trabajos de su especialidad en la última obra se prolonguen más allá de dicho término, suscribiendo a tal efecto el correspondiente documento según el modelo que figura en el Anexo II y devengando los conceptos compensatorios que correspondan por sus desplazamientos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En este supuesto y con independencia de la duración total de la prestación, tampoco será de aplicación lo establecido tanto en el apartado 1.a) párrafo primero del artículo 15 del E.T. como en el apartado 5, continuando manteniendo los trabajadores, como se ha indicado, la condición de «fijos de obra».</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. Teniendo en cuenta la especial configuración del sector de la construcción y sus necesidades, sobre todo en cuanto a la flexibilidad en la contratación y la estabilidad en el empleo del sector mejorando la seguridad y salud en el trabajo así como la formación de los trabajadores, conforme a lo establecido en la Disposición Adicional Tercera del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores no se producirá sucesión de contratos por la concertación de diversos contratos fijos de obra para diferentes puestos de trabajo en el sector, teniendo en cuenta la definición de puesto de trabajo dada en el artículo 22 del presente Convenio, y por tanto no será de aplicación lo dispuesto en el párrafo 5.º del artículo 15 del E.T..</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>5. Por lo tanto la contratación, con o sin solución de continuidad, para diferente puesto de trabajo mediante dos o más contratos fijos de obra con la misma empresa o grupo de empresas en el periodo y durante el plazo establecido en el artículo 15.5 del E.T., no comportará la adquisición de la condición establecida en dicho precepto.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>A tal efecto nos encontramos ante puestos de trabajo diferentes cuando se produce la modificación en alguno de los factores determinados en el artículo 22 del presente Convenio.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La indicada adquisición de condición tampoco operará en el supuesto de producirse bien la sucesión empresarial establecida en el artículo 44 del E.T. o la subrogación recogida en el artículo 27 del presente Convenio.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>6. El cese de los trabajadores deberá producirse cuando la realización paulatina de las correspondientes unidades de obra hagan innecesario el número de los contratados para su ejecución, debiendo reducirse este de acuerdo con la disminución real del volumen de obra realizada. Este cese deberá comunicarse por escrito al trabajador con una antelación de 15 días naturales. No obstante el empresario podrá sustituir este preaviso por una indemnización equivalente a la cantidad correspondiente a los días de preaviso omitidos calculada sobre los conceptos salariales de las tablas del Convenio aplicable, todo ello sin perjuicio de la notificación escrita del cese. La citada indemnización deberá incluirse en el recibo de salario con la liquidación correspondiente al cese.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>7. Si se produjera la paralización temporal de una obra por causa imprevisible para el empresario y ajena a su voluntad, tras darse cuenta por la empresa a la representación de los trabajadores del centro o, en su defecto, a la Comisión Paritaria Provincial, operarán la terminación de obra y cese previsto en el apartado precedente, a excepción del preaviso. La representación de los trabajadores del centro o, en su defecto, la Comisión Paritaria Provincial, dispondrá, en su caso, de un plazo máximo improrrogable de una semana para su constatación a contar desde la notificación.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El empresario contrae también la obligación de ofrecer de nuevo un empleo al trabajador cuando las causas de paralización de la obra hubieran desaparecido. Dicha obligación se entenderá extinguida cuando la paralización se convierta en definitiva. Previo acuerdo entre las partes, el personal afectado por esta terminación de obra podrá acogerse a lo regulado en el apartado 3 de este artículo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Este supuesto no será de aplicación en el caso de paralización por conflicto laboral.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>8. En todos los supuestos regulados en los apartados anteriores, y según lo previsto en la Disposición Adicional Tercera del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y el artículo 49.1.c) del E.T., se establece una indemnización por cese del 7 por ciento calculada sobre los conceptos salariales de las tablas del Convenio aplicables devengados durante la vigencia del contrato, y siempre y en todo caso, respetando la cuantía establecida en el citado artículo 49.1 c) del E.T.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 25. Otras modalidades de contratación.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Los trabajadores que formalicen contratos de duración determinada, conforme a lo establecido en el artículo 15.1,b) del E.T. o contrato de interinidad, tendrán derecho, una vez finalizado el contrato por expiración del tiempo convenido, a percibir una indemnización de carácter no salarial por cese del 7 por 100 calculada sobre los conceptos salariales de las tablas del convenio aplicable devengados durante la vigencia del contrato, y siempre y en todo caso, respetando la cuantía establecida en el citado artículo 49.1 c) del E.T.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. La duración máxima de los contratos celebrados de acuerdo al indicado artículo 15.1,b) del E.T. será de doce meses dentro de un periodo de dieciocho, computándose dicha duración desde que se produzca la causa que justifica su celebración. En tal supuesto, se considerará que se produce la causa que justifica la celebración del citado contrato cuando se incremente el volumen de trabajo o se considere necesario aumentar el número de personas que realicen un determinado trabajo o presten un servicio.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. Las empresas afectadas por este Convenio y las Empresas de Trabajo Temporal podrán concertar contratos de puesta a disposición.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>De conformidad con el artículo 8.b) Ley 14/1994, de 1 de Junio, por la que se regulan las Empresas de Trabajo Temporal y el artículo 17, apartado 6, de la Ley 35/2010, de 17 de Septiembre, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo, las empresas afectadas por el presente Convenio no podrán celebrar contratos de puesta a disposición para las ocupaciones, puestos de trabajo o tareas que expresamente se determinan en el Anexo VII de este Convenio, y ello por razón de los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo asociados a los mismos. A estos contratos les será de aplicación las siguientes disposiciones:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) Los trabajadores contratados para ser cedidos a empresas usuarias tendrán derecho durante los períodos de prestación de servicios en las mismas a la aplicación de las condiciones esenciales de trabajo y empleo establecidas en el correspondiente convenio colectivo sectorial que les corresponderían de haber sido contratados directamente por la empresa usuaria para ocupar el mismo puesto.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) A estos efectos, se considerarán condiciones esenciales de trabajo y empleo las referidas a la remuneración, la duración de la jornada, las horas extraordinarias, los períodos de descanso, el trabajo nocturno, las vacaciones y los días festivos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>c) La remuneración comprenderá todas las retribuciones económicas, fijas o variables, establecidas para el puesto de trabajo a desarrollar en el indicado convenio colectivo sectorial aplicable a la empresa usuaria que estén vinculadas a dicho puesto de trabajo. Deberá incluir, en todo caso, la parte proporcional correspondiente al descanso semanal, las pagas extraordinarias, los festivos y las vacaciones. Será responsabilidad de la empresa usuaria la cuantificación de las percepciones finales del trabajador y, a tal efecto, dicha empresa usuaria deberá consignar las retribuciones a que se refiere este párrafo en el contrato de puesta a disposición del trabajador.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>d) Asimismo, los trabajadores contratados para ser cedidos tendrán derecho a que se les apliquen las mismas disposiciones que a los trabajadores de la empresa usuaria en materia de protección de las mujeres embarazadas y en período de lactancia, y de los menores, así como a la igualdad de trato entre hombres y mujeres y a la aplicación de las mismas disposiciones adoptadas con vistas a combatir las discriminaciones basadas en el sexo, la raza o el origen étnico, la religión o las creencias, la discapacidad, la edad o la orientación sexual.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>e) Cuando el contrato se haya concertado por tiempo determinado el trabajador tendrá derecho, además, a recibir una indemnización económica a la finalización del contrato de puesta a disposición equivalente a la parte proporcional de la cantidad que resultaría de abonar una indemnización por cese del 7 por 100 calculada sobre todos los conceptos salariales de las tablas del convenio sectorial aplicable devengados durante la vigencia del contrato, y siempre y cuando no haya establecida otra por Ley y siempre y en todo caso, respetando la cuantía establecida en el artículo 11.2 de la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las empresas de trabajo temporal. En este caso la indemnización podrá ser prorrateada durante la vigencia del contrato.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>f) Los trabajadores cedidos por las empresas de trabajo temporal deberán poseer la formación teórica y práctica en materia de prevención de riesgos laborales necesaria para el puesto de trabajo a desempeñar, teniendo en cuenta su cualificación y experiencia profesional y los riesgos a los que vaya a estar expuesto. Siempre que se posible esta formación se corresponderá con la prevista en el Libro II del presente Convenio colectivo. Los trabajadores cedidos deberán estar en posesión de la Tarjeta Profesional de la Construcción, cuando ello sea procedente.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>g) Igualmente, tendrán derecho a la utilización de los servicios de transporte, de comedor, de guardería y otros servicios comunes e instalaciones colectivas de la empresa usuaria durante el plazo de duración del contrato de puesta a disposición en las mismas condiciones que los trabajadores contratados directamente por la empresa usuaria.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>h) La empresa usuaria deberá informar a los trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal, sobre la existencia de puestos de trabajo vacantes, a fin de garantizarles las mismas oportunidades de acceder a puestos permanentes que a los trabajadores contratados directamente por aquella. Esta información podrá facilitarse mediante un anuncio público en un lugar adecuado de la empresa o centro de trabajo, o mediante otros medios previstos en la negociación colectiva, que aseguren la transmisión de la información.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. El contrato para la formación y el aprendizaje viene regulado, además de por el Real Decreto-Ley 10/2011, de 26 de agosto, de medidas urgentes para la promoción del empleo de los jóvenes, el fomento de la estabilidad en el empleo y el mantenimiento del programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo, Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral y el Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la formación profesional dual, por las siguientes disposiciones:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) El sector reconoce la importancia que el contrato para la formación puede tener para la incorporación, con adecuada preparación, de determinados colectivos de jóvenes. Esta preparación debe recoger tanto el aspecto práctico de cada oficio como el conocimiento y adecuación al sistema educativo general. A este respecto, las partes firmantes manifiestan su interés en que la formación, teórica y práctica correspondiente a los contratos para la formación se lleve a cabo a través de las instituciones formativas de que se ha dotado el sector.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) El contrato para la formación y el aprendizaje tendrá por objeto la cualificación profesional de los trabajadores en un régimen de alternancia de actividad laboral retribuida en una empresa con actividad formativa recibida en el marco del sistema de formación profesional para el empleo o del sistema educativo, adecuado desempeño de un oficio o puesto de trabajo cualificado en el sector de la construcción.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>c) El contrato para la formación y el aprendizaje se podrá celebrar con trabajadores mayores de dieciséis años y menores de veinticinco años que carezcan de la cualificación profesional reconocida por el sistema de formación profesional para el empleo o del sistema educativo requerida para concertar un contrato en prácticas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>d) En los contratos para la formación y el aprendizaje que se celebren con desempleados que se incorporen como alumnos-trabajadores a los programas públicos de empleo-formación, tales como los de escuelas taller, casas de oficios, talleres de empleo u otros que se puedan aprobar, el límite máximo de edad será el establecido en las disposiciones que regulen el contenido de los citados programas. Igualmente podrá celebrarse el contrato para la formación sin aplicación del límite máximo de edad anteriormente señalado, cuando se concierte con personas con discapacidad.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>e) No podrán ser contratados bajo esta modalidad por razón de edad, los menores de dieciocho años para los oficios de vigilante, pocero y entibador, ni para aquellas tareas o puestos de trabajo que expresamente hayan sido declarados como especialmente tóxicos, penosos, peligrosos e insalubres.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>f) La duración mínima del contrato será de un año y la máxima de dos, si bien podrá prorrogarse por doce meses más para los contratos a los que se refieren los apartados c) y e) precedente, o cuando ello sea necesario en atención a las necesidades del proceso formativo del trabajador en los términos que se establezcan por las normas vigentes, o en función de las necesidades organizativas o productivas de las empresas de acuerdo con lo dispuesto en el presente Convenio, o cuando se celebre con trabajadores que no haya obtenido el título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La formación en los contratos para la formación y el aprendizaje que se celebren con trabajadores que no hayan obtenido el título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria deberá permitir la obtención de dicho título.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Cuando se celebre por un plazo inferior al máximo establecido en el párrafo anterior, podrá prorrogarse antes de su terminación por acuerdo entre las partes, hasta por dos veces, por períodos no inferiores a seis meses, sin que el tiempo acumulado, incluido el de las prórrogas, pueda exceder del referido plazo máximo. Cuando su duración sea superior a un año, la parte que formule la denuncia del mismo está obligada a notificar a la otra su terminación con una antelación mínima de quince días.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Expirada la duración máxima del contrato para la formación, el trabajador no podrá ser contratado bajo esta modalidad por la misma o distinta empresa. No se podrán celebrar contratos para la formación y el aprendizaje cuando el puesto de trabajo correspondiente al contrato haya sido desempeñado con anterioridad por el trabajador en la misma empresa por tiempo superior a doce meses. A estos efectos, la empresa podrá recabar del servicio público de empleo certificación en la que conste el tiempo que el trabajador ha estado contratado para la formación con anterioridad a la contratación que se pretende realizar.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>g) El trabajador deberá recibir la formación inherente al contrato para la formación y el aprendizaje directamente en un centro formativo de la red a que se refiere la Disposición Adicional Quinta de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, previamente reconocido para ello por el sistema nacional de empleo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>h) La actividad laboral desempeñada por el trabajador en la empresa deberá estar relacionada con las actividades formativas, que deberán comenzar en el plazo máximo de cuatro meses a contar desde la fecha de la celebración del contrato. Además el tipo de trabajo que debe prestar el trabajador en formación estará directamente relacionado con las tareas propias del nivel ocupacional, oficio o puesto de trabajo objeto de contrato. Entre estas tareas se incluyen las labores de limpieza y mantenimiento de los utensilios y herramientas empleados en la labor conjunta con la diligencia correspondiente a su aptitud y conocimientos profesionales.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El empresario, en el contrato de trabajo, viene obligado a designar la persona que actuará como tutor del trabajador en formación, que deberá ser aquella que por su oficio o puesto cualificado desarrolle su actividad auxiliada por este y que cuente con la cualificación o experiencia profesional adecuada. El propio empresario podrá asumir esta tarea, siempre que desarrolle su actividad profesional en la misma obra que el trabajador en formación.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>i) La retribución de los contratados para la formación y el aprendizaje se ajustará a los siguientes porcentajes, aplicables al salario del Nivel IX de las tablas de cada Convenio y referidos a una jornada del 100 por 100 de trabajo efectivo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Colectivos de la letra c) y e) de este artículo:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1.<sup>er</sup> año: 60 por 100.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2.º año: 70 por 100.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3.<sup>er</sup> año: 85 por 100.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Colectivos de las letras d) de este artículo:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1.<sup>er</sup> año: 95 por 100.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2.º año: 100 por 100.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Aquellos convenios provinciales que a la entrada en vigor del presente Convenio tengan una retribución salarial superior a los porcentajes del primer párrafo de este punto, la mantendrán como condición más beneficiosa hasta ser alcanzado por este, quedando en consecuencia congelados dichos salarios hasta su equiparación.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>j) Los contratados en formación tendrán derecho, asimismo, a los pluses extrasalariales que, en su caso, se establezcan en cada convenio colectivo de ámbito inferior, en igual cuantía que el señalado para el resto de los trabajadores.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>k) Con carácter general, la suspensión del contrato en virtud de las causas previstas en los artículos 45 y 46 del E.T. no comportará la ampliación de su duración, salvo pacto en contrario. No obstante, la situación de incapacidad temporal del contratado para la formación inferior a seis meses, comportará la ampliación de la duración del contrato por igual tiempo al que el contrato haya estado suspendido por esta causa. Las situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, maternidad, adopción o acogimiento, riesgo durante la lactancia y paternidad interrumpirán el cómputo de la duración del contrato.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>l) Si concluido el contrato, el contratado para la formación y el aprendizaje no continuase en la empresa, esta le entregará un certificado acreditativo del tiempo trabajado con referencia al oficio objeto de la formación y del aprovechamiento que, a su juicio, ha obtenido en su formación práctica.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La Fundación Laboral de la Construcción a través de sus centros propios o colaboradores, dará, en su caso, la calificación a través de las pruebas correspondientes, previamente homologadas, tanto del aprovechamiento teórico como práctico y decidirá su pase a la categoría de oficial.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>m) Asimismo, el trabajador contratado para la formación tendrá derecho a una indemnización por cese del 4,5 por 100 calculado sobre los conceptos salariales de las tablas del convenio devengados durante la vigencia del contrato, calculados conforme a los criterios establecidos en la letra i) de este artículo.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 26. Subcontratación.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Las empresas que subcontraten con otras del sector la ejecución de obras o servicios responderán en los términos establecidos en el artículo 42 del E.T. y en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción, teniendo en cuenta que esta Ley es específica para el sector en estos temas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Asimismo, se extenderá la responsabilidad a la indemnización de naturaleza no salarial por muerte, gran invalidez, incapacidad permanente absoluta o total derivadas de accidente de trabajo o enfermedad profesional pactada en el artículo 66 del presente Convenio, quedando limitado el ámbito de esta responsabilidad exclusivamente respecto de los trabajadores de las empresas subcontratadas obligadas por este Convenio General.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 27. Subrogación de personal en contratas de mantenimiento de carreteras o vías férreas, redes de agua, concesiones municipales para el mantenimiento y conservación de aceras, pavimentos, vías públicas y alcantarillado.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Al objeto de contribuir a garantizar el principio de estabilidad en el empleo de los trabajadores empleados por empresas y entidades que se sucedan mediante cualquier modalidad contractual, total o parcialmente, en cualquier contrata de conservación y/o mantenimiento de autopistas, autovías, carreteras o vías férreas, redes de agua, así como concesiones municipales para el mantenimiento y conservación de aceras, pavimentos, vías públicas y alcantarillado a que se refiere el artículo 3, apartado b) y el Anexo l, apartado b) del presente Convenio colectivo, se establece, con carácter exclusivo para tales actividades, la obligación de subrogación del personal entre las empresas saliente y entrante, la cual se llevará a cabo conforme a los requisitos y condiciones que se detallan en el presente artículo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En las contratas de redes de agua, concesiones municipales para el mantenimiento y conservación de aceras, pavimentos, vías públicas y alcantarillado la subrogación de personal establecida en el punto anterior será de aplicación a los contratos municipales para las contratas nuevas que se liciten desde el día siguiente a la publicación del presente Convenio Colectivo en el Boletín Oficial del Estado. Todo ello sin perjuicio de lo establecido en el vigente Convenio Colectivo del Grupo de Construcción y Obras Públicas de la Autonomía de Madrid.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En lo sucesivo, el término «contrata» engloba con carácter genérico cualquier modalidad de contratación pública, referida a las actividades anteriormente descritas, que pasa a ser desempeñada, de modo parcial o total, por una determinada empresa, sociedad, organismo público u otro tipo de entidad, sea cual sea la forma jurídica que adopten.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. En todos los supuestos de finalización, pérdida, rescisión o cesión de una contrata, así como respecto de cualquier otra figura o modalidad que suponga la sustitución entre entidades, personas físicas o jurídicas que lleven a cabo la actividad de que se trata, los trabajadores de la empresa saliente adscritos a dicha contrata pasarán a adscribirse a la nueva empresa o entidad que vaya a realizar la actividad objeto de la contrata, respetando esta los derechos y obligaciones que disfruten en la empresa sustituida.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Dado el carácter de mejora de la legislación vigente que supone la subrogación prevista en este artículo, se establece expresamente que tales derechos y obligaciones quedarán limitados exclusivamente a los generados por el último contrato suscrito por el trabajador con la empresa saliente de la contrata, sin que la empresa entrante se encuentre vinculada por cualquier contrato o pacto anterior a aquel, particularmente a efectos de años de servicio, indemnizaciones por despido y cualesquiera otros conceptos que tomen en consideración el tiempo de prestación de servicios, a menos que ya tuviera reconocido el trabajador tales derechos mediante sentencia judicial firme con anterioridad a producirse la subrogación y le hubieran sido comunicados a la empresa entrante en el plazo y forma regulados en este artículo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. Será requisito necesario para tal subrogación que los trabajadores lleven prestando sus servicios en la contrata que cambia de titular, al menos cuatro meses antes de la fecha de finalización efectiva de la misma, sea cual fuere la modalidad de su contrato de trabajo, con independencia de que, con anterioridad al citado período de cuatro meses, hubieran trabajado en otra contrata. El personal o trabajadores que no reúnan estos requisitos y condiciones no tendrán derecho a ser subrogados.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>También se producirá la mencionada subrogación del personal en cualquiera de los siguientes supuestos:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) Trabajadores, con derecho a reserva de puesto de trabajo, que en el momento de la finalización efectiva de la contrata tengan una antigüedad mínima de cuatro meses en la misma y se encuentre en situación de suspensión de su contrato de trabajo por alguna de las causas establecidas en el artículo 45 del E.T.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) Trabajadores con contrato de interinidad que sustituyan a alguno de los trabajadores mencionados en el apartado anterior, con independencia de su antigüedad y mientras dure su contrato.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>c) Trabajadores de nuevo ingreso que por exigencia del cliente se hayan incorporado a la contrata como consecuencia de una ampliación que perdure en la siguiente contrata, aunque no lleven los cuatro meses de antigüedad.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>d) Trabajadores que sustituyan a otros que se jubilen, de forma parcial o total, dentro de los últimos cuatro meses anteriores a la finalización efectiva de la contrata.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. Al objeto de garantizar la transparencia en el proceso de licitación, la empresa o entidad en la que se extinga o concluya el contrato, en el momento de iniciarse el procedimiento estará obligada a tener a disposición de las empresas licitadoras la relación de todo el personal objeto de la posible subrogación en la que se especifique, nombre y apellidos, documento nacional de identidad, número de afiliación a la seguridad social, antigüedad, jornada y horario, modalidad de contratación, fecha de disfrute de vacaciones y retribuciones que, por cualesquiera conceptos, vinieran percibiendo, especificando los mismos y sus importes.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>5. Asimismo, será requisito imprescindible para que opere esta subrogación que la empresa a la que se le extinga o concluya el contrato, notifique por escrito la obligación de subrogación a la nueva empresa adjudicataria o entidad que asuma la contrata en el término improrrogable de quince días naturales anteriores a la fecha efectiva de finalización de la contrata, o de quince días a partir de la fecha de comunicación fehaciente del cese, facilitándole al mismo tiempo los siguientes documentos:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) Certificado del organismo competente de estar al corriente de pago de la seguridad social y primas de accidentes de trabajo de todos los trabajadores cuya subrogación se pretende o corresponda.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) Fotocopia de las cuatro últimas nóminas o recibos de salarios mensuales de los trabajadores afectados por la subrogación.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>c) Fotocopia de los TC1 y TC2 de cotización de la seguridad social de los últimos cuatro meses, en los que figuren los trabajadores afectados.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>d) Fotocopia del parte de alta en la seguridad social de los trabajadores afectados.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>e) Relación de todo el personal objeto de la subrogación, en la que se especifique nombre y apellidos, documento nacional de identidad, número de afiliación a la seguridad social, antigüedad, jornada y horario, modalidad de contratación, fecha de disfrute de vacaciones y retribuciones que, por cualesquiera conceptos, vinieran percibiendo, especificando los mismos y sus importes.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>f) Fotocopia de los contratos de trabajo que tengan suscritos los trabajadores afectados.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>g) Toda la documentación relativa a la prevención de riesgos laborales.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>h) En su caso, documentación acreditativa de las situaciones a que se refiere el apartado 3, párrafos a, b, c y d del presente artículo.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Asimismo, será necesario que la empresa saliente acredite documentalmente a la entrante, antes de producirse la subrogación, mediante copia de documento diligenciado por cada trabajador afectado, que este ha recibido de la empresa saliente su liquidación de partes proporcionales de sus retribuciones hasta el momento de la subrogación, no quedando pendiente cantidad alguna. A estos efectos, los trabajadores que no hubieran disfrutado de sus vacaciones reglamentarias al producirse la subrogación las disfrutarán con la nueva adjudicataria del servicio, que solo deberá abonar la parte proporcional del período que a ella corresponda, ya que el abono del otro período corresponde al anterior adjudicatario, que deberá efectuarlo en la correspondiente liquidación.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>6. En el supuesto de que una o varias contratas cuya actividad viene siendo desempeñada por una o distintas empresas o entidades se fragmenten o dividan en distintas partes, zonas o servicios al objeto de su posterior adjudicación, pasarán a estar adscritos al nuevo titular aquellos trabajadores que cumplan con los requisitos previstos en el apartado 3 de este artículo referidos a la anterior contrata, y respecto de los que la empresa o empresas salientes hubieran cumplido con las obligaciones establecidas en el apartado 5 del mismo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>7. En el caso de que distintas contratas, servicios, zonas o divisiones de aquellas se agrupen en una o varias, la subrogación de personal operará respecto de todos aquellos trabajadores que cumplan con los requisitos previstos en el apartado 3 de este artículo referidos a alguna de las anteriores contratas, y respecto de los que la empresa o empresas salientes hubieran cumplido con las obligaciones establecidas en el apartado 5 del mismo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>8. La aplicación de este artículo será de obligado cumplimiento para las partes a que vincula, empresa o entidad cesante, nueva adjudicataria y trabajador, por lo que, cumplidos los requisitos establecidos en los apartados 3, 4 y 5 del presente artículo, operará en todos los supuestos de sustitución de contratas, partes o zonas de las mismas que resulten de la fragmentación o división de las mismas, así como en las agrupaciones que de aquellas puedan efectuarse, aun tratándose de las normales sustituciones que se produzcan entre empresas o entidades que lleven a cabo la correspondiente actividad. Todo ello con independencia de los supuestos de sucesión de empresa en los que se estará a lo dispuesto en el artículo 44 del E.T.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>9. No desaparece el carácter vinculante de la subrogación prevista en este artículo en el caso de que el organismo público que adjudica la contrata suspendiese la actividad objeto de la misma por un período no superior a doce meses.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>10. Cuando se produzca una subrogación, el personal objeto de la misma deberá mantener las condiciones económicas y sociales de este Convenio, si este fuera el que le es de aplicación en la empresa cesante en el momento de la subrogación, aunque la empresa cesionaria o entrante viniese aplicando a sus trabajadores condiciones inferiores en virtud de un convenio estatutario de empresa. La aplicación de las condiciones del presente Convenio se mantendrá hasta la finalización de la vigencia establecida en esta materia en el artículo 7 referido al ámbito temporal, punto 2.</p>
<p class='capitulo_num' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CAPÍTULO III</p>
<p class='capitulo_tit' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Clasificación profesional</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 28. Clasificación profesional.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Sobre la base de lo dispuesto en el artículo 22 del E.T. y respondiendo a las necesidades actuales del trabajo en el sector, se establece un sistema de clasificación profesional de los trabajadores del sector de la construcción en grupos profesionales.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. La clasificación profesional se estructura en ocho grupos profesionales con tres áreas funcionales: Gestión técnica, diseño y planificación; Producción y actividades asimiladas; y Servicios transversales.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. En el anexo X de este Convenio se define el contenido de cada una de las áreas y grupos profesionales.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. En el anexo XI de este Convenio se recoge la Tabla de equivalencias profesionales entre la clasificación anterior dividida en categorías profesionales y la nueva clasificación en grupos profesionales con sus correspondientes niveles retributivos.</p>
<p class='capitulo_num' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CAPÍTULO IV</p>
<p class='capitulo_tit' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Ordenación y prestación del trabajo</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 29. Ordenación del trabajo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. La ordenación del trabajo es facultad del empresario o persona en quien este delegue, y debe ejercerse con sujeción a lo establecido en el presente Convenio y demás normas aplicables.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. El trabajador está obligado a cumplir las órdenes e instrucciones del empresario en el ejercicio regular de sus facultades directivas, debiendo ejecutar cuantos trabajos, operaciones o actividades se le ordenen dentro del general cometido de su competencia profesional. Entre ellas están incluidas las tareas complementarias que sean indispensables para el desempeño de su cometido principal, o el cuidado y limpieza de las máquinas, herramientas y puesto de trabajo que estén a su cargo durante la jornada laboral, así como cumplir con todas las instrucciones referentes a prevención de riesgos laborales.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 30. Prestación del trabajo y obligaciones específicas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. La prestación de trabajo, vendrá determinada por lo convenido al respecto en el contrato. La clase y extensión de la prestación serán las que marquen las Leyes, el presente Convenio General del Sector, los convenios de ámbito inferior, el contrato individual, las órdenes e instrucciones del empresario en el ejercicio regular de sus facultades directivas y, en su defecto, los usos y costumbres.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Normalmente solo se prestará el trabajo corriente. No obstante, temporalmente y por necesidad urgente de prevenir males o de remediar accidentes o daños sufridos, deberá el trabajador prestar mayor trabajo u otro distinto del acordado, con obligación por parte del empresario de indemnizarle de acuerdo con la normativa aplicable al respecto.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. El empresario deberá guardar la consideración debida a la dignidad humana del trabajador, así como tener en cuenta la capacidad real de los trabajadores discapacitados, que, en su caso, le presten sus servicios, al adoptar y aplicar medidas de control y vigilancia del cumplimiento de la prestación de trabajo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. El trabajador deberá dar cuenta inmediata a sus jefes directos de los entorpecimientos que observe en la realización de su trabajo así como de las faltas o defectos que advierta en los útiles, máquinas, herramientas o instalaciones relacionadas con su cometido que, a su vez, deberá mantener en adecuado estado de funcionamiento y utilización en lo que de él dependa.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>5. Fuera de los centros de trabajo o de su jornada laboral, queda prohibida, salvo expresa autorización del empresario o de quienes le representen, la utilización de máquinas, herramientas, aparatos, instalaciones o locales de trabajo, así como el uso de máquinas, útiles o aparatos propios en los trabajos encomendados.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>6. Para la debida eficacia de la política de prevención de riesgos laborales, los trabajadores vienen obligados a utilizar los medios de protección que les facilite el empresario en cumplimiento de la normativa reguladora correspondiente, así como atenerse a las instrucciones recibidas, a las disposiciones legales y a lo establecido en el Libro II del presente Convenio.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 31. Trabajo «a tiempo».</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Salvo norma, disposición o pacto en contrario, se presume que la prestación de trabajo se concierta en la modalidad denominada «a tiempo», en la que la retribución se fija atendiendo a la duración del trabajo y al rendimiento normal en la categoría y especialidad correspondientes, al que se hace referencia en el artículo 40 de este Convenio, y cuya contrapartida la constituyen las tablas salariales de los convenios colectivos provinciales o, en su caso, de comunidad autónoma, del sector.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 32. Sistemas científicos o de «trabajo medido».</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. En estos sistemas, que se caracterizan por intentar llevar a cabo, a través de una serie más o menos compleja de operaciones, una medición técnica del rendimiento, y tienen como finalidad conseguir que este sea superior al normal que viene obteniéndose, el rendimiento de la prestación de trabajo será el que en ellos se establezca.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. En su implantación deberá concederse el necesario período de adaptación y se respetará el salario que se había alcanzado anteriormente, pudiendo dar lugar a la movilidad y redistribución del personal que requiera la nueva organización del trabajo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. Si durante el período de adaptación, el trabajador alcanzara rendimientos superiores a los normales, tendrá derecho a percibir la diferencia entre el rendimiento normal y el superior que haya conseguido, regularizándose su situación, en su caso, cuando el sistema sea definitivamente implantado, de acuerdo con las tarifas que el mismo contenga.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. Estos sistemas exigirán el establecimiento de una fórmula clara y sencilla para el cálculo de las retribuciones correspondientes.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>5. Previamente a su implantación o revisión colectivas, deberá solicitarse, a los representantes legales de los trabajadores, el informe a que se refiere el artículo 64.1.4.d) y e) del E.T., que deberán emitir estos en el plazo de quince días, estando sujetas dichas implantación o revisión a lo dispuesto en el artículo 41 del E.T.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 33. Trabajo por tarea, a destajo o por unidad de obra, con primas a la producción o con incentivo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Se caracterizan estos sistemas por poner en relación directa la retribución con la producción del trabajo, con independencia, en principio, del tiempo invertido en su realización y por tener como objetivo la consecución de un rendimiento superior al normal.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. El trabajo a tarea consiste en la realización, por jornada, de una determinada cantidad de obra o trabajo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Si el trabajador termina la tarea antes de concluir la jornada diaria, la empresa podrá ofrecerle, y este aceptar o no, entre continuar prestando sus servicios hasta la terminación de la jornada, o que abandone el trabajo, dando por concluida la misma.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En el primer caso, la empresa deberá abonar el tiempo que medie entre la terminación de la tarea y la conclusión de la jornada diaria, como si se tratase de horas extraordinarias, pero sin que se computen estas al efecto del límite fijado para las mismas en el artículo 35.2 del E.T. y sin que pueda exigirse durante dicho período un rendimiento superior al normal.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. En los trabajos a destajo o por unidad de obra, y a efectos de su retribución, solo se atiende a la cantidad y calidad de la obra o trabajo realizado, pagándose por piezas, medidas, trozos, conjuntos o unidades determinadas, independientemente del tiempo invertido en su realización, si bien puede estipularse un plazo para su terminación, en cuyo caso, deberá terminarse dentro de él, pero sin que pueda exigirse, en este caso, un rendimiento superior al normal.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. En los trabajos que se presten a su aplicación, podrán establecerse primas a la productividad o incentivos, de tal forma que a los mayores rendimientos que se alcancen en el trabajo correspondan unos ingresos que guarden, respecto a los normales, al menos, la misma proporción que la de dichos rendimientos en relación con los normales.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>5. Si en cualquiera de los sistemas previstos en este artículo el trabajador no alcanzase el rendimiento previsto por causa no imputable a la empresa ni al trabajador, este tendrá derecho, al menos, al salario fijado para su categoría profesional en el convenio colectivo aplicable más un 25 por 100.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>6. Previamente a su implantación o revisión colectivas de estos sistemas, en cuanto suponen casos subsumibles en los supuestos de hecho del artículo 64.5 f) del E.T., deberá solicitarse, en su caso, a los representantes legales de los trabajadores el informe a que dicho precepto se refiere, y que deberán estos emitir en el plazo improrrogable de quince días estando sujetas dichas implantación o revisión a lo dispuesto en el artículo 41 del E.T.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 34. Discreción profesional.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Como manifestación de los deberes generales de colaboración y buena fe que rigen la prestación del trabajo, el trabajador está obligado a mantener los secretos relativos a la explotación y negocios de la empresa.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 35. Deberes del empresario.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En relación con la prestación de trabajo, el empresario está obligado a facilitar a los trabajadores cuantos medios sean precisos para la adecuada realización de su cometido, así como los medios de protección necesarios a efectos de su seguridad y salud en el trabajo, tal y como se establece en el Libro II del presente Convenio, y velar por el uso efectivo de los mismos, y en general a respetar los derechos laborales de los trabajadores establecidos en el artículo 4 del E.T.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 36. Reclamaciones de los trabajadores.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Sin perjuicio del derecho que asiste a los trabajadores de acudir y plantear sus reclamaciones ante la autoridad administrativa o jurisdiccional competente, podrán presentarlas ante la empresa en que presten servicio, a través de sus representantes legales o sus jefes inmediatos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Las empresas tratarán de resolver estas reclamaciones en el plazo más breve posible, con objeto de evitar o reducir su planteamiento formal en las mencionadas instancias.</p>
<p class='capitulo_num' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CAPÍTULO V</p>
<p class='capitulo_tit' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Productividad y tablas de rendimientos</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 37. La productividad como bien jurídicamente protegido.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La productividad es un bien constitucionalmente protegido cuya mejora constituye un deber básico de los trabajadores, debiendo colaborar los representantes legales de estos con la dirección de la empresa en orden a conseguir su incremento.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 38. Rendimiento en los sistemas de «trabajo medido».</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Cuando se empleen sistemas de organización científica del trabajo o de «trabajo medido», las normas de implantación o aplicación de estos sistemas deberán establecer el rendimiento normal o exigible que se deba alcanzar así como las tarifas retributivas aplicables en función de los mayores rendimientos que, en su caso, se consigan, elaboradas de forma tal que el cálculo de la retribución correspondiente resulte claro y sencillo.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 39. Rendimiento en los sistemas de trabajo con prima o incentivo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En caso de aplicarse estos sistemas colectivos de trabajo, y como en el supuesto del artículo anterior, en su normativa de implantación o aplicación deberá figurar el rendimiento normal o exigible, y las tarifas retributivas correspondientes, elaboradas de forma que los ingresos respectivos guarden entre sí, al menos, la misma proporción que los rendimientos correspondientes.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 40. Rendimiento en el sistema de trabajo «a tiempo».</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Como se dispone en el artículo 31<em> </em>de este Convenio, se presume que este sistema rige la prestación de trabajo, salvo disposición o pacto en contrario.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. En este sistema la retribución será la que corresponda de acuerdo con la tabla salarial del convenio colectivo provincial, o, en su caso, de comunidad autónoma aplicable, y para su determinación se atenderá al tiempo de duración de la prestación de trabajo, siempre que el trabajador alcance, en dicho tiempo, el rendimiento normal exigible al mismo.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 41. Establecimiento de tablas de rendimiento.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. En el sistema de trabajo a tiempo, y en relación con aquellas actividades, oficios o especialidades y categorías incursas en el ámbito de aplicación de este Convenio, cuyos rendimientos se presten con mayor facilidad a ser medidos con criterios objetivos o materiales, se establecerán tablas de rendimientos normales que, tras los oportunos acuerdos de la Comisión Sectorial de Productividad que en el mismo se crea y de la Comisión Negociadora se irán incorporando como Anexo al presente Convenio.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Después de la publicación de este Convenio podrá acordarse a nivel provincial, o, en su caso, de comunidad autónoma el establecimiento de nuevas tablas de rendimientos normales, o la ampliación de las existentes con nuevas unidades, o su revisión, de acuerdo con la Comisión Sectorial de Productividad, que dictará las oportunas normas de homogeneización y aprobará, en su caso, el tratamiento diferencial que resulte justificado, todo ello en el supuesto de que las unidades correspondientes no vengan recogidas en el Anexo oportuno de este Convenio. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 84.2 del ET.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. En relación con los rendimientos normales, la Comisión Sectorial de Productividad podrá autorizar las adaptaciones que se le propongan a nivel provincial, o, en su caso, de comunidad autónoma, y que entienda estén justificadas.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 42. Tablas de rendimientos y retribuciones.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. La obtención de los rendimientos normales que se establezcan en las tablas aplicables en cada caso, será requisito necesario para tener derecho a la percepción de los salarios estipulados en las tablas salariales del convenio colectivo provincial o, en su caso, de comunidad autónoma correspondiente, salvo lo dispuesto en el apartado siguiente.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Será considerada disminución voluntaria del rendimiento no alcanzar los rendimientos fijados en la tabla de rendimientos normales aplicable, en su caso, salvo causa justificada que, de darse, implicará el derecho a la percepción íntegra del salario estipulado para el rendimiento normal correspondiente.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 43. Revisión de tablas de rendimientos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Los rendimientos estipulados en las tablas solo podrán ser objeto de revisión cuando lo acuerde la Comisión Negociadora de este Convenio, a propuesta no vinculante de la Comisión Sectorial de Productividad.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 44. Condiciones de aplicación.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Las propias tablas de rendimientos establecerán sus condiciones de aplicación así como la forma y, en su caso, el período de entrada en vigor, debiendo recoger, como regla general, que el cómputo de la medición será semanal y referido a cada jornada de trabajo.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 45. Verificación de su cumplimiento.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La empresa podrá verificar en cualquier momento el cumplimiento de los rendimientos de la tabla, en su caso, aplicable, debiendo seguir, para ello, las siguientes reglas:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) Al trabajador que vaya a ser sometido a medición se le comunicará previamente.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) Los resultados de la medición de cada jornada se consignarán en parte de trabajo confeccionado al efecto, que deberá ser firmado diariamente por el trabajador y el empresario o persona que lo represente, y, en caso de negativa de uno de ellos, por dos testigos, quedando en poder de ambas partes copia de dicho documento.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>c) El período de medición mínimo será de una semana laboral, computándose los resultados por el valor medio alcanzado en el período que se utilice.</p>
<p class='capitulo_num' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CAPÍTULO VI</p>
<p class='capitulo_tit' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Promoción en el trabajo</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 46. Ascensos, procedimiento.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. El ascenso de los trabajadores a tareas o puestos de trabajo que impliquen mando o especial confianza será de libre designación y revocación por la empresa.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Para ascender, cuando proceda, a una categoría profesional superior se establecerán por la empresa sistemas de carácter objetivo, teniendo en cuenta la formación, méritos y permanencia del trabajador en la empresa, pudiendo tomar como referencia, entre otras, las siguientes circunstancias:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) Titulación adecuada.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) Conocimiento del puesto de trabajo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>c) Historial profesional.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>d) Haber desempeñado función de superior categoría profesional.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>e) Superar satisfactoriamente las pruebas que se propongan, las cuales deberán ser las adecuadas al puesto de trabajo a desempeñar.</p>
<p class='capitulo_num' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CAPÍTULO VII</p>
<p class='capitulo_tit' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Percepciones económicas: conceptos y estructura</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 47. Percepciones económicas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Del conjunto de percepciones económicas, en dinero o en especie, que el trabajador obtiene en la relación de trabajo por cuenta ajena, unas las percibe como retribución o contraprestación directa por la prestación de su trabajo y son las que constituyen el salario, otras las recibe como compensación de gastos, como prestaciones y sus complementos e indemnizaciones o por modificaciones en su relación de trabajo, no formando ninguna de ellas parte del salario por ser percepciones de carácter extrasalarial.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Percepciones económicas salariales:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) Salario base es aquella parte de la retribución que se fija atendiendo exclusivamente a la unidad de tiempo con el rendimiento normal y exigible, en los términos del artículo 40.2 del presente Convenio.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) Complementos salariales o cantidades que, en su caso, deban adicionarse al salario base, atendiendo a las siguientes circunstancias distintas de la unidad de tiempo:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Personales, tales como antigüedad consolidada, en su caso, y el complemento de discapacidad.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– De puesto de trabajo, tales como las derivadas de trabajo nocturno o excepcionalmente tóxico, penoso o peligroso.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– De calidad o cantidad de trabajo, tales como primas, incentivos, destajos, pluses de actividad o asistencia u horas extraordinarias.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Las cantidades que las empresas abonen libre y voluntariamente a sus trabajadores.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Las pagas extraordinarias y la retribución de vacaciones.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. Percepciones económicas no salariales:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) Las prestaciones e indemnizaciones de la seguridad social y sus complementos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) Las indemnizaciones o suplidos por gastos que hubieran de ser realizados por el trabajador como consecuencia de su actividad laboral, tales como herramientas y ropa de trabajo, así como las cantidades que se abonen en concepto de dietas, gastos de viaje o locomoción, pluses extrasalariales, y aquellas diferencias de alquiler o coste de vivienda que viniera percibiendo el trabajador.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>c) Las indemnizaciones por ceses, movilidad geográfica, suspensiones, extinciones, resoluciones de contrato o despido y accidente de trabajo y enfermedad profesional.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. Aquellos complementos salariales que tengan carácter funcional o circunstancial, como los de puesto de trabajo, los de calidad o cantidad de trabajo realizado, y las cantidades que las empresas abonen libre y voluntariamente, se considerarán no consolidables en el salario del trabajador y no se computarán como base de las percepciones enumeradas en el apartado 2 de este artículo.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 48. Estructura de las percepciones económicas en los convenios provinciales o, en su caso, autonómicos y de ámbitos inferiores.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Con objeto de racionalizar y homogeneizar la estructura de las percepciones económicas de los diferentes convenios del sector de la construcción, las partes signatarias del presente Convenio consideran necesario fijar, con carácter general, los conceptos salariales y extrasalariales que pueden formar parte de la tabla de percepciones económicas.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) Los conceptos son los siguientes:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>• Salario base.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>• Gratificaciones extraordinarias.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>• Pluses salariales.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>• Pluses extrasalariales.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) En el concepto gratificaciones extraordinarias se entiende incluida la retribución de vacaciones.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>c) En pluses salariales se consideran incluidos todos los complementos que se pacten en cada convenio que constituyan contraprestación directa del trabajo y no compensación de gastos originados por asistir o realizar el trabajo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>d) En pluses extrasalariales se consideran incluidos cuantos conceptos se pacten en los convenios de carácter indemnizatorio de gastos originados al trabajador por la prestación de su trabajo, tales como distancia, transporte, recorrido, herramientas y ropa de trabajo.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Dentro del citado espíritu de homogeneización y racionalización, se acuerda establecer las proporciones que deben guardar algunos de los conceptos en relación con el total anual pactado en las tablas de percepciones económicas de cada convenio colectivo de ámbito inferior a este en las siguientes proporciones.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) Los conceptos de salario base y gratificaciones extraordinarias definidos en el artículo anterior, sumados, deberán quedar comprendidos entre el 65 por 100 y el 75 por 100 del total anual de las tablas del convenio para cada categoría o nivel. Aquellos convenios en los que la proporción de estos dos conceptos siga siendo superior al 75 por 100 del total anual, la mantendrán.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) Los pluses extrasalariales, sumados, estarán comprendidos, entre el 5 por 100 y el 7 por 100 del total anual de las tablas del convenio, para cada categoría o nivel retributivo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>c) Los pluses salariales, sumados, ocuparán el restante porcentaje que resulte de aplicar los dos criterios anteriores sobre el total anual de las tablas del convenio para cada categoría o nivel retributivo.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. Además de los conceptos reseñados podrán existir en el recibo de salarios de los trabajadores las restantes percepciones a que hace referencia el artículo anterior.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 49. Devengo de las percepciones económicas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. El salario base se devengará durante todos los días naturales por los importes que, para cada categoría y nivel, establezcan los convenios colectivos de ámbito inferior.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Los pluses salariales de convenio se devengarán durante los días efectivamente trabajados por los importes que, para cada categoría y nivel, fijen los convenios colectivos de ámbito inferior.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. Los pluses extrasalariales de convenio se devengarán durante los días de asistencia al trabajo por los importes que fijen los convenios colectivos de ámbito inferior.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. Las pagas extraordinarias se devengarán por días naturales, en la siguiente forma:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) Paga de junio: de 1 de enero a 30 de junio.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) Paga de Navidad: de 1 de julio a 31 de diciembre.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>5. En los diferentes convenios colectivos de ámbito inferior a este se podrá establecer para cada categoría profesional y nivel la remuneración bruta anual correspondiente, el salario diario, mensual o ambos, y el precio de la hora ordinaria, conforme a lo establecido en el presente Convenio.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 50. Remuneración bruta anual y remuneración mínima bruta anual.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. La remuneración bruta anual mencionada en el artículo anterior comprenderá todas las percepciones económicas pactadas en cada convenio, por nivel y categoría profesional.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>De acuerdo con las formas de devengo, la remuneración bruta anual vendrá dada por la siguiente fórmula:</p>
<p class='centro_redonda' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>R.A. = SB x 335 + [(PS + PE) x (Número de días efectivos de trabajo)] + Vacaciones + PJ + PN</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Siendo:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>R.A. = Remuneración Anual.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>S.B. = Salario Base.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>P.S. = Pluses salariales.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>P.E. = Pluses extrasalariales.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>P.J. = Paga de junio.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>P.N. = Paga de Navidad.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Se establece una remuneración mínima bruta anual para el sector de la construcción a 1 de enero de 2017, para trabajadores a jornada completa, computándose a estos efectos la totalidad de los conceptos retributivos a percibir.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Los convenios provinciales deberán adaptar sus tablas salariales, a la siguiente tabla de remuneración mínima bruta anual por niveles profesionales:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Nivel XII: 15.916,21.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Nivel XI: 16.154,95.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Nivel X: 16.397,27.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Nivel IX: 16.643,22.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Nivel VIII: 16.892,86.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Nivel VII: 17.146,24.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Nivel VI: 17.403,43.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Nivel V: 17.664,48.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Nivel IV: 17.929,45.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Nivel III: 18.198,37.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Nivel II: 18.471,35.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. Esta tabla de remuneración mínima bruta anual pactada para el año 2017 se actualizará cada año conforme a lo expuesto en el presente Convenio en relación con los incrementos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. Teniendo en cuenta las especiales circunstancias por las que atraviesa el sector y en algunas provincias especialmente deprimidas, los convenios provinciales que en sus tablas salariales y por todos los conceptos y cómputo anual se vean afectados por la presente remuneración mínima bruta anual fijada en este Convenio adaptarán las mismas mediante los acuerdos pertinentes que se adopten en su ámbito.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>5. Todo lo dispuesto en el presente artículo se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 84.2 del ET.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 51. Pago de las percepciones económicas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Todas las percepciones, excepto las de vencimiento superior al mes, se abonarán mensualmente por períodos vencidos y dentro de los cinco primeros días hábiles del mes siguiente al de su devengo, aunque el trabajador tendrá derecho a percibir quincenalmente anticipos cuya cuantía no será superior al 90 por 100 de las cantidades devengadas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Las empresas destinarán al pago la hora inmediatamente siguiente a la finalización de la jornada ordinaria, en las fechas habituales de pago. Cuando por necesidades organizativas se realice el pago dentro de la jornada laboral esta se interrumpirá y se prolongará después del horario de trabajo por el tiempo invertido en el pago, sin que en ningún caso tal prolongación pueda exceder en más de una hora.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. El tiempo invertido en el pago de retribuciones y anticipos a cuenta de las mismas quedará exento del cómputo de la jornada laboral, considerándose como de mera permanencia en el centro de trabajo y, por tanto, no retribuido a ningún efecto.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. Las empresas quedan facultadas para pagar las retribuciones y anticipos a cuenta de los mismos mediante cheque, transferencia u otra modalidad de pago a través de entidad bancaria o financiera. Si la modalidad de pago fuera el cheque el tiempo invertido en su cobro será por cuenta del trabajador.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>5. El trabajador deberá facilitar a la empresa, al tiempo de su ingreso o incorporación a la misma, su Número de Identificación Fiscal (NIF), de conformidad con la normativa aplicable al respecto.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 52. Incrementos económicos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Las tablas provinciales del año 2016 y vigentes durante el ejercicio se actualizarán en 1,9 por 100 con efectos desde el día 1 de enero de 2017.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. El importe de las dietas y medias dietas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 82.6 de este Convenio se fijará en el marco de los respectivos convenios colectivos provinciales o, en su caso, autonómicos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. Las tablas salariales de los convenios provinciales que no se encuentren actualizadas de acuerdo con el incremento establecido para el año 2016 dispondrán de dos meses a partir de la fecha de publicación del presente Convenio en el Boletín Oficial del Estado para proceder a su actualización. Asimismo estas tablas salariales deberán de estar actualizadas según el incremento salarial establecido para el año 2017 antes del 31 de diciembre de 2017.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Respecto de aquellas tablas salariales que llegadas dichas fechas no se hayan actualizado, podrá la Comisión Paritaria del presente Convenio, en función de lo dispuesto en su artículo 108, i), fijar la cuantía de las mismas para los respectivos ámbitos provinciales.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 53. Absorción y compensación.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Las percepciones económicas cuantificadas que se establezcan por los convenios de cualquier ámbito en el sector de la construcción tendrán el carácter de mínimas en su ámbito de aplicación.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. A la entrada en vigor de un nuevo Convenio o disposición legal aplicables, las empresas afectadas podrán absorber y compensar los aumentos o mejoras que aquellos contengan, cuando las percepciones económicas realmente abonadas a los trabajadores, cualquiera que sea su origen, sean superiores en su conjunto y cómputo anual.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. La absorción y compensación solo se podrán efectuar comparando globalmente conceptos de naturaleza salarial o de naturaleza extrasalarial y en cómputo anual.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 54. Antigüedad consolidada.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Como consecuencia del Acuerdo Sectorial Nacional de la Construcción sobre el concepto económico de antigüedad firmado el 18 de octubre de 1996 (BOE de 21 de noviembre de 1996), se asumen por ambas partes firmantes los siguientes compromisos:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) Los trabajadores mantendrán y consolidarán los importes a los que tuvieran derecho, por el complemento personal de antigüedad, el 21 de noviembre de 1996.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Al importe anterior así determinado se adicionará, en su caso, a cada trabajador que ya viniera percibiendo alguna cuantía por este concepto, el importe equivalente a la parte proporcional de antigüedad que el trabajador tuviera devengada y no cobrada al 21 de noviembre de 1996, calculándose por defecto o por exceso, por años completos. Para el cálculo de los importes de esta parte de antigüedad devengada y no cobrada se tendrán en cuenta los importes que para cada categoría y nivel fije cada convenio de ámbito inferior.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) Los importes obtenidos, al amparo de lo previsto en la letra a) se mantendrán invariables y por tiempo indefinido como un complemento retributivo «ad personam», es decir, no sufrirán modificaciones en ningún sentido y por ninguna causa, extinguiéndose juntamente con la extinción del contrato del trabajador afectado con su empresa. Dicho complemento retributivo «ad personam» se reflejará en los recibos oficiales de salario con la denominación de «antigüedad consolidada».</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 55. Complemento por discapacidad.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Los trabajadores que, reconocidos por el organismo oficial correspondiente, acrediten los grados de discapacidad que se recogen a continuación, percibirán como complemento personal las cantidades que se detallan:</p>
<table class='ning_n_estilo_de_tabla' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>
<colgroup>
<col class='row_column_1'/>
<col class='row_column_2'/>
</colgroup>
<thead>
<tr class='row_column_3'>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Grados de discapacidad</p>
<p class='cabeza_tabla'>comprendido entre el</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Importe bruto por mes natural del complemento</p>
</td>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr class='row_column_4'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>13 por 100 y 22 por 100</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>17 euros</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_5'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>23 por 100 y 32 por 100</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>24 euros</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_4'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>33 por 100 o superior</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>34 euros</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. El grado de discapacidad será único y generará, por tanto, el derecho a un solo complemento no pudiendo, en consecuencia, acumularse al grado ya existente otro superior que pudiera reconocerse con posterioridad. Si el grado de discapacidad se redujese el complemento a percibir se acomodará al nuevo tanto por ciento reconocido.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. En el supuesto de que por la empresa se viniese ya abonando un complemento, ayuda o prestación que responda a la compensación de situaciones análogas a la establecida en el presente artículo, aquella podrá aplicar al pago de este complemento personal la cantidad que ya venga abonando por similar concepto sin que, por tanto, se genere el derecho a un pago duplicado.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 56. Gratificaciones extraordinarias.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. El trabajador tendrá derecho exclusivamente a dos gratificaciones extraordinarias al año, que se abonarán en los meses de junio y diciembre antes de los días 30 y 20 de cada uno de ellos, respectivamente.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. La cuantía de las pagas extraordinarias de junio y diciembre se determinará, para cada uno de los niveles y categorías, en la tabla de cada convenio colectivo de ámbito inferior al presente, sea cual fuere la cuantía de la remuneración y la modalidad del trabajo prestado.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. Dichas pagas extraordinarias no se devengarán mientras dure cualquiera de las causas de suspensión del contrato previstas en el artículo 45 del E.T.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 57. Prohibición del prorrateo y proporcionalidad en el devengo de las pagas extraordinarias.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Se prohíbe para los nuevos contratos el prorrateo de las pagas extraordinarias y de la indemnización por finalización de contrato, prohibiéndose por tanto, con carácter general el pacto por salario global. El prorrateo de las pagas extraordinarias o el de la indemnización por finalización de contrato se considerarán como salario ordinario correspondiente al período en que indebidamente se haya incluido dicho prorrateo, todo ello salvo lo establecido en el párrafo siguiente.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. El importe de las pagas extraordinarias para el personal que, en razón de su permanencia, no tenga derecho a la totalidad de su cuantía, será abonado proporcionalmente conforme a los siguientes criterios:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) El personal que ingrese o cese en el transcurso de cada semestre natural, devengará la paga en proporción al tiempo de permanencia en la empresa durante el mismo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) Al personal que cese en el semestre respectivo, se le hará efectiva la parte proporcional de la gratificación en el momento de realizar la liquidación de sus haberes.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>c) El personal que preste sus servicios en jornada reducida o a tiempo parcial, devengará las pagas extraordinarias en proporción al tiempo efectivamente trabajado.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 58. Trabajos excepcionalmente penosos, tóxicos o peligrosos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. A los trabajadores que tengan que realizar labores que resulten excepcionalmente penosas, tóxicas o peligrosas, deberá abonárseles un incremento del 20 por 100 sobre su salario base. Si estas funciones se efectuaran durante la mitad de la jornada o en menos tiempo, el plus será del 10 por 100.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Las cantidades iguales o superiores al plus fijado en este artículo que estén establecidas o se establezcan por las empresas, serán respetadas siempre que hayan sido concedidas por los conceptos de excepcional penosidad, toxicidad o peligrosidad, en cuyo caso no será exigible el abono de los incrementos fijados en este artículo. Tampoco vendrán obligadas a satisfacer los citados aumentos aquellas empresas que los tengan incluidos, en igual o superior cuantía, en el salario de calificación del puesto de trabajo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. Si por cualquier causa desaparecieran las condiciones de excepcional penosidad, toxicidad o peligrosidad, dejarán de abonarse los indicados incrementos no teniendo, por tanto, carácter consolidable.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. En caso de discrepancia entre las partes sobre si un determinado trabajo, labor o actividad debe calificarse como excepcionalmente penoso, tóxico o peligroso, corresponde a la jurisdicción competente resolver lo procedente.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>5. Aquellos convenios colectivos provinciales que a la entrada en vigor del presente Convenio General tengan reconocido un plus penoso, tóxico o peligroso superior, lo mantendrán como condición más beneficiosa.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>6. Las partes firmantes reconocen la importancia que tiene para el conjunto del sector la progresiva desaparición de este tipo de trabajos o, cuando menos, la reducción al mínimo posible de las condiciones de penosidad, toxicidad o peligrosidad que repercuten negativamente en la salud y seguridad de los trabajadores teniendo estos trabajos, en cualquier caso, carácter transitorio y coyuntural.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 59. Trabajos nocturnos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. El personal que trabaje entre las veintidós horas y las seis de la mañana, percibirá un plus de trabajo nocturno equivalente al 25 por 100 del salario base de su categoría.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Si el tiempo trabajado en el período nocturno fuese inferior a cuatro horas, se abonará el plus sobre el tiempo trabajado efectivamente. Si las horas nocturnas exceden de cuatro, se abonará el complemento correspondiente a toda la jornada trabajada.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. Cuando existan dos turnos y en cualquiera de ellos se trabaje solo una hora del periodo nocturno el plus a percibir equivaldrá al 1% del salario base de su categoría.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 60. Pluses extrasalariales.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Con el fin de compensar los gastos que se producen a los trabajadores para acudir a sus puestos de trabajo, teniendo en cuenta la movilidad de los mismos, que constituye una característica de este sector, y cualquiera que sea la distancia a recorrer, se podrá establecer un plus extrasalarial de distancia y transporte, calculado por día efectivo de trabajo que, de igual cuantía para todos los grupos y categorías, se determinará en tabla anexa a cada convenio colectivo de ámbito inferior al presente.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Otros pluses extrasalariales, como los de herramientas y ropa de trabajo, se podrán establecer en los convenios de ámbito inferior para compensar los gastos originados al trabajador, dentro de los límites establecidos en el artículo 48.2.b) del presente Convenio.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 61. Corrección del absentismo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Las partes signatarias del presente Convenio reconocen el grave problema que para nuestra sociedad supone el absentismo y el quebranto que en la economía produce el mismo cuando se superan determinados niveles, así como la necesidad de reducirlo, dada su negativa incidencia en la productividad.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En consecuencia, y tendiendo siempre a un aumento de la presencia del trabajador en su puesto de trabajo, se incluirán en los convenios colectivos de ámbito inferior al presente cláusulas tendentes a la corrección del absentismo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Al efecto, y en orden a la consecución del fin perseguido, se deberá incluir en los convenios colectivos la estipulación siguiente u otra análoga:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Plus o prima de Asistencia y Actividad.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El indicado plus o prima, cuando se pacte, se devengará por cada día efectivamente trabajado con el rendimiento normal exigible y, mediante tabla anexa, se determinará la cuantía del mismo de forma que su importe por día de trabajo disminuya o sea decreciente a medida que aumenten las horas de ausencia del trabajador.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Al determinarse este plus salarial en las tablas de cada convenio colectivo se tendrá en cuenta el límite porcentual establecido en el artículo 48.2.c) de este Convenio.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 62. Realización de horas extraordinarias.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Las horas extraordinarias, en todo caso y por su naturaleza, serán voluntarias de acuerdo con las disposiciones vigentes, excepto las que tengan su causa en fuerza mayor.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 63. Límite de horas extraordinarias.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Se consideran horas extraordinarias, además de las que tengan su causa en fuerza mayor, las motivadas por pedidos o puntas de producción, ausencias imprevistas, cambio de turno y pérdida o deterioro de la producción, o por cualquier circunstancia que altere el proceso normal de producción.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. El número de horas extraordinarias que realice cada trabajador, salvo en los supuestos de fuerza mayor, no excederá de 80 al año.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 64. Retribución de las horas extraordinarias.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Los importes de las horas extraordinarias para cada una de las categorías o niveles se determinarán, en tabla anexa, en los convenios colectivos de ámbito inferior al presente.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Las empresas, siempre y cuando no se perturbe el normal proceso productivo, podrán compensar la retribución de las horas extraordinarias por tiempos equivalentes de descanso.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. En el supuesto de que se realizara la compensación prevista en el párrafo anterior, las horas extraordinarias compensadas dentro de los cuatro meses siguientes a su realización, no se computarán a los efectos de los límites fijados para las mismas en el artículo anterior.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 65. Indemnizaciones.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Se establecen las siguientes indemnizaciones para todos los trabajadores afectados por este Convenio:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) En caso de muerte derivada de enfermedad común o accidente no laboral, el importe de una mensualidad de todos los conceptos de las tablas del convenio aplicable vigente en cada momento.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) En caso de muerte, incapacidad permanente absoluta o gran invalidez, derivadas de accidente de trabajo o enfermedad profesional será de 47.000 euros.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>c) En caso de incapacidad permanente total derivada de accidente de trabajo o Enfermedad profesional será de 28.000 euros.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Salvo designación expresa de beneficiarios por el asegurado, la indemnización se hará efectiva al trabajador accidentado o, en caso de fallecimiento, a los herederos legales del trabajador.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. Las indemnizaciones previstas en los apartados b) y c) de este artículo serán consideradas a cuenta de cualesquiera otras cantidades que pudieran ser reconocidas como consecuencia de la declaración de la responsabilidad civil de la empresa por la ocurrencia de alguna de las contingencias contempladas en este artículo, debiendo deducirse de estas en todo caso habida cuenta de la naturaleza civil que tienen las mismas y ambas partes le reconocen.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. A los efectos de acreditar el derecho a las indemnizaciones aquí pactadas se considerará como fecha del hecho causante aquella en la que se produce el accidente de trabajo o la causa determinante de la enfermedad profesional.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>5. Las indemnizaciones pactadas comenzarán a obligar a los treinta días de la publicación de este Convenio General.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 66. Complemento en caso de hospitalización.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Con independencia de las prestaciones a cargo de la entidad gestora por incapacidad temporal derivada de enfermedad común y profesional, accidente laboral o no laboral, y solo para los casos que sea necesaria la hospitalización, las empresas abonarán un complemento que, sumado a las prestaciones reglamentarias, garantice el 100 por 100 en del salario base y pluses salariales establecidos en el convenio provincial respectivo durante la aludida hospitalización y los sesenta días siguientes, siempre que continúe la situación de incapacidad temporal.</p>
<p class='capitulo_num' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CAPÍTULO VIII</p>
<p class='capitulo_tit' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Tiempo de trabajo</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 67. Jornada.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. La jornada ordinaria anual durante el año 2017 será de 1.736 horas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. La jornada ordinaria semanal será de cuarenta horas durante toda la vigencia del presente Convenio.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. Aquellos convenios provinciales que a la entrada en vigor del presente tengan una jornada inferior, la mantendrán como condición más beneficiosa hasta ser alcanzados por este.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. Las empresas que, de acuerdo con la representación legal de los trabajadores, establezcan un calendario distribuyendo la jornada laboral pactada antes del día 30 de enero de cada año en los centros estables y en las obras con objeto de coordinar las actividades en la empresa, se regirán por el mismo. En dicho calendario se establecerán los días laborables y las horas diarias, que no podrán ser más de nueve.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En ausencia de calendario pactado en los centros de trabajo en los plazos previstos se observará el calendario establecido en el convenio provincial o, en su caso, autonómico aplicable.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>5. Cada convenio colectivo provincial o, en su caso, autonómico, establecerá un calendario laboral distribuyendo la jornada anual pactada. Dicho calendario, operará siempre que no se pacte entre la empresa y los representantes legales de los trabajadores una readaptación distinta en los diferentes centros de trabajo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>6. Teniendo en cuenta las diferentes condiciones climatológicas que inciden sobre las diversas ubicaciones de los centros de trabajo se pactará, en su caso, en cada convenio provincial la distribución variable de la jornada máxima anual, sin que en ningún caso se puedan sobrepasar nueve horas ordinarias de trabajo efectivo diarias.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Cuando se proceda a una distribución variable de la jornada se pactará la distribución variable correspondiente del salario global.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>7. En cada centro de trabajo la empresa expondrá en lugar visible el calendario laboral pactado en el convenio provincial o, en su caso, autonómico, o para el propio centro de trabajo.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 68. Prolongación de la jornada.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La jornada de los trabajadores con funciones de mantenimiento y reparación de instalaciones o maquinaria necesarias para la reanudación o continuidad del proceso productivo, así como del personal que ponga en marcha o cierre el trabajo de los demás, podrá ampliarse por el tiempo preciso sin que el exceso sobre la jornada ordinaria se compute como horas extraordinarias, debiendo abonarse, como mínimo, a prorrata del valor de la hora extraordinaria de trabajo.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 69. Turnos de trabajo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Las empresas podrán establecer turnos de trabajo por razones económicas, técnicas, organizativas o de producción, de conformidad con los artículos 36 y 41 del E.T.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Las empresas que, por las características de su actividad, necesiten establecer jornada ininterrumpida durante las veinticuatro horas del día, organizarán los turnos de tal modo que, salvo adscripción voluntaria, cada trabajador no podrá permanecer en el turno de noche más de dos semanas consecutivas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. En las empresas en que se realice actividad laboral por equipos de trabajo en régimen de turnos, se podrá computar por períodos de hasta cuatro semanas el medio día de descanso semanal previsto en el apartado 1 del artículo 37 del E.T. y en los términos que establezca la vigente normativa al respecto.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. En las empresas que tengan establecidos sistemas de turnos, el trabajador viene obligado a permanecer en su puesto de trabajo hasta la llegada del relevo. El tiempo trabajado durante la espera, sin perjuicio de su abono a prorrata del valor de la hora extraordinaria de trabajo, no se computará como jornada extraordinaria.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 70. Recuperación de horas no trabajadas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El 70 por 100 de las horas no trabajadas por interrupción de la actividad debido a causas de fuerza mayor, accidentes atmosféricos, inclemencias del tiempo, falta de suministros o cualquier otra causa no imputable a la empresa, se recuperarán a razón de una hora diaria en los días laborables siguientes, previa comunicación a los trabajadores afectados y, en su caso, a sus representantes legales en el centro de trabajo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En el supuesto de que la referida interrupción alcance un período de tiempo superior a veinticuatro horas efectivas de trabajo, se estará a lo dispuesto en materia de suspensión del contrato por causa de fuerza mayor en el presente Convenio.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 71. Jornadas especiales.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Se exceptúan de la aplicación del régimen de jornada ordinaria de trabajo, previsto con carácter general en el presente Convenio colectivo, las actividades siguientes:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) La jornada de los porteros, guardas y vigilantes, será de setenta y dos horas semanales, remunerándose a prorrata de su salario base las que excedan de la jornada ordinaria establecida, con carácter general, en el presente Convenio. En cualquier caso se tendrá en cuenta lo dispuesto en el Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) En la realización de trabajos subterráneos en que concurran circunstancias de especial penosidad derivadas de condiciones anormales de temperatura, humedad o como consecuencia del esfuerzo suplementario debido a la posición inhabitual del cuerpo al trabajar, la jornada ordinaria semanal de trabajo no podrá ser superior a treinta y cinco horas sin que, su distribución diaria pueda en ningún caso, exceder de seis horas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>c) Los trabajos en los denominados «cajones de aire comprimido» tendrán la duración que señala la normativa específica al respecto.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>d) Las empresas que estén abonando compensaciones económicas por trabajos excepcionalmente tóxicos, penosos o peligrosos, podrán pactar su sustitución por reducciones de jornada, en los términos que, en cada caso, se establezcan.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 72. Vacaciones.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. El personal afectado por el presente Convenio General, sea cual fuere su modalidad de contratación laboral, tendrá derecho al disfrute de un período de vacaciones anuales retribuidas de treinta días naturales de duración, de los cuales veintiún días tendrán que ser laborables, pudiéndose distribuir estos en periodos de al menos diez días laborables e, iniciándose, en cualquier caso, su disfrute, en día laborable que no sea viernes.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Las vacaciones se disfrutarán por años naturales. El primer año de prestación de servicios en la empresa solo se tendrá derecho al disfrute de la parte proporcional correspondiente al tiempo realmente trabajado durante dicho año.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. El derecho a vacaciones no es susceptible de compensación económica. No obstante, el personal que cese durante el transcurso del año, tendrá derecho al abono del salario correspondiente a la parte de vacaciones devengadas y no disfrutadas, como concepto integrante de la liquidación por su baja en la empresa.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. A efectos del devengo de vacaciones, se considerará como tiempo efectivamente trabajado el correspondiente a la situación de incapacidad temporal, sea cual fuere su causa. En el supuesto de que el periodo de vacaciones coincida con una incapacidad temporal por contingencias distintas a las señaladas en el párrafo segundo del artículo 38.3 del ET que imposibilite al trabajador disfrutarlas, total o parcialmente, durante el año natural a que corresponden, el trabajador podrá hacerlo una vez finalice su incapacidad y siempre que no hayan transcurrido más de dieciocho meses a partir del final del año en que se hayan originado. Finalizado dicho plazo se perderá el mismo si al vencimiento de este el trabajador continuase de baja, aunque mantendrá el derecho a percibir la diferencia que pudiera existir entre la retribución de vacaciones y la prestación de incapacidad temporal.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>5. Cuando el periodo de vacaciones fijado en el calendario de vacaciones de la empresa al que se refiere el párrafo anterior coincida en el tiempo con una incapacidad temporal derivada del embarazo, el parto o la lactancia natural o con el periodo de suspensión del contrato de trabajo previsto en los apartados 4, 5 y 7 del artículo 48 del ET, se tendrá derecho a disfrutar las vacaciones en fecha distinta a la de la incapacidad temporal o a la del disfrute del permiso que por aplicación de dicho precepto le correspondiera, al finalizar el periodo de suspensión, aunque haya terminado el año natural a que correspondan.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>6. En el supuesto de que el periodo de vacaciones coincida con una incapacidad temporal por contingencias distintas a las señaladas en el párrafo anterior que imposibilite al trabajador disfrutarlas, total o parcialmente, durante al año natural al que corresponden, el trabajador podrá hacerlo una vez finalice su incapacidad y siempre que no hayan transcurrido más de dieciocho meses a partir del final del año en que se hayan originado.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>7. El disfrute de las vacaciones, como norma general y salvo pacto en contrario, tendrá carácter ininterrumpido.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>8. La retribución de vacaciones consistirá en la cantidad fija establecida en las tablas salariales de los respectivos convenios colectivos provinciales o de comunidad autónoma.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>9. En todo caso se tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 38 del ET.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 73. Permisos y licencias.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. El trabajador, previo aviso de al menos cuarenta y ocho horas, salvo acreditada urgencia, y justificación posterior, se encuentra facultado para ausentarse del trabajo, manteniendo el derecho a la percepción de todos aquellos conceptos retributivos, que no se encuentren vinculados de forma expresa a la prestación efectiva de la actividad laboral, por alguno de los motivos y por el tiempo siguiente:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) Quince días naturales, en caso de matrimonio.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) Dos días naturales –de los cuales al menos uno deberá ser laborable–, por nacimiento o adopción de un hijo. En el caso de trabajadores no comunitarios o comunitarios de países no colindantes con España el permiso será, siempre que acrediten efectivamente la realización del desplazamiento a su país de origen, de cinco días naturales, pudiéndose ampliar hasta ocho días con el consentimiento de la empresa, pero siendo exclusivamente retribuidos los cinco días antes señalados.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>c) Un día, por matrimonio de hijo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>d) Tres días naturales, por fallecimiento del cónyuge y parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. En el caso de trabajadores no comunitarios o comunitarios de países no colindantes con España el permiso será, siempre que acrediten efectivamente la realización del desplazamiento a su país de origen, de seis días naturales, pudiéndose ampliar hasta ocho días con el consentimiento de la empresa, pero siendo exclusivamente retribuidos los seis días antes señalados.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>e) Dos días naturales, por enfermedad o accidente grave, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario del cónyuge y parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>f) Un día, por traslado del domicilio habitual.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>g) Por el tiempo necesario, para concurrir a exámenes, como consecuencia de los estudios que esté realizando en centros de enseñanza, universitarios o de formación profesional de carácter público o privado, reconocidos.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Cuando por los motivos expresados en los apartados b), c), d) y e), el trabajador necesite efectuar un desplazamiento al efecto, los plazos señalados en los mismos se incrementarán en dos días naturales, salvo los trabajadores no comunitarios o comunitarios no colindantes con España que se acojan a lo dispuesto en los últimos incisos de los apartados b) y d).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Los supuestos contemplados en los apartados precedentes –cuando concurran las circunstancias previstas en los mismos– se extenderán asimismo a las parejas de hecho siempre que consten inscritas en el registro correspondiente.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. En las mismas condiciones que las previstas en el apartado 1 del presente artículo, el trabajador podrá ausentarse del trabajo por el tiempo necesario para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y personal, comprendido el ejercicio de sufragio activo. Cuando conste en una norma legal un período determinado de ausencia, se estará a lo que esta disponga en cuanto a su duración y compensación económica.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En el supuesto de que, por el cumplimiento del deber o desempeño del cargo público, el trabajador perciba una compensación económica, cualquiera que sea su denominación, se descontará el importe de la misma de la retribución a que tuviera derecho en la empresa.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Cuando el cumplimiento del deber antes referido, suponga la imposibilidad de prestación de trabajo en más del 25 por 100 de las horas laborables en un período de tres meses, la empresa se encuentra facultada para decidir el paso del trabajador afectado a la situación de excedencia forzosa, con todos los efectos inherentes a la misma.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. Los/as trabajadores/as, por lactancia de un hijo menor de nueve meses, tendrán derecho, sin pérdida alguna de retribución, a una hora diaria de ausencia del trabajo, que podrán dividir en dos fracciones. La duración del permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de parto múltiple. Por su voluntad, e igualmente sin pérdida de retribución, se podrá sustituir este derecho por una reducción de su jornada laboral en media hora diaria con la misma finalidad o acumularlo en jornadas completas, conforme al acuerdo a que llegue con la empresa. Este permiso podrá ser ejercido por el padre en caso de que ambos trabajen, siempre que quede acreditado mediante certificación de la empresa en que trabaje la madre que esta no ha ejercitado en la misma este derecho.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>5. El trabajador que, por razones de guarda legal, tenga a su cuidado directo a algún menor de doce años o a una persona con discapacidad que no desempeñe actividad retribuida, tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo, con la disminución proporcional del salario, entre al menos un octavo y un máximo de la mitad de la duración de aquella.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Tendrá el mismo derecho quien precise encargarse del cuidado directo de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo, y que no desempeñe actividad retribuida.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La reducción de jornada contemplada en el presente apartado constituye un derecho individual de los trabajadores, mujeres y hombres. No obstante, si dos o más trabajadores de la misma empresa generasen este derecho por el mismo sujeto causante, el empresario podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de la empresa.</p>
<p class='capitulo_num' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CAPÍTULO IX</p>
<p class='capitulo_tit' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Movilidad funcional</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 74. Cambio de puesto de trabajo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 22, se entiende por movilidad funcional la que se deriva de la facultad que tiene el empresario para decidir el cambio de puesto de trabajo de sus trabajadores cuando lo estime necesario para la buena marcha de la organización, siempre que se efectúe sin perjuicio de los derechos económicos y profesionales que correspondan a estos, y se respeten las limitaciones exigidas por las titulaciones académicas o profesionales que se requieran para ejercer la prestación laboral de que se trate y la pertenencia al grupo profesional correspondiente, pudiéndose realizar entre las diferentes áreas funcionales que recoge la clasificación profesional de este Convenio.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 75. Trabajos de nivel retributivo superior.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Por necesidades organizativas, de producción o de contratación, el trabajador podrá ser destinado a ocupar un puesto de un nivel retributivo superior al que tuviera reconocido, por plazo que no exceda de seis meses durante un año, u ocho durante dos años, teniendo derecho a percibir, mientras se encuentre en tal situación, la remuneración correspondiente a la función efectivamente desempeñada.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Transcurrido dicho período, el trabajador podrá reclamar de la empresa la clasificación profesional adecuada, y, si esta no resolviese favorablemente al respecto, en el plazo de quince días hábiles, y previo informe, en su caso, de los representantes legales de los trabajadores, podrá reclamarla ante la jurisdicción competente, y surtirá efectos, si es estimada la reclamación y una vez firme la resolución correspondiente, a partir del día en que el interesado solicitó, por escrito, su adecuada clasificación.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. Cuando se realicen funciones de un nivel retributivo superior, pero no proceda el ascenso por no reunir el interesado los requisitos precisos al respecto, el trabajador tendrá derecho a percibir la diferencia retributiva existente entre el nivel retributivo asignado y el de la función efectivamente realizada.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. Se exceptúan de lo anteriormente dispuesto, los trabajos de un grupo profesional superior que el trabajador realice, de común acuerdo con la empresa, con el fin de prepararse para el ascenso.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>5. Lo dispuesto en este artículo no será aplicable, salvo en lo que se refiere a la retribución, en los supuestos de incapacidad temporal, maternidad, permisos y excedencias, en los que la sustitución comprenderá todo el tiempo que duren las circunstancias que lo hayan motivado.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 76. Trabajos de nivel retributivo inferior.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. La empresa por necesidades perentorias, transitorias o imprevisibles, podrá destinar a un trabajador a realizar tareas correspondientes a un nivel retributivo inferior al suyo por el tiempo imprescindible, y comunicándolo, a los representantes legales de los trabajadores, si los hubiere, no pudiendo el interesado negarse a efectuar el trabajo encomendado, siempre que ello no perjudique su formación profesional. En esta situación, el trabajador seguirá percibiendo la remuneración que, por su nivel retributivo y función anterior, le corresponda.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. A un trabajador no se le podrá imponer la realización de trabajos propios de un nivel retributivo inferior durante más de tres meses al año, mientras todos los trabajadores del mismo grupo profesional no hayan rotado en la realización de dichas tareas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>No se considerarán, a efectos del cómputo, los supuestos de avería o fuerza mayor.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. Si el destino de un nivel retributivo inferior hubiera sido solicitado por el propio trabajador, se le asignará a este la retribución que le corresponda por la función efectivamente desempeñada, pero no se le podrá exigir que realice trabajos de un nivel retributivo superior a aquel por el que se le retribuye.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 77. Personal de capacidad disminuida.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. El personal que, por edad u otra circunstancia, haya experimentado una disminución en su capacidad para realizar las funciones que le competen, podrá ser destinado por la empresa a trabajos adecuados a sus condiciones actuales, siempre que existan posibilidades para ello, asignándosele la clasificación profesional que proceda de acuerdo con sus nuevos cometidos, así como la remuneración correspondiente a su nueva categoría profesional.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Cuando en la empresa existan puestos disponibles para ser ocupados por trabajadores con capacidad disminuida, tendrán preferencia para desempeñarlos, a igualdad de condiciones, y en su caso, los trabajadores de la propia empresa en los términos expresados en el apartado anterior.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. El trabajador que no esté conforme con su paso a la situación de capacidad disminuida o con la nueva categoría que se le asigne, podrá interponer la oportuna reclamación ante la jurisdicción competente.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 78. Trabajos susceptibles de originar un perjuicio para la salud sin merma de la capacidad laboral.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Cuando un trabajador, sin merma de su capacidad laboral, pudiera resultar, previsiblemente y con cierto fundamento, perjudicado en su salud, con motivo u ocasión del trabajo que habitualmente realiza, a criterio del médico de empresa o facultativo designado por esta a tal efecto, podrá ser destinado por la empresa a un nuevo puesto de trabajo, si lo hubiese, en el que no exista tal riesgo o peligro y adecuado a su nivel de conocimientos y experiencia, asignándosele la clasificación profesional correspondiente a sus nuevas funciones, así como la remuneración que corresponda a estas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Si el trabajador no estuviese conforme con el cambio de puesto, podrá interponer la oportuna reclamación ante la jurisdicción competente.</p>
<p class='capitulo_num' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CAPÍTULO X</p>
<p class='capitulo_tit' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Movilidad geográfica</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 79. Conceptos generales.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Las empresas podrán desplazar a su personal a otros centros de trabajo distintos de aquel en que presten sus servicios durante cualquier plazo de tiempo, fundamentando dicho desplazamiento en razones económicas, técnicas, organizativas, de producción o de contratación.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Esta facultad deriva, por una parte, del carácter móvil del trabajo en las empresas del sector, como consecuencia de la inevitable temporalidad de la realización de su actividad, y a tenor de la excepción prevista en el artículo 40.1 del E.T. y, por otra, de la competencia atribuida al empresario en materia de ordenación del trabajo en el artículo 29 de este Convenio.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Cuando el desplazamiento se produzca a un centro de trabajo situado en distinto término municipal y que, además, diste 15 kilómetros o más del centro de trabajo de partida y de la residencia habitual del trabajador, dará lugar a los siguientes conceptos compensatorios:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) Si el desplazamiento es de duración que no exceda de un año, se devengarán dietas, si no puede pernoctar en su residencia habitual, y medias dietas, si puede pernoctar en ella.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) Si el desplazamiento es de duración superior a un año, e implica cambio de residencia, se devengará una indemnización compensatoria en la cuantía y condiciones establecidas en el apartado siguiente. Además, se devengarán los gastos de viaje del trabajador y su familia, los gastos de traslado de muebles y enseres y cinco días de dieta por cada persona que viaje de las que compongan la familia y convivan con el desplazado.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. La indemnización compensatoria, establecida en el apartado anterior para el supuesto de desplazamiento superior a un año que implique cambio de residencia, se aplicará conforme a las siguientes reglas:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) Será equivalente al 35 por 100 de las percepciones anuales brutas del trabajador en jornada ordinaria y de carácter salarial en el momento de realizarse el cambio de centro; el 20 por 100 de las mismas al comenzar el segundo año; el 10 por 100 al comenzar el tercer año y el 10 por 100 al comenzar el cuarto año, siempre sobre la base inicial.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) En caso de que se produzca un nuevo desplazamiento de duración superior a un año, con cambio de residencia, antes de transcurridos cuatro años desde el anterior, se dará por finalizada la secuencia indemnizatoria iniciándose una nueva, tomando como base la retribución que se viniera percibiendo en ese momento.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>De la indemnización percibida por el primer desplazamiento no se deducirá cantidad alguna de la anualidad en curso al fijar la nueva secuencia indemnizatoria.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>c) En el supuesto de que se extinguiera el contrato de trabajo antes de transcurridos cuatro años desde un desplazamiento de duración superior a un año, con cambio de residencia, solamente se devengará la parte proporcional de la indemnización compensatoria correspondiente a la anualidad en que se produzca la extinción.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. En los desplazamientos voluntarios mediante petición escrita del trabajador, no procederán las compensaciones y derechos regulados en este capítulo.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 80. Preaviso, ejecutividad e impugnación de la orden de desplazamiento.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Si el desplazamiento es de duración que no exceda de un año, el empresario deberá preavisar por escrito al trabajador con una antelación mínima de tres días, o cinco si el desplazamiento es superior a tres meses, haciendo constar las condiciones y duración prevista.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Si el desplazamiento es de duración superior a un año, el preaviso será de treinta días para la incorporación inicial del trabajador al nuevo puesto, sin perjuicio de que realice a su conveniencia el traslado de familia, muebles y enseres, a cuyos efectos el empresario facilitará y costeará los viajes necesarios a su localidad de origen. El desplazamiento deberá ser comunicado simultáneamente a los representantes de los trabajadores.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. No se requerirá preaviso cuando el trabajador pueda pernoctar en su residencia habitual. En los casos de urgente necesidad, el preaviso no podrá ser inferior a cinco días laborables, en el caso de desplazamientos de duración superior a tres meses.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. En todos los casos, la orden de desplazamiento es ejecutiva para el trabajador, sin perjuicio de la posible impugnación judicial.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 81. Descanso.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Por cada tres meses de desplazamiento continuado de duración que no exceda de un año, sin posibilidad de pernoctar en el lugar de residencia habitual, el trabajador tendrá derecho a un mínimo de cuatro días laborables retribuidos en dicho lugar, sin computar como tales los de viaje, cuyos billetes o su importe, serán de cuenta del empresario.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Tales días de descanso deberán hacerse efectivos dentro del término de los quince días naturales inmediatamente posteriores a la fecha de vencimiento de cada período de tres meses de desplazamiento.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Por acuerdo individual, podrá pactarse la acumulación de estos días, añadiéndose, incluso, al período de vacaciones.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 82. Dietas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. La dieta es un concepto extrasalarial, de naturaleza indemnizatoria o compensatoria, y de carácter irregular, que tiene como finalidad el resarcimiento o compensación de los gastos de manutención y alojamiento del trabajador, ocasionados como consecuencia de la situación de desplazamiento.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. El trabajador percibirá dieta completa cuando, como consecuencia del desplazamiento, no pueda pernoctar en su residencia habitual. Se devengará siempre por día natural.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. Cuando el empresario organice y coste la manutención y alojamiento del personal desplazado, siempre que reúna las condiciones exigibles y suficientes, solamente satisfará el 20 por 100 de la dieta completa.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. Se devengará media dieta cuando, como consecuencia del desplazamiento, el trabajador afectado tenga necesidad de realizar la comida fuera de su residencia habitual, no le fuera suministrada por la empresa y pueda pernoctar en la citada residencia. La media dieta se devengará por día efectivo trabajado.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>5. Las dietas o medias dietas se percibirán siempre con independencia de la retribución del trabajador y en las mismas fechas que esta; pero en los desplazamientos de más de una semana de duración, aquel podrá solicitar anticipos quincenales a cuenta, y a justificar, sobre las mencionadas dietas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>6. El importe de la dieta completa y de la media dieta será fijado en el marco de los convenios colectivos de ámbito inferior.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>7. La dieta completa no se devengará en los casos de suspensión legal del contrato de trabajo, salvo en los casos de incapacidad temporal en los que la empresa mantenga el desplazamiento.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 83. Locomoción.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Serán de cuenta de la empresa los gastos de locomoción que se originen como consecuencia de la situación de desplazamiento, ya sea poniendo medios propios a disposición del trabajador, ya abonándole la compensación correspondiente.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 84. Prioridad de permanencia.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Tienen prioridad para ser los últimos en ser afectados por cualquier desplazamiento a población distinta del lugar de su residencia habitual, los representantes legales de los trabajadores, dentro de su categoría y especialidad profesional u oficio.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 85. Condiciones de trabajo en el centro de llegada o destino.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. El personal desplazado quedará vinculado a la jornada, horario de trabajo y calendario vigente en la obra o centro de trabajo de llegada. No obstante, en el supuesto de que la jornada de trabajo correspondiente al centro de origen, fuese inferior a la del de llegada, se abonará el exceso como horas extraordinarias, que no computarán para el límite del número de dichas horas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. La dieta o media dieta, en su caso, a percibir por el personal desplazado, será la que corresponda de acuerdo con el convenio colectivo provincial del lugar de llegada.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. El trabajador desplazado deberá facilitar, en cuanto de él dependa, cuantos trámites fuesen precisos en orden a la regularización de su nueva situación.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 86. Obras de larga extensión.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Son aquellas en las que el lugar de prestación de trabajo resulta variable a lo largo de un determinado territorio o zona, bien sea mediante tajos continuos o discontinuos, pudiendo abarcar varios términos municipales o incluso provincias, pero de tal modo que, a efectos técnicos y de organización empresarial, formen parte de una única unidad estructural.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. La prestación de actividad laboral a lo largo de cualesquiera de los tajos o centros de trabajo integrantes de esta modalidad de obras, no constituye desplazamiento en sentido técnico, por lo que tales supuestos están excluidos del régimen jurídico previsto en el presente capítulo, si bien el tiempo invertido en esta movilidad dentro de la obra se computará como trabajado.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. No obstante lo establecido en el apartado anterior, si como consecuencia de la prestación de servicios en estas obras, el trabajador no pudiera pernoctar en el lugar de su residencia habitual, devengará el derecho a la percepción de dieta completa, así como a ser resarcido por la empresa de los gastos de viaje de ida y vuelta al lugar específico de trabajo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. Cuando las citadas obras discurran por ámbitos territoriales correspondientes a varias provincias, será de aplicación, en su caso, la dieta del convenio colectivo del lugar de prestación efectiva de la actividad del trabajador. En el caso de que un determinado tajo o centro de trabajo se encuentre en el límite geográfico entre dos provincias, será de aplicación la del convenio colectivo correspondiente al lugar donde se preste la actividad laboral durante un mayor período de tiempo.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 87. Traslado de centro de trabajo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. El traslado total o parcial de las instalaciones que no exija cambio de residencia habitual a los trabajadores afectados, será facultad del empresario, previo informe, en su caso, de los representantes legales de los trabajadores, que deberán emitirlo en el plazo de quince días, a partir de aquel en que se les haya notificado la decisión correspondiente.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Si dicho traslado supusiera cambio de residencia habitual, a falta de aceptación, en su caso, por parte de los representantes legales de los trabajadores, habrá que estar, para poder llevarlo a efecto, a las restantes disposiciones establecidas, al respecto, en el artículo 40.2 del E.T., y en cuanto a sus condiciones, a lo previsto a tales efectos en este Convenio General del Sector.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 88. Residencia habitual.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Se entenderá por residencia habitual del trabajador la que haya señalado este, lo que es preceptivo, al ingresar en la empresa, debiendo comunicar a esta los cambios que se produzcan al respecto durante la vigencia del correspondiente contrato de trabajo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Los cambios de residencia habitual del trabajador que se produzcan durante el transcurso de la relación laboral, y que no se hayan comunicado por este a su empresa, no producirán ningún efecto en relación con las disposiciones de este Convenio General y demás normativa que sea de aplicación.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. Los cambios de residencia habitual del trabajador, que no vengan obligados por decisiones de su empresa, no darán lugar, por sí solos, a derecho o compensación alguna a su favor, aunque, como es preceptivo, le deban ser comunicados a esta.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. A los efectos del presente capítulo, se entenderá que un desplazamiento implica cambio de residencia habitual, cuando razonablemente imposibilite o haga especialmente gravoso u oneroso al trabajador el desplazamiento diario al centro de destino desde dicha residencia, atendidas las circunstancias de distancia y tiempo invertido en recorrerla.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En ningún caso se entenderá que un desplazamiento implica cambio de residencia, cuando, con respecto al centro de trabajo de destino, se produzca alguna de las siguientes circunstancias:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) Que esté ubicado en el mismo término municipal que el de procedencia.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) Que se encuentre más próximo de la residencia habitual del trabajador que el centro de procedencia.</p>
<p class='capitulo_num' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CAPÍTULO XI</p>
<p class='capitulo_tit' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Suspensión y extinción de la relación laboral</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 89. Causas y efectos de la suspensión.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. El contrato de trabajo podrá suspenderse por las siguientes causas:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) Mutuo acuerdo de las partes.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) Las consignadas válidamente en el contrato.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>c) Incapacidad temporal de los trabajadores.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>d) Maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural de un menor de nueve meses, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, de conformidad con el Código Civil o las leyes civiles de las Comunidades Autónomas que lo regulen, siempre que su duración no sea inferior a un año, de menores de seis años o de menores de edad que sean mayores de seis años cuando se trate de menores con discapacidad o que por sus circunstancias y experiencias personales o por provenir del extranjero, tengan especiales dificultades de inserción social y familiar debidamente acreditadas por los servicios sociales competentes.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>e) Ejercicio de cargo público representativo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>f) Privación de libertad del trabajador, mientras no exista sentencia condenatoria.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>g) Suspensión de empleo y sueldo, por razones disciplinarias.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>h) Fuerza mayor temporal.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>i) Causas económicas, técnicas, organizativas o de producción que impidan la prestación y la aceptación del trabajo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>j) Excedencia forzosa.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>k) Ejercicio del derecho de huelga.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>l) Cierre legal de la empresa.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>m) Por decisión de la trabajadora que se vea obligada a abandonar su puesto de trabajo como consecuencia de ser víctima de violencia de género.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. La suspensión exonera de las obligaciones recíprocas de trabajar y remunerar el trabajo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. Cuando la suspensión venga motivada por alguna de las causas previstas en los epígrafes f) y g) del apartado 1 de este artículo, y salvo acuerdo entre las partes, el tiempo de suspensión no computará a efectos de años de servicio.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 90. Suspensión del contrato por causas de fuerza mayor temporal.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. A efectos de la causa de suspensión prevista en la letra h) del apartado 1 del artículo anterior, tendrán la consideración de fuerza mayor temporal, entre otras, siempre que resulten imprevisibles, o siendo previsibles, resulten inevitables, las situaciones siguientes:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) Imposibilidad de recepción de acopios, materiales o suministro de los mismos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) Corte del suministro de energía, por causas ajenas a la empresa.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>c) Fenómenos climatológicos que impidan la normal realización de los trabajos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>d) Paralización de la obra o parte de esta, por orden gubernativa, resolución administrativa u otras causas similares ajenas a la voluntad del empresario, sin perjuicio de lo establecido, al respecto, para el contrato fijo de obra, en el presente Convenio.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>e) Paralización de la actividad de los trabajadores en la obra, acordada por decisión mayoritaria de los representantes legales de aquellos o, en su caso, de los delegados de prevención, cuando dicha paralización se mantenga con posterioridad y en contra del preceptivo pronunciamiento en el plazo de veinticuatro horas de la autoridad laboral.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. En todos estos supuestos, se aplicará el procedimiento previsto en el artículo 51.7 del E.T.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 91. Excedencia forzosa.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Los supuestos de excedencia forzosa previstos en la Ley darán lugar al derecho a la conservación del puesto de trabajo y al cómputo de la antigüedad durante su vigencia. El reingreso se solicitará dentro del mes siguiente al cese en el cargo que motivó la excedencia, perdiéndose el derecho al reingreso si se solicita transcurrido este plazo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. La duración del contrato de trabajo no se verá interrumpida por la situación de excedencia forzosa del trabajador, y en el caso de llegar el término del contrato durante el transcurso de la misma, se extinguirá dicho contrato, previa su denuncia o preaviso, salvo pacto en contrario.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 92. Excedencias voluntarias, por cuidado de familiares y las reguladas por pacto de las partes.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. El trabajador con al menos, una antigüedad en la empresa de un año, tendrá derecho a que se le reconozca la posibilidad de situarse en excedencia voluntaria por un plazo no inferior a cuatro meses ni superior a cinco años. El trabajador en excedencia, conservará un derecho preferente al reingreso en las vacantes, de igual o similar categoría a la suya, que hubiera o se produjeran en la empresa, siempre que lo solicite con, al menos, un mes de antelación al término de la excedencia. El tiempo de excedencia no computará a efectos de años de servicio.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Los trabajadores tendrán derecho a un período de excedencia, no superior a tres años, para atender al cuidado de cada hijo, ya sea por naturaleza o por adopción o en los supuestos, de guarda con fines de adopción o de acogimiento, tanto permanente como preadoptivo, aunque estos sean provisionales, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa. El período de duración de la excedencia podrá disfrutarse de forma fraccionada.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>También tendrá derecho a un período de excedencia, de duración no superior a dos años, salvo que se establezca una duración superior por acuerdo entre las partes, los trabajadores para atender el cuidado de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo, y no desempeñe actividad retribuida.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En caso de que dos o más trabajadores de la misma empresa generasen este derecho por el mismo sujeto causante, el empresario podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de la empresa.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Cuando un nuevo sujeto causante diera derecho a un nuevo período de excedencia, el inicio de la misma dará fin al que, en su caso, se viniera disfrutando.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El período en que el trabajador permanezca en situación de excedencia conforme a lo establecido en este apartado será computable a efectos de años de servicio y el trabajador tendrá derecho a la asistencia a cursos de formación profesional, a cuya participación deberá ser convocado por el empresario, especialmente con ocasión de su incorporación, la cual deberá ser solicitada con, al menos, un mes de antelación al término de la excedencia. Durante el primer año tendrá derecho a la reserva de su puesto de trabajo. Transcurrido dicho plazo, la reserva quedará referida a un puesto de trabajo del mismo grupo profesional o categoría equivalente.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>No obstante, cuando el trabajador forme parte de una familia que tenga reconocida oficialmente la condición de familia numerosa, la reserva de su puesto de trabajo se extenderá hasta un máximo de quince meses cuando se trate de una familia numerosa de categoría general, y hasta un máximo de dieciocho meses si se trata de categoría especial.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. Durante el período de excedencia, el trabajador no podrá prestar sus servicios en otra empresa que se dedique a la misma actividad. Si así lo hiciera, perderá automáticamente su derecho de reingreso.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. En las excedencias pactadas se estará a lo que establezcan las partes.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 93. Causas y efectos de la extinción.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En cuanto a la extinción del contrato de trabajo, se estará a lo dispuesto en la legislación vigente y, en concreto, a lo establecido en el<em> </em>E.T. en sus artículos 49 a 57, ambos inclusive,<em> </em>y a las especialidades previstas en este Convenio para el contrato fijo de obra y otras modalidades de contratación.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 94. Ceses.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La extinción del contrato, según el carácter del mismo, se ajustará a los siguientes requisitos:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) Durante el período de prueba, las empresas y los trabajadores podrán dar por terminado su contrato sin necesidad de preaviso y sin derecho a indemnización alguna.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) En los contratos temporales, la extinción se producirá cuando transcurra el plazo de duración fijado en los mismos, previa su denuncia, en su caso.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>c) En cuanto al contrato de fijo en obra, se estará a lo dispuesto al respecto en la regulación que del mismo se efectúa en este Convenio.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 95. Finiquitos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. El recibo de finiquito de la relación laboral entre empresa y trabajador, para que surta plenos efectos liberatorios, deberá ser conforme al modelo que figura como Anexo III de este Convenio y con los requisitos y formalidades establecidos en los números siguientes. La Confederación Nacional de la Construcción lo editará y proveerá de ejemplares a todas las organizaciones patronales provinciales.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Toda comunicación de cese o de preaviso de cese, deberá ir acompañada de una propuesta de finiquito en el modelo citado. Cuando se utilice como propuesta, no será preciso cumplimentar la parte que figura después de la fecha y lugar.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. El recibo de finiquito será expedido por la organización patronal correspondiente, numerado, sellado y fechado y tendrá validez únicamente dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha en que fue expedido. La organización patronal que lo expida, vendrá obligada a llevar un registro que contenga los datos anteriormente expresados.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. Una vez firmado por el trabajador, este recibo de finiquito surtirá los efectos liberatorios que le son propios.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>5. En los supuestos de extinción de contrato por voluntad del trabajador, no serán de aplicación los apartados 2 y 3 de este artículo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>6. El trabajador podrá estar asistido por un representante de los trabajadores, o en su defecto por un representante sindical de los sindicatos firmantes de presente Convenio, en el acto de la firma del recibo de finiquito.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 96. Jubilación.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Las partes firmantes del presente Convenio, conscientes de que es necesario acometer una política de empleo encaminada a mejorar la estabilidad y la calidad del mismo, consideran conveniente fomentar la jubilación siempre que el trabajador cumpla con los requisitos legales para acceder a la pensión de jubilación.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Dicha medida, por un lado, se encuentra directamente vinculada al objetivo de mejora de la estabilidad en el empleo, cuya plasmación en el presente Convenio Colectivo se encuentra en la regulación del contrato fijo de obra del sector de la construcción previsto en el artículo 24, a la prolongación del plazo máximo de duración de los contratos eventuales por circunstancias de la producción, acumulación de tareas o exceso de pedidos, contemplada en el artículo 25 del presente Convenio, y a la subrogación de personal establecida en el artículo 27.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. Se prevé en este Convenio la posibilidad de acudir a la jubilación anticipada y parcial como medidas encaminadas a mejorar la estabilidad y calidad en el empleo en el sector de la construcción, medidas que podrán ser adoptadas por las empresas dentro de las figuras que jurídicamente lo permitan.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Además, lo dispuesto en este artículo será tenido en cuenta en relación con lo establecido en el artículo 8 del Real Decreto-Ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo, por el que se da una nueva redacción al apartado 2 de la Disposición Final Duodécima de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, en relación con lo dispuesto en la Disposición Final Quinta del mismo Real Decreto-Ley a los efectos de la aplicación de la regulación de la pensión de jubilación vigente antes de 1 de enero de 2013 en los siguientes supuestos:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1.º Las personas con relación laboral suspendida o extinguida como consecuencia de decisiones adoptadas en expedientes de regulación de empleo, o por medio de convenios colectivos de cualquier ámbito, acuerdos colectivos de empresa así como por decisiones adoptadas en procedimientos concursales, aprobados, suscritos o declarados con anterioridad a 1 de abril de 2013, siempre que la extinción o suspensión de la relación laboral se produzca con anterioridad a 1 de enero de 2019, por el cual los trabajadores afectados, los representantes unitarios y sindicales o las empresas dispondrán hasta el día 15 de abril de 2013 para comunicar y poner a disposición de las direcciones provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social copia de los expedientes de regulación de empleo, aprobados con anterioridad al 1 de abril de 2013, de los convenios colectivos de cualquier ámbito así como acuerdos colectivos de empresa, suscritos con anterioridad a dicha fecha, o de las decisiones adoptadas en procedimientos concursales dictadas antes de la fecha señalada, en los que se contemple, en unos y otros, la extinción de la relación laboral o la suspensión de la misma, con independencia de que la extinción de la relación laboral se haya producido con anterioridad o con posterioridad al 1 de abril de 2013.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2.º Las personas que hayan accedido a la pensión de jubilación parcial con anterioridad a 1 de abril de 2013, así como las personas incorporadas antes de dicha fecha a planes de jubilación parcial recogidos en convenios colectivos de cualquier ámbito o acuerdos colectivos de empresa con independencia de que el acceso a la jubilación parcial se haya producido con anterioridad o posterioridad a 1 de abril de 2013, por el cual los trabajadores afectados, los representantes unitarios y sindicales o las empresas, dispondrán hasta el día 15 de abril de 2013 para comunicar y poner a disposición de las direcciones provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social los planes de jubilación parcial, recogidos en convenios colectivos de cualquier ámbito o acuerdos colectivos de empresas, suscritos antes del día 1 de abril de 2013, con independencia de que el acceso a la jubilación parcial se haya producido con anterioridad o con posterioridad al 1 de abril de 2013.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. Los trabajadores del sector de la construcción que se vean afectados por una jubilación, en sus diferentes modalidades, se entenderán incluidos en los supuestos del artículo 8 del Real Decreto-Ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo, siéndoles de aplicación, siempre que cumplan los demás requisitos previstos en ese artículo, la regulación de la pensión de jubilación vigente antes de 1 de enero de 2013, esto es, la regulación vigente antes de la entrada en vigor de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>5. Las partes firmantes del presente Convenio se comprometen a formular petición razonada de solicitud de reducción de la edad de jubilación de las actividades en las escalas, grupos profesionales, o especialidades del sector en las que estimen que concurran situaciones o requerimientos físicos de penosidad, peligrosidad, insalubridad o toxicidad que hacen aconsejable el establecimiento de la anticipación de la edad de jubilación, en los términos previstos en la disposición adicional primera de este Convenio.</p>
<p class='capitulo_num' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CAPÍTULO XII</p>
<p class='capitulo_tit' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Faltas y sanciones</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 97. Criterios generales.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La empresa podrá sancionar, como falta laboral, las acciones u omisiones de los trabajadores que se produzcan con ocasión o como consecuencia de la relación laboral y que supongan una infracción o incumplimiento contractual de sus deberes laborales, de acuerdo con la tipificación y graduación de las faltas establecidas en el presente capítulo o en otras normas laborales o sociales.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 98. Clases de faltas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Las faltas cometidas por los trabajadores al servicio de las empresas del sector, se clasificarán atendiendo a su importancia y, en su caso, a su reincidencia, en leves, graves, y muy graves, de conformidad con lo que se dispone en los artículos siguientes.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 99. Faltas leves.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Se considerarán faltas leves las siguientes:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) Hasta tres faltas de puntualidad en un mes, sin motivo justificado.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) La no comunicación, con cuarenta y ocho horas como mínimo de antelación, de cualquier falta de asistencia al trabajo por causas justificadas, a no ser que se acredite la imposibilidad de hacerlo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>c) El abandono del centro o del puesto de trabajo, sin causa o motivo justificado, aún por breve tiempo, siempre que dicho abandono no fuera perjudicial para el desarrollo de la actividad productiva de la empresa o causa de daños o accidentes a sus compañeros de trabajo, en que podrá ser considerada como grave o muy grave.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>d) Faltar al trabajo un día al mes, sin causa justificada.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>e) La falta de atención y diligencia debidas en el desarrollo del trabajo encomendado, siempre y cuando no cause perjuicio de consideración a la empresa o a sus compañeros de trabajo, en cuyo supuesto podrá ser considerada como grave o muy grave.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>f) Pequeños descuidos en la conservación del material.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>g) No comunicar a la empresa cualquier variación de su situación que tenga incidencia en lo laboral, como el cambio de su residencia habitual.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>h) La falta ocasional de aseo o limpieza personal, cuando ello ocasione reclamaciones o quejas de sus compañeros o jefes.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>i) Las faltas de respeto, de escasa consideración, a sus compañeros, e incluso, a terceras personas ajenas a la empresa o centro de actividad, siempre que ello se produzca con motivo u ocasión del trabajo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>j) Permanecer en zonas o lugares distintos de aquellos en que realice su trabajo habitual, sin causa que lo justifique, o sin estar autorizado para ello.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>k) Encontrarse en el local de trabajo, sin autorización, fuera de la jornada laboral.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>l) La inobservancia de las normas en materia de prevención de riesgos laborales, que no entrañen riesgo grave para el trabajador, ni para sus compañeros o terceras personas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>m) Las discusiones sobre asuntos extraños al trabajo durante la jornada laboral. Si tales discusiones produjesen graves escándalos o alborotos, podrán ser consideradas como faltas graves o muy graves.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>n) Distraer a sus compañeros durante el tiempo de trabajo y prolongar las ausencias breves y justificadas por tiempo superior al necesario.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>ñ) Usar medios telefónicos, telemáticos, informáticos, mecánicos o electrónicos de la empresa, para asuntos particulares, sin la debida autorización.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 100. Faltas graves.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Se considerarán faltas graves las siguientes:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) Más de tres faltas de puntualidad en un mes o hasta tres cuando el retraso sea superior a quince minutos, en cada una de ellas, durante dicho período, sin causa justificada.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) Faltar dos días al trabajo durante un mes, sin causa que lo justifique.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>c) No prestar la diligencia o la atención debidas en el trabajo encomendado, que pueda suponer riesgo o perjuicio de cierta consideración para el propio trabajador, sus compañeros, la empresa o terceros.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>d) La simulación de supuestos de incapacidad temporal o accidente.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>e) El incumplimiento de las órdenes o la inobservancia de las normas en materia de prevención de riesgos laborales, cuando las mismas supongan riesgo grave para el trabajador, sus compañeros o terceros, así como negarse al uso de los medios de seguridad facilitados por la empresa.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>f) La desobediencia a los superiores en cualquier materia de trabajo, siempre que la orden no implique condición vejatoria para el trabajador o entrañe riesgo para la vida o salud, tanto de él como de otros trabajadores.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>g) Cualquier alteración o falsificación de datos personales o laborales relativos al propio trabajador o a sus compañeros.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>h) La negligencia o imprudencia graves en el desarrollo de la actividad encomendada.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>i) Realizar, sin el oportuno permiso, trabajos particulares en la obra, o centro de trabajo, así como utilizar para usos propios herramientas de la empresa, tanto dentro como fuera de los locales de trabajo, a no ser que se cuente con la oportuna autorización.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>j) La disminución voluntaria y ocasional en el rendimiento de trabajo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>k) Proporcionar datos reservados o información de la obra o centro de trabajo o de la empresa, o de personas de la misma, sin la debida autorización para ello.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>l) La ocultación de cualquier hecho o falta que el trabajador hubiese presenciado y que podría causar perjuicio grave de cualquier índole para la empresa, para sus compañeros de trabajo o para terceros.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>m) No advertir inmediatamente a sus jefes, al empresario o a quien lo represente, de cualquier anomalía, avería o accidente que observe en las instalaciones, maquinaria o locales.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>n) Introducir o facilitar el acceso al centro de trabajo a personas no autorizadas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>ñ) La negligencia grave en la conservación o en la limpieza de materiales y máquinas que el trabajador tenga a su cargo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>o) La reincidencia en cualquier falta leve, dentro del mismo trimestre, cuando haya mediado sanción por escrito de la empresa.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>p) Consumo de bebidas alcohólicas o de cualquier sustancia estupefaciente que repercuta negativamente en el trabajo.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 101. Faltas muy graves.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Se considerarán faltas muy graves las siguientes:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) Más de diez faltas de puntualidad no justificadas, cometidas en el período de tres meses o de veinte, durante seis meses.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) Faltar al trabajo más de dos días al mes, sin causa o motivo que lo justifique.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>c) El fraude, la deslealtad o el abuso de confianza en el trabajo, gestión o actividad encomendados; el hurto y el robo, tanto a sus compañeros como a la empresa o a cualquier persona que se halle en el centro de trabajo o fuera del mismo, durante el desarrollo de su actividad laboral.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>d) Hacer desaparecer, inutilizar, destrozar o causar desperfectos en cualquier material, herramientas, máquinas, instalaciones, edificios, aparatos, enseres, documentos, libros o vehículos de la empresa o del centro de trabajo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>e) La embriaguez habitual o la toxicomanía si repercuten negativamente en el trabajo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>f) La revelación de cualquier información de reserva obligada.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>g) La competencia desleal.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>h) Los malos tratos de palabra u obra o faltas graves de respeto y consideración a los superiores, compañeros o subordinados.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>i) El incumplimiento o inobservancia<em> </em>de las normas de prevención de riesgos laborales, cuando sean causantes de accidente laboral grave, perjuicios graves a sus compañeros o a terceros, o daños graves a la empresa.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>j) El abuso de autoridad por parte de quien la ostente.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>k) La disminución voluntaria y reiterada o continuada, en el rendimiento normal del trabajo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>l) La desobediencia continuada o persistente.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>m) Los actos desarrollados en el centro de trabajo o fuera de él, con motivo u ocasión del trabajo encomendado, que puedan ser constitutivos de delito.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>n) La emisión maliciosa, o por negligencia inexcusable, de noticias o información falsa referente a la empresa o centro de trabajo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>ñ) El abandono del puesto o del trabajo sin justificación, especialmente en puestos de mando o responsabilidad, o cuando ello ocasione evidente perjuicio para la empresa o pueda llegar a ser causa de accidente para el trabajador, sus compañeros o terceros.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>o) La imprudencia o negligencia<em> </em>en el desempeño del trabajo encomendado, o cuando la forma de realizarlo implique riesgo de accidente o peligro grave de avería para las instalaciones o maquinaria de la empresa.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>p) La reincidencia en falta grave, aunque sea de distinta naturaleza, dentro del mismo semestre, que haya sido objeto de sanción por escrito.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 102. Sanciones. Aplicación.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Las sanciones que las empresas pueden aplicar, según la gravedad y circunstancias de las faltas cometidas, serán las siguientes:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) Faltas leves:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Amonestación verbal.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Amonestación por escrito.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) Faltas graves:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Suspensión de empleo y sueldo de uno a quince días.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>c) Faltas muy graves:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Suspensión de empleo y sueldo de dieciséis a noventa días.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Despido.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Para la aplicación y graduación de las sanciones que anteceden en el punto 1, se tendrá en cuenta:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) El mayor o menor grado de responsabilidad del que comete la falta.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) La categoría profesional del mismo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>c) La repercusión del hecho en los demás trabajadores y en la empresa.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. Previamente a la imposición de sanciones por faltas graves o muy graves a los trabajadores que ostenten la condición de representante legal o sindical, les será instruido expediente contradictorio por parte de la empresa, en el que serán oídos, aparte del interesado, los restantes miembros de la representación a que este perteneciera, si los hubiere.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La obligación de instruir el expediente contradictorio aludido anteriormente, se extiende hasta el año siguiente a la cesación en el cargo representativo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. En aquellos supuestos en los que la empresa pretenda imponer una sanción a aquellos trabajadores de los que tenga constancia que están<em> </em>afiliados a un sindicato, deberá, con carácter previo a la imposición de tal medida, dar audiencia a los delegados sindicales, si los hubiere.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 103. Otros efectos de las sanciones.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Las empresas anotarán en los expedientes laborales de sus trabajadores las sanciones que por falta grave o muy grave se les impongan, consignando también la reincidencia en las faltas leves.</p>
<p class='titulo_num' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>TÍTULO II</p>
<p class='titulo_tit' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Representantes de los trabajadores</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 104. Representación unitaria.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Los trabajadores tienen derecho a participar en la empresa a través de los comités de empresa o delegados de personal, en los términos regulados en el Título II del E.T. y en los siguientes apartados.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) Dada la movilidad del personal del sector de la construcción, y de conformidad con el artículo 69.2 del E.T., se pacta que la antigüedad mínima en la empresa para ser elegible queda reducida a tres meses computándose para ello todos los períodos que el trabajador haya estado prestando sus servicios en la empresa durante los doce meses anteriores la convocatoria de las elecciones.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) Por la misma razón, expresada en el párrafo precedente, de la movilidad del personal, en las obras, el número de representantes podrá experimentar, cada año, el ajuste correspondiente, en más o en menos, de conformidad con lo establecido en el párrafo siguiente.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En caso de que se produzca un incremento de plantilla, se podrán celebrar elecciones parciales, en los términos establecidos en el artículo 13.1 del Real Decreto 1844/1994, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de elecciones a órganos de representación de los trabajadores en la empresa.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>c) Los representantes legales, de acuerdo con el sindicato al que pertenezcan, tendrán derecho a la acumulación de hasta el 75 por 100 de horas retribuidas para el ejercicio de sus funciones, en uno o varios de ellos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>d) Aquellos convenios provinciales que, a la entrada en vigor del Convenio General del Sector de la Construcción de 1992, tuvieran establecidas condiciones más beneficiosas, las mantendrán en sus propios términos.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 105. Representación sindical.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En materia de representación sindical, se estará a lo dispuesto en la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, debiendo tenerse además en cuenta las siguientes estipulaciones:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) La unidad de referencia para el desarrollo de la acción sindical es la empresa o, en su caso, el centro de trabajo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) Los delegados sindicales, de acuerdo con el sindicato al que pertenezcan, tendrán derecho a la acumulación de horas retribuidas para el ejercicio de sus funciones, en uno o varios de ellos, sin rebasar el máximo total de horas legalmente establecido.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>c) Los convenios de ámbito inferior al presente podrán establecer un número de trabajadores inferior al establecido en la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad sindical, al objeto de tener derecho a la elección de delegados sindicales.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 106. Responsabilidad de los sindicatos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Los sindicatos, en los términos previstos en el artículo 5 de la Ley Orgánica de Libertad sindical, responderán de los actos o acuerdos adoptados por sus órganos estatutarios, en la esfera de sus respectivas competencias, y por los actos individuales de sus afiliados, cuando estos actúen en el ejercicio de sus funciones representativas o por cuenta del sindicato.</p>
<p class='titulo_num' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>TÍTULO III</p>
<p class='titulo_tit' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Comisiones Mixtas</p>
<p class='capitulo_num' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CAPÍTULO I</p>
<p class='capitulo_tit' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Comisión Paritaria</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 107. Comisión Paritaria.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Se crea una Comisión Paritaria compuesta por un máximo de 12 miembros que serán designados por mitad por cada una de las partes, sindical y empresarial, en la forma que decidan las respectivas organizaciones y con las funciones que se especifican en el artículo siguiente.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Los acuerdos de la Comisión Paritaria sobre interpretación o aplicación se adoptarán en todo caso por unanimidad mediante la correspondiente resolución y tendrán la misma eficacia jurídica y tramitación que el presente Convenio.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. La Comisión se reunirá cuantas veces estime necesario para la buena marcha del presente Convenio y ella determinará, en cada caso, sus normas de funcionamiento.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 108. Funciones y procedimientos de la Comisión Paritaria.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1.<em> </em>La Comisión Paritaria a que se refiere el artículo anterior, tendrá las siguientes funciones:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) Vigilancia y seguimiento del cumplimiento de este Convenio.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) El conocimiento y resolución de las cuestiones derivadas de la aplicación e interpretación de la totalidad de los preceptos del presente Convenio.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>c) A instancia de alguna de las partes, mediar y/o intentar conciliar, en su caso, y previo acuerdo de estas y a solicitud de las mismas, arbitrar en cuantas ocasiones y conflictos, todos ellos de carácter colectivo, puedan suscitarse en la aplicación del presente Convenio.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>d) Entender, de forma previa y obligatoria a la vía administrativa y jurisdiccional, en los términos previstos en el apartado 2 de este artículo, sobre el planteamiento de conflictos colectivos que surjan por la aplicación e interpretación del presente Convenio.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>e) Fijar, conforme a lo establecido en el artículo 50.2, la tabla de la remuneración mínima bruta anual para cada año de vigencia de este Convenio.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>f) En el caso de, que tras el correspondiente periodo de consultas establecido en el artículo 41.4 del E.T., no se alcanzase acuerdo en la empresa en la negociación de la modificación sustancial de condiciones de trabajo regulada en el número 6 de dicho precepto, deberán remitirse las actuaciones dentro de los 5 días siguientes a la correspondiente Comisión Paritaria a fin de que esta solvente las discrepancias.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Dichas actuaciones deberán enviarse junto con la correspondiente Acta de Desacuerdo recogida en el modelo del anexo IX y que de forma específica se establece para este supuesto.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En caso de que la citada Comisión no lograse un acuerdo en el plazo de 7 días, remitirá dentro de los 3 días siguientes las actuaciones al Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje de su ámbito acompañada del Acta del Anexo IX y ello a fin de que este dicte el correspondiente arbitraje vinculante, en cuyo caso el laudo arbitral tendrá la misma eficacia que los acuerdos en periodo de consultas y solo será recurrible conforme al procedimiento y en base a los motivos establecidos en el artículo 91 del E.T.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En los supuestos de ausencia de representantes de los trabajadores en la empresa, se entenderá atribuida a los sindicatos más representativos del sector que estuvieran legitimados para formar parte de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de aplicación a la misma, salvo que los trabajadores atribuyan su representación a una comisión designada conforme a lo dispuesto en el artículo 41.4 del E.T.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>g) Fijar, en su caso, de acuerdo a lo pactado, la determinación de la remuneración que deberá trasladarse a las tablas de los respectivos Convenios Provinciales, así como cuantificar, si procede, la revisión de las citadas remuneraciones y sus efectos según la fórmula que al efecto se haya establecido.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>h) Cuantas otras funciones tiendan a la mayor eficacia práctica del presente Convenio, o se deriven de lo estipulado en su texto y anexos que formen parte del mismo.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Tanto las partes signatarias del presente Convenio como las comprendidas en el número 1 del artículo 4 referente al ámbito personal, se obligan a poner en conocimiento de la Comisión Paritaria cuantas dudas, discrepancias y conflictos colectivos, de carácter general, pudieran plantearse en relación con la interpretación y aplicación del mismo, siempre que sean de su competencia conforme a lo establecido en el apartado anterior, a fin de que, mediante su intervención, se resuelva el problema planteado o, si ello no fuera posible, emita la correspondiente resolución o informe.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. Sin perjuicio de lo pactado en el apartado 3 del artículo anterior, se establece que las cuestiones propias de su competencia que se planteen a la Comisión Paritaria deberán presentarse de forma escrita, y su contenido será el necesario para que pueda examinar y analizar el problema con conocimiento de causa, debiendo tener como contenido mínimo obligatorio:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) Exposición sucinta y concreta del asunto.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) Razones y fundamentos que entienda le asisten al proponente.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>c) Propuesta o petición concreta que se formule a la Comisión.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Al escrito de consulta se acompañarán cuantos documentos se entiendan necesarios para la mejor comprensión y resolución del problema.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. La Comisión podrá recabar, por vía de ampliación, cuanta información o documentación estime pertinente para una mejor o más completa información del asunto, a cuyo efecto concederá un plazo al proponente que no podrá exceder de cinco días hábiles.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>5. La Comisión Paritaria, una vez recibido el escrito de consulta o, en su caso, completada la información pertinente, dispondrá de un plazo no superior a veinte días hábiles para, en caso de acuerdo, resolver la cuestión suscitada emitiendo la correspondiente resolución.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Si no hubiese acuerdo se realizará Informe en el que los integrantes de la Comisión recogerán las consideraciones que, respectivamente, hayan formulado para fundamentar sus respectivas posiciones y, por lo tanto, la discrepancia.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En este último supuesto la Comisión actuará conforme se establece en el número siguiente.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>6. En aquellos supuestos en los que la Comisión Paritaria no alcance acuerdo en relación a las cuestiones que dentro de sus competencias les sean planteadas al margen de las recogidas en el anterior apartado 1, letra h) y en el Capítulo III del Título Preliminar trasladarán, en su caso, las discrepancias a los sistemas de solución extrajudicial de conflictos, asumiendo el Acuerdo sobre Solución Autónoma de Conflictos Laborales (Sistema Extrajudicial), publicado en el BOE de 23 de febrero de 2012 y ello de acuerdo con lo establecido en el artículo 14 del presente Convenio, o en su caso, sometiéndose a los sistemas no judiciales de solución de conflictos establecidos mediante los correspondientes Acuerdos Interprofesionales previstos en el artículo 83 del E.T.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>7. Respecto de las medidas para contribuir a la flexibilidad interna de la empresa, la posible distribución irregular de la jornada será la regulada en el E.T.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Los procedimientos así como y los periodos temporales y de referencia para la movilidad funcional se encuentran regulados en el Capítulo IX. Movilidad Funcional, artículos 74 a 78 del presente Convenio.</p>
<p class='capitulo_num' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CAPÍTULO II</p>
<p class='capitulo_tit' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Comisión Sectorial de Productividad</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 109. Comisión Sectorial de Productividad.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. La Comisión Sectorial de Productividad tendrá su sede en Madrid, en los locales que la propia Comisión acuerde en cada momento.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Dicha Comisión estará formada por un máximo de diez miembros, designados, la mitad por CNC y la otra mitad, por los sindicatos firmantes, todos ellos con voz y voto. El Presidente será designado, de entre los miembros, por ambas partes, de común acuerdo, y tendrá, en caso de empate, voto dirimente cuando así lo decidan, por unanimidad, las dos partes. El Secretario, será designado por las dos representaciones, de común acuerdo, de entre los miembros de la Comisión.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. En los supuestos específicos que así lo requieran, caso por caso, y siempre que lo apruebe la propia Comisión, se recabará la asistencia de especialistas o técnicos en las materias de que se trate.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 110. Funcionamiento y acuerdos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. La propia Comisión Sectorial de Productividad se dotará de su reglamento de funcionamiento, en el que se establecerá que se deberá reunir con carácter ordinario, al menos, una vez cada tres meses, y con carácter extraordinario, cuando así lo solicite cualquiera de las partes o el Presidente, que convocará las reuniones, las presidirá y dirigirá los debates, otorgando y retirando la palabra, cuando lo estime oportuno.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Los acuerdos para su validez, requerirán el voto favorable de la mayoría absoluta de cada una de las dos representaciones.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 111. Funciones.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. La Comisión Sectorial de Productividad será la encargada de elaborar y aprobar las tablas de rendimientos normales, que deberán formar parte de este Convenio como uno de sus Anexos, cuando lo apruebe la Comisión Paritaria del Convenio, constituyendo un todo orgánico con él.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Dicha Comisión de Productividad tendrá también la misión de aprobar, en su caso, las tablas de rendimientos que sometan a su consideración las comisiones negociadoras de los convenios colectivos provinciales o, en su caso, de comunidad autónoma, o las nuevas unidades que pretendan incluir en las mismas o la revisión de las ya existentes, conforme a lo acordado en el artículo 41 del presente Convenio.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>No obstante lo anterior y en tanto la Comisión Sectorial de Productividad no haya elaborado las tablas de rendimientos normales, los convenios de ámbito inferior podrán elaborar tablas de rendimientos propias.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Para la validez de estas tablas de rendimientos, de ámbito provincial o autonómico, se requerirá la previa aprobación de la Comisión Sectorial de Productividad y de la Comisión Negociadora del correspondiente convenio.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. La citada Comisión tendrá, asimismo, la función de aprobar, en su caso, y siempre con el acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio, las adaptaciones de los rendimientos recogidos en el Convenio General que le propongan las comisiones negociadoras de los convenios colectivos provinciales o, en su caso, de comunidad autónoma, cuando entiendan que se dan circunstancias o hechos diferenciales que lo justifiquen.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. La Comisión Sectorial resolverá las dudas o consultas que se le planteen en relación con la aplicación de las tablas de rendimientos.</p>
<p class='capitulo_num' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CAPÍTULO III</p>
<p class='capitulo_tit' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Comisión Paritaria Sectorial de Formación Profesional</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 112. Comisión Paritaria Sectorial de Formación Profesional.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Se constituye la Comisión Paritaria Sectorial de Formación Profesional que estará integrada por hasta doce miembros, designados, la mitad por la CNC y la otra mitad por los sindicatos firmantes, en la forma que decidan las respectivas organizaciones, todos ellos con voz y voto.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Previo acuerdo en cada caso podrán participar en la comisión expertos en la materia de que se trate, los cuales actuaran con voz pero sin voto.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) Duración y cese: los miembros de la Comisión Paritaria Sectorial ejercerán la representación por el período de vigencia del Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral, pudiendo cesar en su cargo por:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Libre revocación de las organizaciones que los eligieron.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Por renuncia o decisión personal.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En cualesquiera de los supuestos de cese, se procederá de forma inmediata a la sustitución del miembro de la Comisión Paritaria Sectorial, a cuyos efectos dentro de los quince días siguientes al cese se notificará la nueva designación por la organización correspondiente.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) Domicilio social: la Comisión Paritaria Sectorial tendrá su domicilio social en la sede de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, sita actualmente en calle Torrelaguna, 56 - 28027 Madrid, pudiendo libremente trasladar su domicilio a cualquier otro, bastando para ello el acuerdo de las partes.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>c) En este domicilio existirá una Secretaría permanente que se encargará de las funciones administrativas propias de un órgano de esta naturaleza.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>d) La Comisión Paritaria Sectorial se reunirá en el domicilio social de la misma, con carácter ordinario mensualmente y, con carácter extraordinario, cuando así lo solicite una de las partes.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Las convocatorias de la Comisión Paritaria Sectorial las realizará la Secretaria permanente de la misma. Las convocatorias se cursarán mediante cartas certificadas, telefax o cualquier otro medio que acredite fehacientemente su envío y recepción, con al menos siete días de antelación a la fecha en que deba celebrarse la reunión.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Las reuniones que tengan carácter urgente podrán convocarse con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas. En la convocatoria deberá figurar día, hora y lugar de la reunión, así como los asuntos a tratar.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La Comisión Paritaria Sectorial quedará válidamente constituida cuando concurran a la reunión, presentes o representados, cuatro de los miembros de cada una de las representaciones.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La representación solo podrá conferirse a otro miembro de la Comisión Paritaria Sectorial y habrá de hacerse por escrito, mediante correo o fax.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>e) Adopción de acuerdos: las decisiones de esta Comisión Paritaria se adoptarán por acuerdo unánime de ambas partes, empresarial y sindical, requiriéndose, en cualquier caso, el voto favorable de al menos cuatro miembros de cada una de las representaciones. Dichos acuerdos no serán efectivos hasta la aprobación del acta en que consten.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. La Comisión Paritaria Sectorial de formación tendrá, entre otras, las siguientes funciones:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) Velar por el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) Establecer o modificar criterios orientativos para la elaboración de los planes de formación continua sectoriales de empresas y agrupados, que afecten exclusivamente a las siguientes materias:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Prioridades respecto a las acciones de formación continua a desarrollar.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Orientación respecto a los colectivos de trabajadores preferentemente afectados por dichas acciones.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>c) Mediar en las discrepancias que pudieran surgir entre las empresas y la representación legal de los trabajadores respecto del contenido del plan de formación elaborado por una empresa, siempre que esta o la representación de los trabajadores en ella así lo requiera.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>d) Emitir informes a su iniciativa o en aquellos casos en que se le solicite respecto de los temas de su competencia.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>e) Realizar una memoria anual sobre la aplicación de este capítulo en lo relativo a la formación continua en el sector.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>f) Cuantas otras sean necesarias para desarrollar las actividades y funciones asignadas.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. De los tiempos empleados en formación profesional para el empleo.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Para aquellos trabajadores que asistan a acciones formativas presenciales correspondientes a las convocatorias de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo durante los años de vigencia del presente Convenio, gestionadas por la Fundación Laboral de la Construcción, el 50 por 100 de las horas que precise esa acción será dentro de la jornada laboral o se deducirán de la misma en dicho porcentaje, siempre que se den las siguientes condiciones:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) La empresa podrá denegar la asistencia de un trabajador a una acción formativa, mediante resolución motivada por razones técnicas, organizativas o de producción. En caso de denegación el trabajador podrá recurrir ante el Consejo Territorial de la FLC.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) Los trabajadores que pueden asistir a las acciones formativas contempladas en este artículo, no superará anualmente al 10 por 100 de las plantillas, ni, en aquellos centros de trabajo con menos de 10 trabajadores, podrá concurrir más de uno.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>c) El 50 por 100 de las horas a cargo de la empresa supondrá un máximo anual de veinte horas por trabajador, pudiendo distribuirse en una o varias acciones formativas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>d) El trabajador solicitante deberá haber superado el período de prueba y tener, en todo caso, una antigüedad mínima de un mes en la empresa.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>e) Durante las horas formativas a cargo de la empresa el trabajador tendrá derecho al salario que le correspondería como si estuviera trabajando en jornada ordinaria.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>f) El trabajador habrá de acreditar ante la empresa la asistencia a la correspondiente acción formativa.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>g) Los permisos individuales de formación, recogidos en la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral se regirán por lo dispuesto en el mismo.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. Permisos individuales de formación.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>A través de la negociación colectiva se podrán establecer los términos concretos de utilización de los Permisos Individuales de Formación –que en cualquier caso se adecuarán a lo dispuesto en la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral y su normativa de desarrollo– procurando, por una parte, una utilización homogénea entre todos los estamentos de la plantilla estableciendo, si fuera necesario, porcentajes por grupos profesionales y, por otra, la participación de los Representantes de los Trabajadores en el proceso de autorización del permiso por parte de la empresa.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Asimismo, las partes se comprometen a difundir y promover la utilización de los permisos individuales de formación.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>A efectos meramente estadísticos, las empresas informarán anualmente a la Comisión Paritaria Sectorial de formación de los permisos individuales solicitados por sus trabajadores.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>5. Acciones complementarias y de acompañamiento.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Las acciones complementarias y de acompañamiento a la formación han de ser el instrumento que permita los estudios necesarios para conocer con mayor profundidad la realidad del sector y con ello identificar las necesidades formativas del mismo, tanto en nuevas competencias profesionales como en aquellas en las que se detecten carencias.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Del mismo modo han de servir para mejorar la calidad y eficacia de la formación continua, incorporando las metodologías y herramientas más acordes con las características propias del sector, así como mediante el análisis de cualquier otro aspecto que las partes consideren de importancia para el desarrollo de la formación en el sector.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La Comisión Paritaria Sectorial establecerá las prioridades en cada convocatoria. En todo caso priorizará aquellos proyectos consensuados por las organizaciones que integran la Comisión Paritaria Sectorial.</p>
<p class='capitulo_num' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CAPÍTULO IV</p>
<p class='capitulo_tit' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Comisión Paritaria Sectorial de Seguridad y Salud en el Trabajo</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 113. Comisión Paritaria Sectorial de Seguridad y Salud en el Trabajo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La reglamentación de esta Comisión se incluye en el Título II del Libro II del presente Convenio.</p>
<p class='titulo_num' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>TÍTULO IV</p>
<p class='titulo_tit' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Igualdad de oportunidades</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 114. Igualdad de oportunidades y no discriminación.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Las partes firmantes del presente Convenio, conscientes de la necesidad de seguir avanzando en la igualdad de mujeres y hombres en el ámbito laboral, e incidir en la igualdad de trato y no discriminación de género, así como en la eliminación de estereotipos, fomentando el igual valor de hombres y mujeres en todos los ámbitos, se comprometen a adoptar las medidas que se estimen necesarias y acuerdan llevar a cabo diferentes actuaciones en base a los siguientes principios:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) Promover la aplicación efectiva de la igualdad de oportunidades en la empresa en cuanto al acceso al empleo, a la formación, a la promoción, a la protección a la maternidad y en las condiciones de trabajo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) Prevenir, detectar y erradicar cualquier manifestación de discriminación, directa o indirecta.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>c) Identificar conjuntamente líneas de actuación e impulsar y desarrollar acciones concretas en esta materia.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>d) Impulsar una presencia equilibrada de la mujer en los ámbitos de la empresa.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. El sector de la construcción y obras públicas, materializando su compromiso y constante preocupación por la completa aplicación de las políticas de igualdad, considera que en el caso de empresas de más de 100 trabajadores las medidas de igualdad deberán dirigirse a la elaboración y aplicación de un Plan de Igualdad.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. Los planes de igualdad de las empresas son un conjunto ordenando de medidas, adoptados después de realizar un diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar en la empresa la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres y eliminar la discriminación por razón de sexo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. Los planes de igualdad fijarán los concretos objetivos de igualdad a alcanzar, las estrategias y prácticas a adoptar para su consecución, así como el establecimiento de sistemas eficaces de seguimiento y evaluación de los objetivos fijados.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>5. Para la consecución de estos objetivos fijados, los Planes de Igualdad podrán contemplar, entre otras, las materias al acceso al empleo, clasificación profesional, promoción y formación, retribuciones, ordenación del tiempo de trabajo para favorecer, en términos de igualdad entre mujeres y hombres, la conciliación laboral, personal y familiar, y prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>6. Los Planes de Igualdad incluirán la totalidad de una empresa, sin perjuicio del establecimiento de acciones especiales adecuadas respecto a determinados centros de trabajo.</p>
<p class='titulo_num' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>TÍTULO V</p>
<p class='titulo_tit' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>De la Fundación Laboral de la Construcción</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 115. Fundación Laboral de la Construcción.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. La Fundación Laboral de la Construcción es el organismo paritario del sector constituido por los firmantes del CGSC, con la finalidad de garantizar la prestación de servicios a los trabajadores y empresas comprendidas en el ámbito de este Convenio, teniendo como ámbito de actuación la totalidad del territorio español, y cuyos estatutos forman parte integrante del mismo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. La financiación de la Fundación Laboral de la Construcción se nutrirá fundamentalmente de aportaciones de las Administraciones Públicas, más una aportación complementaria a cargo de las empresas, establecida esta sobre la misma base de cálculo de las cuotas de la Seguridad Social.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. La Fundación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias decidirá su integración en la Fundación Laboral de la Construcción, manteniendo su autonomía hasta tanto se acuerde entre ambas su unificación formal, que requerirá la aprobación de la Comisión Paritaria del Convenio General del Sector de la Construcción.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En los casos en que los trabajadores contratados en otras provincias sean desplazados para realizar actividades en el Principado de Asturias si la empresa no está obligada a adscribirlos a un Código de Cuenta de Cotización del Principado de Asturias no se generará la obligación de cotizar por el trabajador a la Fundación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. Se establece que la cuota de la Fundación Laboral de la Construcción para los siguientes años, siendo de un porcentaje sobre la base de cálculo de las cuotas a la Seguridad Social:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– 2018: 0,35.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– 2019: 0,35.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– 2020: 0,35.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– 2021: 0,35.</p>
<p class='titulo_num' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>TÍTULO VI</p>
<p class='titulo_tit' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Solución extrajudicial de conflictos</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 116. Solución extrajudicial de conflictos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Las partes firmantes del presente Convenio General asumen el contenido íntegro del V Acuerdo sobre Solución Autónoma de Conflictos Laborales (Sistema Extrajudicial) (ASAC V), suscrito por las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME y las Confederaciones Sindicales de UGT y CC.OO, publicado en el BOE de 23 de febrero de 2012, que desarrollará sus efectos en los ámbitos del Convenio General del Sector de la Construcción, con el alcance previsto en el propio ASAC V o el que lo sustituya, en su caso.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Respecto a los sistemas autonómicos de solución de conflictos laborales, que precisen de adhesión como requisito para ser aplicables, las partes signatarias de este Convenio manifiestan su compromiso de promover, en los ámbitos correspondientes, la adhesión de los convenios colectivos provinciales o, en su caso, de Comunidad Autónoma, a los referidos sistemas de solución extrajudicial de conflictos.</p>
<p class='libro_num' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>LIBRO SEGUNDO</p>
<p class='libro_tit' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Aspectos relativos a la Seguridad y salud en el sector de la construcción</p>
<p class='titulo_num' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>TÍTULO I</p>
<p class='titulo_tit' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Órgano Paritario para la Prevención en la Construcción</p>
<p class='capitulo_num' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CAPÍTULO I</p>
<p class='capitulo_tit' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Disposiciones generales</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 117. Definición y denominación.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. El órgano específico es el órgano paritario de prevención de riesgos laborales en el sector de la construcción para apoyo, en la citada materia, de las empresas y centros de trabajo del sector.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. El órgano específico se denomina «Organismo Paritario para la Prevención en la Construcción» (OPPC).</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 118. Funciones.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Los cometidos de este órgano específico sectorial de prevención son:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) Seguimiento de la accidentabilidad laboral en el sector y elaboración de estadísticas propias de accidentes graves y mortales.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) Organización y control de visitas a obras.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>c) Propuesta de soluciones para la disminución de la accidentabilidad.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>d) Organización y desarrollo de una formación en prevención de riesgos laborales.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>e) Desarrollo de acciones de sensibilización, difusión y divulgación en materia de prevención de riesgos laborales dirigidas, tanto a la sociedad en general, como a las empresas y los trabajadores en particular.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>f) Elaboración de documentos informativos en materia de prevención de riesgos laborales.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>g) Cualquier otra que se apruebe por el Patronato de la Fundación Laboral de la Construcción y que esté relacionada con la prevención de riesgos laborales.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 119. Constitución y dependencia.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. El órgano específico se constituye y se estructura en el seno de la Fundación Laboral de la Construcción (FLC), con dependencia de sus órganos de gobierno.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Salvo en lo previsto en el presente Reglamento, el órgano específico se atendrá en toda su actuación a lo establecido en los estatutos de la FLC y a las instrucciones emanadas de su Patronato y Comisión Ejecutiva.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 120. Ámbitos territorial y funcional.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Los ámbitos territorial y funcional de actuación del órgano específico son los de la Fundación Laboral de la Construcción (FLC), tanto en el ámbito estatal como en el autonómico.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 121. Sede.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La sede del órgano específico será la del domicilio social de la FLC y la de sus Consejos o Comisiones Territoriales, según el ámbito en el que actúe.</p>
<p class='capitulo_num' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CAPÍTULO II</p>
<p class='capitulo_tit' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Miembros</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 122. Composición.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. El órgano específico está compuesto, paritariamente, por ocho miembros, cuatro representantes empresariales y cuatro de las centrales sindicales pertenecientes a las organizaciones firmantes del CGSC, y está presidido por el Presidente de la FLC.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Para la ejecución de sus actividades en el ámbito autonómico el órgano específico dispondrá de cuatro miembros, dos representantes de las organizaciones empresariales y dos de las centrales sindicales firmantes del CGSC, y estará presidido por el Presidente del Consejo o de la Comisión Territorial de la FLC o persona en quien delegue.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. Tanto en el ámbito estatal como en el autonómico, el órgano específico estará asistido por un Secretario que será elegido de entre sus miembros.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 123. Nombramientos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Los miembros del órgano específico serán designados por las organizaciones a quienes representan, tanto los pertenecientes al ámbito del Estado como del autonómico.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Sus miembros ejercerán su mandato de representación por un periodo de cuatro años, pudiendo ser reelegidos por periodos de igual duración.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 124. Ceses.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Los miembros del órgano específico cesarán en su cargo por:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) Cumplimiento de su mandato.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) Libre revocación efectuada por la organización que le designó.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>c) Por renuncia expresa.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>d) Por fallecimiento.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. En cualquiera de los supuestos de cese previstos en este artículo se procederá a la sustitución del miembro del órgano específico, a cuyos efectos, la organización empresarial o sindical a quien corresponda su sustitución, notificará a la FLC, en el plazo máximo de treinta días, la nueva designación.</p>
<p class='capitulo_num' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CAPÍTULO III</p>
<p class='capitulo_tit' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Régimen interno</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 125. Reuniones.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Las reuniones ordinarias del órgano específico serán mensuales, y con carácter extraordinario cuando lo solicite la mitad más uno de sus miembros o cuando lo estime el Presidente.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La convocatoria de las reuniones se hará por el Presidente por escrito y con un mínimo de siete días de antelación a la fecha fijada para la reunión, salvo las que tengan carácter de urgencia, que podrán convocarse con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En la convocatoria figurará el orden del día que se tratará en la reunión.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Las reuniones del órgano específico requerirán para su validez la presencia de, al menos, la mitad más uno de los miembros de cada representación, empresarial y sindical.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La delegación solo podrá conferirse, por escrito a otro miembro de la respectiva representación.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. Las decisiones, para su validez, requerirán que se adopten por unanimidad de los asistentes, presentes y representados.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. En todo caso, las deliberaciones, los acuerdos y la información derivada de las actuaciones del órgano específico tendrán carácter reservado.</p>
<p class='capitulo_num' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CAPÍTULO IV</p>
<p class='capitulo_tit' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Régimen económico</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 126. Financiación.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El órgano específico se financiará, para la ejecución de sus actividades, de las siguientes fuentes:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) De las subvenciones que pueda obtener de las Administraciones Públicas y organismos privados.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) De los fondos disponibles de la cuota empresarial a la FLC.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>c) De las actuaciones con financiación externa que puedan ser aprobadas por terceros.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>d) De los remanentes que decida la Comisión Ejecutiva de la FLC procedentes de otras actividades.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 127. Presupuesto anual.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El órgano específico presentará anualmente a la FLC su propuesta de presupuesto sobre la base del importe global aportado por el Patronato desglosado por Comunidades Autónomas, que tendrá que ser aprobado por el Patronato de la Fundación, y que comprenderá la totalidad de las actividades y los gastos de gestión y funcionamiento.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 128. Prestación de servicios de las organizaciones integrantes del órgano específico.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Las entidades que componen el órgano específico facturarán a la FLC, y dentro de los límites marcados por el presupuesto de funcionamiento, los gastos derivados de las personas que desarrollan la actividad del órgano, a los precios de los baremos que se establezcan a estos efectos en los presupuestos aprobados.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En ningún caso estas personas formarán parte de la plantilla de la Fundación Laboral de la Construcción y únicamente el órgano podrá disponer de personas que se encuentren en comisión de servicio de la organización que les haya nombrado.</p>
<p class='capitulo_num' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CAPÍTULO V</p>
<p class='capitulo_tit' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Desarrollo de las funciones</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 129. Seguimiento de la accidentabilidad laboral en el sector y elaboración de estadísticas propias de accidentes.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El órgano específico desarrollará las actividades que acuerde el Patronato de la FLC encaminadas a estudiar y realizar un seguimiento detallado de los accidentes graves y mortales que se produzcan en su ámbito de actuación.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Estas actividades se centrarán en la elaboración de estadísticas que reflejen la accidentabilidad y los índices de incidencia y que servirán de base para el desarrollo de las funciones del órgano que se recogen en el artículo 118 de este Convenio.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 130. Organización y control de visitas a obras.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Con el objeto de obtener la información suficiente para la elaboración de estudios acerca de la evolución de la siniestralidad laboral, de prestar un servicio de asesoramiento a las pequeñas empresas y de implantar la cultura de la prevención entre los trabajadores y empresarios, el órgano específico organizará una serie de visitas a obras de conformidad con los siguientes criterios.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Las visitas a obras se realizarán, previo acuerdo del órgano específico en su correspondiente ámbito, a las empresas o centros de trabajo que no dispongan de servicio de prevención propio.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. Las visitas a las obras se realizarán por las personas que designe el órgano específico en su respectivo ámbito, a propuesta de las organizaciones que lo integran, respetando siempre el principio de paridad.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. Previamente a la realización de su función, las personas designadas para realizar las visitas a las obras recibirán de la FLC la formación específica necesaria determinada por FLC.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Las personas designadas para visitar las obras recibirán, previamente, la adecuada acreditación para ello de la FLC.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>5. Para la realización de la visita se requerirá el consentimiento de la empresa a visitar.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>6. De cada una de las visitas a obras se realizará el correspondiente informe, que será entregado al Presidente del respectivo órgano específico en su respectivo ámbito autonómico y a la Dirección de la Obra.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El carácter reservado de toda la información, comprende a las personas designadas para las visitas a las obras, respecto de cualquier persona física o jurídica distinta del propio órgano específico, por lo que deberán guardar sigilo profesional. En ningún caso, y así constará en el informe, podrá este surtir efectos fuera del ámbito de asesoramiento del propio órgano.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>7. En ningún caso los visitadores deberán interferir en los trabajos y desarrollo de la actividad de la obra.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>8. Trimestralmente, el órgano específico autonómico redactará un informe resumen de las actuaciones realizadas en su ámbito durante ese periodo de tiempo que será remitido a su sede central.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>9. Anualmente, el órgano específico redactará y presentará a la FLC una Memoria explicativa de las actuaciones realizadas y los objetivos conseguidos, referidos al ámbito estatal, para su inclusión en su Memoria anual.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 131. Formulación de propuestas de soluciones para la disminución de la accidentabilidad.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Sobre la base de las estadísticas y estudios realizados por él mismo, el órgano específico podrá formular propuestas de soluciones tendentes a la disminución de la accidentabilidad. Estas propuestas se elevarán al Patronato de la FLC, que deberá aprobarlas en su caso.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 132. Formación en materia de prevención de riesgos laborales.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Las actividades de formación a realizar por el órgano específico se desarrollarán en la forma que se acuerde por el Patronato de la FLC.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 133. Elaboración de informes y estadísticas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La elaboración de los informes sobre accidentabilidad laboral y de estadísticas, previstos como funciones propias del órgano en el correspondiente artículo de este Título, se desarrollarán en la forma que se acuerde por el Patronato de la FLC, con la información y datos suministrados por las comisiones autonómicas.</p>
<p class='titulo_num' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>TÍTULO II</p>
<p class='titulo_tit' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Comisión Paritaria Sectorial de Seguridad y Salud en el Trabajo</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 134. Composición y funciones de la Comisión Paritaria Sectorial de Seguridad y Salud en el Trabajo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La Comisión Paritaria Sectorial de Seguridad y Salud en el Trabajo, constituida por un máximo de diez miembros, designados cinco por cada una de las partes, sindical y empresarial, en la forma que decidan las respectivas organizaciones, tiene las siguientes funciones:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) Recabar del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y de los Gobiernos Autónomos el reconocimiento oficial como interlocutor social sectorial en materia de seguridad y salud, tanto en su aspecto legislativo como en el desarrollo de planes y medidas formativas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) Estudiar y acordar los mecanismos oportunos de coordinación de la información provincial en materia de siniestralidad en el sector, que suministrarán las comisiones específicas provinciales o, en su defecto, las comisiones paritarias de los convenios.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>c) Promover cuantas medidas considere tendentes a mejorar la situación del sector en esta materia, teniendo como objetivo fundamental el extender la preocupación por la seguridad y salud a todos los niveles, fomentando campañas de sensibilización mentalización, etc.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>d) Hacer propuestas acerca de las normas de ejecución y de los criterios de expedición de la Tarjeta Profesional de la Construcción a la FLC, así como respecto de los criterios de acreditación, convalidación y registro de los cursos impartidos; igualmente proponer la incorporación de otras materias a la tarjeta.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>e) Acometer las gestiones necesarias para obtener los medios que le permitan desarrollar sus funciones con la eficacia adecuada.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>f) Cuantas otras funciones acuerde la propia Comisión atribuirse encaminadas al mejor cumplimiento de sus fines.</p>
<p class='titulo_num' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>TÍTULO III</p>
<p class='titulo_tit' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Información y formación en seguridad y salud</p>
<p class='capitulo_num' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CAPÍTULO I</p>
<p class='capitulo_tit' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Disposiciones generales</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 135. Principios generales.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Los medios, procedimientos, materiales y acciones que se empleen y desarrollen en la FLC en materia seguridad y salud se dedicarán a difundir, coordinar y colaborar en métodos y procesos que faciliten el mejor y mayor cumplimiento de las Leyes y sus reglamentos por los empresarios y trabajadores del sector.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Las acciones y actuaciones a realizar en relación con los contenidos de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de riesgos laborales en el sector de la construcción y la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción, tienen que ser análogas, homogéneas y coordinadas en todo el territorio nacional. A la FLC le corresponde ser el hilo conductor de los principios y directrices a desarrollar en los programas formativos y contenidos específicos de carácter sectorial y para los trabajos de cada especialidad, a fin de que de forma equivalente se establezcan los mismos niveles de aplicación y cumplimiento en cada uno de los Consejos Territoriales.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. Dadas las condiciones en que se encuentra el sector por sus específicas características, la FLC se debe dotar de los instrumentos adecuados para que, cumpliéndose los contenidos de la normativa vigente, se consiga la disminución continua de los índices de siniestralidad.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. Las acciones a elaborar estarán dirigidas prioritariamente al empresario, por ser la figura fundamental en la implantación del sistema de gestión de la prevención y en la formación e información de los trabajadores.</p>
<p class='capitulo_num' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CAPÍTULO II</p>
<p class='capitulo_tit' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Información</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 136. Información sectorial.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La accidentabilidad en el sector de la construcción, que es motivo de una constante preocupación de todas las partes, hace necesario que la FLC desarrolle una actividad de información en los términos siguientes:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) Necesidad del cumplimiento de las normas en materia de prevención de riesgos laborales.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) Incidir en las actividades cuyos trabajos puedan ser de alto riesgo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>c) Elaboración de un programa de estadísticas para el sector con el fin de proporcionar los datos de accidentabilidad y poder determinar las acciones a aplicar.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>d) Actividades de la FLC, control de resultados parciales y grado de cumplimiento de los objetivos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>e) A la vista de las anteriores campañas de información, se realizará un estudio por expertos respecto a la estrategia a emplear para fomentar una comunicación efectiva; en función de este trabajo se llevarán a cabo el diseño y la realización de planes y métodos de información que garanticen la captación y asimilación de los mensajes así como la evolución y control de resultados.</p>
<p class='capitulo_num' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CAPÍTULO III</p>
<p class='capitulo_tit' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Formación</p>
<p class='seccion' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Sección primera. Disposiciones generales</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 137. Ciclos de formación.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. De acuerdo con el Acta de la 11.ª reunión de la Comisión Negociadora del V Convenio General del Sector de la Construcción publicada en el Boletín Oficial del Estado de 30 de mayo de 2013 la formación de este Convenio es la contenida en el artículo 19 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y por tanto, en la gran mayoría de los casos, será la formación suficiente y adecuada al puesto de trabajo. Los ciclos de formación de este Convenio constarán de dos tipos de acciones en materia de prevención de riesgos laborales en construcción:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) El primer ciclo, comprenderá la formación inicial sobre los riesgos del sector y contendrá los principios básicos y conceptos generales sobre la materia; igualmente deberá conseguir una actitud de interés por la seguridad y salud que incentive al alumnado para iniciar los cursos de segundo ciclo. Esta formación inicial impartida en el primer ciclo no exime al empresario de su obligación de informar a los trabajadores de los riesgos específicos del centro y del puesto de trabajo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) El segundo ciclo deberá transmitir además de la formación inicial, conocimientos y normas específicas en relación con el puesto de trabajo o el oficio. En consecuencia, se entiende que esta formación de segundo ciclo por puesto de trabajo u oficio comprende la inherente al primer ciclo o formación inicial.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>c) En la formación de segundo ciclo por oficio se constata la existencia de una parte común y de otra específica a impartir a los trabajadores que realicen actividades multifunción y polivalentes.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Asimismo, también se puede impartir la acción formativa preventiva de nivel básico específica para el sector de la construcción.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. Con carácter general, los trabajadores que presten sus servicios en empresas encuadradas en el ámbito de aplicación del presente Convenio y que desarrollen su actividad en las obras de construcción, deberán disponer, al menos, de la formación inicial.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. Por su parte, los trabajadores que realicen actividades correspondientes a alguno de los puestos de trabajo u oficios enumerados en el artículo 139.2 y 139.3, respectivamente, del presente Convenio, deberán cursar la formación que le corresponda en función del puesto de trabajo o el oficio u oficios que ejerzan.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>5. Dadas las particularidades de los trabajos que se realizan en las obras de construcción, resulta conveniente que en las acciones formativas correspondientes a la formación inicial y por oficio, se aborden aspectos de carácter práctico que refuercen los conocimientos teóricos en materia de seguridad y salud. De este modo, los contenidos de la formación serán más aplicables a la realidad de las tareas que se desempeñan en las obras. Estos contenidos deberán ser desarrollados por la Fundación Laboral de la Construcción.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>6. Según lo dispuesto en el artículo 10.2. de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción, tanto la formación de primer y segundo ciclo como la formación de nivel básico, podrán ser impartidas por la FLC, bien directamente o a través de las entidades o empresas que hayan obtenido la homologación de actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales, de acuerdo con los requisitos establecidos en el correspondiente procedimiento recogido en el Anexo XIV del presente Convenio.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 138. Primer ciclo de formación o formación inicial.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. El primer ciclo de formación o formación inicial en prevención de riesgos laborales del sector de la construcción, es la acción formativa mínima en materia de prevención de riesgos laborales específica del sector de la construcción, destinada exclusivamente a los trabajadores que presten sus servicios en las obras, cuyo objetivo principal es conseguir que los trabajadores adquieran los conocimientos necesarios para identificar, tanto los riesgos laborales más frecuentes que se producen en las distintas fases de ejecución de una obra, como las medidas preventivas a implantar a fin de eliminar o minimizar dichos riesgos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Los contenidos formativos así como el número de horas lectivas mínimas del primer ciclo de formación o formación inicial, se detallan en el Anexo XII, Apartado 1, del presente Convenio.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. El primer ciclo de formación o formación inicial se impartirá, en su totalidad, en la modalidad presencial.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. Esta formación inicial será la suficiente para todos aquellos trabajadores que realicen trabajos en obra que no tengan asociados riesgos especiales como, por ejemplo, vigilantes, personal de limpieza o suministradores.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 139. Segundo ciclo de formación en materia de prevención de riesgos laborales del sector de la construcción: formación por puesto de trabajo o por oficio.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. El segundo ciclo de formación en materia de prevención de riesgos laborales del sector de la construcción se configura por puesto de trabajo o por oficio.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. La relación de puestos de trabajo es la siguiente:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Personal directivo de empresa.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Responsables de obra y técnicos de ejecución.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Mandos intermedios.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Delegados de prevención.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Administrativos.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. La relación de oficios es la siguiente:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Albañilería.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Trabajos de demolición y rehabilitación.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Encofrados.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Ferrallado.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Revestimiento de yeso.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Electricidad, montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de alta y baja tensión.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Fontanería e instalaciones de climatización.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Revestimientos exteriores.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Pintura.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Solados y alicatados.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Operadores de aparatos elevadores.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Operadores de vehículos y maquinaria de movimiento de tierras.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Operadores de equipos manuales.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Trabajos de aislamiento e impermeabilización.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Montaje de estructuras tubulares.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Operario de instalaciones temporales de obra y auxiliares: plantas de aglomerado, de hormigón, de machaqueo y clasificación de áridos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Estabilización de explanadas y extendido de firmes.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Colocación de materiales de cubrición.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Conservación y explotación de carreteras.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Ejecución de túneles y sostenimiento de las excavaciones subterráneas y de los taludes.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Cimentaciones especiales, sondeos y perforaciones.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Construcción y mantenimiento de vías férreas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Trabajos marítimos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Trabajos de redes de abastecimiento y saneamiento y pocería.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Trabajos de montaje de prefabricados de hormigón en obra.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Operario de taller de materiales: piedras industriales, tratamiento o transformación de materiales, canteros y similares.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Trabajos de soldadura.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Montador de escayola, placas de yeso laminado y asimilados.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Mantenimiento de maquinaria y vehículos.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. En la formación de segundo ciclo por oficio se constata la existencia de una parte común con una duración de 14 horas lectivas y de otra específica con una duración de 6 horas lectivas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>5. Se podrán desarrollar acciones formativas específicas de 6 horas lectivas por oficio para aquellos trabajadores que, previamente, hayan cursado una acción formativa completa de 20 horas lectivas de alguno de los oficios, dispongan de la formación de nivel básico de prevención en la construcción establecida en el artículo 140, o se les reconozca la convalidación de la formación de acuerdo con lo estipulado en el Libro Segundo, del presente Convenio y su desarrollo en el Anexo XIII.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>6. Los contenidos formativos así como el número de horas lectivas mínimas de la formación de segundo ciclo por puesto de trabajo o por oficio, se detallan en el Anexo XII, Apartado 2, del presente Convenio.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>7. Las acciones formativas de segundo ciclo por puesto de trabajo o por oficio se impartirán, en su totalidad, en la modalidad presencial.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>8. Con independencia de lo señalado en el apartado 4 anterior, respecto a la modalidad de impartición, se establecen las siguientes excepciones:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) Los contenidos formativos para personal directivo de empresa y administrativos, podrán impartirse en la modalidad mixta presencia-teleformación.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Bajo esta modalidad, la parte presencial supondrá, como mínimo, el veinticinco por ciento (25%) del total de las horas lectivas de la acción formativa.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) No obstante, los contenidos formativos para personal directivo de empresa podrán impartirse exclusivamente en la modalidad de teleformación.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Bajo esta modalidad, los alumnos participantes en estas acciones formativas podrán realizar las diferentes evaluaciones del mismo modo. En este caso, deberá quedar un registro de la formalización de las mismas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>c) Asimismo, los contenidos formativos para delegados de prevención, podrán impartirse en la modalidad mixta presencia-teleformación.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Bajo esta modalidad, l la parte presencial tendrá una duración, como mínimo, de 20 horas lectivas.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>9. Aquellos trabajadores que ejecuten tareas correspondientes a puestos de trabajo u oficios no especificados en el presente Convenio, tendrán que realizar una formación acorde con los riesgos y medidas preventivas asociadas a dichas tareas, tomando como referencia lo previsto en el artículo 19 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales.</p>
<p class='seccion' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Sección segunda. Nivel básico de prevención en la construcción</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 140. Nivel básico de prevención en la construcción.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Los contenidos formativos así como el número de horas lectivas mínimas del nivel básico de prevención en la construcción, se detallan en el Anexo XII, Apartado 3, del presente Convenio.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Estos contenidos formativos podrán impartirse en la modalidad presencial o en la modalidad mixta presencia-teleformación. En este último caso, la parte presencial tendrá una duración, como mínimo, de 20 horas lectivas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. La formación de nivel básico de prevención en construcción convalida la formación inicial, la de responsables de obra y técnicos de ejecución, la de mandos intermedios, la de administrativos y la formación relativa al tronco común de oficios especificada en el artículo 139.4 de este Convenio y detallada en el Anexo XII, apartado 2. II.A del mismo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Sección Tercera</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Convalidación</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 141. Formación recogida en el Reglamento de los Servicios de Prevención; título de «Técnico Superior en Prevención de Riesgos Profesionales; y formación indicada en la «Guía técnica» del Real Decreto 1627/1997, por el que se establecen «disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción».</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En relación con los trabajadores que hayan cursado formación conforme a lo señalado en el Real Decreto 39/1997 (modificado por el Real Decreto 337/2010), por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; estén en posesión del título de «Técnico superior en Prevención de Riesgos Profesionales» de acuerdo con lo ordenado en el Real Decreto 1161/2001; o hayan recibido la formación de «Coordinador en materia de Seguridad y Salud» según lo indicado en la Guía técnica del Real Decreto 1627/1997, por el que se establecen «disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, debe tenerse en cuenta la tabla de convalidación que se muestra en el Anexo XIII, Apartado 1, del presente Convenio.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 142. Formación recogida en los títulos de formación profesional y en los certificados de profesionalidad.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Los nuevos títulos de formación profesional de grado medio y superior de la familia de Edificación y Obra Civil cubren, entre todos, los módulos asociados a las unidades de competencia y de forma integrada la formación específica en materia de prevención de riesgos. En todos los títulos de grado medio y grado superior publicados hasta la fecha se incluye, además, un módulo profesional que capacita para desempeñar las funciones de nivel básico de prevención en construcción (NBPC).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Por otra parte, tanto la Formación Profesional Básica como los antiguos Programas de Cualificación Profesional Inicial enmarcados dentro de la familia de Edificación y Obra Civil, incorporan, bien sea explícitamente o de forma integrada, su correspondiente formación preventiva conforme a lo indicado en el presente Convenio.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. Asimismo, en los nuevos certificados de profesionalidad de la familia de Edificación y Obra Civil se explicita que, la superación con evaluación positiva de la formación establecida en cada uno de ellos, garantiza el nivel de conocimientos necesarios para la obtención de la Tarjeta Profesional de la Construcción. Igualmente, las nuevas cualificaciones de nivel 2 comprenden la unidad de competencia UC1360_2 «Controlar a nivel básico riesgos en construcción», que forma parte de los nuevos certificados de profesionalidad del citado nivel, e incluso de nivel 3 en algunos casos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. En lo referente a los certificados de profesionalidad y títulos de formación profesional del resto de familias profesionales afines al sector de la construcción, también procede reconocer, cuando corresponda, la formación en materia de prevención de riesgos laborales conforme a lo estipulado en el presente Convenio.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>5. A la vista de lo expuesto en los apartados 1, 2, 3 y 4 anteriores, deben tenerse en cuenta las tablas de convalidación que se muestran en el Anexo XIII, Apartado 2, del presente Convenio.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>6. El Patronato de la FLC acordará la actualización, cuando así proceda, de dichas tablas de convalidación.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 143. Formación recogida en el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. En relación con los trabajadores que hayan cursado la formación recogida en la Instrucción Técnica Complementaria 02.1.02 «Formación preventiva para el desempeño del puesto de trabajo» (Orden ITC/1316/2008, de 7 de mayo, modificada por la Orden ITC/2699/2011, de 4 de octubre) del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera, debe tenerse en cuenta la tabla de convalidación que se muestra en el Anexo XIII, Apartado 3, del presente Convenio.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. A los efectos de obtención de la Tarjeta Profesional de la Construcción, la formación detallada en la tabla del Anexo XIII, Apartado 3, del presente Convenio, deberá ser impartida de acuerdo con los requisitos establecidos en el mismo.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 144. Formación recogida en el Convenio Estatal del Sector del Metal.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. En relación con los trabajadores que hayan cursado la formación recogida en el Anexo III del Convenio Estatal del Sector del Metal, debe tenerse en cuenta la tabla de convalidación que se muestra en el Anexo XIII, apartado 4, del presente Convenio.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. A los efectos de obtención de la Tarjeta Profesional de la Construcción, la formación detallada en la tabla del Anexo XIII, apartado 4, del presente Convenio, deberá ser impartida de acuerdo con los requisitos establecidos en el mismo.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 145. Formación recogida en el Convenio Colectivo Estatal de la Madera.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. En relación con los trabajadores que hayan cursado la formación recogida en el Anexo IV del Convenio Colectivo Estatal del Sector de la Madera, debe tenerse en cuenta la tabla de convalidación que se muestra en el Anexo XIII, apartado 5, del presente Convenio.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. A los efectos de obtención de la Tarjeta Profesional de la Construcción, la formación detallada en la tabla del Anexo XIII, apartado 5, del presente Convenio, deberá ser impartida de acuerdo con los requisitos establecidos en el mismo.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 146. Formación impartida en títulos universitarios.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En relación con los trabajadores que estén en posesión de títulos universitarios en los que se imparta una formación en materia de prevención de riesgos laborales equivalente a la especificada en el presente Convenio, se procederá a su convalidación, según proceda en cada caso, mediante acuerdo del Patronato de la FLC.</p>
<p class='seccion' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Sección cuarta. Formación de los recursos humanos de las empresas</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 147. Acreditación de la formación en materia de prevención de riesgos laborales de los recursos humanos de las empresas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. A los efectos de la inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas y conforme a lo dispuesto en el artículo 12 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción, el cumplimiento de la acreditación del requisito de la formación homologada por la FLC conforme a los criterios marcados en este convenio, de los recursos humanos a que se refiere el artículo 4.2.a) de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción, podrá ser acreditado por las empresas mediante certificación expedida por la Confederación Nacional de la Construcción o las entidades en que esta delegue.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. La certificación se referirá, al menos, a la formación específica regulada en este Convenio impartida por la Fundación Laboral de la Construcción o por empresas o entidades con la formación preventiva homologada recibida por los trabajadores de la empresa que presten servicios en obras de construcción y por aquellas personas que ejercen funciones de dirección en la misma.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. La Confederación Nacional de la Construcción y la Fundación Laboral de la Construcción suscribirán el oportuno convenio que posibilite la gestión de este sistema de acreditación.</p>
<p class='capitulo_num' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CAPÍTULO IV</p>
<p class='capitulo_tit' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Acreditación de la formación: Tarjeta Profesional de la Construcción</p>
<p class='seccion' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Sección primera. Definición, funciones y beneficiarios</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 148. Definición.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. La Tarjeta Profesional de la Construcción es el documento expedido por la Fundación Laboral de la Construcción que constituye una forma de acreditar, entre otros datos, la formación específica recibida del sector por el trabajador en materia de prevención de riesgos laborales, así como la categoría profesional del trabajador y los periodos de ocupación en las distintas empresas en las que vaya ejerciendo su actividad.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. La Tarjeta, que se expedirá de acuerdo con el procedimiento establecido en el presente capítulo, se soporta en un formato físico según el modelo que figura en el Anexo IV del presente Convenio y en un sistema informático que permite a su titular acceder telemáticamente a sus datos y obtener certificaciones de los mismos.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 149. Acreditación de la formación.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La Fundación Laboral de la Construcción establecerá un sistema de acreditación de la formación en materia de prevención de riesgos laborales recibida por los trabajadores del sector. Dicho sistema deberá permitir al trabajador el acceso telemático a sus datos y la obtención de certificaciones de los mismos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Asimismo, a los efectos previstos en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción, el sistema permitirá a las empresas acceder a los datos de sus trabajadores que resulten necesarios para la acreditación de su formación en materia de prevención de riesgos laborales.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La Fundación Laboral de la Construcción garantizará, de acuerdo con la legislación vigente, la protección de los datos de carácter personal de los trabajadores que se incluyan en el sistema.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Teniendo en cuenta el tamaño del sector y la obligación establecida en la Ley 32/2006, de 18 de Octubre, Reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción (artículo 10.3), las partes consideran la TPC como una forma de acreditación de la formación en prevención de riesgos laborales por el trabajador y que queda a su disposición.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 150. Funciones.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La Tarjeta Profesional de la Construcción tiene las siguientes funciones:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) Acreditar que su titular ha recibido al menos formación inicial en materia de prevención de riesgos laborales, de acuerdo con lo previsto en el presente Convenio y en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) Acreditar la categoría profesional de su titular y su experiencia en el sector.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>c) Acreditar que su titular ha sido sometido a los reconocimientos médicos de acuerdo con lo previsto en el presente Convenio.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>d) Acreditar la formación de todo tipo recibida por su titular.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>e) Facilitar el acceso de su titular a los servicios de la Fundación Laboral de la Construcción.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 151. Beneficiarios.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Podrán solicitar la Tarjeta Profesional de la Construcción los trabajadores en alta, o en situación de incapacidad transitoria, que presten sus servicios en empresas encuadradas en el ámbito de aplicación del Convenio General del Sector de la Construcción.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Asimismo podrán solicitar la Tarjeta los trabajadores que tengan acreditados, al menos, treinta días de alta en empresas encuadradas en el ámbito de aplicación del Convenio General del Sector de la Construcción en el período de sesenta meses inmediatamente anterior a la solicitud.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, el Patronato de la Fundación Laboral de la Construcción podrá establecer la emisión de la Tarjeta sin necesidad de previa solicitud, con arreglo a los criterios que libremente determine.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. En todo caso será requisito imprescindible para la obtención de la Tarjeta haber recibido, como mínimo, la formación inicial en materia de prevención de riesgos laborales, de acuerdo con lo previsto en el presente Convenio.</p>
<p class='seccion' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Sección segunda. Solicitud y tramitación</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 152. Solicitud.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La Tarjeta podrá solicitarse por el beneficiario en cualquier centro de la Fundación Laboral de la Construcción así como en las entidades con las que la Fundación haya suscrito el correspondiente convenio de colaboración para su tramitación.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 153. Documentación.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. La solicitud deberá realizarse utilizando el modelo que figura en el Anexo V del presente Convenio.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. A la solicitud habrá de acompañarse obligatoriamente, además de una fotografía tamaño carné, una fotocopia del DNI o tarjeta de residencia del solicitante y un informe de la vida laboral emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social dentro de los noventa días inmediatamente anteriores a la solicitud, y al menos uno de los siguientes documentos:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) Certificado de empresa para la Fundación Laboral de la Construcción, expedido de acuerdo con el modelo que figura en el Anexo VI del presente Convenio.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) Certificado de empresa para el Servicio Público de Empleo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>c) Original o fotocopia compulsada de recibos de salarios.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>d) Original o fotocopia compulsada del contrato de trabajo.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. Asimismo deberá aportarse original o fotocopia compulsada del diploma o certificado que acredite que el solicitante ha recibido al menos la formación inicial en materia de prevención de riesgos laborales, de acuerdo con lo previsto en el presente Convenio, expedido por la Fundación Laboral de la Construcción o por una entidad homologada según lo establecido en el presente capítulo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. Con carácter opcional podrán aportarse los siguientes documentos:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) Original o fotocopia compulsada de certificados académicos expedidos por el Ministerio de Educación, el Ministerio de Empleo, las Comunidades Autónomas o cualquier otro organismo o entidad legalmente habilitados.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) Fotocopia de diplomas o certificados académicos expedidos por la Fundación Laboral de la Construcción.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>c) Certificados relativos a la existencia de reconocimientos médicos expedidos por la entidad que los realizó.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>d) Otros.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 154. Resolución.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El expediente de solicitud de la Tarjeta será resuelto por el Gerente del Consejo Territorial de la Fundación Laboral de la Construcción correspondiente al domicilio del trabajador solicitante. La resolución del expediente y la entrega, en su caso, de la Tarjeta a su titular se producirá en el plazo máximo de un mes contado desde que el solicitante haya aportado la documentación necesaria.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Frente a la resolución del expediente cabrá reclamación ante el correspondiente Consejo Territorial de la Fundación Laboral de la Construcción en el plazo de quince días desde su notificación.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 155. Caducidad y renovación.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La Tarjeta Profesional de la Construcción caducará a los cinco años de su emisión.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Transcurrido dicho plazo, el titular podrá renovar su tarjeta siempre que acredite, al menos, treinta días de alta en empresas encuadradas en el ámbito de aplicación del Convenio General del Sector de la Construcción en el periodo de sesenta meses inmediatamente anterior a la solicitud de renovación.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La solicitud de renovación se regirá por el mismo procedimiento que la solicitud inicial, debiendo el titular aportar, al menos, la documentación prevista en los apartados 1 y 2 del artículo 153 del presente Convenio.</p>
<p class='seccion' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Sección tercera. Derechos y obligaciones del titular</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 156. Derechos del titular.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. La posesión de la Tarjeta dará lugar a los derechos que se establezcan en el Convenio General del Sector de la Construcción y en los acuerdos sectoriales nacionales.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. En todo caso, el titular de la Tarjeta tendrá derecho a acceder a los datos que figuren en su expediente y a obtener certificaciones relativas a los mismos, las cuales podrá solicitar en cualquier centro de la Fundación Laboral de la Construcción o a través del sistema informático que será accesible a través de internet mediante clave personal.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. Asimismo tendrá derecho a solicitar la modificación, rectificación o actualización de los datos que figuren en su expediente aportando, en su caso, la oportuna documentación acreditativa.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 157. Obligaciones del titular.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El titular de la Tarjeta Profesional de la Construcción estará obligado a:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) Conservar la Tarjeta en perfecto estado.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) Comunicar a la Fundación Laboral de la Construcción las posibles modificaciones de los datos relevantes que figuren en su expediente.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>c) Comunicar a la Fundación Laboral de la Construcción, en su caso, el robo o extravío de la Tarjeta.</p>
<p class='seccion' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Sección cuarta. Homologación de entidades formativas</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 158. Requisitos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Podrán solicitar la homologación de la formación preventiva que impartan las entidades que estén constituidas como servicios de prevención ajenos acreditados por la autoridad laboral, o las empresas encuadradas en el ámbito de aplicación del presente Convenio que dispongan de organización preventiva propia.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Las entidades que proyecten ser homologadas por la Fundación Laboral de la Construcción para impartir la formación en materia de prevención de riesgos laborales, de acuerdo con lo previsto en el Capítulo III del Título III del Libro II del presente Convenio, deberán reunir los siguientes requisitos:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) Contar con los recursos humanos, materiales y didácticos que permitan llevar a cabo esta actividad formativa, en función del ámbito geográfico de actuación y del número de alumnos que proyecten formar, según las necesidades concretas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) Disponer de una dotación de personal docente con una formación acreditada correspondiente a los niveles intermedio o superior, de acuerdo con lo estipulado en el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Además, el citado personal será conocedor de las técnicas preventivas específicas aplicables al sector de la construcción y contará con una experiencia acreditada en este ámbito.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>c) Aplicar los contenidos didácticos que se aprueben por la Fundación Laboral de la Construcción, a fin de garantizar la homogeneidad de la actividad formativa a desarrollar.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>d) Adoptar las condiciones que se establezcan por parte de la Fundación Laboral de la Construcción respecto a horas lectivas, número de alumnos máximos por grupo y realización de pruebas de evaluación.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>e) Contar, en su caso, con la acreditación u homologación exigible por parte de de la autoridad laboral competente.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>f) Satisfacer las tasas que, en relación con la tramitación del procedimiento de homologación y con la comunicación de acciones formativas, establezca el patronato de la Fundación Laboral de la Construcción.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 159. Procedimiento.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Las entidades interesadas en ser acreditadas deberán presentar una solicitud a la Fundación Laboral de la Construcción. Junto con la citada solicitud entregarán una memoria explicativa de la actividad en la que deberán constar los siguientes datos:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) Plan de actuación.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) Ámbito territorial de actuación.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>c) Programación anual, haciendo referencia al número de trabajadores a los que se pretende formar.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>d) Dotación de personal y grado de dedicación para el desarrollo de la actividad formativa, indicando su cualificación y experiencia profesional, así como su formación en prevención de riesgos laborales, tanto general como relacionada con el sector de la construcción.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>e) Sistema de evaluación interna de la calidad de la docencia a impartir.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>f) Ubicación y detalle de las instalaciones (centros, locales, etc.).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>g) Descripción de los medios materiales, didácticos e instrumentales que se van a dedicar a esta actividad.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Evaluada la memoria explicativa, la Comisión Ejecutiva de la Fundación Laboral de la Construcción resolverá la solicitud en el plazo de dos meses, aprobando o denegando la homologación.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. En cualquier momento del expediente la Fundación Laboral de la Construcción podrá requerir a la entidad solicitante la presentación de documentación adicional y la subsanación de deficiencias. Este requerimiento interrumpirá el plazo previsto en el párrafo anterior. Transcurridos quince días naturales desde dicho requerimiento sin que el mismo hubiera sido debidamente atendido, la Comisión Ejecutiva podrá archivar el expediente, entendiéndose denegada la solicitud.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. La Fundación Laboral de la Construcción creará un registro en el que serán inscritas las entidades que lleven a cabo esta actividad formativa.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>5. Las entidades acreditadas deberán mantener las condiciones en las que se basó su acreditación. Cualquier modificación de las mismas será comunicada a la Fundación Laboral de la Construcción.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>6. La Fundación Laboral de la Construcción podrá verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas para el desarrollo de la actividad formativa.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>7. En cualquier caso, la Fundación Laboral de la Construcción se reserva el derecho a dejar sin efecto la acreditación, cuando se observen situaciones contrarias a las condiciones que dieron lugar a su concesión.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>8. Cuando se haya procedido a la retirada de la acreditación de alguna entidad homologada a efectos de la TPC, la misma afectará también a aquellas entidades de las que, por razón de las personas que la rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que son continuación o que derivan, por transformación, fusión o sucesión de otras entidades en las que hubiesen concurrido aquellas.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 160. Tramitación de la Tarjeta Profesional de la Construcción en el ámbito territorial del Principado de Asturias.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La tramitación de las solicitudes de Tarjeta Profesional de la Construcción que se produzcan en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias se realizará por la Fundación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias siguiendo el procedimiento establecido en la Sección 2.ª del Capítulo IV del Título III del Libro II del presente Convenio.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El órgano competente para la resolución del expediente de solicitud y el procedimiento para la incorporación de los datos al sistema serán los que se establezcan en el protocolo de actuación que a tal efecto acuerden la Fundación Laboral de la Construcción y la Fundación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias.</p>
<p class='titulo_num' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>TÍTULO IV</p>
<p class='titulo_tit' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables en las obras de construcción</p>
<p class='capitulo_num' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CAPÍTULO I</p>
<p class='capitulo_tit' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Condiciones generales</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 161. Estabilidad y solidez de materiales y equipos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Deberá procurarse, de modo apropiado y seguro, la estabilidad de los materiales y equipos y, en general, de cualquier elemento que en desplazamientos pudiera afectar a la seguridad y la salud de los trabajadores.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Deberá verificarse, igualmente, de manera apropiada la estabilidad y la solidez, especialmente después de cualquier modificación de la altura o de la profundidad del puesto de trabajo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. Los puestos de trabajo móviles o fijos situados por encima o por debajo del nivel del suelo deberán ser sólidos y estables teniendo en cuenta:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– El número de trabajadores que los ocupen.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Las cargas máximas que, en su caso, puedan tener que soportar, así como su distribución.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Los factores externos que pudieran afectarles.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. Los encofrados, los soportes temporales y los apuntalamientos deberán proyectarse, calcularse, montarse y mantenerse de manera que puedan soportar sin riesgo las cargas a las que sean sometidos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>5. Las estructuras metálicas o de hormigón y sus elementos, los encofrados, las piezas prefabricadas pesadas o los soportes temporales y los apuntalamientos solo se podrán montar o desmontar bajo vigilancia, control y dirección del personal competente.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>6. Deberán adoptarse las medidas necesarias para proteger a los trabajadores contra los peligros derivados de la fragilidad o inestabilidad temporal de la obra.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>7. El acceso a cualquier superficie que conste de materiales que no ofrezcan una resistencia suficiente solo se autorizará en caso de que se proporcionen equipos o medios apropiados para que el trabajo se realice de manera segura.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 162. Protección contra el riesgo de caídas de altura.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Las plataformas, andamios y pasarelas, así como los desniveles, huecos y aberturas existentes en los pisos de las obras que supongan para los trabajadores un riesgo de caída de altura superior a 2 metros, se protegerán mediante barandillas u otro sistema de protección colectiva de seguridad equivalente.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Los trabajos en altura solo podrán efectuarse, en principio, con la ayuda de equipos concebidos para tal fin o utilizando dispositivos de protección colectiva, tales como barandillas, plataformas o redes de seguridad. Si por la naturaleza del trabajo ello no fuera posible, deberá disponerse de medios de acceso seguros y utilizarse sistemas anticaídas u otros medios de protección equivalente.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. En los trabajos en tejados deberán adoptarse las medidas de protección colectiva que sean necesarias, en atención a la altura, inclinación o posible carácter o estado resbaladizo, para evitar la caída de trabajadores, herramientas o materiales. Asimismo, cuando haya que trabajar sobre o cerca de superficies frágiles, se deberán tomar las medidas preventivas adecuadas para evitar que los trabajadores las pisen inadvertidamente o caigan a través suyo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. Para evitar las caídas en los trabajos de reparación y mantenimiento de cubiertas, antenas, pararrayos, etc. se dispondrán las medidas de protección necesarias en cada caso, tales como petos perimetrales, ganchos o arneses, etc.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>5. Cuando por la naturaleza del trabajo temporal en altura (trabajos en conductos de evacuación de humos, torres, postes, antenas elevadas, chimeneas de fábrica, etc.) no fuera posible utilizar barandillas u otro sistema de protección colectiva, deberá disponerse de medios de acceso seguros como cinturones de seguridad con anclaje u otros medios de protección equivalente.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 163. Vías de circulación.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Las vías de circulación, incluidas las escaleras, las escalas fijas y los muelles y rampas de carga deberán estar calculados, situados, acondicionados y preparados para su uso de manera que se puedan utilizar fácilmente, con toda seguridad y conforme al uso al que se les haya destinado y de forma que los trabajadores empleados en las proximidades de estas vías de circulación no corran riesgo alguno.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de comunicación deberán construirse, protegerse y utilizarse de forma que se evite que las personas caigan o estén expuestas a caídas de objetos. Sus medidas se ajustarán al número de trabajadores que deban utilizarlas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. El piso de las plataformas, andamios y pasarelas deberá estar conformado por materiales sólidos de una anchura mínima total de 60 centímetros, de forma que resulte garantizada la seguridad del personal que circule por ellas.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 164. Protección contra el riesgo de caídas de objetos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Los trabajadores deberán estar protegidos contra la caída de objetos o materiales; para ello se utilizarán, siempre que sea técnicamente posible, medidas de protección colectiva.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Cuando sea necesario, se establecerán pasos cubiertos o se impedirá el acceso a las zonas peligrosas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. Los materiales de acopio, equipos y herramientas de trabajo deberán colocarse o almacenarse de forma que se evite su desplome, caída, vuelco o desprendimiento del terreno adyacente.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 165. Iluminación.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Los lugares de trabajo, los locales interiores y las vías de circulación en la obra deberán disponer, en la medida de lo posible, de suficiente luz natural, complementada con luz artificial cuando no sea suficiente. En su caso, se utilizarán puntos de iluminación portátiles con protección antichoques. El color utilizado para la iluminación artificial no podrá alterar o influir en la percepción de las señales o paneles de señalización.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Las instalaciones de iluminación de los locales, de los puestos de trabajo y de las vías de circulación deberán estar colocadas de tal manera que el tipo de iluminación previsto no suponga riesgo de accidente para los trabajadores.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. Los locales, los lugares de trabajo y las vías de circulación en los que los trabajadores estén particularmente expuestos a riesgos en caso de avería de la iluminación artificial, deberán poseer una iluminación de seguridad.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 166. Factores atmosféricos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Deberá protegerse a los trabajadores contra las inclemencias atmosféricas que puedan comprometer su seguridad y su salud.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Cuando las temperaturas sean extremas, especialmente en las conocidas «olas de calor» causantes de graves consecuencias para la salud, por parte de la representación sindical se podrán proponer horarios distintos que permitan evitar las horas de mayor insolación.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Asimismo, se dispondrá en las obras de cremas protectoras de factor suficiente contra las inclemencias atmosféricas tales como la irradiación solar.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 167. Detección y lucha contra incendios.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Según las características de la obra y según la dimensiones y el uso de los locales existentes, los equipos presentes, las características físicas y químicas de las sustancias o materiales que se hallen presentes, así como el número máximo de personas que puedan hallarse en ellos, se deberá prever en el plan de prevención de un número suficiente de dispositivos apropiados de lucha contra incendios.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Dichos dispositivos deberán verificarse y mantenerse con regularidad.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 168. Exposición a riesgos particulares.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Los trabajadores no deberán estar expuestos a niveles sonoros nocivos ni a factores externos nocivos, tales como, gases, vapores, polvo, amianto, vibraciones, etc.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. En el caso de que algunos trabajadores deban penetrar en alguna zona cuya atmósfera pudiera contener sustancias tóxicas o nocivas, o no tener oxígeno en cantidad suficiente o ser inflamable, la atmósfera confinada deberá ser controlada y se deberán adoptar medidas adecuadas para prevenir cualquier peligro.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. En ningún caso podrá exponerse a un trabajador a una atmósfera confinada de alto riesgo. Deberá quedar al menos bajo vigilancia permanente desde el exterior y deberán tomarse todas las debidas precauciones para que se le pueda prestar auxilio eficaz e inmediato.</p>
<p class='capitulo_num' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CAPÍTULO II</p>
<p class='capitulo_tit' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Andamios</p>
<p class='seccion' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Sección primera. Condiciones generales</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 169. Condiciones generales de utilización de los andamios.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Todo andamio deberá cumplir las condiciones generales respecto a materiales, estabilidad, resistencia, seguridad en el trabajo y seguridad general, y las particulares referentes a la clase a la que el andamio corresponda, especificadas en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, modificado por el Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por lo que respecta a su utilización.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Entre otras condiciones generales cabe citar las siguientes:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) Los andamios y sus elementos deberán estar estabilizados por fijación o por otros medios. Los andamios cuya utilización prevista requiera que los trabajadores se sitúen sobre ellos deberán disponer de los medios adecuados para garantizar que el acceso y permanencia en esos equipos no suponga un riesgo para su seguridad y salud.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) En particular, cuando exista un riesgo de caída de altura de más de 2 metros, los andamios deberán disponer de barandillas o de cualquier otro sistema de protección colectiva que proporcione una seguridad equivalente. Las barandillas deberán ser resistentes, de una altura mínima de 90 centímetros y de una protección intermedia y de un rodapié. Resultan aconsejables las barandillas de 1 metro de altura.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>c) Los dispositivos de protección colectiva contra caídas del andamio solo podrán interrumpirse en los puntos de acceso a una escalera o a una escalera de mano.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>d) Cuando el acceso al andamio o la ejecución de una tarea particular exija la retirada temporal de un dispositivo de protección colectiva contra caídas, deberán preverse medidas compensatorias y eficaces de seguridad, que se especificarán en la planificación de la actividad preventiva. No podrá ejecutarse el trabajo sin la adopción previa de dichas medidas. Una vez concluido este trabajo particular, ya sea de forma definitiva o temporal, se volverán a colocar en su lugar los dispositivos de protección colectiva contra caídas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>e) Los andamios deberán tener la resistencia y los elementos necesarios de apoyo o sujeción, o ambos, para que su utilización en las condiciones para las que han sido diseñados no suponga un riesgo de caída por rotura o desplazamiento.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>f) Las plataformas que forman el piso del andamio se dispondrán de modo que no puedan moverse ni dar lugar al basculamiento, deslizamiento o cualquier otro movimiento peligroso. La anchura será la precisa para la fácil circulación de los trabajadores y el adecuado almacenamiento de los útiles, herramientas y materiales imprescindibles para el trabajo a realizar en aquel lugar.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>g) No se almacenarán sobre los andamios más materiales que los necesarios para asegurar la continuidad del trabajo y, al fin de la jornada de trabajo, se procurará que sea el mínimo el peso el depositado en ellos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>h) A fin de evitar caídas entre los andamios y los paramentos de la obra en ejecución, deberán colocarse tablones o chapados, según la índole de los elementos a emplear en los trabajos, cuajando los espacios que queden libres entre los citados paramentos y el andamiaje -situados en el nivel inmediatamente inferior a aquel en que se lleve a efecto el trabajo- sin que en ningún caso pueda exceder la distancia entre este tope y el nivel del trabajo de 1,80 metros.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>i) Los andamios deberán ser instalados y utilizados de forma que no puedan caer, volcar o desplazarse de forma incontrolada, poniendo en peligro la seguridad de los trabajadores.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>j) Los andamios no deberán utilizarse de forma o en operaciones o en condiciones contraindicadas o no previstas por el fabricante. Tampoco podrán utilizarse sin los elementos de protección indicados para la realización de la operación de que se trate. Los andamios solo podrán utilizarse excepcionalmente de forma o en operaciones o en condiciones no consideradas por el fabricante, si previamente se ha realizado una evaluación de los riesgos que ello conllevaría y se han tomado las medidas pertinentes para su eliminación o control.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>k) Antes de utilizar un andamio se comprobará que sus protecciones y condiciones de uso son las adecuadas y que su montaje y utilización no representa un peligro para los trabajadores o terceros.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>l) Los andamios dejarán de utilizarse si se producen deterioros por inclemencias o transcurso del tiempo, u otras circunstancias que comprometan la seguridad de su funcionamiento.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>m) Las dimensiones, la forma y la disposición de las plataformas de un andamio deberán ser apropiadas para el tipo de trabajo que se va a realizar, ser adecuadas a las cargas que hayan de soportar y permitir que se trabaje y circule en ellas con seguridad. Las plataformas de los andamios se montarán de tal forma que sus componentes no se desplacen en una utilización normal de ellos. No deberá existir ningún vacío peligroso entre los componentes de las plataformas y los dispositivos verticales de protección colectiva contra caídas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>n) El acceso a las plataformas de los andamios deberá realizarse normalmente a través de módulos de escaleras de servicio adosadas a los laterales, o bien estando las escaleras integradas en el propio andamio. En ningún caso está permitido trepar por los travesaños de la estructura del andamio.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>o) Los elementos de apoyo de un andamio deberán estar protegidos contra el riesgo de deslizamiento, ya sea mediante sujeción en la superficie de apoyo, ya sea mediante un dispositivo antideslizante, o bien mediante cualquier otra solución de eficacia equivalente, y la superficie portante deberá tener una capacidad suficiente. Se deberá garantizar la estabilidad del andamio. Deberá impedirse mediante dispositivos adecuados el desplazamiento inesperado de los andamios móviles cuando se están realizando trabajos en altura.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>p) El piso de las plataformas, andamios y pasarelas deberá estar conformado por materiales sólidos de una anchura mínima total de 60 centímetros, de forma que resulte garantizada la seguridad del personal que circule con ellos.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 170. Resistencia y estabilidad.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Cuando el andamio no disponga de nota de cálculo o cuando las configuraciones estructurales previstas no estén contempladas en ella, deberá efectuarse un cálculo de resistencia y estabilidad, a menos que el andamio esté montado según una configuración tipo generalmente reconocida. Dicho cálculo deberá ser realizado por una persona con una formación universitaria que lo habilite para la realización de estas actividades.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 171. Plan de montaje, de utilización y de desmontaje.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. En función de la complejidad del andamio elegido, deberá elaborarse un plan de montaje, de utilización y de desmontaje. Este plan deberá ser realizado por una persona con una formación universitaria que lo habilite para la realización de estas actividades.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Este plan podrá adoptar la forma de un plan de aplicación generalizada, completado con elementos correspondientes a los detalles específicos del andamio de que se trate.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, el plan de montaje, de utilización y de desmontaje será obligatorio en los siguientes tipos de andamios:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) Plataformas suspendidas de nivel variable (de accionamiento manual o motorizado), instaladas temporalmente sobre un edificio o una estructura para tareas específicas, y plataformas elevadoras sobre mástil.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) Andamios constituidos con elementos prefabricados apoyados sobre terreno natural, soleras de hormigón, forjados, voladizos u otros elementos cuya altura, desde el nivel inferior de apoyo hasta la coronación de la andamiada, exceda de 6 metros o dispongan de elementos horizontales que salven vuelos y distancias superiores entre apoyos de más de 8 metros. Se exceptúan los andamios de caballetes o borriquetas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>c) Andamios instalados en el exterior, sobre azoteas, cúpulas, tejados o estructuras superiores cuya distancia entre el nivel de apoyo y el nivel del terreno o del suelo exceda de 24 metros de altura.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>d) Torres de acceso y torres de trabajo móviles en los que los trabajos se efectúen a más de 6 metros de altura desde el punto de operación hasta el suelo.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. Sin embargo, cuando se trate de andamios que, a pesar de estar incluidos entre los anteriormente citados, dispongan del marcado «CE» (p. ej. plataformas suspendidas de nivel variable, plataformas elevadoras sobre mástil), por serles de aplicación una normativa específica en materia de comercialización, el citado plan podrá ser sustituido por las instrucciones específicas del fabricante, proveedor o suministrador, sobre el montaje, la utilización y el desmontaje de los equipos, salvo que estas operaciones se realicen de forma o en condiciones o circunstancias no previstas en dichas instrucciones.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En el caso de aquellos tipos de andamios normalizados –p. ej. metálicos tubulares prefabricados o torres de acceso móviles– que no pueden disponer de marcado «CE» –por no haberse adoptado dicha existencia legal en el ámbito europeo– pero sus fabricantes se han sometido a la realización de los ensayos exigidos por Documentos de Armonización Europeos y cuentan con el correspondiente certificado de ese producto expedido por un organismo nacional de certificación, mientras no se establezca la exigencia de marcado «CE», se aplicará la posible sustitución del plan por las instrucciones del fabricante, siempre que el andamio se monte según la configuración tipo establecida en las citadas instrucciones y para las operaciones y usos indicados por el mismo.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 172. Montaje, supervisión y formación de los montadores.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Los andamios solo podrán ser montados, desmontados o modificados sustancialmente bajo la dirección de una persona con una formación universitaria o profesional que lo habilite para ello, y por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada y específica para las operaciones previstas conforme al Anexo II, apartado 4.3.7 del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, modificado por el Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Tanto los trabajadores afectados como la persona que supervise dispondrán del plan de montaje y desmontaje incluyendo cualquier instrucción que pudiera contener.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. Cuando, de conformidad con el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, modificado por el Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, no sea necesaria la elaboración de un plan de montaje, utilización y desmontaje, las operaciones previstas en este apartado podrán también ser dirigidas por una persona que disponga de una experiencia certificada por el empresario en esta materia de más de dos años y cuente con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel básico.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 173. Inspección de andamios.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona con una formación universitaria o profesional que lo habilite para ello:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) Antes de su puesta en servicio.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) A continuación, periódicamente.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>c) Tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie, sacudidas sísmicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o a su estabilidad.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Cuando, de conformidad con el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, modificado por el Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, no sea necesaria la elaboración de un plan de montaje, utilización y desmontaje, las operaciones previstas en este apartado podrán también ser dirigidas por una persona que disponga de una experiencia certificada por el empresario en esta materia de más de dos años y cuente con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel básico.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. Los resultados de las comprobaciones e inspecciones periódicas deberán documentarse y estar a disposición de la autoridad laboral.</p>
<p class='seccion' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Sección segunda. Normas específicas para determinados tipos de andamios</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 174. Normas específicas para andamios metálicos tubulares.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Se consideran andamios metálicos tubulares, aquellos en los que todas o algunas de sus dimensiones son determinadas con antelación mediante uniones o dispositivos de unión fijos permanentemente sobre los componentes. Se componen de placa de sustentación (placa base y husillo), módulos, cruz de San Andrés, y largueros o tubos de extremos, longitudinales y diagonales. Se complementan con plataformas, barandillas y en ocasiones escaleras de comunicación integradas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. En relación con estos andamios se establecen las siguientes condiciones particulares de seguridad.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) Los andamios tubulares, en todo caso, deberán estar certificados por una entidad reconocida certificación.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Los andamios tubulares que no hayan obtenido una certificación del producto por una entidad reconocida de certificación, solo podrán utilizarse para aquellos supuestos en los que el Real Decreto 1215/1997, 18 de julio, modificado por el Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se establecen las Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura en su Anexo II apartado 4.3, no exige plan de montaje, de utilización y de desmontaje, esto es para alturas no superiores a 6 metros y que además no superen los 8 metros de distancia entre apoyos, y siempre que no estén situados sobre azoteas, cúpulas, tejados, estructuras superiores o balconadas a más de 24 metros desde el nivel del terreno o del suelo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) En cualquier caso el material que conforma el andamio dispondrá de las instrucciones de montaje y mantenimiento necesarias para su uso.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>c) En ningún caso se permitirá al contratista o usuarios, realizar cambios en el diseño inicial sin la autorización e intervención de la dirección facultativa o el coordinador de seguridad y sin haber realizado el plan de montaje, utilización y desmontaje correspondiente.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>d) La estabilidad de los andamios tubulares deberá quedar garantizada en todo momento. El técnico que supervise la correcta ejecución de los trabajos de montaje y desmontaje del andamio, dará las instrucciones precisas tanto a los montadores como a los trabajadores posteriormente usuarios sobre las condiciones para ejecutar los trabajos de manera adecuada.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>e) Para el trabajo en las plataformas de trabajo de los andamios tubulares se exigen los siguientes requisitos mínimos:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Las plataformas de trabajo tendrán un ancho mínimo de 60 centímetros sin solución de continuidad al mismo nivel, teniendo garantizada la resistencia y estabilidad necesarias en relación con los trabajos a realizar sobre ellas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Las plataformas de trabajo serán metálicas o de otro material resistente y antideslizante, contarán con dispositivos de enclavamiento que eviten su basculamiento accidental y tendrán marcada, de forma indeleble y visible, la carga máxima admisible.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Las plataformas de trabajo estarán protegidas por medio de una barandilla metálica de un mínimo de un metro de altura, barra intermedia y rodapié de altura mínima de 15 centímetros en todos los lados de su contorno, con excepción de los lados que disten de la fachada menos de 20 centímetros.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>f) El acceso a estas estructuras tubulares se hará siempre por medio de escaleras bien mediante módulos específicos adosados a los laterales, bien mediante escaleras integradas de comunicación entre las plataformas. Las trampillas de acceso a estas últimas estarán cerradas, cuando no respondan propiamente a esta finalidad. Solo en los casos que estén debidamente justificados en el plan de seguridad o en la evaluación de riesgos podrá hacerse desde el edificio, por medio de plataformas o pasarelas debidamente protegidas.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 175. Normas específicas para andamios constituidos por elementos prefabricados, torres de acceso y torres de trabajo móviles.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Con respecto a la comercialización de estos tipos de andamios, y de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, de Seguridad general de los productos, se considera que un andamio de este tipo es seguro cuando cumpla las disposiciones normativas de obligado cumplimiento que establezcan los requisitos de seguridad y salud.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. En los aspectos de dichas disposiciones normativas regulados por normas técnicas que sean transposición de una norma europea armonizada, se presumirá que también un andamio de este tipo es seguro cuando sea conforme a tales normas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. Cuando no exista disposición normativa de obligado cumplimiento aplicable, o esta no cubra todos los riesgos o categorías de riesgos de este tipo de andamio, para evaluar su seguridad garantizando siempre el nivel de seguridad, se tendrán en cuenta los siguientes elementos:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Normas técnicas nacionales que sean transposición de normas europeas no armonizadas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Normas UNE.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Códigos de buenas prácticas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Estado actual de los conocimientos y de la técnica.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. Por lo que refiere a la utilización de estos tipos de andamios, se atenderá a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, modificado por el Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 176. Normas específicas para torres de acceso y torres de trabajo móviles.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Para garantizar la estabilidad de las torres de acceso y de las torres de trabajo móviles su altura (desde el suelo a la última plataforma) no podrá exceder de 4 metros por cada metro del lado menor. En su caso, y no obstante lo anterior, deberán seguirse las instrucciones del fabricante (utilizar estabilizadores, aumentar el lado menor, etc.).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Las ruedas de las torres de trabajo móviles deberán disponer de un dispositivo de blocaje de la rotación y de la traslación. Asimismo, deberá verificarse el correcto funcionamiento de los frenos. Estas torres solo deben moverse manualmente sobre suelo firme, sólido, nivelado y libre de obstáculos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. Para evitar su basculamiento está prohibido desplazarlas con personal o materiales y herramientas sobre las mismas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. No está autorizado instalar poleas u otros dispositivos de elevación sobre estos tipos de andamio, a menos que los mismos hayan sido proyectados expresamente por el fabricante para dicha finalidad.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>5. Estos tipos de andamios no deben apoyarse, en ningún caso, sobre material ligero o de baja resistencia o estabilidad.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>6. El acceso a las plataformas de este tipo de andamios deberá realizarse por el interior con escaleras o escalas de peldaños integradas para tal fin.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>7. Está prohibido saltar sobre los pisos de trabajo y establecer puentes entre una torre de trabajo móvil y cualquier elemento fijo de la obra o edificio.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 177. Normas específicas para plataformas elevadoras sobre mástil.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Las plataformas incluidas en este apartado tienen la consideración de aparatos de elevación de personas. Por lo tanto, les es de aplicación el Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas, y resulta exigible que dispongan del «marcado CE», declaración «CE» de conformidad y manual de instrucciones.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Por lo que refiere a la utilización de estas plataformas, se atenderá a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, modificado por el Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. Sin perjuicio de lo anterior, y entre otras, deben cumplirse las siguientes medidas:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) Deberá verificarse antes de su uso la resistencia y estabilidad de los puntos de apoyo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) Estarán dotadas de protección frente al riesgo de contacto eléctrico indirecto y verificarse la ausencia de líneas eléctricas aéreas en el entorno.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>c) Cuando dispongan de carriles deberán poseer una perfecta nivelación, cimentación y alineación, así como topes en sus extremos. Los traslados se realizarán con la plataforma desalojada de trabajadores.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>d) Para prevenir el riesgo de caídas de objetos sobre terceros se balizará, señalizará y acotará la zona inferior del terreno impidiendo el paso bajo su perpendicular.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>e) Nunca deberán sobrecargarse; se repartirán los materiales necesarios para la correcta continuidad de los trabajos a lo largo de la plataforma.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>f) Deben revisarse periódicamente y no utilizarse en condiciones meteorológicas adversas que superen lo previsto por el fabricante.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 178. Normas específicas para plataformas suspendidas de nivel variable de accionamiento manual o motorizado (andamios colgados).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Al igual que las plataformas incluidas en el artículo anterior, tienen la consideración de aparatos de elevación de personas, por lo tanto, les es de aplicación el Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas. En consecuencia, a estos equipos les resulta exigible que dispongan del «marcado CE», declaración «CE» de conformidad y manual de instrucciones de acuerdo con dichas normas. La documentación técnica debe alcanzar a todos los elementos de las plataformas (pescantes, contrapesos, cables de sustentación, aparejos y mecanismos de izado y descenso, barquilla y componentes de seguridad). A aquellas plataformas que por su fecha de comercialización o de puesta en servicio por primera vez no les sea de aplicación el referido Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, deberán estar puesta en conformidad de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Por lo que refiere a la utilización de estos tipos de plataformas, se atenderá a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, modificado por el Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. Deben cumplirse, además de las contenidas en el manual de instrucciones del fabricante, entre otras, las siguientes normas de seguridad:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– El suelo de las plataformas debe ser una superficie resistente, antideslizante y debe quedar sujeto de tal forma que carezca de movimiento alguno, bien sea de deslizamiento o de basculamiento, y solo pueda ser retirado por una acción voluntaria.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Las plataformas suspendidas deben estar dotadas de barandilla, protecciones intermedias y zócalos montados a lo largo de todo su perímetro. La altura de la barandilla no será inferior a 90 centímetros medido desde lo alto de la barandilla hasta el suelo. La distancia entre la barandilla y la protección intermedia, y entre esta y el zócalo no debe sobrepasar los 50 centímetros el zócalo no debe tener una altura inferior a 15 centímetros por encima del suelo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– En el caso de utilizarse plataformas múltiples con dos o más suelos, uno encima del otro, debe preverse una trampilla en el suelo superior y una escalera integrada que permita un acceso seguro entre los suelos. La trampilla debe abrirse hacia arriba y no debe poder quedarse abierta.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Queda expresamente prohibido comunicar entre sí dos plataformas suspendidas en paralelo mediante pasarelas superpuestas o colocar dicha pasarela entre la plataforma y cualquier otro elemento.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Los accesos a las plataformas serán cómodos y seguros. Las puertas de acceso de las barquillas no deben abrir hacia el exterior y deben estar dotadas de un sistema e enclavamiento que impida su apertura, si no es por una acción voluntaria.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– La distancia entre el paramento y la cara delantera de las plataformas será inferior a 30 centímetros. Éstas deberán disponer de un sistema de fijación o anclaje que impida su movimiento durante las operaciones de entrada y salida de las mismas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Los pescantes se montarán de tal forma que los cables trabajen totalmente perpendiculares al suelo y paralelos entre sí.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Las plataformas se suspenderán de un mínimo de dos pescantes.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Se prohíbe la acumulación de materiales en estas plataformas debiendo situar sobre ellas, exclusivamente, los indispensables y precisos para realizar el trabajo. En ningún caso se sobrepasará la carga máxima indicada por el fabricante.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Se pondrá especial cuidado en el tiro uniforme de los cabos durante los movimientos de ascensos y descensos, para evitar saltos bruscos. Estos movimientos se ejecutarán con las plataformas descargadas de material y durante los mismos solo permanecerán sobre ellas los trabajadores indispensables.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Los aparejos elevadores utilizados para las maniobras deberán disponer de dispositivos de seguridad que impidan descensos y rotaciones incontroladas, así como dispositivos interiores de guía para los cables.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Los ganchos de sujeción de los cables a los pescantes deberá estar dotados de pestillo de seguridad.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– A estas plataformas se les debe acoplar dispositivos secundarios para que en caso de rotura del cable portante retengan las mismas evitando su caída tales como: un sistema de suspensión de doble cable de seguridad independiente de los cables de sustentación y dotado de un freno secundario, o un sistema de suspensión de cable único asociado a un dispositivo anticaídas capaz de retener las plataformas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Antes de su primera utilización todo el conjunto será sometido a una prueba de carga bajo la supervisión de persona competente; igualmente, con carácter diario y antes de su uso, deben ser inspeccionados los elementos sometidos a esfuerzo, los dispositivos de seguridad, etc.; periódicamente dicho conjunto se revisará conforme a las instrucciones del fabricante. Todas estas revisiones quedarán documentadas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– En todos los elementos y accesorios de elevación deberán quedar claramente identificadas sus características. En la plataforma deberá quedar reflejada la carga máxima y el número máximo de personas que pueden utilizarla.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– No deben utilizarse en condiciones meteorológicas adversas que superen lo previsto por el fabricante.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 179. Normas específicas para andamios de borriquetas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Estarán constituidos por borriquetas metálicas en forma de uve invertida y tablones o plataformas metálicas horizontales.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Estos andamios siempre se montarán nivelados, nunca inclinados se prohíbe su apoyo sobre materiales de construcción frágiles como ladrillos, bovedillas, etc.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. Podrán emplearse andamios de borriquetas hasta 3 metros de altura. Cuando el riesgo de caídas sea mayor de 2 metros se dispondrá de barandillas u otros sistemas de protección colectiva de seguridad equivalente.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. En los trabajos sobre borriquetas en balcones, terrazas o en la proximidad de aberturas con riesgo de caídas de más de 2 metros se utilizarán medios de protección colectiva (barandillas, redes, etc.).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>5. Los tablones o plataformas que formen el piso del andamio (de al menos 60 centímetros de anchura) deberán estar anclados o atados a las borriquetas.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 180. Normas específicas para andamios de mechinales.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Cuando el andamio se establezca a base de mechinales (agujeros cuadrados practicados en un muro de obra que permiten el paso de los travesaños o colas de un andamio) solo se permitirá su uso para obras de escasa importancia y con la condición de que la altura sobre el nivel del suelo o del terreno de la andamiada más elevada no exceda de 5 metros.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Será obligatoria, en todo caso, la utilización de sistemas anticaídas por parte de los trabajadores situados en estos andamios.</p>
<p class='capitulo_num' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CAPÍTULO III</p>
<p class='capitulo_tit' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Protecciones colectivas, escalas fijas o de servicio, escaleras de mano y otros equipos para trabajos temporales en altura</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 181. Normas específicas para sistemas provisionales de protección de borde.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Con respecto a la comercialización de estos sistemas, y de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, de Seguridad general de los productos, se considera que una protección de borde es segura cuando cumpla las disposiciones normativas de obligado cumplimiento que fijen los requisitos de seguridad y salud.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. En los aspectos de dichas disposiciones normativas regulados por normas técnicas que sean transposición de una norma europea armonizada, se presumirá que también un sistema provisional de protección de borde es seguro cuando sea conforme a tales normas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. Cuando no exista disposición normativa de obligado cumplimiento aplicable, o esta no cubra todos los riesgos o categorías de riesgos del sistema provisional de protección de borde, para evaluar su seguridad garantizando siempre el nivel de seguridad, se tendrán en cuenta los siguientes elementos:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Normas técnicas nacionales que sean transposición de normas europeas no armonizadas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Normas UNE.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Códigos de buenas prácticas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Estado actual de los conocimientos y de la técnica.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 182. Requisitos para los sistemas provisionales de protección de borde.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Todos los elementos que configuran el conjunto de sistemas de protección (barandilla principal con una altura mínima de 90 centímetros, barandilla intermedia, plinto o rodapié con una altura sobre la superficie de trabajo tal que impida la caída de objetos y materiales y postes) serán resistentes. Estarán constituidos por materiales rígidos y sólidos; no podrán utilizarse como barandillas: cuerdas, cintas, cadenas o elementos o materiales diseñados para otros usos, como los de señalización o balizamiento.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 183. Normas específicas para redes de seguridad.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Con respecto a la comercialización de las redes de seguridad, y de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, de Seguridad general de los productos, se considera que una red de seguridad es segura cuando cumpla las disposiciones normativas de obligado cumplimiento que fijen los requisitos de seguridad y salud.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. En los aspectos de dichas disposiciones normativas regulados por normas técnicas que sean transposición de una norma europea armonizada, se presumirá que también una red de seguridad es segura cuando sea conforme a tales normas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. Cuando no exista disposición normativa de obligado cumplimiento aplicable, o esta no cubra todos los riesgos o categorías de riesgos de la red de seguridad, para evaluar su seguridad garantizando siempre el nivel de seguridad, se tendrán en cuenta los siguientes elementos:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Normas técnicas nacionales que sean transposición de normas europeas no armonizadas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Normas UNE.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Códigos de buenas prácticas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Estado actual de los conocimientos y de la técnica.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 184. Requisitos para la utilización de redes de seguridad.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. En la elección y utilización de las redes de seguridad, siempre que sea técnicamente posible por el tipo de trabajos que se ejecuten, se dará prioridad a las redes que evitan la caída frente a aquellas que solo limitan o atenúan las posibles consecuencias de dichas caídas.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) Con independencia de la obligatoriedad de cumplir las normas técnicas previstas para cada tipo de red, estas solo se deberán instalar y utilizar conforme a las instrucciones previstas, en cada caso, por el fabricante, se estudiará, con carácter previo a su montaje, el tipo de red más adecuado frente al riesgo de caída de altura en función del trabajo que vaya a ejecutarse.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El montaje y desmontaje sucesivos será realizado por personal formado e informado.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) La estabilidad y solidez de los elementos de soporte y el buen estado de las redes deberán verificarse previamente a su uso, posteriormente de forma periódica, y cada vez que sus condiciones de seguridad puedan resultar afectadas por una modificación, período de no utilización o cualquier otra circunstancia.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>c) Se almacenarán en lugares secos.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Una vez retiradas las redes deberán reponerse los sistemas provisionales de protección de borde.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 185. Normas específicas para escalas fijas o de servicio.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Las escalas fijas o de servicio deberán cumplir los requisitos establecidos en el Anexo I, apartado 8, del Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, de Lugares de trabajo. Dispondrán de una protección circundante a partir de los 4 metros de altura, salvo en el caso de pozos, conductos angostos u otras instalaciones que por su configuración ya proporcionen dicha protección. Para escalas fijas de más de 9 metros se establecerán plataformas de descanso cada 9 metros o fracción.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. En el supuesto de que por las características constitutivas del propio pozo, conducto u otras instalaciones, las necesidades de acceso o la realización del trabajo impidan el establecimiento de las citadas plataformas de descanso, se dispondrán de sistemas anticaídas para su utilización por los trabajadores.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 186. Normas específicas para escaleras de mano.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Con respecto a la comercialización de las escaleras de mano, y de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, de Seguridad general de los productos, se considera que una escalera de mano es segura cuando cumpla las disposiciones normativas de obligado cumplimiento que fijen los requisitos de seguridad y salud.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. En los aspectos de dichas disposiciones normativas regulados por normas técnicas que sean transposición de una norma europea armonizada, se presumirá que también una escalera de mano es segura cuando sea conforme a tales normas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. Cuando no exista disposición normativa de obligado cumplimiento aplicable, o esta no cubra todos los riesgos o categorías de riesgos de la escalera de mano, para evaluar su seguridad garantizando siempre el nivel de seguridad, se tendrán en cuenta los siguientes elementos:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Normas técnicas nacionales que sean transposición de normas europeas no armonizadas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Normas UNE.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Códigos de buenas prácticas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Estado actual de los conocimientos y de la técnica.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 187. Requisitos para la utilización de las escaleras de mano.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Por lo que refiere a la utilización de las escaleras de mano, se atenderá a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo modificado por el Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, de Equipos de trabajo, en materia de trabajos en altura, que incluye normas sobre andamios, escaleras de mano y las técnicas de acceso y de posicionamiento mediante cuerdas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Las escaleras de mano deberán ajustarse a lo establecido en su normativa específica. Se tendrán en cuenta, entre otras, las siguientes medidas:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) La utilización de una escalera de mano como puesto de trabajo en altura deberá limitarse a las circunstancias en las que la utilización de otros equipos de trabajo más seguros no esté justificada, por el bajo nivel de riesgo y por las características de los emplazamientos que el empresario no pueda modificar.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) Las escaleras de mano deberán tener la resistencia y los elementos necesarios de apoyo o sujeción, o ambos, para que su utilización en las condiciones para las que han sido diseñados no suponga un riesgo de caída por rotura o desplazamiento. En particular, las escaleras de tijera dispondrán de elementos de seguridad que impidan su apertura al ser utilizadas.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. Además, durante su utilización, deberán cumplirse, entre otras, las siguientes normas:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) Las escaleras de mano se colocarán de forma que su estabilidad durante su utilización esté asegurada. Los puntos de apoyo de las escaleras de mano deberán asentarse sólidamente sobre un soporte de dimensiones adecuadas, y estable, resistente e inmóvil, de forma que los travesaños queden en posición horizontal. Las escaleras suspendidas se fijarán de forma segura y, excepto las de cuerda, de manera que no puedan desplazarse y se eviten los movimientos de balanceo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) Se impedirá el deslizamiento de los pies de las escaleras de mano durante su utilización, ya sea mediante la fijación de la parte superior o inferior de los largueros, ya sea mediante cualquier dispositivo antideslizante o cualquier otra solución de eficacia equivalente. Las escaleras de mano para fines de acceso deberán tener la longitud necesaria para sobresalir al menos un metro del plano de trabajo al que se accede. Las escaleras compuestas de varios elementos adaptables o extensibles deberán utilizarse de forma que la inmovilización recíproca de los distintos elementos esté asegurada. Las escaleras con ruedas deberán haberse inmovilizado antes de acceder a ellas. Las escaleras de mano simples se colocarán, en la medida de lo posible, formando un ángulo aproximado de 75 grados con la horizontal.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>c) El ascenso, el descenso y los trabajos desde escaleras se efectuarán de frente a estas. Las escaleras de mano deberán utilizarse de forma que los trabajadores puedan tener en todo momento un punto de apoyo y de sujeción seguros. Los trabajos a más de 3,50 metros de altura, desde el punto de operación al suelo, que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, solo se efectuarán si se utiliza un equipo de protección individual anticaídas o se adoptan otras medidas de protección alternativas. El transporte a mano de una carga por una escalera de mano se hará de modo que ello no impida una sujeción segura. Se prohíbe el transporte y manipulación de cargas por o desde escaleras de mano cuando por su peso o dimensiones puedan comprometer la seguridad del trabajador. Las escaleras de mano no se utilizarán por dos o más personas simultáneamente.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>d) No se emplearán escaleras de mano y, en particular, escaleras de más de 5 metros de longitud sobre cuya resistencia no se tengan garantías. Queda prohibido el uso de escaleras de mano de construcción improvisada.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>e) Las escaleras de mano se revisarán periódicamente. Se prohíbe la utilización de escaleras de madera pintadas, por la dificultad que ello supone para la detección de sus posibles defectos.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 188. Técnicas de acceso y de posicionamiento mediante cuerdas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. La utilización de las técnicas de acceso y de posicionamiento mediante cuerdas se limitará a circunstancias en las que la evaluación del riesgo indique que el trabajo puede ejecutarse de manera segura y en las que, además, la utilización de otro equipo de trabajo más seguro no esté justificada.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Teniendo en cuenta la evaluación del riesgo y especialmente en función de la duración del trabajo y de las exigencias de carácter ergonómico, deberá facilitarse un asiento adaptado al trabajador y provisto de los accesorios apropiados.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. Los trabajos con técnicas verticales o sistemas de acceso y posicionamiento mediante cuerdas deberán tener la resistencia y los elementos necesarios de apoyo o sujeción, o ambos, para que su utilización en las condiciones para las que han sido diseñados no suponga un riesgo de caída por rotura o desplazamiento.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. La utilización de las técnicas de acceso y de posicionamiento mediante cuerdas cumplirá las siguientes condiciones:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) El sistema constará como mínimo de dos cuerdas con sujeción independiente, una como medio de acceso, de descenso y de apoyo (cuerda de trabajo) y la otra como medio de emergencia (cuerda de seguridad).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) Se facilitará a los trabajadores unos arneses adecuados, que deberán utilizar y conectar a la cuerda de seguridad.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>c) La cuerda de trabajo estará equipada con un mecanismo seguro de ascenso y descenso y dispondrá de un sistema de bloqueo automático con el fin de impedir la caída en caso de que el usuario pierda el control de su movimiento. La cuerda de seguridad estará equipada con un dispositivo móvil contra caídas que siga los desplazamientos del trabajador.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>d) Las herramientas y demás accesorios que deba utilizar el trabajador deberán estar sujetos al arnés o al asiento del trabajador o sujetos por otros medios adecuados.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>5. Con respecto a la comercialización de los elementos que se emplean en las técnicas de acceso y de posicionamiento mediante cuerdas, y de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1801/2003 de Seguridad general de los productos, se considera que los elementos son seguros cuando cumpla las disposiciones normativas de obligado cumplimiento que fijen los requisitos de seguridad y salud.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>6. En los aspectos de dichas disposiciones normativas regulados por normas técnicas que sean transposición de una norma europea armonizada, se presumirá que también estos elementos son seguros cuando sean conformes a tales normas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>7. Cuando no exista disposición normativa de obligado cumplimiento aplicable, o esta no cubra todos los riesgos o categorías de riesgos de estas técnicas, para evaluar su seguridad garantizando siempre el nivel de seguridad, se tendrán en cuenta los siguientes elementos:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Normas técnicas nacionales que sean transposición de normas europeas no armonizadas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Normas UNE.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Códigos de buenas prácticas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Estado actual de los conocimientos y de la técnica.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>A todos los elementos que conforman estas técnicas, excepto a la propia cuerda de trabajo y a sus sistemas de amarre, les es de aplicación el Real Decreto 1407/1992 y, en consecuencia, les es exigible que dispongan de «marcado CE», declaración «CE de conformidad y manual de instrucciones, conforme a dicha norma.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 189. Requisitos para la utilización de las técnicas de acceso y de posicionamiento mediante cuerdas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Por lo que refiere a la utilización de las técnicas de acceso y de posicionamiento mediante cuerdas, se atenderá a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, modificado por el Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Los trabajadores que utilicen estas técnicas de acceso y de posicionamiento deberán poseer una la información y formación adecuada y específica para las operaciones previstas. Dicha información y formación se referirá a los siguientes aspectos:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Las técnicas para la progresión mediante cuerdas y sobre estructuras.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Los sistemas de sujeción.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Los sistemas anticaídas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Las normas sobre el cuidado, mantenimiento y verificación del equipo de trabajo y de seguridad.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Las técnicas de salvamento de personas accidentadas en suspensión.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Las medidas de seguridad ante condiciones meteorológicas que puedan afectar a la seguridad.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Las técnicas seguras de manipulación de cargas en altura.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 190. Normas específicas para plataformas voladas de descarga de materiales.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Deben reunir, entre otros, los siguientes requisitos:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Las plataformas deben ser metálicas, sólidas y seguras; se fijarán mediante puntales telescópicos de suelo a techo en número y disposición indicados por el fabricante.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Las plataformas estarán protegidas en su contorno con barandillas perimetrales, siendo desmontable la delantera para permitir la descarga de materiales. Cuando disponga de trampilla abatible en el piso, deberá estar dotada de un sistema que impida el acceso a la plataforma cuando la trampilla esté abierta.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Para trabajos sobre las plataformas es preceptivo el uso, en función de las características del puesto de trabajo, un cinturón de retención dispuesto en un punto sólido de la obra o de un sistema anticaídas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– En ningún caso deberán sobrecargarse por encima de la carga máxima prevista por el fabricante, que vendrá indicada en un lugar visible y de forma indeleble.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 191. Normas específicas para plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Las plataformas incluidas en este apartado tienen la consideración de aparatos de elevación de personas. Por lo tanto, les es de aplicación el Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas, y les resulta exigible que dispongan del «marcado CE», declaración «CE» de conformidad y manual de instrucciones.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. A aquellas plataformas que por su fecha de comercialización o de puesta en servicio por primera vez no les sea de aplicación el referido Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas, deberán estar puestas en conformidad, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1215/1997, 18 de julio, por el que se establecen las Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los trabajadores de equipos de trabajo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. Por lo que refiere a la utilización de estos tipos de plataformas, se atenderá a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, 18 de julio, modificado por el Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. Durante su utilización deberán cumplirse, entre otras, las siguientes normas:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– El personal operador debe estar cualificado y formado. No se permitirá la utilización y el acceso a personas carentes de autorización.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– No deben utilizarse en operaciones o en condiciones contraindicadas por el fabricante y se cumplirán las especificaciones establecidas por el mismo en cuanto a su uso y limitación de carga.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Se debe reconocer previamente el terreno por donde debe desplazarse la plataforma asegurando que esté nivelado y sea estable.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– La plataforma no debe conducirse ni circular por pendientes superiores a las indicadas por el fabricante.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– No se deben cargar materiales de mayor volumen y peso de lo previsto por el fabricante. Las cargas deberán estar repartidas uniformemente por el piso de la plataforma.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Debe verificarse la ausencia de líneas eléctricas aéreas en el entorno así como la presencia de elementos fijos que interfieran el desplazamiento espacial de la plataforma.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Es preceptivo el uso de arnés anticaídas por parte de los trabajadores.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 192. Normas específicas para cestas suspendidas mediante grúas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Este sistema de elevación de personas y realización de trabajos en altura solo debe utilizarse excepcionalmente, cuando por el tipo de trabajos a ejecutar, la altura a la que se deba subir, la duración de la utilización, y las características o inaccesibilidad por otros medios hasta el emplazamiento, el estudio de seguridad, el plan de seguridad o la evaluación de riesgos determinen que no sea posible la elección de otros equipos más seguros y siempre que de la documentación técnica resulte que los trabajos pueden realizarse de forma segura.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Además de lo indicado en el apartado anterior, la utilización de estas cestas se limitará a circunstancias en las que la evaluación de riesgos indique que el trabajo puede ejecutarse de manera segura mediante la aplicación de los principios de prevención. Es decir, luego de que se hayan elegido los equipos y procedimientos de trabajo adecuados –teniendo en cuenta el estado del desarrollo tecnológico– y se haya formado e informado a los trabajadores.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. Su elección no podrá subordinarse a criterios económicos.</p>
<p class='capitulo_num' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CAPÍTULO IV</p>
<p class='capitulo_tit' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Trabajos de movimientos de tierras, excavación, pozos, trabajos subterráneos y túneles</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 193. Medidas a adoptar antes del inicio de los trabajos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Antes de comenzar los trabajos de movimientos de tierras, y de excavación, deberán tomarse medidas para localizar y reducir al mínimo los peligros debidos a cables subterráneos, así como aéreos y demás sistemas de distribución.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 194. Medidas a adoptar durante los trabajos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En los trabajos de excavación en general, pozos, trabajos subterráneos y túneles se adoptarán las precauciones necesarias especificadas, en su caso, en el proyecto de ejecución de la obra, a fin de evitar derrumbamientos según la naturaleza y las condiciones del terreno y la forma de realización de dichos trabajos.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 195. Acumulaciones de tierras, escombros o materiales.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Las acumulaciones de tierras, escombros o materiales, y los vehículos en movimiento deberán mantenerse alejados de las excavaciones o deberán tomarse las medidas adecuadas, en su caso, mediante la construcción de barreras, para evitar su caída en las mismas o el derrumbamiento del terreno.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 196. Vías de entrada y salida.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Deberán preverse vías seguras para entrar y salir de la excavación.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 197. Ascensos y descensos de trabajadores.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Queda prohibido servirse del propio entramado, entibado o encofrado para el descenso o ascenso de los trabajadores. A tal efecto se emplearán escaleras, adoptando las medidas de seguridad correspondientes.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Cuando se empleen ascensores para la subida y el descenso de los trabajadores en los pozos, se adoptarán las medidas de seguridad correspondientes.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 198. Ventilación.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Se dispondrá de buena ventilación -natural o forzada- en los pozos y galerías subterráneas, adoptando las medidas necesarias para que los trabajadores dispongan de aire sano suficiente.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 199. Trabajos en atmósferas peligrosas o tóxicas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Con carácter previo al inicio de trabajos en los que puedan existir atmósferas peligrosas o tóxicas deberá elaborarse el correspondiente procedimiento de trabajo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En todo caso, en dicho procedimiento se incluirán, entre otras, las siguientes medidas preventivas:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) Antes de acceder a pozos o galerías en las que por circunstancias especiales sea de temer la existencia de un ambiente peligroso o tóxico, se harán las pruebas y mediciones necesarias para conocer el estado de la atmósfera; igualmente deberán adoptarse las medidas para prevenir la formación y acumulación de atmósferas explosivas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) Los trabajadores no podrán penetrar hasta después de haber tomado las precauciones oportunas para impedir cualquier accidente por intoxicación, asfixia o explosión.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>c) El trabajo en espacios confinados deberá ser supervisado y no se permitirá el acceso a trabajadores no autorizados y que no estén suficiente cualificados, formados e informados de los riesgos correspondientes.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>d) Cuando en el desarrollo de los trabajos se noten síntomas que hagan temer la presencia de un peligro grave o la falta de oxígeno, deberá darse cuenta inmediata al supervisor de los trabajos, se suspenderá la actividad y se abandonará inmediatamente el lugar de trabajo.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 200. Trabajos subterráneos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Los trabajos subterráneos deberán estar equipados en su totalidad con un alumbrado eléctrico capaz de ofrecer una iluminación adecuada a las tareas que se realizan en ellos; para evitar los riesgos derivados de avería en la iluminación artificial, se dispondrá otra complementaria de seguridad que permita asegurar la evacuación de personal en caso de faltar corriente. De ser imposible la iluminación artificial, se dotará a los trabajadores de iluminación individual.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 201. Medidas en caso de incendio, irrupción de agua o caída de materiales.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En las excavaciones, pozos, trabajos subterráneos o túneles deberán tomarse las precauciones adecuadas tanto para prevenir la irrupción accidental de agua mediante los sistemas o medidas adecuados, como para permitir que los trabajadores puedan ponerse a salvo en el caso de que se produzca un incendio, una irrupción de agua o la caída de materiales.</p>
<p class='capitulo_num' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CAPÍTULO V</p>
<p class='capitulo_tit' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Otros trabajos específicos</p>
<p class='seccion' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Sección primera. Trabajos de demolición</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 202. Disposiciones generales acerca de los trabajos de demolición.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Los trabajos de derribo o demolición que puedan suponer un peligro para los trabajadores deberán estudiarse, planificarse y emprenderse bajo la supervisión de una persona competente y deberán realizarse adoptando las precauciones, métodos y procedimientos apropiados.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 203. Medidas a adoptar antes del inicio de los trabajos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Con carácter previo al inicio de los trabajos deberán analizarse las condiciones del edificio y de las instalaciones preexistentes, investigando, para la adopción de las medidas preventivas necesarias, su uso o usos anteriores, las condiciones de conservación y de estabilidad de la obra en su conjunto, de cada parte de la misma, y de las edificaciones adyacentes.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El resultado del estudio anterior se concretará en un plan de demolición en el que constará la técnica elegida así como las personas y los medios más adecuados para realizar el trabajo.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 204. Medidas en los casos de presencia de amianto o residuos peligrosos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Cuando el edificio tenga incorporados amianto, o residuos peligrosos se tendrá en cuenta la normativa aplicable en especial el Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, y Ley 10/1998, de 5 de diciembre, además de las disposiciones de carácter autonómico, respectivamente.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 205. Actuaciones antes de la demolición.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Antes de iniciar la demolición será necesario neutralizar o anular las instalaciones de electricidad, gas y agua existentes en la zona de ejecución de los trabajos. Para ello, es necesario vaciar los depósitos, tuberías, contadores, incluida la acometida a la red de saneamiento.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 206. Evacuación de escombros.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Para la evacuación de los escombros durante la realización de los trabajos de demolición deberán tenerse en cuenta, entre otras, las siguientes medidas:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Evitar acopios de materiales que puedan sobrecargar los forjados.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– No arrojar escombros. Éstos se evacuarán a través de canaletas, tolvas, bateas, etc.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Para reducir el rebote a distancia de los materiales, la extremidad inferior del conducto de evacuación estará convenientemente protegida mediante pantallas, lonas, etc. En todo caso, se limitará, en los tramos finales del conducto, la proyección vertical del mismo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Será necesario regar los escombros para evitar la formación de polvo.</p>
<p class='seccion' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Sección segunda. Trabajos con explosivos y en cajones de aire comprimido.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 207. Realización de trabajos con explosivos y en cajones de aire comprimido.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La realización de estos trabajos se ajustará a lo dispuesto en su normativa específica.</p>
<p class='capitulo_num' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CAPÍTULO VI</p>
<p class='capitulo_tit' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Equipos de trabajo y maquinaria de obra</p>
<p class='seccion' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Sección primera. Disposiciones generales</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 208. Aparatos elevadores.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>A estos aparatos les es de aplicación el Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas, y les resulta exigible que dispongan del «marcado CE», declaración «CE» de conformidad y manual de instrucciones.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Aquellos aparatos que por su fecha de comercialización o de puesta en servicio por primera vez no les sea de aplicación el referido Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas, deberán estar puestos en conformidad de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1215/1997, 18 de julio.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Por lo que refiere a la utilización de estos aparatos, se atenderá a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, modificado por el Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 209. Condiciones generales de los aparatos elevadores.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Los aparatos elevadores y los accesorios de izado, incluidos sus elementos constitutivos, de fijación, anclajes y soportes, deberán:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Ser de buen diseño y construcción y tener una resistencia suficiente para el uso al que estén destinados.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Instalarse y utilizarse correctamente.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Mantenerse en buen estado de funcionamiento.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Ser manejados por trabajadores cualificados y autorizados que hayan recibido una formación adecuada.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. En los aparatos elevadores y en los accesorios de izado se deberá colocar, de manera visible, la indicación del valor de su carga máxima que, en ningún caso, debe ser sobrepasada.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Los aparatos elevadores al igual que sus accesorios no podrán utilizarse para fines distintos de aquellos a los que estén previstos por el fabricante.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. Durante la utilización de los aparatos elevadores deberán tenerse en cuenta, entre otras, las siguientes medidas:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Controlar la estabilidad del terreno o de la base de apoyo de los aparatos de elevación.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Revisar el estado de los cables, cadenas y ganchos, y anular las eslingas de cables de acero que estén aplastadas, tengan hilos rotos, etc.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Conocer el operador la carga máxima admisible, no solo de la maquinaria o equipo de elevación, sino también de los medios auxiliares que se hayan de emplear para el eslingado (cables, ganchos, etc.).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Estudiar el recorrido que se debe realizar con la carga hasta su ubicación eventual o definitiva, a fin de evitar interferencias en dicho recorrido.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– La operación de carga y descarga, si es necesario, será supervisada por personal especializado.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Si en la operación hubiese falta de visión del operador, será auxiliado por el correspondiente ayudante o señalista.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Se comprobará el correcto eslingado o embragado de las piezas para impedir desplazamientos no controlados y descuelgue de las cargas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Se ejecutarán con suavidad los movimientos de arranque, parada y cualquier otra maniobra.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Está prohibido transportar personas con equipos de elevación de cargas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Se tendrá especial cuidado con los equipos de elevación dirigidos por radio, debido a las posibles interferencias con otras frecuencias.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– No dejar cargadas nunca las grúas en situación de descanso.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– No deben utilizarse en condiciones meteorológicas adversas que superen lo previsto por el fabricante.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. Se prohíbe estacionarse o circular bajo las cargas suspendidas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>5. Los aparatos de elevación serán examinados y probados antes de su puesta en servicio. Ambos aspectos quedarán debidamente documentados.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>6. Los ganchos de suspensión deberán contar con un dispositivo de seguridad que impida el desenganche o caída fortuita de las cargas suspendidas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Se extremarán las medidas de seguridad, poniendo especial cuidado para evitar que los aparatos de elevación puedan impactar con las líneas eléctricas aéreas próximas al lugar de trabajo o al camino recorrido por aquellos en sus desplazamientos; deberá mantenerse a la distancia mínima exigida por la normativa para evitar los contactos eléctricos. Las mismas medidas se adoptarán respecto de las cargas suspendidas por dichos aparatos de elevación.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 210. Condiciones específicas de las grúas torre.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Las grúas torre deberán cumplir lo especificado en el Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba la ITC-MIE-AEM-2 del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. No debe utilizarse las grúas para realizar tracciones oblicuas, arrancar cargas adheridas u operaciones extrañas a la función de las mismas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. No deben elevarse con la grúa cargas que superen la permitida e indicada por el fabricante.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. Está prohibido balancear las cargas transportadas con las grúas para descargarlas más allá del alcance de las mismas.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 211. Condiciones específicas de las grúas móviles autopropulsadas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Las grúas móviles autopropulsadas deberán cumplir el Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba la ITC-MIE-AEM-4 del Reglamento de aparatos de elevación y manutención referente a grúas móviles autopropulsadas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Las grúas móviles autopropulsadas deberán estacionarse en los lugares establecidos, adecuadamente niveladas, y con placas de apoyo para el reparto de los gatos estabilizadores.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 212. Condiciones específicas de los montacargas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Está prohibido subir o bajar personas en los montacargas. Tal prohibición deber estar convenientemente señalizada. Así mismo estará indicada la carga máxima admisible de los mismos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Las zonas de desembarco de los montacargas, en cada parada, estarán adecuadamente protegidas con elementos que mantengan el hueco cerrado mientras la plataforma no se encuentre enrasada en dicha parada. Estos elementos impedirán el desplazamiento de la plataforma si alguno de mismos estuvieran abiertos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En la parte inferior de la plataforma de los montacargas deberá instalarse un detector de obstáculos conectado a un dispositivo que detenga el desplazamiento de la misma cuando desciende, a fin de evitar atrapamientos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En la zona inferior donde se asienta la base de la estructura del montacargas debe establecerse una protección perimetral convenientemente señalizada.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 213. Condiciones específicas de cabestrante mecánico o maquinillo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Para la instalación y el uso de los cabestrantes mecánicos o maquinillos se atenderá a las instrucciones dadas por el fabricante.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El operador del cabrestante mecánico o maquinillo deberá utilizar, en función de las características del puesto de trabajo, un cinturón de retención anclado a punto fijo y resistente, distinto del propio cabestrante, o un sistema anticaídas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En la zona inferior de carga y descarga de los cabestrantes mecánicos o maquinillos se establecerán zonas protegidas que impidan el acceso a las mismas convenientemente señalizadas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Durante las operaciones de transporte de cargas con los cabestrantes mecánicos o maquinillos se vigilará que el trayecto de recorrido de dichas cargas esté libre de obstáculos.</p>
<p class='seccion' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Sección segunda. Maquinaria de movimiento de tierras.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 214. Disposiciones generales.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>A esta maquinaria le es de aplicación el Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas y les resulta exigible que dispongan del «marcado CE», declaración «CE» de conformidad y manual de instrucciones.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Aquella maquinaria que por su fecha de comercialización o de puesta en servicio por primera vez no les sea de aplicación el referido Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas, deberá estar puesta en conformidad, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Por lo que refiere a la utilización de esta maquinaria, se atenderá a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 215. Condiciones generales de la maquinaria de movimiento de tierras.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La maquinaria para movimientos de tierra debe cumplir, entre otras, las siguientes normas:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) Deberá ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) De modo concreto, deberá:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Estar bien proyectada y construida, teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, los principios de la ergonomía.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Mantenerse en buen estado de funcionamiento.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Utilizarse correctamente.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>c) Los conductores y personal encargado de la maquinaria para movimientos de tierras deberán recibir una formación e información adecuada.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>d) Deberán adoptarse medidas preventivas para evitar que caigan en las excavaciones o en el agua.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>e) Cuando sea necesario, esta maquinaria deberá estar equipada con estructuras concebidas para proteger al conductor contra el aplastamiento en el caso de vuelco de la máquina, y contra la caída de objetos.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 216. Otras medidas preventivas aplicables a la maquinaria de movimiento de tierras.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Entre otros medios preventivos aplicables a la maquinaria de movimiento de tierras, podemos citar:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– La maquinaria deberá estacionarse en los lugares establecidos y debidamente calzada cuando las circunstancias lo hagan necesario.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Han de instalarse señales, balizamientos, etc. para advertencia de los vehículos que circulan.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Deberán efectuarse riegos para evitar la emisión de polvo que pueda dificultar la visibilidad de los trabajos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Se evitará que las diferentes operaciones que se realicen con las máquinas afecten a líneas eléctricas aéreas o subterráneas, o a otras conducciones.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– La altura del frente de la excavación o arranque será adecuada a las características de la máquina.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Con el fin de evitar colisiones, se definirán y señalizarán los recorridos de la maquinaria por la obra.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Antes de poner en servicio la maquinaria se comprobará el estado de los dispositivos de frenado, neumáticos, batería, niveles de aceite.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– El operador o conductor que maneje la máquina debe ser cualificado y autorizado con la formación y el conocimiento sobre las medidas de seguridad en relación con el trabajo de la misma.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– La maquinaria de movimiento de tierras no se utilizará como medio para el transporte de personas, salvo que la misma disponga de asientos previstos por el fabricante para tal fin.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– No se abandonará la maquinaria con el motor en marcha.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– No se permitirá la estancia de personas en las proximidades del radio de acción de la maquinaria.</p>
<p class='seccion' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Sección tercera. Otros equipos de trabajo.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 217. Disposiciones generales de los equipos de trabajo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>A estos equipos, excepto a las herramientas manuales o sin motor, les es de aplicación el Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas, y les resulta exigible que dispongan del «marcado CE», declaración «CE» de conformidad y manual de instrucciones.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Aquellos equipos indicados en el párrafo anterior que, por su fecha de comercialización o de puesta en servicio por primera vez, no les sea de aplicación el referido Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas, deberán estar puestos en conformidad, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Por lo que refiere a la utilización de estos equipos, se atenderá a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 218. Condiciones generales aplicables a estos equipos de trabajo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Con independencia de lo indicado en secciones anteriores respecto de equipos de trabajo y maquinaria, el resto de equipos de trabajo deben cumplir, entre otras, las siguientes normas:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) Ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) Los equipos, incluidas las herramientas manuales o sin motor deberán:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, los principios de la ergonomía.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Mantenerse en buen estado de funcionamiento.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido diseñados.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Ser manejados por trabajadores que hayan recibido formación e información adecuada.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>c) Las personas encargadas del manejo de los distintos equipos de trabajo deberán poseer la formación adecuada a cada equipo y estar expresamente autorizados para utilizarlos.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Los recambios, repuestos, etc. de los distintos equipos de trabajo se ajustarán a las características indicadas por el fabricante.</p>
<p class='capitulo_num' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CAPÍTULO VII</p>
<p class='capitulo_tit' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Instalaciones de suministro y reparto de energía. Almacenamiento de combustibles e instalaciones higiénico-sanitarias</p>
<p class='seccion' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Sección primera. Instalaciones eléctricas</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 219. Disposiciones generales de las instalaciones eléctricas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. En todo caso, y a salvo de normativa específica las instalaciones eléctricas deberán satisfacer, entre otras, las condiciones que se señalan en los siguientes apartados.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. La instalación eléctrica deberá ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica. Cabe citar, entre otros:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– El Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– El Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– El Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y sus instrucciones técnicas complementarias (ITC), por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– El Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre Condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. Las instalaciones deberán proyectarse, realizarse y utilizarse de manera que no entrañen peligro de incendio ni de explosión y de modo que las personas estén debidamente protegidas contra los riesgos de electrocución por contacto directo o indirecto.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. El proyecto, la realización y la elección del material y de los dispositivos de protección deberán tener en cuenta el tipo y la potencia de la energía suministrada, las condiciones de los factores externos y la competencia de las personas que tengan acceso a partes de la instalación.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– El grado de protección de los elementos de la instalación eléctrica que estén a la intemperie será IP 45.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– El grado de protección contra los impactos mecánicos será IK 0,8.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>5. Respecto a estas instalaciones deberán verificarse y mantenerse con regularidad por personal cualificado y autorizado, según se establece en el Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, o por instalador eléctrico autorizado.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>6. Las instalaciones eléctricas existentes antes del comienzo de la obra deberán estar localizadas, verificadas y claramente señalizadas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>7. Cuando existan líneas de tendido eléctrico aéreas que puedan afectar a la seguridad en la obra será necesario desviarlas fuera del recinto de la misma o dejarlas sin tensión. Si esto no fuera posible, se colocarán barreras o avisos para que los vehículos se mantengan alejados de dichas líneas. En caso de que vehículos de la obra tuvieran que circular bajo el tendido, se utilizará una señalización de advertencia y una protección de delimitación de altura con su correspondiente señalización de gálibo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>8. No deberán permitirse, en ningún caso, las conexiones a la base de enchufe con los terminales desnudos. A este fin se utilizará la clavija correspondiente.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 220. Grupos electrógenos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En el caso de utilización de grupos electrógenos, de acuerdo con el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, se elaborará un proyecto de instalación redactado por un técnico competente, cuando la potencia de los mismos supere los 10 kilovatios.</p>
<p class='seccion' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Sección segunda. Otras instalaciones de suministro y reparto de energía</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 221. Aparatos a presión.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Las instalaciones y los aparatos a presión, así como el resto de instalaciones deberán ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Las operaciones de reparación y mantenimiento de estas instalaciones se llevarán a cabo por entidades instaladoras autorizadas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. Los recambios, repuestos, y otras piezas de estas instalaciones se ajustarán a las características indicadas por el fabricante.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 222. Almacenamiento de combustible.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. El almacenamiento y, en su caso, la distribución de combustible deberá ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Las operaciones de reparación y mantenimiento de estas instalaciones se llevarán a cabo por entidades instaladoras autorizadas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. Los recambios, repuestos, y otras piezas de estas instalaciones se ajustarán a las características indicadas por el fabricante.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. Las zonas de almacenamiento de combustible deberán estar debidamente señalizadas y dotadas de los medios de extinción de incendios adecuados y deberán estar convenientemente alejadas de otras instalaciones, especialmente de las higiénico-sanitarias y de bienestar.</p>
<p class='seccion' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Sección tercera. Condiciones de las instalaciones higiénico-sanitarias en las obras</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 223. Condiciones generales.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Las obras de construcción estarán dotadas de servicios sanitarios y comunes, en función del número de trabajadores que vayan a utilizarlos. Dichas instalaciones se irán adaptando progresivamente a medida que se incorporen los trabajadores, incluidos los de las empresas subcontratistas y trabajadores autónomos, guardando siempre relación con el número de trabajadores que desempeñen simultáneamente tareas en la obra.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. En aquellas obras que dispongan de estudio o estudio básico de seguridad y salud, de acuerdo con lo establecido en Real Decreto 1627/1997, estas instalaciones se definirán en el plan de seguridad y salud de cada contratista en función de lo previsto en el correspondiente estudio.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. No podrán iniciarse las obras sin haber solucionado previamente, mediante instalaciones fijas, provisionales o módulos prefabricados, las referidas condiciones.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. En aquellas obras condicionadas por la necesidad de una intervención rápida y urgente, previstas y no previstas, o de escasa importancia tecnológica y económica que requieren poco tiempo para su ejecución, tales como, entre otras: roturas de conducciones, acometidas de servicios, socavones o hundimientos viales, bacheo o reparaciones en vías públicas, demoliciones, apeos o refuerzos urgentes de estructuras, reparaciones en cubiertas, etc., se podrán adoptar soluciones alternativas para este tipo de instalaciones.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 224. Servicios higiénicos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo, o se realicen trabajos sucios deberán tener a su disposición vestuarios adecuados.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Los vestuarios deberán ser de fácil acceso, tener las dimensiones suficientes y disponer de asientos e instalaciones que permitan a cada trabajador poner a secar, si fuera necesario, su ropa de trabajo. Los vestuarios estarán dotados de un sistema de calefacción en invierno.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Cuando las circunstancias lo exijan, por presencia de sustancias peligrosas, humedad, suciedad, la ropa de trabajo deberá poder guardarse separada de la ropa de calle y de los efectos personales.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En todo caso, cada trabajador deberá poder disponer de un espacio para colocar su ropa y sus objetos personales bajo llave.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran, se deberán poner a disposición de los trabajadores duchas apropiadas y en número suficiente, a razón de una por cada 10 trabajadores o fracción que desarrollen actividades simultáneamente en la obra.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Las duchas deberán tener dimensiones suficientes para permitir que cualquier trabajador se asee sin obstáculos y en adecuadas condiciones de higiene. Las duchas deberán disponer de agua corriente, caliente y fría.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Así mismo se instalarán lavabos, uno por cada 10 trabajadores o fracción que desarrollen actividades simultáneamente en la obra, con agua corriente, caliente, si fuese necesario.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Igualmente se instalarán retretes, uno por cada 25 trabajadores o fracción que desarrollen actividades simultáneamente en la obra.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Si las duchas o los lavabos y los vestuarios estuvieren separados, la comunicación entre unos y otros deberá ser fácil.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes estarán separados para hombres y mujeres, o deberá preverse una utilización por separado de los mismos.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 225. Locales de descanso o de alojamiento en las obras.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Cuando lo exijan la seguridad o la salud de los trabajadores, en particular debido al tipo de actividad o al número de trabajadores, y por motivos de alejamiento de la obra, aquellos deberán poder disponer de locales de descanso y, en su caso, de locales de alojamiento de fácil acceso.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Los locales de descanso o de alojamiento deberán tener unas dimensiones suficientes y estar amueblados con un número de mesas y de asientos con respaldo acorde con el número de trabajadores.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. Cuando no existan este tipo de locales se deberá poner a disposición del personal otro tipo de instalaciones para que puedan ser utilizadas durante la interrupción del trabajo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. Cuando existan locales de alojamiento fijos, deberán disponer de servicios higiénicos en número suficiente, así como de una sala para comer y otra de esparcimiento. Dichos locales deberán estar equipados de camas, armarios, mesas y sillas con respaldo acordes al número de trabajadores, y se deberá tener en cuenta, en su caso y para su asignación, la presencia de trabajadores de ambos sexos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>5. En las obras los trabajadores deberán disponer de instalaciones para comer y, en su caso, preparar la comida en condiciones de seguridad y salud. Estas instalaciones se adecuarán al número de trabajadores que vayan a utilizarlas. Las mismas dispondrán de hornos calienta comida, ventilación suficiente, calefacción, y condiciones adecuadas de higiene y limpieza.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 226. Primeros auxilios.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse en todo momento por personal con la suficiente formación para ello. Asimismo, deberán adoptarse medidas para garantizar la evacuación, a fin de que puedan recibir cuidados médicos los trabajadores accidentados o afectados por una indisposición repentina.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. El empresario establecerá en sus medidas de emergencia los procedimientos relativos a la organización de los primeros auxilios, evacuación y traslado de accidentados. Dichas medidas deben ser conocidas por todas las personas cuya participación se prevea para el desarrollo de las mismas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. Cuando el número de los trabajadores en una obra supere los 50 se dispondrá de locales destinados a primeros auxilios y otras posibles atenciones sanitarias.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. En el caso de ser necesarios locales para primeros auxilios, estos deberán disponer, como mínimo, de: un botiquín, una camilla, agua potable y de otros materiales en función de la existencia de riesgos específicos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>5. Las obras de extensión lineal estarán dotadas de botiquines, al menos portátiles, en los lugares de trabajo más significativos o de elevada concentración de trabajadores.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>6. En todas las obras existirá personal con conocimientos en primeros auxilios.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Además en todos los centros de trabajo cuyo número de trabajadores sea superior a 250 deberá figurar al frente del botiquín de obras un ayudante técnico sanitario.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>7. Igualmente se dispondrá, en un lugar visible, información en la que se haga constar el centro sanitario más próximo a la obra así como el recorrido más recomendable para acceder al mismo, y cuantos teléfonos sean necesarios en caso de urgencia. En las obras de carácter lineal esta información estará disponible igualmente en los lugares de trabajo más significativos.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 227. Suministro de agua.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En la obra, los trabajadores deberán disponer de agua potable en cantidad suficiente, tanto en los locales que ocupen como cerca de los puestos de trabajo.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 228. Visitas a las obras.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En previsión de las visitas que realicen a las obras personas ajenas a las mismas o que no prestan servicios con carácter habitual en ellas (personal técnico o dirección facultativa, inspectores y visitantes de organismos oficiales, etc.) deberá disponerse de una dotación de equipos de los protección individual necesarios en cada caso, que estarán obligados a utilizar mientras permanezcan en la obra.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 229. Disposiciones varias.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Los accesos y el perímetro de la obra deberán señalizarse y destacarse de manera que sean claramente visibles e identificables y que impidan el paso a terceros.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. El servicio de agua se organizará mediante grifos de agua corriente, máquinas expendedoras gratuitas, fuentes o surtidores de agua o en recipientes limpios en calidad suficiente y en perfectas condiciones de higiene.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. En los trabajos que se hagan en descampado, las empresas construirán barracones y cobertizos para la protección del personal en caso de lluvia. Asimismo se dispondrá de toldos que resguarden al personal de las inclemencias del tiempo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. En los trabajos especialmente sucios, por ejemplo, de alquitranado de carreteras, mecánicos, etc., que por la suciedad de los mismos haga que se produzca un mayor deterioro de las prendas de trabajo, se repondrán estas, con independencia de la fecha de entrega y de la duración media prevista en los respectivos convenios.</p>
<p class='titulo_num' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>TÍTULO V</p>
<p class='titulo_tit' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables en las canteras, areneras, graveras y la explotación de tierras industriales.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 230. Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables en las canteras, areneras, graveras y la explotación de tierras industriales.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Además de aplicar todos aquellos aspectos que en el Título IV de este Libro II del Convenio se pudieran emplear en las canteras, areneras, graveras y explotaciones de tierras industriales, se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 1389/1997, así como la normativa específica que lo desarrolla.</p>
<p class='titulo_num' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>TÍTULO VI</p>
<p class='titulo_tit' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Vigilancia de la salud</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 231. Vigilancia de la salud.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En los reconocimientos médicos que se realicen a los trabajadores sujetos a este Convenio colectivo serán de obligado cumplimiento los protocolos médicos editados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de acuerdo a los riesgos específicos de cada puesto de trabajo.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Disposición transitoria.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En concordancia con lo dispuesto en la disposición transitoria segunda del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, hasta que la tasa de desempleo en nuestro país se sitúe por debajo del 15 por ciento podrán celebrarse contratos para la formación y el aprendizaje con trabajadores menores de 30 años sin que le sea de aplicación el límite máximo de edad establecido en el artículo 25.2, letra c) del presente Convenio.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Disposición adicional primera.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 apartado b) del Real Decreto 1698/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula el régimen jurídico y el procedimiento general para establecer coeficientes reductores y anticipar la edad de jubilación en el sistema de la Seguridad Social, las organizaciones firmantes del presente Convenio General, sensibles con la situación en la que se desarrollan los trabajos en las obras del sector de la construcción, consideran conveniente instar a la administración competente el establecimiento de coeficientes reductores, o en su caso, la anticipación de la edad de acceso a la jubilación de los trabajadores afectados siempre que ello no comporte para los trabajadores o empresas modificación de las bases o tipos de cotización establecidos con carácter general.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Disposición adicional segunda.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La Comisión Negociadora de este Convenio, a propuesta no vinculante de la Comisión Paritaria Sectorial de Seguridad y Salud en el Trabajo, actualizará el Libro II del presente Convenio.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Disposición adicional tercera. Ámbito temporal: excepciones.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>No obstante lo dispuesto en el artículo 7, quedan excepcionados del ámbito temporal contenido en el mismo los artículos relativos a «incrementos económicos» (artículo 52) y lo dispuesto en el artículo 50.3 referente a la fórmula de actualización de la remuneración mínima bruta anual, que tendrán una vigencia anual hasta el 31 de diciembre de cada año respectivo, quedando a partir de ese momento sin efectos hasta la negociación y aprobación de un nuevo Convenio.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Disposición adicional cuarta. Funciones del vigilante de obra.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Las funciones, que de acuerdo con la normativa vigente podrá realizar un Vigilante de obra, taller o fábrica, integrado en el GRUPO 2 del área funcional de servicios transversales de la clasificación profesional del presente convenio, consistirán en:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Información y/o control en los accesos a la obra, comprendiendo el cuidado y custodia de las llaves, la apertura y cierre de puertas, la ayuda en el acceso de personas o vehículos, el cumplimiento de la normativa interna de la obra y ejecución de tareas auxiliares o subordinadas de ayuda o socorro, todas ellas realizadas en el ámbito de la obra, sea de edificación u obra civil.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Recepción, comprobación de personal, tanto propio como ajeno a la obra, y orientación de los mismos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Comprobación de documentos en obra (tarjeta profesional de la construcción, carnés, albaranes u otros documentos).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Cumplimiento de la normativa interna de las obras donde presten dicho servicio.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Control de tránsito en el interior de la zona acotada por la obra así como, si las hubiera, en zonas reservadas o de circulación restringida dentro de la misma en cumplimiento de la normativa interna de los mismos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Comprobación y control del estado y funcionamiento de bienes e instalaciones en general, en obra, para garantizar su conservación y funcionamiento, sobre todo de cara a tener todo en perfecto orden y apto para su funcionamiento en todo momento, y especialmente con la llegada diaria de los trabajadores al centro de trabajo.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Disposición adicional quinta. Plus de conservación, guardias, retén, disponibilidad y sistemas de viabilidad invernal en contratas de mantenimiento de carreteras.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Se establece un Plus de Conservación en Contratas de Mantenimiento de Carreteras que se configura de la siguiente forma:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) Concepto y cuantía.–Se trata de un complemento salarial de puesto de trabajo, que retribuye las especiales características que concurren en la prestación de servicio del personal de conservación y mantenimiento de carreteras, encuadrados en los grupos profesionales del 1 al 5 del presente Convenio que desempeñen el trabajo de forma habitual en autopistas, autovías y carreteras, de forma que dicho plus retribuye todas las peculiaridades y circunstancias propias e inherentes que concurran o puedan concurrir en la realización de trabajos en autopistas, autovías y carreteras, (trabajos a la intemperie, con tráfico rodado, climatología adversa, con cortes parciales o totales del tráfico, etc.); así como todas aquellas exigencias funcionales o que se deriven de la forma, organización, condiciones, o sistema de trabajo que deba implementarse para la adecuada conservación y mantenimiento de este tipo de infraestructuras.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En consideración a lo expuesto en el párrafo precedente, se abonará un plus anual por día efectivo de trabajo de 4 euros, o la parte proporcional que corresponda si la jornada ordinaria efectivamente trabajada fuese inferior a la de un trabajador equivalente a jornada completa.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Dicho importe permanecerá invariable durante toda la vigencia del presente Convenio y, en todo caso, durante la vigencia de la contrata que corresponda.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) Compensación y absorción.–Cualquier empresa que a la entrada en vigor del presente Convenio Colectivo, de forma voluntaria, mediante práctica habitual, acuerdo individual o colectivo, pacto de centro, o por sentencia, resolución o acuerdo judicial, ya viniese abonando o tuviera que abonar, mediante cualquier concepto o fórmula retributiva, una compensación económica por las circunstancias descritas con anterioridad, dichas compensaciones económicas quedarán compensadas y absorbidas con el abono del citado plus de conservación, total o parcialmente según corresponda.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>c) Regulación transitoria.–El abono del referido plus de conservación se aplicará y se hará efectivo de forma paulatina y progresiva en el tiempo, y por tanto únicamente será obligado su abono en cada contrato de conservación de mantenimiento de carreteras para las contratas nuevas que se liciten desde el día siguiente a la publicación del presente Convenio Colectivo en el Boletín Oficial del Estado.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. En aquellos centros de trabajo, cuando por necesidades del servicio y decisión organizativa de la empresa, se hubiera implantado o fuera necesario establecer un sistema de guardias, retén, disponibilidad y/o sistemas de vialidad invernal en contratas de mantenimiento de carreteras, se pactará entre la empresa y la representación legal de los trabajadores el sistema de compensación para los trabajadores afectados por estas circunstancias.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En el caso de que la empresa ya viniese compensando por cualquier concepto o denominación a los trabajadores por las circunstancias descritas en el párrafo anterior, en virtud de acuerdo, pacto o práctica habitual, se entenderá cumplida la estipulación anterior, manteniéndose vigentes dichas compensaciones.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Disposición adicional sexta. Acreditación de la formación en materia de prevención de riesgos laborales de los recursos humanos de las empresas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Lo dispuesto en el artículo 147 respecto de la acreditación en materia de prevención de riesgos laborales de los recursos humanos de las empresas entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2018.</p>
<p class='anexo_num' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>ANEXO I</p>
<p class='anexo_tit' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Campo de aplicación de este Convenio</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El presente Convenio colectivo será de aplicación y obligado cumplimiento en las siguientes actividades:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) Las dedicadas a la Construcción y Obras Públicas, comprendiendo:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Albañilería.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Hormigón.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Pintura para decoración y empapelado.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Carpintería de armar.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Embaldosado y solado.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Empedrado y adoquinado.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Escultura, decoración y escayola.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Estucado y revocado.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Piedra y mármol, incluyéndose las fábricas y talleres de sierra y labra, tanto mecánica como manual.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Portlandistas de obra.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Pocería.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Canteras, graveras, areneras y la explotación y manufactura de tierras industriales, bien explotadas a cielo abierto, galerías o minas y vetas explotadas para uso propio por las empresas dedicadas principalmente a la construcción y obras públicas en general, aunque la producción no se absorba totalmente por las mismas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Canteras, graveras y areneras, cuya materia se destine a construcción y obras públicas y no sean explotadas directamente por empresas constructoras.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Los trabajos que se realicen en los puertos, en tierra firme, muelles y espigones.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Fabricación de elementos auxiliares y materiales de la construcción para su exclusiva o preferente utilización y consumo, absorbiéndose en las propias obras toda o la mayor parte de dicha producción.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Regeneración de playas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Movimiento de tierras.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Carpintería utilizada por las empresas de la construcción, bien sea en las obras o en sus talleres; sin embargo, no será de aplicación este Convenio a aquellos talleres de carpintería que aún trabajando con elementos para la construcción no pertenezcan a empresas de este ramo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Colocación de artículos de piedra artificial, pulimentada o sin pulimentar, así como su fabricación a pie de obra para la utilización exclusiva de la misma.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Colocación de aislantes en obras, como actividad principal.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Abastecimiento y saneamiento de aguas, colocación de tuberías y elementos accesorios de las mismas; apertura y cierre de zanjas y sus reparaciones, incluyendo las que se realizan para cualquier clase de instalaciones de suministros, tales como gas, teléfono, electricidad, etc., cuando sea empleado, principalmente, personal, y ocupado la mayor parte de su jornada laboral, de construcción y obras públicas por ser esta la actividad principal o nuclear que se lleve a cabo en el correspondiente centro de trabajo o contrata.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– La confección de cañizos y cielos rasos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Las empresas inmobiliarias, incluidas las cooperativas de viviendas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Las empresas dedicadas al estudio, planeamiento y construcción de obras públicas y particulares (carreteras, viaductos, túneles, autopistas, pasos elevados) o simplemente a la realización de las obras indicadas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– La promoción o ejecución de urbanizaciones.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– La promoción de la edificación de inmuebles de cualquier género.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Empresas dedicadas a cimentaciones y las que realicen sondeos para la construcción principalmente.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Empresas cuya actividad principal consista en el alquiler de maquinaria y equipo para la construcción, con el personal para su manejo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Empresas de rehabilitación, mantenimiento y demolición y derribos de obras.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Talleres de fabricación de ferralla, cuyo destino principal sea para la construcción.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Los trabajos verticales de construcción, rehabilitación, reparación y pintura.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Gestión de residuos en obra.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Las de control de calidad para la construcción y obras públicas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Trabajos de montaje refractario y de pavimento.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) La conservación y mantenimiento de autopistas, autovías, carreteras y vías férreas, en desarrollo de lo previsto en el apartado b) del artículo 3 del presente Convenio.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>c) Canteras, areneras, graveras y la explotación de tierras industriales.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En desarrollo de lo dispuesto en el apartado c) del artículo 3 de este Convenio, son aplicables sus preceptos a las relaciones de trabajo en las empresas dedicadas a la explotación de canteras, graveras y areneras, para la obtención de piedra para la construcción y tierras silíceas refractarias y demás industriales, bien explotadas a cielo abierto, galerías o minas que no se exploten como industria auxiliar de otra principal que se halle reglamentada.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Se exceptúan los trabajos de las empresas explotadoras de tierras industriales que vengan regulándose por la Reglamentación Nacional de Trabajo en las Minas de Fosfatos, Azufre, Potasa, Talco y demás explotaciones mineras no comprendidas en otra Reglamentación.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>d) Embarcaciones, artefactos flotantes y ferrocarriles auxiliares de obras y puertos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En desarrollo de lo dispuesto en el apartado d) del artículo 3 de este Convenio, son de aplicación sus preceptos al personal de embarcaciones, artefactos flotantes y explotaciones de ferrocarriles auxiliares de las obras de puertos y, en general, a todos aquellos trabajadores empleados en la construcción o reparación de los mismos, así como las ampliaciones, modificaciones y excepciones que se establezcan para este grupo siempre y cuando el trabajo del mismo se efectúe de manera exclusiva para la construcción y reparación de los puertos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>e) El comercio de construcción mayoritario y exclusivista.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En desarrollo de lo dispuesto en el apartado e) del artículo 3 de este Convenio, se regirán por el mismo el comercio de cualquiera de los artículos elaborados por empresas incluidas dentro del ámbito de este Convenio o destinadas al uso principal de las mismas, con arreglo a sus propias funciones y actividades, siempre que sean mayoristas y exclusivistas.</p>
<p class='anexo_num' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>ANEXO II</p>
<p class='anexo_tit' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Modelo de renovación de contrato fijo de obra</p>
<p class='imagen' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>
<img alt='1' class='frame-6' height='2587' src='/datos/imagenes/disp/2017/232/10951_14945.png' width='2126'/>
</p>
<p class='anexo_num' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>ANEXO III</p>
<p class='anexo_tit' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Modelo de recibo de finiquito de la relación laboral</p>
<p class='imagen' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>
<img alt='1' class='frame-6' height='2587' src='/datos/imagenes/disp/2017/232/10951_14934.png' width='2126'/>
</p>
<p class='anexo_num' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>ANEXO IV</p>
<p class='anexo_tit' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Formato de la Tarjeta Profesional de la Construcción</p>
<p class='imagen' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>
<img alt='1' class='frame-6' height='2587' src='/datos/imagenes/disp/2017/232/10951_14923.png' width='2126'/>
</p>
<p class='anexo_num' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>ANEXO V</p>
<p class='anexo_tit' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Formulario de solicitud/renovación</p>
<p class='imagen' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>
<img alt='1' class='frame-6' height='2587' src='/datos/imagenes/disp/2017/232/10951_14913.png' width='2126'/>
</p>
<p class='anexo_num' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>ANEXO VI</p>
<p class='anexo_tit' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Certificado de empresa para la Fundación Laboral de la Construcción</p>
<p class='imagen' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>
<img alt='1' class='frame-6' height='2587' src='/datos/imagenes/disp/2017/232/10951_14903.png' width='2126'/>
</p>
<p class='anexo_num' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>ANEXO VII</p>
<p class='anexo_tit' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Listado de puestos de trabajos y/o trabajos asociados a estos puestos de trabajos limitados para la realización de contratos de puesta a disposición por motivos de seguridad y salud y justificación de su limitación, absoluta o relativa</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>A. Construcción y obras públicas: apartado a) del Anexo I del CGSC:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Puestos de Trabajo limitados de forma absoluta:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Encargado Capataz.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Jefe de Laboratorio.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. Artillero.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. Cantero.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>5. Marmolista.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>6. Montador aparatos elevación.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>7. Montador de andamios.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>8. Pocero.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>9. Soldador estructuras metálicas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>10. Soldadores y oxicortadores.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>11. Tejeros.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Justificación: Este puesto de trabajo queda limitado absolutamente a prestarse por contrato de puesta a disposición por parte de una Empresa de Trabajo Temporal dado que los trabajos que debe desarrollar el trabajador conllevan en su totalidad una especial peligrosidad para la seguridad y salud para el trabajador, de acuerdo con el informe razonado.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Puestos de Trabajo limitados de forma relativa:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Administrativo obra.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Auxiliar de laboratorio.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. Auxiliar de topografía.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. Jefe de Obra.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>5. Mecánico.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>6. Técnico de prevención en obra.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>7. Topógrafo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>8. Albañil.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>9. Carpintero aluminio, metal y PVC.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>10. Carpintero de madera.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>11. Cerrajero.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>12. Chapista industrial.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>13. Colocador de pavimentos ligeros.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>14. Colocador de prefabricados.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>15. Colocador de techos técnicos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>16. Conductor de camión.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>17. Cristaleros.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>18. Electricista.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>19. Encofrador.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>20. Escayolista/yesista.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>21. Ferrallista.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>22. Fontanero.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>23. Gruista.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>24. Implantador de medidas de seguridad.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>25. Instalador calefacción y ACS.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>26. Instalador de gas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>27. Instalador de impermeabilizaciones.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>28. Mampostero.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>29. Mantenedor/mecánico industrial.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>30. Montador de estructuras metálicas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>31. Operador de maquinaria.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>32. Pintor señalista OC.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>33. Pintor/empapelador.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>34. Pulidor abrillantador suelos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>35. Revocador revestidor/estuquista.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>36. Solador alicatador.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>37. Peón.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Justificación: Estos puestos de trabajo no podrán prestarse por contrato de puesta a disposición por parte de una Empresa de Trabajo Temporal cuando impliquen riesgos especiales para la seguridad y salud de los trabajadores por ser:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caída en altura, por las particulares características de la actividad desarrollada, los procedimientos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Trabajos en los que la exposición a agentes químicos o biológicos supongan un riesgo de especial gravedad, o para los que la vigilancia específica de la salud de los trabajadores sea legalmente exigible.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes para los que la normativa específica obliga a la delimitación de zonas controladas o vigiladas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>5. Trabajos que expongan a riesgos de ahogamiento por inmersión.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>6. Obras de excavación en túneles, pozos y otros trabajos que supongan movimiento de tierra subterráneos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>7. Trabajos realizados en inmersión con equipos subacuáticos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>8. Trabajos realizados en cajones de aire comprimido.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>9. Trabajos que impliquen el uso de explosivos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>10. Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>B. Conservación y mantenimiento de carreteras y líneas férreas: apartado b) del Anexo I del CGSC:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Puestos de Trabajo limitados de forma relativa:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Encargado y capataz.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Jefe COEX y Jefe de Operaciones.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. Oficial 1.ª, 2.ª, ayudante de oficio, peón especializado, de conservación y mantenimiento.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. Personal de vigilancia y seguridad.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>5. Responsable de almacén.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>6. Piloto.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Justificación: Estos puestos de trabajo no podrán prestarse por contrato de puesta a disposición por parte de una Empresa de Trabajo Temporal cuando impliquen riesgos especiales para la seguridad y salud de los trabajadores por ser:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caída en altura, por las particulares características de la actividad desarrollada, los procedimientos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Trabajos en los que la exposición a agentes químicos o biológicos supongan un riesgo de especial gravedad, o para los que la vigilancia específica de la salud de los trabajadores sea legalmente exigible.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes para los que la normativa específica obliga a la delimitación de zonas controladas o vigiladas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>5. Trabajos que expongan a riesgos de ahogamiento por inmersión.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>6. Obras de excavación en túneles, pozos y otros trabajos que supongan movimiento de tierra subterráneos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>7. Trabajos realizados en inmersión con equipos subacuáticos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>8. Trabajos realizados en cajones de aire comprimido.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>9. Trabajos que impliquen el uso de explosivos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>10. Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>C. Canteras, areneras y graveras: apartado c) del Anexo I del CGSC:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Canteras.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Puestos de Trabajo limitados de forma absoluta:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Encargado.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Operadores de maquinaria de perforación, voladura, corte y aserrado de bloques.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Justificación: Este puesto de trabajo queda limitado absolutamente a prestarse por contrato de puesta a disposición por parte de una Empresa de Trabajo Temporal dado que los trabajos que debe desarrollar el trabajador conllevan en su totalidad una especial peligrosidad para la seguridad y salud para el trabajador, de acuerdo con el informe razonado.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Puestos de Trabajo limitados de forma relativa:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Jefe de cantera/ingeniero de producción/ingeniero de mantenimiento.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Operador de acabado o tratamientos/operador de elaboración.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. Operador de grúa.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. Operador de maquinaria de arranque, carga o viales/operador de maquinaria de transporte/operador de carreterilla elevadora.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>5. Operadores de mantenimiento eléctrico y mecánico.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>6. Vigilante.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Justificación: Estos puestos de trabajo no podrán prestarse por contrato de puesta a disposición por parte de una Empresa de Trabajo Temporal cuando impliquen riesgos especiales para la seguridad y salud de los trabajadores por ser:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caída en altura, por las particulares características de la actividad desarrollada, los procedimientos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Trabajos en los que la exposición a agentes químicos o biológicos supongan un riesgo de especial gravedad, o para los que la vigilancia específica de la salud de los trabajadores sea legalmente exigible.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes para los que la normativa específica obliga a la delimitación de zonas controladas o vigiladas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>5. Trabajos que expongan a riesgos de ahogamiento por inmersión.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>6. Obras de excavación en túneles, pozos y otros trabajos que supongan movimiento de tierra subterráneos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>7. Trabajos realizados en inmersión con equipos subacuáticos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>8. Trabajos realizados en cajones de aire comprimido.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>9. Trabajos que impliquen el uso de explosivos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>10. Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Areneras.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Puestos de Trabajo limitados de forma absoluta:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Laborante.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Molinero.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Justificación: Este puesto de trabajo queda limitado absolutamente a prestarse por contrato de puesta a disposición por parte de una Empresa de Trabajo Temporal dado que los trabajos que debe desarrollar el trabajador conllevan en su totalidad una especial peligrosidad para la seguridad y salud para el trabajador, de acuerdo con el informe razonado.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Puestos de Trabajo limitados de forma relativa:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Administrativo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Ensacador/personal de carga.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. Jefe de planta/director de operaciones.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. Mecánico/calderero/eléctrico.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>5. Peón.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>6. Personal de dragas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>7. Personal de secadero/personal de lavadero.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Justificación: Estos puestos de trabajo no podrán prestarse por contrato de puesta a disposición por parte de una Empresa de Trabajo Temporal cuando impliquen riesgos especiales para la seguridad y salud de los trabajadores por ser:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caída en altura, por las particulares características de la actividad desarrollada, los procedimientos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Trabajos en los que la exposición a agentes químicos o biológicos supongan un riesgo de especial gravedad, o para los que la vigilancia específica de la salud de los trabajadores sea legalmente exigible.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes para los que la normativa específica obliga a la delimitación de zonas controladas o vigiladas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>5. Trabajos que expongan a riesgos de ahogamiento por inmersión.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>6. Obras de excavación en túneles, pozos y otros trabajos que supongan movimiento de tierra subterráneos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>7. Trabajos realizados en inmersión con equipos subacuáticos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>8. Trabajos realizados en cajones de aire comprimido.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>9. Trabajos que impliquen el uso de explosivos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>10. Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Graveras.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Puestos de Trabajo limitados de forma absoluta:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Laborante.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Molinero.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. Soldador.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Justificación: Este puesto de trabajo queda limitado absolutamente a prestarse por contrato de puesta a disposición por parte de una Empresa de Trabajo Temporal dado que los trabajos que debe desarrollar el trabajador conllevan en su totalidad una especial peligrosidad para la seguridad y salud para el trabajador, de acuerdo con el informe razonado.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Puestos de Trabajo limitados de forma relativa:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Basculista.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Conductor/palista.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. Jefe de planta.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. Mecánico/electricista/electromecánico.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>5. Peón.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Justificación: Estos puestos de trabajo no podrán prestarse por contrato de puesta a disposición por parte de una Empresa de Trabajo Temporal cuando impliquen riesgos especiales para la seguridad y salud de los trabajadores por ser:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caída en altura, por las particulares características de la actividad desarrollada, los procedimientos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Trabajos en los que la exposición a agentes químicos o biológicos supongan un riesgo de especial gravedad, o para los que la vigilancia específica de la salud de los trabajadores sea legalmente exigible.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes para los que la normativa específica obliga a la delimitación de zonas controladas o vigiladas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>5. Trabajos que expongan a riesgos de ahogamiento por inmersión.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>6. Obras de excavación en túneles, pozos y otros trabajos que supongan movimiento de tierra subterráneos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>7. Trabajos realizados en inmersión con equipos subacuáticos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>8. Trabajos realizados en cajones de aire comprimido.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>9. Trabajos que impliquen el uso de explosivos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>10. Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>D. Obras marítimas: apartado d) del Anexo I del CGSC:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Puestos de Trabajo limitados de forma absoluta:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Buzo.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Justificación: Este puesto de trabajo queda limitado absolutamente a prestarse por contrato de puesta a disposición por parte de una Empresa de Trabajo Temporal dado que los trabajos que debe desarrollar el trabajador conllevan en su totalidad una especial peligrosidad para la seguridad y salud para el trabajador, de acuerdo con el informe razonado.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Puestos de Trabajo limitados de forma relativa:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Encofradores, ferrallistas y operarios que intervienen en la puesta en obra del hormigón para la fabricación de cajones en diques flotantes y la ejecución de la superestructura de diques y muelles.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Mecánico y electricista de equipos de dragado, gánguiles, pontonas, embarcaciones auxiliares y diques flotantes.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. Operador de draga.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. Operador de maquinaria sobre pontonas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>5. Patrón, marinero y contramaestre de equipos de dragado, gánguiles, pontonas, embarcaciones auxiliares, remolcadores y diques flotantes.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>6. Resto de actividades realizadas en obras marítimas.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Justificación: Estos puestos de trabajo no podrán prestarse por contrato de puesta a disposición por parte de una Empresa de Trabajo Temporal cuando impliquen riesgos especiales para la seguridad y salud de los trabajadores por ser:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caída en altura, por las particulares características de la actividad desarrollada, los procedimientos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Trabajos en los que la exposición a agentes químicos o biológicos supongan un riesgo de especial gravedad, o para los que la vigilancia específica de la salud de los trabajadores sea legalmente exigible.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes para los que la normativa específica obliga a la delimitación de zonas controladas o vigiladas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>5. Trabajos que expongan a riesgos de ahogamiento por inmersión.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>6. Obras de excavación en túneles, pozos y otros trabajos que supongan movimiento de tierra subterráneos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>7. Trabajos realizados en inmersión con equipos subacuáticos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>8. Trabajos realizados en cajones de aire comprimido.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>9. Trabajos que impliquen el uso de explosivos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>10. Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>E. Comercio de construcción mayoritario y exclusivista: apartado e) del Anexo I del CGSC:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Permitidos en todos los puestos de trabajo.</p>
<p class='anexo_num' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>ANEXO VIII</p>
<p class='anexo_tit' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>A la Comisión Paritaria Provincial/Estatal</p>
<p class='centro_cursiva' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Inaplicación de condiciones de trabajo</p>
<p class='centro_redonda' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Acta de desacuerdo</p>
<p class='imagen' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>
<img alt='1' class='frame-7' height='2398' src='/datos/imagenes/disp/2017/232/10951_14894.png' width='2126'/>
</p>
<p class='anexo_num' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>ANEXO IX</p>
<p class='anexo_tit' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>A la Comisión Paritaria Provincial/Estatal</p>
<p class='centro_cursiva' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Modificación sustancial de condiciones de trabajo</p>
<p class='centro_redonda' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Acta de desacuerdo</p>
<p class='imagen' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>
<img alt='1' class='frame-7' height='2398' src='/datos/imagenes/disp/2017/232/10951_14883.png' width='2126'/>
</p>
<p class='anexo_num' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>ANEXO X</p>
<p class='anexo_tit' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Clasificación profesional del Sector de la Construcción</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>I. La clasificación profesional del sector de la construcción se divide en tres áreas funcionales:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Gestión técnica, diseño y planificación.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Comprende, a modo de ejemplo, las actividades de: gestión técnica, trabajo de campo, diseño, representación gráfica, mediciones; mediciones; valoraciones, investigación, etc.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Producción y actividades asimiladas.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En este área se incluyen, entre otras, las siguientes actividades: acondicionamiento del terreno; preparación y organización de tajos; mediciones en obra; ejecución de las distintas fases y unidades de obras de rehabilitación, edificación, civiles y marítimas (excavaciones, dragados, estructuras, cerramientos, particiones, cubiertas, aislamientos e impermeabilizaciones, instalaciones, pinturas, acabados); operaciones con maquinaria y equipos de trabajo; conservación y explotación de carreteras.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. Servicios transversales.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En esta área funcional se incluyen las actividades transversales a las dos áreas citadas anteriormente. Entre ellas cabe citar las siguientes:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) Administración, finanzas, comercial, marketing, etc.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) Calidad.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>c) Medio ambiente.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>d) Prevención de riesgos laborales.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>e) Otras (limpieza, seguridad, jardinería, etc.)</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>II. Las áreas funcionales comprenderán todos o algunos de los ocho grupos profesionales en los que se divide la clasificación profesional.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>III. A su vez las características de cada grupo profesional se describen a través de los tres apartados siguientes:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Criterios generales: características comunes del grupo según una determinada graduación de los factores y subfactores de valoración (conocimientos, experiencia, mando, etc.).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Formación: se indica el nivel de formación recomendable para el desempeño de la prestación del trabajo en términos de eficiencia.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. Tareas: se realiza una descripción -de carácter enunciativo y no exhaustivo- de las principales tareas que se llevan a cabo, distribuidas (cuando proceda) de acuerdo con las áreas funcionales vinculadas al grupo profesional.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>IV. De acuerdo con lo anterior se procede a describir cada uno de los grupos profesionales:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Grupo 1</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Criterios generales.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En este grupo profesional se incluyen los trabajadores que ejecutan tareas establecidas de forma concreta y con un alto grado de dependencia. Dichas tareas son sencillas y requieren, con carácter general, la aportación de esfuerzo físico. Los trabajadores enmarcados en el presente grupo profesional no tienen ningún otro trabajador a su cargo.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Formación.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Para el desempeño adecuado de las actividades enmarcadas en este grupo profesional, no es necesario poseer una formación específica.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Tareas.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Se entenderán como propias de este grupo, de manera enunciativa y no exhaustiva, la siguiente relación de actividades, siempre que no implique su realización situados sobre equipos, medios auxiliares o elementos provisionales.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>• Área de producción y actividades asimiladas.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Limpieza y ordenación del centro de trabajo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Actividades auxiliares realizadas de modo manual, tales como: elaborar hormigones, pastas y adhesivos; sanear y regularizar soportes para revestimiento; aplicar imprimaciones o pinturas protectoras.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. Transporte y manipulación de materiales por medios manuales o mediante la utilización de equipos de trabajo sin motor (carretillas, traspaletas, etc.).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. Manejo y utilización de herramientas manuales y equipos de trabajo no motorizados que no requieran un especial adiestramiento.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>5. Manejo de equipos de trabajo motorizados portátiles como, por ejemplo, taladros, radiales, etc.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>6. Ayuda en máquinas-vehículos equipos de trabajo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>7. Apoyo y colaboración a sus superiores en la ejecución de los trabajos.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>• Área de servicios transversales.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Realización de recados y encargos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Aseo y limpieza de locales y oficinas.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Grupo 2.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Criterios generales.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Los trabajadores enmarcados en este grupo profesional realizan tareas de apoyo a un superior que le indica, de modo concreto, las distintas técnicas necesarias para la ejecución de los trabajos. Dichas tareas son sencillas y similares entre sí. Su labor precisa cierta práctica y destreza obtenidas, generalmente, a través de la experiencia. No tienen trabajadores a su cargo.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Formación.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Para el desempeño adecuado de las actividades enmarcadas en este grupo profesional, se recomienda un nivel de formación equivalente a Educación Secundaria Obligatoria o conocimientos similares adquiridos a través de la experiencia.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Tareas.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Se entenderán como propias de este grupo, de manera enunciativa y no exhaustiva, la siguiente relación de actividades:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>• Área de producción y actividades asimiladas.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Las actividades incluidas en el grupo anterior (asociadas al área de producción).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Colaborar con sus superiores y apoyarles en las actividades de montaje y desmontaje con el fin de facilitar el desarrollo de los trabajos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. Realizar trabajos con equipos de trabajo y herramientas según las instrucciones básicas recibidas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. Manejar equipos de trabajo simples a motor (carretilla elevadora o motorizada -dúmper-, hormigonera) empleados para la manipulación, transporte y acopio de cargas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>5. Manejar maquinaria auxiliar –no automática- (por ejemplo, ingletadora, dobladora, cabrestante mecánico, compresor, etc.).</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>• Área de servicios transversales.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Controlar los accesos a edificios y locales sin requisitos especiales ni arma.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Colaborar con sus superiores y apoyarles en la realización de su trabajo y en la ejecución de las actividades preparatorias y de fabricación que faciliten la ejecución de las correspondientes tareas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. Realizar tareas de transporte, almacenamiento y paletizado utilizando equipos de trabajo simples a motor.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. Recepcionar, clasificar y distribuir correspondencia.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Grupo 3.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Criterios generales.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El personal adscrito a este grupo profesional ejecuta tareas que, aun cuando se realicen bajo instrucciones precisas, requieren unos conocimientos profesionales adecuados y unas aptitudes prácticas cuya responsabilidad está limitada por una supervisión directa o sistemática.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En ocasiones, pueden coordinar o realizar un seguimiento de pequeños grupos de trabajadores de menor cualificación y experiencia.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Formación.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Para el desempeño adecuado de las actividades enmarcadas en este grupo profesional, se recomienda haber finalizado estudios equivalentes a la Enseñanza Secundaria Obligatoria o al grado medio de Formación Profesional, o bien, conocimientos adquiridos a través de la experiencia en el oficio o profesión.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Tareas.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Se entenderán como propias de este grupo, de manera enunciativa y no exhaustiva, la siguiente relación de actividades:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>• Área de gestión técnica, diseño y planificación.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Realizar tareas de apoyo a la delineación de proyectos sencillos.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>• Área de producción y actividades asimiladas.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Organizar, a su nivel, y ejecutar trabajos de albañilería, carpintería de armar, ferrallado, hormigonado, instalación de pavimentos, impermeabilización, electricidad, enlucidos, enfoscados, pintura, colocación de placas de escayola, etc.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Interpretar planos y croquis sencillos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. Conducir vehículos y maquinaria ligera para el transporte, arrastre y suspensión de cargas no incluidos en el grupo 4.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. Manejar los diferentes equipos de trabajo, medios auxiliares y herramientas usadas en su oficio o profesión.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>5. Elaborar elementos destinados a su instalación en la obra.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>• Área de servicios transversales.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Clasificar, registrar y archivar la documentación en soporte convencional o informático.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Realizar tareas de apoyo administrativo bajo la supervisión de un superior del departamento.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. Desarrollar tareas de atención al cliente.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. Grabar datos en los sistemas informáticos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>5. Llevar a cabo trabajos de muestreo, ensayo y análisis de materiales y productos de obra.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>6. Manejar aplicaciones ofimáticas para la gestión de la información y documentación.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>7. Realizar operaciones con mercancías del almacén, de acuerdo a los procedimientos establecidos y a la normativa vigente.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Grupo 4.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Criterios generales.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En este grupo profesional se incluyen trabajadores que, dependiendo de otros de más alta cualificación, ejecutan tareas que requieren conocimientos técnicos y prácticos avanzados del oficio o de la profesión, ya que desempeñan sus funciones con cierta autonomía.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Coordinan o realizan un seguimiento de pequeños grupos de trabajadores de menor cualificación y experiencia.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Formación.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Para el desempeño adecuado de las actividades enmarcadas en este grupo profesional, se recomienda haber finalizado estudios equivalentes a la Enseñanza Secundaria Obligatoria o al grado medio de Formación Profesional, o bien conocimientos adquiridos a través de una amplia experiencia en el oficio o profesión.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Tareas.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Se entenderán como propias de este grupo, de manera enunciativa y no exhaustiva, la siguiente relación de actividades:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>• Área de gestión técnica, diseño y planificación.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Delinear proyectos sencillos, realizar levantamientos de planos de conjunto y detalle partiendo de la información recibida, efectuando los trabajos necesarios y proporcionando las soluciones requeridas.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>• Área de producción y actividades asimiladas.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Todas las tareas incluidas en el grupo anterior (asociadas al área de producción).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Controlar y regular los procesos de producción que generan transformación del producto.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. Organizar los trabajos de operarios de cualificación inferior, siguiendo las directrices especificadas en la documentación técnica así como las indicaciones de su superior.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. Describir los métodos y procedimientos de ejecución a la «cuadrilla» a pie de tajo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>5. Planificar a corto plazo los recursos a disponer en el tajo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>6. Interpretar planos y croquis de cierta complejidad.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>7. Conducir y operar con vehículos y maquinaria pesada empleada para el transporte, arrastre, movimiento y compactación de tierras, sondeos, suspensión de cargas, derribo y demolición, cimentaciones especiales, etc.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>8. Manejar máquinas y equipos de trabajo que requieren estar en posesión de un carné profesional habilitante.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>• Área de servicios transversales.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Supervisar el archivo y la reproducción de los documentos, así como apoyar la ejecución de la obra, siguiendo las instrucciones recibidas por un superior o responsable.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Redactar la correspondencia comercial, el cálculo de precios a la vista de las ofertas recibidas, la recepción y tramitación de los pedidos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. Realizar actividades elementales de cálculo de salarios, valoración de costes, funciones de cobro y pago, etc., dependiendo y ejecutando directamente las órdenes de un mando superior.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. Realizar actividades de archivo, registro, cálculo, facturación o similares que requieran algún grado de iniciativa.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>5. Realizar funciones básicas de gestión y asesoramiento en las diferentes áreas de la empresa (comercial, producción, administración, calidad, I+D+I, medio ambiente, prevención de riesgos laborales, recursos humanos, etc.).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>6. Realizar actividades de venta y comercialización de productos y servicios que requieran técnicas no complejas, tales como: demostración, comunicación de precios y condiciones de crédito y entrega, tramitación de pedidos, etc.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>7. Controlar y realizar un seguimiento de las operaciones de mercancías del almacén, asegurando la calidad y optimización de la cadena logística.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Grupo 5.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Criterios generales.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El personal encuadrado en este grupo profesional ejecuta tareas que exigen iniciativa. Pueden desarrollar funciones de cierta planificación, organización y supervisión de las actividades de un grupo de trabajadores de menor cualificación comportando, bajo supervisión, la responsabilidad de los mismos. Cuentan con conocimientos técnicos específicos de su área y con los criterios suficientes para el seguimiento de las tareas de acuerdo a los objetivos planteados por grupos profesionales superiores. Resuelve las incidencias más habituales que se presentan en su trabajo, aunque pueden precisar la consulta a los superiores para resolver otras que trascienden su área de trabajo o que requieren conocimientos específicos más complejos.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Formación.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Para el desempeño adecuado de las actividades enmarcadas en este grupo profesional, se recomienda un nivel de formación equivalente a Bachillerato o grado superior de Formación Profesional, o bien conocimientos similares adquiridos a través de la experiencia en el oficio o profesión.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Tareas.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Se entenderán como propias de este grupo, de manera enunciativa y no exhaustiva, la siguiente relación de actividades:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>• Área de gestión técnica, diseño y planificación.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Delinear proyectos, realizar levantamientos de planos de conjunto y detalle partiendo de la información recibida, efectuando los trabajos necesarios y proporcionando las soluciones requeridas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Elaborar proyectos relacionados con la distribución espacial de una zona interior.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. Realizar, intervenir y colaborar en levantamientos de construcciones y terrenos (edificación, obra civil o marítima). Ayudar en su ejecución mediante replanteos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. Colaborar en el desarrollo de un proyecto que redacta un técnico.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>5. Realizar representaciones de proyectos de edificación: planos para proyectos básicos y de ejecución, fotocomposiciones y maquetas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>6. Concretar, realizar el seguimiento y actualizar la planificación y el control de costes, así como llevar a cabo el control de la documentación generada en los proyectos y las obras de construcción a lo largo de todas las fases del proceso, siguiendo las indicaciones establecidas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>7. Predimensionar y, en su caso, dimensionar bajo las instrucciones del responsable facultativo los elementos integrantes de las instalaciones de fontanería, saneamiento, climatización, ventilación, electricidad, telecomunicaciones, etc. en edificios, aplicando los procedimientos de calcular establecidos e interpretando los resultados.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>• Área de producción y actividades asimiladas.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Ejercer el mando directo al frente de un conjunto de trabajadores dentro del proceso de producción, montaje o labores auxiliares.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Coordinar y controlar las operaciones y medios inherentes al proceso productivo (instalaciones, materiales, equipos, medios auxiliares, vehículos, etc.).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. Comunicar con la cuadrilla a pie de tajo describiendo métodos, procedimientos de ejecución y objetivos de producción.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. Realizar inspecciones de toda clase de piezas, máquinas, estructuras y materiales, tanto durante el proceso de producción como después de terminado, de acuerdo con los planos, tolerancias, composiciones, aspectos, normas y uso, con un alto grado de decisión en la aceptación.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>5. Supervisar el resultado final de la ejecución de las distintas fases y unidades de obra.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>6. Colaborar, tanto en el proceso de ejecución de las diferentes tipologías de obras, como en los métodos de control de los planes de obra, calidad y seguridad y salud laboral. Igualmente, participa en la gestión de los recursos, las operaciones y el mantenimiento básico de la maquinaria.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>• Área de servicios transversales.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Realizar análisis y determinaciones de laboratorio ejecutadas bajo supervisión, sin que sea necesario, en todas las ocasiones, indicar las normas y especificaciones sobre la preparación de los elementos precisos, implicando la obtención de muestras y la extensión de certificados y boletines de análisis.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Desarrollar actividades complejas enmarcadas en las propias de su departamento.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. Preparar y presentar expedientes y documentación ante entidades y organismos de diversa índole.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. Supervisar y controlar los procesos realizados por trabajadores de grupos inferiores pertenecientes a diferentes departamentos o áreas de la empresa, por ejemplo: administración, tesorería, recursos humanos, compras, marketing-comercial, logística, contabilidad, etc.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>5. Ejercer mando directo sobre un conjunto de trabajadores que reciben mercancía, la clasifican, almacenan y expiden, por medio del control de los materiales y de las máquinas-vehículos empleados.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>6. Gestionar, a su nivel, la prevención de riesgos laborales en el proceso de producción de bienes y servicios, incluyendo la evaluación y el control de los riesgos derivados de las condiciones de seguridad, del ambiente de trabajo, de la organización y de la carga de trabajo; y dirigir las actuaciones a desarrollar en situaciones de emergencia y primeros auxilios.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>7. Conocer las distintas especialidades técnicas para la transformación y manipulación de materiales, así como controlar y organizar los trabajos de fabricación.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Grupo 6.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Criterios generales.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En este grupo profesional se incluyen los trabajadores que disponen de una gran autonomía en la planificación de su trabajo y asumen la responsabilidad de alcanzar objetivos definidos de manera global. Pueden realizar tareas técnicas complejas en el marco de un proyecto o diseño ya establecido o en el que colaboran. Tienen una gran capacidad para solucionar problemas frecuentes de su trabajo y otros nuevos o excepcionales. Asimismo, se caracterizan por la importancia de la organización de los trabajadores a su cargo, habitualmente con responsabilidad de mando.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Formación.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Para el desempeño adecuado de las actividades enmarcadas en este grupo profesional, se recomienda estar en posesión de una titulación universitaria (licenciados, diplomados, arquitectos, arquitectos técnicos, ingenieros e ingenieros técnicos, según la nomenclatura empleada en el anterior sistema educativo) o conocimientos similares adquiridos a través de la experiencia en el oficio o profesión.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Tareas.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Se entenderán como propias de este grupo, de manera enunciativa y no exhaustiva, la siguiente relación de actividades:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>• Área de gestión técnica, diseño y planificación.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Diseño y gestión de proyectos de edificación, obras civiles y marítimas, rehabilitación, urbanismo, aprovechamiento del terreno, etc.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Realizar mediciones y planos topográficos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. Analizar la composición y estructura del terreno y de los materiales, así como la localización de materiales mediante yacimientos, canteras y sondeos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. Llevar a cabo las actividades técnicas concernientes a la licitación de las obras.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>• Área de producción y actividades asimiladas.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Gestionar, tanto el proceso de ejecución de las diferentes tipologías de obras, como los métodos de control, los planes de obra, de calidad así como de seguridad y salud laboral.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Verificar el resultado final de la ejecución de la obra en su conjunto.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. Gestionar técnicamente y controlar económicamente el proceso de ejecución de las diferentes tipologías de obras.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. Gestionar y controlar la documentación de la obra.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>5. Planificar y organizar la obra.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>6. Elaborar las mediciones y certificaciones.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>7. Coordinar a los proveedores y empresas subcontratistas que colaboran y participan en la ejecución de la obra.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>• Área de servicios transversales.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Organizar y coordinar tareas heterogéneas en las diferentes áreas de la empresa (comercial, producción, administración, calidad, I+D+I, medio ambiente, prevención de riesgos laborales, recursos humanos, etc.). Ello puede conllevar funciones de gestión orientadas a los planes generales de la empresa, así como tareas técnicas en toda clase de proyectos, bajo la dirección de alguno de los grupos superiores, ordenando y dirigiendo la ejecución práctica de dichas tareas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Desarrollar funciones de nivel superior en materia de prevención de riesgos laborales, según lo establecido por la normativa de aplicación.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. Organizar y gestionar las compras así como la dotación de bienes y servicios.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Grupo 7.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Criterios generales.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En este grupo profesional se incluyen los trabajadores que asumen una importante responsabilidad, tanto en la dirección y supervisión de grupos de trabajadores pertenecientes a distintas áreas funcionales, como en el diseño de proyectos, relación con clientes y proveedores. Asimismo, se encuentran en este grupo los trabajadores que pueden planificar, organizar y ajustar los procesos de trabajo de cada área a los objetivos de la empresa. Pueden representar a la empresa ante terceros, especialmente organismos públicos. Requieren conocimientos específicos complejos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Sus decisiones precisan el conocimiento de tareas muy diversas e implican un elevado grado de iniciativa. Disponen de conocimiento del proceso productivo de la empresa, de las relaciones entre las distintas áreas, así como de los objetivos específicos de cada una de ellas.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Formación.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Para el desempeño adecuado de las actividades enmarcadas en este grupo profesional, se requiere poseer una titulación universitaria y experiencia profesional.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Tareas.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Se entenderán como propias de este grupo, de manera enunciativa y no exhaustiva, la siguiente relación de actividades:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>• Área de gestión técnica, diseño y planificación.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Diseñar, proyectar y controlar la construcción de edificios, obras civiles y marítimas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Realizar o rehabilitar volúmenes y espacios destinados a usos públicos y privados.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. Planificar y coordinar el desarrollo de zonas urbanas y de otros espacios.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. Investigar y diseñar proyectos sobre aplicación de nuevos materiales a diferentes actividades de la construcción.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>• Área de producción y actividades asimiladas.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Realizar la planificación, coordinación y seguimiento de la ejecución de las obras, sus producciones, certificaciones y subcontrataciones.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Gestionar la captación de nuevas obras, supervisando su planificación, coordinación, control y gestión económica.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. Desarrollar la dirección técnica de procesos de trabajo.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>• Área de servicios transversales.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Planificar, organizar y supervisar el trabajo y las distintas áreas de la empresa, lo que implica la dirección y coordinación de tareas heterogéneas y del personal que las realiza.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Llevar a cabo actividades de alto contenido técnico, tales como: investigación, control de calidad, vigilancia y control de procesos industriales, etc.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. Realizar funciones técnicas de muy alta complejidad y polivalencia con el máximo nivel de autonomía e iniciativa dentro de su campo, pudiendo implicar asesoramiento en las decisiones fundamentales de la empresa.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Grupo 8.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Criterios generales.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Los trabajadores enmarcados en este grupo profesional asumen funciones que conllevan tareas realizadas con total autonomía e iniciativa orientadas a mejorar la posición de la empresa en el mercado y a la mejora de los procesos de trabajo interno que lo hagan posible. Las personas que ocupan estos puestos planifican, organizan y coordinan las actividades del conjunto de la empresa.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Formación.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>No se especifica una formación determinada, aunque para el desempeño óptimo se recomienda poseer una titulación universitaria.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Tareas.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Se entenderán como propias de este grupo, de manera enunciativa y no exhaustiva, la siguiente relación de actividades:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>• Área de gestión técnica, diseño y planificación</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Diseñar y dirigir la política general de la empresa.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Establecer y mantener la estructura productiva y de apoyo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. Diseñar y dirigir la política comercial.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. Diseñar y dirigir la política financiera.</p>
<p class='anexo_num' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>ANEXO XI</p>
<p class='anexo_tit' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Encuadramiento de las Categorías, Grupos Profesionales y Niveles Retributivos</p>
<table class='tabla_ancha' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>
<colgroup>
<col class='row_column_8'/>
<col class='row_column_9'/>
<col class='row_column_9'/>
<col class='row_column_9'/>
</colgroup>
<thead>
<tr class='row_column_10'>
<td rowspan='2'>
<p class='cabeza_tabla'>Grupo profesional</p>
</td>
<td colspan='3'>
<p class='cabeza_tabla'>Área funcional</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_10'>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Gestión técnica, diseño y planificación</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Producción y actividades asimiladas</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Servicios transversales</p>
</td>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr class='row_column_11'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Grupo 1.</p>
</td>
<td>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Peón ordinario. Nivel XII.</p>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Aprendices. Niveles XII, XIII y XIV.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Personal servicio limpieza. Nivel XII.</p>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Botones. Nivel XIII y XIV.</p>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Pinches. Nivel XIII y XIV.</p>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Ordenanza. Nivel X.</p>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Porteros. Nivel X.</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_12'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Grupo 2.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Calcador. Nivel IX.</p>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Aspirante. Nivel XIII.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Ayudante de oficio. Nivel X.</p>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Peón especializado. Nivel XI.</p>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Ayudante de práctico en topografía. Nivel IX.</p>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Especialistas de 2.ª Nivel XI.</p>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Ayudante de oficio (varios). Nivel IX.</p>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Adoquinadores y emparedadores. Nivel X.</p>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Ayudante de maquinista. Nivel IX.</p>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Marinero motorista. Nivel IX.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Conserje. Nivel IX.</p>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Vigilante de obra, taller o fábrica. Nivel X.</p>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Vendedor. Nivel IX.</p>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Almacenero. Nivel X.</p>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Dependientes de economatos (según ordenanza se regirán por las normas del personal de comercio de la construcción, vidrio y cerámica (mayoritario). No tiene adjudicado nivel.</p>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Aspirante (de laboratorio). Nivel XIII.</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_11'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Grupo 3.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Auxiliar de organización. Nivel IX.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Oficial de 2.ª de oficio. Nivel IX.</p>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Especialistas de 1.ª Nivel X.</p>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Maquinista de segunda. Nivel VIII.</p>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Oficial de 2.ª (varios). Nivel IX.</p>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Ayudante entibador. Nivel VIII.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Auxiliar administrativo. Nivel IX.</p>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Auxiliar de laboratorio. Nivel X.</p>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Viajantes. Nivel VII.</p>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Corredor de plaza. Nivel VIII.</p>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Cobrador. Nivel X.</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_13'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Grupo 4.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Delineante de 1.ª Nivel VI.</p>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Delineante de 2.ª Nivel VII.</p>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Técnico de organización de 1.ª Nivel VI.</p>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Técnico de organización de 2.ª Nivel VII.</p>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Inspector de control, señalización y servicios. Nivel VIII.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Oficial de 1.ª de oficio. Nivel VIII.</p>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Capataz. Nivel VII.</p>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Práctico en topografía de 2.ª Nivel VII.</p>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Especialista de oficio. Nivel VII.</p>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Modelista. Nivel VII.</p>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Encargado de obra (en general y de obra pública). Nivel VI.</p>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Patrón dragador. Nivel VI.</p>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Patrón de puerto. Nivel VII.</p>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Maquinista de primera. Nivel VII.</p>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Capataz de maniobra. Nivel VII.</p>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Capataz asentador de vías. Nivel VII.</p>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Maquinistas de primera de locomotora. Nivel VIII.</p>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Cantero de primera. Nivel VIII.</p>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Barrenero-picador. Nivel VIII.</p>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Oficial de 1.ª (varios) Nivel VII.</p>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Adornista. Nivel VII.</p>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Entibador. Nivel VII.</p>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Especialistas barreneros. Nivel VII.</p>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Buzo. Nivel VII.</p>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Contramaestre. Nivel VII.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Oficial administrativo de 1.ª Nivel VI.</p>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Oficial administrativo de 2.ª Nivel VIII.</p>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Analista de segunda. Nivel VIII.</p>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Encargado de sección (Laboratorio).Nivel IV.</p>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Jefe de almacén. Nivel IX.</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_14'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Grupo 5.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Delineante superior. Nivel V.</p>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Jefe de sección de organización de 1.ª Nivel III.</p>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Jefe de sección de organización de 2.ª Nivel V.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Escultor de piedra y mármol. Nivel VI.</p>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Práctico en topografía de 1.ª Nivel VI.</p>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Ayudante de obra. Nivel IV.</p>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Jefe o encargado de sección o taller. Nivel VI.</p>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Encargado general de obra. Nivel V.</p>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Maestros industriales. Nivel IV.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Analista de primera. Nivel VII.</p>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Jefe administrativo de 2.ª Nivel V.</p>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Jefe de compras. Nivel V.</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_15'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Grupo 6.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Titulados medios / Diplomados. Nivel III.</p>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Arquitectos e Ingenieros técnicos. Nivel III.</p>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Técnicos titulados de topografía y dibujo. Nivel III.</p>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Profesores mercantiles. Nivel III.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Encargado general. Nivel IV.</p>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Jefe de fabricación o encargado general de fábrica. Nivel IV.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Jefe de personal. Nivel IV.</p>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Jefe administrativo de 1.ª Nivel III.</p>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Ayudantes técnicos sanitarios / Diplomado Universitario en Enfermería. Nivel IV.</p>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Encargado de sección de laboratorio. Nivel VI.</p>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Graduados sociales. Nivel III.</p>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Maestros de primera enseñanza. Nivel IV.</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_14'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Grupo 7.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Titulados superiores. Nivel II.</p>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Arquitectos superiores. Nivel II.</p>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Ingenieros superiores. Nivel II.</p>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Actuarios de seguros. Nivel II.</p>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Licenciados. Nivel II.</p>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Intendentes mercantiles. Nivel II.</p>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Doctores. Nivel II.</p>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_14'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Grupo 8.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Personal directivo. Nivel I.</p>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Directores generales.</p>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Director.</p>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Gerentes de empresa.</p>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Subdirector general.</p>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Inspector general.</p>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Secretario general.</p>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p class='anexo_num' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>ANEXO XII</p>
<p class='anexo_tit' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Formación en materia de prevención de riesgos laborales</p>
<p class='centro_cursiva' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Apartado 1</p>
<p class='centro_redonda' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Primer Ciclo. Formación inicial</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>I. Contenido formativo para formación inicial.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El contenido formativo para la formación inicial, cuyo módulo tendrá una duración mínima de ocho horas lectivas, se esquematiza de la siguiente forma:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>A. Conceptos básicos sobre seguridad y salud.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– El trabajo y la salud. Los riesgos profesionales. Factores de riesgo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales. Deberes y obligaciones básicas en esta materia.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>B. Técnicas preventivas elementales sobre riesgos genéricos.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Caídas a distinto nivel, manipulación de cargas, medios de protección colectiva, equipos de protección individual, etc.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Medios auxiliares (andamios colgados, modulares, borriquetas, etc.).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Equipos de trabajo (aparatos elevadores, pequeña maquinaria, etc.).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Señalización.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Simbología de los productos y materiales utilizados en las obras de construcción.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>C. Primeros auxilios y medidas de emergencia.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Procedimientos generales.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Plan de actuación.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>D. Derechos y obligaciones.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Participación, información, consulta y propuestas.</p>
<p class='centro_cursiva' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Apartado 2</p>
<p class='centro_redonda' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Segundo ciclo. Formación por puesto de trabajo o por oficio</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>I. Contenidos formativos por puesto de trabajo.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Formación para personal directivo de empresa.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. El compromiso en materia preventiva de los responsables de la empresa se considera imprescindible para que la estructura jerárquica tenga presente la seguridad y salud en todos los aspectos que se suscitan durante la ejecución de una obra, ya que sin su implicación se hace imposible conseguir la cultura preventiva pretendida dentro de la empresa. Así pues, se requiere una formación en materia preventiva de esta figura en la estructura empresarial.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. El contenido formativo para directivos, cuyo módulo tendrá una duración mínima de diez horas lectivas, se esquematiza de la siguiente forma:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>A. Integración de la prevención en la gestión de la empresa.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– La seguridad del producto.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– El manual (política, procedimientos, planes, etc.).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Integración con los diferentes sistemas (calidad y medio ambiente). Gestión total.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Las auditorías internas.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>B. Obligaciones y responsabilidades.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Funciones, obligaciones y responsabilidades.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>C. Organización y planificación.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Plan de prevención de riesgos laborales.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Evaluación de riesgos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Planificación de la prevención.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Sistemas de control sobre los riesgos existentes.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Modalidades preventivas.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>D. Costes de la accidentalidad y rentabilidad de la prevención.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Los costes de los accidentes de trabajo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Métodos de cálculo de los costes de los accidentes.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>E. Legislación y normativa básica en prevención.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Introducción al ámbito jurídico.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Legislación básica y de desarrollo.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Formación para responsables de obra y técnicos de ejecución.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Los responsables de obra, al poder impartir órdenes, se hace imprescindible que tengan los conocimientos preventivos con gran claridad. Su formación en materia preventiva es ineludible para que la cadena de comunicación de las órdenes de trabajo, desde el punto de vista preventivo, no sufra en el origen una distorsión que influyan negativamente en los procesos sucesivos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. El contenido formativo para responsables de obra y técnicos de ejecución, cuyo módulo tendrá una duración mínima de veinte horas lectivas, se esquematiza de la siguiente forma:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>A. Prevención de riesgos. Los cinco bloques de riesgos en obras.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Análisis de los riesgos y de las protecciones más usuales en el sector de la construcción.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>B. Obligaciones y responsabilidades.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Funciones, obligaciones y responsabilidades.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>C. Técnicas preventivas.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Seguridad, higiene, ergonomía, medicina, psicosociología y formación.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>D. Estudios y planes de seguridad y salud.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Contenidos exigibles.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Documentos de obra: libro de incidencias, certificados exigibles, otros documentos.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>E. Calendarios y fases de actuaciones preventivas.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Detección del riesgo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Análisis estadísticos de accidentes, índices estadísticos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Análisis de las protecciones más usuales en la edificación (redes de seguridad, barandillas, medios auxiliares, etc.).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Modalidades preventivas (servicio de prevención propio, mancomunado, ajeno, trabajador designado).</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>F. Interferencias entre actividades.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Actividades simultáneas o sucesivas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Técnicas de comunicación.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Técnicas de trabajo en equipo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Análisis de problemas y toma de decisiones.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>G. Órganos y figuras participativas.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Inspecciones de seguridad.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Coordinador en materia de seguridad y salud.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Trabajador designado.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Delegado de prevención.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Investigación de accidentes y notificaciones a la autoridad laboral competente.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Administraciones autonómicas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Competencias, obligaciones y responsabilidades de cada uno de los anteriores.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>H. Derechos y obligaciones de los trabajadores.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Comité de seguridad y salud.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– La importancia de la formación e información de los trabajadores.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Fomento de la toma de conciencia sobre la importancia de involucrarse en la prevención de riesgos laborales.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>I. Legislación y normativa básica de prevención.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Introducción al ámbito jurídico.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Legislación básica y de desarrollo.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. Formación para mandos intermedios.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. La comunicación entre los técnicos de ejecución y los trabajadores pasa, por regla general, por los mandos intermedios. Es por tanto muy importante que estos tengan los conocimientos preventivos suficientes que permitan que esta transmisión de órdenes se realice sin olvidar los aspectos de seguridad y salud a tener en cuenta en cada unidad de obra a ejecutar, y que a su vez posean las nociones pedagógicas y didácticas suficientes que permitan la claridad de las comunicaciones.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. El contenido formativo para mandos intermedios, cuyo módulo tendrá una duración mínima de veinte horas lectivas, se esquematiza de la siguiente forma:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>A. Integración de la prevención en la producción.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Los riesgos en las diferentes fases de la obra.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Evaluación y tratamiento. Organización de la prevención.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>B. Obligaciones y responsabilidades.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Funciones, obligaciones y responsabilidades.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>C. Los cinco bloques de riesgos. Órdenes de trabajo.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Comunicación de las órdenes de trabajo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Detección y evaluación básica de riesgos.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>D. Tipología de riesgos. Técnicas preventivas.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Riesgos en la construcción.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Análisis de las protecciones más usuales en el sector de la construcción.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>E. Plan de seguridad y salud.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Contenidos exigibles del plan de seguridad y salud.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Documentos de obra (libro de incidencias, documentos exigibles, etc.).</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>F. Zonas de riesgos graves y con peligrosidad específica.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Riesgos específicos (demoliciones, excavaciones, estructura, albañilería, etc.).</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>G. Coordinación de las subcontratas.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Interferencias entre actividades.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Planificación.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>H. Primeros auxilios y medidas de emergencia.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Conocimientos básicos, objetivos y funciones.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>I. Órganos y figuras participativas.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Inspecciones de seguridad.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Coordinador en materia de seguridad y salud.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Trabajador designado.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Delegado de prevención.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Investigación de accidentes y notificaciones a la autoridad laboral competente.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Administraciones autonómicas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Competencias, obligaciones y responsabilidades de cada uno de ellos.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. Formación para delegados de prevención.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. El contenido formativo deberá ser concordante con el mandato del artículo 37.2 y las facultades del artículo 36.2, ambos de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. El contenido formativo para delegados de prevención, cuyo módulo tendrá una duración mínima de setenta horas lectivas, se esquematiza de la siguiente forma:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>A. Trabajo y salud.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Relación entre trabajo y salud.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Conceptos básicos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Trabajo y medio ambiente.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Conceptos básicos de medio ambiente.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>B. Fundamentos de la acción preventiva.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Marco conceptual y jurídico de la seguridad y salud laboral.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Derechos y obligaciones en el marco de la Ley de prevención de riesgos laborales.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Consulta y participación de los trabajadores. Los delegados de prevención.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Factores de riesgo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Técnicas preventivas.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>C. Organización y gestión de la prevención en la empresa.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– La planificación de la prevención de riesgos laborales en la empresa.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Gestión y organización de la prevención.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Instituciones y organismos en el campo de la seguridad y la salud laboral.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Responsabilidades y sanciones.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Capacidad de intervención de los delegados de prevención.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>D. Formación específica en función del área de actividad.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Introducción al sector: características, siniestralidad y riesgos más frecuentes.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Desarrollo de temas específicos dependiendo del área de actividad dentro del sector de la construcción.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>5. Formación para administrativos.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. El sector de la construcción agrupa a un número considerable de trabajadores que desempeñan su actividad en las propias obras de construcción. En consecuencia, se hace muy necesaria la formación de este colectivo en el ámbito preventivo, tanto con el fin de tener un control del personal que en cada momento se encuentre en el centro de trabajo y conocer los requisitos que en esta materia deben cumplir las diferentes empresas que participan en la ejecución de una obra, como para que adquieran conocimientos sobre los riesgos laborales a los que están expuestos y las medidas preventivas que se han aplicar para la eliminación o minimización de los mismos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. El contenido formativo para administrativos, cuyo módulo tendrá una duración mínima de veinte horas lectivas, se esquematiza de la siguiente forma:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>A. Definición de los trabajos.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Labor del secretario del comité de seguridad y salud u otros órganos conjuntos de coordinación.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Conocimiento documental. Sus procedimientos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Control documental (apertura de centro de trabajo, documentación a aportar por los subcontratistas, seguimiento de la vigilancia de la salud, etc.).</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>B. Técnicas preventivas.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Conocimientos básicos sobre los medios de protección colectiva y los equipos de protección individual.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Pantallas de visualización.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Medidas de emergencia. Conocimientos básicos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Primeros auxilios, mantenimiento de botiquín, etc.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>C. Medios auxiliares, equipos y herramientas.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Mobiliario adecuado frente a los riesgos posturales y ergonómicos, etc.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>D. Verificación, identificación y vigilancia del lugar de trabajo y su entorno.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Observar y conocer los riesgos y las medidas preventivas necesarias.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Conocimiento del entorno del lugar de trabajo, iluminación, ambiente de trabajo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Documentación necesaria y mantenimiento del panel informativo de obra.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>E. Derechos y obligaciones.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Marco normativo general y específico.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Divulgación y participación.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>II. Contenidos formativos por oficio</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>A) Parte común.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El contenido formativo de la parte común, cuyo módulo tendrá una duración mínima de 14 horas lectivas, se esquematiza de la siguiente forma:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Técnicas preventivas.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Medios de protección colectiva.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Equipos de protección individual.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Señalización.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Medios auxiliares, equipos y herramientas empleados habitualmente en las obras de construcción.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. Verificación, identificación y vigilancia del lugar del trabajo y su entorno.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Riesgos generales en las obras de construcción.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Conocimiento del entorno del lugar de trabajo. Planificación de las tareas desde un punto de vista preventivo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Manipulación de productos químicos. Ficha de datos de seguridad. Simbología.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. Interferencia entre actividades.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Actividades simultáneas o sucesivas.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>5. Derechos y obligaciones.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Marco normativo general y específico.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Organización de la prevención de riesgos laborales.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Participación, información, consulta y propuestas.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>6. Primeros auxilios y medidas de emergencia.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>B) Parte específica.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El contenido formativo de cada una de las partes específicas, cuyo módulo tendrá una duración mínima de 6 horas lectivas, se esquematiza de la siguiente forma:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1) Contenido formativo específico para albañilería.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Definición de los trabajos.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Fachadas (fábrica de ladrillo y revestimiento de cemento).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Distribución interior (tabiquería).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Materiales (cerámicos, cartón-yeso, escayola,…).</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Técnicas preventivas específicas.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Identificación de riesgos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Evaluación de riesgos del puesto (genérica).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Medios auxiliares: andamios, plataformas de trabajo,…</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Equipos de trabajo y herramientas: riesgos y medidas preventivas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Manipulación manual de cargas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Medios de protección colectiva (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Equipos de protección individual (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Materiales y productos (etiquetado, fichas de datos de seguridad, frases H y P,…).</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2) Contenido formativo específico para trabajos de demolición y rehabilitación.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Definición de los trabajos.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Demoliciones (estructuras, cerramientos, cubiertas, etc.).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Desescombrado (interior, por fachada,…).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Rehabilitaciones.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Fachadas de cáscara.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Distribución interior e instalaciones.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Técnicas preventivas específicas.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Identificación de riesgos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Evaluación de riesgos del puesto (genérica).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Medios auxiliares (andamios, escaleras de mano, tolvas de desescombro.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Equipos de trabajo y herramientas: riesgos y medidas preventivas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Manipulación manual de cargas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Medios de protección colectiva (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Equipos de protección individual (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Materiales y productos (etiquetado, fichas de datos de seguridad, frases H y P,…).</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3) Contenido formativo específico para encofrados.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Definición de los trabajos.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Sistemas de encofrado (forjados, muros, vigas, pilares, escaleras, etc.). Materiales utilizados. Montaje y desmontaje.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Técnicas de hormigonado (bomba, cuba, canaleta, etc.).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Vibrado.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Procedimientos de trabajo.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Técnicas preventivas específicas.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Identificación de riesgos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Evaluación de riesgos del puesto (genérica).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Medios auxiliares (andamios, torretas de hormigonado,…).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Equipos de trabajo y herramientas: riesgos y medidas preventivas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Manipulación manual de cargas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Medios de protección colectiva (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Equipos de protección individual (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Materiales y productos (etiquetado, fichas de datos de seguridad, frases H y P,…).</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4) Contenido formativo específico para ferrallado.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Definición de los trabajos.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Ferralla armada en taller o en obra. Acopio.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Armado y montaje en forjados, muros, trincheras, vigas, pilares, escaleras, rampas, etc.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Técnicas preventivas específicas.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Identificación de riesgos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Evaluación de riesgos del puesto (genérica).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Medios auxiliares (andamios, escaleras de mano,…).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Equipos de trabajo y herramientas: riesgos y medidas preventivas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Manipulación manual de cargas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Medios de protección colectiva (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Equipos de protección individual (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Materiales y productos (etiquetado, fichas de datos de seguridad, frases H y P,…).</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>5) Contenido formativo específico para revestimiento de yeso.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Definición de los trabajos.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Aplicación sobre paramento horizontal y vertical.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Fabricación de la pasta de yeso.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Técnicas de aplicación (proyectado, maestreado, a buena vista, etc.).</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Técnicas preventivas específicas.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Identificación de riesgos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Evaluación de riesgos del puesto (genérica).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Medios auxiliares (andamios, escaleras de mano,…).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Equipos de trabajo y herramientas: riesgos y medidas preventivas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Manipulación manual de cargas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Medios de protección colectiva (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Equipos de protección individual (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Materiales y productos (etiquetado, fichas de datos de seguridad, frases H y P,…).</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>6) Contenido formativo específico para electricidad, montaje y mantenimiento de instalaciones de AT y BT.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Definición de los trabajos.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Previsión de las necesidades de los diferentes equipos eléctricos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Líneas eléctricas aéreas y subterráneas de alta y baja tensión.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Centros de transformación.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Subestaciones.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Montaje y mantenimiento eléctrico industrial y edificación.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Instalaciones provisionales de obra.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Técnicas preventivas específicas.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Identificación de riesgos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Evaluación de riesgos del puesto (genérica).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Medios auxiliares (plataformas elevadoras, andamios, escaleras de mano, máquinas de tiro, de freno, de empalmar, poleas, gatos, carros de salida a conductores, pértigas de verificación de ausencia de tensión).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Equipos de trabajo y herramientas: riesgos y medidas preventivas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– RD 614/2001.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Manipulación manual de cargas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Trabajos en altura.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Medios de protección colectiva (colocación, usos y obligaciones y mantenimiento).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Medios de protección individual (colocación, usos y obligaciones mantenimiento).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Materiales y productos (etiquetado, fichas de datos de seguridad, frases R y S,…).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Utilización de líneas de vida, verticales y horizontales, en los distintos tipos de anclaje y estructuras.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>7) Contenido formativo específico para fontanería e instalaciones de climatización.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Definición de los trabajos.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Instalaciones provisionales de obra.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Bajantes.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Instalación colgada.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Instalaciones en locales (servicios, cocinas, baños, etc.).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Urbanizaciones, pozos, arquetas, etc.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Técnicas preventivas específicas.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Identificación de riesgos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Evaluación de riesgos del puesto (genérica).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Medios auxiliares (andamios, escaleras de mano,…).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Equipos de trabajo y herramientas: riesgos y medidas preventivas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Manipulación manual de cargas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Trabajos en altura.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Trabajos en espacios confinados.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Medios de protección colectiva (colocación, usos y obligaciones y mantenimiento).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Medios de protección individual (colocación, usos y obligaciones y mantenimiento).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Materiales y productos (etiquetado, fichas de datos de seguridad, frases R y S,…).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Materiales con amianto: identificación y retirada previa.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Trabajos de soldadura.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>8) Contenido formativo específico para cantería revestimientos exteriores.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Definición de los trabajos.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Chapados y revestimientos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Escaleras.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Fachadas ventiladas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Estructuras auxiliares.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Técnicas preventivas específicas.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Identificación de riesgos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Evaluación de riesgos del puesto (genérica).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Medios auxiliares (andamios, escaleras de mano,…).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Equipos de trabajo y herramientas: riesgos y medidas preventivas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Manipulación manual de cargas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Medios de protección colectiva (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Equipos de protección individual (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Materiales y productos (etiquetado, fichas de datos de seguridad, frases H y P,…).</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>9) Contenido formativo específico para pintura.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Definición de los trabajos.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Pintura en exterior e interior.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Técnicas de aplicación.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Pinturas especiales.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Preparación de soportes.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Técnicas preventivas específicas.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Identificación de riesgos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Evaluación de riesgos del puesto (genérica).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Medios auxiliares (andamios, escaleras de mano,…).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Equipos de trabajo y herramientas: riesgos y medidas preventivas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Manipulación manual de cargas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Medios de protección colectiva (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Equipos de protección individual (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Materiales y productos (etiquetado, fichas de datos de seguridad, frases H y P,…).</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>10) Contenido formativo específico para solados y alicatados.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Definición de los trabajos.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Colocación de revestimientos interiores y exteriores.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Solados de grandes dimensiones.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Revestimientos continuos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Pavimentos especiales.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Técnicas preventivas específicas.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Identificación de riesgos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Evaluación de riesgos del puesto (genérica).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Medios auxiliares (andamios, escaleras de mano,…).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Equipos de trabajo y herramientas: riesgos y medidas preventivas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Manipulación manual de cargas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Medios de protección colectiva (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Equipos de protección individual (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Materiales y productos (etiquetado, fichas de datos de seguridad, frases H y P,…).</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>11) Contenido formativo específico para aparatos elevadores.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Definición de los trabajos.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Tipos de máquinas y equipos, componentes principales. Grúa torre, grúa móvil autopropulsada, montacargas, maquinillo, plataformas de elevación móviles, manipuladora telescópica, etc.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Técnicas preventivas específicas.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Identificación de riesgos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Evaluación de riesgos del puesto (genérica).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Medios auxiliares (útiles de la máquina o del equipo de trabajo).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Equipos de trabajo y herramientas: riesgos y medidas preventivas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Estrobado de la carga.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Medios de protección colectiva (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Equipos de protección individual (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Mantenimiento y verificaciones, manual del fabricante, características de los principales elementos, dispositivos de seguridad, sistemas de elevación, documentación, etc.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Interferencias entre actividades.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Interferencias con otras máquinas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Protocolos de actuación de los operadores en caso de interferencias.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Señalización).</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>12) Contenido formativo específico para vehículos y maquinaria de movimiento de tierras.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Definición de los trabajos.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Tipos de máquinas. Maquinaria de transporte camión, dumper, maquinaria de movimiento de tierras y compactación: bulldozer, pala cargadora, retroexcavadora, motoniveladora, «jumbo», entendedora/compactadora asfáltica, etc.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Técnicas preventivas específicas.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Identificación de riesgos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Evaluación de riesgos del puesto (genérica).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Medios auxiliares (Útiles de la máquina o del equipo de trabajo,…).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Equipos de trabajo y herramientas: riesgos y medidas preventivas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Mantenimiento y verificaciones, manual del fabricante, características de los principales elementos, dispositivos de seguridad, documentación, sistemas de elevación, etc.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Medios de protección colectiva (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Equipos de protección individual (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Interferencias entre máquinas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Señalización y tránsito.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>13) Contenido formativo específico para operadores de equipos manuales.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Definición de los trabajos.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Tipos de equipos. Tronzadora, cortadora de mesa (madera y material cerámico), radial, guillotina, pulidora, martillos neumáticos etc.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Procedimientos de trabajo.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Técnicas preventivas específicas.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Identificación de riesgos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Evaluación de riesgos del puesto (genérica).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Medios auxiliares, equipos de trabajo y herramientas:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) Útiles de la máquina o del equipo de trabajo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) Riesgos y medidas preventivas.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Mantenimiento y verificaciones, manual del fabricante, características de los principales elementos, dispositivos de seguridad, documentación, sistemas de elevación, etc.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Aspectos ergonómicos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Medios de protección colectiva (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Equipos de protección individual (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Conexiones eléctricas y mecánicas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Ventilación del lugar de trabajo. Exposición al ruido.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Señalización.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>14) Contenido formativo específico para trabajos de aislamiento e impermeabilización.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Definición de los trabajos.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Conceptos y principios básicos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Materiales aislantes. Características y formas de presentación.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Productos de impermeabilización. Tipos y características.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Técnicas y procedimientos de instalación o aplicación del material aislante (cerramientos verticales, cubiertas, divisiones interiores, techos, suelos, conducciones, etc.).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Técnicas de impermeabilización (cubiertas, cerramientos verticales, elementos enterrados, depósitos, etc.).</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Técnicas preventivas específicas.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Identificación de riesgos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Evaluación de riesgos del puesto.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Medios auxiliares, equipos de trabajo y herramientas: riesgos y medidas preventivas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Manipulación manual de cargas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Medios de protección colectiva (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Equipos de protección individual (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Materiales y productos (etiquetado, fichas de datos de seguridad, frases H y P,...).</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>15) Contenido formativo específico para montaje de estructuras tubulares.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Definición de los trabajos.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Tipos de estructuras tubulares y sus características (andamios, torres, cimbras, apuntalamientos, etc.).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Procesos de montaje, desmontaje y modificación.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Técnicas preventivas específicas.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Identificación de riesgos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Evaluación de riesgos del puesto.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Instrucciones de montaje y desmontaje.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Condiciones de resistencia y estabilidad (cargas admisibles, apoyos, arriostramientos, estabilizadores, etc.).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Medidas de seguridad frente a las condiciones meteorológicas adversas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Equipos, útiles de trabajo y herramientas: riesgos y medidas preventivas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Dispositivos de seguridad y de protección asociados a la estructura tubular.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Medios de protección colectiva (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Equipos de protección individual (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento). Utilización de equipos de protección individual anticaídas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Manipulación manual de cargas.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>16) Contenido formativo específico para operario de instalaciones temporales de obra y auxiliares: plantas de aglomerado, de hormigón, de machaqueo y clasificación de áridos.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Definición de los trabajos.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Descripción y características de las instalaciones y de la maquinaria.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Proceso de machaqueo y clasificación de áridos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Mezclas asfálticas. Tipos y proceso de fabricación.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Confección de hormigón.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Tareas de control y mantenimiento.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Técnicas preventivas específicas.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Identificación de riesgos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Evaluación de riesgos del puesto.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Medios auxiliares, equipos de trabajo y herramientas: riesgos y medidas preventivas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Mantenimiento y verificaciones, manual del fabricante, dispositivos de seguridad, etc. Pequeñas averías eléctricas y mecánicas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Manipulación manual de cargas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Medios de protección colectiva (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Equipos de protección individual (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Materiales y productos (etiquetado, fichas de datos de seguridad, frases H y P,...).</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>17) Contenido formativo específico para trabajos de estabilización de explanadas y extendido de firmes.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Definición de los trabajos.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Explanadas. Tipos de terrenos: características y comportamiento.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Subbases, firmes y pavimentos. Tipos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Proceso de ejecución: comprobación y preparación de la superficie de asiento, aportación del material, extendido y nivelación, riego, compactación y fratasado, en su caso.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Maquinaria empleada (descripción y características): extendedoras, compactadoras, fratasadoras, etc.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Técnicas preventivas específicas.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Identificación de riesgos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Evaluación de riesgos del puesto.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Medios auxiliares, equipos de trabajo y herramientas: riesgos y medidas preventivas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Mantenimiento y verificaciones, manual del fabricante, dispositivos de seguridad, etc.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Manipulación manual de cargas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Medios de protección colectiva (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Equipos de protección individual (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Materiales y productos (etiquetado, fichas de datos de seguridad, frases H y P,...).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Afección a la circulación de las vías públicas. Señalización de obras.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>18) Contenido formativo específico para colocación de materiales de cubrición.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Definición de los trabajos.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Tipos de cubiertas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Materiales de cubrición: tejas, piezas de pizarra, chapas o paneles de acero o de aleaciones ligeras, placas de material sintético, etc.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Sistemas de colocación y sujeción.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Técnicas preventivas específicas.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Identificación de riesgos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Evaluación de riesgos del puesto.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Medios auxiliares, equipos de trabajo y herramientas: riesgos y medidas preventivas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Manipulación manual de cargas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Medios de protección colectiva (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Equipos de protección individual (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Materiales y productos (etiquetado, fichas de datos de seguridad, frases H y P,...).</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>19) Contenido formativo específico para trabajos de conservación y explotación de carreteras.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Definición de los trabajos.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Conceptos básicos sobre carreteras. Tramos especiales (túneles, viaductos, etc.). Equipamiento e instalaciones</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Aspectos generales de conservación y explotación. Operaciones y actividades.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Vialidad. Actuación frente a emergencias e incidencias.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Seguridad vial. Señalización y balizamiento. Alumbrado.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Vialidad invernal.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Maquinaria y equipos de conservación. Descripción y características.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Técnicas preventivas específicas.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Identificación de riesgos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Evaluación de riesgos del puesto.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Medios auxiliares, equipos de trabajo y herramientas: riesgos y medidas preventivas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Mantenimiento y verificaciones, manual del fabricante, dispositivos de seguridad, etc.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Manipulación manual de cargas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Medios de protección colectiva (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Equipos de protección individual (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Materiales y productos (etiquetado, fichas de datos de seguridad, frases H y P,...).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Afección a la circulación de las vías públicas. Señalización de obras.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>20) Contenido formativo para trabajos específicos de ejecución de túneles y sostenimiento de las excavaciones subterráneas y de los taludes.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Definición de los trabajos.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Técnicas de excavación (mecánicas, mineras, voladuras, etc.).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Tipos de terrenos. Características y comportamiento.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Sistemas de sostenimiento o estabilización (entibación, gunitado, bulonado, etc.).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Maquinaria empleada (excavadoras, tuneladoras, rozadoras, ensanchadoras, perforadoras, gunitadoras, etc.).</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Técnicas preventivas específicas.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Identificación de riesgos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Evaluación de riesgos del puesto.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Equipos, útiles de trabajo y herramientas: riesgos y medidas preventivas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Mantenimiento y verificaciones de la maquinaria empleada, manual del fabricante, dispositivos de seguridad, etc.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Manipulación manual de cargas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Características y comportamiento del terreno.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Sostenimiento de las excavaciones subterráneas y de los taludes.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Medios de protección colectiva (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Equipos de protección individual (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Materiales y productos (etiquetado, fichas de datos de seguridad. Frases H y P,...).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Interferencias y servicios afectados (líneas aéreas, canalizaciones subterráneas, zonas colindantes, etc.).</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>21) Contenido formativo específico para trabajos de cimentaciones especiales, sondeos y perforaciones.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Definición de los trabajos.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Cimentaciones especiales (pilotes y micropilotes, muros pantalla, anclajes, consolidaciones, inyecciones, etc.). Técnicas de ejecución.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Sondeos y perforaciones. Técnicas (percusión, rotación, rotopercusión, etc.).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Tipos de terrenos. Características y comportamiento.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Maquinaria empleada. Características, componentes principales y funcionamiento.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Técnicas preventivas específicas.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Identificación de riesgos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Evaluación de riesgos del puesto.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Medios auxiliares, equipos de trabajo y herramientas: riesgos y medidas preventivas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Mantenimiento y verificaciones, manual del fabricante, dispositivos de seguridad, etc.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Manipulación manual de cargas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Medios de protección colectiva (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Equipos de protección individual (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Materiales y productos (etiquetado, fichas de datos de seguridad, frases H y P,...).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Interferencias y servicios afectados (líneas aéreas, canalizaciones subterráneas, construcciones colindantes, etc.).</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>22) Contenido formativo específico para construcción y mantenimiento de vías férreas.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Definición de los trabajos.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Actividades ferroviarias (trabajos previos; puesta en obra de balasto, traviesas y carriles; bateo, alineación, perfilado y desguarnecido de la vía; montaje de catenaria, electrificación e instalaciones de seguridad y comunicaciones; etc.).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Tipos de máquinas y equipos (dresina, perfiladora, bateadora, estabilizador dinámico, desguarnecedora, tren de renovación rápida, pórticos, maquinaria bivial, castillete de catenaria, extendedora de balasto, maquinaria ligera de vía).</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Técnicas preventivas específicas.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Identificación de riesgos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Evaluación de riesgos del puesto.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Medios auxiliares, equipos de trabajo y herramientas: riesgos y medidas preventivas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Manipulación manual de cargas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Medios de protección colectiva (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Equipos de protección individual (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Señalización específica.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Materiales y productos (etiquetado, fichas de datos de seguridad, frases H y P,...).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Interferencias y servicios afectados (circulación ferroviaria, catenaria eléctrica, carreteras, etc.).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Control y vigilancia de los trabajos. Piloto de seguridad.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>23) Contenido formativo específico para trabajos marítimos.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Definición de los trabajos.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Obras marítimas (construcción y reparación de muelles, diques, pantalanes, emisarios submarinos, regeneración de playas, etc.). Trabajos y proceso de ejecución (trabajos preliminares, dragados, voladuras submarinas, tratamientos de mejora de fondos, rellenos, fabricación y transporte de cajones, ejecución de espaldones, losas, vigas cantil, etc.).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Actividades subacuáticas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Maquinaria empleada (equipos de precarga, vibración profunda, compactación dinámica, inyección o instalación de drenes, dragas, gánguiles, pontonas, cabrias, cajoneros, etc.). Descripción, características y funcionamiento.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Técnicas preventivas específicas.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Identificación de riesgos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Evaluación de riesgos del puesto.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Salvamento marítimo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Condiciones meteorológicas y de la mar: viento, niebla, marea, oleaje, corrientes marinas, etc.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Medios auxiliares, equipos de trabajo y herramientas: riesgos y medidas preventivas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Manipulación manual de cargas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Medios de protección colectiva (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Equipos de protección individual (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Materiales y productos (etiquetado, fichas de datos de seguridad, frases H y P,...).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Interferencias con la navegación marítima.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>24) Contenido formativo específico para trabajos de redes de abastecimiento y saneamiento y pocería.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Definición de los trabajos.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Tipos de redes de abastecimiento y saneamiento.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Tipos de terrenos. Características y comportamiento.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Proceso de ejecución (perforación, apertura de zanjas, entibado, montaje y unión de elementos, relleno de la zanja, compactación, etc.).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Trabajos de mantenimiento, reparación, rehabilitación y renovación de redes.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Equipos de trabajo más comunes.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Técnicas preventivas específicas.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Identificación de riesgos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Evaluación de riesgos del puesto.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Medios auxiliares, equipos de trabajo y herramientas: riesgos y medidas preventivas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Manipulación manual de cargas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Entibaciones y sistemas de sostenimiento.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Medios de protección colectiva (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Equipos de protección individual (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Materiales y productos (etiquetado, fichas de datos de seguridad, frases H y P,...).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Características y comportamiento del terreno, espacios confinados, servicios afectados, construcciones colindantes, etc.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>25) Contenido formativo específico para montaje de prefabricados de hormigón en obra.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Definición de los trabajos.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Elementos prefabricados de hormigón. Tipos (pilares, vigas, placas, pórticos, dovelas, bóvedas, muros, paneles, etc.), características y aplicaciones (estructuras, cerramientos, etc.).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Procedimientos y técnicas de puesta en obra (manipulación, colocación, sujeción o unión).</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Técnicas preventivas específicas.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Identificación de riesgos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Evaluación de riesgos del puesto.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Medios auxiliares, equipos de trabajo y herramientas: riesgos y medidas preventivas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Manipulación manual de cargas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Medios de protección colectiva (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Equipos de protección individual (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Materiales y productos (etiquetado, fichas de datos de seguridad, frases H y P,...).</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>26) Contenido formativo específico operario de taller de materiales: piedras industriales, tratamiento o transformación de materiales, canteros y similares.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Definición de los trabajos.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Tipos de piedras industriales y naturales. Aplicaciones (obras de sillería, aplacados, pavimentos y empedrados, decoración, etc.).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Operaciones de tratamiento y transformación (corte, labra, pulido, etc.).</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Técnicas preventivas específicas.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Identificación de riesgos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Evaluación de riesgos del puesto.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Equipos, útiles de trabajo y herramientas: riesgos y medidas preventivas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Mantenimiento y verificaciones, manual del fabricante, dispositivos de seguridad, etc. Pequeñas averías eléctricas y mecánicas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Manipulación manual de cargas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Medios de protección colectiva (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Equipos de protección individual (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Materiales y productos (etiquetado, fichas de datos de seguridad, frses h y P,...).</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>27) Trabajos de soldadura.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Definición de los trabajos.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Concepto y tipos de soldadura. Fundamento y propiedades de cada uno de ellos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Radiaciones, humos y gases generados durante los procesos de soldadura.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Equipos de soldadura. Descripción, características y manejo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Proceso de oxicorte.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Técnicas preventivas específicas.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Identificación de riesgos según el proceso de soldadura.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Aplicación del plan de seguridad y salud en la tarea concreta. Evaluación de riesgos en el caso de que no exista plan.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Conocimiento del entorno del lugar de trabajo (presencia de productos combustibles o inflamables, ventilación de espacios confinados, medios de extinción de incendios, etc.). Planificación de las tareas desde un punto de vista preventivo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Medios auxiliares (andamios, plataformas, escaleras, …).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Equipos de trabajo y herramientas. Útiles de los equipos de soldadura. Riesgos y medidas preventivas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Protecciones colectivas (colocación, usos y obligaciones y mantenimiento).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Protecciones individuales (colocación, usos y obligaciones y mantenimiento).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Materiales y productos (etiquetado, fichas de seguridad, frases H y P…).</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>28) Montador de escayola, placas de yeso laminado y asimilados.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Definición de los trabajos.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Tipos y características de los materiales.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Decoraciones (arcos, plafones, escocias, capiteles, cornisas, etc.).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Tabiques y techos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Técnicas de ejecución de los trabajos. Sistemas de anclaje y sujeción.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Técnicas preventivas específicas.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Identificación de riesgos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Aplicación del plan de seguridad y salud en la tarea concreta. Evaluación de riesgos en el caso de que no exista plan.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Medios auxiliares (andamios, plataformas, escaleras, …).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Equipos de trabajo y herramientas. Riesgos y medidas preventivas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Protecciones colectivas (colocación, usos y obligaciones y mantenimiento).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Protecciones individuales (colocación, usos y obligaciones y mantenimiento).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Materiales y productos (etiquetado, fichas de seguridad, frases H y P…).</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>29) Mantenimiento de maquinaria y vehículos.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Definición de los trabajos.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Actividades de montaje, reparación y mantenimiento de maquinaria y vehículos en obras de construcción.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Técnicas preventivas específicas.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Aplicación del plan de seguridad y salud en la tarea concreta. Evaluación de riesgos en el caso de que no exista plan.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Riesgos específicos y medidas preventivas. Caídas de personas y de objetos desde altura. Riesgos eléctricos por trabajos con presencia de líneas eléctricas aéreas y enterradas. Manipulación manual de cargas, Exposición a posturas forzadas. Espacios confinados. Exposición a contaminantes físicos, etc.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Métodos de enclavamiento, consignación, bloqueo de maquinaria.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Medidas de seguridad frente a condiciones meteorológicas adversas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Protecciones colectivas (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Protecciones individuales (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Señalización específica.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Autorización y uso de la maquinaria.</p>
<p class='centro_redonda' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Apartado 3. Formación de nivel básico</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>I. Contenido formativo para el nivel básico de prevención en la construcción.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El contenido formativo para el nivel básico de prevención en la construcción, cuyo módulo tendrá una duración mínima de sesenta horas lectivas, se esquematiza de la siguiente forma:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>A. Conceptos básicos sobre seguridad y salud.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– El trabajo y la salud. Los riesgos profesionales. Factores de riesgo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Daños derivados del trabajo. Los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. Otras patologías derivadas del trabajo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales. Deberes y obligaciones básicos en esta materia.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>B. Riesgos generales y su prevención.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Riesgos ligados a las condiciones de seguridad.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Riesgos ligados al medio ambiente del trabajo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– La carga del trabajo, la fatiga y la insatisfacción laboral.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Sistemas elementales de control de riesgos. Medios de protección colectiva y equipos de protección individual.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Planes de emergencia y evacuación.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– El control de la salud de los trabajadores.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>C. Riesgos específicos y su prevención en el sector de la construcción.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Diferentes fases de obra y sus protecciones correspondientes (redes, barandillas, andamios, plataformas de trabaja, escaleras, etc.).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Implantación de obra. Locales higiénico sanitarios, instalaciones provisionales, etc.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>D. Elementos básicos de gestión de la prevención de riesgos.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Organismos públicos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Organización preventiva del trabajo: «rutinas» básicas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Documentación: recogida, elaboración y archivo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Representación de los trabajadores. Derechos y obligaciones (delegados de prevención, comité de seguridad y salud, trabajadores designados, etc.).</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>E. Primeros auxilios.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Procedimientos generales.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Plan de actuación.</p>
<p class='anexo_num' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>ANEXO XIII</p>
<p class='anexo_tit' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Convalidaciones</p>
<p class='centro_cursiva' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Convalidación de la formación en materia de prevención de riesgos laborales</p>
<p class='centro_redonda' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Apartado 1. Formación recogida en el Reglamento de los Servicios de Prevención (modificado por Real Decreto 337/2010), y 1161/2001, así como formación indicada en la «Guía técnica» del Real Decreto 1627/1997, por el que se establecen «disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción»</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) La formación de nivel superior o máster universitario en PRL convalida la siguiente formación recogida en el presente convenio:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Formación inicial.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Personal directivo de empresa.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Responsables de obra y técnicos de ejecución.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Mandos intermedios.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Delegados de prevención.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Administrativos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Parte común de oficios.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La titulación obtenida a través de lo dispuesto en la disposición adicional primera del Real Decreto 337/2010, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, tiene la misma validez a los efectos de estas convalidaciones.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) La formación de nivel intermedio o FP de Técnico Superior en Prevención de Riesgos Profesionales convalida la siguiente formación recogida en el presente convenio:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Formación inicial.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Personal directivo de empresa.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Responsables de obra y técnicos de ejecución.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Mandos intermedios.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Delegados de prevención.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Administrativos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Parte común de oficios.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La titulación oficial de «Técnico Superior en Prevención de Riesgos Profesionales» regulada por el Real Decreto 1161/2001, tiene la misma validez a los efectos de estas convalidaciones.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>c) La formación de nivel básico en el sector de la construcción convalida la siguiente formación recogida en el presente convenio:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Formación inicial.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Responsables de obra y técnicos de ejecución.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Mandos intermedios.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Administrativos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Parte común de oficios.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La formación general de nivel básico está reglada en el Anexo IV del Real Decreto 39/1997. Para las empresas que realicen actividades encuadradas en el Anexo I del mencionado real decreto (las obras de construcción), dicha formación tiene una duración de 50 horas lectivas y sus contenidos deben incluir un módulo de cinco horas sobre riesgos específicos y su prevención en el sector de la construcción. A partir del 6 de septiembre de 2007, fecha en la que se subscribió el IV Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción, la formación de nivel básico en este sector pasó a tener una duración de 60 horas lectivas.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>d) El curso de coordinador en materia de seguridad y de salud construcción convalida la siguiente formación recogida en el presente convenio:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Formación inicial.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Responsables de obra y técnicos de ejecución</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Mandos intermedios.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Administrativos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Parte común de oficios.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Esta formación debe ser acorde con el programa indicado en la Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a las obras de construcción (Real Decreto 1627/1997), elaborada por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT).</p>
<p class='centro_redonda' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Apartado 2. Formación recogida en los títulos de formación profesional y en los certificados de profesionalidad</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La convalidación de la formación recogida en el presente convenio se recoge, con carácter general, en la tabla 1, y se detalla de forma concreta, para los siguientes casos:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Títulos de formación profesional del sistema educativo correspondientes a la familia profesional de Edificación y Obra Civil (antiguos y actuales): tablas 2 y 3.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Certificados de profesionalidad actuales (edificación y obra civil, y otras familias): tablas 4 y 5.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Títulos de formación profesional del sistema educativo correspondientes a otras familias profesionales afines al sector de construcción (antiguos y actuales): tablas 6 y 7.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Certificados de profesionalidad antiguos y especialidades formativas del Servicio Público de Empleo: tabla 8.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Tabla 1: Cuadro resumen de reconocimiento.</p>
<table class='tabla_ancha' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>
<colgroup>
<col class='row_column_16'/>
<col class='row_column_17'/>
<col class='row_column_18'/>
<col class='row_column_19'/>
</colgroup>
<thead>
<tr class='row_column_10'>
<td colspan='2'>
<p class='cabeza_tabla'>Familia profesional</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Títulos/Certificados</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Formación en materia de PRL reconocida</p>
</td>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr class='row_column_20'>
<td colspan='2' rowspan='5'>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Familia de Edificación y Obra Civil.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▪ Nuevos títulos de FP de grado medio y superior.</p>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▪ Nuevos CP nivel II.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▫ NBPC.</p>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▫ PRL de 2.º ciclo correspondiente.</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_21'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▪ Nuevos CP nivel III.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▫ NBPC, aquellos que contemplen la UC correspondiente.</p>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▫ PRL de 2.º ciclo correspondiente.</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_21'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▪ Formación profesional básica.</p>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▪ PCPI.</p>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▪ Nuevos CP de nivel I.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▫ PRL de 2.º ciclo correspondiente.</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_22'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▪ Títulos de FP antiguos.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▫ NBPRL a estudiar en cada caso.</p>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▫ PRL de 2.º ciclo correspondiente.</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_21'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▪ CP antiguos.</p>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▪ Especialidades INEM.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▫ No hay reconocimiento automático.</p>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▫ A estudiar en cada caso.</p>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▫ Posibilidad de firmar acuerdo con CC.AA.</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_21'>
<td rowspan='3'>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Otras familias.</p>
</td>
<td rowspan='2'>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Afines a construcción.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▪ Nuevos títulos de FP.</p>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▪ Nuevos CP.</p>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▪ PCPI.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▫ PRL de 2.º ciclo correspondiente, si procede.</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_21'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▪ Títulos de FP antiguos.</p>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▪ CP antiguos.</p>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▪ Especialidades INEM.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▫ No hay reconocimiento automático.</p>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▫ A estudiar en cada caso.</p>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▫ Posibilidad de firmar acuerdo con CC.AA.</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_20'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Otras.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▪ Títulos FP.</p>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▪ CP.</p>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▪ Especialidades INEM.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▫ No se contemplan reconocimientos.</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Tabla 2: Reconocimientos para los antiguos títulos de formación profesional (LOGSE y Anteriores) en el sistema educativo correspondientes a la familia profesional de edificación y obra civil.</p>
<table class='tabla_ancha' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>
<colgroup>
<col class='row_column_23'/>
<col class='row_column_24'/>
<col class='row_column_25'/>
<col class='row_column_26'/>
</colgroup>
<thead>
<tr class='row_column_27'>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Nivel</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Título</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>2.º Ciclo</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>NBPC</p>
</td>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr class='row_column_20'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Grado medio.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Técnico en Acabados de Construcción.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▫ Pintura.</p>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▫ Solados y alicatados.</p>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▫ Revestimiento de yeso.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Sí.</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_11'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Grado medio.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Técnico en Obras de albañilería.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▫ Albañilería.</p>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▫ Materiales de cubrición.</p>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▫ Aislamiento e impermeabilización.</p>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▫ Revestimiento de yeso.</p>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▫ Redes de abastecimiento y pocería.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Sí.</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_28'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Grado medio.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Técnico en Obras de hormigón.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▫ Encofrado.</p>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▫ Ferrallado.</p>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▫ Prefabricados de hormigón en obra.</p>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▫ Redes de abastecimiento y pocería.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Sí.</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_20'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>FP Primer grado.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Hormigón.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▫ Encofrado.</p>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▫ Ferrallado.</p>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▫ Prefabricados de hormigón en obra.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>–</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_14'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Grado medio.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Técnico en Operación y mantenimiento de maquinaria de construcción.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▫ Maquinaria de movimiento de tierras.</p>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▫ Aparatos elevadores.</p>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▫ Demolición y rehabilitación.</p>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▫ Cimentaciones especiales, sondeos y perforaciones.</p>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▫ Estabilización de explanadas y extendido de firmes.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Sí.</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_29'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Grado superior.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Técnico Superior en Desarrollo y Aplicación de Proyectos de Construcción.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▫ Responsable de obra y técnicos de ejecución.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>–</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_29'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>FP Segundo grado.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Delineación, especialidad Edificios y Obras.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▫ Responsable de obra y técnicos de ejecución.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>–</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_20'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Grado superior.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Técnico Superior en Desarrollo de Proyectos Urbanísticos y Operaciones Topográficas.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▫ Responsable de obra y técnicos de ejecución.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>–</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_29'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Grado superior.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Técnico Superior en Realización y Planes de Obra.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▫ Responsable de obra y técnicos de ejecución.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Sí.</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Tabla 3: Reconocimientos para los nuevos títulos de formación profesional (LOE) en el sistema educativo correspondientes a la familia profesional de edificación y obra civil.</p>
<table class='tabla_ancha' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>
<colgroup>
<col class='row_column_23'/>
<col class='row_column_30'/>
<col class='row_column_25'/>
<col class='row_column_26'/>
</colgroup>
<thead>
<tr class='row_column_10'>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Nivel</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Título</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>2.º Ciclo</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>NBPC</p>
</td>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr class='row_column_28'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>FP Básica.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Profesional Básico en Reforma y mantenimiento de edificios.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▫ Albañilería.</p>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▫ Revestimiento de yeso.</p>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▫ Pintura.</p>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▫ Materiales de cubrición.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>–</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_31'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Grado medio.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Técnico en Construcción.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▫ Albañilería.</p>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▫ Redes de abastecimiento, saneamiento y pocería.</p>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▫ Solados y alicatados.</p>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▫ Materiales de cubrición.</p>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▫ Aislamiento e impermeabilización.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Sí</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_29'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Grado medio.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Técnico en Obras de interior, decoración y rehabilitación.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▫ Revestimiento de yeso.</p>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▫ Pintura.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Sí</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_29'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Grado superior.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Técnico Superior en Proyectos de edificación.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▫ Administrativos.</p>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▫ Responsables de obra y técnicos de ejecución.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Sí</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_29'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Grado superior.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Técnico Superior en Proyectos de obra civil.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▫ Administrativos.</p>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▫ Responsables de obra y técnicos de ejecución.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Sí</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_29'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Grado superior.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Técnico Superior en Organización y Control de Obras de Construcción.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▫ Mandos intermedios.</p>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▫ Administrativos.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Sí</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Tabla 4: Reconocimientos para los certificados de profesionalidad para la familia profesional de edificación y obra civil.</p>
<table class='tabla_ancha' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>
<colgroup>
<col class='row_column_32'/>
<col class='row_column_33'/>
<col class='row_column_34'/>
<col class='row_column_35'/>
<col class='row_column_36'/>
</colgroup>
<thead>
<tr class='row_column_10'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>Nivel</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>Código</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Certificado de profesionalidad</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>2.º Ciclo</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>NBPC</p>
</td>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr class='row_column_29'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>1</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>EOCH0108</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Operaciones de hormigón.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▫ Encofrado.</p>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▫ Ferrallado.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>–</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_29'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>1</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>EOCB0208</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Operaciones auxiliares de albañilería de fábricas y cubiertas.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▫ Albañilería.</p>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▫ Materiales de cubrición.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>–</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_29'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>1</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>EOCB0109</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Operaciones auxiliares de revestimientos continuos en construcción.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▫ Revestimiento de yeso.</p>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▫ Pintura.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>–</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_29'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>1</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>EOCB0209</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Operaciones auxiliares de acabados rígidos y urbanización.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▫ Albañilería.</p>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▫ Solados y alicatados.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>–</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_29'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>1</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>EOCJ0311</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Operaciones básicas de revestimientos ligeros y técnicos en construcción.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▫ Revestimiento yeso.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>–</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_4'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>2</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>EOCB0108</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Fábricas de albañilería.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▫ Albañilería.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Sí.</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_4'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>2</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>EOCE0111</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Armaduras pasivas para hormigón.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▫ Ferrallado.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Sí.</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_20'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>2</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>EOCB0111</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Cubiertas inclinadas.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▫ Materiales de cubrición.</p>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▫ Albañilería</p>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▫ Aislamiento e impermeabilización.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Sí.</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_4'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>2</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>EOCE0211</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Encofrados.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▫ Encofrado.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Sí.</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_29'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>2</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>EOCJ0111</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Impermeabilización mediante membranas formadas con láminas.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▫ Aislamiento e impermeabilización.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Sí.</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_29'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>2</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>EOCJ0110</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Instalación de placa de yeso laminado y falsos techos.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▫ Albañilería</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Sí.</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_29'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>2</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>EOCJ0211</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Instalación de sistemas técnicos de pavimentos, empanelados y mamparas.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>–</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Sí.</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_4'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>2</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>EOCJ0109</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Montaje de andamios tubulares.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▫ Montaje de estructuras tubulares.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Sí.</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_28'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>2</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>EOCB0211</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Pavimentos y albañilería de urbanización.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▫ Albañilería.</p>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▫ Redes de abastecimiento, saneamiento y pocería.</p>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▫ Solados y alicatados.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Sí.</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_4'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>2</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>EOCB0110</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Pintura decorativa en construcción.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▫ Pintura.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Sí.</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_4'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>2</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>EOCB0311</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Pintura industrial en construcción.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▫ Pintura.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Sí.</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_29'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>2</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>EOCB0210</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Revestimientos con pastas y morteros en construcción.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▫ Revestimiento yeso.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Sí.</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_29'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>2</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>EOCB0310</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Revestimientos con piezas rígidas por adherencia en construcción.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▫ Solados y alicatados</p>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▫ Revestimiento yeso.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Sí.</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_4'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>3</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>EOCO0108</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Representación de proyectos de edificación.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▫ Administrativos.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>–</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_4'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>3</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>EOCO0208</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Representación de proyectos de obra civil.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▫ Administrativos.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>–</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_4'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>3</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>EOCO0109</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Control de proyectos y obras de construcción.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▫ Administrativos.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>–</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_29'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>3</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>EOCE0109</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Levantamientos y replanteos.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▫ Responsables de obra y técnicos de ejecución.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>–</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_4'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>3</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>EOCO0212</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Control de ejecución de obras civiles.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▫ Mandos intermedios.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Sí.</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_4'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>3</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>EOCO0112</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Control de ejecución de obras de edificación.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▫ Mandos intermedios.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Sí.</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Tabla 5: Reconocimientos para los certificados de profesionalidad de otras familias profesionales.</p>
<table class='tabla_ancha' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>
<colgroup>
<col class='row_column_37'/>
<col class='row_column_38'/>
<col class='row_column_39'/>
<col class='row_column_40'/>
<col class='row_column_41'/>
</colgroup>
<thead>
<tr class='row_column_10'>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Nivel</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Código</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Certificado de profesionalidad</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>2.º Ciclo</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>NBPC</p>
</td>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr class='row_column_10'>
<td colspan='5'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>Familia Administración y Gestión</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_5'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>3</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>ADGD0208</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Gestión integrada de recursos humanos.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▫ Administrativos.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>–</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_5'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>3</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>ADGD0210</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Creación y gestión de microempresas.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▫ Administrativos.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>–</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_42'>
<td colspan='5'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>Familia Electricidad y Electrónica</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_22'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>2</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>ELEE0109</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▫ Electricidad.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>–</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_22'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>3</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>ELEE0110</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Desarrollo de proyectos de instalaciones eléctricas en el entorno de edificios y con fines especiales.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▫ Electricidad.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>–</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_22'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>3</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>ELEE0210</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Desarrollo de proyectos de redes eléctricas de baja y alta tensión.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▫ Electricidad.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>–</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_21'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>3</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>ELEE0310</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Gestión y supervisión del montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas en el entorno de edificios.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▫ Electricidad.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>–</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_43'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>3</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>ELEE0510</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Gestión y supervisión del montaje y mantenimiento de redes eléctricas subterráneas de alta tensión de 2.ª y 3.ª categoría y centros de transformación de interior.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▫ Electricidad.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>–</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_21'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>3</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>ELEE0610</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Gestión y supervisión del montaje y mantenimiento de redes eléctricas de baja tensión y alumbrado exterior.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▫ Electricidad.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>–</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_22'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>2</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>ELEM0111</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Montaje y mantenimiento de sistemas domóticos e inmóticos.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▫ Electricidad.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>–</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_22'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>3</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>ELEM0211</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Gestión y supervisión del montaje y mantenimiento de sistemas domóticos e inmóticos</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▫ Electricidad.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>–</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_22'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>2</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>ELEM0311</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Montaje y mantenimiento de sistemas de automatización industrial</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▫ Electricidad.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>–</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_22'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>1</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>ELEQ0111</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de equipos eléctricos y electrónicos.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▫ Electricidad.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>–</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_21'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>1</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>ELES0208</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Operaciones auxiliares de montaje de instalaciones electrotécnicas y de telecomunicaciones en edificios.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▫ Electricidad</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>–</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_22'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>1</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>ELES0209</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Montaje y mantenimiento de sistemas de telefonía e infraestructuras de redes locales de datos.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▫ Electricidad</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>–</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_21'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>3</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>ELES0210</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Gestión y supervisión del montaje y mantenimiento de las infraestructuras de telecomunicaciones y de redes de voz y datos en el entorno de edificios.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▫ Electricidad</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>–</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_5'>
<td colspan='5'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>Familia Energía y Agua</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_22'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>3</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>ENAA0109</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Organización y control del montaje y mantenimiento de redes e instalaciones de agua y saneamiento.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▫ Fontanería.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>–</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_22'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>1</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>ENAE0111</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Operaciones básicas en el montaje y mantenimiento de instalaciones de energías renovables.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▫ Electricidad</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>–</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_5'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>2</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>ENAT0108</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Montaje y mantenimiento de redes de agua.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▫ Fontanería</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>–</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_42'>
<td colspan='5'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>Familia Industrias Extractivas</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_21'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>2</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>IEXD0108</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Elaboración de piedra natural.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▫ Taller de materiales: piedras industriales, tratamiento o transformación de materiales, canteros y similares.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>–</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_21'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>3</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>IEXD0109</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Diseño y coordinación de procesos en piedra natural.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▫ Ejecución de túneles y sostenimiento de excavaciones subterráneas y de los taludes.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>–</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_21'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>2</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>IEXD0208</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Extracción de la piedra natural</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▫ Taller de materiales: piedras industriales, tratamiento o transformación de materiales, canteros y similares.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>–</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_5'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>2</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>IEXD0209</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Obras de artesanía y restauración en piedra natural.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▫ Cantería.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>–</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_21'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>3</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>IEXD0309</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Desarrollo y supervisión de obras de restauración en piedra natural.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▫ Ejecución de túneles y sostenimiento de excavaciones subterráneas y de los taludes.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>–</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_21'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>2</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>IEXD0409</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Colocación de piedra natural.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▫ Taller de materiales: piedras industriales, tratamiento o transformación de materiales, canteros y similares.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>Sí.</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_21'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>1</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>IEXM0109</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Operaciones auxiliares en excavaciones subterráneas y al cielo abierto.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▫ Taller de materiales: piedras industriales, tratamiento o transformación de materiales, canteros y similares.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>Sí.</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_42'>
<td colspan='5'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>Familia Instalación y Mantenimiento</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_22'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>1</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>IMAI0108</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Operaciones de fontanería y calefacción-climatización doméstica.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▫ Fontanería.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>–</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_21'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>2</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>IMAI0110</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Instalación y mantenimiento de sistemas de aislamiento térmico, acústico y protección pasiva contra el fuego.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▫ Aislamiento e impermeabilización.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>–</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_21'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>3</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>IMAI0210</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Gestión y supervisión del montaje y el mantenimiento de sistemas de aislamiento térmico, acústico y contra el fuego.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▫ Aislamiento e impermeabilización.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>–</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_4'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>3</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>IMAR0209</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Desarrollo de proyectos de instalaciones frigoríficas.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▫ Administrativos.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>–</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Tabla 6: Reconocimientos para los títulos antiguos (LOGSE y anteriores) de formación profesional en el sistema educativo correspondientes a otras familias profesionales</p>
<table class='tabla_ancha' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>
<colgroup>
<col class='row_column_44'/>
<col class='row_column_45'/>
<col class='row_column_46'/>
<col class='row_column_47'/>
</colgroup>
<thead>
<tr class='row_column_10'>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Nivel</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Título</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>2.º Ciclo</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>NBPC</p>
</td>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr class='row_column_22'>
<td colspan='4'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>Familia Mantenimiento y Servicios a la Producción.</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_29'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Grado superior.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Técnico Superior en Montaje y Mantenimiento de Instalaciones de Edificio y Proceso.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▫ Fontanería.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>–</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_29'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Grado medio.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Técnico en Montaje y Mantenimiento de Instalaciones de Frío, Climatización y Producción de Calor.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▫ Electricidad.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>–</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_22'>
<td colspan='4'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>Familia Electricidad y Electrónica.</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_4'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Grado superior.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Técnico Superior en Sistemas de telecomunicación e informáticos.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▫ Electricidad.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>–</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_4'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Grado superior.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Técnico Superior en Instalaciones Electrotécnicas.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▫ Electricidad.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>–</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_4'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Grado medio.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Técnico en Equipos e Instalaciones Electrotécnicas.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▫ Electricidad.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>–</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_29'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Técnico especialista.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Técnico Especialista en Instalaciones y líneas eléctricas (Electricidad y electrónica).</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▫ Electricidad.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>–</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_29'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Técnico auxiliar.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Técnico auxiliar en Instalador-mantenedor eléctrico (Electricidad y electrónica).</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▫ Electricidad.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>–</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_4'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Técnico auxiliar.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Técnico auxiliar en Electricidad (Electricidad y electrónica).</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▫ Electricidad.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>–</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_4'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Maestría industrial.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Maestro industrial especialidad de Electricidad y Electrónica.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▫ Electricidad.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>–</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Tabla 7: Reconocimientos para los nuevos títulos (lOE) de formación profesional en el sistema educativo correspondientes a otras familias profesionales.</p>
<table class='tabla_ancha' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>
<colgroup>
<col class='row_column_48'/>
<col class='row_column_49'/>
<col class='row_column_50'/>
<col class='row_column_26'/>
</colgroup>
<thead>
<tr class='row_column_10'>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Nivel</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Título</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>2.º Ciclo</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>NBPC</p>
</td>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr class='row_column_22'>
<td colspan='4'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>Familia Energía y Agua</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_29'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Grado superior.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Técnico Superior en Energías Renovables.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▫ Electricidad.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>–</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_29'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Grado superior.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Técnico Superior en Eficiencia energética y energía solar térmica.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▫ Administrativos.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>–</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_22'>
<td colspan='4'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>Familia Electricidad y Electrónica</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_29'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Grado superior.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▫ Electricidad.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>–</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_29'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Grado superior.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Técnico Superior en Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▫ Electricidad.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>–</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_29'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Grado medio.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▫ Electricidad.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>–</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_29'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Grado medio.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Técnico en Mantenimiento electromecánico.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▫ Electricidad.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>–</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_29'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Grado medio.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Técnico en Instalaciones eléctricas y automáticas.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▫ Electricidad.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>–</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_29'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>FP Básica.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Profesional Básico en Fabricación de elementos mecánicos.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▫ Electricidad.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>–</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_29'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>FP Básica.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Profesional Básico en Instalaciones electrotécnicas y mecánicas.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▫ Electricidad.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>–</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_29'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>FP Básica.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Profesional Básico en Electricidad y electrónica.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▫ Electricidad.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>–</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_42'>
<td colspan='4'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>Familia Instalación y Mantenimiento</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_20'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Grado superior.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Técnico Superior en Desarrollo de proyectos de instalaciones térmicas y de fluidos.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▫ Administrativos.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>–</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_29'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Grado superior.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Técnico Superior en Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▫ Electricidad.</p>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▫ Fontanería.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>–</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_29'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Grado medio.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Técnico en Instalaciones de producción de calor.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▫ Electricidad.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>–</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_29'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Grado medio.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Técnico en Instalaciones frigoríficas y de climatización.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▫ Electricidad.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>–</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_29'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>FP Básica.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Profesional Básico en Mantenimiento de viviendas.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▫ Fontanería.</p>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▫ Electricidad.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>–</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_29'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>FP Básica.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Profesional Básico en Fabricación y montaje.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▫ Fontanería.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>–</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_42'>
<td colspan='4'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>Familia Industrias Extractivas</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_11'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Grado medio.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Técnico en Excavaciones y sondeos.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▫ Maquinaria de movimiento de tierras.</p>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▫ Cimentaciones especiales, sondeos y perforaciones.</p>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▫ Túneles y sostenimiento de las excavaciones subterráneas y de los taludes.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>Sí.</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Tabla 8: Reconocimientos para los antiguos certificados de profesionalidad y las especialidades del servicio público de empleo.</p>
<table class='tabla_ancha' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>
<colgroup>
<col class='row_column_16'/>
<col class='row_column_51'/>
<col class='row_column_52'/>
<col class='row_column_53'/>
</colgroup>
<thead>
<tr class='row_column_27'>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Código</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Certificado de profesionalidad</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>2.º Ciclo</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>NBPC</p>
</td>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr class='row_column_10'>
<td colspan='4'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>Familia Edificación y Mantenimiento</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_4'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>EOCA10</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Pintor.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▫ Pintura.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>–</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_4'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>EOCA70</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Solador-alicatador.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▫ Solados y alicatados.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>–</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_20'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>EOCX02</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Mantenedor reparador de edificios.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▫ Albañilería.</p>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▫ Electricidad.</p>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▫ Fontanería.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>–</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_42'>
<td colspan='4'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>Familia Mantenimiento y Reparación</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_4'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>IMAN20</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Electromecánico de mantenimiento</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>–</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>–</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_4'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>ELEC10</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Electricista de edificios</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▫ Electricidad.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>–</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_4'>
<td>
<p class='parrafo'>ELER10</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Electricista de mantenimiento</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▫ Electricidad.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>–</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_4'>
<td colspan='4'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>Familia Industrias de Fabricación de Equipos Electromecánicos.</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_4'>
<td>
<p class='parrafo'>ELEA10</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Electricista industrial</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>▫ Electricidad.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>–</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p class='centro_redonda' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Apartado 3. Formación recogida en el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La convalidación de la formación recogida en la ITC 02.1.02, siempre que haya sido impartida por la Fundación Laboral de la Construcción o por una entidad con la formación homologada por la misma, se recoge en la tabla siguiente:</p>
<p class='centro_redonda' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Convalidación de la formación</p>
<table class='tabla_ancha' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>
<colgroup>
<col class='row_column_54'/>
<col class='row_column_55'/>
<col class='row_column_56'/>
<col class='row_column_57'/>
</colgroup>
<thead>
<tr class='row_column_20'>
<td colspan='3'>
<p class='cabeza_tabla'>Formación recogida en la ITC 02.1.02. (Orden ITC/1316/2008 y en la Orden ITC/2699/2011)</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Convalidación respecto a la formación en materia de prevención de riesgos laborales especificada en el VI CGSC</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_10'>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Denominación</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Grupo</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Publicado</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Denominación</p>
</td>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr class='row_column_29'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Operadores de Maquinaria de Transporte.</p>
</td>
<td rowspan='2'>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>5.2 Actividades de exterior.</p>
</td>
<td rowspan='2'>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Resoluciones 09/06/08 y 16/10/14 (E.T. 2001.1.08).</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Operadores de vehículos y maquinaria de movimiento de tierras.</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_20'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Operadores de Maquinaria de Arranque / Carga / Viales.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Operadores de vehículos y maquinaria de movimiento de tierras.</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_28'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Operadores de Trituración / Clasificación.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>5.4 Establecimientos de beneficio.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Resolución 18/11/10 (E.T. 2004.1.10).</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Operario de instalaciones temporales de obra y auxiliares: plantas de aglomerado, de hormigón, de machaqueo y clasificación de áridos.</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_28'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Operadores de Molienda.</p>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Operario de instalaciones temporales de obra y auxiliares: plantas de aglomerado, de hormigón, de machaqueo y clasificación de áridos.</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_28'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Operadores de Estrío.</p>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Operario de instalaciones temporales de obra y auxiliares: plantas de aglomerado, de hormigón, de machaqueo y clasificación de áridos.</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_28'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Operadores de Separación y Concentración.</p>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Operario de instalaciones temporales de obra y auxiliares: plantas de aglomerado, de hormigón, de machaqueo y clasificación de áridos.</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_28'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Operadores de Hornos.</p>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Operario de instalaciones temporales de obra y auxiliares: plantas de aglomerado, de hormigón, de machaqueo y clasificación de áridos.</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_28'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Operadores de Mezclas.</p>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Operario de instalaciones temporales de obra y auxiliares: plantas de aglomerado, de hormigón, de machaqueo y clasificación de áridos.</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_28'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Operadores de Plantas para Materiales para la Construcción.</p>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Operario de instalaciones temporales de obra y auxiliares: plantas de aglomerado, de hormigón, de machaqueo y clasificación de áridos.</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_29'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Perforación / Corte / Voladura.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>5.2 Actividades de exterior.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Resolución 18/11/10 (E.T. 2003.1.10).</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Ejecución de túneles y sostenimiento de las excavaciones subterráneas y de los taludes.</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_29'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Perforación / Voladura.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>5.3 Actividades de interior.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Resolución 07/10/08 (E.T. 2002.1.08).</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Ejecución de túneles y sostenimiento de las excavaciones subterráneas y de los taludes.</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_29'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Operadores de Sondeos de agua y / o de Investigación.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>5.2 Actividades de exterior.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Resolución 18/11/10 (E.T. 2003.1.10).</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Cimentaciones especiales, sondeos y perforaciones.</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_20'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Operadores de Plantas de Rocas Ornamentales</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>5.4 Establecimientos de beneficio.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Resolución 18/11/10 (E.T. 2004.1.10).</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Operario de taller de materiales: piedras industriales, tratamiento o transformación de materiales, canteros y similares.</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p class='centro_redonda' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Apartado 4. Formación recogida en el Convenio Estatal del Sector del Metal</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La convalidación de la formación recibida por los trabajadores del Convenio Estatal del Sector del Metal, siempre que haya sido impartida por la Fundación Laboral de la Construcción o por una entidad con la formación homologada por la FMF o la FLC, de acuerdo con los requisitos establecidos en sus respectivos convenios, se recoge en la tabla siguiente:</p>
<p class='centro_redonda' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Convalidación de la formación</p>
<table class='ning_n_estilo_de_tabla' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>
<colgroup>
<col class='row_column_58'/>
<col class='row_column_58'/>
</colgroup>
<thead>
<tr class='row_column_20'>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Formación preventiva recogida en el Anexo IV del Convenio Estatal del Sector del Metal</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Convalidación respecto a la formación en materia de prevención de riesgos laborales especificada en el VI CGSC</p>
</td>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr class='row_column_4'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Primer ciclo de formación: Nivel inicial.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Formación inicial.</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_4'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Directivos de las empresas.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Personal directivo de empresa.</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_29'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Responsables y los técnicos de ejecución de la actividad.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Responsables de obra y técnicos de ejecución</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_4'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Mandos intermedios.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Mandos intermedios.</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_4'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Administrativos.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Administrativos.</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_4'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Ferrallado.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Ferrallado.</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_20'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Electricidad, relativo a los trabajos de montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de alta y baja tensión.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Electricidad, montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de alta y baja tensión.</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_4'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Fontanería e instalaciones de climatización.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Fontanería e instalaciones de climatización</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_4'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Operadores de aparatos elevadores.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Operadores de aparatos elevadores.</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_4'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Operadores de equipos manuales.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Operadores de equipos manuales.</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_4'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Aislamiento e impermeabilización.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Aislamiento e impermeabilización.</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_4'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Montaje de estructuras tubulares.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Montaje de estructuras tubulares.</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_4'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Construcción y mantenimiento de vías férreas.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Construcción y mantenimiento de vías férreas.</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_29'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Nivel básico de prevención de las actividades del metal en la construcción.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Nivel básico de prevención en la construcción.</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p class='centro_redonda' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Apartado 5. Formación recogida en el Convenio Colectivo Estatal del Sector de la Madera</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La convalidación de la formación recibida por los trabajadores del Convenio Estatal del Sector de la Madera, siempre que haya sido impartida por la Fundación Laboral de la Construcción o por una entidad con la formación homologada por la misma, se recoge en la tabla siguiente:</p>
<table class='ning_n_estilo_de_tabla' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>
<colgroup>
<col class='row_column_59'/>
<col class='row_column_60'/>
</colgroup>
<thead>
<tr class='row_column_3'>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Contenidos formativos Acuerdo FLMM</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Contenidos formativos Convenio General del Sector de la Construcción</p>
</td>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr class='row_column_4'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Formación inicial (8 horas).</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Aula Permanente o nivel inicial (8 horas).</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_29'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Formación de nivel básico (50 horas. RD 39/1997).</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Formación de nivel básico (60 horas. Desde septiembre de 2007).</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_4'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Directivos (10 horas).</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Directivos de las empresas (10 horas).</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_29'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Responsables y técnicos de ejecución de la actividad (20 horas).</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Responsables de obra y técnicos de ejecución (20 horas).</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_4'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Mandos intermedios (20 horas).</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Mandos intermedios (20 horas).</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p class='anexo_num' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>ANEXO XIV</p>
<p class='anexo_tit' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Procedimiento para la homologación de actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales, de acuerdo con lo establecido en el vigente Convenio General del Sector de la Construcción</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>I. Objetivo.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El presente procedimiento está dirigido a aquellas entidades que proyecten homologar la formación que imparten en materia de prevención de riesgos laborales, de acuerdo con lo dispuesto en los Capítulos III y IV, Título III, del Libro II del vigente Convenio General del Sector de la Construcción así como en los acuerdos suscritos por la Fundación Laboral de la Construcción en otros ámbitos, a los efectos de su reconocimiento en la Tarjeta Profesional de la Construcción.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>II. Requisitos.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Las entidades deberán tener a su disposición las aulas y la equipación necesaria para impartir la formación. Las instalaciones habrán de cumplir con las condiciones higiénicas, acústicas, de habitabilidad y de seguridad exigidas por la legislación aplicable a los centros de formación. La dotación de los servicios higiénico-sanitarios será acorde con la capacidad del centro.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Los centros de formación podrán ser fijos o itinerantes (aulas móviles, locales situados en la propia obra, etc.).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Para el desarrollo de las actividades formativas, las entidades tendrán que contar con los recursos humanos, materiales y didácticos que permitan llevar a cabo la actividad formativa, en función del ámbito geográfico de actuación y del número de alumnos que proyecten formar, según las necesidades concretas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El personal docente dispondrá de una formación acreditada correspondiente a los niveles intermedio o superior según lo establecido en el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Además, el citado personal será conocedor de las técnicas preventivas específicas aplicables al sector de la construcción y contará con una experiencia acreditada en este ámbito.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. Las entidades que proyecten ser homologadas tendrán que aplicar los contenidos didácticos que se recogen, tanto en el Capítulo III, Título III, del Libro II del Convenio General del Sector de la Construcción denominados: primer ciclo de formación: formación inicial; segundo ciclo de formación: contenidos formativos en función del puesto de trabajo o por oficio; formación para trabajadores multifunciones o polivalentes; y nivel básico de prevención en la construcción, como aquellas otras recogidas en los acuerdos suscritos por la Fundación Laboral de la Construcción en otros ámbitos, a los efectos de su reconocimiento en la Tarjeta Profesional de la Construcción.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. Como modalidad para la impartición se determina lo siguiente:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) Primer ciclo de formación: la formación inicial se realizará en la modalidad presencial.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) Segundo ciclo de formación: los contenidos formativos en función del puesto de trabajo o por oficio se practicarán en la modalidad presencial.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El contenido formativo para directivos tendrá una duración de diez horas, y se podrá desarrollar en la modalidad presencial o en la modalidad mixta presencia- teleformación, en cuyo caso la parte presencial tendrá una duración, como mínimo, de dos horas y media. Igualmente, y con carácter excepcional, esta acción formativa se podrá impartir en la modalidad de teleformación.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El contenido formativo para administrativos tendrá una duración de veinte horas, y se podrá desarrollar en la modalidad presencial o en la modalidad mixta presencia-teleformación, en cuyo caso la parte presencial tendrá una duración, como mínimo, de cinco horas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>c) La formación para trabajadores multifunciones o polivalentes se desarrollará en la modalidad presencial.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>d) El contenido formativo para nivel básico de prevención en la construcción tendrá una duración de sesenta horas, y se podrá desarrollar en la modalidad presencial o en la modalidad mixta presencia-teleformación, en cuyo caso la parte presencial tendrá una duración, como mínimo, de veinte horas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>e) La prevista para cada acción formativa en aquellos otros ámbitos en los que se hayan suscrito acuerdos con la Fundación Laboral de la Construcción, a los efectos de su reconocimiento en la Tarjeta Profesional de la Construcción.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>5. Las entidades tendrán que adoptar las condiciones que se establezcan por parte de la Fundación Laboral de la Construcción en lo que respecta al número máximo de alumnos por grupo y a la realización de las pruebas de evaluación.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>6. Las entidades deberán estar constituidas como servicios de prevención ajeno acreditado por la autoridad laboral o, cuando se trate de empresas encuadradas en el ámbito de aplicación del Convenio General del Sector de la Construcción, disponer de una organización preventiva propia.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Las entidades que estén instituidas como servicios de prevención ajeno, tendrán que aportar certificación actualizada de la acreditación como tal servicio de prevención expedida por la autoridad laboral. El ámbito territorial de la homologación que, en su caso se apruebe, coincidirá con el de la acreditación de la autoridad laboral.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Las empresas enmarcadas en el ámbito de aplicación del convenio que cuenten con una organización preventiva propia, deberán aportar una certificación del acta de constitución de dicha organización preventiva, suscrita por representante legal de la propia empresa, así como una certificación en la que se refleje el cumplimiento de las obligaciones de auditoría legalmente exigidas, suscrita por el correspondiente auditor acreditado.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>7. Satisfacer las tasas que, en relación con la tramitación del presente procedimiento de homologación, establezca el Patronato de la Fundación Laboral de Construcción.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>III. Solicitudes.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Las entidades que, reuniendo los requisitos que se determinan en el apartado II, deseen obtener la homologación de las actividades formativas que impartan a los efectos de su reconocimiento en la Tarjeta Profesional de la Construcción, deberán dirigir su solicitud al Consejo Territorial de la Fundación Laboral de la Construcción correspondiente al lugar en el que radique su domicilio social. Dicha solicitud ha de estar subscrita por el titular de la entidad o por el representante legal de la misma, debidamente acreditado.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. El cumplimiento de las exigencias que se indican en el apartado II se acreditará mediante la presentación de una memoria explicativa de las actividades formativas que se tiene previsto desarrollar, en la que deberán constar los siguientes datos:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) Identificación de la entidad.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) Plan de actuación.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>c) Ámbito territorial de actuación.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>d) Relación de las actividades formativas de las previstas en el Capítulo III, Título III, del Libro II del vigente Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción para las que solicita la homologación y en aquellos otros ámbitos en los que se hayan suscrito acuerdos con la Fundación Laboral de la Construcción, a los efectos de su reconocimiento en la Tarjeta Profesional de la Construcción.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>e) Dotación de personal y grado de dedicación para el desarrollo de las actividades formativas, acreditando su cualificación y experiencia profesional así como su formación en materia de prevención de riesgos laborales, tanto general como relacionada con el sector de la construcción.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>A fin de certificar debidamente los requisitos que se determinan en el punto 2 del apartado II, se aportarán los currícula profesionales y los certificados emitidos, en su caso, por las empresas, así como las fotocopias autenticadas de los títulos y diplomas correspondientes del citado personal docente.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>f) Ubicación y detalle de las características de los centros, tanto de carácter fijo como, en su caso, itinerante.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>g) Descripción de los medios materiales, didácticos e instrumentales que se van a dedicar a esta actividad.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>IV. Tramitación</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Los correspondientes Consejos Territoriales de la Fundación Laboral de la Construcción examinarán las solicitudes y comprobarán que la documentación aportada es correcta y suficiente.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. En cualquier momento del proceso de homologación, la Fundación Laboral de la Construcción podrá requerir a la entidad solicitante la presentación de documentación adicional y la subsanación de las deficiencias observadas. Este requerimiento interrumpirá el plazo previsto en el punto 4 de este apartado IV. Transcurridos quince días naturales desde dicho requerimiento sin que el mismo hubiera sido debidamente atendido, podrá archivarse el expediente, entendiéndose la solicitud denegada.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. Realizados los trámites de instrucción anteriores, personal perteneciente a la Fundación Laboral de la Construcción comprobará el cumplimiento de los requisitos establecidos en este procedimiento de homologación. El gerente territorial elevará un informe a su respectivo Consejo Territorial para que este formule la correspondiente propuesta de resolución.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. La Fundación Laboral de la Construcción, en un plazo máximo de tres meses desde la presentación de la solicitud, cumplirá el trámite de audiencia comunicándole a la entidad solicitante, en su caso, las carencias o deficiencias encontradas para que esta, en el plazo máximo de quince días naturales, alegue y presente los documentos y justificaciones que estime pertinentes. Si antes del vencimiento del citado plazo los interesados manifiestan su decisión de no efectuar alegaciones ni aportar nuevos documentos o justificaciones, el trámite se dará por realizado y se procederá al archivo de la solicitud.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>5. Concluida esta fase, el expediente, junto con la propuesta de resolución del Consejo Territorial, se remitirá a la Comisión Ejecutiva de la Fundación Laboral de la Construcción, con el fin de que esta, previo informe del Director General, proceda a la resolución del citado expediente.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>V. Resolución.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Evaluada la documentación aportada, la Comisión Ejecutiva de la Fundación Laboral de la Construcción resolverá la solicitud en un plazo máximo de dos meses, aprobando o denegando la homologación.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>VI. Registro.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La Fundación Laboral de la Construcción inscribirá, en el registro creado al efecto, a las entidades que hayan sido homologadas para llevar a cabo, tanto alguna de las actividades formativas previstas en el Capítulo III, Título III, del Libro II del vigente Convenio General del Sector de la Construcción así como aquellas otras recogidas en los acuerdos suscritos por la Fundación Laboral de la Construcción, a los efectos de su reconocimiento en la Tarjeta Profesional de la Construcción.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En dicho registro constará: los datos de la entidad; el ámbito de actuación; y el título o títulos de las actividades formativas para las que se dispone de la mencionada homologación.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>VII. Obligaciones de carácter general de las entidades homologadas.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Las entidades que obtengan la homologación de la formación que impartan en materia de prevención de riesgos laborales prevista en el Convenio General del Sector de la Construcción y en aquellos otros ámbitos en los que se hayan suscrito acuerdos con la Fundación Laboral de la Construcción a los efectos de su reconocimiento para la obtención de la Tarjeta Profesional de la Construcción, tendrán las siguientes obligaciones:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Someterse a las actuaciones de control y supervisión que pueda efectuar el personal de la Fundación Laboral de la Construcción y facilitar cuanta información se les solicite.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Realizar la formación con los medios y en las condiciones que dieron lugar a la homologación.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. Comunicar al Consejo Territorial de la Fundación Laboral de la Construcción del lugar en el que radique su domicilio social cualquier modificación que se pueda producir respecto a las condiciones de homologación.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. Comunicar a la Fundación Laboral de la Construcción, a través de la «Aplicación para la comunicación de acciones formativas» habilitada al efecto, las acciones formativas que tengan previsto impartir.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>5. En el caso de que se produzcan cambios, sustituciones o bajas en el personal docente incluido en la memoria del proyecto presentado para la homologación, la entidad deberá comunicar dicha circunstancia a la Fundación Laboral de la Construcción en un plazo máximo de siete (7) días naturales desde que se conozca cualquiera de las posibles modificaciones citadas y, en todo caso cuando así proceda, antes de que se lleve a cabo la actividad formativa afectada.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Esta comunicación deberá incluir, tanto la propuesta de la persona o personas que vayan a asumir la actividad docente como la acreditación de que estas cumplen con los requisitos señalados en el punto 2 del apartado II, -según lo previsto en el punto 2 e) del apartado III.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>6. Permitir que personas debidamente autorizadas por la Fundación Laboral de la Construcción lleven a cabo la supervisión de las instalaciones en las que se desarrolle la actividad docente así como de las acciones formativas que en ellas se impartan, y cooperar con la Fundación para una correcta realización de las actividades de supervisión.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>7. Cumplir en todo momento con los requisitos legales y administrativos necesarios para desarrollar la actividad para la que está homologada.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>8. Estar al corriente de pago de las tasas establecidas por la Fundación Laboral de la Construcción.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>9. Cumplir con lo dispuesto en el «Reglamento de condiciones para el mantenimiento de la homologación de actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales», establecido en el anexo XV del presente Convenio y en su Guía de aplicación, de acuerdo con lo establecido en el Convenio General del Sector de la Construcción.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>VIII. Revocación de la condición de entidad homologada.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La Fundación Laboral de la Construcción podrá verificar en cualquier momento el cumplimiento de las condiciones establecidas para el desarrollo de las actividades formativas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La Comisión Ejecutiva de la Fundación Laboral de la Construcción, mediante resolución motivada y después del trámite de audiencia al titular de la entidad homologada, podrá revocar tal homologación cuando se incumpla cualquiera de las condiciones establecidas para la concesión de la misma.</p>
<p class='anexo_num' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>ANEXO XV</p>
<p class='anexo_tit' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Reglamento de condiciones para el mantenimiento de la homologación de actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales de acuerdo con lo establecido en el Convenio General del Sector de la Construcción</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 1. Obligaciones derivadas de la homologación.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Toda entidad que haya obtenido la homologación de actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales de acuerdo con lo dispuesto en el vigente Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción, a los efectos de su reconocimiento para la obtención de la Tarjeta Profesional de la Construcción, deberá cumplir con las condiciones y aplicar los medios que han dado lugar a la homologación. En concreto, son obligaciones de la entidad:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Comunicar al Consejo Territorial de la Fundación Laboral de la Construcción del lugar en el que radique su domicilio social, cualquier modificación que se pueda producir respecto a las condiciones de homologación.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Comunicar, a través de la «Aplicación para la comunicación de acciones formativas homologadas», disponible en la página web www.trabajoenconstruccion.com, la siguiente información:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) Todas las actividades formativas que tiene previsto impartir y que estén identificadas de forma expresa en el vigente Convenio General del Sector de la Construcción, y aquellas otras recogidas en los acuerdos suscritos por la Fundación Laboral de la Construcción, a los efectos de expedir la Tarjeta Profesional de la Construcción.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En la comunicación deberán constar los siguientes datos, de cada uno de los cursos: título; fecha de inicio; fecha de finalización; horario; listado detallado de alumnos con indicación de su nombre y apellidos y número de documento nacional de identidad (DNI) o número de identidad de extranjero (NIE) y razón social de la empresa en la que presten sus servicios; lugar de impartición; localidad; provincia; código postal; persona y teléfono de contacto; fecha de realización de las tutorías, en su caso; nombre y apellidos del docente o docentes.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Dicha comunicación se efectuará en un plazo máximo de siete (7) días naturales antes de la fecha de inicio prevista para la actividad formativa correspondiente. Superado dicho plazo, la entidad deberá justificar a la Fundación los motivos por los que no le ha sido posible llevar a efecto dicha comunicación en el citado plazo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La Fundación podrá denegar la validez del curso, a efectos de la expedición de la Tarjeta Profesional de la Construcción, en aquellos casos en los que no se justifique el retraso en la comunicación o esta sea claramente insuficiente, y se venga advirtiendo por la Fundación un reiterado abandono de la entidad en el cumplimiento de estas obligaciones.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>A los efectos de un correcto tratamiento de los datos personales de los alumnos, en los formularios de alta que suscriban los mismos deberá incorporarse el texto que figura como Anexo del presente Reglamento.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) En el caso de que una actividad formativa no pudiera ser finalmente llevada a cabo, la entidad deberá comunicar su cancelación, a través de la «Aplicación para la comunicación de actividades formativas homologadas» o por cualquier otro medio válido en Derecho, en un plazo máximo de 24 horas antes del inicio de la misma.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>c) Cuando por circunstancias ajenas a la entidad, la actividad formativa no pudiera impartirse en el día y la hora comunicadas a la Fundación, dicha entidad deberá informar a esta, a través de la «Aplicación para la comunicación de acciones formativas homologadas» o por cualquier otro medio válido en Derecho, la cancelación de la acción formativa de la que se trate, en un plazo máximo de dos horas desde el inicio previsto en dicha comunicación.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>d) Una vez iniciada una determinada actividad formativa, la entidad deberá comunicar, a través de la «Aplicación para la comunicación de acciones formativas homologadas» los alumnos realmente asistentes a la misma (nombre, apellidos, DNI o NIE, así como la razón social de la empresa en la que presten sus servicios), pudiendo llevar a cabo tal comunicación hasta un plazo máximo de dos horas desde su inicio.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>e) Al objeto de acreditar la exactitud de la información previa remitida, una vez que las actividades formativas hayan tenido lugar, la entidad deberá transmitir, a través de la «Aplicación para la comunicación de actividades formativas homologadas» la siguiente información sobre cada curso: título; fechas de inicio y finalización; listado detallado de alumnos que asistieron (nombre y apellidos, DNI o NIE, la razón social de la empresa en la que presten sus servicios) y que hayan superado los requisitos mínimos para obtener el correspondiente diploma o certificado acreditativo, no debiendo figurar, en ningún caso, aquellos que no hubiesen sido previamente comunicados conforme al plazo dispuesto en el artículo 1.2 d); lugar de impartición; localidad; provincia; código postal.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Dicha comunicación se efectuará en un plazo máximo de diez (10) días desde que finalizó la última sesión formativa del curso.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. La entidad o empresa que haya obtenido la homologación de la formación preventiva sobre la base de tener constituida una organización preventiva propia, no podrá incluir en las acciones formativas comunicadas a la Fundación alumnos que no sean trabajadores de la propia empresa, o de las empresas adheridas cuando se trate de servicios de prevención mancomunados.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. La entidad únicamente podrá utilizar los distintivos concernientes a su homologación en aquellas actividades autorizadas conforme a las condiciones por las que se le otorgó dicha homologación.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>5. La entidad deberá impartir las actividades formativas que estén identificadas de forma expresa en el vigente Convenio General del Sector de la Construcción y aquellas otras recogidas en los acuerdos suscritos por la Fundación Laboral de la Construcción, a los efectos de expedir la Tarjeta Profesional de la Construcción, conforme a la duración y según la modalidad prevista en el mismo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>6. La entidad o empresa deberá estar al corriente de pago de las tasas establecidas por la Fundación Laboral de la Construcción.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>7. Si la entidad tuviera dificultades para utilizar la «Aplicación para la comunicación de actividades formativas homologadas», cumplirá con los plazos previstos en el presente Reglamento si, dentro de los mismos, remite la información requerida a la dirección de correo electrónico que a tal efecto se ha dispuesto en los distintos Consejos Territoriales de la Fundación Laboral de la Construcción y cuya relación se especifica en la Guía de aplicación del presente Reglamento.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>No obstante, subsistirá en este caso la obligación de remitir dicha información a través de la «Aplicación para la comunicación de actividades formativas homologadas». La entidad que haya remitido a tiempo la información mediante correo electrónico dispondrá para ello de dos (2) días naturales adicionales a los plazos ordinarios que se recogen en el presente Reglamento.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>8. Actualizar la información contenida en la «Aplicación para la comunicación de acciones formativas homologadas» siempre que fuese necesario, de manera que los datos relativos a la identificación de la entidad con la formación preventiva homologada, las actividades formativas que imparte, los centros en los que se realiza la actividad formativa y los docentes de los que dispone, se correspondan con la realidad.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>9. Al objeto de acreditar la exactitud de la información previa remitida a la Fundación Laboral de la Construcción, las entidades con la formación preventiva homologada deberán guardar un registro de asistencia de los alumnos a las actividades formativas impartidas, que será puesto a disposición de la Fundación Laboral de la Construcción cuando esta lo requiera. Dicho registro recogerá: nombre y apellidos del alumno; documento nacional de identidad (DNI) o número de identidad de extranjero (NIE); firma del mismo; hojas de asistencia (que los alumnos deberán firmar cada sesión), entendiendo como tal cada jornada de mañana y tarde durante la cual tenga lugar la actividad formativa en cuestión.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El registro deberá conservarse en los archivos de la entidad con la formación preventiva homologada hasta transcurrido cuatro (4) años desde que se impartió la actividad formativa.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>10. En el caso de que se produzcan cambios, sustituciones o bajas en el personal docente incluido en la memoria del proyecto presentado para la homologación, la entidad deberá comunicar dicha circunstancia a la Fundación Laboral de la Construcción en un plazo máximo de siete (7) días naturales desde que se conozca cualquiera de las posibles modificaciones citadas y, en todo caso cuando así proceda, antes de que se lleve a cabo la actividad formativa afectada.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Esta comunicación deberá incluir, tanto la propuesta de la persona o personas que vayan a asumir la actividad docente como la acreditación de que estas cumplen con los requisitos exigidos para llevarla a cabo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>11. Mantener en correcto estado de funcionamiento y disponibilidad todos los medios que determinaron la concesión de la homologación.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>12. Permitir que personas debidamente autorizadas por la Fundación Laboral de la Construcción lleven a cabo la supervisión de las instalaciones en las que se desarrolle la actividad docente así como de las acciones formativas que en ellas se impartan, y cooperar con la Fundación para una correcta realización de las actividades de supervisión.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>13. Cumplir en todo momento con los requisitos legales y administrativos necesarios para desarrollar la actividad para la que está homologada.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>14. Al objeto de que la Fundación Laboral de la Construcción pueda gestionar adecuadamente los diplomas o certificados expedidos por la entidad, estos deberán contener, al menos, los siguientes datos:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Nombre y apellidos del alumno.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Número de documento nacional de identidad (DNI) o número de identidad de extranjero (NIE).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Documento en el que se acredite que la acción formativa se ha realizado con «aprovechamiento».</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Denominación de la acción formativa conforme a lo establecido en el Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción vigente.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Duración.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Modalidad.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Fechas inicial y final.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Fecha de expedición.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Localidad de impartición.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Firma del responsable de la entidad.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Número de registro de entidad asignado por la Fundación Laboral de la Construcción.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Código del curso asignado por la «Aplicación para la comunicación de acciones formativas homologadas».</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Contenido del curso al dorso conforme a lo especificado en el vigente Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción y en aquellos otros ámbitos en los que se hayan suscrito acuerdos con la Fundación Laboral de la Construcción, a los efectos de expedir la Tarjeta Profesional de la Construcción.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>15. La entidad con la formación preventiva homologada podrá exhibir la resolución de otorgamiento de la homologación en lugar visible del establecimiento en el que se lleven a cabo las actividades docentes. La citada resolución no podrá ser exhibida una vez le haya sido retirada la homologación por la Fundación Laboral de la Construcción.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>16. Atender a las comunicaciones y notificaciones que la Fundación Laboral de la Construcción transmita a través de la denominada «Zona Privada» de que cada entidad dispone en la «Aplicación para la comunicación de actividades formativas homologadas», dándoles respuesta, en su caso, en los plazos establecidos en el presente Reglamento, o en defecto de plazo específico, a la mayor brevedad posible.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>17. Designar un correo electrónico al efecto de las comunicaciones y notificaciones con la Fundación Laboral de la Construcción, manteniéndolo actualizado y comunicando cualquier modificación del mismo a la Fundación en el plazo de 24 horas a contar desde la citada modificación.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 2. Infracciones.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Serán infracciones a este Reglamento las acciones u omisiones que contravengan lo que en él se dispone y las que expresamente se recogen en el presente artículo. Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves y llevan aparejadas las sanciones de apercibimiento, suspensión y retirada de la homologación, respectivamente.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Son infracciones leves:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) No tener actualizadas las comunicaciones en la «Aplicación para la comunicación de acciones formativas homologadas», siempre y cuando la omisión o el defecto puedan subsanarse, por disponerse de toda la documentación que acredite la existencia y el contenido de los cursos, incluido el registro de asistencia.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) No informar, a través de la «Aplicación para la comunicación de acciones formativas homologadas», de las actividades formativas efectivamente realizadas dentro del plazo de diez (10) días naturales y en los términos descritos en el artículo 1.2.e) del presente Reglamento.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>c) No comunicar, a través de la «Aplicación para la comunicación de acciones formativas homologadas» o por cualquier otro medio válido en Derecho, la cancelación de las actividades formativas que tuvieran previsto impartir, en un plazo máximo de 24 horas antes del inicio determinado para las mismas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>d) La expedición de diplomas o certificados que no se ajusten a lo dispuesto en el artículo 1.14 del presente Reglamento.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>e) La utilización de los distintivos concernientes a la homologación en cualquier tipo de actividad distinta a las autorizadas conforme a las condiciones por las que se le otorgó dicha homologación.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>f) El incumplimiento de cualquier otra obligación prevista en este Reglamento que no sea constitutiva de una infracción grave o muy grave.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. Son infracciones graves:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) No comunicar, a través de la «Aplicación para la comunicación de acciones formativas homologadas» o por cualquier otro medio válido en Derecho, la impartición de cualquiera de las actividades formativas especificadas en el Convenio General del Sector de la Construcción.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) No comunicar, a través de la «Aplicación para la comunicación de acciones formativas homologadas» o por cualquier otro medio válido en Derecho, la cancelación de una determinada acción formativa, en un plazo máximo de dos horas desde el inicio previsto para la misma.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>c) Impartir la formación con docentes no autorizados.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>d) Impartir acciones formativas de las establecidas en el vigente Convenio General del Sector de la Construcción y en aquellos otros ámbitos en los que se hayan suscrito acuerdos con la Fundación Laboral de la Construcción, a los efectos de expedir la Tarjeta Profesional de la Construcción, con una duración menor, en una modalidad distinta o unos contenidos diferentes a los que en cada caso se especifiquen.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>e) Impartir acciones formativas en lugares distintos a los comunicados previamente a la Fundación Laboral de la Construcción a través de la «Aplicación para la comunicación de acciones formativas homologadas» o por cualquier otro medio válido en Derecho.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>f) Impartir acciones formativas en lugares que no cumplan con las condiciones higiénicas, acústicas, de habitabilidad y de seguridad exigidas por la legislación.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>g) No permitir que personas debidamente autorizadas por la Fundación Laboral de la Construcción lleven a cabo la supervisión de las instalaciones en las que se desarrolle la actividad docente así como de las acciones formativas que en ellas se impartan.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>h) Impartir más de una acción formativa de las establecidas en el vigente Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción y en aquellos otros ámbitos en los que se hayan suscrito acuerdos con la Fundación Laboral de la Construcción, a los efectos de expedir la Tarjeta Profesional de la Construcción, de manera simultánea y conjunta en la misma aula.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>i) No comunicar, a través de la «Aplicación para la comunicación de acciones formativas homologadas» los alumnos realmente asistentes (de acuerdo con lo establecido en el artículo 1. 2 d) del presente Reglamento) a una determinada actividad formativa, en un plazo máximo de dos horas desde el inicio de la misma.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>j) La falta de pago de cualquiera de las tasas establecidas, tanto para el mantenimiento anual de la homologación como para la comunicación de las acciones formativas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>k) La segunda infracción leve cometida en un periodo de doce meses a contar desde la comisión de la primera infracción.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. Son infracciones muy graves:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) La falta de correspondencia con la realidad de cualquier documentación que pretenda acreditar la existencia de los cursos impartidos o la efectiva asistencia de los alumnos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) Incluir en acciones formativas comunicadas alumnos que no sean trabajadores de la propia empresa, o de las empresas adheridas, cuando se trate de empresas o entidades que hayan obtenido la homologación de la formación preventiva sobre la base de tener constituida una organización preventiva propia.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>c) La falta de subsanación de las causas que motivaron el acuerdo de suspensión por la comisión de una infracción grave.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>d) La segunda infracción grave cometida en un plazo de doce meses a contar desde la comisión de la primera infracción.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 3. Sanciones.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El incumplimiento por una entidad de las obligaciones derivadas de la homologación dará lugar a las siguientes medidas que se adoptarán en función de la gravedad de la infracción.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Apercibimiento. Será objeto de apercibimiento, que se dictará por la Fundación Laboral de la Construcción, toda infracción leve.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Los apercibimientos serán acordados por la Fundación Laboral de la Construcción en sus ámbitos territoriales y serán notificados a través de la denominada «Zona Privada» de que cada entidad dispone en la «Aplicación para la comunicación de actividades formativas homologadas» o en el correo electrónico designado por la entidad, de acuerdo con lo dispuesto en los puntos 16 y 17, respectivamente, del artículo 1.2 del presente Reglamento.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Si en un plazo de siete (7) días naturales, a contar desde la fecha de envío del correo electrónico, la entidad no mostrara su disconformidad con el acuerdo, el apercibimiento se hará efectivo. En caso contrario, la Fundación podrá reconsiderar su decisión a la vista de las alegaciones formuladas por la entidad con la formación preventiva homologada.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Suspensión. La suspensión supone la falta temporal de reconocimiento, por la Fundación Laboral de la Construcción, de las actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales impartidas por la entidad suspendida. La suspensión se acordará por la comisión de una infracción grave.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Las suspensiones serán acordadas por la Fundación Laboral de la Construcción y serán notificadas a través de la denominada «Zona Privada» de que cada entidad dispone en la «Aplicación para la comunicación de actividades formativas homologadas» o en el correo electrónico designado por la entidad, de acuerdo con lo dispuesto en los puntos 16 y 17, respectivamente, del artículo 1.2 del presente Reglamento.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Si en un plazo de siete (7) días naturales, a contar desde la fecha de envío del correo electrónico, la entidad no mostrara su disconformidad con el acuerdo, la suspensión se hará efectiva. En caso contrario, la Fundación podrá reconsiderar su decisión a la vista de las alegaciones formuladas por la entidad con la formación preventiva homologada.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Las suspensiones serán comunicadas a la entidad con la formación preventiva homologada sancionada mediante resolución individualizada. Además, también serán hechas públicas en la página web www.trabajoenconstruccion.com, o en aquella a través de la cual la Fundación informe de las actividades formativas y de los trámites para obtener la Tarjeta Profesional de la Construcción.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El acuerdo de suspensión surtirá efectos desde que fuese comunicado a la entidad con la formación preventiva homologada y no podrá prolongarse por más de tres (3) meses. Durante el plazo de suspensión establecido, la entidad deberá subsanar las causas que motivaron la suspensión.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. Retirada. La comisión de infracciones muy graves dará lugar a la retirada de la homologación. Esta retirada podrá ser total –en cuyo caso se extenderá, con carácter pleno, a todas las actividades formativas homologadas a la entidad– o parcial– limitándose a una o varias de las actividades formativas homologadas, o a uno o varios de los ámbitos territoriales autorizados.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La propuesta de retirada total o parcial de una homologación será acordada por la Fundación Laboral de la Construcción, y notificada de manera fehaciente a la entidad afectada. Si en un plazo de 15 días naturales la entidad afectada no mostrara su disconformidad con el acuerdo, la retirada se hará efectiva. En caso contrario, la Fundación Laboral de la Construcción podrá reconsiderar su decisión a la vista de las alegaciones formuladas por la entidad con la formación preventiva homologada.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La retirada será comunicada a la entidad con la formación preventiva homologada sancionada mediante resolución individualizada. Además, también serán hechas públicas en la página web www.trabajoenconstruccion.com, o en aquella a través de la cual la Fundación Laboral de la Construcción informe de las actividades formativas y de los trámites para obtener la Tarjeta Profesional de la Construcción.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La retirada de la homologación supondrá la obligación por la entidad de devolver a la Fundación los certificados de homologación correspondientes así como su eliminación del catálogo/listado de entidades homologadas, de conformidad con el alcance de la retirada.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Los acuerdos de la Fundación serán inmediatamente ejecutivos, sin perjuicio de que contra ellos puedan interponerse las reclamaciones que procedan.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 4. Supuestos de nulidad a efectos de la obtención de la Tarjeta Profesional de la Construcción, de los diplomas o certificados emitidos por una entidad con la formación preventiva homologada.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Serán nulos, a efectos de la obtención o actualización de la Tarjeta Profesional de la Construcción, los diplomas o certificados acreditativos de las acciones formativas realizadas en los siguientes casos:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) Los diplomas o certificados acreditativos de los cursos realizados en aquellas actividades formativas para las cuales las entidades no hayan obtenido la correspondiente homologación.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) Cuando, al tiempo de realizarse las acciones formativas en cuestión, la entidad se hallase suspendida.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>c) Cuando, antes o durante el tiempo de realizarse los cursos en cuestión, se hubiera producido la retirada total de la homologación, o se hubiera producido la retirada parcial de la homologación en la parte en que se refiera a tales acciones formativas.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 5. Prescripción de las infracciones.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Las infracciones leves prescribirán al año; las graves a los tres años; y las muy graves a los cinco, contados desde la fecha en la que la Fundación Laboral de la Construcción tuviera conocimiento de su comisión.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 6. Proporcionalidad.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Para la modulación de las sanciones se atenderá a la existencia de intencionalidad o reiteración, a la naturaleza de los perjuicios causados, a la reincidencia por comisión en el término de un año de otra infracción de la misma naturaleza, cuando así se haya declarado por resolución firme, y al beneficio obtenido con su realización.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 7. Cláusula de protección de datos de carácter personal.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En los formularios de alta o solicitudes de inscripción a los cursos se incluirá el siguiente texto:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>«A los efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), el abajo firmante autoriza el tratamiento de sus datos personales incorporados en la solicitud y en otros documentos normalizados relativos al curso, incluyendo su incorporación en un fichero automatizado del que es responsable la Fundación Laboral de la Construcción, con el objeto de realizar la gestión administrativa relativa al seguimiento y verificación del cumplimiento de las condiciones establecidas para el desarrollo de la actividad formativa, según lo previsto en el vigente Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El abajo firmante podrá ejercitar gratuitamente los derechos de acceso e información, rectificación, cancelación y oposición de los datos en los términos especificados en la mencionada Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, conforme al procedimiento legalmente establecido. Estos derechos podrán ser ejercitados dirigiendo comunicación por escrito, debidamente firmada, acompañada de fotocopia del DNI/NIE, a la Fundación Laboral de la Construcción, calle Rivas, n.º 25, 28052 Madrid.»</p>
</texto>
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Tue Sep 26 07:36:49 +0000 2017
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Visto el texto del Convenio colectivo general del sector de la construcción (Código convenio: 99005585011900) que fue suscrito con fecha 25 de julio de 2017, de una parte por la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) en representación de las empresas del sector, y de otra por los sindicatos CC.OO. de Construcción y Servicios y UGT-FICA en representación de los trabajadores del sector, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 apartados 2 y 3 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, y en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, esta Dirección General de Empleo resuelve:
Primero.
Ordenar la inscripción del citado Convenio colectivo en el correspondiente Registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo con funcionamiento a través de medios electrónicos de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.
Segundo.
Disponer su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Madrid, 21 de septiembre de 2017.–El Director General de Empleo, Xavier Jean Braulio Thibault Aranda.
ACTA DE LA 3.ª REUNIÓN DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA DEL VI CONVENIO GENERAL DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN
En representación sindical,
CC.OO. de Construcción y Servicios: D. Josep Albors Ferrandis, D. Daniel Barragán Burgui, D. Juan Luis España Marquinez, D.ª Pilar Expósito Cortes, D. Miguel Rosa Fernández, D. David Ruiz Mateos, D. Vicente Sánchez Jiménez y D.ª Paloma Vázquez Laserna.
UGT-FICA: D.ª Juana Arenas Gómez, D. Joaquín Barrera Vázquez, D. Juan Carlos Barrero Mancha, D. Juan José Escrig Gil, D. Mariano Hoya Callosa, D. Constantino Mostaza Saavedra, D. Santiago Ramírez Álvarez y D. Álvaro Recio Martín.
En representación empresarial,
CNC: D. José Blanco Grande, D. Ignacio Cano Torollo, D. Daniel Cuervo Iglesias, D. Juan Manuel Cruz Palacios, D. Pedro García Díaz, D.ª Mercedes Girón Torrano, D. Agustín González Hermosilla, D. Pedro C. Fernández Alén, D. Luis de Francisco Fonteriz, D.ª M.ª José Leguina Leguina, D. Ángel Ignacio León Ruiz, D.ª Teresa Manjón Manjón, D.ª Paloma de Miguel Peña, D. Joaquín Pedriza Bermejillo, D. Francisco Ruano Tellaeche y D. Francisco Santos Martín
En Madrid, a veinticinco de julio de dos mil diecisiete, en la sede de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), previamente convocados, se reúnen los relacionados al margen, en la representación que en el mismo consta.
La reunión tiene por objeto la negociación del VI Convenio General del Sector de la Construcción (número de Código 99005585011900), conforme a lo acordado en la pasada reunión de 18 de julio.
Los representantes de CIG y ELA Industria Eraikuntza debidamente convocados no comparecen.
En el transcurso de la misma, después de un amplio debate, se adoptan por unanimidad de ambas partes los siguientes acuerdos:
Primero.
Aprobar el texto del VI Convenio General del Sector de la Construcción que, firmado por los portavoces de CC.OO. de Construcción y Servicios, UGT-FICA y CNC, se deja unido a la presente acta, como anexo inseparable de la misma.
Segundo.
Delegar expresamente en el Secretario de la Comisión Negociadora para que realice la solicitud, a la Dirección General de Empleo, para que se proceda al registro y publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de los textos adjuntos del V Convenio General Sector de la Construcción, así como para que realice cuantos actos y firme cuantos documentos fueren precisos para la efectividad de los presentes acuerdos.
Tercero.
La Comisión Negociadora acuerda que cada una de las organizaciones firmantes del Convenio delegue en uno de sus representantes para la firma del texto aprobado.
Y sin más asuntos que tratar, previa redacción, lectura y aprobación de la presente acta, firman la misma las personas designadas a tal efecto como representantes de cada una de las organizaciones presentes, en el lugar y fecha al principio citados.
VI CONVENIO GENERAL DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN
Preámbulo
Las partes firmantes del VI Convenio General del Sector de la Construcción (CGSC) desean manifestar que la experiencia acumulada de los anteriores textos convencionales del sector demuestra que la regulación homogénea de determinadas materias para todo el territorio nacional y el establecimiento de un único marco normativo, han tenido efectos beneficiosos y estimulantes para el adecuado desarrollo de las relaciones laborales en el sector de la construcción, caracterizado por una elevada movilidad geográfica y una mayoritaria regulación de las condiciones laborales a través de los convenios colectivos de carácter provincial.
Por ello las partes signatarias del VI Convenio General del Sector de la Construcción, haciendo uso de sus derechos fundamentales de asociación y libertad sindical, desean manifestar igualmente su compromiso para que, durante su vigencia, la totalidad de sus contenidos produzcan consecuencias jurídicas para sus representados, federados y confederados, obligándose a tal fin respecto de ellas mismas y de cuantas organizaciones integran y representan, a no promover ni concluir convenios colectivos provinciales o de comunidad autónoma o de ámbito sectorial inferior que contengan o regulen materias reservadas por aquel al ámbito general estatal o que, de alguna manera, se opongan al mismo o contradigan sus prescripciones.
Para la determinación del incremento salarial las partes han tomado en consideración, por un lado, tanto la situación actual del sector como las perspectivas positivas que presenta a medio plazo.
A tal efecto para los Agentes Sociales del Sector el reciente nuevo Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras va a suponer el inicio de la recuperación tras prácticamente una década de atonía inversora.
El impulso de la edificación y la rehabilitación junto con las necesidades de inversión, entre otras, en infraestructuras relativas al ciclo integral del agua, medio ambiente y ferrocarril deben constituir elementos fundamentales para el impulso del sector y del empleo.
Por otro lado, además, los firmantes del Convenio han puesto en valor la mejora de la productividad en el sector como otro elemento fundamental y determinante.
En este sentido cabe mencionar como aspectos básicos que han contribuido a incrementar la productividad los siguientes: el crecimiento gradual y sostenido que desde mediados del pasado año viene produciéndose en el volumen de empleo en el sector, la reducción del absentismo como consecuencia, entre otras causas, de la formación recibida por los trabajadores en prevención de riesgos laborales (actualmente más de 700.000 disponen de la Tarjeta Profesional de la Construcción, TPC), la mejora de la cualificación y de las competencias necesarias de los empleados en el sector a la que han contribuido los itinerarios formativos para oficios diseñados e impartidos por la Fundación Laboral de la Construcción (FLC). Finalmente debe de destacarse la incorporación de nuevos sistemas de trabajo junto con la potenciación del uso de nuevas tecnología aplicadas al sector, entre otras el «Entorno BIM», novedosa metodología de trabajo colaborativa basada en el empleo de un modelo 3D inteligente.
Debe destacarse como otro elemento novedoso del VI Convenio determinadas actuaciones motivadas por las especiales características que concurren en la actividad de «Conservación y Mantenimiento de Infraestructuras», el cual requiere la prestación continuada del servicio de manera interrumpida los 365 días del año a los efectos de garantizar el control, vigilancia y viabilidad de las mismas.
Así, con carácter específico y dirigido a cubrir los vacíos que puedan existir, se desarrolla e impulsa la regulación de determinados aspectos tales como disponibilidad, guardia o reten y vialidad invernal.
Con independencia de lo anterior, se crea un plus o complemento salarial que retribuirá las especiales características que concurren en la prestación de servicios en la actividad citada.
Por último y en relación al principio de estabilidad en el empleo o subrogación de personal que opera en dicha actividad, el presente Convenio refuerza tal garantía dado que le otorga prioridad o preferencia aplicativa frente al posible convenio de empresa que, estableciendo condiciones inferiores, pudiese venir rigiendo las relaciones laborales en la nueva empresa adjudicataria.
Por otra parte, las partes firmantes del presente Convenio manifiestan que son conscientes de la necesidad de continuar una política operativa en materia de prevención de riesgos profesionales, de adoptar las medidas necesarias para la eliminación o reducción de los factores de riesgo y de la consiguiente disminución de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales en las empresas, así como del fomento de la información y formación de los trabajadores y de sus representantes.
En otro orden de cosas y de conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 32/2006 de 18 de octubre, Reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción, las partes firmantes consideran que uno de los instrumentos básicos determinante para combatir decisivamente la siniestralidad en el sector y mejorar las condiciones de seguridad y salud es que todos los trabajadores que prestan servicios en las obras tengan la formación necesaria y adecuada a su puesto de trabajo o función en materia de prevención de riesgos laborales, de forma que conozcan los riesgos y las medidas para prevenirlos. Además y teniendo en cuenta la presencia de los trabajadores inmigrantes en el sector, la formación e información dirigida a estos trabajadores será la adecuada y necesaria a sus características, especialmente en el caso de que desconozcan el idioma español.
En consecuencia, y conforme a la habilitación legal establecida en el artículo 10.2 de la citada Ley 32/2006, de 18 de octubre, las partes firmantes consideran necesario que la Fundación Laboral de la Construcción, por mandato de las mismas, continúe desarrollando los planes y acciones formativos necesarios para el desarrollo de la prevención de riesgos laborales en el sector en los términos que se concretan en el correspondiente título.
Además, la necesidad de mejora profesional junto con la evolución de nuestro sector industrial requiere, tanto para los trabajadores como para las empresas, la necesaria mejora y actualización respecto de todas aquellas competencias exigidas tanto para el propio desarrollo, empleabilidad y capacitación profesional de los primeros, como para dotar de la mayor competitividad y productividad de las segundas.
En este sentido los Agentes Sociales del Sector constatan la necesidad de que las actividades formativas impulsadas, desarrolladas e impartidas por la FLC se dirijan especialmente a todas aquellas acciones, cursos o programas que impulsen, desarrollen, adapten y completen las cualificaciones profesionales de los trabajadores del sector.
Por otro lado, en desarrollo de lo establecido en el artículo 10.3 de la citada Ley 32/2006 y como forma de acreditar la formación específica recibida por los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales, se continúa con el fomento de la implantación en todo el territorio nacional de una cartilla o carné profesional que será único y tendrá validez en el conjunto del sector; como forma de acreditar la formación de los trabajadores; la denominada TPC.
El diseño, ejecución y expedición de dicha Tarjeta se encuentra encomendada a la FLC, desarrollando igualmente las tareas de inscripción de los cursos que imparta así como la convalidación, acreditación y registro de los cursos impartidos por las empresas que, por su contenido y horas de formación, se ajusten a los programas formativos establecidos por el presente Convenio.
Asimismo en el presente Convenio se refleja la situación actual de la sociedad respecto de la igualdad entre hombres y mujeres, y dada la importancia que la misma está adquiriendo en la organización de las relaciones laborales, dentro del marco de la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres, se incluyen varias medidas tendentes a hacer efectiva esta igualdad.
LIBRO PRIMERO
Aspectos generales del Convenio General del Sector de la Construcción
TÍTULO PRELIMINAR
Disposiciones generales
CAPÍTULO I
Naturaleza jurídica, ámbitos y garantías
Artículo 1. Partes signatarias.
1. Son partes firmantes del presente Convenio General, de una parte, CC.OO. de Construcción y Servicios y la Federación de Industria, Construcción y Agro de la Unión General de Trabajadores (UGT-FICA), como representación sindical y, de otra parte, la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), en representación empresarial.
2. Las partes signatarias se reconocen mutuamente legitimación para negociar el presente Convenio.
Artículo 2. Naturaleza jurídica.
1. El Convenio General del Sector de la Construcción ha sido negociado al amparo del Título III del Estatuto de los Trabajadores (E.T.) y, en particular, de conformidad con los artículos 83 y 84 de dicho texto legal. Sus disposiciones tienen naturaleza normativa y eficacia general, por lo que obligan a todas las asociaciones y entidades comprendidas dentro de sus ámbitos funcional, personal y territorial.
2. El presente Convenio queda abierto a la adhesión de otras organizaciones sindicales y empresariales representativas en distintos ámbitos a los pactados, previo acuerdo de las partes signatarias.
Artículo 3. Ámbito funcional.
1. El presente Convenio General será de obligado cumplimiento en todas las actividades propias del sector de la construcción, que son las siguientes:
a) Las dedicadas a la construcción y obras públicas.
b) La conservación y mantenimiento de infraestructuras.
c) Canteras, areneras, graveras y la explotación de tierras industriales.
d) Embarcaciones, artefactos flotantes y ferrocarriles auxiliares de obras y puertos.
e) El comercio de la construcción mayoritario y exclusivista.
2. Las actividades que integran el campo de aplicación de este Convenio General se relacionan y detallan, a título enunciativo y no exhaustivo, en el Anexo I del mismo.
3. Asimismo, quedan integradas en el campo de aplicación de este Convenio General, las empresas y los centros de trabajo que, sin estar incluidas expresamente en el Anexo I, tengan como actividad principal las propias del sector de la construcción, de acuerdo con el principio de unidad de empresa.
4. Teniendo en cuenta la concurrencia de empresas en un mismo centro de trabajo, la complicación de la gestión de la prevención en estos y lo dispuesto en la Ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción, también estarán sometidas a lo dispuesto en el Libro II en relación con las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables en las obras de construcción y en canteras areneras, graveras y la explotación de tierras industriales, todas aquellas empresas que ejecuten trabajos en los centros de trabajo considerados como obras.
Artículo 4. Ámbito personal.
1. La normativa de este Convenio será de obligada y general observancia para todas las empresas, entidades y trabajadores de las actividades enumeradas en el artículo anterior.
2. Se excluye del ámbito del presente Convenio el personal directivo de las empresas sometidas al mismo y que se corresponden con el Nivel I conforme lo dispuesto en la Disposición Transitoria Primera de este Convenio. Este personal es de libre designación por la empresa. Su relación laboral se regirá por su contrato de trabajo y, en su caso, por la normativa especial que le resulte de aplicación.
Si un cargo directivo no ha sido contratado como tal, sino que accede a dicho cargo por promoción interna en la empresa, solamente estará excluido de la aplicación de este Convenio mientras desempeñe dicho cargo y para las condiciones que deriven exclusivamente del mismo.
Artículo 5. Ámbito territorial.
Este Convenio General será de aplicación en todo el territorio del estado español. Asimismo, será de aplicación a los trabajadores contratados en España al servicio de empresas españolas del sector de la construcción en el extranjero, quienes tendrán, al menos, los derechos económicos que les corresponderían de trabajar en territorio español.
Artículo 6. Ámbito material.
El Convenio General del Sector de la Construcción establece el marco normativo de las relaciones de trabajo en el sector, regulando sus condiciones generales, con la doble finalidad de homogeneizarlas y otorgarles carácter de permanencia y estabilidad.
Su contenido se refiere a la regulación de las condiciones generales de trabajo a aplicar en todo su ámbito y con la vigencia que en el propio Convenio se determina, a la vez que comprende y desarrolla las materias reservadas a la negociación de ámbito general previstas en el artículo 12 del presente Convenio.
Artículo 7. Ámbito temporal.
1. El presente Convenio extenderá su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2017. Su entrada en vigor se producirá el 1 de enero de 2017, surtiendo plenos efectos desde esa fecha.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, tendrán la vigencia de 5 años, y por tanto extenderán su vigencia hasta el 31 de diciembre del año 2021, lo regulado en el presente Convenio referente a:
– Estructura de la negociación colectiva del sector: Libro I, Título Preliminar, Capítulo II, artículo 11.
– Articulación de la negociación colectiva: Libro I, Título Preliminar, Capítulo II, artículo 12.
– Concurrencia de convenios: Libro I, Título Preliminar, Capítulo II, artículo 13.
– Inaplicación de condiciones de trabajo: Libro I, Título Preliminar, Capítulo III, artículos 14 al 17.
– Contrato fijo de obra: Libro I, Título I, Capítulo II, artículo 24.
– Subrogación de personal en contratas de mantenimiento de carreteras o vías férreas, redes de agua, concesiones municipales para el mantenimiento y conservación de aceras, pavimentos, vías públicas y alcantarillado: Libro I, Título I, Capítulo II, artículo 27.
– Plus de conservación en contratas de mantenimiento de carreteras Disposición adicional quinta, punto 1 y en todo caso durante la vigencia de la contrata que corresponda.
– Comisión Paritaria: Libro I, Título III, Capítulo I, artículo 107.
– Funciones y procedimientos de la Comisión Paritaria: Libro I, Título III, Capítulo I, artículo 108.
– Igualdad de oportunidades y no discriminación: Libro I, Título IV, artículo 114.
3. Una vez finalizada las distintas vigencias de los anteriores números 1 y 2 de acuerdo con la cobertura otorgada por el artículo 86.3 del Estatuto de los Trabajadores y a fin de evitar el vacío normativo que en otro caso se produciría una vez terminada la vigencia inicial del presente convenio o la de cualquiera de sus prórrogas, este continuará rigiendo hasta que sea sustituido por otro tanto en su contenido normativo como en el obligacional.
4. Durante su vigencia y de acuerdo a la facultad concedida por el artículo 86.1, párrafo segundo del E.T., las partes firmantes adquieren el compromiso de, con independencia de los ámbitos temporales fijados en el anterior punto 2 de este artículo, revisar el presente Convenio en los supuestos tanto de modificaciones operadas por la legislación como en el caso de remisiones a la capacidad que pueda otorgarse a la negociación colectiva para poder adaptar a sus necesidades determinados aspectos en materia laboral. A título meramente enunciativo, y entre otras materias, las que junto con la «jubilación» se enumeran en el apartado 2 del presente artículo.
Artículo 8. Procedimiento de denuncia para la revisión del Convenio.
1. Cualquiera de las dos partes firmantes del presente Convenio podrá solicitar por escrito a la otra la revisión del mismo con un mínimo de tres meses de antelación al vencimiento del plazo inicial de las vigencias señaladas en el artículo anterior o de cualquiera de sus prórrogas.
2. La parte que formule la denuncia deberá acompañar propuesta concreta sobre los puntos y contenido que comprenda la revisión solicitada. De esta comunicación y de la propuesta se enviará copia, a efectos de registro, a la Dirección General de Empleo.
3. La negociación del nuevo Convenio, una vez denunciado el anterior, deberá comenzar en el plazo máximo de un mes a partir de la recepción de la comunicación de la denuncia, constituyéndose en ese plazo la Comisión Negociadora.
4. El plazo máximo para la negociación del nuevo Convenio, en su caso, será de ocho meses a partir del momento de expirar la vigencia del Convenio anterior, salvo para las materias contempladas en el artículo 7.2. del presente Convenio para los que el plazo será de 14 meses.
5. Para solventar de manera efectiva las discrepancias existentes tras el trascurso de los plazos máximos de negociación establecidos en el apartado anterior sin alcanzarse un acuerdo, las partes se adhieren y someten a los procedimientos no judiciales de solución de conflictos establecidos o que puedan establecerse mediante acuerdos interprofesionales de ámbito estatal.
Artículo 9. Vinculación a la totalidad.
1. Las condiciones pactadas en el presente Convenio, cualquiera que sea su naturaleza y contenido, forman un todo orgánico e indivisible y, a efectos de su aplicación práctica, serán consideradas globalmente, asumiendo las partes su cumplimiento con vinculación a la totalidad del mismo.
2. En el supuesto de que la autoridad o jurisdicción competente, en uso de las facultades que le son propias, no aprobara o resolviera dejar sin efecto alguna de las cláusulas de este Convenio, este deberá ser revisado y reconsiderarse en su integridad. A estos efectos, las partes signatarias de este Convenio se comprometen a reunirse dentro de los diez días hábiles siguientes al de la firmeza de la resolución correspondiente con el objeto de resolver el problema planteado. Si en el plazo de cuarenta y cinco días hábiles a partir de la fecha de la firmeza de la resolución en cuestión las partes signatarias no alcanzasen un acuerdo, se comprometen a fijar el calendario de reuniones para la negociación del Convenio en su totalidad.
Artículo 10. Condiciones más beneficiosas.
Se respetarán las condiciones más beneficiosas que los trabajadores tengan reconocidas a título personal por las empresas al entrar en vigor este Convenio o cualquier otro de ámbito inferior, siempre y cuando fuesen más favorables, consideradas en su conjunto y en cómputo anual, respecto a los conceptos cuantificables.
CAPÍTULO II
Estructura de la negociación colectiva
Artículo 11. Estructura de la negociación colectiva del sector.
En virtud del presente Convenio y de conformidad con los artículos 83.2 y 84.2 del E.T., la estructura de la negociación colectiva en el sector de la construcción se articula en los siguientes niveles sustantivos de convenio:
a) Convenio General del Sector de la Construcción: establece la estructura de la negociación colectiva en el sector y su contenido regula las condiciones generales de trabajo a aplicar en todo el ámbito sectorial y con la vigencia que en el propio Convenio se establece buscando una homogeneización de las condiciones laborales de los trabajadores, facilitando su movilidad y protegiendo la unidad de mercado.
b) Acuerdos Sectoriales: los acuerdos sectoriales de carácter estatal que se negocien con posterioridad a la entrada en vigor de este Convenio General se integrarán automáticamente como capítulos orgánicamente constitutivos del mismo, previa intervención de la Comisión Paritaria del Sector. Estos acuerdos podrán tener por objeto, entre otras materias, las siguientes:
– La aplicación concreta en el sector de acuerdos interconfederales.
– Cualesquiera otras materias que las partes acuerden.
Las materias reguladas en los Acuerdos Sectoriales tendrán la misma prioridad aplicativa que corresponda de acuerdo con los criterios determinados en el artículo 13 del presente Convenio.
c) Convenios Colectivos Provinciales o, en su caso, de Comunidad Autónoma y de ámbito inferior: serán de renovación periódica y tienen por objeto desarrollar las materias propias de su respectivo ámbito de negociación así como aplicar en él los contenidos del presente Convenio y, en su caso, de los acuerdos de ámbito sectorial nacional que se puedan producir durante la vigencia del Convenio General.
Artículo 12. Articulación de la negociación colectiva.
1. En desarrollo de los artículos 83 y 84 del E.T. así como en cumplimiento de lo previsto en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción, se establecen los criterios en base a los que queda fijada la articulación de la negociación colectiva en el sector:
a) Las materias contenidas en el presente Convenio tendrán prioridad aplicativa sobre cualesquiera otras disposiciones, salvo en aquellas en las que exista remisión a otros ámbitos de negociación. En estos supuestos habrá que estar al carácter, contenidos y alcance con que esté contemplada la remisión.
b) En aquellas materias en que así se establece expresamente, el presente Convenio tendrá carácter de norma exclusiva, en atención a su singular naturaleza. A estos efectos se enumeran a continuación las materias que no podrán ser negociadas en ámbitos inferiores, quedando como aspectos reservados de forma exclusiva a la negociación de ámbito estatal la totalidad de artículos comprendidos en el correspondiente Libro, Título y Capítulo siguientes:
– Inaplicación de condiciones de trabajo: Libro I, Título Preliminar, Capítulo III, artículos 14 al 17.
– Condiciones generales de prestación de trabajo: Libro I, Título I, Capítulos I al XII, artículos 18 al 103.
– Contratación: Libro I, Título I, Capítulo II, artículos 22 al 25.
– Subcontratación: Libro I, Título I, Capítulo II, artículo 26.
– Subrogación: Libro I, Título I, Capítulo II, artículo 27 y la disposición adicional quinta.
– Clasificación profesional, grupos y áreas funcionales: Libro I, Título I, Capítulo III, artículo 28.
– Productividad y/o tablas de rendimientos de alcance nacional: Libro I, Título I, Capítulo V, artículos 37 al 45.
– Conceptos, estructura y cuantía de las percepciones económicas e incrementos, tanto las salariales como las no salariales, salvo las percepciones no cuantificadas numérica o porcentualmente en el presente Convenio: Libro I, Título I, Capítulo VII, artículos 47 al 66.
– Modificaciones de las condiciones de trabajo: Libro I, Título I, Capítulo VII y VIII, artículos 47 al 73.
– Régimen de indemnizaciones: Libro I, Título I, Capítulo VII, artículo 65.
– Jornada anual y descansos: Libro I, Título I, Capítulo VIII, artículos 67 a 71.
– Vacaciones anuales, licencias y permisos: Libro I, Título I, Capítulo VIII, artículos 72 y 73.
– Movilidad geográfica y funcional: Libro I, Título I, Capítulo IX y X, artículos 74 al 88.
– Suspensión, extinción de la relación laboral: Libro I, Título I, Capítulo XI, artículos 89 al 95.
– Jubilación: Libro I, Título I, Capítulo XI, artículo 96.
– Condiciones básicas del régimen disciplinario: Libro I, Título I, Capítulo XII, artículos 97 al 103.
– Cuota a la Fundación Laboral de la Construcción: Libro I, Título V, artículo 115.
– Órganos de representación de los trabajadores en la empresa: Libro I, Título II, artículos 104 al 106.
– Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo: Libro II, Títulos IV, Capítulos I al VII y Título V, artículos 161 al 230.
– Información y formación en seguridad y salud: Libro II, Título III, Capítulos I al IV, artículos 135 al 147.
– Acreditación de la formación y Tarjeta Profesional de la Construcción: Libro II, Título III, Capítulo IV, Secciones I a IV, artículos 148 al 160.
– Órgano Paritario para la Prevención en la Construcción: Libro II, Título I, Capítulos I al V, artículos 117 al 133.
2. Las representaciones sindicales y empresariales firmantes expresan su voluntad de que este Convenio General constituya referencia eficaz para establecer las relaciones laborales en todo el sector de la construcción. A tal fin establecen que los ámbitos inferiores al estatal se deberán remitir a este Convenio General en todas las materias aquí reguladas, así como en calidad de derecho supletorio en el caso de que se alcancen convenios o acuerdos de ámbito inferior, conformes a los términos y requisitos del artículo 84.2 del E.T.. Y todo ello dado el carácter de norma prevalente dotada de prioridad aplicativa absoluta que las partes le confieren al presente Convenio.
3. De acuerdo con el artículo 84.3 del E.T. las partes firmantes establecen que en el ámbito de una Comunidad Autónoma no podrán negociar acuerdos o convenios que afecten a lo dispuesto en el presente Convenio de ámbito estatal.
4. En lo que respecta a la negociación colectiva de ámbito provincial o, en su caso, autonómico son materias específicas de esta concertación colectiva las siguientes:
a. El contenido obligacional de los convenios.
b. La concreción cuantitativa de las percepciones económicas no cuantificadas numérica o porcentualmente en el presente Convenio.
c. La distribución de la jornada anual de trabajo efectivo y su regulación en cuanto a horarios y calendarios.
d. Periodo de prueba.
e. Desarrollo del régimen disciplinario.
f. Concreción de todas aquellas medidas de flexibilidad en la empresa, tanto funcional como geográfica, no establecidas expresamente en el presente Convenio.
g. Aplicar en su respectivo ámbito los contenidos de los acuerdos de ámbito sectorial nacional que se puedan producir durante la vigencia del presente Convenio.
h. Cualesquiera otras materias no reguladas por los convenios de ámbito superior.
i. Cualesquiera otras materias remitidas por los convenios de ámbito superior a los de ámbito inferior.
5. Los Convenios de ámbito provincial o, en su caso, autonómicos serán prevalentes y por lo tanto gozarán de prioridad aplicativa sobre los convenios de ámbito inferior, y ello respecto de las materias específicamente citadas anteriormente, y de las acordadas en su ámbito.
6. Todo lo señalado en los apartados anteriores se establece sin perjuicio de lo establecido en el artículo 84.1 y 2 del ET.
Artículo 13. Reglas de concurrencia.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 83 y 84 del E.T., los supuestos de concurrencia entre los convenios de distinto ámbito se resolverán aplicando las siguientes reglas o principios:
a) Principio de jerarquía: será unidad preferente de negociación la de ámbito estatal, por lo que toda concurrencia conflictiva entre esta y la de ámbitos inferiores se resolverá con sujeción al contenido material acordado en el presente Convenio General, sin perjuicio del respeto a las normas de derecho necesario establecidas en la legislación vigente en cada momento, y específicamente en lo establecido en el artículo 84.2 del ET. En cualquier caso y sobre la base de lo establecido en el artículo 84.4 del ET, resulta preferente para el Sector de la Construcción lo negociado en el ámbito estatal en el presente Convenio.
b) Principio de seguridad: los convenios de ámbito provincial que estén en vigor cuando inicie su eficacia el presente Convenio General mantendrán su vigencia en todo su contenido hasta la conclusión de su ámbito temporal, debiendo acogerse, en la siguiente negociación, a lo contenido en el Convenio General, sin perjuicio de que por acuerdo de las partes decidieran acogerse con anterioridad a las nuevas condiciones definidas en este Convenio.
c) Principios de complementariedad y subsidiariedad: el Convenio General del Sector complementa los contenidos de los convenios de ámbito inferior, siendo además derecho supletorio en todo lo no previsto expresamente en los mismos.
d) Principio de territorialidad: será de aplicación el convenio provincial o, en su caso, autonómico, vigente en el lugar de prestación efectiva de los servicios.
CAPÍTULO III
Inaplicación de condiciones de trabajo
Artículo 14. Concepto.
1. Con el objeto de establecer el marco que posibilite un mayor grado de estabilidad respecto del empleo en el sector, se considera preciso establecer mecanismos que conduzcan a la aplicación de aquellas medidas que, con carácter preventivo y coyuntural, se dirijan a favorecer aquel y ello mediante la suspensión, siempre con carácter temporal, de la aplicación efectiva del Convenio sobre determinadas condiciones de trabajo.
Dichas medidas tendrán por objeto la inaplicación temporal y efectiva del Convenio, todo ello dentro del marco legal y convencional establecido.
2. Este procedimiento de inaplicación de condiciones de trabajo se entiende sin perjuicio de lo establecido en el artículo 82.3 del ET.
Artículo 15. Materias afectadas.
A tal efecto la inaplicación o suspensión temporal podrá afectar a las siguientes materias establecidas en el convenio colectivo de ámbito superior a la empresa que resulte aplicable y todo ello sin perjuicio de lo establecido en el artículo 41 del E.T.:
a) Jornada de trabajo.
b) Horario y distribución del tiempo de trabajo.
c) Régimen de trabajo a turnos.
d) Sistema de remuneración y cuantía salarial.
e) Sistema de trabajo y rendimiento.
f) Funciones, cuando excedan de los límites que para la movilidad funcional prevé el artículo 39 del ET.
g) Mejoras voluntarias de la acción protectora de la Seguridad Social.
Artículo 16. Causas.
Con independencia de lo establecido en el artículo 82 del ET, se podrá proceder a la inaplicación, en los términos regulados en el presente artículo, cuando la empresa alternativamente tenga o una disminución persistente de su nivel de ingresos o su situación y perspectivas económicas puedan verse afectadas negativamente afectando a las posibilidades de mantenimiento del empleo; estas causas se entenderán que concurren, entre otros supuestos, cuando el «resultado de explotación por empleado» (es decir dicho resultado dividido entre el número promedio de empleados equivalentes a jornada completa del correspondiente periodo) o de «ventas» a nivel nacional de la empresa en el último ejercicio o en los doce últimos meses sea inferior en un 12 por ciento al promedio del resultado de explotación por empleado o ventas en el respectivo ejercicio anterior o en los doce meses precedentes a los últimos tomados, considerándose por tanto que existe una causa objetiva para la inaplicación.
A efectos indemnizatorios, en los casos de extinciones derivadas del artículo 50 del E.T. o de despidos reconocidos o declarados improcedentes por causas ajenas a la voluntad del trabajador durante la inaplicación del Convenio se tomará como base del salario el que se debería percibir en el caso de que no se inaplicarse el Convenio.
Artículo 17. Procedimiento.
1. Las empresas en las que concurran algunas de las causas de inaplicación previstas en el artículo anterior comunicarán a los representantes de los trabajadores su deseo de acogerse a la misma.
En los supuestos de ausencia de representantes de los trabajadores en la empresa, se entenderá atribuida a los sindicatos más representativos del sector que estuvieran legitimados para formar parte de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de aplicación a la misma, salvo que los trabajadores atribuyan su representación a una comisión designada conforme a lo dispuesto en el artículo 41.4 del E.T.
En ambos casos se comunicará el inicio del procedimiento a la Comisión Paritaria del convenio provincial, o en su caso autonómico, o estatal.
2. El procedimiento se iniciará a partir de la comunicación de la empresa, abriéndose un período de consultas con la representación de los trabajadores o comisión designada o las secciones sindicales cuando estas así lo acuerden, siempre que sumen la mayoría de los miembros del Comité de Empresa o entre los delegados de personal.
Dicho período, que tendrá una duración no superior a 15 días, versará sobre las causas motivadoras de la decisión empresarial, debiendo facilitar la empresa junto con la comunicación citada en el párrafo anterior, la documentación que avale y justifique su solicitud; entre otra posible y a meros efectos enunciativos se señala la siguiente: Memoria explicativa, Cuentas auditadas y/o presentadas en el Registro Mercantil, Balance de situación y cuenta de resultados y Avance de cuentas anuales previstas, o en defecto de la anterior la documentación de carácter similar que se adecúe a las concretas circunstancias de la empresa.
Si la inaplicación se fundamenta en el indicado porcentaje de descenso sobre el «Resultado de explotación» o de «ventas» se deberá aportar la documentación de la cual se desprenda la situación de la empresa y que deberá estar necesariamente auditada o, en su caso, inscrita en el Registro Mercantil.
3. Cuando el período de consultas finalice con acuerdo, se presumirá que concurre alguna de las posibles causas identificadas como de inaplicación en el artículo anterior y solo podrá ser impugnado ante la jurisdicción competente por la existencia de fraude, dolo, coacción o abuso de derecho en su conclusión.
El acuerdo deberá ser notificado a la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo afectado, quien a su vez remitirá copia del mismo a la Comisión Paritaria Estatal.
El acuerdo de inaplicación deberá determinar con exactitud, según sean las materias afectadas de acuerdo a lo establecido en el artículo 15, tanto la retribución a percibir por los trabajadores como, en su caso, la concreción de las restantes y posibles materias inaplicadas.
En ningún caso dicha inaplicación podrá prolongarse más allá del momento que resulte aplicable un nuevo convenio en dicha empresa.
El acuerdo de inaplicación no podrá suponer el incumplimiento de las obligaciones establecidas en convenio relativas a la eliminación de las discriminaciones retributivas por razones de género así como las establecidas en materia de «jornada» y «horario y distribución de tiempo de trabajo» en la Ley para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres.
4. En caso de desacuerdo y una vez finalizado el período de consultas, las partes remitirán a la Comisión Paritaria del Convenio afectado la documentación aportada junto con el Acta recogida en el Anexo VIII acompañada de las alegaciones que, respectivamente, hayan podido realizar.
La Comisión, una vez examinado los documentos aportados, deberá pronunciarse sobre si en la empresa solicitante concurren o no alguna/s de las causas de inaplicación previstas en el artículo anterior.
Si la Comisión Paritaria lo considera necesario, recabará la documentación complementaria que estime oportuna así como los asesoramientos técnicos pertinentes.
Cuando el convenio afectado sea bien provincial o afecte a una comunidad autónoma uniprovincial será competente para conocer la solicitud de inaplicación la Comisión Paritaria Provincial.
Cuando los convenios afectados correspondan a dos o más provincias o a una comunidad autónoma, la competencia la ostentará la Comisión Paritaria del Convenio Estatal, o en su caso autonómico, a la que se le remitirá, junto con el Acta del Anexo VIII, toda la documentación aportada por la empresa acompañada de las alegaciones que hayan podido efectuarse.
Esta Comisión será igualmente competente para el caso de que los convenios afectados sean supraautonómicos.
Dado que la inaplicación de condiciones de trabajo es materia reservada al ámbito estatal, la Comisión Paritaria Estatal, cuando así lo considere necesario y previa audiencia de las partes, podrá intervenir en la tramitación y/o resolución final que pueda adoptarse sobre las solicitudes planteadas ante las Comisiones Provinciales o, en su caso, de ámbito superior.
Tanto la Comisión Paritaria del Convenio Provincial, o en su caso Autonómico, como la Estatal dispondrán de un plazo máximo de 7 días para resolver la inaplicación solicitada, debiendo adoptarse los acuerdos por unanimidad.
En su caso, la Comisión deberá determinar con exactitud las materias afectadas por la inaplicación. A tal efecto deberá tener en cuenta el plazo máximo de inaplicación establecido así como la imposibilidad de incumplir las obligaciones anteriormente citadas y relativas a la discriminación retributiva y a la que pudiese afectar a la jornada, horario y distribución del tiempo de trabajo y referida a la Ley para la Igualdad.
5. En el supuesto de que la Comisión Paritaria competente no alcance acuerdo, y dando cumplimiento al mandato recibido por las partes contenido en el Anexo VIII del presente Convenio, las discrepancias se someterán a un arbitraje vinculante en cuyo caso el laudo arbitral tendrá la misma eficacia que los acuerdos en período de consultas y solo será recurrible conforme al procedimiento y en su caso a los motivos establecidos en el artículo 91 del E.T.
Tal y como señala el Anexo VIII del presente Convenio y a los efectos del sometimiento a arbitraje, será la propia Comisión Paritaria competente la que en el plazo de los cinco días siguientes a la finalización del plazo para resolver remitirá las actuaciones y documentación al correspondiente Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) u otro organismo equivalente al que se hayan adherido en el ámbito correspondiente.
Si la Comisión Paritaria competente fue la provincial las actuaciones las remitirá al SIMA de la provincia correspondiente.
Cuando la competencia haya estado atribuida a la Comisión Paritaria Estatal, las actuaciones se remitirán por esta al SIMA Estatal.
De acuerdo con lo anterior el arbitraje se someterá y dictará con la intervención, formalidades y procedimiento establecidos en el vigente Acuerdo sobre Solución Extrajudicial de Conflictos y asumido por el vigente Convenio Sectorial Estatal en el artículo 116.
Para el caso de que en el futuro y durante la vigencia del presente Capítulo referente a «Inaplicación de Condiciones de Trabajo», se estableciesen, mediante Acuerdos Interprofesionales que afecten al presente Convenio, nuevos procedimientos de aplicación general y directa para solventar las discrepancias, incluido el arbitraje vinculante, surgidos en la negociación de los acuerdos establecidos en los artículos 41.6 y 82.3 del E.T., las partes firmantes del presente Convenio Estatal se adaptarán, en su caso, a los procedimientos que se establezcan en los citados Acuerdos Interprofesionales.
TÍTULO I
Condiciones de prestación del trabajo
CAPÍTULO I
Condiciones generales de ingreso
Artículo 18. Ingreso en el trabajo.
1. La admisión del personal se efectuará de acuerdo con las disposiciones generales vigentes sobre colocación, así como las disposiciones especiales según el tipo de trabajo o circunstancias del trabajador.
2. Las empresas están obligadas a comunicar a los servicios públicos de empleo, en el plazo de los diez días siguientes a su concertación, el contenido de los contratos de trabajo que celebren o las prórrogas de los mismos, deban o no formalizarse por escrito, en los términos previstos en el Real Decreto 1424/2002, de 27 de diciembre, por el que se regula el contenido de los Contratos de trabajo y de sus copias básicas a los servicios públicos de empleo, y el uso de medios telemáticos en relación con aquellos.
3. Asimismo la empresa deberá enviar o remitir a los citados servicios la copia básica de los contratos de trabajo, previamente entregada a la representación de los trabajadores, si la hubiere. En todo caso se le entregará una copia completa del contrato al trabajador contratado.
4. Se prohíbe emplear a trabajadores menores de 18 años para la ejecución de trabajos en las obras, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 25.4 referente al contrato para la formación.
5. La acreditación de la categoría profesional por la Tarjeta Profesional de la Construcción no obliga a la empresa a la contratación del trabajador con esa categoría.
Artículo 19. Pruebas de aptitud.
1. Las empresas, previamente al ingreso, podrán realizar a los interesados las pruebas de selección, prácticas y psicotécnicas, que consideren necesarias para comprobar si su grado de aptitud y su preparación son adecuados a la categoría profesional y puesto de trabajo que vayan a desempeñar.
2. El trabajador, con independencia de su categoría profesional y antes de su admisión en la empresa, será sometido a un control de salud, según se establece en el artículo siguiente.
3. Una vez considerado apto, el trabajador contratado deberá aportar la documentación necesaria para la formalización del contrato de trabajo.
Artículo 20. Vigilancia y control de salud.
1. Las partes acuerdan una serie de disposiciones acerca de la vigilancia y control de la salud, que son las contenidas en los siguientes apartados, sin perjuicio de cuantas obligaciones y criterios se establecen, en cuanto a la vigilancia de la salud, en el artículo 22 de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
2. La empresa garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al puesto de trabajo, tanto en el momento previo a la admisión como con carácter periódico.
3. Los reconocimientos periódicos posteriores al de admisión serán de libre aceptación para el trabajador, si bien, a requerimiento de la empresa, deberá firmar la no aceptación cuando no desee someterse a dichos reconocimientos. No obstante, previo informe de la representación de los trabajadores, la empresa podrá establecer el carácter obligatorio del reconocimiento en los supuestos en que sea imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores o para verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para el mismo, para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa. En particular, la vigilancia de la salud será obligatoria en todos aquellos trabajos de construcción en que existan riesgos por exposición a amianto, en los términos previstos en el Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.
4. En ningún caso los costes de estos reconocimientos médicos podrán ser a cargo del trabajador y en los periódicos, además, los gastos de desplazamiento originados por los mismos serán a cargo de la respectiva empresa, quién podrá concertar dichos reconocimientos con entidades que cuenten con personal sanitario con competencia técnica, formación y capacidad acreditada.
Artículo 21. Período de prueba.
1. Salvo lo dispuesto en ámbitos inferiores podrá concertarse por escrito un período de prueba que en ningún caso podrá exceder de:
a) Técnicos titulados superiores y medios: seis meses.
b) Empleados:
Niveles III, excepto titulados medios, IV y V: tres meses.
Niveles VI al X: dos meses.
Resto de personal: quince días naturales.
c) Personal Operario:
Encargados y Capataces: un mes.
Resto de personal: quince días naturales.
2. Durante el período de prueba el trabajador tendrá los derechos y obligaciones correspondientes a su categoría profesional y puesto de trabajo que desempeñe como si fuera de plantilla, excepto los derivados de la resolución de la relación laboral que podrá producirse a instancia de cualquiera de las partes durante su transcurso sin necesidad de previo aviso y sin que ninguna de las partes tenga derecho a indemnización alguna, debiéndose comunicar el desistimiento por escrito.
3. Transcurrido el período de prueba sin que se haya producido el desistimiento, el contrato producirá plenos efectos, computándose el tiempo de los servicios prestados a efectos de permanencia en la empresa.
4. Los titulares de la Tarjeta Profesional de la Construcción expedida por la Fundación Laboral de la Construcción con contrato de fijo de obra u otra modalidad de contrato temporal, estarán exentos del período de prueba para los trabajos de su categoría profesional, siempre que conste en su Tarjeta Profesional haber acreditado su cumplimiento en cualquier empresa anterior.
CAPÍTULO II
Contratación
Artículo 22. Contratación.
El ingreso al trabajo –que podrá realizarse de conformidad con cualquiera de las modalidades de contratación reguladas en el E.T., disposiciones complementarias y en el presente Convenio General– será para un puesto de trabajo concreto. Éste viene determinado por las tareas o funciones que desempeñe el trabajador, la categoría profesional que le corresponda dentro de la clasificación vigente y por el centro de trabajo donde se desempeñe la actividad, de manera que cualquier modificación en alguno de los factores anteriores constituye un cambio de puesto de trabajo.
Artículo 23. Contrato fijo de plantilla.
1. El contrato fijo de plantilla es el que conciertan empresario y trabajador para la prestación laboral de este en la empresa por tiempo indefinido. Ésta será la modalidad normal de contratación a realizar por empresarios y trabajadores en todos los centros de trabajo de carácter permanente.
2. Con el objeto de fomentar la contratación indefinida, se podrá usar esta modalidad contractual en los supuestos previstos en la legislación vigente.
Artículo 24. Contrato fijo de obra.
1. La Disposición Adicional Tercera del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Ley de la Subcontratación en el Sector de la Construcción otorga a la negociación colectiva de ámbito estatal la facultad de adaptar al sector de la construcción el contrato de obra o servicio determinado regulado con carácter general en el artículo 15 del E.T..
De acuerdo con ello la indicada adaptación se realiza mediante el presente contrato que, además de los restantes caracteres que contiene, regula de forma específica el artículo 15.1.a) y 5 y el artículo 49.c) del E.T. para el sector de la construcción.
2. Este contrato se concierta con carácter general para una sola obra, con independencia de su duración, y terminará cuando finalicen los trabajos del oficio y categoría del trabajador en dicha obra. Su formalización se hará siempre por escrito.
Por ello y con independencia de su duración, no será de aplicación lo establecido en el párrafo primero del artículo 15.1 a) del E.T., continuando manteniendo los trabajadores la condición de «fijos de obra», tanto en estos casos como en los supuestos de sucesión empresarial del 44 del E.T. o de subrogación regulado en el artículo 27 del presente Convenio General.
3. Sin embargo, manteniéndose el carácter de único contrato, el personal fijo de obra, sin perder dicha condición de fijo de obra, podrá prestar servicios a una misma empresa en distintos centros de trabajo de una misma provincia siempre que exista acuerdo expreso para cada uno de los distintos centros sucesivos, durante un periodo máximo de 3 años consecutivos, salvo que los trabajos de su especialidad en la última obra se prolonguen más allá de dicho término, suscribiendo a tal efecto el correspondiente documento según el modelo que figura en el Anexo II y devengando los conceptos compensatorios que correspondan por sus desplazamientos.
En este supuesto y con independencia de la duración total de la prestación, tampoco será de aplicación lo establecido tanto en el apartado 1.a) párrafo primero del artículo 15 del E.T. como en el apartado 5, continuando manteniendo los trabajadores, como se ha indicado, la condición de «fijos de obra».
4. Teniendo en cuenta la especial configuración del sector de la construcción y sus necesidades, sobre todo en cuanto a la flexibilidad en la contratación y la estabilidad en el empleo del sector mejorando la seguridad y salud en el trabajo así como la formación de los trabajadores, conforme a lo establecido en la Disposición Adicional Tercera del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores no se producirá sucesión de contratos por la concertación de diversos contratos fijos de obra para diferentes puestos de trabajo en el sector, teniendo en cuenta la definición de puesto de trabajo dada en el artículo 22 del presente Convenio, y por tanto no será de aplicación lo dispuesto en el párrafo 5.º del artículo 15 del E.T..
5. Por lo tanto la contratación, con o sin solución de continuidad, para diferente puesto de trabajo mediante dos o más contratos fijos de obra con la misma empresa o grupo de empresas en el periodo y durante el plazo establecido en el artículo 15.5 del E.T., no comportará la adquisición de la condición establecida en dicho precepto.
A tal efecto nos encontramos ante puestos de trabajo diferentes cuando se produce la modificación en alguno de los factores determinados en el artículo 22 del presente Convenio.
La indicada adquisición de condición tampoco operará en el supuesto de producirse bien la sucesión empresarial establecida en el artículo 44 del E.T. o la subrogación recogida en el artículo 27 del presente Convenio.
6. El cese de los trabajadores deberá producirse cuando la realización paulatina de las correspondientes unidades de obra hagan innecesario el número de los contratados para su ejecución, debiendo reducirse este de acuerdo con la disminución real del volumen de obra realizada. Este cese deberá comunicarse por escrito al trabajador con una antelación de 15 días naturales. No obstante el empresario podrá sustituir este preaviso por una indemnización equivalente a la cantidad correspondiente a los días de preaviso omitidos calculada sobre los conceptos salariales de las tablas del Convenio aplicable, todo ello sin perjuicio de la notificación escrita del cese. La citada indemnización deberá incluirse en el recibo de salario con la liquidación correspondiente al cese.
7. Si se produjera la paralización temporal de una obra por causa imprevisible para el empresario y ajena a su voluntad, tras darse cuenta por la empresa a la representación de los trabajadores del centro o, en su defecto, a la Comisión Paritaria Provincial, operarán la terminación de obra y cese previsto en el apartado precedente, a excepción del preaviso. La representación de los trabajadores del centro o, en su defecto, la Comisión Paritaria Provincial, dispondrá, en su caso, de un plazo máximo improrrogable de una semana para su constatación a contar desde la notificación.
El empresario contrae también la obligación de ofrecer de nuevo un empleo al trabajador cuando las causas de paralización de la obra hubieran desaparecido. Dicha obligación se entenderá extinguida cuando la paralización se convierta en definitiva. Previo acuerdo entre las partes, el personal afectado por esta terminación de obra podrá acogerse a lo regulado en el apartado 3 de este artículo.
Este supuesto no será de aplicación en el caso de paralización por conflicto laboral.
8. En todos los supuestos regulados en los apartados anteriores, y según lo previsto en la Disposición Adicional Tercera del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y el artículo 49.1.c) del E.T., se establece una indemnización por cese del 7 por ciento calculada sobre los conceptos salariales de las tablas del Convenio aplicables devengados durante la vigencia del contrato, y siempre y en todo caso, respetando la cuantía establecida en el citado artículo 49.1 c) del E.T.
Artículo 25. Otras modalidades de contratación.
1. Los trabajadores que formalicen contratos de duración determinada, conforme a lo establecido en el artículo 15.1,b) del E.T. o contrato de interinidad, tendrán derecho, una vez finalizado el contrato por expiración del tiempo convenido, a percibir una indemnización de carácter no salarial por cese del 7 por 100 calculada sobre los conceptos salariales de las tablas del convenio aplicable devengados durante la vigencia del contrato, y siempre y en todo caso, respetando la cuantía establecida en el citado artículo 49.1 c) del E.T.
2. La duración máxima de los contratos celebrados de acuerdo al indicado artículo 15.1,b) del E.T. será de doce meses dentro de un periodo de dieciocho, computándose dicha duración desde que se produzca la causa que justifica su celebración. En tal supuesto, se considerará que se produce la causa que justifica la celebración del citado contrato cuando se incremente el volumen de trabajo o se considere necesario aumentar el número de personas que realicen un determinado trabajo o presten un servicio.
3. Las empresas afectadas por este Convenio y las Empresas de Trabajo Temporal podrán concertar contratos de puesta a disposición.
De conformidad con el artículo 8.b) Ley 14/1994, de 1 de Junio, por la que se regulan las Empresas de Trabajo Temporal y el artículo 17, apartado 6, de la Ley 35/2010, de 17 de Septiembre, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo, las empresas afectadas por el presente Convenio no podrán celebrar contratos de puesta a disposición para las ocupaciones, puestos de trabajo o tareas que expresamente se determinan en el Anexo VII de este Convenio, y ello por razón de los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo asociados a los mismos. A estos contratos les será de aplicación las siguientes disposiciones:
a) Los trabajadores contratados para ser cedidos a empresas usuarias tendrán derecho durante los períodos de prestación de servicios en las mismas a la aplicación de las condiciones esenciales de trabajo y empleo establecidas en el correspondiente convenio colectivo sectorial que les corresponderían de haber sido contratados directamente por la empresa usuaria para ocupar el mismo puesto.
b) A estos efectos, se considerarán condiciones esenciales de trabajo y empleo las referidas a la remuneración, la duración de la jornada, las horas extraordinarias, los períodos de descanso, el trabajo nocturno, las vacaciones y los días festivos.
c) La remuneración comprenderá todas las retribuciones económicas, fijas o variables, establecidas para el puesto de trabajo a desarrollar en el indicado convenio colectivo sectorial aplicable a la empresa usuaria que estén vinculadas a dicho puesto de trabajo. Deberá incluir, en todo caso, la parte proporcional correspondiente al descanso semanal, las pagas extraordinarias, los festivos y las vacaciones. Será responsabilidad de la empresa usuaria la cuantificación de las percepciones finales del trabajador y, a tal efecto, dicha empresa usuaria deberá consignar las retribuciones a que se refiere este párrafo en el contrato de puesta a disposición del trabajador.
d) Asimismo, los trabajadores contratados para ser cedidos tendrán derecho a que se les apliquen las mismas disposiciones que a los trabajadores de la empresa usuaria en materia de protección de las mujeres embarazadas y en período de lactancia, y de los menores, así como a la igualdad de trato entre hombres y mujeres y a la aplicación de las mismas disposiciones adoptadas con vistas a combatir las discriminaciones basadas en el sexo, la raza o el origen étnico, la religión o las creencias, la discapacidad, la edad o la orientación sexual.
e) Cuando el contrato se haya concertado por tiempo determinado el trabajador tendrá derecho, además, a recibir una indemnización económica a la finalización del contrato de puesta a disposición equivalente a la parte proporcional de la cantidad que resultaría de abonar una indemnización por cese del 7 por 100 calculada sobre todos los conceptos salariales de las tablas del convenio sectorial aplicable devengados durante la vigencia del contrato, y siempre y cuando no haya establecida otra por Ley y siempre y en todo caso, respetando la cuantía establecida en el artículo 11.2 de la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las empresas de trabajo temporal. En este caso la indemnización podrá ser prorrateada durante la vigencia del contrato.
f) Los trabajadores cedidos por las empresas de trabajo temporal deberán poseer la formación teórica y práctica en materia de prevención de riesgos laborales necesaria para el puesto de trabajo a desempeñar, teniendo en cuenta su cualificación y experiencia profesional y los riesgos a los que vaya a estar expuesto. Siempre que se posible esta formación se corresponderá con la prevista en el Libro II del presente Convenio colectivo. Los trabajadores cedidos deberán estar en posesión de la Tarjeta Profesional de la Construcción, cuando ello sea procedente.
g) Igualmente, tendrán derecho a la utilización de los servicios de transporte, de comedor, de guardería y otros servicios comunes e instalaciones colectivas de la empresa usuaria durante el plazo de duración del contrato de puesta a disposición en las mismas condiciones que los trabajadores contratados directamente por la empresa usuaria.
h) La empresa usuaria deberá informar a los trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal, sobre la existencia de puestos de trabajo vacantes, a fin de garantizarles las mismas oportunidades de acceder a puestos permanentes que a los trabajadores contratados directamente por aquella. Esta información podrá facilitarse mediante un anuncio público en un lugar adecuado de la empresa o centro de trabajo, o mediante otros medios previstos en la negociación colectiva, que aseguren la transmisión de la información.
4. El contrato para la formación y el aprendizaje viene regulado, además de por el Real Decreto-Ley 10/2011, de 26 de agosto, de medidas urgentes para la promoción del empleo de los jóvenes, el fomento de la estabilidad en el empleo y el mantenimiento del programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo, Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral y el Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la formación profesional dual, por las siguientes disposiciones:
a) El sector reconoce la importancia que el contrato para la formación puede tener para la incorporación, con adecuada preparación, de determinados colectivos de jóvenes. Esta preparación debe recoger tanto el aspecto práctico de cada oficio como el conocimiento y adecuación al sistema educativo general. A este respecto, las partes firmantes manifiestan su interés en que la formación, teórica y práctica correspondiente a los contratos para la formación se lleve a cabo a través de las instituciones formativas de que se ha dotado el sector.
b) El contrato para la formación y el aprendizaje tendrá por objeto la cualificación profesional de los trabajadores en un régimen de alternancia de actividad laboral retribuida en una empresa con actividad formativa recibida en el marco del sistema de formación profesional para el empleo o del sistema educativo, adecuado desempeño de un oficio o puesto de trabajo cualificado en el sector de la construcción.
c) El contrato para la formación y el aprendizaje se podrá celebrar con trabajadores mayores de dieciséis años y menores de veinticinco años que carezcan de la cualificación profesional reconocida por el sistema de formación profesional para el empleo o del sistema educativo requerida para concertar un contrato en prácticas.
d) En los contratos para la formación y el aprendizaje que se celebren con desempleados que se incorporen como alumnos-trabajadores a los programas públicos de empleo-formación, tales como los de escuelas taller, casas de oficios, talleres de empleo u otros que se puedan aprobar, el límite máximo de edad será el establecido en las disposiciones que regulen el contenido de los citados programas. Igualmente podrá celebrarse el contrato para la formación sin aplicación del límite máximo de edad anteriormente señalado, cuando se concierte con personas con discapacidad.
e) No podrán ser contratados bajo esta modalidad por razón de edad, los menores de dieciocho años para los oficios de vigilante, pocero y entibador, ni para aquellas tareas o puestos de trabajo que expresamente hayan sido declarados como especialmente tóxicos, penosos, peligrosos e insalubres.
f) La duración mínima del contrato será de un año y la máxima de dos, si bien podrá prorrogarse por doce meses más para los contratos a los que se refieren los apartados c) y e) precedente, o cuando ello sea necesario en atención a las necesidades del proceso formativo del trabajador en los términos que se establezcan por las normas vigentes, o en función de las necesidades organizativas o productivas de las empresas de acuerdo con lo dispuesto en el presente Convenio, o cuando se celebre con trabajadores que no haya obtenido el título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
La formación en los contratos para la formación y el aprendizaje que se celebren con trabajadores que no hayan obtenido el título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria deberá permitir la obtención de dicho título.
Cuando se celebre por un plazo inferior al máximo establecido en el párrafo anterior, podrá prorrogarse antes de su terminación por acuerdo entre las partes, hasta por dos veces, por períodos no inferiores a seis meses, sin que el tiempo acumulado, incluido el de las prórrogas, pueda exceder del referido plazo máximo. Cuando su duración sea superior a un año, la parte que formule la denuncia del mismo está obligada a notificar a la otra su terminación con una antelación mínima de quince días.
Expirada la duración máxima del contrato para la formación, el trabajador no podrá ser contratado bajo esta modalidad por la misma o distinta empresa. No se podrán celebrar contratos para la formación y el aprendizaje cuando el puesto de trabajo correspondiente al contrato haya sido desempeñado con anterioridad por el trabajador en la misma empresa por tiempo superior a doce meses. A estos efectos, la empresa podrá recabar del servicio público de empleo certificación en la que conste el tiempo que el trabajador ha estado contratado para la formación con anterioridad a la contratación que se pretende realizar.
g) El trabajador deberá recibir la formación inherente al contrato para la formación y el aprendizaje directamente en un centro formativo de la red a que se refiere la Disposición Adicional Quinta de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, previamente reconocido para ello por el sistema nacional de empleo.
h) La actividad laboral desempeñada por el trabajador en la empresa deberá estar relacionada con las actividades formativas, que deberán comenzar en el plazo máximo de cuatro meses a contar desde la fecha de la celebración del contrato. Además el tipo de trabajo que debe prestar el trabajador en formación estará directamente relacionado con las tareas propias del nivel ocupacional, oficio o puesto de trabajo objeto de contrato. Entre estas tareas se incluyen las labores de limpieza y mantenimiento de los utensilios y herramientas empleados en la labor conjunta con la diligencia correspondiente a su aptitud y conocimientos profesionales.
El empresario, en el contrato de trabajo, viene obligado a designar la persona que actuará como tutor del trabajador en formación, que deberá ser aquella que por su oficio o puesto cualificado desarrolle su actividad auxiliada por este y que cuente con la cualificación o experiencia profesional adecuada. El propio empresario podrá asumir esta tarea, siempre que desarrolle su actividad profesional en la misma obra que el trabajador en formación.
i) La retribución de los contratados para la formación y el aprendizaje se ajustará a los siguientes porcentajes, aplicables al salario del Nivel IX de las tablas de cada Convenio y referidos a una jornada del 100 por 100 de trabajo efectivo.
Colectivos de la letra c) y e) de este artículo:
1.er año: 60 por 100.
2.º año: 70 por 100.
3.er año: 85 por 100.
Colectivos de las letras d) de este artículo:
1.er año: 95 por 100.
2.º año: 100 por 100.
Aquellos convenios provinciales que a la entrada en vigor del presente Convenio tengan una retribución salarial superior a los porcentajes del primer párrafo de este punto, la mantendrán como condición más beneficiosa hasta ser alcanzado por este, quedando en consecuencia congelados dichos salarios hasta su equiparación.
j) Los contratados en formación tendrán derecho, asimismo, a los pluses extrasalariales que, en su caso, se establezcan en cada convenio colectivo de ámbito inferior, en igual cuantía que el señalado para el resto de los trabajadores.
k) Con carácter general, la suspensión del contrato en virtud de las causas previstas en los artículos 45 y 46 del E.T. no comportará la ampliación de su duración, salvo pacto en contrario. No obstante, la situación de incapacidad temporal del contratado para la formación inferior a seis meses, comportará la ampliación de la duración del contrato por igual tiempo al que el contrato haya estado suspendido por esta causa. Las situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, maternidad, adopción o acogimiento, riesgo durante la lactancia y paternidad interrumpirán el cómputo de la duración del contrato.
l) Si concluido el contrato, el contratado para la formación y el aprendizaje no continuase en la empresa, esta le entregará un certificado acreditativo del tiempo trabajado con referencia al oficio objeto de la formación y del aprovechamiento que, a su juicio, ha obtenido en su formación práctica.
La Fundación Laboral de la Construcción a través de sus centros propios o colaboradores, dará, en su caso, la calificación a través de las pruebas correspondientes, previamente homologadas, tanto del aprovechamiento teórico como práctico y decidirá su pase a la categoría de oficial.
m) Asimismo, el trabajador contratado para la formación tendrá derecho a una indemnización por cese del 4,5 por 100 calculado sobre los conceptos salariales de las tablas del convenio devengados durante la vigencia del contrato, calculados conforme a los criterios establecidos en la letra i) de este artículo.
Artículo 26. Subcontratación.
1. Las empresas que subcontraten con otras del sector la ejecución de obras o servicios responderán en los términos establecidos en el artículo 42 del E.T. y en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción, teniendo en cuenta que esta Ley es específica para el sector en estos temas.
2. Asimismo, se extenderá la responsabilidad a la indemnización de naturaleza no salarial por muerte, gran invalidez, incapacidad permanente absoluta o total derivadas de accidente de trabajo o enfermedad profesional pactada en el artículo 66 del presente Convenio, quedando limitado el ámbito de esta responsabilidad exclusivamente respecto de los trabajadores de las empresas subcontratadas obligadas por este Convenio General.
Artículo 27. Subrogación de personal en contratas de mantenimiento de carreteras o vías férreas, redes de agua, concesiones municipales para el mantenimiento y conservación de aceras, pavimentos, vías públicas y alcantarillado.
1. Al objeto de contribuir a garantizar el principio de estabilidad en el empleo de los trabajadores empleados por empresas y entidades que se sucedan mediante cualquier modalidad contractual, total o parcialmente, en cualquier contrata de conservación y/o mantenimiento de autopistas, autovías, carreteras o vías férreas, redes de agua, así como concesiones municipales para el mantenimiento y conservación de aceras, pavimentos, vías públicas y alcantarillado a que se refiere el artículo 3, apartado b) y el Anexo l, apartado b) del presente Convenio colectivo, se establece, con carácter exclusivo para tales actividades, la obligación de subrogación del personal entre las empresas saliente y entrante, la cual se llevará a cabo conforme a los requisitos y condiciones que se detallan en el presente artículo.
En las contratas de redes de agua, concesiones municipales para el mantenimiento y conservación de aceras, pavimentos, vías públicas y alcantarillado la subrogación de personal establecida en el punto anterior será de aplicación a los contratos municipales para las contratas nuevas que se liciten desde el día siguiente a la publicación del presente Convenio Colectivo en el Boletín Oficial del Estado. Todo ello sin perjuicio de lo establecido en el vigente Convenio Colectivo del Grupo de Construcción y Obras Públicas de la Autonomía de Madrid.
En lo sucesivo, el término «contrata» engloba con carácter genérico cualquier modalidad de contratación pública, referida a las actividades anteriormente descritas, que pasa a ser desempeñada, de modo parcial o total, por una determinada empresa, sociedad, organismo público u otro tipo de entidad, sea cual sea la forma jurídica que adopten.
2. En todos los supuestos de finalización, pérdida, rescisión o cesión de una contrata, así como respecto de cualquier otra figura o modalidad que suponga la sustitución entre entidades, personas físicas o jurídicas que lleven a cabo la actividad de que se trata, los trabajadores de la empresa saliente adscritos a dicha contrata pasarán a adscribirse a la nueva empresa o entidad que vaya a realizar la actividad objeto de la contrata, respetando esta los derechos y obligaciones que disfruten en la empresa sustituida.
Dado el carácter de mejora de la legislación vigente que supone la subrogación prevista en este artículo, se establece expresamente que tales derechos y obligaciones quedarán limitados exclusivamente a los generados por el último contrato suscrito por el trabajador con la empresa saliente de la contrata, sin que la empresa entrante se encuentre vinculada por cualquier contrato o pacto anterior a aquel, particularmente a efectos de años de servicio, indemnizaciones por despido y cualesquiera otros conceptos que tomen en consideración el tiempo de prestación de servicios, a menos que ya tuviera reconocido el trabajador tales derechos mediante sentencia judicial firme con anterioridad a producirse la subrogación y le hubieran sido comunicados a la empresa entrante en el plazo y forma regulados en este artículo.
3. Será requisito necesario para tal subrogación que los trabajadores lleven prestando sus servicios en la contrata que cambia de titular, al menos cuatro meses antes de la fecha de finalización efectiva de la misma, sea cual fuere la modalidad de su contrato de trabajo, con independencia de que, con anterioridad al citado período de cuatro meses, hubieran trabajado en otra contrata. El personal o trabajadores que no reúnan estos requisitos y condiciones no tendrán derecho a ser subrogados.
También se producirá la mencionada subrogación del personal en cualquiera de los siguientes supuestos:
a) Trabajadores, con derecho a reserva de puesto de trabajo, que en el momento de la finalización efectiva de la contrata tengan una antigüedad mínima de cuatro meses en la misma y se encuentre en situación de suspensión de su contrato de trabajo por alguna de las causas establecidas en el artículo 45 del E.T.
b) Trabajadores con contrato de interinidad que sustituyan a alguno de los trabajadores mencionados en el apartado anterior, con independencia de su antigüedad y mientras dure su contrato.
c) Trabajadores de nuevo ingreso que por exigencia del cliente se hayan incorporado a la contrata como consecuencia de una ampliación que perdure en la siguiente contrata, aunque no lleven los cuatro meses de antigüedad.
d) Trabajadores que sustituyan a otros que se jubilen, de forma parcial o total, dentro de los últimos cuatro meses anteriores a la finalización efectiva de la contrata.
4. Al objeto de garantizar la transparencia en el proceso de licitación, la empresa o entidad en la que se extinga o concluya el contrato, en el momento de iniciarse el procedimiento estará obligada a tener a disposición de las empresas licitadoras la relación de todo el personal objeto de la posible subrogación en la que se especifique, nombre y apellidos, documento nacional de identidad, número de afiliación a la seguridad social, antigüedad, jornada y horario, modalidad de contratación, fecha de disfrute de vacaciones y retribuciones que, por cualesquiera conceptos, vinieran percibiendo, especificando los mismos y sus importes.
5. Asimismo, será requisito imprescindible para que opere esta subrogación que la empresa a la que se le extinga o concluya el contrato, notifique por escrito la obligación de subrogación a la nueva empresa adjudicataria o entidad que asuma la contrata en el término improrrogable de quince días naturales anteriores a la fecha efectiva de finalización de la contrata, o de quince días a partir de la fecha de comunicación fehaciente del cese, facilitándole al mismo tiempo los siguientes documentos:
a) Certificado del organismo competente de estar al corriente de pago de la seguridad social y primas de accidentes de trabajo de todos los trabajadores cuya subrogación se pretende o corresponda.
b) Fotocopia de las cuatro últimas nóminas o recibos de salarios mensuales de los trabajadores afectados por la subrogación.
c) Fotocopia de los TC1 y TC2 de cotización de la seguridad social de los últimos cuatro meses, en los que figuren los trabajadores afectados.
d) Fotocopia del parte de alta en la seguridad social de los trabajadores afectados.
e) Relación de todo el personal objeto de la subrogación, en la que se especifique nombre y apellidos, documento nacional de identidad, número de afiliación a la seguridad social, antigüedad, jornada y horario, modalidad de contratación, fecha de disfrute de vacaciones y retribuciones que, por cualesquiera conceptos, vinieran percibiendo, especificando los mismos y sus importes.
f) Fotocopia de los contratos de trabajo que tengan suscritos los trabajadores afectados.
g) Toda la documentación relativa a la prevención de riesgos laborales.
h) En su caso, documentación acreditativa de las situaciones a que se refiere el apartado 3, párrafos a, b, c y d del presente artículo.
Asimismo, será necesario que la empresa saliente acredite documentalmente a la entrante, antes de producirse la subrogación, mediante copia de documento diligenciado por cada trabajador afectado, que este ha recibido de la empresa saliente su liquidación de partes proporcionales de sus retribuciones hasta el momento de la subrogación, no quedando pendiente cantidad alguna. A estos efectos, los trabajadores que no hubieran disfrutado de sus vacaciones reglamentarias al producirse la subrogación las disfrutarán con la nueva adjudicataria del servicio, que solo deberá abonar la parte proporcional del período que a ella corresponda, ya que el abono del otro período corresponde al anterior adjudicatario, que deberá efectuarlo en la correspondiente liquidación.
6. En el supuesto de que una o varias contratas cuya actividad viene siendo desempeñada por una o distintas empresas o entidades se fragmenten o dividan en distintas partes, zonas o servicios al objeto de su posterior adjudicación, pasarán a estar adscritos al nuevo titular aquellos trabajadores que cumplan con los requisitos previstos en el apartado 3 de este artículo referidos a la anterior contrata, y respecto de los que la empresa o empresas salientes hubieran cumplido con las obligaciones establecidas en el apartado 5 del mismo.
7. En el caso de que distintas contratas, servicios, zonas o divisiones de aquellas se agrupen en una o varias, la subrogación de personal operará respecto de todos aquellos trabajadores que cumplan con los requisitos previstos en el apartado 3 de este artículo referidos a alguna de las anteriores contratas, y respecto de los que la empresa o empresas salientes hubieran cumplido con las obligaciones establecidas en el apartado 5 del mismo.
8. La aplicación de este artículo será de obligado cumplimiento para las partes a que vincula, empresa o entidad cesante, nueva adjudicataria y trabajador, por lo que, cumplidos los requisitos establecidos en los apartados 3, 4 y 5 del presente artículo, operará en todos los supuestos de sustitución de contratas, partes o zonas de las mismas que resulten de la fragmentación o división de las mismas, así como en las agrupaciones que de aquellas puedan efectuarse, aun tratándose de las normales sustituciones que se produzcan entre empresas o entidades que lleven a cabo la correspondiente actividad. Todo ello con independencia de los supuestos de sucesión de empresa en los que se estará a lo dispuesto en el artículo 44 del E.T.
9. No desaparece el carácter vinculante de la subrogación prevista en este artículo en el caso de que el organismo público que adjudica la contrata suspendiese la actividad objeto de la misma por un período no superior a doce meses.
10. Cuando se produzca una subrogación, el personal objeto de la misma deberá mantener las condiciones económicas y sociales de este Convenio, si este fuera el que le es de aplicación en la empresa cesante en el momento de la subrogación, aunque la empresa cesionaria o entrante viniese aplicando a sus trabajadores condiciones inferiores en virtud de un convenio estatutario de empresa. La aplicación de las condiciones del presente Convenio se mantendrá hasta la finalización de la vigencia establecida en esta materia en el artículo 7 referido al ámbito temporal, punto 2.
CAPÍTULO III
Clasificación profesional
Artículo 28. Clasificación profesional.
1. Sobre la base de lo dispuesto en el artículo 22 del E.T. y respondiendo a las necesidades actuales del trabajo en el sector, se establece un sistema de clasificación profesional de los trabajadores del sector de la construcción en grupos profesionales.
2. La clasificación profesional se estructura en ocho grupos profesionales con tres áreas funcionales: Gestión técnica, diseño y planificación; Producción y actividades asimiladas; y Servicios transversales.
3. En el anexo X de este Convenio se define el contenido de cada una de las áreas y grupos profesionales.
4. En el anexo XI de este Convenio se recoge la Tabla de equivalencias profesionales entre la clasificación anterior dividida en categorías profesionales y la nueva clasificación en grupos profesionales con sus correspondientes niveles retributivos.
CAPÍTULO IV
Ordenación y prestación del trabajo
Artículo 29. Ordenación del trabajo.
1. La ordenación del trabajo es facultad del empresario o persona en quien este delegue, y debe ejercerse con sujeción a lo establecido en el presente Convenio y demás normas aplicables.
2. El trabajador está obligado a cumplir las órdenes e instrucciones del empresario en el ejercicio regular de sus facultades directivas, debiendo ejecutar cuantos trabajos, operaciones o actividades se le ordenen dentro del general cometido de su competencia profesional. Entre ellas están incluidas las tareas complementarias que sean indispensables para el desempeño de su cometido principal, o el cuidado y limpieza de las máquinas, herramientas y puesto de trabajo que estén a su cargo durante la jornada laboral, así como cumplir con todas las instrucciones referentes a prevención de riesgos laborales.
Artículo 30. Prestación del trabajo y obligaciones específicas.
1. La prestación de trabajo, vendrá determinada por lo convenido al respecto en el contrato. La clase y extensión de la prestación serán las que marquen las Leyes, el presente Convenio General del Sector, los convenios de ámbito inferior, el contrato individual, las órdenes e instrucciones del empresario en el ejercicio regular de sus facultades directivas y, en su defecto, los usos y costumbres.
2. Normalmente solo se prestará el trabajo corriente. No obstante, temporalmente y por necesidad urgente de prevenir males o de remediar accidentes o daños sufridos, deberá el trabajador prestar mayor trabajo u otro distinto del acordado, con obligación por parte del empresario de indemnizarle de acuerdo con la normativa aplicable al respecto.
3. El empresario deberá guardar la consideración debida a la dignidad humana del trabajador, así como tener en cuenta la capacidad real de los trabajadores discapacitados, que, en su caso, le presten sus servicios, al adoptar y aplicar medidas de control y vigilancia del cumplimiento de la prestación de trabajo.
4. El trabajador deberá dar cuenta inmediata a sus jefes directos de los entorpecimientos que observe en la realización de su trabajo así como de las faltas o defectos que advierta en los útiles, máquinas, herramientas o instalaciones relacionadas con su cometido que, a su vez, deberá mantener en adecuado estado de funcionamiento y utilización en lo que de él dependa.
5. Fuera de los centros de trabajo o de su jornada laboral, queda prohibida, salvo expresa autorización del empresario o de quienes le representen, la utilización de máquinas, herramientas, aparatos, instalaciones o locales de trabajo, así como el uso de máquinas, útiles o aparatos propios en los trabajos encomendados.
6. Para la debida eficacia de la política de prevención de riesgos laborales, los trabajadores vienen obligados a utilizar los medios de protección que les facilite el empresario en cumplimiento de la normativa reguladora correspondiente, así como atenerse a las instrucciones recibidas, a las disposiciones legales y a lo establecido en el Libro II del presente Convenio.
Artículo 31. Trabajo «a tiempo».
Salvo norma, disposición o pacto en contrario, se presume que la prestación de trabajo se concierta en la modalidad denominada «a tiempo», en la que la retribución se fija atendiendo a la duración del trabajo y al rendimiento normal en la categoría y especialidad correspondientes, al que se hace referencia en el artículo 40 de este Convenio, y cuya contrapartida la constituyen las tablas salariales de los convenios colectivos provinciales o, en su caso, de comunidad autónoma, del sector.
Artículo 32. Sistemas científicos o de «trabajo medido».
1. En estos sistemas, que se caracterizan por intentar llevar a cabo, a través de una serie más o menos compleja de operaciones, una medición técnica del rendimiento, y tienen como finalidad conseguir que este sea superior al normal que viene obteniéndose, el rendimiento de la prestación de trabajo será el que en ellos se establezca.
2. En su implantación deberá concederse el necesario período de adaptación y se respetará el salario que se había alcanzado anteriormente, pudiendo dar lugar a la movilidad y redistribución del personal que requiera la nueva organización del trabajo.
3. Si durante el período de adaptación, el trabajador alcanzara rendimientos superiores a los normales, tendrá derecho a percibir la diferencia entre el rendimiento normal y el superior que haya conseguido, regularizándose su situación, en su caso, cuando el sistema sea definitivamente implantado, de acuerdo con las tarifas que el mismo contenga.
4. Estos sistemas exigirán el establecimiento de una fórmula clara y sencilla para el cálculo de las retribuciones correspondientes.
5. Previamente a su implantación o revisión colectivas, deberá solicitarse, a los representantes legales de los trabajadores, el informe a que se refiere el artículo 64.1.4.d) y e) del E.T., que deberán emitir estos en el plazo de quince días, estando sujetas dichas implantación o revisión a lo dispuesto en el artículo 41 del E.T.
Artículo 33. Trabajo por tarea, a destajo o por unidad de obra, con primas a la producción o con incentivo.
1. Se caracterizan estos sistemas por poner en relación directa la retribución con la producción del trabajo, con independencia, en principio, del tiempo invertido en su realización y por tener como objetivo la consecución de un rendimiento superior al normal.
2. El trabajo a tarea consiste en la realización, por jornada, de una determinada cantidad de obra o trabajo.
Si el trabajador termina la tarea antes de concluir la jornada diaria, la empresa podrá ofrecerle, y este aceptar o no, entre continuar prestando sus servicios hasta la terminación de la jornada, o que abandone el trabajo, dando por concluida la misma.
En el primer caso, la empresa deberá abonar el tiempo que medie entre la terminación de la tarea y la conclusión de la jornada diaria, como si se tratase de horas extraordinarias, pero sin que se computen estas al efecto del límite fijado para las mismas en el artículo 35.2 del E.T. y sin que pueda exigirse durante dicho período un rendimiento superior al normal.
3. En los trabajos a destajo o por unidad de obra, y a efectos de su retribución, solo se atiende a la cantidad y calidad de la obra o trabajo realizado, pagándose por piezas, medidas, trozos, conjuntos o unidades determinadas, independientemente del tiempo invertido en su realización, si bien puede estipularse un plazo para su terminación, en cuyo caso, deberá terminarse dentro de él, pero sin que pueda exigirse, en este caso, un rendimiento superior al normal.
4. En los trabajos que se presten a su aplicación, podrán establecerse primas a la productividad o incentivos, de tal forma que a los mayores rendimientos que se alcancen en el trabajo correspondan unos ingresos que guarden, respecto a los normales, al menos, la misma proporción que la de dichos rendimientos en relación con los normales.
5. Si en cualquiera de los sistemas previstos en este artículo el trabajador no alcanzase el rendimiento previsto por causa no imputable a la empresa ni al trabajador, este tendrá derecho, al menos, al salario fijado para su categoría profesional en el convenio colectivo aplicable más un 25 por 100.
6. Previamente a su implantación o revisión colectivas de estos sistemas, en cuanto suponen casos subsumibles en los supuestos de hecho del artículo 64.5 f) del E.T., deberá solicitarse, en su caso, a los representantes legales de los trabajadores el informe a que dicho precepto se refiere, y que deberán estos emitir en el plazo improrrogable de quince días estando sujetas dichas implantación o revisión a lo dispuesto en el artículo 41 del E.T.
Artículo 34. Discreción profesional.
Como manifestación de los deberes generales de colaboración y buena fe que rigen la prestación del trabajo, el trabajador está obligado a mantener los secretos relativos a la explotación y negocios de la empresa.
Artículo 35. Deberes del empresario.
En relación con la prestación de trabajo, el empresario está obligado a facilitar a los trabajadores cuantos medios sean precisos para la adecuada realización de su cometido, así como los medios de protección necesarios a efectos de su seguridad y salud en el trabajo, tal y como se establece en el Libro II del presente Convenio, y velar por el uso efectivo de los mismos, y en general a respetar los derechos laborales de los trabajadores establecidos en el artículo 4 del E.T.
Artículo 36. Reclamaciones de los trabajadores.
Sin perjuicio del derecho que asiste a los trabajadores de acudir y plantear sus reclamaciones ante la autoridad administrativa o jurisdiccional competente, podrán presentarlas ante la empresa en que presten servicio, a través de sus representantes legales o sus jefes inmediatos.
Las empresas tratarán de resolver estas reclamaciones en el plazo más breve posible, con objeto de evitar o reducir su planteamiento formal en las mencionadas instancias.
CAPÍTULO V
Productividad y tablas de rendimientos
Artículo 37. La productividad como bien jurídicamente protegido.
La productividad es un bien constitucionalmente protegido cuya mejora constituye un deber básico de los trabajadores, debiendo colaborar los representantes legales de estos con la dirección de la empresa en orden a conseguir su incremento.
Artículo 38. Rendimiento en los sistemas de «trabajo medido».
Cuando se empleen sistemas de organización científica del trabajo o de «trabajo medido», las normas de implantación o aplicación de estos sistemas deberán establecer el rendimiento normal o exigible que se deba alcanzar así como las tarifas retributivas aplicables en función de los mayores rendimientos que, en su caso, se consigan, elaboradas de forma tal que el cálculo de la retribución correspondiente resulte claro y sencillo.
Artículo 39. Rendimiento en los sistemas de trabajo con prima o incentivo.
En caso de aplicarse estos sistemas colectivos de trabajo, y como en el supuesto del artículo anterior, en su normativa de implantación o aplicación deberá figurar el rendimiento normal o exigible, y las tarifas retributivas correspondientes, elaboradas de forma que los ingresos respectivos guarden entre sí, al menos, la misma proporción que los rendimientos correspondientes.
Artículo 40. Rendimiento en el sistema de trabajo «a tiempo».
1. Como se dispone en el artículo 31 de este Convenio, se presume que este sistema rige la prestación de trabajo, salvo disposición o pacto en contrario.
2. En este sistema la retribución será la que corresponda de acuerdo con la tabla salarial del convenio colectivo provincial, o, en su caso, de comunidad autónoma aplicable, y para su determinación se atenderá al tiempo de duración de la prestación de trabajo, siempre que el trabajador alcance, en dicho tiempo, el rendimiento normal exigible al mismo.
Artículo 41. Establecimiento de tablas de rendimiento.
1. En el sistema de trabajo a tiempo, y en relación con aquellas actividades, oficios o especialidades y categorías incursas en el ámbito de aplicación de este Convenio, cuyos rendimientos se presten con mayor facilidad a ser medidos con criterios objetivos o materiales, se establecerán tablas de rendimientos normales que, tras los oportunos acuerdos de la Comisión Sectorial de Productividad que en el mismo se crea y de la Comisión Negociadora se irán incorporando como Anexo al presente Convenio.
2. Después de la publicación de este Convenio podrá acordarse a nivel provincial, o, en su caso, de comunidad autónoma el establecimiento de nuevas tablas de rendimientos normales, o la ampliación de las existentes con nuevas unidades, o su revisión, de acuerdo con la Comisión Sectorial de Productividad, que dictará las oportunas normas de homogeneización y aprobará, en su caso, el tratamiento diferencial que resulte justificado, todo ello en el supuesto de que las unidades correspondientes no vengan recogidas en el Anexo oportuno de este Convenio. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 84.2 del ET.
3. En relación con los rendimientos normales, la Comisión Sectorial de Productividad podrá autorizar las adaptaciones que se le propongan a nivel provincial, o, en su caso, de comunidad autónoma, y que entienda estén justificadas.
Artículo 42. Tablas de rendimientos y retribuciones.
1. La obtención de los rendimientos normales que se establezcan en las tablas aplicables en cada caso, será requisito necesario para tener derecho a la percepción de los salarios estipulados en las tablas salariales del convenio colectivo provincial o, en su caso, de comunidad autónoma correspondiente, salvo lo dispuesto en el apartado siguiente.
2. Será considerada disminución voluntaria del rendimiento no alcanzar los rendimientos fijados en la tabla de rendimientos normales aplicable, en su caso, salvo causa justificada que, de darse, implicará el derecho a la percepción íntegra del salario estipulado para el rendimiento normal correspondiente.
Artículo 43. Revisión de tablas de rendimientos.
Los rendimientos estipulados en las tablas solo podrán ser objeto de revisión cuando lo acuerde la Comisión Negociadora de este Convenio, a propuesta no vinculante de la Comisión Sectorial de Productividad.
Artículo 44. Condiciones de aplicación.
Las propias tablas de rendimientos establecerán sus condiciones de aplicación así como la forma y, en su caso, el período de entrada en vigor, debiendo recoger, como regla general, que el cómputo de la medición será semanal y referido a cada jornada de trabajo.
Artículo 45. Verificación de su cumplimiento.
La empresa podrá verificar en cualquier momento el cumplimiento de los rendimientos de la tabla, en su caso, aplicable, debiendo seguir, para ello, las siguientes reglas:
a) Al trabajador que vaya a ser sometido a medición se le comunicará previamente.
b) Los resultados de la medición de cada jornada se consignarán en parte de trabajo confeccionado al efecto, que deberá ser firmado diariamente por el trabajador y el empresario o persona que lo represente, y, en caso de negativa de uno de ellos, por dos testigos, quedando en poder de ambas partes copia de dicho documento.
c) El período de medición mínimo será de una semana laboral, computándose los resultados por el valor medio alcanzado en el período que se utilice.
CAPÍTULO VI
Promoción en el trabajo
Artículo 46. Ascensos, procedimiento.
1. El ascenso de los trabajadores a tareas o puestos de trabajo que impliquen mando o especial confianza será de libre designación y revocación por la empresa.
2. Para ascender, cuando proceda, a una categoría profesional superior se establecerán por la empresa sistemas de carácter objetivo, teniendo en cuenta la formación, méritos y permanencia del trabajador en la empresa, pudiendo tomar como referencia, entre otras, las siguientes circunstancias:
a) Titulación adecuada.
b) Conocimiento del puesto de trabajo.
c) Historial profesional.
d) Haber desempeñado función de superior categoría profesional.
e) Superar satisfactoriamente las pruebas que se propongan, las cuales deberán ser las adecuadas al puesto de trabajo a desempeñar.
CAPÍTULO VII
Percepciones económicas: conceptos y estructura
Artículo 47. Percepciones económicas.
1. Del conjunto de percepciones económicas, en dinero o en especie, que el trabajador obtiene en la relación de trabajo por cuenta ajena, unas las percibe como retribución o contraprestación directa por la prestación de su trabajo y son las que constituyen el salario, otras las recibe como compensación de gastos, como prestaciones y sus complementos e indemnizaciones o por modificaciones en su relación de trabajo, no formando ninguna de ellas parte del salario por ser percepciones de carácter extrasalarial.
2. Percepciones económicas salariales:
a) Salario base es aquella parte de la retribución que se fija atendiendo exclusivamente a la unidad de tiempo con el rendimiento normal y exigible, en los términos del artículo 40.2 del presente Convenio.
b) Complementos salariales o cantidades que, en su caso, deban adicionarse al salario base, atendiendo a las siguientes circunstancias distintas de la unidad de tiempo:
– Personales, tales como antigüedad consolidada, en su caso, y el complemento de discapacidad.
– De puesto de trabajo, tales como las derivadas de trabajo nocturno o excepcionalmente tóxico, penoso o peligroso.
– De calidad o cantidad de trabajo, tales como primas, incentivos, destajos, pluses de actividad o asistencia u horas extraordinarias.
– Las cantidades que las empresas abonen libre y voluntariamente a sus trabajadores.
– Las pagas extraordinarias y la retribución de vacaciones.
3. Percepciones económicas no salariales:
a) Las prestaciones e indemnizaciones de la seguridad social y sus complementos.
b) Las indemnizaciones o suplidos por gastos que hubieran de ser realizados por el trabajador como consecuencia de su actividad laboral, tales como herramientas y ropa de trabajo, así como las cantidades que se abonen en concepto de dietas, gastos de viaje o locomoción, pluses extrasalariales, y aquellas diferencias de alquiler o coste de vivienda que viniera percibiendo el trabajador.
c) Las indemnizaciones por ceses, movilidad geográfica, suspensiones, extinciones, resoluciones de contrato o despido y accidente de trabajo y enfermedad profesional.
4. Aquellos complementos salariales que tengan carácter funcional o circunstancial, como los de puesto de trabajo, los de calidad o cantidad de trabajo realizado, y las cantidades que las empresas abonen libre y voluntariamente, se considerarán no consolidables en el salario del trabajador y no se computarán como base de las percepciones enumeradas en el apartado 2 de este artículo.
Artículo 48. Estructura de las percepciones económicas en los convenios provinciales o, en su caso, autonómicos y de ámbitos inferiores.
1. Con objeto de racionalizar y homogeneizar la estructura de las percepciones económicas de los diferentes convenios del sector de la construcción, las partes signatarias del presente Convenio consideran necesario fijar, con carácter general, los conceptos salariales y extrasalariales que pueden formar parte de la tabla de percepciones económicas.
a) Los conceptos son los siguientes:
• Salario base.
• Gratificaciones extraordinarias.
• Pluses salariales.
• Pluses extrasalariales.
b) En el concepto gratificaciones extraordinarias se entiende incluida la retribución de vacaciones.
c) En pluses salariales se consideran incluidos todos los complementos que se pacten en cada convenio que constituyan contraprestación directa del trabajo y no compensación de gastos originados por asistir o realizar el trabajo.
d) En pluses extrasalariales se consideran incluidos cuantos conceptos se pacten en los convenios de carácter indemnizatorio de gastos originados al trabajador por la prestación de su trabajo, tales como distancia, transporte, recorrido, herramientas y ropa de trabajo.
2. Dentro del citado espíritu de homogeneización y racionalización, se acuerda establecer las proporciones que deben guardar algunos de los conceptos en relación con el total anual pactado en las tablas de percepciones económicas de cada convenio colectivo de ámbito inferior a este en las siguientes proporciones.
a) Los conceptos de salario base y gratificaciones extraordinarias definidos en el artículo anterior, sumados, deberán quedar comprendidos entre el 65 por 100 y el 75 por 100 del total anual de las tablas del convenio para cada categoría o nivel. Aquellos convenios en los que la proporción de estos dos conceptos siga siendo superior al 75 por 100 del total anual, la mantendrán.
b) Los pluses extrasalariales, sumados, estarán comprendidos, entre el 5 por 100 y el 7 por 100 del total anual de las tablas del convenio, para cada categoría o nivel retributivo.
c) Los pluses salariales, sumados, ocuparán el restante porcentaje que resulte de aplicar los dos criterios anteriores sobre el total anual de las tablas del convenio para cada categoría o nivel retributivo.
3. Además de los conceptos reseñados podrán existir en el recibo de salarios de los trabajadores las restantes percepciones a que hace referencia el artículo anterior.
Artículo 49. Devengo de las percepciones económicas.
1. El salario base se devengará durante todos los días naturales por los importes que, para cada categoría y nivel, establezcan los convenios colectivos de ámbito inferior.
2. Los pluses salariales de convenio se devengarán durante los días efectivamente trabajados por los importes que, para cada categoría y nivel, fijen los convenios colectivos de ámbito inferior.
3. Los pluses extrasalariales de convenio se devengarán durante los días de asistencia al trabajo por los importes que fijen los convenios colectivos de ámbito inferior.
4. Las pagas extraordinarias se devengarán por días naturales, en la siguiente forma:
a) Paga de junio: de 1 de enero a 30 de junio.
b) Paga de Navidad: de 1 de julio a 31 de diciembre.
5. En los diferentes convenios colectivos de ámbito inferior a este se podrá establecer para cada categoría profesional y nivel la remuneración bruta anual correspondiente, el salario diario, mensual o ambos, y el precio de la hora ordinaria, conforme a lo establecido en el presente Convenio.
Artículo 50. Remuneración bruta anual y remuneración mínima bruta anual.
1. La remuneración bruta anual mencionada en el artículo anterior comprenderá todas las percepciones económicas pactadas en cada convenio, por nivel y categoría profesional.
De acuerdo con las formas de devengo, la remuneración bruta anual vendrá dada por la siguiente fórmula:
R.A. = SB x 335 + [(PS + PE) x (Número de días efectivos de trabajo)] + Vacaciones + PJ + PN
Siendo:
R.A. = Remuneración Anual.
S.B. = Salario Base.
P.S. = Pluses salariales.
P.E. = Pluses extrasalariales.
P.J. = Paga de junio.
P.N. = Paga de Navidad.
2. Se establece una remuneración mínima bruta anual para el sector de la construcción a 1 de enero de 2017, para trabajadores a jornada completa, computándose a estos efectos la totalidad de los conceptos retributivos a percibir.
Los convenios provinciales deberán adaptar sus tablas salariales, a la siguiente tabla de remuneración mínima bruta anual por niveles profesionales:
Nivel XII: 15.916,21.
Nivel XI: 16.154,95.
Nivel X: 16.397,27.
Nivel IX: 16.643,22.
Nivel VIII: 16.892,86.
Nivel VII: 17.146,24.
Nivel VI: 17.403,43.
Nivel V: 17.664,48.
Nivel IV: 17.929,45.
Nivel III: 18.198,37.
Nivel II: 18.471,35.
3. Esta tabla de remuneración mínima bruta anual pactada para el año 2017 se actualizará cada año conforme a lo expuesto en el presente Convenio en relación con los incrementos.
4. Teniendo en cuenta las especiales circunstancias por las que atraviesa el sector y en algunas provincias especialmente deprimidas, los convenios provinciales que en sus tablas salariales y por todos los conceptos y cómputo anual se vean afectados por la presente remuneración mínima bruta anual fijada en este Convenio adaptarán las mismas mediante los acuerdos pertinentes que se adopten en su ámbito.
5. Todo lo dispuesto en el presente artículo se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 84.2 del ET.
Artículo 51. Pago de las percepciones económicas.
1. Todas las percepciones, excepto las de vencimiento superior al mes, se abonarán mensualmente por períodos vencidos y dentro de los cinco primeros días hábiles del mes siguiente al de su devengo, aunque el trabajador tendrá derecho a percibir quincenalmente anticipos cuya cuantía no será superior al 90 por 100 de las cantidades devengadas.
2. Las empresas destinarán al pago la hora inmediatamente siguiente a la finalización de la jornada ordinaria, en las fechas habituales de pago. Cuando por necesidades organizativas se realice el pago dentro de la jornada laboral esta se interrumpirá y se prolongará después del horario de trabajo por el tiempo invertido en el pago, sin que en ningún caso tal prolongación pueda exceder en más de una hora.
3. El tiempo invertido en el pago de retribuciones y anticipos a cuenta de las mismas quedará exento del cómputo de la jornada laboral, considerándose como de mera permanencia en el centro de trabajo y, por tanto, no retribuido a ningún efecto.
4. Las empresas quedan facultadas para pagar las retribuciones y anticipos a cuenta de los mismos mediante cheque, transferencia u otra modalidad de pago a través de entidad bancaria o financiera. Si la modalidad de pago fuera el cheque el tiempo invertido en su cobro será por cuenta del trabajador.
5. El trabajador deberá facilitar a la empresa, al tiempo de su ingreso o incorporación a la misma, su Número de Identificación Fiscal (NIF), de conformidad con la normativa aplicable al respecto.
Artículo 52. Incrementos económicos.
1. Las tablas provinciales del año 2016 y vigentes durante el ejercicio se actualizarán en 1,9 por 100 con efectos desde el día 1 de enero de 2017.
2. El importe de las dietas y medias dietas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 82.6 de este Convenio se fijará en el marco de los respectivos convenios colectivos provinciales o, en su caso, autonómicos.
3. Las tablas salariales de los convenios provinciales que no se encuentren actualizadas de acuerdo con el incremento establecido para el año 2016 dispondrán de dos meses a partir de la fecha de publicación del presente Convenio en el Boletín Oficial del Estado para proceder a su actualización. Asimismo estas tablas salariales deberán de estar actualizadas según el incremento salarial establecido para el año 2017 antes del 31 de diciembre de 2017.
Respecto de aquellas tablas salariales que llegadas dichas fechas no se hayan actualizado, podrá la Comisión Paritaria del presente Convenio, en función de lo dispuesto en su artículo 108, i), fijar la cuantía de las mismas para los respectivos ámbitos provinciales.
Artículo 53. Absorción y compensación.
1. Las percepciones económicas cuantificadas que se establezcan por los convenios de cualquier ámbito en el sector de la construcción tendrán el carácter de mínimas en su ámbito de aplicación.
2. A la entrada en vigor de un nuevo Convenio o disposición legal aplicables, las empresas afectadas podrán absorber y compensar los aumentos o mejoras que aquellos contengan, cuando las percepciones económicas realmente abonadas a los trabajadores, cualquiera que sea su origen, sean superiores en su conjunto y cómputo anual.
3. La absorción y compensación solo se podrán efectuar comparando globalmente conceptos de naturaleza salarial o de naturaleza extrasalarial y en cómputo anual.
Artículo 54. Antigüedad consolidada.
Como consecuencia del Acuerdo Sectorial Nacional de la Construcción sobre el concepto económico de antigüedad firmado el 18 de octubre de 1996 (BOE de 21 de noviembre de 1996), se asumen por ambas partes firmantes los siguientes compromisos:
a) Los trabajadores mantendrán y consolidarán los importes a los que tuvieran derecho, por el complemento personal de antigüedad, el 21 de noviembre de 1996.
Al importe anterior así determinado se adicionará, en su caso, a cada trabajador que ya viniera percibiendo alguna cuantía por este concepto, el importe equivalente a la parte proporcional de antigüedad que el trabajador tuviera devengada y no cobrada al 21 de noviembre de 1996, calculándose por defecto o por exceso, por años completos. Para el cálculo de los importes de esta parte de antigüedad devengada y no cobrada se tendrán en cuenta los importes que para cada categoría y nivel fije cada convenio de ámbito inferior.
b) Los importes obtenidos, al amparo de lo previsto en la letra a) se mantendrán invariables y por tiempo indefinido como un complemento retributivo «ad personam», es decir, no sufrirán modificaciones en ningún sentido y por ninguna causa, extinguiéndose juntamente con la extinción del contrato del trabajador afectado con su empresa. Dicho complemento retributivo «ad personam» se reflejará en los recibos oficiales de salario con la denominación de «antigüedad consolidada».
Artículo 55. Complemento por discapacidad.
1. Los trabajadores que, reconocidos por el organismo oficial correspondiente, acrediten los grados de discapacidad que se recogen a continuación, percibirán como complemento personal las cantidades que se detallan:
Grados de discapacidad
comprendido entre el
Importe bruto por mes natural del complemento
13 por 100 y 22 por 100
17 euros
23 por 100 y 32 por 100
24 euros
33 por 100 o superior
34 euros
2. El grado de discapacidad será único y generará, por tanto, el derecho a un solo complemento no pudiendo, en consecuencia, acumularse al grado ya existente otro superior que pudiera reconocerse con posterioridad. Si el grado de discapacidad se redujese el complemento a percibir se acomodará al nuevo tanto por ciento reconocido.
3. En el supuesto de que por la empresa se viniese ya abonando un complemento, ayuda o prestación que responda a la compensación de situaciones análogas a la establecida en el presente artículo, aquella podrá aplicar al pago de este complemento personal la cantidad que ya venga abonando por similar concepto sin que, por tanto, se genere el derecho a un pago duplicado.
Artículo 56. Gratificaciones extraordinarias.
1. El trabajador tendrá derecho exclusivamente a dos gratificaciones extraordinarias al año, que se abonarán en los meses de junio y diciembre antes de los días 30 y 20 de cada uno de ellos, respectivamente.
2. La cuantía de las pagas extraordinarias de junio y diciembre se determinará, para cada uno de los niveles y categorías, en la tabla de cada convenio colectivo de ámbito inferior al presente, sea cual fuere la cuantía de la remuneración y la modalidad del trabajo prestado.
3. Dichas pagas extraordinarias no se devengarán mientras dure cualquiera de las causas de suspensión del contrato previstas en el artículo 45 del E.T.
Artículo 57. Prohibición del prorrateo y proporcionalidad en el devengo de las pagas extraordinarias.
1. Se prohíbe para los nuevos contratos el prorrateo de las pagas extraordinarias y de la indemnización por finalización de contrato, prohibiéndose por tanto, con carácter general el pacto por salario global. El prorrateo de las pagas extraordinarias o el de la indemnización por finalización de contrato se considerarán como salario ordinario correspondiente al período en que indebidamente se haya incluido dicho prorrateo, todo ello salvo lo establecido en el párrafo siguiente.
2. El importe de las pagas extraordinarias para el personal que, en razón de su permanencia, no tenga derecho a la totalidad de su cuantía, será abonado proporcionalmente conforme a los siguientes criterios:
a) El personal que ingrese o cese en el transcurso de cada semestre natural, devengará la paga en proporción al tiempo de permanencia en la empresa durante el mismo.
b) Al personal que cese en el semestre respectivo, se le hará efectiva la parte proporcional de la gratificación en el momento de realizar la liquidación de sus haberes.
c) El personal que preste sus servicios en jornada reducida o a tiempo parcial, devengará las pagas extraordinarias en proporción al tiempo efectivamente trabajado.
Artículo 58. Trabajos excepcionalmente penosos, tóxicos o peligrosos.
1. A los trabajadores que tengan que realizar labores que resulten excepcionalmente penosas, tóxicas o peligrosas, deberá abonárseles un incremento del 20 por 100 sobre su salario base. Si estas funciones se efectuaran durante la mitad de la jornada o en menos tiempo, el plus será del 10 por 100.
2. Las cantidades iguales o superiores al plus fijado en este artículo que estén establecidas o se establezcan por las empresas, serán respetadas siempre que hayan sido concedidas por los conceptos de excepcional penosidad, toxicidad o peligrosidad, en cuyo caso no será exigible el abono de los incrementos fijados en este artículo. Tampoco vendrán obligadas a satisfacer los citados aumentos aquellas empresas que los tengan incluidos, en igual o superior cuantía, en el salario de calificación del puesto de trabajo.
3. Si por cualquier causa desaparecieran las condiciones de excepcional penosidad, toxicidad o peligrosidad, dejarán de abonarse los indicados incrementos no teniendo, por tanto, carácter consolidable.
4. En caso de discrepancia entre las partes sobre si un determinado trabajo, labor o actividad debe calificarse como excepcionalmente penoso, tóxico o peligroso, corresponde a la jurisdicción competente resolver lo procedente.
5. Aquellos convenios colectivos provinciales que a la entrada en vigor del presente Convenio General tengan reconocido un plus penoso, tóxico o peligroso superior, lo mantendrán como condición más beneficiosa.
6. Las partes firmantes reconocen la importancia que tiene para el conjunto del sector la progresiva desaparición de este tipo de trabajos o, cuando menos, la reducción al mínimo posible de las condiciones de penosidad, toxicidad o peligrosidad que repercuten negativamente en la salud y seguridad de los trabajadores teniendo estos trabajos, en cualquier caso, carácter transitorio y coyuntural.
Artículo 59. Trabajos nocturnos.
1. El personal que trabaje entre las veintidós horas y las seis de la mañana, percibirá un plus de trabajo nocturno equivalente al 25 por 100 del salario base de su categoría.
2. Si el tiempo trabajado en el período nocturno fuese inferior a cuatro horas, se abonará el plus sobre el tiempo trabajado efectivamente. Si las horas nocturnas exceden de cuatro, se abonará el complemento correspondiente a toda la jornada trabajada.
3. Cuando existan dos turnos y en cualquiera de ellos se trabaje solo una hora del periodo nocturno el plus a percibir equivaldrá al 1% del salario base de su categoría.
Artículo 60. Pluses extrasalariales.
1. Con el fin de compensar los gastos que se producen a los trabajadores para acudir a sus puestos de trabajo, teniendo en cuenta la movilidad de los mismos, que constituye una característica de este sector, y cualquiera que sea la distancia a recorrer, se podrá establecer un plus extrasalarial de distancia y transporte, calculado por día efectivo de trabajo que, de igual cuantía para todos los grupos y categorías, se determinará en tabla anexa a cada convenio colectivo de ámbito inferior al presente.
2. Otros pluses extrasalariales, como los de herramientas y ropa de trabajo, se podrán establecer en los convenios de ámbito inferior para compensar los gastos originados al trabajador, dentro de los límites establecidos en el artículo 48.2.b) del presente Convenio.
Artículo 61. Corrección del absentismo.
Las partes signatarias del presente Convenio reconocen el grave problema que para nuestra sociedad supone el absentismo y el quebranto que en la economía produce el mismo cuando se superan determinados niveles, así como la necesidad de reducirlo, dada su negativa incidencia en la productividad.
En consecuencia, y tendiendo siempre a un aumento de la presencia del trabajador en su puesto de trabajo, se incluirán en los convenios colectivos de ámbito inferior al presente cláusulas tendentes a la corrección del absentismo.
Al efecto, y en orden a la consecución del fin perseguido, se deberá incluir en los convenios colectivos la estipulación siguiente u otra análoga:
– Plus o prima de Asistencia y Actividad.
El indicado plus o prima, cuando se pacte, se devengará por cada día efectivamente trabajado con el rendimiento normal exigible y, mediante tabla anexa, se determinará la cuantía del mismo de forma que su importe por día de trabajo disminuya o sea decreciente a medida que aumenten las horas de ausencia del trabajador.
Al determinarse este plus salarial en las tablas de cada convenio colectivo se tendrá en cuenta el límite porcentual establecido en el artículo 48.2.c) de este Convenio.
Artículo 62. Realización de horas extraordinarias.
Las horas extraordinarias, en todo caso y por su naturaleza, serán voluntarias de acuerdo con las disposiciones vigentes, excepto las que tengan su causa en fuerza mayor.
Artículo 63. Límite de horas extraordinarias.
1. Se consideran horas extraordinarias, además de las que tengan su causa en fuerza mayor, las motivadas por pedidos o puntas de producción, ausencias imprevistas, cambio de turno y pérdida o deterioro de la producción, o por cualquier circunstancia que altere el proceso normal de producción.
2. El número de horas extraordinarias que realice cada trabajador, salvo en los supuestos de fuerza mayor, no excederá de 80 al año.
Artículo 64. Retribución de las horas extraordinarias.
1. Los importes de las horas extraordinarias para cada una de las categorías o niveles se determinarán, en tabla anexa, en los convenios colectivos de ámbito inferior al presente.
2. Las empresas, siempre y cuando no se perturbe el normal proceso productivo, podrán compensar la retribución de las horas extraordinarias por tiempos equivalentes de descanso.
3. En el supuesto de que se realizara la compensación prevista en el párrafo anterior, las horas extraordinarias compensadas dentro de los cuatro meses siguientes a su realización, no se computarán a los efectos de los límites fijados para las mismas en el artículo anterior.
Artículo 65. Indemnizaciones.
1. Se establecen las siguientes indemnizaciones para todos los trabajadores afectados por este Convenio:
a) En caso de muerte derivada de enfermedad común o accidente no laboral, el importe de una mensualidad de todos los conceptos de las tablas del convenio aplicable vigente en cada momento.
b) En caso de muerte, incapacidad permanente absoluta o gran invalidez, derivadas de accidente de trabajo o enfermedad profesional será de 47.000 euros.
c) En caso de incapacidad permanente total derivada de accidente de trabajo o Enfermedad profesional será de 28.000 euros.
2. Salvo designación expresa de beneficiarios por el asegurado, la indemnización se hará efectiva al trabajador accidentado o, en caso de fallecimiento, a los herederos legales del trabajador.
3. Las indemnizaciones previstas en los apartados b) y c) de este artículo serán consideradas a cuenta de cualesquiera otras cantidades que pudieran ser reconocidas como consecuencia de la declaración de la responsabilidad civil de la empresa por la ocurrencia de alguna de las contingencias contempladas en este artículo, debiendo deducirse de estas en todo caso habida cuenta de la naturaleza civil que tienen las mismas y ambas partes le reconocen.
4. A los efectos de acreditar el derecho a las indemnizaciones aquí pactadas se considerará como fecha del hecho causante aquella en la que se produce el accidente de trabajo o la causa determinante de la enfermedad profesional.
5. Las indemnizaciones pactadas comenzarán a obligar a los treinta días de la publicación de este Convenio General.
Artículo 66. Complemento en caso de hospitalización.
Con independencia de las prestaciones a cargo de la entidad gestora por incapacidad temporal derivada de enfermedad común y profesional, accidente laboral o no laboral, y solo para los casos que sea necesaria la hospitalización, las empresas abonarán un complemento que, sumado a las prestaciones reglamentarias, garantice el 100 por 100 en del salario base y pluses salariales establecidos en el convenio provincial respectivo durante la aludida hospitalización y los sesenta días siguientes, siempre que continúe la situación de incapacidad temporal.
CAPÍTULO VIII
Tiempo de trabajo
Artículo 67. Jornada.
1. La jornada ordinaria anual durante el año 2017 será de 1.736 horas.
2. La jornada ordinaria semanal será de cuarenta horas durante toda la vigencia del presente Convenio.
3. Aquellos convenios provinciales que a la entrada en vigor del presente tengan una jornada inferior, la mantendrán como condición más beneficiosa hasta ser alcanzados por este.
4. Las empresas que, de acuerdo con la representación legal de los trabajadores, establezcan un calendario distribuyendo la jornada laboral pactada antes del día 30 de enero de cada año en los centros estables y en las obras con objeto de coordinar las actividades en la empresa, se regirán por el mismo. En dicho calendario se establecerán los días laborables y las horas diarias, que no podrán ser más de nueve.
En ausencia de calendario pactado en los centros de trabajo en los plazos previstos se observará el calendario establecido en el convenio provincial o, en su caso, autonómico aplicable.
5. Cada convenio colectivo provincial o, en su caso, autonómico, establecerá un calendario laboral distribuyendo la jornada anual pactada. Dicho calendario, operará siempre que no se pacte entre la empresa y los representantes legales de los trabajadores una readaptación distinta en los diferentes centros de trabajo.
6. Teniendo en cuenta las diferentes condiciones climatológicas que inciden sobre las diversas ubicaciones de los centros de trabajo se pactará, en su caso, en cada convenio provincial la distribución variable de la jornada máxima anual, sin que en ningún caso se puedan sobrepasar nueve horas ordinarias de trabajo efectivo diarias.
Cuando se proceda a una distribución variable de la jornada se pactará la distribución variable correspondiente del salario global.
7. En cada centro de trabajo la empresa expondrá en lugar visible el calendario laboral pactado en el convenio provincial o, en su caso, autonómico, o para el propio centro de trabajo.
Artículo 68. Prolongación de la jornada.
La jornada de los trabajadores con funciones de mantenimiento y reparación de instalaciones o maquinaria necesarias para la reanudación o continuidad del proceso productivo, así como del personal que ponga en marcha o cierre el trabajo de los demás, podrá ampliarse por el tiempo preciso sin que el exceso sobre la jornada ordinaria se compute como horas extraordinarias, debiendo abonarse, como mínimo, a prorrata del valor de la hora extraordinaria de trabajo.
Artículo 69. Turnos de trabajo.
1. Las empresas podrán establecer turnos de trabajo por razones económicas, técnicas, organizativas o de producción, de conformidad con los artículos 36 y 41 del E.T.
2. Las empresas que, por las características de su actividad, necesiten establecer jornada ininterrumpida durante las veinticuatro horas del día, organizarán los turnos de tal modo que, salvo adscripción voluntaria, cada trabajador no podrá permanecer en el turno de noche más de dos semanas consecutivas.
3. En las empresas en que se realice actividad laboral por equipos de trabajo en régimen de turnos, se podrá computar por períodos de hasta cuatro semanas el medio día de descanso semanal previsto en el apartado 1 del artículo 37 del E.T. y en los términos que establezca la vigente normativa al respecto.
4. En las empresas que tengan establecidos sistemas de turnos, el trabajador viene obligado a permanecer en su puesto de trabajo hasta la llegada del relevo. El tiempo trabajado durante la espera, sin perjuicio de su abono a prorrata del valor de la hora extraordinaria de trabajo, no se computará como jornada extraordinaria.
Artículo 70. Recuperación de horas no trabajadas.
El 70 por 100 de las horas no trabajadas por interrupción de la actividad debido a causas de fuerza mayor, accidentes atmosféricos, inclemencias del tiempo, falta de suministros o cualquier otra causa no imputable a la empresa, se recuperarán a razón de una hora diaria en los días laborables siguientes, previa comunicación a los trabajadores afectados y, en su caso, a sus representantes legales en el centro de trabajo.
En el supuesto de que la referida interrupción alcance un período de tiempo superior a veinticuatro horas efectivas de trabajo, se estará a lo dispuesto en materia de suspensión del contrato por causa de fuerza mayor en el presente Convenio.
Artículo 71. Jornadas especiales.
Se exceptúan de la aplicación del régimen de jornada ordinaria de trabajo, previsto con carácter general en el presente Convenio colectivo, las actividades siguientes:
a) La jornada de los porteros, guardas y vigilantes, será de setenta y dos horas semanales, remunerándose a prorrata de su salario base las que excedan de la jornada ordinaria establecida, con carácter general, en el presente Convenio. En cualquier caso se tendrá en cuenta lo dispuesto en el Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo.
b) En la realización de trabajos subterráneos en que concurran circunstancias de especial penosidad derivadas de condiciones anormales de temperatura, humedad o como consecuencia del esfuerzo suplementario debido a la posición inhabitual del cuerpo al trabajar, la jornada ordinaria semanal de trabajo no podrá ser superior a treinta y cinco horas sin que, su distribución diaria pueda en ningún caso, exceder de seis horas.
c) Los trabajos en los denominados «cajones de aire comprimido» tendrán la duración que señala la normativa específica al respecto.
d) Las empresas que estén abonando compensaciones económicas por trabajos excepcionalmente tóxicos, penosos o peligrosos, podrán pactar su sustitución por reducciones de jornada, en los términos que, en cada caso, se establezcan.
Artículo 72. Vacaciones.
1. El personal afectado por el presente Convenio General, sea cual fuere su modalidad de contratación laboral, tendrá derecho al disfrute de un período de vacaciones anuales retribuidas de treinta días naturales de duración, de los cuales veintiún días tendrán que ser laborables, pudiéndose distribuir estos en periodos de al menos diez días laborables e, iniciándose, en cualquier caso, su disfrute, en día laborable que no sea viernes.
2. Las vacaciones se disfrutarán por años naturales. El primer año de prestación de servicios en la empresa solo se tendrá derecho al disfrute de la parte proporcional correspondiente al tiempo realmente trabajado durante dicho año.
3. El derecho a vacaciones no es susceptible de compensación económica. No obstante, el personal que cese durante el transcurso del año, tendrá derecho al abono del salario correspondiente a la parte de vacaciones devengadas y no disfrutadas, como concepto integrante de la liquidación por su baja en la empresa.
4. A efectos del devengo de vacaciones, se considerará como tiempo efectivamente trabajado el correspondiente a la situación de incapacidad temporal, sea cual fuere su causa. En el supuesto de que el periodo de vacaciones coincida con una incapacidad temporal por contingencias distintas a las señaladas en el párrafo segundo del artículo 38.3 del ET que imposibilite al trabajador disfrutarlas, total o parcialmente, durante el año natural a que corresponden, el trabajador podrá hacerlo una vez finalice su incapacidad y siempre que no hayan transcurrido más de dieciocho meses a partir del final del año en que se hayan originado. Finalizado dicho plazo se perderá el mismo si al vencimiento de este el trabajador continuase de baja, aunque mantendrá el derecho a percibir la diferencia que pudiera existir entre la retribución de vacaciones y la prestación de incapacidad temporal.
5. Cuando el periodo de vacaciones fijado en el calendario de vacaciones de la empresa al que se refiere el párrafo anterior coincida en el tiempo con una incapacidad temporal derivada del embarazo, el parto o la lactancia natural o con el periodo de suspensión del contrato de trabajo previsto en los apartados 4, 5 y 7 del artículo 48 del ET, se tendrá derecho a disfrutar las vacaciones en fecha distinta a la de la incapacidad temporal o a la del disfrute del permiso que por aplicación de dicho precepto le correspondiera, al finalizar el periodo de suspensión, aunque haya terminado el año natural a que correspondan.
6. En el supuesto de que el periodo de vacaciones coincida con una incapacidad temporal por contingencias distintas a las señaladas en el párrafo anterior que imposibilite al trabajador disfrutarlas, total o parcialmente, durante al año natural al que corresponden, el trabajador podrá hacerlo una vez finalice su incapacidad y siempre que no hayan transcurrido más de dieciocho meses a partir del final del año en que se hayan originado.
7. El disfrute de las vacaciones, como norma general y salvo pacto en contrario, tendrá carácter ininterrumpido.
8. La retribución de vacaciones consistirá en la cantidad fija establecida en las tablas salariales de los respectivos convenios colectivos provinciales o de comunidad autónoma.
9. En todo caso se tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 38 del ET.
Artículo 73. Permisos y licencias.
1. El trabajador, previo aviso de al menos cuarenta y ocho horas, salvo acreditada urgencia, y justificación posterior, se encuentra facultado para ausentarse del trabajo, manteniendo el derecho a la percepción de todos aquellos conceptos retributivos, que no se encuentren vinculados de forma expresa a la prestación efectiva de la actividad laboral, por alguno de los motivos y por el tiempo siguiente:
a) Quince días naturales, en caso de matrimonio.
b) Dos días naturales –de los cuales al menos uno deberá ser laborable–, por nacimiento o adopción de un hijo. En el caso de trabajadores no comunitarios o comunitarios de países no colindantes con España el permiso será, siempre que acrediten efectivamente la realización del desplazamiento a su país de origen, de cinco días naturales, pudiéndose ampliar hasta ocho días con el consentimiento de la empresa, pero siendo exclusivamente retribuidos los cinco días antes señalados.
c) Un día, por matrimonio de hijo.
d) Tres días naturales, por fallecimiento del cónyuge y parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. En el caso de trabajadores no comunitarios o comunitarios de países no colindantes con España el permiso será, siempre que acrediten efectivamente la realización del desplazamiento a su país de origen, de seis días naturales, pudiéndose ampliar hasta ocho días con el consentimiento de la empresa, pero siendo exclusivamente retribuidos los seis días antes señalados.
e) Dos días naturales, por enfermedad o accidente grave, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario del cónyuge y parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad.
f) Un día, por traslado del domicilio habitual.
g) Por el tiempo necesario, para concurrir a exámenes, como consecuencia de los estudios que esté realizando en centros de enseñanza, universitarios o de formación profesional de carácter público o privado, reconocidos.
Cuando por los motivos expresados en los apartados b), c), d) y e), el trabajador necesite efectuar un desplazamiento al efecto, los plazos señalados en los mismos se incrementarán en dos días naturales, salvo los trabajadores no comunitarios o comunitarios no colindantes con España que se acojan a lo dispuesto en los últimos incisos de los apartados b) y d).
2. Los supuestos contemplados en los apartados precedentes –cuando concurran las circunstancias previstas en los mismos– se extenderán asimismo a las parejas de hecho siempre que consten inscritas en el registro correspondiente.
3. En las mismas condiciones que las previstas en el apartado 1 del presente artículo, el trabajador podrá ausentarse del trabajo por el tiempo necesario para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y personal, comprendido el ejercicio de sufragio activo. Cuando conste en una norma legal un período determinado de ausencia, se estará a lo que esta disponga en cuanto a su duración y compensación económica.
En el supuesto de que, por el cumplimiento del deber o desempeño del cargo público, el trabajador perciba una compensación económica, cualquiera que sea su denominación, se descontará el importe de la misma de la retribución a que tuviera derecho en la empresa.
Cuando el cumplimiento del deber antes referido, suponga la imposibilidad de prestación de trabajo en más del 25 por 100 de las horas laborables en un período de tres meses, la empresa se encuentra facultada para decidir el paso del trabajador afectado a la situación de excedencia forzosa, con todos los efectos inherentes a la misma.
4. Los/as trabajadores/as, por lactancia de un hijo menor de nueve meses, tendrán derecho, sin pérdida alguna de retribución, a una hora diaria de ausencia del trabajo, que podrán dividir en dos fracciones. La duración del permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de parto múltiple. Por su voluntad, e igualmente sin pérdida de retribución, se podrá sustituir este derecho por una reducción de su jornada laboral en media hora diaria con la misma finalidad o acumularlo en jornadas completas, conforme al acuerdo a que llegue con la empresa. Este permiso podrá ser ejercido por el padre en caso de que ambos trabajen, siempre que quede acreditado mediante certificación de la empresa en que trabaje la madre que esta no ha ejercitado en la misma este derecho.
5. El trabajador que, por razones de guarda legal, tenga a su cuidado directo a algún menor de doce años o a una persona con discapacidad que no desempeñe actividad retribuida, tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo, con la disminución proporcional del salario, entre al menos un octavo y un máximo de la mitad de la duración de aquella.
Tendrá el mismo derecho quien precise encargarse del cuidado directo de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo, y que no desempeñe actividad retribuida.
La reducción de jornada contemplada en el presente apartado constituye un derecho individual de los trabajadores, mujeres y hombres. No obstante, si dos o más trabajadores de la misma empresa generasen este derecho por el mismo sujeto causante, el empresario podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de la empresa.
CAPÍTULO IX
Movilidad funcional
Artículo 74. Cambio de puesto de trabajo.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 22, se entiende por movilidad funcional la que se deriva de la facultad que tiene el empresario para decidir el cambio de puesto de trabajo de sus trabajadores cuando lo estime necesario para la buena marcha de la organización, siempre que se efectúe sin perjuicio de los derechos económicos y profesionales que correspondan a estos, y se respeten las limitaciones exigidas por las titulaciones académicas o profesionales que se requieran para ejercer la prestación laboral de que se trate y la pertenencia al grupo profesional correspondiente, pudiéndose realizar entre las diferentes áreas funcionales que recoge la clasificación profesional de este Convenio.
Artículo 75. Trabajos de nivel retributivo superior.
1. Por necesidades organizativas, de producción o de contratación, el trabajador podrá ser destinado a ocupar un puesto de un nivel retributivo superior al que tuviera reconocido, por plazo que no exceda de seis meses durante un año, u ocho durante dos años, teniendo derecho a percibir, mientras se encuentre en tal situación, la remuneración correspondiente a la función efectivamente desempeñada.
2. Transcurrido dicho período, el trabajador podrá reclamar de la empresa la clasificación profesional adecuada, y, si esta no resolviese favorablemente al respecto, en el plazo de quince días hábiles, y previo informe, en su caso, de los representantes legales de los trabajadores, podrá reclamarla ante la jurisdicción competente, y surtirá efectos, si es estimada la reclamación y una vez firme la resolución correspondiente, a partir del día en que el interesado solicitó, por escrito, su adecuada clasificación.
3. Cuando se realicen funciones de un nivel retributivo superior, pero no proceda el ascenso por no reunir el interesado los requisitos precisos al respecto, el trabajador tendrá derecho a percibir la diferencia retributiva existente entre el nivel retributivo asignado y el de la función efectivamente realizada.
4. Se exceptúan de lo anteriormente dispuesto, los trabajos de un grupo profesional superior que el trabajador realice, de común acuerdo con la empresa, con el fin de prepararse para el ascenso.
5. Lo dispuesto en este artículo no será aplicable, salvo en lo que se refiere a la retribución, en los supuestos de incapacidad temporal, maternidad, permisos y excedencias, en los que la sustitución comprenderá todo el tiempo que duren las circunstancias que lo hayan motivado.
Artículo 76. Trabajos de nivel retributivo inferior.
1. La empresa por necesidades perentorias, transitorias o imprevisibles, podrá destinar a un trabajador a realizar tareas correspondientes a un nivel retributivo inferior al suyo por el tiempo imprescindible, y comunicándolo, a los representantes legales de los trabajadores, si los hubiere, no pudiendo el interesado negarse a efectuar el trabajo encomendado, siempre que ello no perjudique su formación profesional. En esta situación, el trabajador seguirá percibiendo la remuneración que, por su nivel retributivo y función anterior, le corresponda.
2. A un trabajador no se le podrá imponer la realización de trabajos propios de un nivel retributivo inferior durante más de tres meses al año, mientras todos los trabajadores del mismo grupo profesional no hayan rotado en la realización de dichas tareas.
No se considerarán, a efectos del cómputo, los supuestos de avería o fuerza mayor.
3. Si el destino de un nivel retributivo inferior hubiera sido solicitado por el propio trabajador, se le asignará a este la retribución que le corresponda por la función efectivamente desempeñada, pero no se le podrá exigir que realice trabajos de un nivel retributivo superior a aquel por el que se le retribuye.
Artículo 77. Personal de capacidad disminuida.
1. El personal que, por edad u otra circunstancia, haya experimentado una disminución en su capacidad para realizar las funciones que le competen, podrá ser destinado por la empresa a trabajos adecuados a sus condiciones actuales, siempre que existan posibilidades para ello, asignándosele la clasificación profesional que proceda de acuerdo con sus nuevos cometidos, así como la remuneración correspondiente a su nueva categoría profesional.
2. Cuando en la empresa existan puestos disponibles para ser ocupados por trabajadores con capacidad disminuida, tendrán preferencia para desempeñarlos, a igualdad de condiciones, y en su caso, los trabajadores de la propia empresa en los términos expresados en el apartado anterior.
3. El trabajador que no esté conforme con su paso a la situación de capacidad disminuida o con la nueva categoría que se le asigne, podrá interponer la oportuna reclamación ante la jurisdicción competente.
Artículo 78. Trabajos susceptibles de originar un perjuicio para la salud sin merma de la capacidad laboral.
1. Cuando un trabajador, sin merma de su capacidad laboral, pudiera resultar, previsiblemente y con cierto fundamento, perjudicado en su salud, con motivo u ocasión del trabajo que habitualmente realiza, a criterio del médico de empresa o facultativo designado por esta a tal efecto, podrá ser destinado por la empresa a un nuevo puesto de trabajo, si lo hubiese, en el que no exista tal riesgo o peligro y adecuado a su nivel de conocimientos y experiencia, asignándosele la clasificación profesional correspondiente a sus nuevas funciones, así como la remuneración que corresponda a estas.
2. Si el trabajador no estuviese conforme con el cambio de puesto, podrá interponer la oportuna reclamación ante la jurisdicción competente.
CAPÍTULO X
Movilidad geográfica
Artículo 79. Conceptos generales.
1. Las empresas podrán desplazar a su personal a otros centros de trabajo distintos de aquel en que presten sus servicios durante cualquier plazo de tiempo, fundamentando dicho desplazamiento en razones económicas, técnicas, organizativas, de producción o de contratación.
Esta facultad deriva, por una parte, del carácter móvil del trabajo en las empresas del sector, como consecuencia de la inevitable temporalidad de la realización de su actividad, y a tenor de la excepción prevista en el artículo 40.1 del E.T. y, por otra, de la competencia atribuida al empresario en materia de ordenación del trabajo en el artículo 29 de este Convenio.
2. Cuando el desplazamiento se produzca a un centro de trabajo situado en distinto término municipal y que, además, diste 15 kilómetros o más del centro de trabajo de partida y de la residencia habitual del trabajador, dará lugar a los siguientes conceptos compensatorios:
a) Si el desplazamiento es de duración que no exceda de un año, se devengarán dietas, si no puede pernoctar en su residencia habitual, y medias dietas, si puede pernoctar en ella.
b) Si el desplazamiento es de duración superior a un año, e implica cambio de residencia, se devengará una indemnización compensatoria en la cuantía y condiciones establecidas en el apartado siguiente. Además, se devengarán los gastos de viaje del trabajador y su familia, los gastos de traslado de muebles y enseres y cinco días de dieta por cada persona que viaje de las que compongan la familia y convivan con el desplazado.
3. La indemnización compensatoria, establecida en el apartado anterior para el supuesto de desplazamiento superior a un año que implique cambio de residencia, se aplicará conforme a las siguientes reglas:
a) Será equivalente al 35 por 100 de las percepciones anuales brutas del trabajador en jornada ordinaria y de carácter salarial en el momento de realizarse el cambio de centro; el 20 por 100 de las mismas al comenzar el segundo año; el 10 por 100 al comenzar el tercer año y el 10 por 100 al comenzar el cuarto año, siempre sobre la base inicial.
b) En caso de que se produzca un nuevo desplazamiento de duración superior a un año, con cambio de residencia, antes de transcurridos cuatro años desde el anterior, se dará por finalizada la secuencia indemnizatoria iniciándose una nueva, tomando como base la retribución que se viniera percibiendo en ese momento.
De la indemnización percibida por el primer desplazamiento no se deducirá cantidad alguna de la anualidad en curso al fijar la nueva secuencia indemnizatoria.
c) En el supuesto de que se extinguiera el contrato de trabajo antes de transcurridos cuatro años desde un desplazamiento de duración superior a un año, con cambio de residencia, solamente se devengará la parte proporcional de la indemnización compensatoria correspondiente a la anualidad en que se produzca la extinción.
4. En los desplazamientos voluntarios mediante petición escrita del trabajador, no procederán las compensaciones y derechos regulados en este capítulo.
Artículo 80. Preaviso, ejecutividad e impugnación de la orden de desplazamiento.
1. Si el desplazamiento es de duración que no exceda de un año, el empresario deberá preavisar por escrito al trabajador con una antelación mínima de tres días, o cinco si el desplazamiento es superior a tres meses, haciendo constar las condiciones y duración prevista.
2. Si el desplazamiento es de duración superior a un año, el preaviso será de treinta días para la incorporación inicial del trabajador al nuevo puesto, sin perjuicio de que realice a su conveniencia el traslado de familia, muebles y enseres, a cuyos efectos el empresario facilitará y costeará los viajes necesarios a su localidad de origen. El desplazamiento deberá ser comunicado simultáneamente a los representantes de los trabajadores.
3. No se requerirá preaviso cuando el trabajador pueda pernoctar en su residencia habitual. En los casos de urgente necesidad, el preaviso no podrá ser inferior a cinco días laborables, en el caso de desplazamientos de duración superior a tres meses.
4. En todos los casos, la orden de desplazamiento es ejecutiva para el trabajador, sin perjuicio de la posible impugnación judicial.
Artículo 81. Descanso.
1. Por cada tres meses de desplazamiento continuado de duración que no exceda de un año, sin posibilidad de pernoctar en el lugar de residencia habitual, el trabajador tendrá derecho a un mínimo de cuatro días laborables retribuidos en dicho lugar, sin computar como tales los de viaje, cuyos billetes o su importe, serán de cuenta del empresario.
Tales días de descanso deberán hacerse efectivos dentro del término de los quince días naturales inmediatamente posteriores a la fecha de vencimiento de cada período de tres meses de desplazamiento.
2. Por acuerdo individual, podrá pactarse la acumulación de estos días, añadiéndose, incluso, al período de vacaciones.
Artículo 82. Dietas.
1. La dieta es un concepto extrasalarial, de naturaleza indemnizatoria o compensatoria, y de carácter irregular, que tiene como finalidad el resarcimiento o compensación de los gastos de manutención y alojamiento del trabajador, ocasionados como consecuencia de la situación de desplazamiento.
2. El trabajador percibirá dieta completa cuando, como consecuencia del desplazamiento, no pueda pernoctar en su residencia habitual. Se devengará siempre por día natural.
3. Cuando el empresario organice y coste la manutención y alojamiento del personal desplazado, siempre que reúna las condiciones exigibles y suficientes, solamente satisfará el 20 por 100 de la dieta completa.
4. Se devengará media dieta cuando, como consecuencia del desplazamiento, el trabajador afectado tenga necesidad de realizar la comida fuera de su residencia habitual, no le fuera suministrada por la empresa y pueda pernoctar en la citada residencia. La media dieta se devengará por día efectivo trabajado.
5. Las dietas o medias dietas se percibirán siempre con independencia de la retribución del trabajador y en las mismas fechas que esta; pero en los desplazamientos de más de una semana de duración, aquel podrá solicitar anticipos quincenales a cuenta, y a justificar, sobre las mencionadas dietas.
6. El importe de la dieta completa y de la media dieta será fijado en el marco de los convenios colectivos de ámbito inferior.
7. La dieta completa no se devengará en los casos de suspensión legal del contrato de trabajo, salvo en los casos de incapacidad temporal en los que la empresa mantenga el desplazamiento.
Artículo 83. Locomoción.
Serán de cuenta de la empresa los gastos de locomoción que se originen como consecuencia de la situación de desplazamiento, ya sea poniendo medios propios a disposición del trabajador, ya abonándole la compensación correspondiente.
Artículo 84. Prioridad de permanencia.
Tienen prioridad para ser los últimos en ser afectados por cualquier desplazamiento a población distinta del lugar de su residencia habitual, los representantes legales de los trabajadores, dentro de su categoría y especialidad profesional u oficio.
Artículo 85. Condiciones de trabajo en el centro de llegada o destino.
1. El personal desplazado quedará vinculado a la jornada, horario de trabajo y calendario vigente en la obra o centro de trabajo de llegada. No obstante, en el supuesto de que la jornada de trabajo correspondiente al centro de origen, fuese inferior a la del de llegada, se abonará el exceso como horas extraordinarias, que no computarán para el límite del número de dichas horas.
2. La dieta o media dieta, en su caso, a percibir por el personal desplazado, será la que corresponda de acuerdo con el convenio colectivo provincial del lugar de llegada.
3. El trabajador desplazado deberá facilitar, en cuanto de él dependa, cuantos trámites fuesen precisos en orden a la regularización de su nueva situación.
Artículo 86. Obras de larga extensión.
1. Son aquellas en las que el lugar de prestación de trabajo resulta variable a lo largo de un determinado territorio o zona, bien sea mediante tajos continuos o discontinuos, pudiendo abarcar varios términos municipales o incluso provincias, pero de tal modo que, a efectos técnicos y de organización empresarial, formen parte de una única unidad estructural.
2. La prestación de actividad laboral a lo largo de cualesquiera de los tajos o centros de trabajo integrantes de esta modalidad de obras, no constituye desplazamiento en sentido técnico, por lo que tales supuestos están excluidos del régimen jurídico previsto en el presente capítulo, si bien el tiempo invertido en esta movilidad dentro de la obra se computará como trabajado.
3. No obstante lo establecido en el apartado anterior, si como consecuencia de la prestación de servicios en estas obras, el trabajador no pudiera pernoctar en el lugar de su residencia habitual, devengará el derecho a la percepción de dieta completa, así como a ser resarcido por la empresa de los gastos de viaje de ida y vuelta al lugar específico de trabajo.
4. Cuando las citadas obras discurran por ámbitos territoriales correspondientes a varias provincias, será de aplicación, en su caso, la dieta del convenio colectivo del lugar de prestación efectiva de la actividad del trabajador. En el caso de que un determinado tajo o centro de trabajo se encuentre en el límite geográfico entre dos provincias, será de aplicación la del convenio colectivo correspondiente al lugar donde se preste la actividad laboral durante un mayor período de tiempo.
Artículo 87. Traslado de centro de trabajo.
1. El traslado total o parcial de las instalaciones que no exija cambio de residencia habitual a los trabajadores afectados, será facultad del empresario, previo informe, en su caso, de los representantes legales de los trabajadores, que deberán emitirlo en el plazo de quince días, a partir de aquel en que se les haya notificado la decisión correspondiente.
2. Si dicho traslado supusiera cambio de residencia habitual, a falta de aceptación, en su caso, por parte de los representantes legales de los trabajadores, habrá que estar, para poder llevarlo a efecto, a las restantes disposiciones establecidas, al respecto, en el artículo 40.2 del E.T., y en cuanto a sus condiciones, a lo previsto a tales efectos en este Convenio General del Sector.
Artículo 88. Residencia habitual.
1. Se entenderá por residencia habitual del trabajador la que haya señalado este, lo que es preceptivo, al ingresar en la empresa, debiendo comunicar a esta los cambios que se produzcan al respecto durante la vigencia del correspondiente contrato de trabajo.
2. Los cambios de residencia habitual del trabajador que se produzcan durante el transcurso de la relación laboral, y que no se hayan comunicado por este a su empresa, no producirán ningún efecto en relación con las disposiciones de este Convenio General y demás normativa que sea de aplicación.
3. Los cambios de residencia habitual del trabajador, que no vengan obligados por decisiones de su empresa, no darán lugar, por sí solos, a derecho o compensación alguna a su favor, aunque, como es preceptivo, le deban ser comunicados a esta.
4. A los efectos del presente capítulo, se entenderá que un desplazamiento implica cambio de residencia habitual, cuando razonablemente imposibilite o haga especialmente gravoso u oneroso al trabajador el desplazamiento diario al centro de destino desde dicha residencia, atendidas las circunstancias de distancia y tiempo invertido en recorrerla.
En ningún caso se entenderá que un desplazamiento implica cambio de residencia, cuando, con respecto al centro de trabajo de destino, se produzca alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que esté ubicado en el mismo término municipal que el de procedencia.
b) Que se encuentre más próximo de la residencia habitual del trabajador que el centro de procedencia.
CAPÍTULO XI
Suspensión y extinción de la relación laboral
Artículo 89. Causas y efectos de la suspensión.
1. El contrato de trabajo podrá suspenderse por las siguientes causas:
a) Mutuo acuerdo de las partes.
b) Las consignadas válidamente en el contrato.
c) Incapacidad temporal de los trabajadores.
d) Maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural de un menor de nueve meses, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, de conformidad con el Código Civil o las leyes civiles de las Comunidades Autónomas que lo regulen, siempre que su duración no sea inferior a un año, de menores de seis años o de menores de edad que sean mayores de seis años cuando se trate de menores con discapacidad o que por sus circunstancias y experiencias personales o por provenir del extranjero, tengan especiales dificultades de inserción social y familiar debidamente acreditadas por los servicios sociales competentes.
e) Ejercicio de cargo público representativo.
f) Privación de libertad del trabajador, mientras no exista sentencia condenatoria.
g) Suspensión de empleo y sueldo, por razones disciplinarias.
h) Fuerza mayor temporal.
i) Causas económicas, técnicas, organizativas o de producción que impidan la prestación y la aceptación del trabajo.
j) Excedencia forzosa.
k) Ejercicio del derecho de huelga.
l) Cierre legal de la empresa.
m) Por decisión de la trabajadora que se vea obligada a abandonar su puesto de trabajo como consecuencia de ser víctima de violencia de género.
2. La suspensión exonera de las obligaciones recíprocas de trabajar y remunerar el trabajo.
3. Cuando la suspensión venga motivada por alguna de las causas previstas en los epígrafes f) y g) del apartado 1 de este artículo, y salvo acuerdo entre las partes, el tiempo de suspensión no computará a efectos de años de servicio.
Artículo 90. Suspensión del contrato por causas de fuerza mayor temporal.
1. A efectos de la causa de suspensión prevista en la letra h) del apartado 1 del artículo anterior, tendrán la consideración de fuerza mayor temporal, entre otras, siempre que resulten imprevisibles, o siendo previsibles, resulten inevitables, las situaciones siguientes:
a) Imposibilidad de recepción de acopios, materiales o suministro de los mismos.
b) Corte del suministro de energía, por causas ajenas a la empresa.
c) Fenómenos climatológicos que impidan la normal realización de los trabajos.
d) Paralización de la obra o parte de esta, por orden gubernativa, resolución administrativa u otras causas similares ajenas a la voluntad del empresario, sin perjuicio de lo establecido, al respecto, para el contrato fijo de obra, en el presente Convenio.
e) Paralización de la actividad de los trabajadores en la obra, acordada por decisión mayoritaria de los representantes legales de aquellos o, en su caso, de los delegados de prevención, cuando dicha paralización se mantenga con posterioridad y en contra del preceptivo pronunciamiento en el plazo de veinticuatro horas de la autoridad laboral.
2. En todos estos supuestos, se aplicará el procedimiento previsto en el artículo 51.7 del E.T.
Artículo 91. Excedencia forzosa.
1. Los supuestos de excedencia forzosa previstos en la Ley darán lugar al derecho a la conservación del puesto de trabajo y al cómputo de la antigüedad durante su vigencia. El reingreso se solicitará dentro del mes siguiente al cese en el cargo que motivó la excedencia, perdiéndose el derecho al reingreso si se solicita transcurrido este plazo.
2. La duración del contrato de trabajo no se verá interrumpida por la situación de excedencia forzosa del trabajador, y en el caso de llegar el término del contrato durante el transcurso de la misma, se extinguirá dicho contrato, previa su denuncia o preaviso, salvo pacto en contrario.
Artículo 92. Excedencias voluntarias, por cuidado de familiares y las reguladas por pacto de las partes.
1. El trabajador con al menos, una antigüedad en la empresa de un año, tendrá derecho a que se le reconozca la posibilidad de situarse en excedencia voluntaria por un plazo no inferior a cuatro meses ni superior a cinco años. El trabajador en excedencia, conservará un derecho preferente al reingreso en las vacantes, de igual o similar categoría a la suya, que hubiera o se produjeran en la empresa, siempre que lo solicite con, al menos, un mes de antelación al término de la excedencia. El tiempo de excedencia no computará a efectos de años de servicio.
2. Los trabajadores tendrán derecho a un período de excedencia, no superior a tres años, para atender al cuidado de cada hijo, ya sea por naturaleza o por adopción o en los supuestos, de guarda con fines de adopción o de acogimiento, tanto permanente como preadoptivo, aunque estos sean provisionales, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa. El período de duración de la excedencia podrá disfrutarse de forma fraccionada.
También tendrá derecho a un período de excedencia, de duración no superior a dos años, salvo que se establezca una duración superior por acuerdo entre las partes, los trabajadores para atender el cuidado de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo, y no desempeñe actividad retribuida.
En caso de que dos o más trabajadores de la misma empresa generasen este derecho por el mismo sujeto causante, el empresario podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de la empresa.
Cuando un nuevo sujeto causante diera derecho a un nuevo período de excedencia, el inicio de la misma dará fin al que, en su caso, se viniera disfrutando.
El período en que el trabajador permanezca en situación de excedencia conforme a lo establecido en este apartado será computable a efectos de años de servicio y el trabajador tendrá derecho a la asistencia a cursos de formación profesional, a cuya participación deberá ser convocado por el empresario, especialmente con ocasión de su incorporación, la cual deberá ser solicitada con, al menos, un mes de antelación al término de la excedencia. Durante el primer año tendrá derecho a la reserva de su puesto de trabajo. Transcurrido dicho plazo, la reserva quedará referida a un puesto de trabajo del mismo grupo profesional o categoría equivalente.
No obstante, cuando el trabajador forme parte de una familia que tenga reconocida oficialmente la condición de familia numerosa, la reserva de su puesto de trabajo se extenderá hasta un máximo de quince meses cuando se trate de una familia numerosa de categoría general, y hasta un máximo de dieciocho meses si se trata de categoría especial.
3. Durante el período de excedencia, el trabajador no podrá prestar sus servicios en otra empresa que se dedique a la misma actividad. Si así lo hiciera, perderá automáticamente su derecho de reingreso.
4. En las excedencias pactadas se estará a lo que establezcan las partes.
Artículo 93. Causas y efectos de la extinción.
En cuanto a la extinción del contrato de trabajo, se estará a lo dispuesto en la legislación vigente y, en concreto, a lo establecido en el E.T. en sus artículos 49 a 57, ambos inclusive, y a las especialidades previstas en este Convenio para el contrato fijo de obra y otras modalidades de contratación.
Artículo 94. Ceses.
La extinción del contrato, según el carácter del mismo, se ajustará a los siguientes requisitos:
a) Durante el período de prueba, las empresas y los trabajadores podrán dar por terminado su contrato sin necesidad de preaviso y sin derecho a indemnización alguna.
b) En los contratos temporales, la extinción se producirá cuando transcurra el plazo de duración fijado en los mismos, previa su denuncia, en su caso.
c) En cuanto al contrato de fijo en obra, se estará a lo dispuesto al respecto en la regulación que del mismo se efectúa en este Convenio.
Artículo 95. Finiquitos.
1. El recibo de finiquito de la relación laboral entre empresa y trabajador, para que surta plenos efectos liberatorios, deberá ser conforme al modelo que figura como Anexo III de este Convenio y con los requisitos y formalidades establecidos en los números siguientes. La Confederación Nacional de la Construcción lo editará y proveerá de ejemplares a todas las organizaciones patronales provinciales.
2. Toda comunicación de cese o de preaviso de cese, deberá ir acompañada de una propuesta de finiquito en el modelo citado. Cuando se utilice como propuesta, no será preciso cumplimentar la parte que figura después de la fecha y lugar.
3. El recibo de finiquito será expedido por la organización patronal correspondiente, numerado, sellado y fechado y tendrá validez únicamente dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha en que fue expedido. La organización patronal que lo expida, vendrá obligada a llevar un registro que contenga los datos anteriormente expresados.
4. Una vez firmado por el trabajador, este recibo de finiquito surtirá los efectos liberatorios que le son propios.
5. En los supuestos de extinción de contrato por voluntad del trabajador, no serán de aplicación los apartados 2 y 3 de este artículo.
6. El trabajador podrá estar asistido por un representante de los trabajadores, o en su defecto por un representante sindical de los sindicatos firmantes de presente Convenio, en el acto de la firma del recibo de finiquito.
Artículo 96. Jubilación.
1. Las partes firmantes del presente Convenio, conscientes de que es necesario acometer una política de empleo encaminada a mejorar la estabilidad y la calidad del mismo, consideran conveniente fomentar la jubilación siempre que el trabajador cumpla con los requisitos legales para acceder a la pensión de jubilación.
2. Dicha medida, por un lado, se encuentra directamente vinculada al objetivo de mejora de la estabilidad en el empleo, cuya plasmación en el presente Convenio Colectivo se encuentra en la regulación del contrato fijo de obra del sector de la construcción previsto en el artículo 24, a la prolongación del plazo máximo de duración de los contratos eventuales por circunstancias de la producción, acumulación de tareas o exceso de pedidos, contemplada en el artículo 25 del presente Convenio, y a la subrogación de personal establecida en el artículo 27.
3. Se prevé en este Convenio la posibilidad de acudir a la jubilación anticipada y parcial como medidas encaminadas a mejorar la estabilidad y calidad en el empleo en el sector de la construcción, medidas que podrán ser adoptadas por las empresas dentro de las figuras que jurídicamente lo permitan.
Además, lo dispuesto en este artículo será tenido en cuenta en relación con lo establecido en el artículo 8 del Real Decreto-Ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo, por el que se da una nueva redacción al apartado 2 de la Disposición Final Duodécima de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, en relación con lo dispuesto en la Disposición Final Quinta del mismo Real Decreto-Ley a los efectos de la aplicación de la regulación de la pensión de jubilación vigente antes de 1 de enero de 2013 en los siguientes supuestos:
1.º Las personas con relación laboral suspendida o extinguida como consecuencia de decisiones adoptadas en expedientes de regulación de empleo, o por medio de convenios colectivos de cualquier ámbito, acuerdos colectivos de empresa así como por decisiones adoptadas en procedimientos concursales, aprobados, suscritos o declarados con anterioridad a 1 de abril de 2013, siempre que la extinción o suspensión de la relación laboral se produzca con anterioridad a 1 de enero de 2019, por el cual los trabajadores afectados, los representantes unitarios y sindicales o las empresas dispondrán hasta el día 15 de abril de 2013 para comunicar y poner a disposición de las direcciones provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social copia de los expedientes de regulación de empleo, aprobados con anterioridad al 1 de abril de 2013, de los convenios colectivos de cualquier ámbito así como acuerdos colectivos de empresa, suscritos con anterioridad a dicha fecha, o de las decisiones adoptadas en procedimientos concursales dictadas antes de la fecha señalada, en los que se contemple, en unos y otros, la extinción de la relación laboral o la suspensión de la misma, con independencia de que la extinción de la relación laboral se haya producido con anterioridad o con posterioridad al 1 de abril de 2013.
2.º Las personas que hayan accedido a la pensión de jubilación parcial con anterioridad a 1 de abril de 2013, así como las personas incorporadas antes de dicha fecha a planes de jubilación parcial recogidos en convenios colectivos de cualquier ámbito o acuerdos colectivos de empresa con independencia de que el acceso a la jubilación parcial se haya producido con anterioridad o posterioridad a 1 de abril de 2013, por el cual los trabajadores afectados, los representantes unitarios y sindicales o las empresas, dispondrán hasta el día 15 de abril de 2013 para comunicar y poner a disposición de las direcciones provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social los planes de jubilación parcial, recogidos en convenios colectivos de cualquier ámbito o acuerdos colectivos de empresas, suscritos antes del día 1 de abril de 2013, con independencia de que el acceso a la jubilación parcial se haya producido con anterioridad o con posterioridad al 1 de abril de 2013.
4. Los trabajadores del sector de la construcción que se vean afectados por una jubilación, en sus diferentes modalidades, se entenderán incluidos en los supuestos del artículo 8 del Real Decreto-Ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo, siéndoles de aplicación, siempre que cumplan los demás requisitos previstos en ese artículo, la regulación de la pensión de jubilación vigente antes de 1 de enero de 2013, esto es, la regulación vigente antes de la entrada en vigor de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social.
5. Las partes firmantes del presente Convenio se comprometen a formular petición razonada de solicitud de reducción de la edad de jubilación de las actividades en las escalas, grupos profesionales, o especialidades del sector en las que estimen que concurran situaciones o requerimientos físicos de penosidad, peligrosidad, insalubridad o toxicidad que hacen aconsejable el establecimiento de la anticipación de la edad de jubilación, en los términos previstos en la disposición adicional primera de este Convenio.
CAPÍTULO XII
Faltas y sanciones
Artículo 97. Criterios generales.
La empresa podrá sancionar, como falta laboral, las acciones u omisiones de los trabajadores que se produzcan con ocasión o como consecuencia de la relación laboral y que supongan una infracción o incumplimiento contractual de sus deberes laborales, de acuerdo con la tipificación y graduación de las faltas establecidas en el presente capítulo o en otras normas laborales o sociales.
Artículo 98. Clases de faltas.
Las faltas cometidas por los trabajadores al servicio de las empresas del sector, se clasificarán atendiendo a su importancia y, en su caso, a su reincidencia, en leves, graves, y muy graves, de conformidad con lo que se dispone en los artículos siguientes.
Artículo 99. Faltas leves.
Se considerarán faltas leves las siguientes:
a) Hasta tres faltas de puntualidad en un mes, sin motivo justificado.
b) La no comunicación, con cuarenta y ocho horas como mínimo de antelación, de cualquier falta de asistencia al trabajo por causas justificadas, a no ser que se acredite la imposibilidad de hacerlo.
c) El abandono del centro o del puesto de trabajo, sin causa o motivo justificado, aún por breve tiempo, siempre que dicho abandono no fuera perjudicial para el desarrollo de la actividad productiva de la empresa o causa de daños o accidentes a sus compañeros de trabajo, en que podrá ser considerada como grave o muy grave.
d) Faltar al trabajo un día al mes, sin causa justificada.
e) La falta de atención y diligencia debidas en el desarrollo del trabajo encomendado, siempre y cuando no cause perjuicio de consideración a la empresa o a sus compañeros de trabajo, en cuyo supuesto podrá ser considerada como grave o muy grave.
f) Pequeños descuidos en la conservación del material.
g) No comunicar a la empresa cualquier variación de su situación que tenga incidencia en lo laboral, como el cambio de su residencia habitual.
h) La falta ocasional de aseo o limpieza personal, cuando ello ocasione reclamaciones o quejas de sus compañeros o jefes.
i) Las faltas de respeto, de escasa consideración, a sus compañeros, e incluso, a terceras personas ajenas a la empresa o centro de actividad, siempre que ello se produzca con motivo u ocasión del trabajo.
j) Permanecer en zonas o lugares distintos de aquellos en que realice su trabajo habitual, sin causa que lo justifique, o sin estar autorizado para ello.
k) Encontrarse en el local de trabajo, sin autorización, fuera de la jornada laboral.
l) La inobservancia de las normas en materia de prevención de riesgos laborales, que no entrañen riesgo grave para el trabajador, ni para sus compañeros o terceras personas.
m) Las discusiones sobre asuntos extraños al trabajo durante la jornada laboral. Si tales discusiones produjesen graves escándalos o alborotos, podrán ser consideradas como faltas graves o muy graves.
n) Distraer a sus compañeros durante el tiempo de trabajo y prolongar las ausencias breves y justificadas por tiempo superior al necesario.
ñ) Usar medios telefónicos, telemáticos, informáticos, mecánicos o electrónicos de la empresa, para asuntos particulares, sin la debida autorización.
Artículo 100. Faltas graves.
Se considerarán faltas graves las siguientes:
a) Más de tres faltas de puntualidad en un mes o hasta tres cuando el retraso sea superior a quince minutos, en cada una de ellas, durante dicho período, sin causa justificada.
b) Faltar dos días al trabajo durante un mes, sin causa que lo justifique.
c) No prestar la diligencia o la atención debidas en el trabajo encomendado, que pueda suponer riesgo o perjuicio de cierta consideración para el propio trabajador, sus compañeros, la empresa o terceros.
d) La simulación de supuestos de incapacidad temporal o accidente.
e) El incumplimiento de las órdenes o la inobservancia de las normas en materia de prevención de riesgos laborales, cuando las mismas supongan riesgo grave para el trabajador, sus compañeros o terceros, así como negarse al uso de los medios de seguridad facilitados por la empresa.
f) La desobediencia a los superiores en cualquier materia de trabajo, siempre que la orden no implique condición vejatoria para el trabajador o entrañe riesgo para la vida o salud, tanto de él como de otros trabajadores.
g) Cualquier alteración o falsificación de datos personales o laborales relativos al propio trabajador o a sus compañeros.
h) La negligencia o imprudencia graves en el desarrollo de la actividad encomendada.
i) Realizar, sin el oportuno permiso, trabajos particulares en la obra, o centro de trabajo, así como utilizar para usos propios herramientas de la empresa, tanto dentro como fuera de los locales de trabajo, a no ser que se cuente con la oportuna autorización.
j) La disminución voluntaria y ocasional en el rendimiento de trabajo.
k) Proporcionar datos reservados o información de la obra o centro de trabajo o de la empresa, o de personas de la misma, sin la debida autorización para ello.
l) La ocultación de cualquier hecho o falta que el trabajador hubiese presenciado y que podría causar perjuicio grave de cualquier índole para la empresa, para sus compañeros de trabajo o para terceros.
m) No advertir inmediatamente a sus jefes, al empresario o a quien lo represente, de cualquier anomalía, avería o accidente que observe en las instalaciones, maquinaria o locales.
n) Introducir o facilitar el acceso al centro de trabajo a personas no autorizadas.
ñ) La negligencia grave en la conservación o en la limpieza de materiales y máquinas que el trabajador tenga a su cargo.
o) La reincidencia en cualquier falta leve, dentro del mismo trimestre, cuando haya mediado sanción por escrito de la empresa.
p) Consumo de bebidas alcohólicas o de cualquier sustancia estupefaciente que repercuta negativamente en el trabajo.
Artículo 101. Faltas muy graves.
Se considerarán faltas muy graves las siguientes:
a) Más de diez faltas de puntualidad no justificadas, cometidas en el período de tres meses o de veinte, durante seis meses.
b) Faltar al trabajo más de dos días al mes, sin causa o motivo que lo justifique.
c) El fraude, la deslealtad o el abuso de confianza en el trabajo, gestión o actividad encomendados; el hurto y el robo, tanto a sus compañeros como a la empresa o a cualquier persona que se halle en el centro de trabajo o fuera del mismo, durante el desarrollo de su actividad laboral.
d) Hacer desaparecer, inutilizar, destrozar o causar desperfectos en cualquier material, herramientas, máquinas, instalaciones, edificios, aparatos, enseres, documentos, libros o vehículos de la empresa o del centro de trabajo.
e) La embriaguez habitual o la toxicomanía si repercuten negativamente en el trabajo.
f) La revelación de cualquier información de reserva obligada.
g) La competencia desleal.
h) Los malos tratos de palabra u obra o faltas graves de respeto y consideración a los superiores, compañeros o subordinados.
i) El incumplimiento o inobservancia de las normas de prevención de riesgos laborales, cuando sean causantes de accidente laboral grave, perjuicios graves a sus compañeros o a terceros, o daños graves a la empresa.
j) El abuso de autoridad por parte de quien la ostente.
k) La disminución voluntaria y reiterada o continuada, en el rendimiento normal del trabajo.
l) La desobediencia continuada o persistente.
m) Los actos desarrollados en el centro de trabajo o fuera de él, con motivo u ocasión del trabajo encomendado, que puedan ser constitutivos de delito.
n) La emisión maliciosa, o por negligencia inexcusable, de noticias o información falsa referente a la empresa o centro de trabajo.
ñ) El abandono del puesto o del trabajo sin justificación, especialmente en puestos de mando o responsabilidad, o cuando ello ocasione evidente perjuicio para la empresa o pueda llegar a ser causa de accidente para el trabajador, sus compañeros o terceros.
o) La imprudencia o negligencia en el desempeño del trabajo encomendado, o cuando la forma de realizarlo implique riesgo de accidente o peligro grave de avería para las instalaciones o maquinaria de la empresa.
p) La reincidencia en falta grave, aunque sea de distinta naturaleza, dentro del mismo semestre, que haya sido objeto de sanción por escrito.
Artículo 102. Sanciones. Aplicación.
1. Las sanciones que las empresas pueden aplicar, según la gravedad y circunstancias de las faltas cometidas, serán las siguientes:
a) Faltas leves:
Amonestación verbal.
Amonestación por escrito.
b) Faltas graves:
Suspensión de empleo y sueldo de uno a quince días.
c) Faltas muy graves:
Suspensión de empleo y sueldo de dieciséis a noventa días.
Despido.
2. Para la aplicación y graduación de las sanciones que anteceden en el punto 1, se tendrá en cuenta:
a) El mayor o menor grado de responsabilidad del que comete la falta.
b) La categoría profesional del mismo.
c) La repercusión del hecho en los demás trabajadores y en la empresa.
3. Previamente a la imposición de sanciones por faltas graves o muy graves a los trabajadores que ostenten la condición de representante legal o sindical, les será instruido expediente contradictorio por parte de la empresa, en el que serán oídos, aparte del interesado, los restantes miembros de la representación a que este perteneciera, si los hubiere.
La obligación de instruir el expediente contradictorio aludido anteriormente, se extiende hasta el año siguiente a la cesación en el cargo representativo.
4. En aquellos supuestos en los que la empresa pretenda imponer una sanción a aquellos trabajadores de los que tenga constancia que están afiliados a un sindicato, deberá, con carácter previo a la imposición de tal medida, dar audiencia a los delegados sindicales, si los hubiere.
Artículo 103. Otros efectos de las sanciones.
Las empresas anotarán en los expedientes laborales de sus trabajadores las sanciones que por falta grave o muy grave se les impongan, consignando también la reincidencia en las faltas leves.
TÍTULO II
Representantes de los trabajadores
Artículo 104. Representación unitaria.
Los trabajadores tienen derecho a participar en la empresa a través de los comités de empresa o delegados de personal, en los términos regulados en el Título II del E.T. y en los siguientes apartados.
a) Dada la movilidad del personal del sector de la construcción, y de conformidad con el artículo 69.2 del E.T., se pacta que la antigüedad mínima en la empresa para ser elegible queda reducida a tres meses computándose para ello todos los períodos que el trabajador haya estado prestando sus servicios en la empresa durante los doce meses anteriores la convocatoria de las elecciones.
b) Por la misma razón, expresada en el párrafo precedente, de la movilidad del personal, en las obras, el número de representantes podrá experimentar, cada año, el ajuste correspondiente, en más o en menos, de conformidad con lo establecido en el párrafo siguiente.
En caso de que se produzca un incremento de plantilla, se podrán celebrar elecciones parciales, en los términos establecidos en el artículo 13.1 del Real Decreto 1844/1994, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de elecciones a órganos de representación de los trabajadores en la empresa.
c) Los representantes legales, de acuerdo con el sindicato al que pertenezcan, tendrán derecho a la acumulación de hasta el 75 por 100 de horas retribuidas para el ejercicio de sus funciones, en uno o varios de ellos.
d) Aquellos convenios provinciales que, a la entrada en vigor del Convenio General del Sector de la Construcción de 1992, tuvieran establecidas condiciones más beneficiosas, las mantendrán en sus propios términos.
Artículo 105. Representación sindical.
En materia de representación sindical, se estará a lo dispuesto en la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, debiendo tenerse además en cuenta las siguientes estipulaciones:
a) La unidad de referencia para el desarrollo de la acción sindical es la empresa o, en su caso, el centro de trabajo.
b) Los delegados sindicales, de acuerdo con el sindicato al que pertenezcan, tendrán derecho a la acumulación de horas retribuidas para el ejercicio de sus funciones, en uno o varios de ellos, sin rebasar el máximo total de horas legalmente establecido.
c) Los convenios de ámbito inferior al presente podrán establecer un número de trabajadores inferior al establecido en la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad sindical, al objeto de tener derecho a la elección de delegados sindicales.
Artículo 106. Responsabilidad de los sindicatos.
Los sindicatos, en los términos previstos en el artículo 5 de la Ley Orgánica de Libertad sindical, responderán de los actos o acuerdos adoptados por sus órganos estatutarios, en la esfera de sus respectivas competencias, y por los actos individuales de sus afiliados, cuando estos actúen en el ejercicio de sus funciones representativas o por cuenta del sindicato.
TÍTULO III
Comisiones Mixtas
CAPÍTULO I
Comisión Paritaria
Artículo 107. Comisión Paritaria.
1. Se crea una Comisión Paritaria compuesta por un máximo de 12 miembros que serán designados por mitad por cada una de las partes, sindical y empresarial, en la forma que decidan las respectivas organizaciones y con las funciones que se especifican en el artículo siguiente.
2. Los acuerdos de la Comisión Paritaria sobre interpretación o aplicación se adoptarán en todo caso por unanimidad mediante la correspondiente resolución y tendrán la misma eficacia jurídica y tramitación que el presente Convenio.
3. La Comisión se reunirá cuantas veces estime necesario para la buena marcha del presente Convenio y ella determinará, en cada caso, sus normas de funcionamiento.
Artículo 108. Funciones y procedimientos de la Comisión Paritaria.
1. La Comisión Paritaria a que se refiere el artículo anterior, tendrá las siguientes funciones:
a) Vigilancia y seguimiento del cumplimiento de este Convenio.
b) El conocimiento y resolución de las cuestiones derivadas de la aplicación e interpretación de la totalidad de los preceptos del presente Convenio.
c) A instancia de alguna de las partes, mediar y/o intentar conciliar, en su caso, y previo acuerdo de estas y a solicitud de las mismas, arbitrar en cuantas ocasiones y conflictos, todos ellos de carácter colectivo, puedan suscitarse en la aplicación del presente Convenio.
d) Entender, de forma previa y obligatoria a la vía administrativa y jurisdiccional, en los términos previstos en el apartado 2 de este artículo, sobre el planteamiento de conflictos colectivos que surjan por la aplicación e interpretación del presente Convenio.
e) Fijar, conforme a lo establecido en el artículo 50.2, la tabla de la remuneración mínima bruta anual para cada año de vigencia de este Convenio.
f) En el caso de, que tras el correspondiente periodo de consultas establecido en el artículo 41.4 del E.T., no se alcanzase acuerdo en la empresa en la negociación de la modificación sustancial de condiciones de trabajo regulada en el número 6 de dicho precepto, deberán remitirse las actuaciones dentro de los 5 días siguientes a la correspondiente Comisión Paritaria a fin de que esta solvente las discrepancias.
Dichas actuaciones deberán enviarse junto con la correspondiente Acta de Desacuerdo recogida en el modelo del anexo IX y que de forma específica se establece para este supuesto.
En caso de que la citada Comisión no lograse un acuerdo en el plazo de 7 días, remitirá dentro de los 3 días siguientes las actuaciones al Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje de su ámbito acompañada del Acta del Anexo IX y ello a fin de que este dicte el correspondiente arbitraje vinculante, en cuyo caso el laudo arbitral tendrá la misma eficacia que los acuerdos en periodo de consultas y solo será recurrible conforme al procedimiento y en base a los motivos establecidos en el artículo 91 del E.T.
En los supuestos de ausencia de representantes de los trabajadores en la empresa, se entenderá atribuida a los sindicatos más representativos del sector que estuvieran legitimados para formar parte de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de aplicación a la misma, salvo que los trabajadores atribuyan su representación a una comisión designada conforme a lo dispuesto en el artículo 41.4 del E.T.
g) Fijar, en su caso, de acuerdo a lo pactado, la determinación de la remuneración que deberá trasladarse a las tablas de los respectivos Convenios Provinciales, así como cuantificar, si procede, la revisión de las citadas remuneraciones y sus efectos según la fórmula que al efecto se haya establecido.
h) Cuantas otras funciones tiendan a la mayor eficacia práctica del presente Convenio, o se deriven de lo estipulado en su texto y anexos que formen parte del mismo.
2. Tanto las partes signatarias del presente Convenio como las comprendidas en el número 1 del artículo 4 referente al ámbito personal, se obligan a poner en conocimiento de la Comisión Paritaria cuantas dudas, discrepancias y conflictos colectivos, de carácter general, pudieran plantearse en relación con la interpretación y aplicación del mismo, siempre que sean de su competencia conforme a lo establecido en el apartado anterior, a fin de que, mediante su intervención, se resuelva el problema planteado o, si ello no fuera posible, emita la correspondiente resolución o informe.
3. Sin perjuicio de lo pactado en el apartado 3 del artículo anterior, se establece que las cuestiones propias de su competencia que se planteen a la Comisión Paritaria deberán presentarse de forma escrita, y su contenido será el necesario para que pueda examinar y analizar el problema con conocimiento de causa, debiendo tener como contenido mínimo obligatorio:
a) Exposición sucinta y concreta del asunto.
b) Razones y fundamentos que entienda le asisten al proponente.
c) Propuesta o petición concreta que se formule a la Comisión.
Al escrito de consulta se acompañarán cuantos documentos se entiendan necesarios para la mejor comprensión y resolución del problema.
4. La Comisión podrá recabar, por vía de ampliación, cuanta información o documentación estime pertinente para una mejor o más completa información del asunto, a cuyo efecto concederá un plazo al proponente que no podrá exceder de cinco días hábiles.
5. La Comisión Paritaria, una vez recibido el escrito de consulta o, en su caso, completada la información pertinente, dispondrá de un plazo no superior a veinte días hábiles para, en caso de acuerdo, resolver la cuestión suscitada emitiendo la correspondiente resolución.
Si no hubiese acuerdo se realizará Informe en el que los integrantes de la Comisión recogerán las consideraciones que, respectivamente, hayan formulado para fundamentar sus respectivas posiciones y, por lo tanto, la discrepancia.
En este último supuesto la Comisión actuará conforme se establece en el número siguiente.
6. En aquellos supuestos en los que la Comisión Paritaria no alcance acuerdo en relación a las cuestiones que dentro de sus competencias les sean planteadas al margen de las recogidas en el anterior apartado 1, letra h) y en el Capítulo III del Título Preliminar trasladarán, en su caso, las discrepancias a los sistemas de solución extrajudicial de conflictos, asumiendo el Acuerdo sobre Solución Autónoma de Conflictos Laborales (Sistema Extrajudicial), publicado en el BOE de 23 de febrero de 2012 y ello de acuerdo con lo establecido en el artículo 14 del presente Convenio, o en su caso, sometiéndose a los sistemas no judiciales de solución de conflictos establecidos mediante los correspondientes Acuerdos Interprofesionales previstos en el artículo 83 del E.T.
7. Respecto de las medidas para contribuir a la flexibilidad interna de la empresa, la posible distribución irregular de la jornada será la regulada en el E.T.
Los procedimientos así como y los periodos temporales y de referencia para la movilidad funcional se encuentran regulados en el Capítulo IX. Movilidad Funcional, artículos 74 a 78 del presente Convenio.
CAPÍTULO II
Comisión Sectorial de Productividad
Artículo 109. Comisión Sectorial de Productividad.
1. La Comisión Sectorial de Productividad tendrá su sede en Madrid, en los locales que la propia Comisión acuerde en cada momento.
2. Dicha Comisión estará formada por un máximo de diez miembros, designados, la mitad por CNC y la otra mitad, por los sindicatos firmantes, todos ellos con voz y voto. El Presidente será designado, de entre los miembros, por ambas partes, de común acuerdo, y tendrá, en caso de empate, voto dirimente cuando así lo decidan, por unanimidad, las dos partes. El Secretario, será designado por las dos representaciones, de común acuerdo, de entre los miembros de la Comisión.
3. En los supuestos específicos que así lo requieran, caso por caso, y siempre que lo apruebe la propia Comisión, se recabará la asistencia de especialistas o técnicos en las materias de que se trate.
Artículo 110. Funcionamiento y acuerdos.
1. La propia Comisión Sectorial de Productividad se dotará de su reglamento de funcionamiento, en el que se establecerá que se deberá reunir con carácter ordinario, al menos, una vez cada tres meses, y con carácter extraordinario, cuando así lo solicite cualquiera de las partes o el Presidente, que convocará las reuniones, las presidirá y dirigirá los debates, otorgando y retirando la palabra, cuando lo estime oportuno.
2. Los acuerdos para su validez, requerirán el voto favorable de la mayoría absoluta de cada una de las dos representaciones.
Artículo 111. Funciones.
1. La Comisión Sectorial de Productividad será la encargada de elaborar y aprobar las tablas de rendimientos normales, que deberán formar parte de este Convenio como uno de sus Anexos, cuando lo apruebe la Comisión Paritaria del Convenio, constituyendo un todo orgánico con él.
2. Dicha Comisión de Productividad tendrá también la misión de aprobar, en su caso, las tablas de rendimientos que sometan a su consideración las comisiones negociadoras de los convenios colectivos provinciales o, en su caso, de comunidad autónoma, o las nuevas unidades que pretendan incluir en las mismas o la revisión de las ya existentes, conforme a lo acordado en el artículo 41 del presente Convenio.
No obstante lo anterior y en tanto la Comisión Sectorial de Productividad no haya elaborado las tablas de rendimientos normales, los convenios de ámbito inferior podrán elaborar tablas de rendimientos propias.
Para la validez de estas tablas de rendimientos, de ámbito provincial o autonómico, se requerirá la previa aprobación de la Comisión Sectorial de Productividad y de la Comisión Negociadora del correspondiente convenio.
3. La citada Comisión tendrá, asimismo, la función de aprobar, en su caso, y siempre con el acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio, las adaptaciones de los rendimientos recogidos en el Convenio General que le propongan las comisiones negociadoras de los convenios colectivos provinciales o, en su caso, de comunidad autónoma, cuando entiendan que se dan circunstancias o hechos diferenciales que lo justifiquen.
4. La Comisión Sectorial resolverá las dudas o consultas que se le planteen en relación con la aplicación de las tablas de rendimientos.
CAPÍTULO III
Comisión Paritaria Sectorial de Formación Profesional
Artículo 112. Comisión Paritaria Sectorial de Formación Profesional.
1. Se constituye la Comisión Paritaria Sectorial de Formación Profesional que estará integrada por hasta doce miembros, designados, la mitad por la CNC y la otra mitad por los sindicatos firmantes, en la forma que decidan las respectivas organizaciones, todos ellos con voz y voto.
Previo acuerdo en cada caso podrán participar en la comisión expertos en la materia de que se trate, los cuales actuaran con voz pero sin voto.
a) Duración y cese: los miembros de la Comisión Paritaria Sectorial ejercerán la representación por el período de vigencia del Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral, pudiendo cesar en su cargo por:
– Libre revocación de las organizaciones que los eligieron.
– Por renuncia o decisión personal.
En cualesquiera de los supuestos de cese, se procederá de forma inmediata a la sustitución del miembro de la Comisión Paritaria Sectorial, a cuyos efectos dentro de los quince días siguientes al cese se notificará la nueva designación por la organización correspondiente.
b) Domicilio social: la Comisión Paritaria Sectorial tendrá su domicilio social en la sede de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, sita actualmente en calle Torrelaguna, 56 - 28027 Madrid, pudiendo libremente trasladar su domicilio a cualquier otro, bastando para ello el acuerdo de las partes.
c) En este domicilio existirá una Secretaría permanente que se encargará de las funciones administrativas propias de un órgano de esta naturaleza.
d) La Comisión Paritaria Sectorial se reunirá en el domicilio social de la misma, con carácter ordinario mensualmente y, con carácter extraordinario, cuando así lo solicite una de las partes.
Las convocatorias de la Comisión Paritaria Sectorial las realizará la Secretaria permanente de la misma. Las convocatorias se cursarán mediante cartas certificadas, telefax o cualquier otro medio que acredite fehacientemente su envío y recepción, con al menos siete días de antelación a la fecha en que deba celebrarse la reunión.
Las reuniones que tengan carácter urgente podrán convocarse con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas. En la convocatoria deberá figurar día, hora y lugar de la reunión, así como los asuntos a tratar.
La Comisión Paritaria Sectorial quedará válidamente constituida cuando concurran a la reunión, presentes o representados, cuatro de los miembros de cada una de las representaciones.
La representación solo podrá conferirse a otro miembro de la Comisión Paritaria Sectorial y habrá de hacerse por escrito, mediante correo o fax.
e) Adopción de acuerdos: las decisiones de esta Comisión Paritaria se adoptarán por acuerdo unánime de ambas partes, empresarial y sindical, requiriéndose, en cualquier caso, el voto favorable de al menos cuatro miembros de cada una de las representaciones. Dichos acuerdos no serán efectivos hasta la aprobación del acta en que consten.
2. La Comisión Paritaria Sectorial de formación tendrá, entre otras, las siguientes funciones:
a) Velar por el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo.
b) Establecer o modificar criterios orientativos para la elaboración de los planes de formación continua sectoriales de empresas y agrupados, que afecten exclusivamente a las siguientes materias:
– Prioridades respecto a las acciones de formación continua a desarrollar.
– Orientación respecto a los colectivos de trabajadores preferentemente afectados por dichas acciones.
c) Mediar en las discrepancias que pudieran surgir entre las empresas y la representación legal de los trabajadores respecto del contenido del plan de formación elaborado por una empresa, siempre que esta o la representación de los trabajadores en ella así lo requiera.
d) Emitir informes a su iniciativa o en aquellos casos en que se le solicite respecto de los temas de su competencia.
e) Realizar una memoria anual sobre la aplicación de este capítulo en lo relativo a la formación continua en el sector.
f) Cuantas otras sean necesarias para desarrollar las actividades y funciones asignadas.
3. De los tiempos empleados en formación profesional para el empleo.
Para aquellos trabajadores que asistan a acciones formativas presenciales correspondientes a las convocatorias de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo durante los años de vigencia del presente Convenio, gestionadas por la Fundación Laboral de la Construcción, el 50 por 100 de las horas que precise esa acción será dentro de la jornada laboral o se deducirán de la misma en dicho porcentaje, siempre que se den las siguientes condiciones:
a) La empresa podrá denegar la asistencia de un trabajador a una acción formativa, mediante resolución motivada por razones técnicas, organizativas o de producción. En caso de denegación el trabajador podrá recurrir ante el Consejo Territorial de la FLC.
b) Los trabajadores que pueden asistir a las acciones formativas contempladas en este artículo, no superará anualmente al 10 por 100 de las plantillas, ni, en aquellos centros de trabajo con menos de 10 trabajadores, podrá concurrir más de uno.
c) El 50 por 100 de las horas a cargo de la empresa supondrá un máximo anual de veinte horas por trabajador, pudiendo distribuirse en una o varias acciones formativas.
d) El trabajador solicitante deberá haber superado el período de prueba y tener, en todo caso, una antigüedad mínima de un mes en la empresa.
e) Durante las horas formativas a cargo de la empresa el trabajador tendrá derecho al salario que le correspondería como si estuviera trabajando en jornada ordinaria.
f) El trabajador habrá de acreditar ante la empresa la asistencia a la correspondiente acción formativa.
g) Los permisos individuales de formación, recogidos en la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral se regirán por lo dispuesto en el mismo.
4. Permisos individuales de formación.
A través de la negociación colectiva se podrán establecer los términos concretos de utilización de los Permisos Individuales de Formación –que en cualquier caso se adecuarán a lo dispuesto en la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral y su normativa de desarrollo– procurando, por una parte, una utilización homogénea entre todos los estamentos de la plantilla estableciendo, si fuera necesario, porcentajes por grupos profesionales y, por otra, la participación de los Representantes de los Trabajadores en el proceso de autorización del permiso por parte de la empresa.
Asimismo, las partes se comprometen a difundir y promover la utilización de los permisos individuales de formación.
A efectos meramente estadísticos, las empresas informarán anualmente a la Comisión Paritaria Sectorial de formación de los permisos individuales solicitados por sus trabajadores.
5. Acciones complementarias y de acompañamiento.
Las acciones complementarias y de acompañamiento a la formación han de ser el instrumento que permita los estudios necesarios para conocer con mayor profundidad la realidad del sector y con ello identificar las necesidades formativas del mismo, tanto en nuevas competencias profesionales como en aquellas en las que se detecten carencias.
Del mismo modo han de servir para mejorar la calidad y eficacia de la formación continua, incorporando las metodologías y herramientas más acordes con las características propias del sector, así como mediante el análisis de cualquier otro aspecto que las partes consideren de importancia para el desarrollo de la formación en el sector.
La Comisión Paritaria Sectorial establecerá las prioridades en cada convocatoria. En todo caso priorizará aquellos proyectos consensuados por las organizaciones que integran la Comisión Paritaria Sectorial.
CAPÍTULO IV
Comisión Paritaria Sectorial de Seguridad y Salud en el Trabajo
Artículo 113. Comisión Paritaria Sectorial de Seguridad y Salud en el Trabajo.
La reglamentación de esta Comisión se incluye en el Título II del Libro II del presente Convenio.
TÍTULO IV
Igualdad de oportunidades
Artículo 114. Igualdad de oportunidades y no discriminación.
1. Las partes firmantes del presente Convenio, conscientes de la necesidad de seguir avanzando en la igualdad de mujeres y hombres en el ámbito laboral, e incidir en la igualdad de trato y no discriminación de género, así como en la eliminación de estereotipos, fomentando el igual valor de hombres y mujeres en todos los ámbitos, se comprometen a adoptar las medidas que se estimen necesarias y acuerdan llevar a cabo diferentes actuaciones en base a los siguientes principios:
a) Promover la aplicación efectiva de la igualdad de oportunidades en la empresa en cuanto al acceso al empleo, a la formación, a la promoción, a la protección a la maternidad y en las condiciones de trabajo.
b) Prevenir, detectar y erradicar cualquier manifestación de discriminación, directa o indirecta.
c) Identificar conjuntamente líneas de actuación e impulsar y desarrollar acciones concretas en esta materia.
d) Impulsar una presencia equilibrada de la mujer en los ámbitos de la empresa.
2. El sector de la construcción y obras públicas, materializando su compromiso y constante preocupación por la completa aplicación de las políticas de igualdad, considera que en el caso de empresas de más de 100 trabajadores las medidas de igualdad deberán dirigirse a la elaboración y aplicación de un Plan de Igualdad.
3. Los planes de igualdad de las empresas son un conjunto ordenando de medidas, adoptados después de realizar un diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar en la empresa la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres y eliminar la discriminación por razón de sexo.
4. Los planes de igualdad fijarán los concretos objetivos de igualdad a alcanzar, las estrategias y prácticas a adoptar para su consecución, así como el establecimiento de sistemas eficaces de seguimiento y evaluación de los objetivos fijados.
5. Para la consecución de estos objetivos fijados, los Planes de Igualdad podrán contemplar, entre otras, las materias al acceso al empleo, clasificación profesional, promoción y formación, retribuciones, ordenación del tiempo de trabajo para favorecer, en términos de igualdad entre mujeres y hombres, la conciliación laboral, personal y familiar, y prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo.
6. Los Planes de Igualdad incluirán la totalidad de una empresa, sin perjuicio del establecimiento de acciones especiales adecuadas respecto a determinados centros de trabajo.
TÍTULO V
De la Fundación Laboral de la Construcción
Artículo 115. Fundación Laboral de la Construcción.
1. La Fundación Laboral de la Construcción es el organismo paritario del sector constituido por los firmantes del CGSC, con la finalidad de garantizar la prestación de servicios a los trabajadores y empresas comprendidas en el ámbito de este Convenio, teniendo como ámbito de actuación la totalidad del territorio español, y cuyos estatutos forman parte integrante del mismo.
2. La financiación de la Fundación Laboral de la Construcción se nutrirá fundamentalmente de aportaciones de las Administraciones Públicas, más una aportación complementaria a cargo de las empresas, establecida esta sobre la misma base de cálculo de las cuotas de la Seguridad Social.
3. La Fundación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias decidirá su integración en la Fundación Laboral de la Construcción, manteniendo su autonomía hasta tanto se acuerde entre ambas su unificación formal, que requerirá la aprobación de la Comisión Paritaria del Convenio General del Sector de la Construcción.
En los casos en que los trabajadores contratados en otras provincias sean desplazados para realizar actividades en el Principado de Asturias si la empresa no está obligada a adscribirlos a un Código de Cuenta de Cotización del Principado de Asturias no se generará la obligación de cotizar por el trabajador a la Fundación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias.
4. Se establece que la cuota de la Fundación Laboral de la Construcción para los siguientes años, siendo de un porcentaje sobre la base de cálculo de las cuotas a la Seguridad Social:
– 2018: 0,35.
– 2019: 0,35.
– 2020: 0,35.
– 2021: 0,35.
TÍTULO VI
Solución extrajudicial de conflictos
Artículo 116. Solución extrajudicial de conflictos.
1. Las partes firmantes del presente Convenio General asumen el contenido íntegro del V Acuerdo sobre Solución Autónoma de Conflictos Laborales (Sistema Extrajudicial) (ASAC V), suscrito por las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME y las Confederaciones Sindicales de UGT y CC.OO, publicado en el BOE de 23 de febrero de 2012, que desarrollará sus efectos en los ámbitos del Convenio General del Sector de la Construcción, con el alcance previsto en el propio ASAC V o el que lo sustituya, en su caso.
2. Respecto a los sistemas autonómicos de solución de conflictos laborales, que precisen de adhesión como requisito para ser aplicables, las partes signatarias de este Convenio manifiestan su compromiso de promover, en los ámbitos correspondientes, la adhesión de los convenios colectivos provinciales o, en su caso, de Comunidad Autónoma, a los referidos sistemas de solución extrajudicial de conflictos.
LIBRO SEGUNDO
Aspectos relativos a la Seguridad y salud en el sector de la construcción
TÍTULO I
Órgano Paritario para la Prevención en la Construcción
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 117. Definición y denominación.
1. El órgano específico es el órgano paritario de prevención de riesgos laborales en el sector de la construcción para apoyo, en la citada materia, de las empresas y centros de trabajo del sector.
2. El órgano específico se denomina «Organismo Paritario para la Prevención en la Construcción» (OPPC).
Artículo 118. Funciones.
Los cometidos de este órgano específico sectorial de prevención son:
a) Seguimiento de la accidentabilidad laboral en el sector y elaboración de estadísticas propias de accidentes graves y mortales.
b) Organización y control de visitas a obras.
c) Propuesta de soluciones para la disminución de la accidentabilidad.
d) Organización y desarrollo de una formación en prevención de riesgos laborales.
e) Desarrollo de acciones de sensibilización, difusión y divulgación en materia de prevención de riesgos laborales dirigidas, tanto a la sociedad en general, como a las empresas y los trabajadores en particular.
f) Elaboración de documentos informativos en materia de prevención de riesgos laborales.
g) Cualquier otra que se apruebe por el Patronato de la Fundación Laboral de la Construcción y que esté relacionada con la prevención de riesgos laborales.
Artículo 119. Constitución y dependencia.
1. El órgano específico se constituye y se estructura en el seno de la Fundación Laboral de la Construcción (FLC), con dependencia de sus órganos de gobierno.
2. Salvo en lo previsto en el presente Reglamento, el órgano específico se atendrá en toda su actuación a lo establecido en los estatutos de la FLC y a las instrucciones emanadas de su Patronato y Comisión Ejecutiva.
Artículo 120. Ámbitos territorial y funcional.
Los ámbitos territorial y funcional de actuación del órgano específico son los de la Fundación Laboral de la Construcción (FLC), tanto en el ámbito estatal como en el autonómico.
Artículo 121. Sede.
La sede del órgano específico será la del domicilio social de la FLC y la de sus Consejos o Comisiones Territoriales, según el ámbito en el que actúe.
CAPÍTULO II
Miembros
Artículo 122. Composición.
1. El órgano específico está compuesto, paritariamente, por ocho miembros, cuatro representantes empresariales y cuatro de las centrales sindicales pertenecientes a las organizaciones firmantes del CGSC, y está presidido por el Presidente de la FLC.
2. Para la ejecución de sus actividades en el ámbito autonómico el órgano específico dispondrá de cuatro miembros, dos representantes de las organizaciones empresariales y dos de las centrales sindicales firmantes del CGSC, y estará presidido por el Presidente del Consejo o de la Comisión Territorial de la FLC o persona en quien delegue.
3. Tanto en el ámbito estatal como en el autonómico, el órgano específico estará asistido por un Secretario que será elegido de entre sus miembros.
Artículo 123. Nombramientos.
1. Los miembros del órgano específico serán designados por las organizaciones a quienes representan, tanto los pertenecientes al ámbito del Estado como del autonómico.
2. Sus miembros ejercerán su mandato de representación por un periodo de cuatro años, pudiendo ser reelegidos por periodos de igual duración.
Artículo 124. Ceses.
1. Los miembros del órgano específico cesarán en su cargo por:
a) Cumplimiento de su mandato.
b) Libre revocación efectuada por la organización que le designó.
c) Por renuncia expresa.
d) Por fallecimiento.
2. En cualquiera de los supuestos de cese previstos en este artículo se procederá a la sustitución del miembro del órgano específico, a cuyos efectos, la organización empresarial o sindical a quien corresponda su sustitución, notificará a la FLC, en el plazo máximo de treinta días, la nueva designación.
CAPÍTULO III
Régimen interno
Artículo 125. Reuniones.
1. Las reuniones ordinarias del órgano específico serán mensuales, y con carácter extraordinario cuando lo solicite la mitad más uno de sus miembros o cuando lo estime el Presidente.
La convocatoria de las reuniones se hará por el Presidente por escrito y con un mínimo de siete días de antelación a la fecha fijada para la reunión, salvo las que tengan carácter de urgencia, que podrán convocarse con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas.
En la convocatoria figurará el orden del día que se tratará en la reunión.
2. Las reuniones del órgano específico requerirán para su validez la presencia de, al menos, la mitad más uno de los miembros de cada representación, empresarial y sindical.
La delegación solo podrá conferirse, por escrito a otro miembro de la respectiva representación.
3. Las decisiones, para su validez, requerirán que se adopten por unanimidad de los asistentes, presentes y representados.
4. En todo caso, las deliberaciones, los acuerdos y la información derivada de las actuaciones del órgano específico tendrán carácter reservado.
CAPÍTULO IV
Régimen económico
Artículo 126. Financiación.
El órgano específico se financiará, para la ejecución de sus actividades, de las siguientes fuentes:
a) De las subvenciones que pueda obtener de las Administraciones Públicas y organismos privados.
b) De los fondos disponibles de la cuota empresarial a la FLC.
c) De las actuaciones con financiación externa que puedan ser aprobadas por terceros.
d) De los remanentes que decida la Comisión Ejecutiva de la FLC procedentes de otras actividades.
Artículo 127. Presupuesto anual.
El órgano específico presentará anualmente a la FLC su propuesta de presupuesto sobre la base del importe global aportado por el Patronato desglosado por Comunidades Autónomas, que tendrá que ser aprobado por el Patronato de la Fundación, y que comprenderá la totalidad de las actividades y los gastos de gestión y funcionamiento.
Artículo 128. Prestación de servicios de las organizaciones integrantes del órgano específico.
Las entidades que componen el órgano específico facturarán a la FLC, y dentro de los límites marcados por el presupuesto de funcionamiento, los gastos derivados de las personas que desarrollan la actividad del órgano, a los precios de los baremos que se establezcan a estos efectos en los presupuestos aprobados.
En ningún caso estas personas formarán parte de la plantilla de la Fundación Laboral de la Construcción y únicamente el órgano podrá disponer de personas que se encuentren en comisión de servicio de la organización que les haya nombrado.
CAPÍTULO V
Desarrollo de las funciones
Artículo 129. Seguimiento de la accidentabilidad laboral en el sector y elaboración de estadísticas propias de accidentes.
El órgano específico desarrollará las actividades que acuerde el Patronato de la FLC encaminadas a estudiar y realizar un seguimiento detallado de los accidentes graves y mortales que se produzcan en su ámbito de actuación.
Estas actividades se centrarán en la elaboración de estadísticas que reflejen la accidentabilidad y los índices de incidencia y que servirán de base para el desarrollo de las funciones del órgano que se recogen en el artículo 118 de este Convenio.
Artículo 130. Organización y control de visitas a obras.
1. Con el objeto de obtener la información suficiente para la elaboración de estudios acerca de la evolución de la siniestralidad laboral, de prestar un servicio de asesoramiento a las pequeñas empresas y de implantar la cultura de la prevención entre los trabajadores y empresarios, el órgano específico organizará una serie de visitas a obras de conformidad con los siguientes criterios.
2. Las visitas a obras se realizarán, previo acuerdo del órgano específico en su correspondiente ámbito, a las empresas o centros de trabajo que no dispongan de servicio de prevención propio.
3. Las visitas a las obras se realizarán por las personas que designe el órgano específico en su respectivo ámbito, a propuesta de las organizaciones que lo integran, respetando siempre el principio de paridad.
4. Previamente a la realización de su función, las personas designadas para realizar las visitas a las obras recibirán de la FLC la formación específica necesaria determinada por FLC.
Las personas designadas para visitar las obras recibirán, previamente, la adecuada acreditación para ello de la FLC.
5. Para la realización de la visita se requerirá el consentimiento de la empresa a visitar.
6. De cada una de las visitas a obras se realizará el correspondiente informe, que será entregado al Presidente del respectivo órgano específico en su respectivo ámbito autonómico y a la Dirección de la Obra.
El carácter reservado de toda la información, comprende a las personas designadas para las visitas a las obras, respecto de cualquier persona física o jurídica distinta del propio órgano específico, por lo que deberán guardar sigilo profesional. En ningún caso, y así constará en el informe, podrá este surtir efectos fuera del ámbito de asesoramiento del propio órgano.
7. En ningún caso los visitadores deberán interferir en los trabajos y desarrollo de la actividad de la obra.
8. Trimestralmente, el órgano específico autonómico redactará un informe resumen de las actuaciones realizadas en su ámbito durante ese periodo de tiempo que será remitido a su sede central.
9. Anualmente, el órgano específico redactará y presentará a la FLC una Memoria explicativa de las actuaciones realizadas y los objetivos conseguidos, referidos al ámbito estatal, para su inclusión en su Memoria anual.
Artículo 131. Formulación de propuestas de soluciones para la disminución de la accidentabilidad.
Sobre la base de las estadísticas y estudios realizados por él mismo, el órgano específico podrá formular propuestas de soluciones tendentes a la disminución de la accidentabilidad. Estas propuestas se elevarán al Patronato de la FLC, que deberá aprobarlas en su caso.
Artículo 132. Formación en materia de prevención de riesgos laborales.
Las actividades de formación a realizar por el órgano específico se desarrollarán en la forma que se acuerde por el Patronato de la FLC.
Artículo 133. Elaboración de informes y estadísticas.
La elaboración de los informes sobre accidentabilidad laboral y de estadísticas, previstos como funciones propias del órgano en el correspondiente artículo de este Título, se desarrollarán en la forma que se acuerde por el Patronato de la FLC, con la información y datos suministrados por las comisiones autonómicas.
TÍTULO II
Comisión Paritaria Sectorial de Seguridad y Salud en el Trabajo
Artículo 134. Composición y funciones de la Comisión Paritaria Sectorial de Seguridad y Salud en el Trabajo.
La Comisión Paritaria Sectorial de Seguridad y Salud en el Trabajo, constituida por un máximo de diez miembros, designados cinco por cada una de las partes, sindical y empresarial, en la forma que decidan las respectivas organizaciones, tiene las siguientes funciones:
a) Recabar del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y de los Gobiernos Autónomos el reconocimiento oficial como interlocutor social sectorial en materia de seguridad y salud, tanto en su aspecto legislativo como en el desarrollo de planes y medidas formativas.
b) Estudiar y acordar los mecanismos oportunos de coordinación de la información provincial en materia de siniestralidad en el sector, que suministrarán las comisiones específicas provinciales o, en su defecto, las comisiones paritarias de los convenios.
c) Promover cuantas medidas considere tendentes a mejorar la situación del sector en esta materia, teniendo como objetivo fundamental el extender la preocupación por la seguridad y salud a todos los niveles, fomentando campañas de sensibilización mentalización, etc.
d) Hacer propuestas acerca de las normas de ejecución y de los criterios de expedición de la Tarjeta Profesional de la Construcción a la FLC, así como respecto de los criterios de acreditación, convalidación y registro de los cursos impartidos; igualmente proponer la incorporación de otras materias a la tarjeta.
e) Acometer las gestiones necesarias para obtener los medios que le permitan desarrollar sus funciones con la eficacia adecuada.
f) Cuantas otras funciones acuerde la propia Comisión atribuirse encaminadas al mejor cumplimiento de sus fines.
TÍTULO III
Información y formación en seguridad y salud
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 135. Principios generales.
1. Los medios, procedimientos, materiales y acciones que se empleen y desarrollen en la FLC en materia seguridad y salud se dedicarán a difundir, coordinar y colaborar en métodos y procesos que faciliten el mejor y mayor cumplimiento de las Leyes y sus reglamentos por los empresarios y trabajadores del sector.
2. Las acciones y actuaciones a realizar en relación con los contenidos de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de riesgos laborales en el sector de la construcción y la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción, tienen que ser análogas, homogéneas y coordinadas en todo el territorio nacional. A la FLC le corresponde ser el hilo conductor de los principios y directrices a desarrollar en los programas formativos y contenidos específicos de carácter sectorial y para los trabajos de cada especialidad, a fin de que de forma equivalente se establezcan los mismos niveles de aplicación y cumplimiento en cada uno de los Consejos Territoriales.
3. Dadas las condiciones en que se encuentra el sector por sus específicas características, la FLC se debe dotar de los instrumentos adecuados para que, cumpliéndose los contenidos de la normativa vigente, se consiga la disminución continua de los índices de siniestralidad.
4. Las acciones a elaborar estarán dirigidas prioritariamente al empresario, por ser la figura fundamental en la implantación del sistema de gestión de la prevención y en la formación e información de los trabajadores.
CAPÍTULO II
Información
Artículo 136. Información sectorial.
La accidentabilidad en el sector de la construcción, que es motivo de una constante preocupación de todas las partes, hace necesario que la FLC desarrolle una actividad de información en los términos siguientes:
a) Necesidad del cumplimiento de las normas en materia de prevención de riesgos laborales.
b) Incidir en las actividades cuyos trabajos puedan ser de alto riesgo.
c) Elaboración de un programa de estadísticas para el sector con el fin de proporcionar los datos de accidentabilidad y poder determinar las acciones a aplicar.
d) Actividades de la FLC, control de resultados parciales y grado de cumplimiento de los objetivos.
e) A la vista de las anteriores campañas de información, se realizará un estudio por expertos respecto a la estrategia a emplear para fomentar una comunicación efectiva; en función de este trabajo se llevarán a cabo el diseño y la realización de planes y métodos de información que garanticen la captación y asimilación de los mensajes así como la evolución y control de resultados.
CAPÍTULO III
Formación
Sección primera. Disposiciones generales
Artículo 137. Ciclos de formación.
1. De acuerdo con el Acta de la 11.ª reunión de la Comisión Negociadora del V Convenio General del Sector de la Construcción publicada en el Boletín Oficial del Estado de 30 de mayo de 2013 la formación de este Convenio es la contenida en el artículo 19 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y por tanto, en la gran mayoría de los casos, será la formación suficiente y adecuada al puesto de trabajo. Los ciclos de formación de este Convenio constarán de dos tipos de acciones en materia de prevención de riesgos laborales en construcción:
a) El primer ciclo, comprenderá la formación inicial sobre los riesgos del sector y contendrá los principios básicos y conceptos generales sobre la materia; igualmente deberá conseguir una actitud de interés por la seguridad y salud que incentive al alumnado para iniciar los cursos de segundo ciclo. Esta formación inicial impartida en el primer ciclo no exime al empresario de su obligación de informar a los trabajadores de los riesgos específicos del centro y del puesto de trabajo.
b) El segundo ciclo deberá transmitir además de la formación inicial, conocimientos y normas específicas en relación con el puesto de trabajo o el oficio. En consecuencia, se entiende que esta formación de segundo ciclo por puesto de trabajo u oficio comprende la inherente al primer ciclo o formación inicial.
c) En la formación de segundo ciclo por oficio se constata la existencia de una parte común y de otra específica a impartir a los trabajadores que realicen actividades multifunción y polivalentes.
2. Asimismo, también se puede impartir la acción formativa preventiva de nivel básico específica para el sector de la construcción.
3. Con carácter general, los trabajadores que presten sus servicios en empresas encuadradas en el ámbito de aplicación del presente Convenio y que desarrollen su actividad en las obras de construcción, deberán disponer, al menos, de la formación inicial.
4. Por su parte, los trabajadores que realicen actividades correspondientes a alguno de los puestos de trabajo u oficios enumerados en el artículo 139.2 y 139.3, respectivamente, del presente Convenio, deberán cursar la formación que le corresponda en función del puesto de trabajo o el oficio u oficios que ejerzan.
5. Dadas las particularidades de los trabajos que se realizan en las obras de construcción, resulta conveniente que en las acciones formativas correspondientes a la formación inicial y por oficio, se aborden aspectos de carácter práctico que refuercen los conocimientos teóricos en materia de seguridad y salud. De este modo, los contenidos de la formación serán más aplicables a la realidad de las tareas que se desempeñan en las obras. Estos contenidos deberán ser desarrollados por la Fundación Laboral de la Construcción.
6. Según lo dispuesto en el artículo 10.2. de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción, tanto la formación de primer y segundo ciclo como la formación de nivel básico, podrán ser impartidas por la FLC, bien directamente o a través de las entidades o empresas que hayan obtenido la homologación de actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales, de acuerdo con los requisitos establecidos en el correspondiente procedimiento recogido en el Anexo XIV del presente Convenio.
Artículo 138. Primer ciclo de formación o formación inicial.
1. El primer ciclo de formación o formación inicial en prevención de riesgos laborales del sector de la construcción, es la acción formativa mínima en materia de prevención de riesgos laborales específica del sector de la construcción, destinada exclusivamente a los trabajadores que presten sus servicios en las obras, cuyo objetivo principal es conseguir que los trabajadores adquieran los conocimientos necesarios para identificar, tanto los riesgos laborales más frecuentes que se producen en las distintas fases de ejecución de una obra, como las medidas preventivas a implantar a fin de eliminar o minimizar dichos riesgos.
2. Los contenidos formativos así como el número de horas lectivas mínimas del primer ciclo de formación o formación inicial, se detallan en el Anexo XII, Apartado 1, del presente Convenio.
3. El primer ciclo de formación o formación inicial se impartirá, en su totalidad, en la modalidad presencial.
4. Esta formación inicial será la suficiente para todos aquellos trabajadores que realicen trabajos en obra que no tengan asociados riesgos especiales como, por ejemplo, vigilantes, personal de limpieza o suministradores.
Artículo 139. Segundo ciclo de formación en materia de prevención de riesgos laborales del sector de la construcción: formación por puesto de trabajo o por oficio.
1. El segundo ciclo de formación en materia de prevención de riesgos laborales del sector de la construcción se configura por puesto de trabajo o por oficio.
2. La relación de puestos de trabajo es la siguiente:
– Personal directivo de empresa.
– Responsables de obra y técnicos de ejecución.
– Mandos intermedios.
– Delegados de prevención.
– Administrativos.
3. La relación de oficios es la siguiente:
– Albañilería.
– Trabajos de demolición y rehabilitación.
– Encofrados.
– Ferrallado.
– Revestimiento de yeso.
– Electricidad, montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de alta y baja tensión.
– Fontanería e instalaciones de climatización.
– Revestimientos exteriores.
– Pintura.
– Solados y alicatados.
– Operadores de aparatos elevadores.
– Operadores de vehículos y maquinaria de movimiento de tierras.
– Operadores de equipos manuales.
– Trabajos de aislamiento e impermeabilización.
– Montaje de estructuras tubulares.
– Operario de instalaciones temporales de obra y auxiliares: plantas de aglomerado, de hormigón, de machaqueo y clasificación de áridos.
– Estabilización de explanadas y extendido de firmes.
– Colocación de materiales de cubrición.
– Conservación y explotación de carreteras.
– Ejecución de túneles y sostenimiento de las excavaciones subterráneas y de los taludes.
– Cimentaciones especiales, sondeos y perforaciones.
– Construcción y mantenimiento de vías férreas.
– Trabajos marítimos.
– Trabajos de redes de abastecimiento y saneamiento y pocería.
– Trabajos de montaje de prefabricados de hormigón en obra.
– Operario de taller de materiales: piedras industriales, tratamiento o transformación de materiales, canteros y similares.
– Trabajos de soldadura.
– Montador de escayola, placas de yeso laminado y asimilados.
– Mantenimiento de maquinaria y vehículos.
4. En la formación de segundo ciclo por oficio se constata la existencia de una parte común con una duración de 14 horas lectivas y de otra específica con una duración de 6 horas lectivas.
5. Se podrán desarrollar acciones formativas específicas de 6 horas lectivas por oficio para aquellos trabajadores que, previamente, hayan cursado una acción formativa completa de 20 horas lectivas de alguno de los oficios, dispongan de la formación de nivel básico de prevención en la construcción establecida en el artículo 140, o se les reconozca la convalidación de la formación de acuerdo con lo estipulado en el Libro Segundo, del presente Convenio y su desarrollo en el Anexo XIII.
6. Los contenidos formativos así como el número de horas lectivas mínimas de la formación de segundo ciclo por puesto de trabajo o por oficio, se detallan en el Anexo XII, Apartado 2, del presente Convenio.
7. Las acciones formativas de segundo ciclo por puesto de trabajo o por oficio se impartirán, en su totalidad, en la modalidad presencial.
8. Con independencia de lo señalado en el apartado 4 anterior, respecto a la modalidad de impartición, se establecen las siguientes excepciones:
a) Los contenidos formativos para personal directivo de empresa y administrativos, podrán impartirse en la modalidad mixta presencia-teleformación.
Bajo esta modalidad, la parte presencial supondrá, como mínimo, el veinticinco por ciento (25%) del total de las horas lectivas de la acción formativa.
b) No obstante, los contenidos formativos para personal directivo de empresa podrán impartirse exclusivamente en la modalidad de teleformación.
Bajo esta modalidad, los alumnos participantes en estas acciones formativas podrán realizar las diferentes evaluaciones del mismo modo. En este caso, deberá quedar un registro de la formalización de las mismas.
c) Asimismo, los contenidos formativos para delegados de prevención, podrán impartirse en la modalidad mixta presencia-teleformación.
Bajo esta modalidad, l la parte presencial tendrá una duración, como mínimo, de 20 horas lectivas.
9. Aquellos trabajadores que ejecuten tareas correspondientes a puestos de trabajo u oficios no especificados en el presente Convenio, tendrán que realizar una formación acorde con los riesgos y medidas preventivas asociadas a dichas tareas, tomando como referencia lo previsto en el artículo 19 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales.
Sección segunda. Nivel básico de prevención en la construcción
Artículo 140. Nivel básico de prevención en la construcción.
1. Los contenidos formativos así como el número de horas lectivas mínimas del nivel básico de prevención en la construcción, se detallan en el Anexo XII, Apartado 3, del presente Convenio.
2. Estos contenidos formativos podrán impartirse en la modalidad presencial o en la modalidad mixta presencia-teleformación. En este último caso, la parte presencial tendrá una duración, como mínimo, de 20 horas lectivas.
3. La formación de nivel básico de prevención en construcción convalida la formación inicial, la de responsables de obra y técnicos de ejecución, la de mandos intermedios, la de administrativos y la formación relativa al tronco común de oficios especificada en el artículo 139.4 de este Convenio y detallada en el Anexo XII, apartado 2. II.A del mismo.
Sección Tercera
Convalidación
Artículo 141. Formación recogida en el Reglamento de los Servicios de Prevención; título de «Técnico Superior en Prevención de Riesgos Profesionales; y formación indicada en la «Guía técnica» del Real Decreto 1627/1997, por el que se establecen «disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción».
En relación con los trabajadores que hayan cursado formación conforme a lo señalado en el Real Decreto 39/1997 (modificado por el Real Decreto 337/2010), por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; estén en posesión del título de «Técnico superior en Prevención de Riesgos Profesionales» de acuerdo con lo ordenado en el Real Decreto 1161/2001; o hayan recibido la formación de «Coordinador en materia de Seguridad y Salud» según lo indicado en la Guía técnica del Real Decreto 1627/1997, por el que se establecen «disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, debe tenerse en cuenta la tabla de convalidación que se muestra en el Anexo XIII, Apartado 1, del presente Convenio.
Artículo 142. Formación recogida en los títulos de formación profesional y en los certificados de profesionalidad.
1. Los nuevos títulos de formación profesional de grado medio y superior de la familia de Edificación y Obra Civil cubren, entre todos, los módulos asociados a las unidades de competencia y de forma integrada la formación específica en materia de prevención de riesgos. En todos los títulos de grado medio y grado superior publicados hasta la fecha se incluye, además, un módulo profesional que capacita para desempeñar las funciones de nivel básico de prevención en construcción (NBPC).
2. Por otra parte, tanto la Formación Profesional Básica como los antiguos Programas de Cualificación Profesional Inicial enmarcados dentro de la familia de Edificación y Obra Civil, incorporan, bien sea explícitamente o de forma integrada, su correspondiente formación preventiva conforme a lo indicado en el presente Convenio.
3. Asimismo, en los nuevos certificados de profesionalidad de la familia de Edificación y Obra Civil se explicita que, la superación con evaluación positiva de la formación establecida en cada uno de ellos, garantiza el nivel de conocimientos necesarios para la obtención de la Tarjeta Profesional de la Construcción. Igualmente, las nuevas cualificaciones de nivel 2 comprenden la unidad de competencia UC1360_2 «Controlar a nivel básico riesgos en construcción», que forma parte de los nuevos certificados de profesionalidad del citado nivel, e incluso de nivel 3 en algunos casos.
4. En lo referente a los certificados de profesionalidad y títulos de formación profesional del resto de familias profesionales afines al sector de la construcción, también procede reconocer, cuando corresponda, la formación en materia de prevención de riesgos laborales conforme a lo estipulado en el presente Convenio.
5. A la vista de lo expuesto en los apartados 1, 2, 3 y 4 anteriores, deben tenerse en cuenta las tablas de convalidación que se muestran en el Anexo XIII, Apartado 2, del presente Convenio.
6. El Patronato de la FLC acordará la actualización, cuando así proceda, de dichas tablas de convalidación.
Artículo 143. Formación recogida en el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera.
1. En relación con los trabajadores que hayan cursado la formación recogida en la Instrucción Técnica Complementaria 02.1.02 «Formación preventiva para el desempeño del puesto de trabajo» (Orden ITC/1316/2008, de 7 de mayo, modificada por la Orden ITC/2699/2011, de 4 de octubre) del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera, debe tenerse en cuenta la tabla de convalidación que se muestra en el Anexo XIII, Apartado 3, del presente Convenio.
2. A los efectos de obtención de la Tarjeta Profesional de la Construcción, la formación detallada en la tabla del Anexo XIII, Apartado 3, del presente Convenio, deberá ser impartida de acuerdo con los requisitos establecidos en el mismo.
Artículo 144. Formación recogida en el Convenio Estatal del Sector del Metal.
1. En relación con los trabajadores que hayan cursado la formación recogida en el Anexo III del Convenio Estatal del Sector del Metal, debe tenerse en cuenta la tabla de convalidación que se muestra en el Anexo XIII, apartado 4, del presente Convenio.
2. A los efectos de obtención de la Tarjeta Profesional de la Construcción, la formación detallada en la tabla del Anexo XIII, apartado 4, del presente Convenio, deberá ser impartida de acuerdo con los requisitos establecidos en el mismo.
Artículo 145. Formación recogida en el Convenio Colectivo Estatal de la Madera.
1. En relación con los trabajadores que hayan cursado la formación recogida en el Anexo IV del Convenio Colectivo Estatal del Sector de la Madera, debe tenerse en cuenta la tabla de convalidación que se muestra en el Anexo XIII, apartado 5, del presente Convenio.
2. A los efectos de obtención de la Tarjeta Profesional de la Construcción, la formación detallada en la tabla del Anexo XIII, apartado 5, del presente Convenio, deberá ser impartida de acuerdo con los requisitos establecidos en el mismo.
Artículo 146. Formación impartida en títulos universitarios.
En relación con los trabajadores que estén en posesión de títulos universitarios en los que se imparta una formación en materia de prevención de riesgos laborales equivalente a la especificada en el presente Convenio, se procederá a su convalidación, según proceda en cada caso, mediante acuerdo del Patronato de la FLC.
Sección cuarta. Formación de los recursos humanos de las empresas
Artículo 147. Acreditación de la formación en materia de prevención de riesgos laborales de los recursos humanos de las empresas.
1. A los efectos de la inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas y conforme a lo dispuesto en el artículo 12 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción, el cumplimiento de la acreditación del requisito de la formación homologada por la FLC conforme a los criterios marcados en este convenio, de los recursos humanos a que se refiere el artículo 4.2.a) de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción, podrá ser acreditado por las empresas mediante certificación expedida por la Confederación Nacional de la Construcción o las entidades en que esta delegue.
2. La certificación se referirá, al menos, a la formación específica regulada en este Convenio impartida por la Fundación Laboral de la Construcción o por empresas o entidades con la formación preventiva homologada recibida por los trabajadores de la empresa que presten servicios en obras de construcción y por aquellas personas que ejercen funciones de dirección en la misma.
3. La Confederación Nacional de la Construcción y la Fundación Laboral de la Construcción suscribirán el oportuno convenio que posibilite la gestión de este sistema de acreditación.
CAPÍTULO IV
Acreditación de la formación: Tarjeta Profesional de la Construcción
Sección primera. Definición, funciones y beneficiarios
Artículo 148. Definición.
1. La Tarjeta Profesional de la Construcción es el documento expedido por la Fundación Laboral de la Construcción que constituye una forma de acreditar, entre otros datos, la formación específica recibida del sector por el trabajador en materia de prevención de riesgos laborales, así como la categoría profesional del trabajador y los periodos de ocupación en las distintas empresas en las que vaya ejerciendo su actividad.
2. La Tarjeta, que se expedirá de acuerdo con el procedimiento establecido en el presente capítulo, se soporta en un formato físico según el modelo que figura en el Anexo IV del presente Convenio y en un sistema informático que permite a su titular acceder telemáticamente a sus datos y obtener certificaciones de los mismos.
Artículo 149. Acreditación de la formación.
La Fundación Laboral de la Construcción establecerá un sistema de acreditación de la formación en materia de prevención de riesgos laborales recibida por los trabajadores del sector. Dicho sistema deberá permitir al trabajador el acceso telemático a sus datos y la obtención de certificaciones de los mismos.
Asimismo, a los efectos previstos en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción, el sistema permitirá a las empresas acceder a los datos de sus trabajadores que resulten necesarios para la acreditación de su formación en materia de prevención de riesgos laborales.
La Fundación Laboral de la Construcción garantizará, de acuerdo con la legislación vigente, la protección de los datos de carácter personal de los trabajadores que se incluyan en el sistema.
Teniendo en cuenta el tamaño del sector y la obligación establecida en la Ley 32/2006, de 18 de Octubre, Reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción (artículo 10.3), las partes consideran la TPC como una forma de acreditación de la formación en prevención de riesgos laborales por el trabajador y que queda a su disposición.
Artículo 150. Funciones.
La Tarjeta Profesional de la Construcción tiene las siguientes funciones:
a) Acreditar que su titular ha recibido al menos formación inicial en materia de prevención de riesgos laborales, de acuerdo con lo previsto en el presente Convenio y en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción.
b) Acreditar la categoría profesional de su titular y su experiencia en el sector.
c) Acreditar que su titular ha sido sometido a los reconocimientos médicos de acuerdo con lo previsto en el presente Convenio.
d) Acreditar la formación de todo tipo recibida por su titular.
e) Facilitar el acceso de su titular a los servicios de la Fundación Laboral de la Construcción.
Artículo 151. Beneficiarios.
1. Podrán solicitar la Tarjeta Profesional de la Construcción los trabajadores en alta, o en situación de incapacidad transitoria, que presten sus servicios en empresas encuadradas en el ámbito de aplicación del Convenio General del Sector de la Construcción.
2. Asimismo podrán solicitar la Tarjeta los trabajadores que tengan acreditados, al menos, treinta días de alta en empresas encuadradas en el ámbito de aplicación del Convenio General del Sector de la Construcción en el período de sesenta meses inmediatamente anterior a la solicitud.
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, el Patronato de la Fundación Laboral de la Construcción podrá establecer la emisión de la Tarjeta sin necesidad de previa solicitud, con arreglo a los criterios que libremente determine.
4. En todo caso será requisito imprescindible para la obtención de la Tarjeta haber recibido, como mínimo, la formación inicial en materia de prevención de riesgos laborales, de acuerdo con lo previsto en el presente Convenio.
Sección segunda. Solicitud y tramitación
Artículo 152. Solicitud.
La Tarjeta podrá solicitarse por el beneficiario en cualquier centro de la Fundación Laboral de la Construcción así como en las entidades con las que la Fundación haya suscrito el correspondiente convenio de colaboración para su tramitación.
Artículo 153. Documentación.
1. La solicitud deberá realizarse utilizando el modelo que figura en el Anexo V del presente Convenio.
2. A la solicitud habrá de acompañarse obligatoriamente, además de una fotografía tamaño carné, una fotocopia del DNI o tarjeta de residencia del solicitante y un informe de la vida laboral emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social dentro de los noventa días inmediatamente anteriores a la solicitud, y al menos uno de los siguientes documentos:
a) Certificado de empresa para la Fundación Laboral de la Construcción, expedido de acuerdo con el modelo que figura en el Anexo VI del presente Convenio.
b) Certificado de empresa para el Servicio Público de Empleo.
c) Original o fotocopia compulsada de recibos de salarios.
d) Original o fotocopia compulsada del contrato de trabajo.
3. Asimismo deberá aportarse original o fotocopia compulsada del diploma o certificado que acredite que el solicitante ha recibido al menos la formación inicial en materia de prevención de riesgos laborales, de acuerdo con lo previsto en el presente Convenio, expedido por la Fundación Laboral de la Construcción o por una entidad homologada según lo establecido en el presente capítulo.
4. Con carácter opcional podrán aportarse los siguientes documentos:
a) Original o fotocopia compulsada de certificados académicos expedidos por el Ministerio de Educación, el Ministerio de Empleo, las Comunidades Autónomas o cualquier otro organismo o entidad legalmente habilitados.
b) Fotocopia de diplomas o certificados académicos expedidos por la Fundación Laboral de la Construcción.
c) Certificados relativos a la existencia de reconocimientos médicos expedidos por la entidad que los realizó.
d) Otros.
Artículo 154. Resolución.
El expediente de solicitud de la Tarjeta será resuelto por el Gerente del Consejo Territorial de la Fundación Laboral de la Construcción correspondiente al domicilio del trabajador solicitante. La resolución del expediente y la entrega, en su caso, de la Tarjeta a su titular se producirá en el plazo máximo de un mes contado desde que el solicitante haya aportado la documentación necesaria.
Frente a la resolución del expediente cabrá reclamación ante el correspondiente Consejo Territorial de la Fundación Laboral de la Construcción en el plazo de quince días desde su notificación.
Artículo 155. Caducidad y renovación.
La Tarjeta Profesional de la Construcción caducará a los cinco años de su emisión.
Transcurrido dicho plazo, el titular podrá renovar su tarjeta siempre que acredite, al menos, treinta días de alta en empresas encuadradas en el ámbito de aplicación del Convenio General del Sector de la Construcción en el periodo de sesenta meses inmediatamente anterior a la solicitud de renovación.
La solicitud de renovación se regirá por el mismo procedimiento que la solicitud inicial, debiendo el titular aportar, al menos, la documentación prevista en los apartados 1 y 2 del artículo 153 del presente Convenio.
Sección tercera. Derechos y obligaciones del titular
Artículo 156. Derechos del titular.
1. La posesión de la Tarjeta dará lugar a los derechos que se establezcan en el Convenio General del Sector de la Construcción y en los acuerdos sectoriales nacionales.
2. En todo caso, el titular de la Tarjeta tendrá derecho a acceder a los datos que figuren en su expediente y a obtener certificaciones relativas a los mismos, las cuales podrá solicitar en cualquier centro de la Fundación Laboral de la Construcción o a través del sistema informático que será accesible a través de internet mediante clave personal.
3. Asimismo tendrá derecho a solicitar la modificación, rectificación o actualización de los datos que figuren en su expediente aportando, en su caso, la oportuna documentación acreditativa.
Artículo 157. Obligaciones del titular.
El titular de la Tarjeta Profesional de la Construcción estará obligado a:
a) Conservar la Tarjeta en perfecto estado.
b) Comunicar a la Fundación Laboral de la Construcción las posibles modificaciones de los datos relevantes que figuren en su expediente.
c) Comunicar a la Fundación Laboral de la Construcción, en su caso, el robo o extravío de la Tarjeta.
Sección cuarta. Homologación de entidades formativas
Artículo 158. Requisitos.
1. Podrán solicitar la homologación de la formación preventiva que impartan las entidades que estén constituidas como servicios de prevención ajenos acreditados por la autoridad laboral, o las empresas encuadradas en el ámbito de aplicación del presente Convenio que dispongan de organización preventiva propia.
2. Las entidades que proyecten ser homologadas por la Fundación Laboral de la Construcción para impartir la formación en materia de prevención de riesgos laborales, de acuerdo con lo previsto en el Capítulo III del Título III del Libro II del presente Convenio, deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Contar con los recursos humanos, materiales y didácticos que permitan llevar a cabo esta actividad formativa, en función del ámbito geográfico de actuación y del número de alumnos que proyecten formar, según las necesidades concretas.
b) Disponer de una dotación de personal docente con una formación acreditada correspondiente a los niveles intermedio o superior, de acuerdo con lo estipulado en el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.
Además, el citado personal será conocedor de las técnicas preventivas específicas aplicables al sector de la construcción y contará con una experiencia acreditada en este ámbito.
c) Aplicar los contenidos didácticos que se aprueben por la Fundación Laboral de la Construcción, a fin de garantizar la homogeneidad de la actividad formativa a desarrollar.
d) Adoptar las condiciones que se establezcan por parte de la Fundación Laboral de la Construcción respecto a horas lectivas, número de alumnos máximos por grupo y realización de pruebas de evaluación.
e) Contar, en su caso, con la acreditación u homologación exigible por parte de de la autoridad laboral competente.
f) Satisfacer las tasas que, en relación con la tramitación del procedimiento de homologación y con la comunicación de acciones formativas, establezca el patronato de la Fundación Laboral de la Construcción.
Artículo 159. Procedimiento.
1. Las entidades interesadas en ser acreditadas deberán presentar una solicitud a la Fundación Laboral de la Construcción. Junto con la citada solicitud entregarán una memoria explicativa de la actividad en la que deberán constar los siguientes datos:
a) Plan de actuación.
b) Ámbito territorial de actuación.
c) Programación anual, haciendo referencia al número de trabajadores a los que se pretende formar.
d) Dotación de personal y grado de dedicación para el desarrollo de la actividad formativa, indicando su cualificación y experiencia profesional, así como su formación en prevención de riesgos laborales, tanto general como relacionada con el sector de la construcción.
e) Sistema de evaluación interna de la calidad de la docencia a impartir.
f) Ubicación y detalle de las instalaciones (centros, locales, etc.).
g) Descripción de los medios materiales, didácticos e instrumentales que se van a dedicar a esta actividad.
2. Evaluada la memoria explicativa, la Comisión Ejecutiva de la Fundación Laboral de la Construcción resolverá la solicitud en el plazo de dos meses, aprobando o denegando la homologación.
3. En cualquier momento del expediente la Fundación Laboral de la Construcción podrá requerir a la entidad solicitante la presentación de documentación adicional y la subsanación de deficiencias. Este requerimiento interrumpirá el plazo previsto en el párrafo anterior. Transcurridos quince días naturales desde dicho requerimiento sin que el mismo hubiera sido debidamente atendido, la Comisión Ejecutiva podrá archivar el expediente, entendiéndose denegada la solicitud.
4. La Fundación Laboral de la Construcción creará un registro en el que serán inscritas las entidades que lleven a cabo esta actividad formativa.
5. Las entidades acreditadas deberán mantener las condiciones en las que se basó su acreditación. Cualquier modificación de las mismas será comunicada a la Fundación Laboral de la Construcción.
6. La Fundación Laboral de la Construcción podrá verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas para el desarrollo de la actividad formativa.
7. En cualquier caso, la Fundación Laboral de la Construcción se reserva el derecho a dejar sin efecto la acreditación, cuando se observen situaciones contrarias a las condiciones que dieron lugar a su concesión.
8. Cuando se haya procedido a la retirada de la acreditación de alguna entidad homologada a efectos de la TPC, la misma afectará también a aquellas entidades de las que, por razón de las personas que la rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que son continuación o que derivan, por transformación, fusión o sucesión de otras entidades en las que hubiesen concurrido aquellas.
Artículo 160. Tramitación de la Tarjeta Profesional de la Construcción en el ámbito territorial del Principado de Asturias.
La tramitación de las solicitudes de Tarjeta Profesional de la Construcción que se produzcan en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias se realizará por la Fundación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias siguiendo el procedimiento establecido en la Sección 2.ª del Capítulo IV del Título III del Libro II del presente Convenio.
El órgano competente para la resolución del expediente de solicitud y el procedimiento para la incorporación de los datos al sistema serán los que se establezcan en el protocolo de actuación que a tal efecto acuerden la Fundación Laboral de la Construcción y la Fundación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias.
TÍTULO IV
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables en las obras de construcción
CAPÍTULO I
Condiciones generales
Artículo 161. Estabilidad y solidez de materiales y equipos.
1. Deberá procurarse, de modo apropiado y seguro, la estabilidad de los materiales y equipos y, en general, de cualquier elemento que en desplazamientos pudiera afectar a la seguridad y la salud de los trabajadores.
2. Deberá verificarse, igualmente, de manera apropiada la estabilidad y la solidez, especialmente después de cualquier modificación de la altura o de la profundidad del puesto de trabajo.
3. Los puestos de trabajo móviles o fijos situados por encima o por debajo del nivel del suelo deberán ser sólidos y estables teniendo en cuenta:
– El número de trabajadores que los ocupen.
– Las cargas máximas que, en su caso, puedan tener que soportar, así como su distribución.
– Los factores externos que pudieran afectarles.
4. Los encofrados, los soportes temporales y los apuntalamientos deberán proyectarse, calcularse, montarse y mantenerse de manera que puedan soportar sin riesgo las cargas a las que sean sometidos.
5. Las estructuras metálicas o de hormigón y sus elementos, los encofrados, las piezas prefabricadas pesadas o los soportes temporales y los apuntalamientos solo se podrán montar o desmontar bajo vigilancia, control y dirección del personal competente.
6. Deberán adoptarse las medidas necesarias para proteger a los trabajadores contra los peligros derivados de la fragilidad o inestabilidad temporal de la obra.
7. El acceso a cualquier superficie que conste de materiales que no ofrezcan una resistencia suficiente solo se autorizará en caso de que se proporcionen equipos o medios apropiados para que el trabajo se realice de manera segura.
Artículo 162. Protección contra el riesgo de caídas de altura.
1. Las plataformas, andamios y pasarelas, así como los desniveles, huecos y aberturas existentes en los pisos de las obras que supongan para los trabajadores un riesgo de caída de altura superior a 2 metros, se protegerán mediante barandillas u otro sistema de protección colectiva de seguridad equivalente.
2. Los trabajos en altura solo podrán efectuarse, en principio, con la ayuda de equipos concebidos para tal fin o utilizando dispositivos de protección colectiva, tales como barandillas, plataformas o redes de seguridad. Si por la naturaleza del trabajo ello no fuera posible, deberá disponerse de medios de acceso seguros y utilizarse sistemas anticaídas u otros medios de protección equivalente.
3. En los trabajos en tejados deberán adoptarse las medidas de protección colectiva que sean necesarias, en atención a la altura, inclinación o posible carácter o estado resbaladizo, para evitar la caída de trabajadores, herramientas o materiales. Asimismo, cuando haya que trabajar sobre o cerca de superficies frágiles, se deberán tomar las medidas preventivas adecuadas para evitar que los trabajadores las pisen inadvertidamente o caigan a través suyo.
4. Para evitar las caídas en los trabajos de reparación y mantenimiento de cubiertas, antenas, pararrayos, etc. se dispondrán las medidas de protección necesarias en cada caso, tales como petos perimetrales, ganchos o arneses, etc.
5. Cuando por la naturaleza del trabajo temporal en altura (trabajos en conductos de evacuación de humos, torres, postes, antenas elevadas, chimeneas de fábrica, etc.) no fuera posible utilizar barandillas u otro sistema de protección colectiva, deberá disponerse de medios de acceso seguros como cinturones de seguridad con anclaje u otros medios de protección equivalente.
Artículo 163. Vías de circulación.
1. Las vías de circulación, incluidas las escaleras, las escalas fijas y los muelles y rampas de carga deberán estar calculados, situados, acondicionados y preparados para su uso de manera que se puedan utilizar fácilmente, con toda seguridad y conforme al uso al que se les haya destinado y de forma que los trabajadores empleados en las proximidades de estas vías de circulación no corran riesgo alguno.
2. Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de comunicación deberán construirse, protegerse y utilizarse de forma que se evite que las personas caigan o estén expuestas a caídas de objetos. Sus medidas se ajustarán al número de trabajadores que deban utilizarlas.
3. El piso de las plataformas, andamios y pasarelas deberá estar conformado por materiales sólidos de una anchura mínima total de 60 centímetros, de forma que resulte garantizada la seguridad del personal que circule por ellas.
Artículo 164. Protección contra el riesgo de caídas de objetos.
1. Los trabajadores deberán estar protegidos contra la caída de objetos o materiales; para ello se utilizarán, siempre que sea técnicamente posible, medidas de protección colectiva.
2. Cuando sea necesario, se establecerán pasos cubiertos o se impedirá el acceso a las zonas peligrosas.
3. Los materiales de acopio, equipos y herramientas de trabajo deberán colocarse o almacenarse de forma que se evite su desplome, caída, vuelco o desprendimiento del terreno adyacente.
Artículo 165. Iluminación.
1. Los lugares de trabajo, los locales interiores y las vías de circulación en la obra deberán disponer, en la medida de lo posible, de suficiente luz natural, complementada con luz artificial cuando no sea suficiente. En su caso, se utilizarán puntos de iluminación portátiles con protección antichoques. El color utilizado para la iluminación artificial no podrá alterar o influir en la percepción de las señales o paneles de señalización.
2. Las instalaciones de iluminación de los locales, de los puestos de trabajo y de las vías de circulación deberán estar colocadas de tal manera que el tipo de iluminación previsto no suponga riesgo de accidente para los trabajadores.
3. Los locales, los lugares de trabajo y las vías de circulación en los que los trabajadores estén particularmente expuestos a riesgos en caso de avería de la iluminación artificial, deberán poseer una iluminación de seguridad.
Artículo 166. Factores atmosféricos.
Deberá protegerse a los trabajadores contra las inclemencias atmosféricas que puedan comprometer su seguridad y su salud.
Cuando las temperaturas sean extremas, especialmente en las conocidas «olas de calor» causantes de graves consecuencias para la salud, por parte de la representación sindical se podrán proponer horarios distintos que permitan evitar las horas de mayor insolación.
Asimismo, se dispondrá en las obras de cremas protectoras de factor suficiente contra las inclemencias atmosféricas tales como la irradiación solar.
Artículo 167. Detección y lucha contra incendios.
Según las características de la obra y según la dimensiones y el uso de los locales existentes, los equipos presentes, las características físicas y químicas de las sustancias o materiales que se hallen presentes, así como el número máximo de personas que puedan hallarse en ellos, se deberá prever en el plan de prevención de un número suficiente de dispositivos apropiados de lucha contra incendios.
Dichos dispositivos deberán verificarse y mantenerse con regularidad.
Artículo 168. Exposición a riesgos particulares.
1. Los trabajadores no deberán estar expuestos a niveles sonoros nocivos ni a factores externos nocivos, tales como, gases, vapores, polvo, amianto, vibraciones, etc.
2. En el caso de que algunos trabajadores deban penetrar en alguna zona cuya atmósfera pudiera contener sustancias tóxicas o nocivas, o no tener oxígeno en cantidad suficiente o ser inflamable, la atmósfera confinada deberá ser controlada y se deberán adoptar medidas adecuadas para prevenir cualquier peligro.
3. En ningún caso podrá exponerse a un trabajador a una atmósfera confinada de alto riesgo. Deberá quedar al menos bajo vigilancia permanente desde el exterior y deberán tomarse todas las debidas precauciones para que se le pueda prestar auxilio eficaz e inmediato.
CAPÍTULO II
Andamios
Sección primera. Condiciones generales
Artículo 169. Condiciones generales de utilización de los andamios.
1. Todo andamio deberá cumplir las condiciones generales respecto a materiales, estabilidad, resistencia, seguridad en el trabajo y seguridad general, y las particulares referentes a la clase a la que el andamio corresponda, especificadas en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, modificado por el Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por lo que respecta a su utilización.
2. Entre otras condiciones generales cabe citar las siguientes:
a) Los andamios y sus elementos deberán estar estabilizados por fijación o por otros medios. Los andamios cuya utilización prevista requiera que los trabajadores se sitúen sobre ellos deberán disponer de los medios adecuados para garantizar que el acceso y permanencia en esos equipos no suponga un riesgo para su seguridad y salud.
b) En particular, cuando exista un riesgo de caída de altura de más de 2 metros, los andamios deberán disponer de barandillas o de cualquier otro sistema de protección colectiva que proporcione una seguridad equivalente. Las barandillas deberán ser resistentes, de una altura mínima de 90 centímetros y de una protección intermedia y de un rodapié. Resultan aconsejables las barandillas de 1 metro de altura.
c) Los dispositivos de protección colectiva contra caídas del andamio solo podrán interrumpirse en los puntos de acceso a una escalera o a una escalera de mano.
d) Cuando el acceso al andamio o la ejecución de una tarea particular exija la retirada temporal de un dispositivo de protección colectiva contra caídas, deberán preverse medidas compensatorias y eficaces de seguridad, que se especificarán en la planificación de la actividad preventiva. No podrá ejecutarse el trabajo sin la adopción previa de dichas medidas. Una vez concluido este trabajo particular, ya sea de forma definitiva o temporal, se volverán a colocar en su lugar los dispositivos de protección colectiva contra caídas.
e) Los andamios deberán tener la resistencia y los elementos necesarios de apoyo o sujeción, o ambos, para que su utilización en las condiciones para las que han sido diseñados no suponga un riesgo de caída por rotura o desplazamiento.
f) Las plataformas que forman el piso del andamio se dispondrán de modo que no puedan moverse ni dar lugar al basculamiento, deslizamiento o cualquier otro movimiento peligroso. La anchura será la precisa para la fácil circulación de los trabajadores y el adecuado almacenamiento de los útiles, herramientas y materiales imprescindibles para el trabajo a realizar en aquel lugar.
g) No se almacenarán sobre los andamios más materiales que los necesarios para asegurar la continuidad del trabajo y, al fin de la jornada de trabajo, se procurará que sea el mínimo el peso el depositado en ellos.
h) A fin de evitar caídas entre los andamios y los paramentos de la obra en ejecución, deberán colocarse tablones o chapados, según la índole de los elementos a emplear en los trabajos, cuajando los espacios que queden libres entre los citados paramentos y el andamiaje -situados en el nivel inmediatamente inferior a aquel en que se lleve a efecto el trabajo- sin que en ningún caso pueda exceder la distancia entre este tope y el nivel del trabajo de 1,80 metros.
i) Los andamios deberán ser instalados y utilizados de forma que no puedan caer, volcar o desplazarse de forma incontrolada, poniendo en peligro la seguridad de los trabajadores.
j) Los andamios no deberán utilizarse de forma o en operaciones o en condiciones contraindicadas o no previstas por el fabricante. Tampoco podrán utilizarse sin los elementos de protección indicados para la realización de la operación de que se trate. Los andamios solo podrán utilizarse excepcionalmente de forma o en operaciones o en condiciones no consideradas por el fabricante, si previamente se ha realizado una evaluación de los riesgos que ello conllevaría y se han tomado las medidas pertinentes para su eliminación o control.
k) Antes de utilizar un andamio se comprobará que sus protecciones y condiciones de uso son las adecuadas y que su montaje y utilización no representa un peligro para los trabajadores o terceros.
l) Los andamios dejarán de utilizarse si se producen deterioros por inclemencias o transcurso del tiempo, u otras circunstancias que comprometan la seguridad de su funcionamiento.
m) Las dimensiones, la forma y la disposición de las plataformas de un andamio deberán ser apropiadas para el tipo de trabajo que se va a realizar, ser adecuadas a las cargas que hayan de soportar y permitir que se trabaje y circule en ellas con seguridad. Las plataformas de los andamios se montarán de tal forma que sus componentes no se desplacen en una utilización normal de ellos. No deberá existir ningún vacío peligroso entre los componentes de las plataformas y los dispositivos verticales de protección colectiva contra caídas.
n) El acceso a las plataformas de los andamios deberá realizarse normalmente a través de módulos de escaleras de servicio adosadas a los laterales, o bien estando las escaleras integradas en el propio andamio. En ningún caso está permitido trepar por los travesaños de la estructura del andamio.
o) Los elementos de apoyo de un andamio deberán estar protegidos contra el riesgo de deslizamiento, ya sea mediante sujeción en la superficie de apoyo, ya sea mediante un dispositivo antideslizante, o bien mediante cualquier otra solución de eficacia equivalente, y la superficie portante deberá tener una capacidad suficiente. Se deberá garantizar la estabilidad del andamio. Deberá impedirse mediante dispositivos adecuados el desplazamiento inesperado de los andamios móviles cuando se están realizando trabajos en altura.
p) El piso de las plataformas, andamios y pasarelas deberá estar conformado por materiales sólidos de una anchura mínima total de 60 centímetros, de forma que resulte garantizada la seguridad del personal que circule con ellos.
Artículo 170. Resistencia y estabilidad.
Cuando el andamio no disponga de nota de cálculo o cuando las configuraciones estructurales previstas no estén contempladas en ella, deberá efectuarse un cálculo de resistencia y estabilidad, a menos que el andamio esté montado según una configuración tipo generalmente reconocida. Dicho cálculo deberá ser realizado por una persona con una formación universitaria que lo habilite para la realización de estas actividades.
Artículo 171. Plan de montaje, de utilización y de desmontaje.
1. En función de la complejidad del andamio elegido, deberá elaborarse un plan de montaje, de utilización y de desmontaje. Este plan deberá ser realizado por una persona con una formación universitaria que lo habilite para la realización de estas actividades.
2. Este plan podrá adoptar la forma de un plan de aplicación generalizada, completado con elementos correspondientes a los detalles específicos del andamio de que se trate.
3. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, el plan de montaje, de utilización y de desmontaje será obligatorio en los siguientes tipos de andamios:
a) Plataformas suspendidas de nivel variable (de accionamiento manual o motorizado), instaladas temporalmente sobre un edificio o una estructura para tareas específicas, y plataformas elevadoras sobre mástil.
b) Andamios constituidos con elementos prefabricados apoyados sobre terreno natural, soleras de hormigón, forjados, voladizos u otros elementos cuya altura, desde el nivel inferior de apoyo hasta la coronación de la andamiada, exceda de 6 metros o dispongan de elementos horizontales que salven vuelos y distancias superiores entre apoyos de más de 8 metros. Se exceptúan los andamios de caballetes o borriquetas.
c) Andamios instalados en el exterior, sobre azoteas, cúpulas, tejados o estructuras superiores cuya distancia entre el nivel de apoyo y el nivel del terreno o del suelo exceda de 24 metros de altura.
d) Torres de acceso y torres de trabajo móviles en los que los trabajos se efectúen a más de 6 metros de altura desde el punto de operación hasta el suelo.
4. Sin embargo, cuando se trate de andamios que, a pesar de estar incluidos entre los anteriormente citados, dispongan del marcado «CE» (p. ej. plataformas suspendidas de nivel variable, plataformas elevadoras sobre mástil), por serles de aplicación una normativa específica en materia de comercialización, el citado plan podrá ser sustituido por las instrucciones específicas del fabricante, proveedor o suministrador, sobre el montaje, la utilización y el desmontaje de los equipos, salvo que estas operaciones se realicen de forma o en condiciones o circunstancias no previstas en dichas instrucciones.
En el caso de aquellos tipos de andamios normalizados –p. ej. metálicos tubulares prefabricados o torres de acceso móviles– que no pueden disponer de marcado «CE» –por no haberse adoptado dicha existencia legal en el ámbito europeo– pero sus fabricantes se han sometido a la realización de los ensayos exigidos por Documentos de Armonización Europeos y cuentan con el correspondiente certificado de ese producto expedido por un organismo nacional de certificación, mientras no se establezca la exigencia de marcado «CE», se aplicará la posible sustitución del plan por las instrucciones del fabricante, siempre que el andamio se monte según la configuración tipo establecida en las citadas instrucciones y para las operaciones y usos indicados por el mismo.
Artículo 172. Montaje, supervisión y formación de los montadores.
1. Los andamios solo podrán ser montados, desmontados o modificados sustancialmente bajo la dirección de una persona con una formación universitaria o profesional que lo habilite para ello, y por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada y específica para las operaciones previstas conforme al Anexo II, apartado 4.3.7 del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, modificado por el Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre.
2. Tanto los trabajadores afectados como la persona que supervise dispondrán del plan de montaje y desmontaje incluyendo cualquier instrucción que pudiera contener.
3. Cuando, de conformidad con el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, modificado por el Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, no sea necesaria la elaboración de un plan de montaje, utilización y desmontaje, las operaciones previstas en este apartado podrán también ser dirigidas por una persona que disponga de una experiencia certificada por el empresario en esta materia de más de dos años y cuente con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel básico.
Artículo 173. Inspección de andamios.
1. Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona con una formación universitaria o profesional que lo habilite para ello:
a) Antes de su puesta en servicio.
b) A continuación, periódicamente.
c) Tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie, sacudidas sísmicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o a su estabilidad.
2. Cuando, de conformidad con el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, modificado por el Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, no sea necesaria la elaboración de un plan de montaje, utilización y desmontaje, las operaciones previstas en este apartado podrán también ser dirigidas por una persona que disponga de una experiencia certificada por el empresario en esta materia de más de dos años y cuente con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel básico.
3. Los resultados de las comprobaciones e inspecciones periódicas deberán documentarse y estar a disposición de la autoridad laboral.
Sección segunda. Normas específicas para determinados tipos de andamios
Artículo 174. Normas específicas para andamios metálicos tubulares.
1. Se consideran andamios metálicos tubulares, aquellos en los que todas o algunas de sus dimensiones son determinadas con antelación mediante uniones o dispositivos de unión fijos permanentemente sobre los componentes. Se componen de placa de sustentación (placa base y husillo), módulos, cruz de San Andrés, y largueros o tubos de extremos, longitudinales y diagonales. Se complementan con plataformas, barandillas y en ocasiones escaleras de comunicación integradas.
2. En relación con estos andamios se establecen las siguientes condiciones particulares de seguridad.
a) Los andamios tubulares, en todo caso, deberán estar certificados por una entidad reconocida certificación.
Los andamios tubulares que no hayan obtenido una certificación del producto por una entidad reconocida de certificación, solo podrán utilizarse para aquellos supuestos en los que el Real Decreto 1215/1997, 18 de julio, modificado por el Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se establecen las Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura en su Anexo II apartado 4.3, no exige plan de montaje, de utilización y de desmontaje, esto es para alturas no superiores a 6 metros y que además no superen los 8 metros de distancia entre apoyos, y siempre que no estén situados sobre azoteas, cúpulas, tejados, estructuras superiores o balconadas a más de 24 metros desde el nivel del terreno o del suelo.
b) En cualquier caso el material que conforma el andamio dispondrá de las instrucciones de montaje y mantenimiento necesarias para su uso.
c) En ningún caso se permitirá al contratista o usuarios, realizar cambios en el diseño inicial sin la autorización e intervención de la dirección facultativa o el coordinador de seguridad y sin haber realizado el plan de montaje, utilización y desmontaje correspondiente.
d) La estabilidad de los andamios tubulares deberá quedar garantizada en todo momento. El técnico que supervise la correcta ejecución de los trabajos de montaje y desmontaje del andamio, dará las instrucciones precisas tanto a los montadores como a los trabajadores posteriormente usuarios sobre las condiciones para ejecutar los trabajos de manera adecuada.
e) Para el trabajo en las plataformas de trabajo de los andamios tubulares se exigen los siguientes requisitos mínimos:
– Las plataformas de trabajo tendrán un ancho mínimo de 60 centímetros sin solución de continuidad al mismo nivel, teniendo garantizada la resistencia y estabilidad necesarias en relación con los trabajos a realizar sobre ellas.
– Las plataformas de trabajo serán metálicas o de otro material resistente y antideslizante, contarán con dispositivos de enclavamiento que eviten su basculamiento accidental y tendrán marcada, de forma indeleble y visible, la carga máxima admisible.
– Las plataformas de trabajo estarán protegidas por medio de una barandilla metálica de un mínimo de un metro de altura, barra intermedia y rodapié de altura mínima de 15 centímetros en todos los lados de su contorno, con excepción de los lados que disten de la fachada menos de 20 centímetros.
f) El acceso a estas estructuras tubulares se hará siempre por medio de escaleras bien mediante módulos específicos adosados a los laterales, bien mediante escaleras integradas de comunicación entre las plataformas. Las trampillas de acceso a estas últimas estarán cerradas, cuando no respondan propiamente a esta finalidad. Solo en los casos que estén debidamente justificados en el plan de seguridad o en la evaluación de riesgos podrá hacerse desde el edificio, por medio de plataformas o pasarelas debidamente protegidas.
Artículo 175. Normas específicas para andamios constituidos por elementos prefabricados, torres de acceso y torres de trabajo móviles.
1. Con respecto a la comercialización de estos tipos de andamios, y de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, de Seguridad general de los productos, se considera que un andamio de este tipo es seguro cuando cumpla las disposiciones normativas de obligado cumplimiento que establezcan los requisitos de seguridad y salud.
2. En los aspectos de dichas disposiciones normativas regulados por normas técnicas que sean transposición de una norma europea armonizada, se presumirá que también un andamio de este tipo es seguro cuando sea conforme a tales normas.
3. Cuando no exista disposición normativa de obligado cumplimiento aplicable, o esta no cubra todos los riesgos o categorías de riesgos de este tipo de andamio, para evaluar su seguridad garantizando siempre el nivel de seguridad, se tendrán en cuenta los siguientes elementos:
– Normas técnicas nacionales que sean transposición de normas europeas no armonizadas.
– Normas UNE.
– Códigos de buenas prácticas.
– Estado actual de los conocimientos y de la técnica.
4. Por lo que refiere a la utilización de estos tipos de andamios, se atenderá a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, modificado por el Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre.
Artículo 176. Normas específicas para torres de acceso y torres de trabajo móviles.
1. Para garantizar la estabilidad de las torres de acceso y de las torres de trabajo móviles su altura (desde el suelo a la última plataforma) no podrá exceder de 4 metros por cada metro del lado menor. En su caso, y no obstante lo anterior, deberán seguirse las instrucciones del fabricante (utilizar estabilizadores, aumentar el lado menor, etc.).
2. Las ruedas de las torres de trabajo móviles deberán disponer de un dispositivo de blocaje de la rotación y de la traslación. Asimismo, deberá verificarse el correcto funcionamiento de los frenos. Estas torres solo deben moverse manualmente sobre suelo firme, sólido, nivelado y libre de obstáculos.
3. Para evitar su basculamiento está prohibido desplazarlas con personal o materiales y herramientas sobre las mismas.
4. No está autorizado instalar poleas u otros dispositivos de elevación sobre estos tipos de andamio, a menos que los mismos hayan sido proyectados expresamente por el fabricante para dicha finalidad.
5. Estos tipos de andamios no deben apoyarse, en ningún caso, sobre material ligero o de baja resistencia o estabilidad.
6. El acceso a las plataformas de este tipo de andamios deberá realizarse por el interior con escaleras o escalas de peldaños integradas para tal fin.
7. Está prohibido saltar sobre los pisos de trabajo y establecer puentes entre una torre de trabajo móvil y cualquier elemento fijo de la obra o edificio.
Artículo 177. Normas específicas para plataformas elevadoras sobre mástil.
1. Las plataformas incluidas en este apartado tienen la consideración de aparatos de elevación de personas. Por lo tanto, les es de aplicación el Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas, y resulta exigible que dispongan del «marcado CE», declaración «CE» de conformidad y manual de instrucciones.
2. Por lo que refiere a la utilización de estas plataformas, se atenderá a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, modificado por el Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre.
3. Sin perjuicio de lo anterior, y entre otras, deben cumplirse las siguientes medidas:
a) Deberá verificarse antes de su uso la resistencia y estabilidad de los puntos de apoyo.
b) Estarán dotadas de protección frente al riesgo de contacto eléctrico indirecto y verificarse la ausencia de líneas eléctricas aéreas en el entorno.
c) Cuando dispongan de carriles deberán poseer una perfecta nivelación, cimentación y alineación, así como topes en sus extremos. Los traslados se realizarán con la plataforma desalojada de trabajadores.
d) Para prevenir el riesgo de caídas de objetos sobre terceros se balizará, señalizará y acotará la zona inferior del terreno impidiendo el paso bajo su perpendicular.
e) Nunca deberán sobrecargarse; se repartirán los materiales necesarios para la correcta continuidad de los trabajos a lo largo de la plataforma.
f) Deben revisarse periódicamente y no utilizarse en condiciones meteorológicas adversas que superen lo previsto por el fabricante.
Artículo 178. Normas específicas para plataformas suspendidas de nivel variable de accionamiento manual o motorizado (andamios colgados).
1. Al igual que las plataformas incluidas en el artículo anterior, tienen la consideración de aparatos de elevación de personas, por lo tanto, les es de aplicación el Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas. En consecuencia, a estos equipos les resulta exigible que dispongan del «marcado CE», declaración «CE» de conformidad y manual de instrucciones de acuerdo con dichas normas. La documentación técnica debe alcanzar a todos los elementos de las plataformas (pescantes, contrapesos, cables de sustentación, aparejos y mecanismos de izado y descenso, barquilla y componentes de seguridad). A aquellas plataformas que por su fecha de comercialización o de puesta en servicio por primera vez no les sea de aplicación el referido Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, deberán estar puesta en conformidad de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio.
2. Por lo que refiere a la utilización de estos tipos de plataformas, se atenderá a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, modificado por el Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre.
3. Deben cumplirse, además de las contenidas en el manual de instrucciones del fabricante, entre otras, las siguientes normas de seguridad:
– El suelo de las plataformas debe ser una superficie resistente, antideslizante y debe quedar sujeto de tal forma que carezca de movimiento alguno, bien sea de deslizamiento o de basculamiento, y solo pueda ser retirado por una acción voluntaria.
– Las plataformas suspendidas deben estar dotadas de barandilla, protecciones intermedias y zócalos montados a lo largo de todo su perímetro. La altura de la barandilla no será inferior a 90 centímetros medido desde lo alto de la barandilla hasta el suelo. La distancia entre la barandilla y la protección intermedia, y entre esta y el zócalo no debe sobrepasar los 50 centímetros el zócalo no debe tener una altura inferior a 15 centímetros por encima del suelo.
– En el caso de utilizarse plataformas múltiples con dos o más suelos, uno encima del otro, debe preverse una trampilla en el suelo superior y una escalera integrada que permita un acceso seguro entre los suelos. La trampilla debe abrirse hacia arriba y no debe poder quedarse abierta.
– Queda expresamente prohibido comunicar entre sí dos plataformas suspendidas en paralelo mediante pasarelas superpuestas o colocar dicha pasarela entre la plataforma y cualquier otro elemento.
– Los accesos a las plataformas serán cómodos y seguros. Las puertas de acceso de las barquillas no deben abrir hacia el exterior y deben estar dotadas de un sistema e enclavamiento que impida su apertura, si no es por una acción voluntaria.
– La distancia entre el paramento y la cara delantera de las plataformas será inferior a 30 centímetros. Éstas deberán disponer de un sistema de fijación o anclaje que impida su movimiento durante las operaciones de entrada y salida de las mismas.
– Los pescantes se montarán de tal forma que los cables trabajen totalmente perpendiculares al suelo y paralelos entre sí.
– Las plataformas se suspenderán de un mínimo de dos pescantes.
– Se prohíbe la acumulación de materiales en estas plataformas debiendo situar sobre ellas, exclusivamente, los indispensables y precisos para realizar el trabajo. En ningún caso se sobrepasará la carga máxima indicada por el fabricante.
– Se pondrá especial cuidado en el tiro uniforme de los cabos durante los movimientos de ascensos y descensos, para evitar saltos bruscos. Estos movimientos se ejecutarán con las plataformas descargadas de material y durante los mismos solo permanecerán sobre ellas los trabajadores indispensables.
– Los aparejos elevadores utilizados para las maniobras deberán disponer de dispositivos de seguridad que impidan descensos y rotaciones incontroladas, así como dispositivos interiores de guía para los cables.
– Los ganchos de sujeción de los cables a los pescantes deberá estar dotados de pestillo de seguridad.
– A estas plataformas se les debe acoplar dispositivos secundarios para que en caso de rotura del cable portante retengan las mismas evitando su caída tales como: un sistema de suspensión de doble cable de seguridad independiente de los cables de sustentación y dotado de un freno secundario, o un sistema de suspensión de cable único asociado a un dispositivo anticaídas capaz de retener las plataformas.
– Antes de su primera utilización todo el conjunto será sometido a una prueba de carga bajo la supervisión de persona competente; igualmente, con carácter diario y antes de su uso, deben ser inspeccionados los elementos sometidos a esfuerzo, los dispositivos de seguridad, etc.; periódicamente dicho conjunto se revisará conforme a las instrucciones del fabricante. Todas estas revisiones quedarán documentadas.
– En todos los elementos y accesorios de elevación deberán quedar claramente identificadas sus características. En la plataforma deberá quedar reflejada la carga máxima y el número máximo de personas que pueden utilizarla.
– No deben utilizarse en condiciones meteorológicas adversas que superen lo previsto por el fabricante.
Artículo 179. Normas específicas para andamios de borriquetas.
1. Estarán constituidos por borriquetas metálicas en forma de uve invertida y tablones o plataformas metálicas horizontales.
2. Estos andamios siempre se montarán nivelados, nunca inclinados se prohíbe su apoyo sobre materiales de construcción frágiles como ladrillos, bovedillas, etc.
3. Podrán emplearse andamios de borriquetas hasta 3 metros de altura. Cuando el riesgo de caídas sea mayor de 2 metros se dispondrá de barandillas u otros sistemas de protección colectiva de seguridad equivalente.
4. En los trabajos sobre borriquetas en balcones, terrazas o en la proximidad de aberturas con riesgo de caídas de más de 2 metros se utilizarán medios de protección colectiva (barandillas, redes, etc.).
5. Los tablones o plataformas que formen el piso del andamio (de al menos 60 centímetros de anchura) deberán estar anclados o atados a las borriquetas.
Artículo 180. Normas específicas para andamios de mechinales.
Cuando el andamio se establezca a base de mechinales (agujeros cuadrados practicados en un muro de obra que permiten el paso de los travesaños o colas de un andamio) solo se permitirá su uso para obras de escasa importancia y con la condición de que la altura sobre el nivel del suelo o del terreno de la andamiada más elevada no exceda de 5 metros.
Será obligatoria, en todo caso, la utilización de sistemas anticaídas por parte de los trabajadores situados en estos andamios.
CAPÍTULO III
Protecciones colectivas, escalas fijas o de servicio, escaleras de mano y otros equipos para trabajos temporales en altura
Artículo 181. Normas específicas para sistemas provisionales de protección de borde.
1. Con respecto a la comercialización de estos sistemas, y de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, de Seguridad general de los productos, se considera que una protección de borde es segura cuando cumpla las disposiciones normativas de obligado cumplimiento que fijen los requisitos de seguridad y salud.
2. En los aspectos de dichas disposiciones normativas regulados por normas técnicas que sean transposición de una norma europea armonizada, se presumirá que también un sistema provisional de protección de borde es seguro cuando sea conforme a tales normas.
3. Cuando no exista disposición normativa de obligado cumplimiento aplicable, o esta no cubra todos los riesgos o categorías de riesgos del sistema provisional de protección de borde, para evaluar su seguridad garantizando siempre el nivel de seguridad, se tendrán en cuenta los siguientes elementos:
– Normas técnicas nacionales que sean transposición de normas europeas no armonizadas.
– Normas UNE.
– Códigos de buenas prácticas.
– Estado actual de los conocimientos y de la técnica.
Artículo 182. Requisitos para los sistemas provisionales de protección de borde.
Todos los elementos que configuran el conjunto de sistemas de protección (barandilla principal con una altura mínima de 90 centímetros, barandilla intermedia, plinto o rodapié con una altura sobre la superficie de trabajo tal que impida la caída de objetos y materiales y postes) serán resistentes. Estarán constituidos por materiales rígidos y sólidos; no podrán utilizarse como barandillas: cuerdas, cintas, cadenas o elementos o materiales diseñados para otros usos, como los de señalización o balizamiento.
Artículo 183. Normas específicas para redes de seguridad.
1. Con respecto a la comercialización de las redes de seguridad, y de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, de Seguridad general de los productos, se considera que una red de seguridad es segura cuando cumpla las disposiciones normativas de obligado cumplimiento que fijen los requisitos de seguridad y salud.
2. En los aspectos de dichas disposiciones normativas regulados por normas técnicas que sean transposición de una norma europea armonizada, se presumirá que también una red de seguridad es segura cuando sea conforme a tales normas.
3. Cuando no exista disposición normativa de obligado cumplimiento aplicable, o esta no cubra todos los riesgos o categorías de riesgos de la red de seguridad, para evaluar su seguridad garantizando siempre el nivel de seguridad, se tendrán en cuenta los siguientes elementos:
– Normas técnicas nacionales que sean transposición de normas europeas no armonizadas.
– Normas UNE.
– Códigos de buenas prácticas.
– Estado actual de los conocimientos y de la técnica.
Artículo 184. Requisitos para la utilización de redes de seguridad.
1. En la elección y utilización de las redes de seguridad, siempre que sea técnicamente posible por el tipo de trabajos que se ejecuten, se dará prioridad a las redes que evitan la caída frente a aquellas que solo limitan o atenúan las posibles consecuencias de dichas caídas.
a) Con independencia de la obligatoriedad de cumplir las normas técnicas previstas para cada tipo de red, estas solo se deberán instalar y utilizar conforme a las instrucciones previstas, en cada caso, por el fabricante, se estudiará, con carácter previo a su montaje, el tipo de red más adecuado frente al riesgo de caída de altura en función del trabajo que vaya a ejecutarse.
El montaje y desmontaje sucesivos será realizado por personal formado e informado.
b) La estabilidad y solidez de los elementos de soporte y el buen estado de las redes deberán verificarse previamente a su uso, posteriormente de forma periódica, y cada vez que sus condiciones de seguridad puedan resultar afectadas por una modificación, período de no utilización o cualquier otra circunstancia.
c) Se almacenarán en lugares secos.
2. Una vez retiradas las redes deberán reponerse los sistemas provisionales de protección de borde.
Artículo 185. Normas específicas para escalas fijas o de servicio.
1. Las escalas fijas o de servicio deberán cumplir los requisitos establecidos en el Anexo I, apartado 8, del Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, de Lugares de trabajo. Dispondrán de una protección circundante a partir de los 4 metros de altura, salvo en el caso de pozos, conductos angostos u otras instalaciones que por su configuración ya proporcionen dicha protección. Para escalas fijas de más de 9 metros se establecerán plataformas de descanso cada 9 metros o fracción.
2. En el supuesto de que por las características constitutivas del propio pozo, conducto u otras instalaciones, las necesidades de acceso o la realización del trabajo impidan el establecimiento de las citadas plataformas de descanso, se dispondrán de sistemas anticaídas para su utilización por los trabajadores.
Artículo 186. Normas específicas para escaleras de mano.
1. Con respecto a la comercialización de las escaleras de mano, y de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, de Seguridad general de los productos, se considera que una escalera de mano es segura cuando cumpla las disposiciones normativas de obligado cumplimiento que fijen los requisitos de seguridad y salud.
2. En los aspectos de dichas disposiciones normativas regulados por normas técnicas que sean transposición de una norma europea armonizada, se presumirá que también una escalera de mano es segura cuando sea conforme a tales normas.
3. Cuando no exista disposición normativa de obligado cumplimiento aplicable, o esta no cubra todos los riesgos o categorías de riesgos de la escalera de mano, para evaluar su seguridad garantizando siempre el nivel de seguridad, se tendrán en cuenta los siguientes elementos:
– Normas técnicas nacionales que sean transposición de normas europeas no armonizadas.
– Normas UNE.
– Códigos de buenas prácticas.
– Estado actual de los conocimientos y de la técnica.
Artículo 187. Requisitos para la utilización de las escaleras de mano.
1. Por lo que refiere a la utilización de las escaleras de mano, se atenderá a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo modificado por el Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, de Equipos de trabajo, en materia de trabajos en altura, que incluye normas sobre andamios, escaleras de mano y las técnicas de acceso y de posicionamiento mediante cuerdas.
2. Las escaleras de mano deberán ajustarse a lo establecido en su normativa específica. Se tendrán en cuenta, entre otras, las siguientes medidas:
a) La utilización de una escalera de mano como puesto de trabajo en altura deberá limitarse a las circunstancias en las que la utilización de otros equipos de trabajo más seguros no esté justificada, por el bajo nivel de riesgo y por las características de los emplazamientos que el empresario no pueda modificar.
b) Las escaleras de mano deberán tener la resistencia y los elementos necesarios de apoyo o sujeción, o ambos, para que su utilización en las condiciones para las que han sido diseñados no suponga un riesgo de caída por rotura o desplazamiento. En particular, las escaleras de tijera dispondrán de elementos de seguridad que impidan su apertura al ser utilizadas.
3. Además, durante su utilización, deberán cumplirse, entre otras, las siguientes normas:
a) Las escaleras de mano se colocarán de forma que su estabilidad durante su utilización esté asegurada. Los puntos de apoyo de las escaleras de mano deberán asentarse sólidamente sobre un soporte de dimensiones adecuadas, y estable, resistente e inmóvil, de forma que los travesaños queden en posición horizontal. Las escaleras suspendidas se fijarán de forma segura y, excepto las de cuerda, de manera que no puedan desplazarse y se eviten los movimientos de balanceo.
b) Se impedirá el deslizamiento de los pies de las escaleras de mano durante su utilización, ya sea mediante la fijación de la parte superior o inferior de los largueros, ya sea mediante cualquier dispositivo antideslizante o cualquier otra solución de eficacia equivalente. Las escaleras de mano para fines de acceso deberán tener la longitud necesaria para sobresalir al menos un metro del plano de trabajo al que se accede. Las escaleras compuestas de varios elementos adaptables o extensibles deberán utilizarse de forma que la inmovilización recíproca de los distintos elementos esté asegurada. Las escaleras con ruedas deberán haberse inmovilizado antes de acceder a ellas. Las escaleras de mano simples se colocarán, en la medida de lo posible, formando un ángulo aproximado de 75 grados con la horizontal.
c) El ascenso, el descenso y los trabajos desde escaleras se efectuarán de frente a estas. Las escaleras de mano deberán utilizarse de forma que los trabajadores puedan tener en todo momento un punto de apoyo y de sujeción seguros. Los trabajos a más de 3,50 metros de altura, desde el punto de operación al suelo, que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, solo se efectuarán si se utiliza un equipo de protección individual anticaídas o se adoptan otras medidas de protección alternativas. El transporte a mano de una carga por una escalera de mano se hará de modo que ello no impida una sujeción segura. Se prohíbe el transporte y manipulación de cargas por o desde escaleras de mano cuando por su peso o dimensiones puedan comprometer la seguridad del trabajador. Las escaleras de mano no se utilizarán por dos o más personas simultáneamente.
d) No se emplearán escaleras de mano y, en particular, escaleras de más de 5 metros de longitud sobre cuya resistencia no se tengan garantías. Queda prohibido el uso de escaleras de mano de construcción improvisada.
e) Las escaleras de mano se revisarán periódicamente. Se prohíbe la utilización de escaleras de madera pintadas, por la dificultad que ello supone para la detección de sus posibles defectos.
Artículo 188. Técnicas de acceso y de posicionamiento mediante cuerdas.
1. La utilización de las técnicas de acceso y de posicionamiento mediante cuerdas se limitará a circunstancias en las que la evaluación del riesgo indique que el trabajo puede ejecutarse de manera segura y en las que, además, la utilización de otro equipo de trabajo más seguro no esté justificada.
2. Teniendo en cuenta la evaluación del riesgo y especialmente en función de la duración del trabajo y de las exigencias de carácter ergonómico, deberá facilitarse un asiento adaptado al trabajador y provisto de los accesorios apropiados.
3. Los trabajos con técnicas verticales o sistemas de acceso y posicionamiento mediante cuerdas deberán tener la resistencia y los elementos necesarios de apoyo o sujeción, o ambos, para que su utilización en las condiciones para las que han sido diseñados no suponga un riesgo de caída por rotura o desplazamiento.
4. La utilización de las técnicas de acceso y de posicionamiento mediante cuerdas cumplirá las siguientes condiciones:
a) El sistema constará como mínimo de dos cuerdas con sujeción independiente, una como medio de acceso, de descenso y de apoyo (cuerda de trabajo) y la otra como medio de emergencia (cuerda de seguridad).
b) Se facilitará a los trabajadores unos arneses adecuados, que deberán utilizar y conectar a la cuerda de seguridad.
c) La cuerda de trabajo estará equipada con un mecanismo seguro de ascenso y descenso y dispondrá de un sistema de bloqueo automático con el fin de impedir la caída en caso de que el usuario pierda el control de su movimiento. La cuerda de seguridad estará equipada con un dispositivo móvil contra caídas que siga los desplazamientos del trabajador.
d) Las herramientas y demás accesorios que deba utilizar el trabajador deberán estar sujetos al arnés o al asiento del trabajador o sujetos por otros medios adecuados.
5. Con respecto a la comercialización de los elementos que se emplean en las técnicas de acceso y de posicionamiento mediante cuerdas, y de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1801/2003 de Seguridad general de los productos, se considera que los elementos son seguros cuando cumpla las disposiciones normativas de obligado cumplimiento que fijen los requisitos de seguridad y salud.
6. En los aspectos de dichas disposiciones normativas regulados por normas técnicas que sean transposición de una norma europea armonizada, se presumirá que también estos elementos son seguros cuando sean conformes a tales normas.
7. Cuando no exista disposición normativa de obligado cumplimiento aplicable, o esta no cubra todos los riesgos o categorías de riesgos de estas técnicas, para evaluar su seguridad garantizando siempre el nivel de seguridad, se tendrán en cuenta los siguientes elementos:
– Normas técnicas nacionales que sean transposición de normas europeas no armonizadas.
– Normas UNE.
– Códigos de buenas prácticas.
– Estado actual de los conocimientos y de la técnica.
A todos los elementos que conforman estas técnicas, excepto a la propia cuerda de trabajo y a sus sistemas de amarre, les es de aplicación el Real Decreto 1407/1992 y, en consecuencia, les es exigible que dispongan de «marcado CE», declaración «CE de conformidad y manual de instrucciones, conforme a dicha norma.
Artículo 189. Requisitos para la utilización de las técnicas de acceso y de posicionamiento mediante cuerdas.
1. Por lo que refiere a la utilización de las técnicas de acceso y de posicionamiento mediante cuerdas, se atenderá a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, modificado por el Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre.
2. Los trabajadores que utilicen estas técnicas de acceso y de posicionamiento deberán poseer una la información y formación adecuada y específica para las operaciones previstas. Dicha información y formación se referirá a los siguientes aspectos:
– Las técnicas para la progresión mediante cuerdas y sobre estructuras.
– Los sistemas de sujeción.
– Los sistemas anticaídas.
– Las normas sobre el cuidado, mantenimiento y verificación del equipo de trabajo y de seguridad.
– Las técnicas de salvamento de personas accidentadas en suspensión.
– Las medidas de seguridad ante condiciones meteorológicas que puedan afectar a la seguridad.
– Las técnicas seguras de manipulación de cargas en altura.
Artículo 190. Normas específicas para plataformas voladas de descarga de materiales.
Deben reunir, entre otros, los siguientes requisitos:
– Las plataformas deben ser metálicas, sólidas y seguras; se fijarán mediante puntales telescópicos de suelo a techo en número y disposición indicados por el fabricante.
– Las plataformas estarán protegidas en su contorno con barandillas perimetrales, siendo desmontable la delantera para permitir la descarga de materiales. Cuando disponga de trampilla abatible en el piso, deberá estar dotada de un sistema que impida el acceso a la plataforma cuando la trampilla esté abierta.
– Para trabajos sobre las plataformas es preceptivo el uso, en función de las características del puesto de trabajo, un cinturón de retención dispuesto en un punto sólido de la obra o de un sistema anticaídas.
– En ningún caso deberán sobrecargarse por encima de la carga máxima prevista por el fabricante, que vendrá indicada en un lugar visible y de forma indeleble.
Artículo 191. Normas específicas para plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP).
1. Las plataformas incluidas en este apartado tienen la consideración de aparatos de elevación de personas. Por lo tanto, les es de aplicación el Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas, y les resulta exigible que dispongan del «marcado CE», declaración «CE» de conformidad y manual de instrucciones.
2. A aquellas plataformas que por su fecha de comercialización o de puesta en servicio por primera vez no les sea de aplicación el referido Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas, deberán estar puestas en conformidad, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1215/1997, 18 de julio, por el que se establecen las Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los trabajadores de equipos de trabajo.
3. Por lo que refiere a la utilización de estos tipos de plataformas, se atenderá a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, 18 de julio, modificado por el Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre.
4. Durante su utilización deberán cumplirse, entre otras, las siguientes normas:
– El personal operador debe estar cualificado y formado. No se permitirá la utilización y el acceso a personas carentes de autorización.
– No deben utilizarse en operaciones o en condiciones contraindicadas por el fabricante y se cumplirán las especificaciones establecidas por el mismo en cuanto a su uso y limitación de carga.
– Se debe reconocer previamente el terreno por donde debe desplazarse la plataforma asegurando que esté nivelado y sea estable.
– La plataforma no debe conducirse ni circular por pendientes superiores a las indicadas por el fabricante.
– No se deben cargar materiales de mayor volumen y peso de lo previsto por el fabricante. Las cargas deberán estar repartidas uniformemente por el piso de la plataforma.
– Debe verificarse la ausencia de líneas eléctricas aéreas en el entorno así como la presencia de elementos fijos que interfieran el desplazamiento espacial de la plataforma.
– Es preceptivo el uso de arnés anticaídas por parte de los trabajadores.
Artículo 192. Normas específicas para cestas suspendidas mediante grúas.
1. Este sistema de elevación de personas y realización de trabajos en altura solo debe utilizarse excepcionalmente, cuando por el tipo de trabajos a ejecutar, la altura a la que se deba subir, la duración de la utilización, y las características o inaccesibilidad por otros medios hasta el emplazamiento, el estudio de seguridad, el plan de seguridad o la evaluación de riesgos determinen que no sea posible la elección de otros equipos más seguros y siempre que de la documentación técnica resulte que los trabajos pueden realizarse de forma segura.
2. Además de lo indicado en el apartado anterior, la utilización de estas cestas se limitará a circunstancias en las que la evaluación de riesgos indique que el trabajo puede ejecutarse de manera segura mediante la aplicación de los principios de prevención. Es decir, luego de que se hayan elegido los equipos y procedimientos de trabajo adecuados –teniendo en cuenta el estado del desarrollo tecnológico– y se haya formado e informado a los trabajadores.
3. Su elección no podrá subordinarse a criterios económicos.
CAPÍTULO IV
Trabajos de movimientos de tierras, excavación, pozos, trabajos subterráneos y túneles
Artículo 193. Medidas a adoptar antes del inicio de los trabajos.
Antes de comenzar los trabajos de movimientos de tierras, y de excavación, deberán tomarse medidas para localizar y reducir al mínimo los peligros debidos a cables subterráneos, así como aéreos y demás sistemas de distribución.
Artículo 194. Medidas a adoptar durante los trabajos.
En los trabajos de excavación en general, pozos, trabajos subterráneos y túneles se adoptarán las precauciones necesarias especificadas, en su caso, en el proyecto de ejecución de la obra, a fin de evitar derrumbamientos según la naturaleza y las condiciones del terreno y la forma de realización de dichos trabajos.
Artículo 195. Acumulaciones de tierras, escombros o materiales.
Las acumulaciones de tierras, escombros o materiales, y los vehículos en movimiento deberán mantenerse alejados de las excavaciones o deberán tomarse las medidas adecuadas, en su caso, mediante la construcción de barreras, para evitar su caída en las mismas o el derrumbamiento del terreno.
Artículo 196. Vías de entrada y salida.
Deberán preverse vías seguras para entrar y salir de la excavación.
Artículo 197. Ascensos y descensos de trabajadores.
Queda prohibido servirse del propio entramado, entibado o encofrado para el descenso o ascenso de los trabajadores. A tal efecto se emplearán escaleras, adoptando las medidas de seguridad correspondientes.
Cuando se empleen ascensores para la subida y el descenso de los trabajadores en los pozos, se adoptarán las medidas de seguridad correspondientes.
Artículo 198. Ventilación.
Se dispondrá de buena ventilación -natural o forzada- en los pozos y galerías subterráneas, adoptando las medidas necesarias para que los trabajadores dispongan de aire sano suficiente.
Artículo 199. Trabajos en atmósferas peligrosas o tóxicas.
Con carácter previo al inicio de trabajos en los que puedan existir atmósferas peligrosas o tóxicas deberá elaborarse el correspondiente procedimiento de trabajo.
En todo caso, en dicho procedimiento se incluirán, entre otras, las siguientes medidas preventivas:
a) Antes de acceder a pozos o galerías en las que por circunstancias especiales sea de temer la existencia de un ambiente peligroso o tóxico, se harán las pruebas y mediciones necesarias para conocer el estado de la atmósfera; igualmente deberán adoptarse las medidas para prevenir la formación y acumulación de atmósferas explosivas.
b) Los trabajadores no podrán penetrar hasta después de haber tomado las precauciones oportunas para impedir cualquier accidente por intoxicación, asfixia o explosión.
c) El trabajo en espacios confinados deberá ser supervisado y no se permitirá el acceso a trabajadores no autorizados y que no estén suficiente cualificados, formados e informados de los riesgos correspondientes.
d) Cuando en el desarrollo de los trabajos se noten síntomas que hagan temer la presencia de un peligro grave o la falta de oxígeno, deberá darse cuenta inmediata al supervisor de los trabajos, se suspenderá la actividad y se abandonará inmediatamente el lugar de trabajo.
Artículo 200. Trabajos subterráneos.
Los trabajos subterráneos deberán estar equipados en su totalidad con un alumbrado eléctrico capaz de ofrecer una iluminación adecuada a las tareas que se realizan en ellos; para evitar los riesgos derivados de avería en la iluminación artificial, se dispondrá otra complementaria de seguridad que permita asegurar la evacuación de personal en caso de faltar corriente. De ser imposible la iluminación artificial, se dotará a los trabajadores de iluminación individual.
Artículo 201. Medidas en caso de incendio, irrupción de agua o caída de materiales.
En las excavaciones, pozos, trabajos subterráneos o túneles deberán tomarse las precauciones adecuadas tanto para prevenir la irrupción accidental de agua mediante los sistemas o medidas adecuados, como para permitir que los trabajadores puedan ponerse a salvo en el caso de que se produzca un incendio, una irrupción de agua o la caída de materiales.
CAPÍTULO V
Otros trabajos específicos
Sección primera. Trabajos de demolición
Artículo 202. Disposiciones generales acerca de los trabajos de demolición.
Los trabajos de derribo o demolición que puedan suponer un peligro para los trabajadores deberán estudiarse, planificarse y emprenderse bajo la supervisión de una persona competente y deberán realizarse adoptando las precauciones, métodos y procedimientos apropiados.
Artículo 203. Medidas a adoptar antes del inicio de los trabajos.
Con carácter previo al inicio de los trabajos deberán analizarse las condiciones del edificio y de las instalaciones preexistentes, investigando, para la adopción de las medidas preventivas necesarias, su uso o usos anteriores, las condiciones de conservación y de estabilidad de la obra en su conjunto, de cada parte de la misma, y de las edificaciones adyacentes.
El resultado del estudio anterior se concretará en un plan de demolición en el que constará la técnica elegida así como las personas y los medios más adecuados para realizar el trabajo.
Artículo 204. Medidas en los casos de presencia de amianto o residuos peligrosos.
Cuando el edificio tenga incorporados amianto, o residuos peligrosos se tendrá en cuenta la normativa aplicable en especial el Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, y Ley 10/1998, de 5 de diciembre, además de las disposiciones de carácter autonómico, respectivamente.
Artículo 205. Actuaciones antes de la demolición.
Antes de iniciar la demolición será necesario neutralizar o anular las instalaciones de electricidad, gas y agua existentes en la zona de ejecución de los trabajos. Para ello, es necesario vaciar los depósitos, tuberías, contadores, incluida la acometida a la red de saneamiento.
Artículo 206. Evacuación de escombros.
Para la evacuación de los escombros durante la realización de los trabajos de demolición deberán tenerse en cuenta, entre otras, las siguientes medidas:
– Evitar acopios de materiales que puedan sobrecargar los forjados.
– No arrojar escombros. Éstos se evacuarán a través de canaletas, tolvas, bateas, etc.
– Para reducir el rebote a distancia de los materiales, la extremidad inferior del conducto de evacuación estará convenientemente protegida mediante pantallas, lonas, etc. En todo caso, se limitará, en los tramos finales del conducto, la proyección vertical del mismo.
– Será necesario regar los escombros para evitar la formación de polvo.
Sección segunda. Trabajos con explosivos y en cajones de aire comprimido.
Artículo 207. Realización de trabajos con explosivos y en cajones de aire comprimido.
La realización de estos trabajos se ajustará a lo dispuesto en su normativa específica.
CAPÍTULO VI
Equipos de trabajo y maquinaria de obra
Sección primera. Disposiciones generales
Artículo 208. Aparatos elevadores.
A estos aparatos les es de aplicación el Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas, y les resulta exigible que dispongan del «marcado CE», declaración «CE» de conformidad y manual de instrucciones.
Aquellos aparatos que por su fecha de comercialización o de puesta en servicio por primera vez no les sea de aplicación el referido Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas, deberán estar puestos en conformidad de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1215/1997, 18 de julio.
Por lo que refiere a la utilización de estos aparatos, se atenderá a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, modificado por el Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre.
Artículo 209. Condiciones generales de los aparatos elevadores.
1. Los aparatos elevadores y los accesorios de izado, incluidos sus elementos constitutivos, de fijación, anclajes y soportes, deberán:
– Ser de buen diseño y construcción y tener una resistencia suficiente para el uso al que estén destinados.
– Instalarse y utilizarse correctamente.
– Mantenerse en buen estado de funcionamiento.
– Ser manejados por trabajadores cualificados y autorizados que hayan recibido una formación adecuada.
2. En los aparatos elevadores y en los accesorios de izado se deberá colocar, de manera visible, la indicación del valor de su carga máxima que, en ningún caso, debe ser sobrepasada.
Los aparatos elevadores al igual que sus accesorios no podrán utilizarse para fines distintos de aquellos a los que estén previstos por el fabricante.
3. Durante la utilización de los aparatos elevadores deberán tenerse en cuenta, entre otras, las siguientes medidas:
– Controlar la estabilidad del terreno o de la base de apoyo de los aparatos de elevación.
– Revisar el estado de los cables, cadenas y ganchos, y anular las eslingas de cables de acero que estén aplastadas, tengan hilos rotos, etc.
– Conocer el operador la carga máxima admisible, no solo de la maquinaria o equipo de elevación, sino también de los medios auxiliares que se hayan de emplear para el eslingado (cables, ganchos, etc.).
– Estudiar el recorrido que se debe realizar con la carga hasta su ubicación eventual o definitiva, a fin de evitar interferencias en dicho recorrido.
– La operación de carga y descarga, si es necesario, será supervisada por personal especializado.
– Si en la operación hubiese falta de visión del operador, será auxiliado por el correspondiente ayudante o señalista.
– Se comprobará el correcto eslingado o embragado de las piezas para impedir desplazamientos no controlados y descuelgue de las cargas.
– Se ejecutarán con suavidad los movimientos de arranque, parada y cualquier otra maniobra.
– Está prohibido transportar personas con equipos de elevación de cargas.
– Se tendrá especial cuidado con los equipos de elevación dirigidos por radio, debido a las posibles interferencias con otras frecuencias.
– No dejar cargadas nunca las grúas en situación de descanso.
– No deben utilizarse en condiciones meteorológicas adversas que superen lo previsto por el fabricante.
4. Se prohíbe estacionarse o circular bajo las cargas suspendidas.
5. Los aparatos de elevación serán examinados y probados antes de su puesta en servicio. Ambos aspectos quedarán debidamente documentados.
6. Los ganchos de suspensión deberán contar con un dispositivo de seguridad que impida el desenganche o caída fortuita de las cargas suspendidas.
Se extremarán las medidas de seguridad, poniendo especial cuidado para evitar que los aparatos de elevación puedan impactar con las líneas eléctricas aéreas próximas al lugar de trabajo o al camino recorrido por aquellos en sus desplazamientos; deberá mantenerse a la distancia mínima exigida por la normativa para evitar los contactos eléctricos. Las mismas medidas se adoptarán respecto de las cargas suspendidas por dichos aparatos de elevación.
Artículo 210. Condiciones específicas de las grúas torre.
1. Las grúas torre deberán cumplir lo especificado en el Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba la ITC-MIE-AEM-2 del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones.
2. No debe utilizarse las grúas para realizar tracciones oblicuas, arrancar cargas adheridas u operaciones extrañas a la función de las mismas.
3. No deben elevarse con la grúa cargas que superen la permitida e indicada por el fabricante.
4. Está prohibido balancear las cargas transportadas con las grúas para descargarlas más allá del alcance de las mismas.
Artículo 211. Condiciones específicas de las grúas móviles autopropulsadas.
1. Las grúas móviles autopropulsadas deberán cumplir el Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba la ITC-MIE-AEM-4 del Reglamento de aparatos de elevación y manutención referente a grúas móviles autopropulsadas.
2. Las grúas móviles autopropulsadas deberán estacionarse en los lugares establecidos, adecuadamente niveladas, y con placas de apoyo para el reparto de los gatos estabilizadores.
Artículo 212. Condiciones específicas de los montacargas.
Está prohibido subir o bajar personas en los montacargas. Tal prohibición deber estar convenientemente señalizada. Así mismo estará indicada la carga máxima admisible de los mismos.
Las zonas de desembarco de los montacargas, en cada parada, estarán adecuadamente protegidas con elementos que mantengan el hueco cerrado mientras la plataforma no se encuentre enrasada en dicha parada. Estos elementos impedirán el desplazamiento de la plataforma si alguno de mismos estuvieran abiertos.
En la parte inferior de la plataforma de los montacargas deberá instalarse un detector de obstáculos conectado a un dispositivo que detenga el desplazamiento de la misma cuando desciende, a fin de evitar atrapamientos.
En la zona inferior donde se asienta la base de la estructura del montacargas debe establecerse una protección perimetral convenientemente señalizada.
Artículo 213. Condiciones específicas de cabestrante mecánico o maquinillo.
Para la instalación y el uso de los cabestrantes mecánicos o maquinillos se atenderá a las instrucciones dadas por el fabricante.
El operador del cabrestante mecánico o maquinillo deberá utilizar, en función de las características del puesto de trabajo, un cinturón de retención anclado a punto fijo y resistente, distinto del propio cabestrante, o un sistema anticaídas.
En la zona inferior de carga y descarga de los cabestrantes mecánicos o maquinillos se establecerán zonas protegidas que impidan el acceso a las mismas convenientemente señalizadas.
Durante las operaciones de transporte de cargas con los cabestrantes mecánicos o maquinillos se vigilará que el trayecto de recorrido de dichas cargas esté libre de obstáculos.
Sección segunda. Maquinaria de movimiento de tierras.
Artículo 214. Disposiciones generales.
A esta maquinaria le es de aplicación el Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas y les resulta exigible que dispongan del «marcado CE», declaración «CE» de conformidad y manual de instrucciones.
Aquella maquinaria que por su fecha de comercialización o de puesta en servicio por primera vez no les sea de aplicación el referido Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas, deberá estar puesta en conformidad, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio.
Por lo que refiere a la utilización de esta maquinaria, se atenderá a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio.
Artículo 215. Condiciones generales de la maquinaria de movimiento de tierras.
La maquinaria para movimientos de tierra debe cumplir, entre otras, las siguientes normas:
a) Deberá ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica.
b) De modo concreto, deberá:
– Estar bien proyectada y construida, teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, los principios de la ergonomía.
– Mantenerse en buen estado de funcionamiento.
– Utilizarse correctamente.
c) Los conductores y personal encargado de la maquinaria para movimientos de tierras deberán recibir una formación e información adecuada.
d) Deberán adoptarse medidas preventivas para evitar que caigan en las excavaciones o en el agua.
e) Cuando sea necesario, esta maquinaria deberá estar equipada con estructuras concebidas para proteger al conductor contra el aplastamiento en el caso de vuelco de la máquina, y contra la caída de objetos.
Artículo 216. Otras medidas preventivas aplicables a la maquinaria de movimiento de tierras.
Entre otros medios preventivos aplicables a la maquinaria de movimiento de tierras, podemos citar:
– La maquinaria deberá estacionarse en los lugares establecidos y debidamente calzada cuando las circunstancias lo hagan necesario.
– Han de instalarse señales, balizamientos, etc. para advertencia de los vehículos que circulan.
– Deberán efectuarse riegos para evitar la emisión de polvo que pueda dificultar la visibilidad de los trabajos.
– Se evitará que las diferentes operaciones que se realicen con las máquinas afecten a líneas eléctricas aéreas o subterráneas, o a otras conducciones.
– La altura del frente de la excavación o arranque será adecuada a las características de la máquina.
– Con el fin de evitar colisiones, se definirán y señalizarán los recorridos de la maquinaria por la obra.
– Antes de poner en servicio la maquinaria se comprobará el estado de los dispositivos de frenado, neumáticos, batería, niveles de aceite.
– El operador o conductor que maneje la máquina debe ser cualificado y autorizado con la formación y el conocimiento sobre las medidas de seguridad en relación con el trabajo de la misma.
– La maquinaria de movimiento de tierras no se utilizará como medio para el transporte de personas, salvo que la misma disponga de asientos previstos por el fabricante para tal fin.
– No se abandonará la maquinaria con el motor en marcha.
– No se permitirá la estancia de personas en las proximidades del radio de acción de la maquinaria.
Sección tercera. Otros equipos de trabajo.
Artículo 217. Disposiciones generales de los equipos de trabajo.
A estos equipos, excepto a las herramientas manuales o sin motor, les es de aplicación el Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas, y les resulta exigible que dispongan del «marcado CE», declaración «CE» de conformidad y manual de instrucciones.
Aquellos equipos indicados en el párrafo anterior que, por su fecha de comercialización o de puesta en servicio por primera vez, no les sea de aplicación el referido Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas, deberán estar puestos en conformidad, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio.
Por lo que refiere a la utilización de estos equipos, se atenderá a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio.
Artículo 218. Condiciones generales aplicables a estos equipos de trabajo.
1. Con independencia de lo indicado en secciones anteriores respecto de equipos de trabajo y maquinaria, el resto de equipos de trabajo deben cumplir, entre otras, las siguientes normas:
a) Ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica.
b) Los equipos, incluidas las herramientas manuales o sin motor deberán:
– Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, los principios de la ergonomía.
– Mantenerse en buen estado de funcionamiento.
– Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido diseñados.
– Ser manejados por trabajadores que hayan recibido formación e información adecuada.
c) Las personas encargadas del manejo de los distintos equipos de trabajo deberán poseer la formación adecuada a cada equipo y estar expresamente autorizados para utilizarlos.
2. Los recambios, repuestos, etc. de los distintos equipos de trabajo se ajustarán a las características indicadas por el fabricante.
CAPÍTULO VII
Instalaciones de suministro y reparto de energía. Almacenamiento de combustibles e instalaciones higiénico-sanitarias
Sección primera. Instalaciones eléctricas
Artículo 219. Disposiciones generales de las instalaciones eléctricas.
1. En todo caso, y a salvo de normativa específica las instalaciones eléctricas deberán satisfacer, entre otras, las condiciones que se señalan en los siguientes apartados.
2. La instalación eléctrica deberá ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica. Cabe citar, entre otros:
– El Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
– El Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.
– El Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y sus instrucciones técnicas complementarias (ITC), por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.
– El Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre Condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación.
3. Las instalaciones deberán proyectarse, realizarse y utilizarse de manera que no entrañen peligro de incendio ni de explosión y de modo que las personas estén debidamente protegidas contra los riesgos de electrocución por contacto directo o indirecto.
4. El proyecto, la realización y la elección del material y de los dispositivos de protección deberán tener en cuenta el tipo y la potencia de la energía suministrada, las condiciones de los factores externos y la competencia de las personas que tengan acceso a partes de la instalación.
– El grado de protección de los elementos de la instalación eléctrica que estén a la intemperie será IP 45.
– El grado de protección contra los impactos mecánicos será IK 0,8.
5. Respecto a estas instalaciones deberán verificarse y mantenerse con regularidad por personal cualificado y autorizado, según se establece en el Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, o por instalador eléctrico autorizado.
6. Las instalaciones eléctricas existentes antes del comienzo de la obra deberán estar localizadas, verificadas y claramente señalizadas.
7. Cuando existan líneas de tendido eléctrico aéreas que puedan afectar a la seguridad en la obra será necesario desviarlas fuera del recinto de la misma o dejarlas sin tensión. Si esto no fuera posible, se colocarán barreras o avisos para que los vehículos se mantengan alejados de dichas líneas. En caso de que vehículos de la obra tuvieran que circular bajo el tendido, se utilizará una señalización de advertencia y una protección de delimitación de altura con su correspondiente señalización de gálibo.
8. No deberán permitirse, en ningún caso, las conexiones a la base de enchufe con los terminales desnudos. A este fin se utilizará la clavija correspondiente.
Artículo 220. Grupos electrógenos.
En el caso de utilización de grupos electrógenos, de acuerdo con el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, se elaborará un proyecto de instalación redactado por un técnico competente, cuando la potencia de los mismos supere los 10 kilovatios.
Sección segunda. Otras instalaciones de suministro y reparto de energía
Artículo 221. Aparatos a presión.
1. Las instalaciones y los aparatos a presión, así como el resto de instalaciones deberán ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica.
2. Las operaciones de reparación y mantenimiento de estas instalaciones se llevarán a cabo por entidades instaladoras autorizadas.
3. Los recambios, repuestos, y otras piezas de estas instalaciones se ajustarán a las características indicadas por el fabricante.
Artículo 222. Almacenamiento de combustible.
1. El almacenamiento y, en su caso, la distribución de combustible deberá ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica.
2. Las operaciones de reparación y mantenimiento de estas instalaciones se llevarán a cabo por entidades instaladoras autorizadas.
3. Los recambios, repuestos, y otras piezas de estas instalaciones se ajustarán a las características indicadas por el fabricante.
4. Las zonas de almacenamiento de combustible deberán estar debidamente señalizadas y dotadas de los medios de extinción de incendios adecuados y deberán estar convenientemente alejadas de otras instalaciones, especialmente de las higiénico-sanitarias y de bienestar.
Sección tercera. Condiciones de las instalaciones higiénico-sanitarias en las obras
Artículo 223. Condiciones generales.
1. Las obras de construcción estarán dotadas de servicios sanitarios y comunes, en función del número de trabajadores que vayan a utilizarlos. Dichas instalaciones se irán adaptando progresivamente a medida que se incorporen los trabajadores, incluidos los de las empresas subcontratistas y trabajadores autónomos, guardando siempre relación con el número de trabajadores que desempeñen simultáneamente tareas en la obra.
2. En aquellas obras que dispongan de estudio o estudio básico de seguridad y salud, de acuerdo con lo establecido en Real Decreto 1627/1997, estas instalaciones se definirán en el plan de seguridad y salud de cada contratista en función de lo previsto en el correspondiente estudio.
3. No podrán iniciarse las obras sin haber solucionado previamente, mediante instalaciones fijas, provisionales o módulos prefabricados, las referidas condiciones.
4. En aquellas obras condicionadas por la necesidad de una intervención rápida y urgente, previstas y no previstas, o de escasa importancia tecnológica y económica que requieren poco tiempo para su ejecución, tales como, entre otras: roturas de conducciones, acometidas de servicios, socavones o hundimientos viales, bacheo o reparaciones en vías públicas, demoliciones, apeos o refuerzos urgentes de estructuras, reparaciones en cubiertas, etc., se podrán adoptar soluciones alternativas para este tipo de instalaciones.
Artículo 224. Servicios higiénicos.
1. Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo, o se realicen trabajos sucios deberán tener a su disposición vestuarios adecuados.
Los vestuarios deberán ser de fácil acceso, tener las dimensiones suficientes y disponer de asientos e instalaciones que permitan a cada trabajador poner a secar, si fuera necesario, su ropa de trabajo. Los vestuarios estarán dotados de un sistema de calefacción en invierno.
Cuando las circunstancias lo exijan, por presencia de sustancias peligrosas, humedad, suciedad, la ropa de trabajo deberá poder guardarse separada de la ropa de calle y de los efectos personales.
En todo caso, cada trabajador deberá poder disponer de un espacio para colocar su ropa y sus objetos personales bajo llave.
2. Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran, se deberán poner a disposición de los trabajadores duchas apropiadas y en número suficiente, a razón de una por cada 10 trabajadores o fracción que desarrollen actividades simultáneamente en la obra.
Las duchas deberán tener dimensiones suficientes para permitir que cualquier trabajador se asee sin obstáculos y en adecuadas condiciones de higiene. Las duchas deberán disponer de agua corriente, caliente y fría.
Así mismo se instalarán lavabos, uno por cada 10 trabajadores o fracción que desarrollen actividades simultáneamente en la obra, con agua corriente, caliente, si fuese necesario.
Igualmente se instalarán retretes, uno por cada 25 trabajadores o fracción que desarrollen actividades simultáneamente en la obra.
Si las duchas o los lavabos y los vestuarios estuvieren separados, la comunicación entre unos y otros deberá ser fácil.
3. Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes estarán separados para hombres y mujeres, o deberá preverse una utilización por separado de los mismos.
Artículo 225. Locales de descanso o de alojamiento en las obras.
1. Cuando lo exijan la seguridad o la salud de los trabajadores, en particular debido al tipo de actividad o al número de trabajadores, y por motivos de alejamiento de la obra, aquellos deberán poder disponer de locales de descanso y, en su caso, de locales de alojamiento de fácil acceso.
2. Los locales de descanso o de alojamiento deberán tener unas dimensiones suficientes y estar amueblados con un número de mesas y de asientos con respaldo acorde con el número de trabajadores.
3. Cuando no existan este tipo de locales se deberá poner a disposición del personal otro tipo de instalaciones para que puedan ser utilizadas durante la interrupción del trabajo.
4. Cuando existan locales de alojamiento fijos, deberán disponer de servicios higiénicos en número suficiente, así como de una sala para comer y otra de esparcimiento. Dichos locales deberán estar equipados de camas, armarios, mesas y sillas con respaldo acordes al número de trabajadores, y se deberá tener en cuenta, en su caso y para su asignación, la presencia de trabajadores de ambos sexos.
5. En las obras los trabajadores deberán disponer de instalaciones para comer y, en su caso, preparar la comida en condiciones de seguridad y salud. Estas instalaciones se adecuarán al número de trabajadores que vayan a utilizarlas. Las mismas dispondrán de hornos calienta comida, ventilación suficiente, calefacción, y condiciones adecuadas de higiene y limpieza.
Artículo 226. Primeros auxilios.
1. Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse en todo momento por personal con la suficiente formación para ello. Asimismo, deberán adoptarse medidas para garantizar la evacuación, a fin de que puedan recibir cuidados médicos los trabajadores accidentados o afectados por una indisposición repentina.
2. El empresario establecerá en sus medidas de emergencia los procedimientos relativos a la organización de los primeros auxilios, evacuación y traslado de accidentados. Dichas medidas deben ser conocidas por todas las personas cuya participación se prevea para el desarrollo de las mismas.
3. Cuando el número de los trabajadores en una obra supere los 50 se dispondrá de locales destinados a primeros auxilios y otras posibles atenciones sanitarias.
4. En el caso de ser necesarios locales para primeros auxilios, estos deberán disponer, como mínimo, de: un botiquín, una camilla, agua potable y de otros materiales en función de la existencia de riesgos específicos.
5. Las obras de extensión lineal estarán dotadas de botiquines, al menos portátiles, en los lugares de trabajo más significativos o de elevada concentración de trabajadores.
6. En todas las obras existirá personal con conocimientos en primeros auxilios.
Además en todos los centros de trabajo cuyo número de trabajadores sea superior a 250 deberá figurar al frente del botiquín de obras un ayudante técnico sanitario.
7. Igualmente se dispondrá, en un lugar visible, información en la que se haga constar el centro sanitario más próximo a la obra así como el recorrido más recomendable para acceder al mismo, y cuantos teléfonos sean necesarios en caso de urgencia. En las obras de carácter lineal esta información estará disponible igualmente en los lugares de trabajo más significativos.
Artículo 227. Suministro de agua.
En la obra, los trabajadores deberán disponer de agua potable en cantidad suficiente, tanto en los locales que ocupen como cerca de los puestos de trabajo.
Artículo 228. Visitas a las obras.
En previsión de las visitas que realicen a las obras personas ajenas a las mismas o que no prestan servicios con carácter habitual en ellas (personal técnico o dirección facultativa, inspectores y visitantes de organismos oficiales, etc.) deberá disponerse de una dotación de equipos de los protección individual necesarios en cada caso, que estarán obligados a utilizar mientras permanezcan en la obra.
Artículo 229. Disposiciones varias.
1. Los accesos y el perímetro de la obra deberán señalizarse y destacarse de manera que sean claramente visibles e identificables y que impidan el paso a terceros.
2. El servicio de agua se organizará mediante grifos de agua corriente, máquinas expendedoras gratuitas, fuentes o surtidores de agua o en recipientes limpios en calidad suficiente y en perfectas condiciones de higiene.
3. En los trabajos que se hagan en descampado, las empresas construirán barracones y cobertizos para la protección del personal en caso de lluvia. Asimismo se dispondrá de toldos que resguarden al personal de las inclemencias del tiempo.
4. En los trabajos especialmente sucios, por ejemplo, de alquitranado de carreteras, mecánicos, etc., que por la suciedad de los mismos haga que se produzca un mayor deterioro de las prendas de trabajo, se repondrán estas, con independencia de la fecha de entrega y de la duración media prevista en los respectivos convenios.
TÍTULO V
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables en las canteras, areneras, graveras y la explotación de tierras industriales.
Artículo 230. Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables en las canteras, areneras, graveras y la explotación de tierras industriales.
Además de aplicar todos aquellos aspectos que en el Título IV de este Libro II del Convenio se pudieran emplear en las canteras, areneras, graveras y explotaciones de tierras industriales, se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 1389/1997, así como la normativa específica que lo desarrolla.
TÍTULO VI
Vigilancia de la salud
Artículo 231. Vigilancia de la salud.
En los reconocimientos médicos que se realicen a los trabajadores sujetos a este Convenio colectivo serán de obligado cumplimiento los protocolos médicos editados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de acuerdo a los riesgos específicos de cada puesto de trabajo.
Disposición transitoria.
En concordancia con lo dispuesto en la disposición transitoria segunda del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, hasta que la tasa de desempleo en nuestro país se sitúe por debajo del 15 por ciento podrán celebrarse contratos para la formación y el aprendizaje con trabajadores menores de 30 años sin que le sea de aplicación el límite máximo de edad establecido en el artículo 25.2, letra c) del presente Convenio.
Disposición adicional primera.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 apartado b) del Real Decreto 1698/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula el régimen jurídico y el procedimiento general para establecer coeficientes reductores y anticipar la edad de jubilación en el sistema de la Seguridad Social, las organizaciones firmantes del presente Convenio General, sensibles con la situación en la que se desarrollan los trabajos en las obras del sector de la construcción, consideran conveniente instar a la administración competente el establecimiento de coeficientes reductores, o en su caso, la anticipación de la edad de acceso a la jubilación de los trabajadores afectados siempre que ello no comporte para los trabajadores o empresas modificación de las bases o tipos de cotización establecidos con carácter general.
Disposición adicional segunda.
La Comisión Negociadora de este Convenio, a propuesta no vinculante de la Comisión Paritaria Sectorial de Seguridad y Salud en el Trabajo, actualizará el Libro II del presente Convenio.
Disposición adicional tercera. Ámbito temporal: excepciones.
No obstante lo dispuesto en el artículo 7, quedan excepcionados del ámbito temporal contenido en el mismo los artículos relativos a «incrementos económicos» (artículo 52) y lo dispuesto en el artículo 50.3 referente a la fórmula de actualización de la remuneración mínima bruta anual, que tendrán una vigencia anual hasta el 31 de diciembre de cada año respectivo, quedando a partir de ese momento sin efectos hasta la negociación y aprobación de un nuevo Convenio.
Disposición adicional cuarta. Funciones del vigilante de obra.
Las funciones, que de acuerdo con la normativa vigente podrá realizar un Vigilante de obra, taller o fábrica, integrado en el GRUPO 2 del área funcional de servicios transversales de la clasificación profesional del presente convenio, consistirán en:
– Información y/o control en los accesos a la obra, comprendiendo el cuidado y custodia de las llaves, la apertura y cierre de puertas, la ayuda en el acceso de personas o vehículos, el cumplimiento de la normativa interna de la obra y ejecución de tareas auxiliares o subordinadas de ayuda o socorro, todas ellas realizadas en el ámbito de la obra, sea de edificación u obra civil.
– Recepción, comprobación de personal, tanto propio como ajeno a la obra, y orientación de los mismos.
– Comprobación de documentos en obra (tarjeta profesional de la construcción, carnés, albaranes u otros documentos).
– Cumplimiento de la normativa interna de las obras donde presten dicho servicio.
– Control de tránsito en el interior de la zona acotada por la obra así como, si las hubiera, en zonas reservadas o de circulación restringida dentro de la misma en cumplimiento de la normativa interna de los mismos.
– Comprobación y control del estado y funcionamiento de bienes e instalaciones en general, en obra, para garantizar su conservación y funcionamiento, sobre todo de cara a tener todo en perfecto orden y apto para su funcionamiento en todo momento, y especialmente con la llegada diaria de los trabajadores al centro de trabajo.
Disposición adicional quinta. Plus de conservación, guardias, retén, disponibilidad y sistemas de viabilidad invernal en contratas de mantenimiento de carreteras.
1. Se establece un Plus de Conservación en Contratas de Mantenimiento de Carreteras que se configura de la siguiente forma:
a) Concepto y cuantía.–Se trata de un complemento salarial de puesto de trabajo, que retribuye las especiales características que concurren en la prestación de servicio del personal de conservación y mantenimiento de carreteras, encuadrados en los grupos profesionales del 1 al 5 del presente Convenio que desempeñen el trabajo de forma habitual en autopistas, autovías y carreteras, de forma que dicho plus retribuye todas las peculiaridades y circunstancias propias e inherentes que concurran o puedan concurrir en la realización de trabajos en autopistas, autovías y carreteras, (trabajos a la intemperie, con tráfico rodado, climatología adversa, con cortes parciales o totales del tráfico, etc.); así como todas aquellas exigencias funcionales o que se deriven de la forma, organización, condiciones, o sistema de trabajo que deba implementarse para la adecuada conservación y mantenimiento de este tipo de infraestructuras.
En consideración a lo expuesto en el párrafo precedente, se abonará un plus anual por día efectivo de trabajo de 4 euros, o la parte proporcional que corresponda si la jornada ordinaria efectivamente trabajada fuese inferior a la de un trabajador equivalente a jornada completa.
Dicho importe permanecerá invariable durante toda la vigencia del presente Convenio y, en todo caso, durante la vigencia de la contrata que corresponda.
b) Compensación y absorción.–Cualquier empresa que a la entrada en vigor del presente Convenio Colectivo, de forma voluntaria, mediante práctica habitual, acuerdo individual o colectivo, pacto de centro, o por sentencia, resolución o acuerdo judicial, ya viniese abonando o tuviera que abonar, mediante cualquier concepto o fórmula retributiva, una compensación económica por las circunstancias descritas con anterioridad, dichas compensaciones económicas quedarán compensadas y absorbidas con el abono del citado plus de conservación, total o parcialmente según corresponda.
c) Regulación transitoria.–El abono del referido plus de conservación se aplicará y se hará efectivo de forma paulatina y progresiva en el tiempo, y por tanto únicamente será obligado su abono en cada contrato de conservación de mantenimiento de carreteras para las contratas nuevas que se liciten desde el día siguiente a la publicación del presente Convenio Colectivo en el Boletín Oficial del Estado.
2. En aquellos centros de trabajo, cuando por necesidades del servicio y decisión organizativa de la empresa, se hubiera implantado o fuera necesario establecer un sistema de guardias, retén, disponibilidad y/o sistemas de vialidad invernal en contratas de mantenimiento de carreteras, se pactará entre la empresa y la representación legal de los trabajadores el sistema de compensación para los trabajadores afectados por estas circunstancias.
En el caso de que la empresa ya viniese compensando por cualquier concepto o denominación a los trabajadores por las circunstancias descritas en el párrafo anterior, en virtud de acuerdo, pacto o práctica habitual, se entenderá cumplida la estipulación anterior, manteniéndose vigentes dichas compensaciones.
Disposición adicional sexta. Acreditación de la formación en materia de prevención de riesgos laborales de los recursos humanos de las empresas.
Lo dispuesto en el artículo 147 respecto de la acreditación en materia de prevención de riesgos laborales de los recursos humanos de las empresas entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2018.
ANEXO I
Campo de aplicación de este Convenio
El presente Convenio colectivo será de aplicación y obligado cumplimiento en las siguientes actividades:
a) Las dedicadas a la Construcción y Obras Públicas, comprendiendo:
– Albañilería.
– Hormigón.
– Pintura para decoración y empapelado.
– Carpintería de armar.
– Embaldosado y solado.
– Empedrado y adoquinado.
– Escultura, decoración y escayola.
– Estucado y revocado.
– Piedra y mármol, incluyéndose las fábricas y talleres de sierra y labra, tanto mecánica como manual.
– Portlandistas de obra.
– Pocería.
– Canteras, graveras, areneras y la explotación y manufactura de tierras industriales, bien explotadas a cielo abierto, galerías o minas y vetas explotadas para uso propio por las empresas dedicadas principalmente a la construcción y obras públicas en general, aunque la producción no se absorba totalmente por las mismas.
– Canteras, graveras y areneras, cuya materia se destine a construcción y obras públicas y no sean explotadas directamente por empresas constructoras.
– Los trabajos que se realicen en los puertos, en tierra firme, muelles y espigones.
– Fabricación de elementos auxiliares y materiales de la construcción para su exclusiva o preferente utilización y consumo, absorbiéndose en las propias obras toda o la mayor parte de dicha producción.
– Regeneración de playas.
– Movimiento de tierras.
– Carpintería utilizada por las empresas de la construcción, bien sea en las obras o en sus talleres; sin embargo, no será de aplicación este Convenio a aquellos talleres de carpintería que aún trabajando con elementos para la construcción no pertenezcan a empresas de este ramo.
– Colocación de artículos de piedra artificial, pulimentada o sin pulimentar, así como su fabricación a pie de obra para la utilización exclusiva de la misma.
– Colocación de aislantes en obras, como actividad principal.
– Abastecimiento y saneamiento de aguas, colocación de tuberías y elementos accesorios de las mismas; apertura y cierre de zanjas y sus reparaciones, incluyendo las que se realizan para cualquier clase de instalaciones de suministros, tales como gas, teléfono, electricidad, etc., cuando sea empleado, principalmente, personal, y ocupado la mayor parte de su jornada laboral, de construcción y obras públicas por ser esta la actividad principal o nuclear que se lleve a cabo en el correspondiente centro de trabajo o contrata.
– La confección de cañizos y cielos rasos.
– Las empresas inmobiliarias, incluidas las cooperativas de viviendas.
– Las empresas dedicadas al estudio, planeamiento y construcción de obras públicas y particulares (carreteras, viaductos, túneles, autopistas, pasos elevados) o simplemente a la realización de las obras indicadas.
– La promoción o ejecución de urbanizaciones.
– La promoción de la edificación de inmuebles de cualquier género.
– Empresas dedicadas a cimentaciones y las que realicen sondeos para la construcción principalmente.
– Empresas cuya actividad principal consista en el alquiler de maquinaria y equipo para la construcción, con el personal para su manejo.
– Empresas de rehabilitación, mantenimiento y demolición y derribos de obras.
– Talleres de fabricación de ferralla, cuyo destino principal sea para la construcción.
– Los trabajos verticales de construcción, rehabilitación, reparación y pintura.
– Gestión de residuos en obra.
– Las de control de calidad para la construcción y obras públicas.
– Trabajos de montaje refractario y de pavimento.
b) La conservación y mantenimiento de autopistas, autovías, carreteras y vías férreas, en desarrollo de lo previsto en el apartado b) del artículo 3 del presente Convenio.
c) Canteras, areneras, graveras y la explotación de tierras industriales.
En desarrollo de lo dispuesto en el apartado c) del artículo 3 de este Convenio, son aplicables sus preceptos a las relaciones de trabajo en las empresas dedicadas a la explotación de canteras, graveras y areneras, para la obtención de piedra para la construcción y tierras silíceas refractarias y demás industriales, bien explotadas a cielo abierto, galerías o minas que no se exploten como industria auxiliar de otra principal que se halle reglamentada.
Se exceptúan los trabajos de las empresas explotadoras de tierras industriales que vengan regulándose por la Reglamentación Nacional de Trabajo en las Minas de Fosfatos, Azufre, Potasa, Talco y demás explotaciones mineras no comprendidas en otra Reglamentación.
d) Embarcaciones, artefactos flotantes y ferrocarriles auxiliares de obras y puertos.
En desarrollo de lo dispuesto en el apartado d) del artículo 3 de este Convenio, son de aplicación sus preceptos al personal de embarcaciones, artefactos flotantes y explotaciones de ferrocarriles auxiliares de las obras de puertos y, en general, a todos aquellos trabajadores empleados en la construcción o reparación de los mismos, así como las ampliaciones, modificaciones y excepciones que se establezcan para este grupo siempre y cuando el trabajo del mismo se efectúe de manera exclusiva para la construcción y reparación de los puertos.
e) El comercio de construcción mayoritario y exclusivista.
En desarrollo de lo dispuesto en el apartado e) del artículo 3 de este Convenio, se regirán por el mismo el comercio de cualquiera de los artículos elaborados por empresas incluidas dentro del ámbito de este Convenio o destinadas al uso principal de las mismas, con arreglo a sus propias funciones y actividades, siempre que sean mayoristas y exclusivistas.
ANEXO II
Modelo de renovación de contrato fijo de obra
ANEXO III
Modelo de recibo de finiquito de la relación laboral
ANEXO IV
Formato de la Tarjeta Profesional de la Construcción
ANEXO V
Formulario de solicitud/renovación
ANEXO VI
Certificado de empresa para la Fundación Laboral de la Construcción
ANEXO VII
Listado de puestos de trabajos y/o trabajos asociados a estos puestos de trabajos limitados para la realización de contratos de puesta a disposición por motivos de seguridad y salud y justificación de su limitación, absoluta o relativa
A. Construcción y obras públicas: apartado a) del Anexo I del CGSC:
1. Puestos de Trabajo limitados de forma absoluta:
1. Encargado Capataz.
2. Jefe de Laboratorio.
3. Artillero.
4. Cantero.
5. Marmolista.
6. Montador aparatos elevación.
7. Montador de andamios.
8. Pocero.
9. Soldador estructuras metálicas.
10. Soldadores y oxicortadores.
11. Tejeros.
Justificación: Este puesto de trabajo queda limitado absolutamente a prestarse por contrato de puesta a disposición por parte de una Empresa de Trabajo Temporal dado que los trabajos que debe desarrollar el trabajador conllevan en su totalidad una especial peligrosidad para la seguridad y salud para el trabajador, de acuerdo con el informe razonado.
2. Puestos de Trabajo limitados de forma relativa:
1. Administrativo obra.
2. Auxiliar de laboratorio.
3. Auxiliar de topografía.
4. Jefe de Obra.
5. Mecánico.
6. Técnico de prevención en obra.
7. Topógrafo.
8. Albañil.
9. Carpintero aluminio, metal y PVC.
10. Carpintero de madera.
11. Cerrajero.
12. Chapista industrial.
13. Colocador de pavimentos ligeros.
14. Colocador de prefabricados.
15. Colocador de techos técnicos.
16. Conductor de camión.
17. Cristaleros.
18. Electricista.
19. Encofrador.
20. Escayolista/yesista.
21. Ferrallista.
22. Fontanero.
23. Gruista.
24. Implantador de medidas de seguridad.
25. Instalador calefacción y ACS.
26. Instalador de gas.
27. Instalador de impermeabilizaciones.
28. Mampostero.
29. Mantenedor/mecánico industrial.
30. Montador de estructuras metálicas.
31. Operador de maquinaria.
32. Pintor señalista OC.
33. Pintor/empapelador.
34. Pulidor abrillantador suelos.
35. Revocador revestidor/estuquista.
36. Solador alicatador.
37. Peón.
Justificación: Estos puestos de trabajo no podrán prestarse por contrato de puesta a disposición por parte de una Empresa de Trabajo Temporal cuando impliquen riesgos especiales para la seguridad y salud de los trabajadores por ser:
1. Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caída en altura, por las particulares características de la actividad desarrollada, los procedimientos.
2. Trabajos en los que la exposición a agentes químicos o biológicos supongan un riesgo de especial gravedad, o para los que la vigilancia específica de la salud de los trabajadores sea legalmente exigible.
3. Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes para los que la normativa específica obliga a la delimitación de zonas controladas o vigiladas.
4. Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión.
5. Trabajos que expongan a riesgos de ahogamiento por inmersión.
6. Obras de excavación en túneles, pozos y otros trabajos que supongan movimiento de tierra subterráneos.
7. Trabajos realizados en inmersión con equipos subacuáticos.
8. Trabajos realizados en cajones de aire comprimido.
9. Trabajos que impliquen el uso de explosivos.
10. Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados.
B. Conservación y mantenimiento de carreteras y líneas férreas: apartado b) del Anexo I del CGSC:
Puestos de Trabajo limitados de forma relativa:
1. Encargado y capataz.
2. Jefe COEX y Jefe de Operaciones.
3. Oficial 1.ª, 2.ª, ayudante de oficio, peón especializado, de conservación y mantenimiento.
4. Personal de vigilancia y seguridad.
5. Responsable de almacén.
6. Piloto.
Justificación: Estos puestos de trabajo no podrán prestarse por contrato de puesta a disposición por parte de una Empresa de Trabajo Temporal cuando impliquen riesgos especiales para la seguridad y salud de los trabajadores por ser:
1. Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caída en altura, por las particulares características de la actividad desarrollada, los procedimientos.
2. Trabajos en los que la exposición a agentes químicos o biológicos supongan un riesgo de especial gravedad, o para los que la vigilancia específica de la salud de los trabajadores sea legalmente exigible.
3. Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes para los que la normativa específica obliga a la delimitación de zonas controladas o vigiladas.
4. Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión.
5. Trabajos que expongan a riesgos de ahogamiento por inmersión.
6. Obras de excavación en túneles, pozos y otros trabajos que supongan movimiento de tierra subterráneos.
7. Trabajos realizados en inmersión con equipos subacuáticos.
8. Trabajos realizados en cajones de aire comprimido.
9. Trabajos que impliquen el uso de explosivos.
10. Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados.
C. Canteras, areneras y graveras: apartado c) del Anexo I del CGSC:
– Canteras.
1. Puestos de Trabajo limitados de forma absoluta:
1. Encargado.
2. Operadores de maquinaria de perforación, voladura, corte y aserrado de bloques.
Justificación: Este puesto de trabajo queda limitado absolutamente a prestarse por contrato de puesta a disposición por parte de una Empresa de Trabajo Temporal dado que los trabajos que debe desarrollar el trabajador conllevan en su totalidad una especial peligrosidad para la seguridad y salud para el trabajador, de acuerdo con el informe razonado.
2. Puestos de Trabajo limitados de forma relativa:
1. Jefe de cantera/ingeniero de producción/ingeniero de mantenimiento.
2. Operador de acabado o tratamientos/operador de elaboración.
3. Operador de grúa.
4. Operador de maquinaria de arranque, carga o viales/operador de maquinaria de transporte/operador de carreterilla elevadora.
5. Operadores de mantenimiento eléctrico y mecánico.
6. Vigilante.
Justificación: Estos puestos de trabajo no podrán prestarse por contrato de puesta a disposición por parte de una Empresa de Trabajo Temporal cuando impliquen riesgos especiales para la seguridad y salud de los trabajadores por ser:
1. Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caída en altura, por las particulares características de la actividad desarrollada, los procedimientos.
2. Trabajos en los que la exposición a agentes químicos o biológicos supongan un riesgo de especial gravedad, o para los que la vigilancia específica de la salud de los trabajadores sea legalmente exigible.
3. Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes para los que la normativa específica obliga a la delimitación de zonas controladas o vigiladas.
4. Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión.
5. Trabajos que expongan a riesgos de ahogamiento por inmersión.
6. Obras de excavación en túneles, pozos y otros trabajos que supongan movimiento de tierra subterráneos.
7. Trabajos realizados en inmersión con equipos subacuáticos.
8. Trabajos realizados en cajones de aire comprimido.
9. Trabajos que impliquen el uso de explosivos.
10. Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados.
– Areneras.
1. Puestos de Trabajo limitados de forma absoluta:
1. Laborante.
2. Molinero.
Justificación: Este puesto de trabajo queda limitado absolutamente a prestarse por contrato de puesta a disposición por parte de una Empresa de Trabajo Temporal dado que los trabajos que debe desarrollar el trabajador conllevan en su totalidad una especial peligrosidad para la seguridad y salud para el trabajador, de acuerdo con el informe razonado.
2. Puestos de Trabajo limitados de forma relativa:
1. Administrativo.
2. Ensacador/personal de carga.
3. Jefe de planta/director de operaciones.
4. Mecánico/calderero/eléctrico.
5. Peón.
6. Personal de dragas.
7. Personal de secadero/personal de lavadero.
Justificación: Estos puestos de trabajo no podrán prestarse por contrato de puesta a disposición por parte de una Empresa de Trabajo Temporal cuando impliquen riesgos especiales para la seguridad y salud de los trabajadores por ser:
1. Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caída en altura, por las particulares características de la actividad desarrollada, los procedimientos.
2. Trabajos en los que la exposición a agentes químicos o biológicos supongan un riesgo de especial gravedad, o para los que la vigilancia específica de la salud de los trabajadores sea legalmente exigible.
3. Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes para los que la normativa específica obliga a la delimitación de zonas controladas o vigiladas.
4. Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión.
5. Trabajos que expongan a riesgos de ahogamiento por inmersión.
6. Obras de excavación en túneles, pozos y otros trabajos que supongan movimiento de tierra subterráneos.
7. Trabajos realizados en inmersión con equipos subacuáticos.
8. Trabajos realizados en cajones de aire comprimido.
9. Trabajos que impliquen el uso de explosivos.
10. Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados.
– Graveras.
1. Puestos de Trabajo limitados de forma absoluta:
1. Laborante.
2. Molinero.
3. Soldador.
Justificación: Este puesto de trabajo queda limitado absolutamente a prestarse por contrato de puesta a disposición por parte de una Empresa de Trabajo Temporal dado que los trabajos que debe desarrollar el trabajador conllevan en su totalidad una especial peligrosidad para la seguridad y salud para el trabajador, de acuerdo con el informe razonado.
2. Puestos de Trabajo limitados de forma relativa:
1. Basculista.
2. Conductor/palista.
3. Jefe de planta.
4. Mecánico/electricista/electromecánico.
5. Peón.
Justificación: Estos puestos de trabajo no podrán prestarse por contrato de puesta a disposición por parte de una Empresa de Trabajo Temporal cuando impliquen riesgos especiales para la seguridad y salud de los trabajadores por ser:
1. Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caída en altura, por las particulares características de la actividad desarrollada, los procedimientos.
2. Trabajos en los que la exposición a agentes químicos o biológicos supongan un riesgo de especial gravedad, o para los que la vigilancia específica de la salud de los trabajadores sea legalmente exigible.
3. Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes para los que la normativa específica obliga a la delimitación de zonas controladas o vigiladas.
4. Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión.
5. Trabajos que expongan a riesgos de ahogamiento por inmersión.
6. Obras de excavación en túneles, pozos y otros trabajos que supongan movimiento de tierra subterráneos.
7. Trabajos realizados en inmersión con equipos subacuáticos.
8. Trabajos realizados en cajones de aire comprimido.
9. Trabajos que impliquen el uso de explosivos.
10. Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados.
D. Obras marítimas: apartado d) del Anexo I del CGSC:
1. Puestos de Trabajo limitados de forma absoluta:
1. Buzo.
Justificación: Este puesto de trabajo queda limitado absolutamente a prestarse por contrato de puesta a disposición por parte de una Empresa de Trabajo Temporal dado que los trabajos que debe desarrollar el trabajador conllevan en su totalidad una especial peligrosidad para la seguridad y salud para el trabajador, de acuerdo con el informe razonado.
2. Puestos de Trabajo limitados de forma relativa:
1. Encofradores, ferrallistas y operarios que intervienen en la puesta en obra del hormigón para la fabricación de cajones en diques flotantes y la ejecución de la superestructura de diques y muelles.
2. Mecánico y electricista de equipos de dragado, gánguiles, pontonas, embarcaciones auxiliares y diques flotantes.
3. Operador de draga.
4. Operador de maquinaria sobre pontonas.
5. Patrón, marinero y contramaestre de equipos de dragado, gánguiles, pontonas, embarcaciones auxiliares, remolcadores y diques flotantes.
6. Resto de actividades realizadas en obras marítimas.
Justificación: Estos puestos de trabajo no podrán prestarse por contrato de puesta a disposición por parte de una Empresa de Trabajo Temporal cuando impliquen riesgos especiales para la seguridad y salud de los trabajadores por ser:
1. Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caída en altura, por las particulares características de la actividad desarrollada, los procedimientos.
2. Trabajos en los que la exposición a agentes químicos o biológicos supongan un riesgo de especial gravedad, o para los que la vigilancia específica de la salud de los trabajadores sea legalmente exigible.
3. Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes para los que la normativa específica obliga a la delimitación de zonas controladas o vigiladas.
4. Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión.
5. Trabajos que expongan a riesgos de ahogamiento por inmersión.
6. Obras de excavación en túneles, pozos y otros trabajos que supongan movimiento de tierra subterráneos.
7. Trabajos realizados en inmersión con equipos subacuáticos.
8. Trabajos realizados en cajones de aire comprimido.
9. Trabajos que impliquen el uso de explosivos.
10. Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados.
E. Comercio de construcción mayoritario y exclusivista: apartado e) del Anexo I del CGSC:
Permitidos en todos los puestos de trabajo.
ANEXO VIII
A la Comisión Paritaria Provincial/Estatal
Inaplicación de condiciones de trabajo
Acta de desacuerdo
ANEXO IX
A la Comisión Paritaria Provincial/Estatal
Modificación sustancial de condiciones de trabajo
Acta de desacuerdo
ANEXO X
Clasificación profesional del Sector de la Construcción
I. La clasificación profesional del sector de la construcción se divide en tres áreas funcionales:
1. Gestión técnica, diseño y planificación.
Comprende, a modo de ejemplo, las actividades de: gestión técnica, trabajo de campo, diseño, representación gráfica, mediciones; mediciones; valoraciones, investigación, etc.
2. Producción y actividades asimiladas.
En este área se incluyen, entre otras, las siguientes actividades: acondicionamiento del terreno; preparación y organización de tajos; mediciones en obra; ejecución de las distintas fases y unidades de obras de rehabilitación, edificación, civiles y marítimas (excavaciones, dragados, estructuras, cerramientos, particiones, cubiertas, aislamientos e impermeabilizaciones, instalaciones, pinturas, acabados); operaciones con maquinaria y equipos de trabajo; conservación y explotación de carreteras.
3. Servicios transversales.
En esta área funcional se incluyen las actividades transversales a las dos áreas citadas anteriormente. Entre ellas cabe citar las siguientes:
a) Administración, finanzas, comercial, marketing, etc.
b) Calidad.
c) Medio ambiente.
d) Prevención de riesgos laborales.
e) Otras (limpieza, seguridad, jardinería, etc.)
II. Las áreas funcionales comprenderán todos o algunos de los ocho grupos profesionales en los que se divide la clasificación profesional.
III. A su vez las características de cada grupo profesional se describen a través de los tres apartados siguientes:
1. Criterios generales: características comunes del grupo según una determinada graduación de los factores y subfactores de valoración (conocimientos, experiencia, mando, etc.).
2. Formación: se indica el nivel de formación recomendable para el desempeño de la prestación del trabajo en términos de eficiencia.
3. Tareas: se realiza una descripción -de carácter enunciativo y no exhaustivo- de las principales tareas que se llevan a cabo, distribuidas (cuando proceda) de acuerdo con las áreas funcionales vinculadas al grupo profesional.
IV. De acuerdo con lo anterior se procede a describir cada uno de los grupos profesionales:
– Grupo 1
Criterios generales.
En este grupo profesional se incluyen los trabajadores que ejecutan tareas establecidas de forma concreta y con un alto grado de dependencia. Dichas tareas son sencillas y requieren, con carácter general, la aportación de esfuerzo físico. Los trabajadores enmarcados en el presente grupo profesional no tienen ningún otro trabajador a su cargo.
Formación.
Para el desempeño adecuado de las actividades enmarcadas en este grupo profesional, no es necesario poseer una formación específica.
Tareas.
Se entenderán como propias de este grupo, de manera enunciativa y no exhaustiva, la siguiente relación de actividades, siempre que no implique su realización situados sobre equipos, medios auxiliares o elementos provisionales.
• Área de producción y actividades asimiladas.
1. Limpieza y ordenación del centro de trabajo.
2. Actividades auxiliares realizadas de modo manual, tales como: elaborar hormigones, pastas y adhesivos; sanear y regularizar soportes para revestimiento; aplicar imprimaciones o pinturas protectoras.
3. Transporte y manipulación de materiales por medios manuales o mediante la utilización de equipos de trabajo sin motor (carretillas, traspaletas, etc.).
4. Manejo y utilización de herramientas manuales y equipos de trabajo no motorizados que no requieran un especial adiestramiento.
5. Manejo de equipos de trabajo motorizados portátiles como, por ejemplo, taladros, radiales, etc.
6. Ayuda en máquinas-vehículos equipos de trabajo.
7. Apoyo y colaboración a sus superiores en la ejecución de los trabajos.
• Área de servicios transversales.
1. Realización de recados y encargos.
2. Aseo y limpieza de locales y oficinas.
– Grupo 2.
Criterios generales.
Los trabajadores enmarcados en este grupo profesional realizan tareas de apoyo a un superior que le indica, de modo concreto, las distintas técnicas necesarias para la ejecución de los trabajos. Dichas tareas son sencillas y similares entre sí. Su labor precisa cierta práctica y destreza obtenidas, generalmente, a través de la experiencia. No tienen trabajadores a su cargo.
Formación.
Para el desempeño adecuado de las actividades enmarcadas en este grupo profesional, se recomienda un nivel de formación equivalente a Educación Secundaria Obligatoria o conocimientos similares adquiridos a través de la experiencia.
Tareas.
Se entenderán como propias de este grupo, de manera enunciativa y no exhaustiva, la siguiente relación de actividades:
• Área de producción y actividades asimiladas.
1. Las actividades incluidas en el grupo anterior (asociadas al área de producción).
2. Colaborar con sus superiores y apoyarles en las actividades de montaje y desmontaje con el fin de facilitar el desarrollo de los trabajos.
3. Realizar trabajos con equipos de trabajo y herramientas según las instrucciones básicas recibidas.
4. Manejar equipos de trabajo simples a motor (carretilla elevadora o motorizada -dúmper-, hormigonera) empleados para la manipulación, transporte y acopio de cargas.
5. Manejar maquinaria auxiliar –no automática- (por ejemplo, ingletadora, dobladora, cabrestante mecánico, compresor, etc.).
• Área de servicios transversales.
1. Controlar los accesos a edificios y locales sin requisitos especiales ni arma.
2. Colaborar con sus superiores y apoyarles en la realización de su trabajo y en la ejecución de las actividades preparatorias y de fabricación que faciliten la ejecución de las correspondientes tareas.
3. Realizar tareas de transporte, almacenamiento y paletizado utilizando equipos de trabajo simples a motor.
4. Recepcionar, clasificar y distribuir correspondencia.
– Grupo 3.
Criterios generales.
El personal adscrito a este grupo profesional ejecuta tareas que, aun cuando se realicen bajo instrucciones precisas, requieren unos conocimientos profesionales adecuados y unas aptitudes prácticas cuya responsabilidad está limitada por una supervisión directa o sistemática.
En ocasiones, pueden coordinar o realizar un seguimiento de pequeños grupos de trabajadores de menor cualificación y experiencia.
Formación.
Para el desempeño adecuado de las actividades enmarcadas en este grupo profesional, se recomienda haber finalizado estudios equivalentes a la Enseñanza Secundaria Obligatoria o al grado medio de Formación Profesional, o bien, conocimientos adquiridos a través de la experiencia en el oficio o profesión.
Tareas.
Se entenderán como propias de este grupo, de manera enunciativa y no exhaustiva, la siguiente relación de actividades:
• Área de gestión técnica, diseño y planificación.
1. Realizar tareas de apoyo a la delineación de proyectos sencillos.
• Área de producción y actividades asimiladas.
1. Organizar, a su nivel, y ejecutar trabajos de albañilería, carpintería de armar, ferrallado, hormigonado, instalación de pavimentos, impermeabilización, electricidad, enlucidos, enfoscados, pintura, colocación de placas de escayola, etc.
2. Interpretar planos y croquis sencillos.
3. Conducir vehículos y maquinaria ligera para el transporte, arrastre y suspensión de cargas no incluidos en el grupo 4.
4. Manejar los diferentes equipos de trabajo, medios auxiliares y herramientas usadas en su oficio o profesión.
5. Elaborar elementos destinados a su instalación en la obra.
• Área de servicios transversales.
1. Clasificar, registrar y archivar la documentación en soporte convencional o informático.
2. Realizar tareas de apoyo administrativo bajo la supervisión de un superior del departamento.
3. Desarrollar tareas de atención al cliente.
4. Grabar datos en los sistemas informáticos.
5. Llevar a cabo trabajos de muestreo, ensayo y análisis de materiales y productos de obra.
6. Manejar aplicaciones ofimáticas para la gestión de la información y documentación.
7. Realizar operaciones con mercancías del almacén, de acuerdo a los procedimientos establecidos y a la normativa vigente.
– Grupo 4.
Criterios generales.
En este grupo profesional se incluyen trabajadores que, dependiendo de otros de más alta cualificación, ejecutan tareas que requieren conocimientos técnicos y prácticos avanzados del oficio o de la profesión, ya que desempeñan sus funciones con cierta autonomía.
Coordinan o realizan un seguimiento de pequeños grupos de trabajadores de menor cualificación y experiencia.
Formación.
Para el desempeño adecuado de las actividades enmarcadas en este grupo profesional, se recomienda haber finalizado estudios equivalentes a la Enseñanza Secundaria Obligatoria o al grado medio de Formación Profesional, o bien conocimientos adquiridos a través de una amplia experiencia en el oficio o profesión.
Tareas.
Se entenderán como propias de este grupo, de manera enunciativa y no exhaustiva, la siguiente relación de actividades:
• Área de gestión técnica, diseño y planificación.
1. Delinear proyectos sencillos, realizar levantamientos de planos de conjunto y detalle partiendo de la información recibida, efectuando los trabajos necesarios y proporcionando las soluciones requeridas.
• Área de producción y actividades asimiladas.
1. Todas las tareas incluidas en el grupo anterior (asociadas al área de producción).
2. Controlar y regular los procesos de producción que generan transformación del producto.
3. Organizar los trabajos de operarios de cualificación inferior, siguiendo las directrices especificadas en la documentación técnica así como las indicaciones de su superior.
4. Describir los métodos y procedimientos de ejecución a la «cuadrilla» a pie de tajo.
5. Planificar a corto plazo los recursos a disponer en el tajo.
6. Interpretar planos y croquis de cierta complejidad.
7. Conducir y operar con vehículos y maquinaria pesada empleada para el transporte, arrastre, movimiento y compactación de tierras, sondeos, suspensión de cargas, derribo y demolición, cimentaciones especiales, etc.
8. Manejar máquinas y equipos de trabajo que requieren estar en posesión de un carné profesional habilitante.
• Área de servicios transversales.
1. Supervisar el archivo y la reproducción de los documentos, así como apoyar la ejecución de la obra, siguiendo las instrucciones recibidas por un superior o responsable.
2. Redactar la correspondencia comercial, el cálculo de precios a la vista de las ofertas recibidas, la recepción y tramitación de los pedidos.
3. Realizar actividades elementales de cálculo de salarios, valoración de costes, funciones de cobro y pago, etc., dependiendo y ejecutando directamente las órdenes de un mando superior.
4. Realizar actividades de archivo, registro, cálculo, facturación o similares que requieran algún grado de iniciativa.
5. Realizar funciones básicas de gestión y asesoramiento en las diferentes áreas de la empresa (comercial, producción, administración, calidad, I+D+I, medio ambiente, prevención de riesgos laborales, recursos humanos, etc.).
6. Realizar actividades de venta y comercialización de productos y servicios que requieran técnicas no complejas, tales como: demostración, comunicación de precios y condiciones de crédito y entrega, tramitación de pedidos, etc.
7. Controlar y realizar un seguimiento de las operaciones de mercancías del almacén, asegurando la calidad y optimización de la cadena logística.
– Grupo 5.
Criterios generales.
El personal encuadrado en este grupo profesional ejecuta tareas que exigen iniciativa. Pueden desarrollar funciones de cierta planificación, organización y supervisión de las actividades de un grupo de trabajadores de menor cualificación comportando, bajo supervisión, la responsabilidad de los mismos. Cuentan con conocimientos técnicos específicos de su área y con los criterios suficientes para el seguimiento de las tareas de acuerdo a los objetivos planteados por grupos profesionales superiores. Resuelve las incidencias más habituales que se presentan en su trabajo, aunque pueden precisar la consulta a los superiores para resolver otras que trascienden su área de trabajo o que requieren conocimientos específicos más complejos.
Formación.
Para el desempeño adecuado de las actividades enmarcadas en este grupo profesional, se recomienda un nivel de formación equivalente a Bachillerato o grado superior de Formación Profesional, o bien conocimientos similares adquiridos a través de la experiencia en el oficio o profesión.
Tareas.
Se entenderán como propias de este grupo, de manera enunciativa y no exhaustiva, la siguiente relación de actividades:
• Área de gestión técnica, diseño y planificación.
1. Delinear proyectos, realizar levantamientos de planos de conjunto y detalle partiendo de la información recibida, efectuando los trabajos necesarios y proporcionando las soluciones requeridas.
2. Elaborar proyectos relacionados con la distribución espacial de una zona interior.
3. Realizar, intervenir y colaborar en levantamientos de construcciones y terrenos (edificación, obra civil o marítima). Ayudar en su ejecución mediante replanteos.
4. Colaborar en el desarrollo de un proyecto que redacta un técnico.
5. Realizar representaciones de proyectos de edificación: planos para proyectos básicos y de ejecución, fotocomposiciones y maquetas.
6. Concretar, realizar el seguimiento y actualizar la planificación y el control de costes, así como llevar a cabo el control de la documentación generada en los proyectos y las obras de construcción a lo largo de todas las fases del proceso, siguiendo las indicaciones establecidas.
7. Predimensionar y, en su caso, dimensionar bajo las instrucciones del responsable facultativo los elementos integrantes de las instalaciones de fontanería, saneamiento, climatización, ventilación, electricidad, telecomunicaciones, etc. en edificios, aplicando los procedimientos de calcular establecidos e interpretando los resultados.
• Área de producción y actividades asimiladas.
1. Ejercer el mando directo al frente de un conjunto de trabajadores dentro del proceso de producción, montaje o labores auxiliares.
2. Coordinar y controlar las operaciones y medios inherentes al proceso productivo (instalaciones, materiales, equipos, medios auxiliares, vehículos, etc.).
3. Comunicar con la cuadrilla a pie de tajo describiendo métodos, procedimientos de ejecución y objetivos de producción.
4. Realizar inspecciones de toda clase de piezas, máquinas, estructuras y materiales, tanto durante el proceso de producción como después de terminado, de acuerdo con los planos, tolerancias, composiciones, aspectos, normas y uso, con un alto grado de decisión en la aceptación.
5. Supervisar el resultado final de la ejecución de las distintas fases y unidades de obra.
6. Colaborar, tanto en el proceso de ejecución de las diferentes tipologías de obras, como en los métodos de control de los planes de obra, calidad y seguridad y salud laboral. Igualmente, participa en la gestión de los recursos, las operaciones y el mantenimiento básico de la maquinaria.
• Área de servicios transversales.
1. Realizar análisis y determinaciones de laboratorio ejecutadas bajo supervisión, sin que sea necesario, en todas las ocasiones, indicar las normas y especificaciones sobre la preparación de los elementos precisos, implicando la obtención de muestras y la extensión de certificados y boletines de análisis.
2. Desarrollar actividades complejas enmarcadas en las propias de su departamento.
3. Preparar y presentar expedientes y documentación ante entidades y organismos de diversa índole.
4. Supervisar y controlar los procesos realizados por trabajadores de grupos inferiores pertenecientes a diferentes departamentos o áreas de la empresa, por ejemplo: administración, tesorería, recursos humanos, compras, marketing-comercial, logística, contabilidad, etc.
5. Ejercer mando directo sobre un conjunto de trabajadores que reciben mercancía, la clasifican, almacenan y expiden, por medio del control de los materiales y de las máquinas-vehículos empleados.
6. Gestionar, a su nivel, la prevención de riesgos laborales en el proceso de producción de bienes y servicios, incluyendo la evaluación y el control de los riesgos derivados de las condiciones de seguridad, del ambiente de trabajo, de la organización y de la carga de trabajo; y dirigir las actuaciones a desarrollar en situaciones de emergencia y primeros auxilios.
7. Conocer las distintas especialidades técnicas para la transformación y manipulación de materiales, así como controlar y organizar los trabajos de fabricación.
– Grupo 6.
Criterios generales.
En este grupo profesional se incluyen los trabajadores que disponen de una gran autonomía en la planificación de su trabajo y asumen la responsabilidad de alcanzar objetivos definidos de manera global. Pueden realizar tareas técnicas complejas en el marco de un proyecto o diseño ya establecido o en el que colaboran. Tienen una gran capacidad para solucionar problemas frecuentes de su trabajo y otros nuevos o excepcionales. Asimismo, se caracterizan por la importancia de la organización de los trabajadores a su cargo, habitualmente con responsabilidad de mando.
Formación.
Para el desempeño adecuado de las actividades enmarcadas en este grupo profesional, se recomienda estar en posesión de una titulación universitaria (licenciados, diplomados, arquitectos, arquitectos técnicos, ingenieros e ingenieros técnicos, según la nomenclatura empleada en el anterior sistema educativo) o conocimientos similares adquiridos a través de la experiencia en el oficio o profesión.
Tareas.
Se entenderán como propias de este grupo, de manera enunciativa y no exhaustiva, la siguiente relación de actividades:
• Área de gestión técnica, diseño y planificación.
1. Diseño y gestión de proyectos de edificación, obras civiles y marítimas, rehabilitación, urbanismo, aprovechamiento del terreno, etc.
2. Realizar mediciones y planos topográficos.
3. Analizar la composición y estructura del terreno y de los materiales, así como la localización de materiales mediante yacimientos, canteras y sondeos.
4. Llevar a cabo las actividades técnicas concernientes a la licitación de las obras.
• Área de producción y actividades asimiladas.
1. Gestionar, tanto el proceso de ejecución de las diferentes tipologías de obras, como los métodos de control, los planes de obra, de calidad así como de seguridad y salud laboral.
2. Verificar el resultado final de la ejecución de la obra en su conjunto.
3. Gestionar técnicamente y controlar económicamente el proceso de ejecución de las diferentes tipologías de obras.
4. Gestionar y controlar la documentación de la obra.
5. Planificar y organizar la obra.
6. Elaborar las mediciones y certificaciones.
7. Coordinar a los proveedores y empresas subcontratistas que colaboran y participan en la ejecución de la obra.
• Área de servicios transversales.
1. Organizar y coordinar tareas heterogéneas en las diferentes áreas de la empresa (comercial, producción, administración, calidad, I+D+I, medio ambiente, prevención de riesgos laborales, recursos humanos, etc.). Ello puede conllevar funciones de gestión orientadas a los planes generales de la empresa, así como tareas técnicas en toda clase de proyectos, bajo la dirección de alguno de los grupos superiores, ordenando y dirigiendo la ejecución práctica de dichas tareas.
2. Desarrollar funciones de nivel superior en materia de prevención de riesgos laborales, según lo establecido por la normativa de aplicación.
3. Organizar y gestionar las compras así como la dotación de bienes y servicios.
– Grupo 7.
Criterios generales.
En este grupo profesional se incluyen los trabajadores que asumen una importante responsabilidad, tanto en la dirección y supervisión de grupos de trabajadores pertenecientes a distintas áreas funcionales, como en el diseño de proyectos, relación con clientes y proveedores. Asimismo, se encuentran en este grupo los trabajadores que pueden planificar, organizar y ajustar los procesos de trabajo de cada área a los objetivos de la empresa. Pueden representar a la empresa ante terceros, especialmente organismos públicos. Requieren conocimientos específicos complejos.
Sus decisiones precisan el conocimiento de tareas muy diversas e implican un elevado grado de iniciativa. Disponen de conocimiento del proceso productivo de la empresa, de las relaciones entre las distintas áreas, así como de los objetivos específicos de cada una de ellas.
Formación.
Para el desempeño adecuado de las actividades enmarcadas en este grupo profesional, se requiere poseer una titulación universitaria y experiencia profesional.
Tareas.
Se entenderán como propias de este grupo, de manera enunciativa y no exhaustiva, la siguiente relación de actividades:
• Área de gestión técnica, diseño y planificación.
1. Diseñar, proyectar y controlar la construcción de edificios, obras civiles y marítimas.
2. Realizar o rehabilitar volúmenes y espacios destinados a usos públicos y privados.
3. Planificar y coordinar el desarrollo de zonas urbanas y de otros espacios.
4. Investigar y diseñar proyectos sobre aplicación de nuevos materiales a diferentes actividades de la construcción.
• Área de producción y actividades asimiladas.
1. Realizar la planificación, coordinación y seguimiento de la ejecución de las obras, sus producciones, certificaciones y subcontrataciones.
2. Gestionar la captación de nuevas obras, supervisando su planificación, coordinación, control y gestión económica.
3. Desarrollar la dirección técnica de procesos de trabajo.
• Área de servicios transversales.
1. Planificar, organizar y supervisar el trabajo y las distintas áreas de la empresa, lo que implica la dirección y coordinación de tareas heterogéneas y del personal que las realiza.
2. Llevar a cabo actividades de alto contenido técnico, tales como: investigación, control de calidad, vigilancia y control de procesos industriales, etc.
3. Realizar funciones técnicas de muy alta complejidad y polivalencia con el máximo nivel de autonomía e iniciativa dentro de su campo, pudiendo implicar asesoramiento en las decisiones fundamentales de la empresa.
– Grupo 8.
Criterios generales.
Los trabajadores enmarcados en este grupo profesional asumen funciones que conllevan tareas realizadas con total autonomía e iniciativa orientadas a mejorar la posición de la empresa en el mercado y a la mejora de los procesos de trabajo interno que lo hagan posible. Las personas que ocupan estos puestos planifican, organizan y coordinan las actividades del conjunto de la empresa.
Formación.
No se especifica una formación determinada, aunque para el desempeño óptimo se recomienda poseer una titulación universitaria.
Tareas.
Se entenderán como propias de este grupo, de manera enunciativa y no exhaustiva, la siguiente relación de actividades:
• Área de gestión técnica, diseño y planificación
1. Diseñar y dirigir la política general de la empresa.
2. Establecer y mantener la estructura productiva y de apoyo.
3. Diseñar y dirigir la política comercial.
4. Diseñar y dirigir la política financiera.
ANEXO XI
Encuadramiento de las Categorías, Grupos Profesionales y Niveles Retributivos
Grupo profesional
Área funcional
Gestión técnica, diseño y planificación
Producción y actividades asimiladas
Servicios transversales
Grupo 1.
Peón ordinario. Nivel XII.
Aprendices. Niveles XII, XIII y XIV.
Personal servicio limpieza. Nivel XII.
Botones. Nivel XIII y XIV.
Pinches. Nivel XIII y XIV.
Ordenanza. Nivel X.
Porteros. Nivel X.
Grupo 2.
Calcador. Nivel IX.
Aspirante. Nivel XIII.
Ayudante de oficio. Nivel X.
Peón especializado. Nivel XI.
Ayudante de práctico en topografía. Nivel IX.
Especialistas de 2.ª Nivel XI.
Ayudante de oficio (varios). Nivel IX.
Adoquinadores y emparedadores. Nivel X.
Ayudante de maquinista. Nivel IX.
Marinero motorista. Nivel IX.
Conserje. Nivel IX.
Vigilante de obra, taller o fábrica. Nivel X.
Vendedor. Nivel IX.
Almacenero. Nivel X.
Dependientes de economatos (según ordenanza se regirán por las normas del personal de comercio de la construcción, vidrio y cerámica (mayoritario). No tiene adjudicado nivel.
Aspirante (de laboratorio). Nivel XIII.
Grupo 3.
Auxiliar de organización. Nivel IX.
Oficial de 2.ª de oficio. Nivel IX.
Especialistas de 1.ª Nivel X.
Maquinista de segunda. Nivel VIII.
Oficial de 2.ª (varios). Nivel IX.
Ayudante entibador. Nivel VIII.
Auxiliar administrativo. Nivel IX.
Auxiliar de laboratorio. Nivel X.
Viajantes. Nivel VII.
Corredor de plaza. Nivel VIII.
Cobrador. Nivel X.
Grupo 4.
Delineante de 1.ª Nivel VI.
Delineante de 2.ª Nivel VII.
Técnico de organización de 1.ª Nivel VI.
Técnico de organización de 2.ª Nivel VII.
Inspector de control, señalización y servicios. Nivel VIII.
Oficial de 1.ª de oficio. Nivel VIII.
Capataz. Nivel VII.
Práctico en topografía de 2.ª Nivel VII.
Especialista de oficio. Nivel VII.
Modelista. Nivel VII.
Encargado de obra (en general y de obra pública). Nivel VI.
Patrón dragador. Nivel VI.
Patrón de puerto. Nivel VII.
Maquinista de primera. Nivel VII.
Capataz de maniobra. Nivel VII.
Capataz asentador de vías. Nivel VII.
Maquinistas de primera de locomotora. Nivel VIII.
Cantero de primera. Nivel VIII.
Barrenero-picador. Nivel VIII.
Oficial de 1.ª (varios) Nivel VII.
Adornista. Nivel VII.
Entibador. Nivel VII.
Especialistas barreneros. Nivel VII.
Buzo. Nivel VII.
Contramaestre. Nivel VII.
Oficial administrativo de 1.ª Nivel VI.
Oficial administrativo de 2.ª Nivel VIII.
Analista de segunda. Nivel VIII.
Encargado de sección (Laboratorio).Nivel IV.
Jefe de almacén. Nivel IX.
Grupo 5.
Delineante superior. Nivel V.
Jefe de sección de organización de 1.ª Nivel III.
Jefe de sección de organización de 2.ª Nivel V.
Escultor de piedra y mármol. Nivel VI.
Práctico en topografía de 1.ª Nivel VI.
Ayudante de obra. Nivel IV.
Jefe o encargado de sección o taller. Nivel VI.
Encargado general de obra. Nivel V.
Maestros industriales. Nivel IV.
Analista de primera. Nivel VII.
Jefe administrativo de 2.ª Nivel V.
Jefe de compras. Nivel V.
Grupo 6.
Titulados medios / Diplomados. Nivel III.
Arquitectos e Ingenieros técnicos. Nivel III.
Técnicos titulados de topografía y dibujo. Nivel III.
Profesores mercantiles. Nivel III.
Encargado general. Nivel IV.
Jefe de fabricación o encargado general de fábrica. Nivel IV.
Jefe de personal. Nivel IV.
Jefe administrativo de 1.ª Nivel III.
Ayudantes técnicos sanitarios / Diplomado Universitario en Enfermería. Nivel IV.
Encargado de sección de laboratorio. Nivel VI.
Graduados sociales. Nivel III.
Maestros de primera enseñanza. Nivel IV.
Grupo 7.
Titulados superiores. Nivel II.
Arquitectos superiores. Nivel II.
Ingenieros superiores. Nivel II.
Actuarios de seguros. Nivel II.
Licenciados. Nivel II.
Intendentes mercantiles. Nivel II.
Doctores. Nivel II.
Grupo 8.
Personal directivo. Nivel I.
Directores generales.
Director.
Gerentes de empresa.
Subdirector general.
Inspector general.
Secretario general.
ANEXO XII
Formación en materia de prevención de riesgos laborales
Apartado 1
Primer Ciclo. Formación inicial
I. Contenido formativo para formación inicial.
El contenido formativo para la formación inicial, cuyo módulo tendrá una duración mínima de ocho horas lectivas, se esquematiza de la siguiente forma:
A. Conceptos básicos sobre seguridad y salud.
– El trabajo y la salud. Los riesgos profesionales. Factores de riesgo.
– Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales. Deberes y obligaciones básicas en esta materia.
B. Técnicas preventivas elementales sobre riesgos genéricos.
– Caídas a distinto nivel, manipulación de cargas, medios de protección colectiva, equipos de protección individual, etc.
– Medios auxiliares (andamios colgados, modulares, borriquetas, etc.).
– Equipos de trabajo (aparatos elevadores, pequeña maquinaria, etc.).
– Señalización.
– Simbología de los productos y materiales utilizados en las obras de construcción.
C. Primeros auxilios y medidas de emergencia.
– Procedimientos generales.
– Plan de actuación.
D. Derechos y obligaciones.
– Participación, información, consulta y propuestas.
Apartado 2
Segundo ciclo. Formación por puesto de trabajo o por oficio
I. Contenidos formativos por puesto de trabajo.
1. Formación para personal directivo de empresa.
1. El compromiso en materia preventiva de los responsables de la empresa se considera imprescindible para que la estructura jerárquica tenga presente la seguridad y salud en todos los aspectos que se suscitan durante la ejecución de una obra, ya que sin su implicación se hace imposible conseguir la cultura preventiva pretendida dentro de la empresa. Así pues, se requiere una formación en materia preventiva de esta figura en la estructura empresarial.
2. El contenido formativo para directivos, cuyo módulo tendrá una duración mínima de diez horas lectivas, se esquematiza de la siguiente forma:
A. Integración de la prevención en la gestión de la empresa.
– La seguridad del producto.
– El manual (política, procedimientos, planes, etc.).
– Integración con los diferentes sistemas (calidad y medio ambiente). Gestión total.
– Las auditorías internas.
B. Obligaciones y responsabilidades.
– Funciones, obligaciones y responsabilidades.
C. Organización y planificación.
– Plan de prevención de riesgos laborales.
– Evaluación de riesgos.
– Planificación de la prevención.
– Sistemas de control sobre los riesgos existentes.
– Modalidades preventivas.
D. Costes de la accidentalidad y rentabilidad de la prevención.
– Los costes de los accidentes de trabajo.
– Métodos de cálculo de los costes de los accidentes.
E. Legislación y normativa básica en prevención.
– Introducción al ámbito jurídico.
– Legislación básica y de desarrollo.
2. Formación para responsables de obra y técnicos de ejecución.
1. Los responsables de obra, al poder impartir órdenes, se hace imprescindible que tengan los conocimientos preventivos con gran claridad. Su formación en materia preventiva es ineludible para que la cadena de comunicación de las órdenes de trabajo, desde el punto de vista preventivo, no sufra en el origen una distorsión que influyan negativamente en los procesos sucesivos.
2. El contenido formativo para responsables de obra y técnicos de ejecución, cuyo módulo tendrá una duración mínima de veinte horas lectivas, se esquematiza de la siguiente forma:
A. Prevención de riesgos. Los cinco bloques de riesgos en obras.
– Análisis de los riesgos y de las protecciones más usuales en el sector de la construcción.
B. Obligaciones y responsabilidades.
– Funciones, obligaciones y responsabilidades.
C. Técnicas preventivas.
– Seguridad, higiene, ergonomía, medicina, psicosociología y formación.
D. Estudios y planes de seguridad y salud.
– Contenidos exigibles.
– Documentos de obra: libro de incidencias, certificados exigibles, otros documentos.
E. Calendarios y fases de actuaciones preventivas.
– Detección del riesgo.
– Análisis estadísticos de accidentes, índices estadísticos.
– Análisis de las protecciones más usuales en la edificación (redes de seguridad, barandillas, medios auxiliares, etc.).
– Modalidades preventivas (servicio de prevención propio, mancomunado, ajeno, trabajador designado).
F. Interferencias entre actividades.
– Actividades simultáneas o sucesivas.
– Técnicas de comunicación.
– Técnicas de trabajo en equipo.
– Análisis de problemas y toma de decisiones.
G. Órganos y figuras participativas.
– Inspecciones de seguridad.
– Coordinador en materia de seguridad y salud.
– Trabajador designado.
– Delegado de prevención.
– Investigación de accidentes y notificaciones a la autoridad laboral competente.
– Administraciones autonómicas.
– Competencias, obligaciones y responsabilidades de cada uno de los anteriores.
H. Derechos y obligaciones de los trabajadores.
– Comité de seguridad y salud.
– La importancia de la formación e información de los trabajadores.
– Fomento de la toma de conciencia sobre la importancia de involucrarse en la prevención de riesgos laborales.
I. Legislación y normativa básica de prevención.
– Introducción al ámbito jurídico.
– Legislación básica y de desarrollo.
3. Formación para mandos intermedios.
1. La comunicación entre los técnicos de ejecución y los trabajadores pasa, por regla general, por los mandos intermedios. Es por tanto muy importante que estos tengan los conocimientos preventivos suficientes que permitan que esta transmisión de órdenes se realice sin olvidar los aspectos de seguridad y salud a tener en cuenta en cada unidad de obra a ejecutar, y que a su vez posean las nociones pedagógicas y didácticas suficientes que permitan la claridad de las comunicaciones.
2. El contenido formativo para mandos intermedios, cuyo módulo tendrá una duración mínima de veinte horas lectivas, se esquematiza de la siguiente forma:
A. Integración de la prevención en la producción.
– Los riesgos en las diferentes fases de la obra.
– Evaluación y tratamiento. Organización de la prevención.
B. Obligaciones y responsabilidades.
– Funciones, obligaciones y responsabilidades.
C. Los cinco bloques de riesgos. Órdenes de trabajo.
– Comunicación de las órdenes de trabajo.
– Detección y evaluación básica de riesgos.
D. Tipología de riesgos. Técnicas preventivas.
– Riesgos en la construcción.
– Análisis de las protecciones más usuales en el sector de la construcción.
E. Plan de seguridad y salud.
– Contenidos exigibles del plan de seguridad y salud.
– Documentos de obra (libro de incidencias, documentos exigibles, etc.).
F. Zonas de riesgos graves y con peligrosidad específica.
– Riesgos específicos (demoliciones, excavaciones, estructura, albañilería, etc.).
G. Coordinación de las subcontratas.
– Interferencias entre actividades.
– Planificación.
H. Primeros auxilios y medidas de emergencia.
– Conocimientos básicos, objetivos y funciones.
I. Órganos y figuras participativas.
– Inspecciones de seguridad.
– Coordinador en materia de seguridad y salud.
– Trabajador designado.
– Delegado de prevención.
– Investigación de accidentes y notificaciones a la autoridad laboral competente.
– Administraciones autonómicas.
– Competencias, obligaciones y responsabilidades de cada uno de ellos.
4. Formación para delegados de prevención.
1. El contenido formativo deberá ser concordante con el mandato del artículo 37.2 y las facultades del artículo 36.2, ambos de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
2. El contenido formativo para delegados de prevención, cuyo módulo tendrá una duración mínima de setenta horas lectivas, se esquematiza de la siguiente forma:
A. Trabajo y salud.
– Relación entre trabajo y salud.
– Conceptos básicos.
– Trabajo y medio ambiente.
– Conceptos básicos de medio ambiente.
B. Fundamentos de la acción preventiva.
– Marco conceptual y jurídico de la seguridad y salud laboral.
– Derechos y obligaciones en el marco de la Ley de prevención de riesgos laborales.
– Consulta y participación de los trabajadores. Los delegados de prevención.
– Factores de riesgo.
– Técnicas preventivas.
C. Organización y gestión de la prevención en la empresa.
– La planificación de la prevención de riesgos laborales en la empresa.
– Gestión y organización de la prevención.
– Instituciones y organismos en el campo de la seguridad y la salud laboral.
– Responsabilidades y sanciones.
– Capacidad de intervención de los delegados de prevención.
D. Formación específica en función del área de actividad.
– Introducción al sector: características, siniestralidad y riesgos más frecuentes.
– Desarrollo de temas específicos dependiendo del área de actividad dentro del sector de la construcción.
5. Formación para administrativos.
1. El sector de la construcción agrupa a un número considerable de trabajadores que desempeñan su actividad en las propias obras de construcción. En consecuencia, se hace muy necesaria la formación de este colectivo en el ámbito preventivo, tanto con el fin de tener un control del personal que en cada momento se encuentre en el centro de trabajo y conocer los requisitos que en esta materia deben cumplir las diferentes empresas que participan en la ejecución de una obra, como para que adquieran conocimientos sobre los riesgos laborales a los que están expuestos y las medidas preventivas que se han aplicar para la eliminación o minimización de los mismos.
2. El contenido formativo para administrativos, cuyo módulo tendrá una duración mínima de veinte horas lectivas, se esquematiza de la siguiente forma:
A. Definición de los trabajos.
– Labor del secretario del comité de seguridad y salud u otros órganos conjuntos de coordinación.
– Conocimiento documental. Sus procedimientos.
– Control documental (apertura de centro de trabajo, documentación a aportar por los subcontratistas, seguimiento de la vigilancia de la salud, etc.).
B. Técnicas preventivas.
– Conocimientos básicos sobre los medios de protección colectiva y los equipos de protección individual.
– Pantallas de visualización.
– Medidas de emergencia. Conocimientos básicos.
– Primeros auxilios, mantenimiento de botiquín, etc.
C. Medios auxiliares, equipos y herramientas.
– Mobiliario adecuado frente a los riesgos posturales y ergonómicos, etc.
D. Verificación, identificación y vigilancia del lugar de trabajo y su entorno.
– Observar y conocer los riesgos y las medidas preventivas necesarias.
– Conocimiento del entorno del lugar de trabajo, iluminación, ambiente de trabajo.
– Documentación necesaria y mantenimiento del panel informativo de obra.
E. Derechos y obligaciones.
– Marco normativo general y específico.
– Divulgación y participación.
II. Contenidos formativos por oficio
A) Parte común.
El contenido formativo de la parte común, cuyo módulo tendrá una duración mínima de 14 horas lectivas, se esquematiza de la siguiente forma:
1. Técnicas preventivas.
– Medios de protección colectiva.
– Equipos de protección individual.
– Señalización.
2. Medios auxiliares, equipos y herramientas empleados habitualmente en las obras de construcción.
3. Verificación, identificación y vigilancia del lugar del trabajo y su entorno.
– Riesgos generales en las obras de construcción.
– Conocimiento del entorno del lugar de trabajo. Planificación de las tareas desde un punto de vista preventivo.
– Manipulación de productos químicos. Ficha de datos de seguridad. Simbología.
4. Interferencia entre actividades.
– Actividades simultáneas o sucesivas.
5. Derechos y obligaciones.
– Marco normativo general y específico.
– Organización de la prevención de riesgos laborales.
– Participación, información, consulta y propuestas.
6. Primeros auxilios y medidas de emergencia.
B) Parte específica.
El contenido formativo de cada una de las partes específicas, cuyo módulo tendrá una duración mínima de 6 horas lectivas, se esquematiza de la siguiente forma:
1) Contenido formativo específico para albañilería.
1. Definición de los trabajos.
– Fachadas (fábrica de ladrillo y revestimiento de cemento).
– Distribución interior (tabiquería).
– Materiales (cerámicos, cartón-yeso, escayola,…).
2. Técnicas preventivas específicas.
– Identificación de riesgos.
– Evaluación de riesgos del puesto (genérica).
– Medios auxiliares: andamios, plataformas de trabajo,…
– Equipos de trabajo y herramientas: riesgos y medidas preventivas.
– Manipulación manual de cargas.
– Medios de protección colectiva (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento).
– Equipos de protección individual (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento).
– Materiales y productos (etiquetado, fichas de datos de seguridad, frases H y P,…).
2) Contenido formativo específico para trabajos de demolición y rehabilitación.
1. Definición de los trabajos.
– Demoliciones (estructuras, cerramientos, cubiertas, etc.).
– Desescombrado (interior, por fachada,…).
– Rehabilitaciones.
– Fachadas de cáscara.
– Distribución interior e instalaciones.
2. Técnicas preventivas específicas.
– Identificación de riesgos.
– Evaluación de riesgos del puesto (genérica).
– Medios auxiliares (andamios, escaleras de mano, tolvas de desescombro.
– Equipos de trabajo y herramientas: riesgos y medidas preventivas.
– Manipulación manual de cargas.
– Medios de protección colectiva (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento).
– Equipos de protección individual (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento).
– Materiales y productos (etiquetado, fichas de datos de seguridad, frases H y P,…).
3) Contenido formativo específico para encofrados.
1. Definición de los trabajos.
– Sistemas de encofrado (forjados, muros, vigas, pilares, escaleras, etc.). Materiales utilizados. Montaje y desmontaje.
– Técnicas de hormigonado (bomba, cuba, canaleta, etc.).
– Vibrado.
– Procedimientos de trabajo.
2. Técnicas preventivas específicas.
– Identificación de riesgos.
– Evaluación de riesgos del puesto (genérica).
– Medios auxiliares (andamios, torretas de hormigonado,…).
– Equipos de trabajo y herramientas: riesgos y medidas preventivas.
– Manipulación manual de cargas.
– Medios de protección colectiva (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento).
– Equipos de protección individual (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento).
– Materiales y productos (etiquetado, fichas de datos de seguridad, frases H y P,…).
4) Contenido formativo específico para ferrallado.
1. Definición de los trabajos.
– Ferralla armada en taller o en obra. Acopio.
– Armado y montaje en forjados, muros, trincheras, vigas, pilares, escaleras, rampas, etc.
2. Técnicas preventivas específicas.
– Identificación de riesgos.
– Evaluación de riesgos del puesto (genérica).
– Medios auxiliares (andamios, escaleras de mano,…).
– Equipos de trabajo y herramientas: riesgos y medidas preventivas.
– Manipulación manual de cargas.
– Medios de protección colectiva (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento).
– Equipos de protección individual (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento).
– Materiales y productos (etiquetado, fichas de datos de seguridad, frases H y P,…).
5) Contenido formativo específico para revestimiento de yeso.
1. Definición de los trabajos.
– Aplicación sobre paramento horizontal y vertical.
– Fabricación de la pasta de yeso.
– Técnicas de aplicación (proyectado, maestreado, a buena vista, etc.).
2. Técnicas preventivas específicas.
– Identificación de riesgos.
– Evaluación de riesgos del puesto (genérica).
– Medios auxiliares (andamios, escaleras de mano,…).
– Equipos de trabajo y herramientas: riesgos y medidas preventivas.
– Manipulación manual de cargas.
– Medios de protección colectiva (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento).
– Equipos de protección individual (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento).
– Materiales y productos (etiquetado, fichas de datos de seguridad, frases H y P,…).
6) Contenido formativo específico para electricidad, montaje y mantenimiento de instalaciones de AT y BT.
1. Definición de los trabajos.
– Previsión de las necesidades de los diferentes equipos eléctricos.
– Líneas eléctricas aéreas y subterráneas de alta y baja tensión.
– Centros de transformación.
– Subestaciones.
– Montaje y mantenimiento eléctrico industrial y edificación.
– Instalaciones provisionales de obra.
2. Técnicas preventivas específicas.
– Identificación de riesgos.
– Evaluación de riesgos del puesto (genérica).
– Medios auxiliares (plataformas elevadoras, andamios, escaleras de mano, máquinas de tiro, de freno, de empalmar, poleas, gatos, carros de salida a conductores, pértigas de verificación de ausencia de tensión).
– Equipos de trabajo y herramientas: riesgos y medidas preventivas.
– RD 614/2001.
– Manipulación manual de cargas.
– Trabajos en altura.
– Medios de protección colectiva (colocación, usos y obligaciones y mantenimiento).
– Medios de protección individual (colocación, usos y obligaciones mantenimiento).
– Materiales y productos (etiquetado, fichas de datos de seguridad, frases R y S,…).
– Utilización de líneas de vida, verticales y horizontales, en los distintos tipos de anclaje y estructuras.
7) Contenido formativo específico para fontanería e instalaciones de climatización.
1. Definición de los trabajos.
– Instalaciones provisionales de obra.
– Bajantes.
– Instalación colgada.
– Instalaciones en locales (servicios, cocinas, baños, etc.).
– Urbanizaciones, pozos, arquetas, etc.
2. Técnicas preventivas específicas.
– Identificación de riesgos.
– Evaluación de riesgos del puesto (genérica).
– Medios auxiliares (andamios, escaleras de mano,…).
– Equipos de trabajo y herramientas: riesgos y medidas preventivas.
– Manipulación manual de cargas.
– Trabajos en altura.
– Trabajos en espacios confinados.
– Medios de protección colectiva (colocación, usos y obligaciones y mantenimiento).
– Medios de protección individual (colocación, usos y obligaciones y mantenimiento).
– Materiales y productos (etiquetado, fichas de datos de seguridad, frases R y S,…).
– Materiales con amianto: identificación y retirada previa.
– Trabajos de soldadura.
8) Contenido formativo específico para cantería revestimientos exteriores.
1. Definición de los trabajos.
– Chapados y revestimientos.
– Escaleras.
– Fachadas ventiladas.
– Estructuras auxiliares.
2. Técnicas preventivas específicas.
– Identificación de riesgos.
– Evaluación de riesgos del puesto (genérica).
– Medios auxiliares (andamios, escaleras de mano,…).
– Equipos de trabajo y herramientas: riesgos y medidas preventivas.
– Manipulación manual de cargas.
– Medios de protección colectiva (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento).
– Equipos de protección individual (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento).
– Materiales y productos (etiquetado, fichas de datos de seguridad, frases H y P,…).
9) Contenido formativo específico para pintura.
1. Definición de los trabajos.
– Pintura en exterior e interior.
– Técnicas de aplicación.
– Pinturas especiales.
– Preparación de soportes.
2. Técnicas preventivas específicas.
– Identificación de riesgos.
– Evaluación de riesgos del puesto (genérica).
– Medios auxiliares (andamios, escaleras de mano,…).
– Equipos de trabajo y herramientas: riesgos y medidas preventivas.
– Manipulación manual de cargas.
– Medios de protección colectiva (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento).
– Equipos de protección individual (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento).
– Materiales y productos (etiquetado, fichas de datos de seguridad, frases H y P,…).
10) Contenido formativo específico para solados y alicatados.
1. Definición de los trabajos.
– Colocación de revestimientos interiores y exteriores.
– Solados de grandes dimensiones.
– Revestimientos continuos.
– Pavimentos especiales.
2. Técnicas preventivas específicas.
– Identificación de riesgos.
– Evaluación de riesgos del puesto (genérica).
– Medios auxiliares (andamios, escaleras de mano,…).
– Equipos de trabajo y herramientas: riesgos y medidas preventivas.
– Manipulación manual de cargas.
– Medios de protección colectiva (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento).
– Equipos de protección individual (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento).
– Materiales y productos (etiquetado, fichas de datos de seguridad, frases H y P,…).
11) Contenido formativo específico para aparatos elevadores.
1. Definición de los trabajos.
– Tipos de máquinas y equipos, componentes principales. Grúa torre, grúa móvil autopropulsada, montacargas, maquinillo, plataformas de elevación móviles, manipuladora telescópica, etc.
2. Técnicas preventivas específicas.
– Identificación de riesgos.
– Evaluación de riesgos del puesto (genérica).
– Medios auxiliares (útiles de la máquina o del equipo de trabajo).
– Equipos de trabajo y herramientas: riesgos y medidas preventivas.
– Estrobado de la carga.
– Medios de protección colectiva (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento).
– Equipos de protección individual (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento).
– Mantenimiento y verificaciones, manual del fabricante, características de los principales elementos, dispositivos de seguridad, sistemas de elevación, documentación, etc.
– Interferencias entre actividades.
– Interferencias con otras máquinas.
– Protocolos de actuación de los operadores en caso de interferencias.
– Señalización).
12) Contenido formativo específico para vehículos y maquinaria de movimiento de tierras.
1. Definición de los trabajos.
– Tipos de máquinas. Maquinaria de transporte camión, dumper, maquinaria de movimiento de tierras y compactación: bulldozer, pala cargadora, retroexcavadora, motoniveladora, «jumbo», entendedora/compactadora asfáltica, etc.
2. Técnicas preventivas específicas.
– Identificación de riesgos.
– Evaluación de riesgos del puesto (genérica).
– Medios auxiliares (Útiles de la máquina o del equipo de trabajo,…).
– Equipos de trabajo y herramientas: riesgos y medidas preventivas.
– Mantenimiento y verificaciones, manual del fabricante, características de los principales elementos, dispositivos de seguridad, documentación, sistemas de elevación, etc.
– Medios de protección colectiva (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento).
– Equipos de protección individual (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento).
– Interferencias entre máquinas.
– Señalización y tránsito.
13) Contenido formativo específico para operadores de equipos manuales.
1. Definición de los trabajos.
– Tipos de equipos. Tronzadora, cortadora de mesa (madera y material cerámico), radial, guillotina, pulidora, martillos neumáticos etc.
– Procedimientos de trabajo.
2. Técnicas preventivas específicas.
– Identificación de riesgos.
– Evaluación de riesgos del puesto (genérica).
– Medios auxiliares, equipos de trabajo y herramientas:
a) Útiles de la máquina o del equipo de trabajo.
b) Riesgos y medidas preventivas.
– Mantenimiento y verificaciones, manual del fabricante, características de los principales elementos, dispositivos de seguridad, documentación, sistemas de elevación, etc.
– Aspectos ergonómicos.
– Medios de protección colectiva (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento).
– Equipos de protección individual (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento).
– Conexiones eléctricas y mecánicas.
– Ventilación del lugar de trabajo. Exposición al ruido.
– Señalización.
14) Contenido formativo específico para trabajos de aislamiento e impermeabilización.
1. Definición de los trabajos.
– Conceptos y principios básicos.
– Materiales aislantes. Características y formas de presentación.
– Productos de impermeabilización. Tipos y características.
– Técnicas y procedimientos de instalación o aplicación del material aislante (cerramientos verticales, cubiertas, divisiones interiores, techos, suelos, conducciones, etc.).
– Técnicas de impermeabilización (cubiertas, cerramientos verticales, elementos enterrados, depósitos, etc.).
2. Técnicas preventivas específicas.
– Identificación de riesgos.
– Evaluación de riesgos del puesto.
– Medios auxiliares, equipos de trabajo y herramientas: riesgos y medidas preventivas.
– Manipulación manual de cargas.
– Medios de protección colectiva (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento).
– Equipos de protección individual (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento).
– Materiales y productos (etiquetado, fichas de datos de seguridad, frases H y P,...).
15) Contenido formativo específico para montaje de estructuras tubulares.
1. Definición de los trabajos.
– Tipos de estructuras tubulares y sus características (andamios, torres, cimbras, apuntalamientos, etc.).
– Procesos de montaje, desmontaje y modificación.
2. Técnicas preventivas específicas.
– Identificación de riesgos.
– Evaluación de riesgos del puesto.
– Instrucciones de montaje y desmontaje.
– Condiciones de resistencia y estabilidad (cargas admisibles, apoyos, arriostramientos, estabilizadores, etc.).
– Medidas de seguridad frente a las condiciones meteorológicas adversas.
– Equipos, útiles de trabajo y herramientas: riesgos y medidas preventivas.
– Dispositivos de seguridad y de protección asociados a la estructura tubular.
– Medios de protección colectiva (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento).
– Equipos de protección individual (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento). Utilización de equipos de protección individual anticaídas.
– Manipulación manual de cargas.
16) Contenido formativo específico para operario de instalaciones temporales de obra y auxiliares: plantas de aglomerado, de hormigón, de machaqueo y clasificación de áridos.
1. Definición de los trabajos.
– Descripción y características de las instalaciones y de la maquinaria.
– Proceso de machaqueo y clasificación de áridos.
– Mezclas asfálticas. Tipos y proceso de fabricación.
– Confección de hormigón.
– Tareas de control y mantenimiento.
2. Técnicas preventivas específicas.
– Identificación de riesgos.
– Evaluación de riesgos del puesto.
– Medios auxiliares, equipos de trabajo y herramientas: riesgos y medidas preventivas.
– Mantenimiento y verificaciones, manual del fabricante, dispositivos de seguridad, etc. Pequeñas averías eléctricas y mecánicas.
– Manipulación manual de cargas.
– Medios de protección colectiva (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento).
– Equipos de protección individual (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento).
– Materiales y productos (etiquetado, fichas de datos de seguridad, frases H y P,...).
17) Contenido formativo específico para trabajos de estabilización de explanadas y extendido de firmes.
1. Definición de los trabajos.
– Explanadas. Tipos de terrenos: características y comportamiento.
– Subbases, firmes y pavimentos. Tipos.
– Proceso de ejecución: comprobación y preparación de la superficie de asiento, aportación del material, extendido y nivelación, riego, compactación y fratasado, en su caso.
– Maquinaria empleada (descripción y características): extendedoras, compactadoras, fratasadoras, etc.
2. Técnicas preventivas específicas.
– Identificación de riesgos.
– Evaluación de riesgos del puesto.
– Medios auxiliares, equipos de trabajo y herramientas: riesgos y medidas preventivas.
– Mantenimiento y verificaciones, manual del fabricante, dispositivos de seguridad, etc.
– Manipulación manual de cargas.
– Medios de protección colectiva (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento).
– Equipos de protección individual (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento).
– Materiales y productos (etiquetado, fichas de datos de seguridad, frases H y P,...).
– Afección a la circulación de las vías públicas. Señalización de obras.
18) Contenido formativo específico para colocación de materiales de cubrición.
1. Definición de los trabajos.
– Tipos de cubiertas.
– Materiales de cubrición: tejas, piezas de pizarra, chapas o paneles de acero o de aleaciones ligeras, placas de material sintético, etc.
– Sistemas de colocación y sujeción.
2. Técnicas preventivas específicas.
– Identificación de riesgos.
– Evaluación de riesgos del puesto.
– Medios auxiliares, equipos de trabajo y herramientas: riesgos y medidas preventivas.
– Manipulación manual de cargas.
– Medios de protección colectiva (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento).
– Equipos de protección individual (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento).
– Materiales y productos (etiquetado, fichas de datos de seguridad, frases H y P,...).
19) Contenido formativo específico para trabajos de conservación y explotación de carreteras.
1. Definición de los trabajos.
– Conceptos básicos sobre carreteras. Tramos especiales (túneles, viaductos, etc.). Equipamiento e instalaciones
– Aspectos generales de conservación y explotación. Operaciones y actividades.
– Vialidad. Actuación frente a emergencias e incidencias.
– Seguridad vial. Señalización y balizamiento. Alumbrado.
– Vialidad invernal.
– Maquinaria y equipos de conservación. Descripción y características.
2. Técnicas preventivas específicas.
– Identificación de riesgos.
– Evaluación de riesgos del puesto.
– Medios auxiliares, equipos de trabajo y herramientas: riesgos y medidas preventivas.
– Mantenimiento y verificaciones, manual del fabricante, dispositivos de seguridad, etc.
– Manipulación manual de cargas.
– Medios de protección colectiva (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento).
– Equipos de protección individual (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento).
– Materiales y productos (etiquetado, fichas de datos de seguridad, frases H y P,...).
– Afección a la circulación de las vías públicas. Señalización de obras.
20) Contenido formativo para trabajos específicos de ejecución de túneles y sostenimiento de las excavaciones subterráneas y de los taludes.
1. Definición de los trabajos.
– Técnicas de excavación (mecánicas, mineras, voladuras, etc.).
– Tipos de terrenos. Características y comportamiento.
– Sistemas de sostenimiento o estabilización (entibación, gunitado, bulonado, etc.).
– Maquinaria empleada (excavadoras, tuneladoras, rozadoras, ensanchadoras, perforadoras, gunitadoras, etc.).
2. Técnicas preventivas específicas.
– Identificación de riesgos.
– Evaluación de riesgos del puesto.
– Equipos, útiles de trabajo y herramientas: riesgos y medidas preventivas.
– Mantenimiento y verificaciones de la maquinaria empleada, manual del fabricante, dispositivos de seguridad, etc.
– Manipulación manual de cargas.
– Características y comportamiento del terreno.
– Sostenimiento de las excavaciones subterráneas y de los taludes.
– Medios de protección colectiva (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento).
– Equipos de protección individual (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento).
– Materiales y productos (etiquetado, fichas de datos de seguridad. Frases H y P,...).
– Interferencias y servicios afectados (líneas aéreas, canalizaciones subterráneas, zonas colindantes, etc.).
21) Contenido formativo específico para trabajos de cimentaciones especiales, sondeos y perforaciones.
1. Definición de los trabajos.
– Cimentaciones especiales (pilotes y micropilotes, muros pantalla, anclajes, consolidaciones, inyecciones, etc.). Técnicas de ejecución.
– Sondeos y perforaciones. Técnicas (percusión, rotación, rotopercusión, etc.).
– Tipos de terrenos. Características y comportamiento.
– Maquinaria empleada. Características, componentes principales y funcionamiento.
2. Técnicas preventivas específicas.
– Identificación de riesgos.
– Evaluación de riesgos del puesto.
– Medios auxiliares, equipos de trabajo y herramientas: riesgos y medidas preventivas.
– Mantenimiento y verificaciones, manual del fabricante, dispositivos de seguridad, etc.
– Manipulación manual de cargas.
– Medios de protección colectiva (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento).
– Equipos de protección individual (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento).
– Materiales y productos (etiquetado, fichas de datos de seguridad, frases H y P,...).
– Interferencias y servicios afectados (líneas aéreas, canalizaciones subterráneas, construcciones colindantes, etc.).
22) Contenido formativo específico para construcción y mantenimiento de vías férreas.
1. Definición de los trabajos.
– Actividades ferroviarias (trabajos previos; puesta en obra de balasto, traviesas y carriles; bateo, alineación, perfilado y desguarnecido de la vía; montaje de catenaria, electrificación e instalaciones de seguridad y comunicaciones; etc.).
– Tipos de máquinas y equipos (dresina, perfiladora, bateadora, estabilizador dinámico, desguarnecedora, tren de renovación rápida, pórticos, maquinaria bivial, castillete de catenaria, extendedora de balasto, maquinaria ligera de vía).
2. Técnicas preventivas específicas.
– Identificación de riesgos.
– Evaluación de riesgos del puesto.
– Medios auxiliares, equipos de trabajo y herramientas: riesgos y medidas preventivas.
– Manipulación manual de cargas.
– Medios de protección colectiva (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento).
– Equipos de protección individual (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento).
– Señalización específica.
– Materiales y productos (etiquetado, fichas de datos de seguridad, frases H y P,...).
– Interferencias y servicios afectados (circulación ferroviaria, catenaria eléctrica, carreteras, etc.).
– Control y vigilancia de los trabajos. Piloto de seguridad.
23) Contenido formativo específico para trabajos marítimos.
1. Definición de los trabajos.
– Obras marítimas (construcción y reparación de muelles, diques, pantalanes, emisarios submarinos, regeneración de playas, etc.). Trabajos y proceso de ejecución (trabajos preliminares, dragados, voladuras submarinas, tratamientos de mejora de fondos, rellenos, fabricación y transporte de cajones, ejecución de espaldones, losas, vigas cantil, etc.).
– Actividades subacuáticas.
– Maquinaria empleada (equipos de precarga, vibración profunda, compactación dinámica, inyección o instalación de drenes, dragas, gánguiles, pontonas, cabrias, cajoneros, etc.). Descripción, características y funcionamiento.
2. Técnicas preventivas específicas.
– Identificación de riesgos.
– Evaluación de riesgos del puesto.
– Salvamento marítimo.
– Condiciones meteorológicas y de la mar: viento, niebla, marea, oleaje, corrientes marinas, etc.
– Medios auxiliares, equipos de trabajo y herramientas: riesgos y medidas preventivas.
– Manipulación manual de cargas.
– Medios de protección colectiva (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento).
– Equipos de protección individual (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento).
– Materiales y productos (etiquetado, fichas de datos de seguridad, frases H y P,...).
– Interferencias con la navegación marítima.
24) Contenido formativo específico para trabajos de redes de abastecimiento y saneamiento y pocería.
1. Definición de los trabajos.
– Tipos de redes de abastecimiento y saneamiento.
– Tipos de terrenos. Características y comportamiento.
– Proceso de ejecución (perforación, apertura de zanjas, entibado, montaje y unión de elementos, relleno de la zanja, compactación, etc.).
– Trabajos de mantenimiento, reparación, rehabilitación y renovación de redes.
– Equipos de trabajo más comunes.
2. Técnicas preventivas específicas.
– Identificación de riesgos.
– Evaluación de riesgos del puesto.
– Medios auxiliares, equipos de trabajo y herramientas: riesgos y medidas preventivas.
– Manipulación manual de cargas.
– Entibaciones y sistemas de sostenimiento.
– Medios de protección colectiva (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento).
– Equipos de protección individual (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento).
– Materiales y productos (etiquetado, fichas de datos de seguridad, frases H y P,...).
– Características y comportamiento del terreno, espacios confinados, servicios afectados, construcciones colindantes, etc.
25) Contenido formativo específico para montaje de prefabricados de hormigón en obra.
1. Definición de los trabajos.
– Elementos prefabricados de hormigón. Tipos (pilares, vigas, placas, pórticos, dovelas, bóvedas, muros, paneles, etc.), características y aplicaciones (estructuras, cerramientos, etc.).
– Procedimientos y técnicas de puesta en obra (manipulación, colocación, sujeción o unión).
2. Técnicas preventivas específicas.
– Identificación de riesgos.
– Evaluación de riesgos del puesto.
– Medios auxiliares, equipos de trabajo y herramientas: riesgos y medidas preventivas.
– Manipulación manual de cargas.
– Medios de protección colectiva (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento).
– Equipos de protección individual (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento).
– Materiales y productos (etiquetado, fichas de datos de seguridad, frases H y P,...).
26) Contenido formativo específico operario de taller de materiales: piedras industriales, tratamiento o transformación de materiales, canteros y similares.
1. Definición de los trabajos.
– Tipos de piedras industriales y naturales. Aplicaciones (obras de sillería, aplacados, pavimentos y empedrados, decoración, etc.).
– Operaciones de tratamiento y transformación (corte, labra, pulido, etc.).
2. Técnicas preventivas específicas.
– Identificación de riesgos.
– Evaluación de riesgos del puesto.
– Equipos, útiles de trabajo y herramientas: riesgos y medidas preventivas.
– Mantenimiento y verificaciones, manual del fabricante, dispositivos de seguridad, etc. Pequeñas averías eléctricas y mecánicas.
– Manipulación manual de cargas.
– Medios de protección colectiva (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento).
– Equipos de protección individual (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento).
– Materiales y productos (etiquetado, fichas de datos de seguridad, frses h y P,...).
27) Trabajos de soldadura.
1. Definición de los trabajos.
– Concepto y tipos de soldadura. Fundamento y propiedades de cada uno de ellos.
– Radiaciones, humos y gases generados durante los procesos de soldadura.
– Equipos de soldadura. Descripción, características y manejo.
– Proceso de oxicorte.
2. Técnicas preventivas específicas.
– Identificación de riesgos según el proceso de soldadura.
– Aplicación del plan de seguridad y salud en la tarea concreta. Evaluación de riesgos en el caso de que no exista plan.
– Conocimiento del entorno del lugar de trabajo (presencia de productos combustibles o inflamables, ventilación de espacios confinados, medios de extinción de incendios, etc.). Planificación de las tareas desde un punto de vista preventivo.
– Medios auxiliares (andamios, plataformas, escaleras, …).
– Equipos de trabajo y herramientas. Útiles de los equipos de soldadura. Riesgos y medidas preventivas.
– Protecciones colectivas (colocación, usos y obligaciones y mantenimiento).
– Protecciones individuales (colocación, usos y obligaciones y mantenimiento).
– Materiales y productos (etiquetado, fichas de seguridad, frases H y P…).
28) Montador de escayola, placas de yeso laminado y asimilados.
1. Definición de los trabajos.
– Tipos y características de los materiales.
– Decoraciones (arcos, plafones, escocias, capiteles, cornisas, etc.).
– Tabiques y techos.
– Técnicas de ejecución de los trabajos. Sistemas de anclaje y sujeción.
2. Técnicas preventivas específicas.
– Identificación de riesgos.
– Aplicación del plan de seguridad y salud en la tarea concreta. Evaluación de riesgos en el caso de que no exista plan.
– Medios auxiliares (andamios, plataformas, escaleras, …).
– Equipos de trabajo y herramientas. Riesgos y medidas preventivas.
– Protecciones colectivas (colocación, usos y obligaciones y mantenimiento).
– Protecciones individuales (colocación, usos y obligaciones y mantenimiento).
– Materiales y productos (etiquetado, fichas de seguridad, frases H y P…).
29) Mantenimiento de maquinaria y vehículos.
1. Definición de los trabajos.
– Actividades de montaje, reparación y mantenimiento de maquinaria y vehículos en obras de construcción.
2. Técnicas preventivas específicas.
– Aplicación del plan de seguridad y salud en la tarea concreta. Evaluación de riesgos en el caso de que no exista plan.
– Riesgos específicos y medidas preventivas. Caídas de personas y de objetos desde altura. Riesgos eléctricos por trabajos con presencia de líneas eléctricas aéreas y enterradas. Manipulación manual de cargas, Exposición a posturas forzadas. Espacios confinados. Exposición a contaminantes físicos, etc.
– Métodos de enclavamiento, consignación, bloqueo de maquinaria.
– Medidas de seguridad frente a condiciones meteorológicas adversas.
– Protecciones colectivas (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento).
– Protecciones individuales (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento).
– Señalización específica.
– Autorización y uso de la maquinaria.
Apartado 3. Formación de nivel básico
I. Contenido formativo para el nivel básico de prevención en la construcción.
El contenido formativo para el nivel básico de prevención en la construcción, cuyo módulo tendrá una duración mínima de sesenta horas lectivas, se esquematiza de la siguiente forma:
A. Conceptos básicos sobre seguridad y salud.
– El trabajo y la salud. Los riesgos profesionales. Factores de riesgo.
– Daños derivados del trabajo. Los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. Otras patologías derivadas del trabajo.
– Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales. Deberes y obligaciones básicos en esta materia.
B. Riesgos generales y su prevención.
– Riesgos ligados a las condiciones de seguridad.
– Riesgos ligados al medio ambiente del trabajo.
– La carga del trabajo, la fatiga y la insatisfacción laboral.
– Sistemas elementales de control de riesgos. Medios de protección colectiva y equipos de protección individual.
– Planes de emergencia y evacuación.
– El control de la salud de los trabajadores.
C. Riesgos específicos y su prevención en el sector de la construcción.
– Diferentes fases de obra y sus protecciones correspondientes (redes, barandillas, andamios, plataformas de trabaja, escaleras, etc.).
– Implantación de obra. Locales higiénico sanitarios, instalaciones provisionales, etc.
D. Elementos básicos de gestión de la prevención de riesgos.
– Organismos públicos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo.
– Organización preventiva del trabajo: «rutinas» básicas.
– Documentación: recogida, elaboración y archivo.
– Representación de los trabajadores. Derechos y obligaciones (delegados de prevención, comité de seguridad y salud, trabajadores designados, etc.).
E. Primeros auxilios.
– Procedimientos generales.
– Plan de actuación.
ANEXO XIII
Convalidaciones
Convalidación de la formación en materia de prevención de riesgos laborales
Apartado 1. Formación recogida en el Reglamento de los Servicios de Prevención (modificado por Real Decreto 337/2010), y 1161/2001, así como formación indicada en la «Guía técnica» del Real Decreto 1627/1997, por el que se establecen «disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción»
a) La formación de nivel superior o máster universitario en PRL convalida la siguiente formación recogida en el presente convenio:
– Formación inicial.
– Personal directivo de empresa.
– Responsables de obra y técnicos de ejecución.
– Mandos intermedios.
– Delegados de prevención.
– Administrativos.
– Parte común de oficios.
La titulación obtenida a través de lo dispuesto en la disposición adicional primera del Real Decreto 337/2010, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, tiene la misma validez a los efectos de estas convalidaciones.
b) La formación de nivel intermedio o FP de Técnico Superior en Prevención de Riesgos Profesionales convalida la siguiente formación recogida en el presente convenio:
– Formación inicial.
– Personal directivo de empresa.
– Responsables de obra y técnicos de ejecución.
– Mandos intermedios.
– Delegados de prevención.
– Administrativos.
– Parte común de oficios.
La titulación oficial de «Técnico Superior en Prevención de Riesgos Profesionales» regulada por el Real Decreto 1161/2001, tiene la misma validez a los efectos de estas convalidaciones.
c) La formación de nivel básico en el sector de la construcción convalida la siguiente formación recogida en el presente convenio:
– Formación inicial.
– Responsables de obra y técnicos de ejecución.
– Mandos intermedios.
– Administrativos.
– Parte común de oficios.
La formación general de nivel básico está reglada en el Anexo IV del Real Decreto 39/1997. Para las empresas que realicen actividades encuadradas en el Anexo I del mencionado real decreto (las obras de construcción), dicha formación tiene una duración de 50 horas lectivas y sus contenidos deben incluir un módulo de cinco horas sobre riesgos específicos y su prevención en el sector de la construcción. A partir del 6 de septiembre de 2007, fecha en la que se subscribió el IV Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción, la formación de nivel básico en este sector pasó a tener una duración de 60 horas lectivas.
d) El curso de coordinador en materia de seguridad y de salud construcción convalida la siguiente formación recogida en el presente convenio:
– Formación inicial.
– Responsables de obra y técnicos de ejecución
– Mandos intermedios.
– Administrativos.
– Parte común de oficios.
Esta formación debe ser acorde con el programa indicado en la Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a las obras de construcción (Real Decreto 1627/1997), elaborada por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT).
Apartado 2. Formación recogida en los títulos de formación profesional y en los certificados de profesionalidad
La convalidación de la formación recogida en el presente convenio se recoge, con carácter general, en la tabla 1, y se detalla de forma concreta, para los siguientes casos:
– Títulos de formación profesional del sistema educativo correspondientes a la familia profesional de Edificación y Obra Civil (antiguos y actuales): tablas 2 y 3.
– Certificados de profesionalidad actuales (edificación y obra civil, y otras familias): tablas 4 y 5.
– Títulos de formación profesional del sistema educativo correspondientes a otras familias profesionales afines al sector de construcción (antiguos y actuales): tablas 6 y 7.
– Certificados de profesionalidad antiguos y especialidades formativas del Servicio Público de Empleo: tabla 8.
Tabla 1: Cuadro resumen de reconocimiento.
Familia profesional
Títulos/Certificados
Formación en materia de PRL reconocida
Familia de Edificación y Obra Civil.
▪ Nuevos títulos de FP de grado medio y superior.
▪ Nuevos CP nivel II.
▫ NBPC.
▫ PRL de 2.º ciclo correspondiente.
▪ Nuevos CP nivel III.
▫ NBPC, aquellos que contemplen la UC correspondiente.
▫ PRL de 2.º ciclo correspondiente.
▪ Formación profesional básica.
▪ PCPI.
▪ Nuevos CP de nivel I.
▫ PRL de 2.º ciclo correspondiente.
▪ Títulos de FP antiguos.
▫ NBPRL a estudiar en cada caso.
▫ PRL de 2.º ciclo correspondiente.
▪ CP antiguos.
▪ Especialidades INEM.
▫ No hay reconocimiento automático.
▫ A estudiar en cada caso.
▫ Posibilidad de firmar acuerdo con CC.AA.
Otras familias.
Afines a construcción.
▪ Nuevos títulos de FP.
▪ Nuevos CP.
▪ PCPI.
▫ PRL de 2.º ciclo correspondiente, si procede.
▪ Títulos de FP antiguos.
▪ CP antiguos.
▪ Especialidades INEM.
▫ No hay reconocimiento automático.
▫ A estudiar en cada caso.
▫ Posibilidad de firmar acuerdo con CC.AA.
Otras.
▪ Títulos FP.
▪ CP.
▪ Especialidades INEM.
▫ No se contemplan reconocimientos.
Tabla 2: Reconocimientos para los antiguos títulos de formación profesional (LOGSE y Anteriores) en el sistema educativo correspondientes a la familia profesional de edificación y obra civil.
Nivel
Título
2.º Ciclo
NBPC
Grado medio.
Técnico en Acabados de Construcción.
▫ Pintura.
▫ Solados y alicatados.
▫ Revestimiento de yeso.
Sí.
Grado medio.
Técnico en Obras de albañilería.
▫ Albañilería.
▫ Materiales de cubrición.
▫ Aislamiento e impermeabilización.
▫ Revestimiento de yeso.
▫ Redes de abastecimiento y pocería.
Sí.
Grado medio.
Técnico en Obras de hormigón.
▫ Encofrado.
▫ Ferrallado.
▫ Prefabricados de hormigón en obra.
▫ Redes de abastecimiento y pocería.
Sí.
FP Primer grado.
Hormigón.
▫ Encofrado.
▫ Ferrallado.
▫ Prefabricados de hormigón en obra.
–
Grado medio.
Técnico en Operación y mantenimiento de maquinaria de construcción.
▫ Maquinaria de movimiento de tierras.
▫ Aparatos elevadores.
▫ Demolición y rehabilitación.
▫ Cimentaciones especiales, sondeos y perforaciones.
▫ Estabilización de explanadas y extendido de firmes.
Sí.
Grado superior.
Técnico Superior en Desarrollo y Aplicación de Proyectos de Construcción.
▫ Responsable de obra y técnicos de ejecución.
–
FP Segundo grado.
Delineación, especialidad Edificios y Obras.
▫ Responsable de obra y técnicos de ejecución.
–
Grado superior.
Técnico Superior en Desarrollo de Proyectos Urbanísticos y Operaciones Topográficas.
▫ Responsable de obra y técnicos de ejecución.
–
Grado superior.
Técnico Superior en Realización y Planes de Obra.
▫ Responsable de obra y técnicos de ejecución.
Sí.
Tabla 3: Reconocimientos para los nuevos títulos de formación profesional (LOE) en el sistema educativo correspondientes a la familia profesional de edificación y obra civil.
Nivel
Título
2.º Ciclo
NBPC
FP Básica.
Profesional Básico en Reforma y mantenimiento de edificios.
▫ Albañilería.
▫ Revestimiento de yeso.
▫ Pintura.
▫ Materiales de cubrición.
–
Grado medio.
Técnico en Construcción.
▫ Albañilería.
▫ Redes de abastecimiento, saneamiento y pocería.
▫ Solados y alicatados.
▫ Materiales de cubrición.
▫ Aislamiento e impermeabilización.
Sí
Grado medio.
Técnico en Obras de interior, decoración y rehabilitación.
▫ Revestimiento de yeso.
▫ Pintura.
Sí
Grado superior.
Técnico Superior en Proyectos de edificación.
▫ Administrativos.
▫ Responsables de obra y técnicos de ejecución.
Sí
Grado superior.
Técnico Superior en Proyectos de obra civil.
▫ Administrativos.
▫ Responsables de obra y técnicos de ejecución.
Sí
Grado superior.
Técnico Superior en Organización y Control de Obras de Construcción.
▫ Mandos intermedios.
▫ Administrativos.
Sí
Tabla 4: Reconocimientos para los certificados de profesionalidad para la familia profesional de edificación y obra civil.
Nivel
Código
Certificado de profesionalidad
2.º Ciclo
NBPC
1
EOCH0108
Operaciones de hormigón.
▫ Encofrado.
▫ Ferrallado.
–
1
EOCB0208
Operaciones auxiliares de albañilería de fábricas y cubiertas.
▫ Albañilería.
▫ Materiales de cubrición.
–
1
EOCB0109
Operaciones auxiliares de revestimientos continuos en construcción.
▫ Revestimiento de yeso.
▫ Pintura.
–
1
EOCB0209
Operaciones auxiliares de acabados rígidos y urbanización.
▫ Albañilería.
▫ Solados y alicatados.
–
1
EOCJ0311
Operaciones básicas de revestimientos ligeros y técnicos en construcción.
▫ Revestimiento yeso.
–
2
EOCB0108
Fábricas de albañilería.
▫ Albañilería.
Sí.
2
EOCE0111
Armaduras pasivas para hormigón.
▫ Ferrallado.
Sí.
2
EOCB0111
Cubiertas inclinadas.
▫ Materiales de cubrición.
▫ Albañilería
▫ Aislamiento e impermeabilización.
Sí.
2
EOCE0211
Encofrados.
▫ Encofrado.
Sí.
2
EOCJ0111
Impermeabilización mediante membranas formadas con láminas.
▫ Aislamiento e impermeabilización.
Sí.
2
EOCJ0110
Instalación de placa de yeso laminado y falsos techos.
▫ Albañilería
Sí.
2
EOCJ0211
Instalación de sistemas técnicos de pavimentos, empanelados y mamparas.
–
Sí.
2
EOCJ0109
Montaje de andamios tubulares.
▫ Montaje de estructuras tubulares.
Sí.
2
EOCB0211
Pavimentos y albañilería de urbanización.
▫ Albañilería.
▫ Redes de abastecimiento, saneamiento y pocería.
▫ Solados y alicatados.
Sí.
2
EOCB0110
Pintura decorativa en construcción.
▫ Pintura.
Sí.
2
EOCB0311
Pintura industrial en construcción.
▫ Pintura.
Sí.
2
EOCB0210
Revestimientos con pastas y morteros en construcción.
▫ Revestimiento yeso.
Sí.
2
EOCB0310
Revestimientos con piezas rígidas por adherencia en construcción.
▫ Solados y alicatados
▫ Revestimiento yeso.
Sí.
3
EOCO0108
Representación de proyectos de edificación.
▫ Administrativos.
–
3
EOCO0208
Representación de proyectos de obra civil.
▫ Administrativos.
–
3
EOCO0109
Control de proyectos y obras de construcción.
▫ Administrativos.
–
3
EOCE0109
Levantamientos y replanteos.
▫ Responsables de obra y técnicos de ejecución.
–
3
EOCO0212
Control de ejecución de obras civiles.
▫ Mandos intermedios.
Sí.
3
EOCO0112
Control de ejecución de obras de edificación.
▫ Mandos intermedios.
Sí.
Tabla 5: Reconocimientos para los certificados de profesionalidad de otras familias profesionales.
Nivel
Código
Certificado de profesionalidad
2.º Ciclo
NBPC
Familia Administración y Gestión
3
ADGD0208
Gestión integrada de recursos humanos.
▫ Administrativos.
–
3
ADGD0210
Creación y gestión de microempresas.
▫ Administrativos.
–
Familia Electricidad y Electrónica
2
ELEE0109
Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión.
▫ Electricidad.
–
3
ELEE0110
Desarrollo de proyectos de instalaciones eléctricas en el entorno de edificios y con fines especiales.
▫ Electricidad.
–
3
ELEE0210
Desarrollo de proyectos de redes eléctricas de baja y alta tensión.
▫ Electricidad.
–
3
ELEE0310
Gestión y supervisión del montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas en el entorno de edificios.
▫ Electricidad.
–
3
ELEE0510
Gestión y supervisión del montaje y mantenimiento de redes eléctricas subterráneas de alta tensión de 2.ª y 3.ª categoría y centros de transformación de interior.
▫ Electricidad.
–
3
ELEE0610
Gestión y supervisión del montaje y mantenimiento de redes eléctricas de baja tensión y alumbrado exterior.
▫ Electricidad.
–
2
ELEM0111
Montaje y mantenimiento de sistemas domóticos e inmóticos.
▫ Electricidad.
–
3
ELEM0211
Gestión y supervisión del montaje y mantenimiento de sistemas domóticos e inmóticos
▫ Electricidad.
–
2
ELEM0311
Montaje y mantenimiento de sistemas de automatización industrial
▫ Electricidad.
–
1
ELEQ0111
Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de equipos eléctricos y electrónicos.
▫ Electricidad.
–
1
ELES0208
Operaciones auxiliares de montaje de instalaciones electrotécnicas y de telecomunicaciones en edificios.
▫ Electricidad
–
1
ELES0209
Montaje y mantenimiento de sistemas de telefonía e infraestructuras de redes locales de datos.
▫ Electricidad
–
3
ELES0210
Gestión y supervisión del montaje y mantenimiento de las infraestructuras de telecomunicaciones y de redes de voz y datos en el entorno de edificios.
▫ Electricidad
–
Familia Energía y Agua
3
ENAA0109
Organización y control del montaje y mantenimiento de redes e instalaciones de agua y saneamiento.
▫ Fontanería.
–
1
ENAE0111
Operaciones básicas en el montaje y mantenimiento de instalaciones de energías renovables.
▫ Electricidad
–
2
ENAT0108
Montaje y mantenimiento de redes de agua.
▫ Fontanería
–
Familia Industrias Extractivas
2
IEXD0108
Elaboración de piedra natural.
▫ Taller de materiales: piedras industriales, tratamiento o transformación de materiales, canteros y similares.
–
3
IEXD0109
Diseño y coordinación de procesos en piedra natural.
▫ Ejecución de túneles y sostenimiento de excavaciones subterráneas y de los taludes.
–
2
IEXD0208
Extracción de la piedra natural
▫ Taller de materiales: piedras industriales, tratamiento o transformación de materiales, canteros y similares.
–
2
IEXD0209
Obras de artesanía y restauración en piedra natural.
▫ Cantería.
–
3
IEXD0309
Desarrollo y supervisión de obras de restauración en piedra natural.
▫ Ejecución de túneles y sostenimiento de excavaciones subterráneas y de los taludes.
–
2
IEXD0409
Colocación de piedra natural.
▫ Taller de materiales: piedras industriales, tratamiento o transformación de materiales, canteros y similares.
Sí.
1
IEXM0109
Operaciones auxiliares en excavaciones subterráneas y al cielo abierto.
▫ Taller de materiales: piedras industriales, tratamiento o transformación de materiales, canteros y similares.
Sí.
Familia Instalación y Mantenimiento
1
IMAI0108
Operaciones de fontanería y calefacción-climatización doméstica.
▫ Fontanería.
–
2
IMAI0110
Instalación y mantenimiento de sistemas de aislamiento térmico, acústico y protección pasiva contra el fuego.
▫ Aislamiento e impermeabilización.
–
3
IMAI0210
Gestión y supervisión del montaje y el mantenimiento de sistemas de aislamiento térmico, acústico y contra el fuego.
▫ Aislamiento e impermeabilización.
–
3
IMAR0209
Desarrollo de proyectos de instalaciones frigoríficas.
▫ Administrativos.
–
Tabla 6: Reconocimientos para los títulos antiguos (LOGSE y anteriores) de formación profesional en el sistema educativo correspondientes a otras familias profesionales
Nivel
Título
2.º Ciclo
NBPC
Familia Mantenimiento y Servicios a la Producción.
Grado superior.
Técnico Superior en Montaje y Mantenimiento de Instalaciones de Edificio y Proceso.
▫ Fontanería.
–
Grado medio.
Técnico en Montaje y Mantenimiento de Instalaciones de Frío, Climatización y Producción de Calor.
▫ Electricidad.
–
Familia Electricidad y Electrónica.
Grado superior.
Técnico Superior en Sistemas de telecomunicación e informáticos.
▫ Electricidad.
–
Grado superior.
Técnico Superior en Instalaciones Electrotécnicas.
▫ Electricidad.
–
Grado medio.
Técnico en Equipos e Instalaciones Electrotécnicas.
▫ Electricidad.
–
Técnico especialista.
Técnico Especialista en Instalaciones y líneas eléctricas (Electricidad y electrónica).
▫ Electricidad.
–
Técnico auxiliar.
Técnico auxiliar en Instalador-mantenedor eléctrico (Electricidad y electrónica).
▫ Electricidad.
–
Técnico auxiliar.
Técnico auxiliar en Electricidad (Electricidad y electrónica).
▫ Electricidad.
–
Maestría industrial.
Maestro industrial especialidad de Electricidad y Electrónica.
▫ Electricidad.
–
Tabla 7: Reconocimientos para los nuevos títulos (lOE) de formación profesional en el sistema educativo correspondientes a otras familias profesionales.
Nivel
Título
2.º Ciclo
NBPC
Familia Energía y Agua
Grado superior.
Técnico Superior en Energías Renovables.
▫ Electricidad.
–
Grado superior.
Técnico Superior en Eficiencia energética y energía solar térmica.
▫ Administrativos.
–
Familia Electricidad y Electrónica
Grado superior.
Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados.
▫ Electricidad.
–
Grado superior.
Técnico Superior en Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos.
▫ Electricidad.
–
Grado medio.
Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones.
▫ Electricidad.
–
Grado medio.
Técnico en Mantenimiento electromecánico.
▫ Electricidad.
–
Grado medio.
Técnico en Instalaciones eléctricas y automáticas.
▫ Electricidad.
–
FP Básica.
Profesional Básico en Fabricación de elementos mecánicos.
▫ Electricidad.
–
FP Básica.
Profesional Básico en Instalaciones electrotécnicas y mecánicas.
▫ Electricidad.
–
FP Básica.
Profesional Básico en Electricidad y electrónica.
▫ Electricidad.
–
Familia Instalación y Mantenimiento
Grado superior.
Técnico Superior en Desarrollo de proyectos de instalaciones térmicas y de fluidos.
▫ Administrativos.
–
Grado superior.
Técnico Superior en Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos.
▫ Electricidad.
▫ Fontanería.
–
Grado medio.
Técnico en Instalaciones de producción de calor.
▫ Electricidad.
–
Grado medio.
Técnico en Instalaciones frigoríficas y de climatización.
▫ Electricidad.
–
FP Básica.
Profesional Básico en Mantenimiento de viviendas.
▫ Fontanería.
▫ Electricidad.
–
FP Básica.
Profesional Básico en Fabricación y montaje.
▫ Fontanería.
–
Familia Industrias Extractivas
Grado medio.
Técnico en Excavaciones y sondeos.
▫ Maquinaria de movimiento de tierras.
▫ Cimentaciones especiales, sondeos y perforaciones.
▫ Túneles y sostenimiento de las excavaciones subterráneas y de los taludes.
Sí.
Tabla 8: Reconocimientos para los antiguos certificados de profesionalidad y las especialidades del servicio público de empleo.
Código
Certificado de profesionalidad
2.º Ciclo
NBPC
Familia Edificación y Mantenimiento
EOCA10
Pintor.
▫ Pintura.
–
EOCA70
Solador-alicatador.
▫ Solados y alicatados.
–
EOCX02
Mantenedor reparador de edificios.
▫ Albañilería.
▫ Electricidad.
▫ Fontanería.
–
Familia Mantenimiento y Reparación
IMAN20
Electromecánico de mantenimiento
–
–
ELEC10
Electricista de edificios
▫ Electricidad.
–
ELER10
Electricista de mantenimiento
▫ Electricidad.
–
Familia Industrias de Fabricación de Equipos Electromecánicos.
ELEA10
Electricista industrial
▫ Electricidad.
–
Apartado 3. Formación recogida en el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera
La convalidación de la formación recogida en la ITC 02.1.02, siempre que haya sido impartida por la Fundación Laboral de la Construcción o por una entidad con la formación homologada por la misma, se recoge en la tabla siguiente:
Convalidación de la formación
Formación recogida en la ITC 02.1.02. (Orden ITC/1316/2008 y en la Orden ITC/2699/2011)
Convalidación respecto a la formación en materia de prevención de riesgos laborales especificada en el VI CGSC
Denominación
Grupo
Publicado
Denominación
Operadores de Maquinaria de Transporte.
5.2 Actividades de exterior.
Resoluciones 09/06/08 y 16/10/14 (E.T. 2001.1.08).
Operadores de vehículos y maquinaria de movimiento de tierras.
Operadores de Maquinaria de Arranque / Carga / Viales.
Operadores de vehículos y maquinaria de movimiento de tierras.
Operadores de Trituración / Clasificación.
5.4 Establecimientos de beneficio.
Resolución 18/11/10 (E.T. 2004.1.10).
Operario de instalaciones temporales de obra y auxiliares: plantas de aglomerado, de hormigón, de machaqueo y clasificación de áridos.
Operadores de Molienda.
Operario de instalaciones temporales de obra y auxiliares: plantas de aglomerado, de hormigón, de machaqueo y clasificación de áridos.
Operadores de Estrío.
Operario de instalaciones temporales de obra y auxiliares: plantas de aglomerado, de hormigón, de machaqueo y clasificación de áridos.
Operadores de Separación y Concentración.
Operario de instalaciones temporales de obra y auxiliares: plantas de aglomerado, de hormigón, de machaqueo y clasificación de áridos.
Operadores de Hornos.
Operario de instalaciones temporales de obra y auxiliares: plantas de aglomerado, de hormigón, de machaqueo y clasificación de áridos.
Operadores de Mezclas.
Operario de instalaciones temporales de obra y auxiliares: plantas de aglomerado, de hormigón, de machaqueo y clasificación de áridos.
Operadores de Plantas para Materiales para la Construcción.
Operario de instalaciones temporales de obra y auxiliares: plantas de aglomerado, de hormigón, de machaqueo y clasificación de áridos.
Perforación / Corte / Voladura.
5.2 Actividades de exterior.
Resolución 18/11/10 (E.T. 2003.1.10).
Ejecución de túneles y sostenimiento de las excavaciones subterráneas y de los taludes.
Perforación / Voladura.
5.3 Actividades de interior.
Resolución 07/10/08 (E.T. 2002.1.08).
Ejecución de túneles y sostenimiento de las excavaciones subterráneas y de los taludes.
Operadores de Sondeos de agua y / o de Investigación.
5.2 Actividades de exterior.
Resolución 18/11/10 (E.T. 2003.1.10).
Cimentaciones especiales, sondeos y perforaciones.
Operadores de Plantas de Rocas Ornamentales
5.4 Establecimientos de beneficio.
Resolución 18/11/10 (E.T. 2004.1.10).
Operario de taller de materiales: piedras industriales, tratamiento o transformación de materiales, canteros y similares.
Apartado 4. Formación recogida en el Convenio Estatal del Sector del Metal
La convalidación de la formación recibida por los trabajadores del Convenio Estatal del Sector del Metal, siempre que haya sido impartida por la Fundación Laboral de la Construcción o por una entidad con la formación homologada por la FMF o la FLC, de acuerdo con los requisitos establecidos en sus respectivos convenios, se recoge en la tabla siguiente:
Convalidación de la formación
Formación preventiva recogida en el Anexo IV del Convenio Estatal del Sector del Metal
Convalidación respecto a la formación en materia de prevención de riesgos laborales especificada en el VI CGSC
Primer ciclo de formación: Nivel inicial.
Formación inicial.
Directivos de las empresas.
Personal directivo de empresa.
Responsables y los técnicos de ejecución de la actividad.
Responsables de obra y técnicos de ejecución
Mandos intermedios.
Mandos intermedios.
Administrativos.
Administrativos.
Ferrallado.
Ferrallado.
Electricidad, relativo a los trabajos de montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de alta y baja tensión.
Electricidad, montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de alta y baja tensión.
Fontanería e instalaciones de climatización.
Fontanería e instalaciones de climatización
Operadores de aparatos elevadores.
Operadores de aparatos elevadores.
Operadores de equipos manuales.
Operadores de equipos manuales.
Aislamiento e impermeabilización.
Aislamiento e impermeabilización.
Montaje de estructuras tubulares.
Montaje de estructuras tubulares.
Construcción y mantenimiento de vías férreas.
Construcción y mantenimiento de vías férreas.
Nivel básico de prevención de las actividades del metal en la construcción.
Nivel básico de prevención en la construcción.
Apartado 5. Formación recogida en el Convenio Colectivo Estatal del Sector de la Madera
La convalidación de la formación recibida por los trabajadores del Convenio Estatal del Sector de la Madera, siempre que haya sido impartida por la Fundación Laboral de la Construcción o por una entidad con la formación homologada por la misma, se recoge en la tabla siguiente:
Contenidos formativos Acuerdo FLMM
Contenidos formativos Convenio General del Sector de la Construcción
Formación inicial (8 horas).
Aula Permanente o nivel inicial (8 horas).
Formación de nivel básico (50 horas. RD 39/1997).
Formación de nivel básico (60 horas. Desde septiembre de 2007).
Directivos (10 horas).
Directivos de las empresas (10 horas).
Responsables y técnicos de ejecución de la actividad (20 horas).
Responsables de obra y técnicos de ejecución (20 horas).
Mandos intermedios (20 horas).
Mandos intermedios (20 horas).
ANEXO XIV
Procedimiento para la homologación de actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales, de acuerdo con lo establecido en el vigente Convenio General del Sector de la Construcción
I. Objetivo.
El presente procedimiento está dirigido a aquellas entidades que proyecten homologar la formación que imparten en materia de prevención de riesgos laborales, de acuerdo con lo dispuesto en los Capítulos III y IV, Título III, del Libro II del vigente Convenio General del Sector de la Construcción así como en los acuerdos suscritos por la Fundación Laboral de la Construcción en otros ámbitos, a los efectos de su reconocimiento en la Tarjeta Profesional de la Construcción.
II. Requisitos.
1. Las entidades deberán tener a su disposición las aulas y la equipación necesaria para impartir la formación. Las instalaciones habrán de cumplir con las condiciones higiénicas, acústicas, de habitabilidad y de seguridad exigidas por la legislación aplicable a los centros de formación. La dotación de los servicios higiénico-sanitarios será acorde con la capacidad del centro.
Los centros de formación podrán ser fijos o itinerantes (aulas móviles, locales situados en la propia obra, etc.).
2. Para el desarrollo de las actividades formativas, las entidades tendrán que contar con los recursos humanos, materiales y didácticos que permitan llevar a cabo la actividad formativa, en función del ámbito geográfico de actuación y del número de alumnos que proyecten formar, según las necesidades concretas.
El personal docente dispondrá de una formación acreditada correspondiente a los niveles intermedio o superior según lo establecido en el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.
Además, el citado personal será conocedor de las técnicas preventivas específicas aplicables al sector de la construcción y contará con una experiencia acreditada en este ámbito.
3. Las entidades que proyecten ser homologadas tendrán que aplicar los contenidos didácticos que se recogen, tanto en el Capítulo III, Título III, del Libro II del Convenio General del Sector de la Construcción denominados: primer ciclo de formación: formación inicial; segundo ciclo de formación: contenidos formativos en función del puesto de trabajo o por oficio; formación para trabajadores multifunciones o polivalentes; y nivel básico de prevención en la construcción, como aquellas otras recogidas en los acuerdos suscritos por la Fundación Laboral de la Construcción en otros ámbitos, a los efectos de su reconocimiento en la Tarjeta Profesional de la Construcción.
4. Como modalidad para la impartición se determina lo siguiente:
a) Primer ciclo de formación: la formación inicial se realizará en la modalidad presencial.
b) Segundo ciclo de formación: los contenidos formativos en función del puesto de trabajo o por oficio se practicarán en la modalidad presencial.
El contenido formativo para directivos tendrá una duración de diez horas, y se podrá desarrollar en la modalidad presencial o en la modalidad mixta presencia- teleformación, en cuyo caso la parte presencial tendrá una duración, como mínimo, de dos horas y media. Igualmente, y con carácter excepcional, esta acción formativa se podrá impartir en la modalidad de teleformación.
El contenido formativo para administrativos tendrá una duración de veinte horas, y se podrá desarrollar en la modalidad presencial o en la modalidad mixta presencia-teleformación, en cuyo caso la parte presencial tendrá una duración, como mínimo, de cinco horas.
c) La formación para trabajadores multifunciones o polivalentes se desarrollará en la modalidad presencial.
d) El contenido formativo para nivel básico de prevención en la construcción tendrá una duración de sesenta horas, y se podrá desarrollar en la modalidad presencial o en la modalidad mixta presencia-teleformación, en cuyo caso la parte presencial tendrá una duración, como mínimo, de veinte horas.
e) La prevista para cada acción formativa en aquellos otros ámbitos en los que se hayan suscrito acuerdos con la Fundación Laboral de la Construcción, a los efectos de su reconocimiento en la Tarjeta Profesional de la Construcción.
5. Las entidades tendrán que adoptar las condiciones que se establezcan por parte de la Fundación Laboral de la Construcción en lo que respecta al número máximo de alumnos por grupo y a la realización de las pruebas de evaluación.
6. Las entidades deberán estar constituidas como servicios de prevención ajeno acreditado por la autoridad laboral o, cuando se trate de empresas encuadradas en el ámbito de aplicación del Convenio General del Sector de la Construcción, disponer de una organización preventiva propia.
Las entidades que estén instituidas como servicios de prevención ajeno, tendrán que aportar certificación actualizada de la acreditación como tal servicio de prevención expedida por la autoridad laboral. El ámbito territorial de la homologación que, en su caso se apruebe, coincidirá con el de la acreditación de la autoridad laboral.
Las empresas enmarcadas en el ámbito de aplicación del convenio que cuenten con una organización preventiva propia, deberán aportar una certificación del acta de constitución de dicha organización preventiva, suscrita por representante legal de la propia empresa, así como una certificación en la que se refleje el cumplimiento de las obligaciones de auditoría legalmente exigidas, suscrita por el correspondiente auditor acreditado.
7. Satisfacer las tasas que, en relación con la tramitación del presente procedimiento de homologación, establezca el Patronato de la Fundación Laboral de Construcción.
III. Solicitudes.
1. Las entidades que, reuniendo los requisitos que se determinan en el apartado II, deseen obtener la homologación de las actividades formativas que impartan a los efectos de su reconocimiento en la Tarjeta Profesional de la Construcción, deberán dirigir su solicitud al Consejo Territorial de la Fundación Laboral de la Construcción correspondiente al lugar en el que radique su domicilio social. Dicha solicitud ha de estar subscrita por el titular de la entidad o por el representante legal de la misma, debidamente acreditado.
2. El cumplimiento de las exigencias que se indican en el apartado II se acreditará mediante la presentación de una memoria explicativa de las actividades formativas que se tiene previsto desarrollar, en la que deberán constar los siguientes datos:
a) Identificación de la entidad.
b) Plan de actuación.
c) Ámbito territorial de actuación.
d) Relación de las actividades formativas de las previstas en el Capítulo III, Título III, del Libro II del vigente Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción para las que solicita la homologación y en aquellos otros ámbitos en los que se hayan suscrito acuerdos con la Fundación Laboral de la Construcción, a los efectos de su reconocimiento en la Tarjeta Profesional de la Construcción.
e) Dotación de personal y grado de dedicación para el desarrollo de las actividades formativas, acreditando su cualificación y experiencia profesional así como su formación en materia de prevención de riesgos laborales, tanto general como relacionada con el sector de la construcción.
A fin de certificar debidamente los requisitos que se determinan en el punto 2 del apartado II, se aportarán los currícula profesionales y los certificados emitidos, en su caso, por las empresas, así como las fotocopias autenticadas de los títulos y diplomas correspondientes del citado personal docente.
f) Ubicación y detalle de las características de los centros, tanto de carácter fijo como, en su caso, itinerante.
g) Descripción de los medios materiales, didácticos e instrumentales que se van a dedicar a esta actividad.
IV. Tramitación
1. Los correspondientes Consejos Territoriales de la Fundación Laboral de la Construcción examinarán las solicitudes y comprobarán que la documentación aportada es correcta y suficiente.
2. En cualquier momento del proceso de homologación, la Fundación Laboral de la Construcción podrá requerir a la entidad solicitante la presentación de documentación adicional y la subsanación de las deficiencias observadas. Este requerimiento interrumpirá el plazo previsto en el punto 4 de este apartado IV. Transcurridos quince días naturales desde dicho requerimiento sin que el mismo hubiera sido debidamente atendido, podrá archivarse el expediente, entendiéndose la solicitud denegada.
3. Realizados los trámites de instrucción anteriores, personal perteneciente a la Fundación Laboral de la Construcción comprobará el cumplimiento de los requisitos establecidos en este procedimiento de homologación. El gerente territorial elevará un informe a su respectivo Consejo Territorial para que este formule la correspondiente propuesta de resolución.
4. La Fundación Laboral de la Construcción, en un plazo máximo de tres meses desde la presentación de la solicitud, cumplirá el trámite de audiencia comunicándole a la entidad solicitante, en su caso, las carencias o deficiencias encontradas para que esta, en el plazo máximo de quince días naturales, alegue y presente los documentos y justificaciones que estime pertinentes. Si antes del vencimiento del citado plazo los interesados manifiestan su decisión de no efectuar alegaciones ni aportar nuevos documentos o justificaciones, el trámite se dará por realizado y se procederá al archivo de la solicitud.
5. Concluida esta fase, el expediente, junto con la propuesta de resolución del Consejo Territorial, se remitirá a la Comisión Ejecutiva de la Fundación Laboral de la Construcción, con el fin de que esta, previo informe del Director General, proceda a la resolución del citado expediente.
V. Resolución.
Evaluada la documentación aportada, la Comisión Ejecutiva de la Fundación Laboral de la Construcción resolverá la solicitud en un plazo máximo de dos meses, aprobando o denegando la homologación.
VI. Registro.
La Fundación Laboral de la Construcción inscribirá, en el registro creado al efecto, a las entidades que hayan sido homologadas para llevar a cabo, tanto alguna de las actividades formativas previstas en el Capítulo III, Título III, del Libro II del vigente Convenio General del Sector de la Construcción así como aquellas otras recogidas en los acuerdos suscritos por la Fundación Laboral de la Construcción, a los efectos de su reconocimiento en la Tarjeta Profesional de la Construcción.
En dicho registro constará: los datos de la entidad; el ámbito de actuación; y el título o títulos de las actividades formativas para las que se dispone de la mencionada homologación.
VII. Obligaciones de carácter general de las entidades homologadas.
Las entidades que obtengan la homologación de la formación que impartan en materia de prevención de riesgos laborales prevista en el Convenio General del Sector de la Construcción y en aquellos otros ámbitos en los que se hayan suscrito acuerdos con la Fundación Laboral de la Construcción a los efectos de su reconocimiento para la obtención de la Tarjeta Profesional de la Construcción, tendrán las siguientes obligaciones:
1. Someterse a las actuaciones de control y supervisión que pueda efectuar el personal de la Fundación Laboral de la Construcción y facilitar cuanta información se les solicite.
2. Realizar la formación con los medios y en las condiciones que dieron lugar a la homologación.
3. Comunicar al Consejo Territorial de la Fundación Laboral de la Construcción del lugar en el que radique su domicilio social cualquier modificación que se pueda producir respecto a las condiciones de homologación.
4. Comunicar a la Fundación Laboral de la Construcción, a través de la «Aplicación para la comunicación de acciones formativas» habilitada al efecto, las acciones formativas que tengan previsto impartir.
5. En el caso de que se produzcan cambios, sustituciones o bajas en el personal docente incluido en la memoria del proyecto presentado para la homologación, la entidad deberá comunicar dicha circunstancia a la Fundación Laboral de la Construcción en un plazo máximo de siete (7) días naturales desde que se conozca cualquiera de las posibles modificaciones citadas y, en todo caso cuando así proceda, antes de que se lleve a cabo la actividad formativa afectada.
Esta comunicación deberá incluir, tanto la propuesta de la persona o personas que vayan a asumir la actividad docente como la acreditación de que estas cumplen con los requisitos señalados en el punto 2 del apartado II, -según lo previsto en el punto 2 e) del apartado III.
6. Permitir que personas debidamente autorizadas por la Fundación Laboral de la Construcción lleven a cabo la supervisión de las instalaciones en las que se desarrolle la actividad docente así como de las acciones formativas que en ellas se impartan, y cooperar con la Fundación para una correcta realización de las actividades de supervisión.
7. Cumplir en todo momento con los requisitos legales y administrativos necesarios para desarrollar la actividad para la que está homologada.
8. Estar al corriente de pago de las tasas establecidas por la Fundación Laboral de la Construcción.
9. Cumplir con lo dispuesto en el «Reglamento de condiciones para el mantenimiento de la homologación de actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales», establecido en el anexo XV del presente Convenio y en su Guía de aplicación, de acuerdo con lo establecido en el Convenio General del Sector de la Construcción.
VIII. Revocación de la condición de entidad homologada.
La Fundación Laboral de la Construcción podrá verificar en cualquier momento el cumplimiento de las condiciones establecidas para el desarrollo de las actividades formativas.
La Comisión Ejecutiva de la Fundación Laboral de la Construcción, mediante resolución motivada y después del trámite de audiencia al titular de la entidad homologada, podrá revocar tal homologación cuando se incumpla cualquiera de las condiciones establecidas para la concesión de la misma.
ANEXO XV
Reglamento de condiciones para el mantenimiento de la homologación de actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales de acuerdo con lo establecido en el Convenio General del Sector de la Construcción
Artículo 1. Obligaciones derivadas de la homologación.
Toda entidad que haya obtenido la homologación de actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales de acuerdo con lo dispuesto en el vigente Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción, a los efectos de su reconocimiento para la obtención de la Tarjeta Profesional de la Construcción, deberá cumplir con las condiciones y aplicar los medios que han dado lugar a la homologación. En concreto, son obligaciones de la entidad:
1. Comunicar al Consejo Territorial de la Fundación Laboral de la Construcción del lugar en el que radique su domicilio social, cualquier modificación que se pueda producir respecto a las condiciones de homologación.
2. Comunicar, a través de la «Aplicación para la comunicación de acciones formativas homologadas», disponible en la página web www.trabajoenconstruccion.com, la siguiente información:
a) Todas las actividades formativas que tiene previsto impartir y que estén identificadas de forma expresa en el vigente Convenio General del Sector de la Construcción, y aquellas otras recogidas en los acuerdos suscritos por la Fundación Laboral de la Construcción, a los efectos de expedir la Tarjeta Profesional de la Construcción.
En la comunicación deberán constar los siguientes datos, de cada uno de los cursos: título; fecha de inicio; fecha de finalización; horario; listado detallado de alumnos con indicación de su nombre y apellidos y número de documento nacional de identidad (DNI) o número de identidad de extranjero (NIE) y razón social de la empresa en la que presten sus servicios; lugar de impartición; localidad; provincia; código postal; persona y teléfono de contacto; fecha de realización de las tutorías, en su caso; nombre y apellidos del docente o docentes.
Dicha comunicación se efectuará en un plazo máximo de siete (7) días naturales antes de la fecha de inicio prevista para la actividad formativa correspondiente. Superado dicho plazo, la entidad deberá justificar a la Fundación los motivos por los que no le ha sido posible llevar a efecto dicha comunicación en el citado plazo.
La Fundación podrá denegar la validez del curso, a efectos de la expedición de la Tarjeta Profesional de la Construcción, en aquellos casos en los que no se justifique el retraso en la comunicación o esta sea claramente insuficiente, y se venga advirtiendo por la Fundación un reiterado abandono de la entidad en el cumplimiento de estas obligaciones.
A los efectos de un correcto tratamiento de los datos personales de los alumnos, en los formularios de alta que suscriban los mismos deberá incorporarse el texto que figura como Anexo del presente Reglamento.
b) En el caso de que una actividad formativa no pudiera ser finalmente llevada a cabo, la entidad deberá comunicar su cancelación, a través de la «Aplicación para la comunicación de actividades formativas homologadas» o por cualquier otro medio válido en Derecho, en un plazo máximo de 24 horas antes del inicio de la misma.
c) Cuando por circunstancias ajenas a la entidad, la actividad formativa no pudiera impartirse en el día y la hora comunicadas a la Fundación, dicha entidad deberá informar a esta, a través de la «Aplicación para la comunicación de acciones formativas homologadas» o por cualquier otro medio válido en Derecho, la cancelación de la acción formativa de la que se trate, en un plazo máximo de dos horas desde el inicio previsto en dicha comunicación.
d) Una vez iniciada una determinada actividad formativa, la entidad deberá comunicar, a través de la «Aplicación para la comunicación de acciones formativas homologadas» los alumnos realmente asistentes a la misma (nombre, apellidos, DNI o NIE, así como la razón social de la empresa en la que presten sus servicios), pudiendo llevar a cabo tal comunicación hasta un plazo máximo de dos horas desde su inicio.
e) Al objeto de acreditar la exactitud de la información previa remitida, una vez que las actividades formativas hayan tenido lugar, la entidad deberá transmitir, a través de la «Aplicación para la comunicación de actividades formativas homologadas» la siguiente información sobre cada curso: título; fechas de inicio y finalización; listado detallado de alumnos que asistieron (nombre y apellidos, DNI o NIE, la razón social de la empresa en la que presten sus servicios) y que hayan superado los requisitos mínimos para obtener el correspondiente diploma o certificado acreditativo, no debiendo figurar, en ningún caso, aquellos que no hubiesen sido previamente comunicados conforme al plazo dispuesto en el artículo 1.2 d); lugar de impartición; localidad; provincia; código postal.
Dicha comunicación se efectuará en un plazo máximo de diez (10) días desde que finalizó la última sesión formativa del curso.
3. La entidad o empresa que haya obtenido la homologación de la formación preventiva sobre la base de tener constituida una organización preventiva propia, no podrá incluir en las acciones formativas comunicadas a la Fundación alumnos que no sean trabajadores de la propia empresa, o de las empresas adheridas cuando se trate de servicios de prevención mancomunados.
4. La entidad únicamente podrá utilizar los distintivos concernientes a su homologación en aquellas actividades autorizadas conforme a las condiciones por las que se le otorgó dicha homologación.
5. La entidad deberá impartir las actividades formativas que estén identificadas de forma expresa en el vigente Convenio General del Sector de la Construcción y aquellas otras recogidas en los acuerdos suscritos por la Fundación Laboral de la Construcción, a los efectos de expedir la Tarjeta Profesional de la Construcción, conforme a la duración y según la modalidad prevista en el mismo.
6. La entidad o empresa deberá estar al corriente de pago de las tasas establecidas por la Fundación Laboral de la Construcción.
7. Si la entidad tuviera dificultades para utilizar la «Aplicación para la comunicación de actividades formativas homologadas», cumplirá con los plazos previstos en el presente Reglamento si, dentro de los mismos, remite la información requerida a la dirección de correo electrónico que a tal efecto se ha dispuesto en los distintos Consejos Territoriales de la Fundación Laboral de la Construcción y cuya relación se especifica en la Guía de aplicación del presente Reglamento.
No obstante, subsistirá en este caso la obligación de remitir dicha información a través de la «Aplicación para la comunicación de actividades formativas homologadas». La entidad que haya remitido a tiempo la información mediante correo electrónico dispondrá para ello de dos (2) días naturales adicionales a los plazos ordinarios que se recogen en el presente Reglamento.
8. Actualizar la información contenida en la «Aplicación para la comunicación de acciones formativas homologadas» siempre que fuese necesario, de manera que los datos relativos a la identificación de la entidad con la formación preventiva homologada, las actividades formativas que imparte, los centros en los que se realiza la actividad formativa y los docentes de los que dispone, se correspondan con la realidad.
9. Al objeto de acreditar la exactitud de la información previa remitida a la Fundación Laboral de la Construcción, las entidades con la formación preventiva homologada deberán guardar un registro de asistencia de los alumnos a las actividades formativas impartidas, que será puesto a disposición de la Fundación Laboral de la Construcción cuando esta lo requiera. Dicho registro recogerá: nombre y apellidos del alumno; documento nacional de identidad (DNI) o número de identidad de extranjero (NIE); firma del mismo; hojas de asistencia (que los alumnos deberán firmar cada sesión), entendiendo como tal cada jornada de mañana y tarde durante la cual tenga lugar la actividad formativa en cuestión.
El registro deberá conservarse en los archivos de la entidad con la formación preventiva homologada hasta transcurrido cuatro (4) años desde que se impartió la actividad formativa.
10. En el caso de que se produzcan cambios, sustituciones o bajas en el personal docente incluido en la memoria del proyecto presentado para la homologación, la entidad deberá comunicar dicha circunstancia a la Fundación Laboral de la Construcción en un plazo máximo de siete (7) días naturales desde que se conozca cualquiera de las posibles modificaciones citadas y, en todo caso cuando así proceda, antes de que se lleve a cabo la actividad formativa afectada.
Esta comunicación deberá incluir, tanto la propuesta de la persona o personas que vayan a asumir la actividad docente como la acreditación de que estas cumplen con los requisitos exigidos para llevarla a cabo.
11. Mantener en correcto estado de funcionamiento y disponibilidad todos los medios que determinaron la concesión de la homologación.
12. Permitir que personas debidamente autorizadas por la Fundación Laboral de la Construcción lleven a cabo la supervisión de las instalaciones en las que se desarrolle la actividad docente así como de las acciones formativas que en ellas se impartan, y cooperar con la Fundación para una correcta realización de las actividades de supervisión.
13. Cumplir en todo momento con los requisitos legales y administrativos necesarios para desarrollar la actividad para la que está homologada.
14. Al objeto de que la Fundación Laboral de la Construcción pueda gestionar adecuadamente los diplomas o certificados expedidos por la entidad, estos deberán contener, al menos, los siguientes datos:
– Nombre y apellidos del alumno.
– Número de documento nacional de identidad (DNI) o número de identidad de extranjero (NIE).
– Documento en el que se acredite que la acción formativa se ha realizado con «aprovechamiento».
– Denominación de la acción formativa conforme a lo establecido en el Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción vigente.
– Duración.
– Modalidad.
– Fechas inicial y final.
– Fecha de expedición.
– Localidad de impartición.
– Firma del responsable de la entidad.
– Número de registro de entidad asignado por la Fundación Laboral de la Construcción.
– Código del curso asignado por la «Aplicación para la comunicación de acciones formativas homologadas».
– Contenido del curso al dorso conforme a lo especificado en el vigente Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción y en aquellos otros ámbitos en los que se hayan suscrito acuerdos con la Fundación Laboral de la Construcción, a los efectos de expedir la Tarjeta Profesional de la Construcción.
15. La entidad con la formación preventiva homologada podrá exhibir la resolución de otorgamiento de la homologación en lugar visible del establecimiento en el que se lleven a cabo las actividades docentes. La citada resolución no podrá ser exhibida una vez le haya sido retirada la homologación por la Fundación Laboral de la Construcción.
16. Atender a las comunicaciones y notificaciones que la Fundación Laboral de la Construcción transmita a través de la denominada «Zona Privada» de que cada entidad dispone en la «Aplicación para la comunicación de actividades formativas homologadas», dándoles respuesta, en su caso, en los plazos establecidos en el presente Reglamento, o en defecto de plazo específico, a la mayor brevedad posible.
17. Designar un correo electrónico al efecto de las comunicaciones y notificaciones con la Fundación Laboral de la Construcción, manteniéndolo actualizado y comunicando cualquier modificación del mismo a la Fundación en el plazo de 24 horas a contar desde la citada modificación.
Artículo 2. Infracciones.
1. Serán infracciones a este Reglamento las acciones u omisiones que contravengan lo que en él se dispone y las que expresamente se recogen en el presente artículo. Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves y llevan aparejadas las sanciones de apercibimiento, suspensión y retirada de la homologación, respectivamente.
2. Son infracciones leves:
a) No tener actualizadas las comunicaciones en la «Aplicación para la comunicación de acciones formativas homologadas», siempre y cuando la omisión o el defecto puedan subsanarse, por disponerse de toda la documentación que acredite la existencia y el contenido de los cursos, incluido el registro de asistencia.
b) No informar, a través de la «Aplicación para la comunicación de acciones formativas homologadas», de las actividades formativas efectivamente realizadas dentro del plazo de diez (10) días naturales y en los términos descritos en el artículo 1.2.e) del presente Reglamento.
c) No comunicar, a través de la «Aplicación para la comunicación de acciones formativas homologadas» o por cualquier otro medio válido en Derecho, la cancelación de las actividades formativas que tuvieran previsto impartir, en un plazo máximo de 24 horas antes del inicio determinado para las mismas.
d) La expedición de diplomas o certificados que no se ajusten a lo dispuesto en el artículo 1.14 del presente Reglamento.
e) La utilización de los distintivos concernientes a la homologación en cualquier tipo de actividad distinta a las autorizadas conforme a las condiciones por las que se le otorgó dicha homologación.
f) El incumplimiento de cualquier otra obligación prevista en este Reglamento que no sea constitutiva de una infracción grave o muy grave.
3. Son infracciones graves:
a) No comunicar, a través de la «Aplicación para la comunicación de acciones formativas homologadas» o por cualquier otro medio válido en Derecho, la impartición de cualquiera de las actividades formativas especificadas en el Convenio General del Sector de la Construcción.
b) No comunicar, a través de la «Aplicación para la comunicación de acciones formativas homologadas» o por cualquier otro medio válido en Derecho, la cancelación de una determinada acción formativa, en un plazo máximo de dos horas desde el inicio previsto para la misma.
c) Impartir la formación con docentes no autorizados.
d) Impartir acciones formativas de las establecidas en el vigente Convenio General del Sector de la Construcción y en aquellos otros ámbitos en los que se hayan suscrito acuerdos con la Fundación Laboral de la Construcción, a los efectos de expedir la Tarjeta Profesional de la Construcción, con una duración menor, en una modalidad distinta o unos contenidos diferentes a los que en cada caso se especifiquen.
e) Impartir acciones formativas en lugares distintos a los comunicados previamente a la Fundación Laboral de la Construcción a través de la «Aplicación para la comunicación de acciones formativas homologadas» o por cualquier otro medio válido en Derecho.
f) Impartir acciones formativas en lugares que no cumplan con las condiciones higiénicas, acústicas, de habitabilidad y de seguridad exigidas por la legislación.
g) No permitir que personas debidamente autorizadas por la Fundación Laboral de la Construcción lleven a cabo la supervisión de las instalaciones en las que se desarrolle la actividad docente así como de las acciones formativas que en ellas se impartan.
h) Impartir más de una acción formativa de las establecidas en el vigente Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción y en aquellos otros ámbitos en los que se hayan suscrito acuerdos con la Fundación Laboral de la Construcción, a los efectos de expedir la Tarjeta Profesional de la Construcción, de manera simultánea y conjunta en la misma aula.
i) No comunicar, a través de la «Aplicación para la comunicación de acciones formativas homologadas» los alumnos realmente asistentes (de acuerdo con lo establecido en el artículo 1. 2 d) del presente Reglamento) a una determinada actividad formativa, en un plazo máximo de dos horas desde el inicio de la misma.
j) La falta de pago de cualquiera de las tasas establecidas, tanto para el mantenimiento anual de la homologación como para la comunicación de las acciones formativas.
k) La segunda infracción leve cometida en un periodo de doce meses a contar desde la comisión de la primera infracción.
4. Son infracciones muy graves:
a) La falta de correspondencia con la realidad de cualquier documentación que pretenda acreditar la existencia de los cursos impartidos o la efectiva asistencia de los alumnos.
b) Incluir en acciones formativas comunicadas alumnos que no sean trabajadores de la propia empresa, o de las empresas adheridas, cuando se trate de empresas o entidades que hayan obtenido la homologación de la formación preventiva sobre la base de tener constituida una organización preventiva propia.
c) La falta de subsanación de las causas que motivaron el acuerdo de suspensión por la comisión de una infracción grave.
d) La segunda infracción grave cometida en un plazo de doce meses a contar desde la comisión de la primera infracción.
Artículo 3. Sanciones.
El incumplimiento por una entidad de las obligaciones derivadas de la homologación dará lugar a las siguientes medidas que se adoptarán en función de la gravedad de la infracción.
1. Apercibimiento. Será objeto de apercibimiento, que se dictará por la Fundación Laboral de la Construcción, toda infracción leve.
Los apercibimientos serán acordados por la Fundación Laboral de la Construcción en sus ámbitos territoriales y serán notificados a través de la denominada «Zona Privada» de que cada entidad dispone en la «Aplicación para la comunicación de actividades formativas homologadas» o en el correo electrónico designado por la entidad, de acuerdo con lo dispuesto en los puntos 16 y 17, respectivamente, del artículo 1.2 del presente Reglamento.
Si en un plazo de siete (7) días naturales, a contar desde la fecha de envío del correo electrónico, la entidad no mostrara su disconformidad con el acuerdo, el apercibimiento se hará efectivo. En caso contrario, la Fundación podrá reconsiderar su decisión a la vista de las alegaciones formuladas por la entidad con la formación preventiva homologada.
2. Suspensión. La suspensión supone la falta temporal de reconocimiento, por la Fundación Laboral de la Construcción, de las actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales impartidas por la entidad suspendida. La suspensión se acordará por la comisión de una infracción grave.
Las suspensiones serán acordadas por la Fundación Laboral de la Construcción y serán notificadas a través de la denominada «Zona Privada» de que cada entidad dispone en la «Aplicación para la comunicación de actividades formativas homologadas» o en el correo electrónico designado por la entidad, de acuerdo con lo dispuesto en los puntos 16 y 17, respectivamente, del artículo 1.2 del presente Reglamento.
Si en un plazo de siete (7) días naturales, a contar desde la fecha de envío del correo electrónico, la entidad no mostrara su disconformidad con el acuerdo, la suspensión se hará efectiva. En caso contrario, la Fundación podrá reconsiderar su decisión a la vista de las alegaciones formuladas por la entidad con la formación preventiva homologada.
Las suspensiones serán comunicadas a la entidad con la formación preventiva homologada sancionada mediante resolución individualizada. Además, también serán hechas públicas en la página web www.trabajoenconstruccion.com, o en aquella a través de la cual la Fundación informe de las actividades formativas y de los trámites para obtener la Tarjeta Profesional de la Construcción.
El acuerdo de suspensión surtirá efectos desde que fuese comunicado a la entidad con la formación preventiva homologada y no podrá prolongarse por más de tres (3) meses. Durante el plazo de suspensión establecido, la entidad deberá subsanar las causas que motivaron la suspensión.
3. Retirada. La comisión de infracciones muy graves dará lugar a la retirada de la homologación. Esta retirada podrá ser total –en cuyo caso se extenderá, con carácter pleno, a todas las actividades formativas homologadas a la entidad– o parcial– limitándose a una o varias de las actividades formativas homologadas, o a uno o varios de los ámbitos territoriales autorizados.
La propuesta de retirada total o parcial de una homologación será acordada por la Fundación Laboral de la Construcción, y notificada de manera fehaciente a la entidad afectada. Si en un plazo de 15 días naturales la entidad afectada no mostrara su disconformidad con el acuerdo, la retirada se hará efectiva. En caso contrario, la Fundación Laboral de la Construcción podrá reconsiderar su decisión a la vista de las alegaciones formuladas por la entidad con la formación preventiva homologada.
La retirada será comunicada a la entidad con la formación preventiva homologada sancionada mediante resolución individualizada. Además, también serán hechas públicas en la página web www.trabajoenconstruccion.com, o en aquella a través de la cual la Fundación Laboral de la Construcción informe de las actividades formativas y de los trámites para obtener la Tarjeta Profesional de la Construcción.
La retirada de la homologación supondrá la obligación por la entidad de devolver a la Fundación los certificados de homologación correspondientes así como su eliminación del catálogo/listado de entidades homologadas, de conformidad con el alcance de la retirada.
Los acuerdos de la Fundación serán inmediatamente ejecutivos, sin perjuicio de que contra ellos puedan interponerse las reclamaciones que procedan.
Artículo 4. Supuestos de nulidad a efectos de la obtención de la Tarjeta Profesional de la Construcción, de los diplomas o certificados emitidos por una entidad con la formación preventiva homologada.
Serán nulos, a efectos de la obtención o actualización de la Tarjeta Profesional de la Construcción, los diplomas o certificados acreditativos de las acciones formativas realizadas en los siguientes casos:
a) Los diplomas o certificados acreditativos de los cursos realizados en aquellas actividades formativas para las cuales las entidades no hayan obtenido la correspondiente homologación.
b) Cuando, al tiempo de realizarse las acciones formativas en cuestión, la entidad se hallase suspendida.
c) Cuando, antes o durante el tiempo de realizarse los cursos en cuestión, se hubiera producido la retirada total de la homologación, o se hubiera producido la retirada parcial de la homologación en la parte en que se refiera a tales acciones formativas.
Artículo 5. Prescripción de las infracciones.
Las infracciones leves prescribirán al año; las graves a los tres años; y las muy graves a los cinco, contados desde la fecha en la que la Fundación Laboral de la Construcción tuviera conocimiento de su comisión.
Artículo 6. Proporcionalidad.
Para la modulación de las sanciones se atenderá a la existencia de intencionalidad o reiteración, a la naturaleza de los perjuicios causados, a la reincidencia por comisión en el término de un año de otra infracción de la misma naturaleza, cuando así se haya declarado por resolución firme, y al beneficio obtenido con su realización.
Artículo 7. Cláusula de protección de datos de carácter personal.
En los formularios de alta o solicitudes de inscripción a los cursos se incluirá el siguiente texto:
«A los efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), el abajo firmante autoriza el tratamiento de sus datos personales incorporados en la solicitud y en otros documentos normalizados relativos al curso, incluyendo su incorporación en un fichero automatizado del que es responsable la Fundación Laboral de la Construcción, con el objeto de realizar la gestión administrativa relativa al seguimiento y verificación del cumplimiento de las condiciones establecidas para el desarrollo de la actividad formativa, según lo previsto en el vigente Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción.
El abajo firmante podrá ejercitar gratuitamente los derechos de acceso e información, rectificación, cancelación y oposición de los datos en los términos especificados en la mencionada Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, conforme al procedimiento legalmente establecido. Estos derechos podrán ser ejercitados dirigiendo comunicación por escrito, debidamente firmada, acompañada de fotocopia del DNI/NIE, a la Fundación Laboral de la Construcción, calle Rivas, n.º 25, 28052 Madrid.»
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Hoy, en el #BOE, el convenio colectivo de la construcción. Remuneraciones mínimas de casi 16K a 18,5K € brutos/año.
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CONTRATOS_LICITACIONES
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Ministerio de Empleo y Seguridad Social
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Convenio colectivo de la construcción. Remuneraciones mínimas de 15.916,21 a 18.471,35 euros brutos/año.
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SE MODIFICA
y SE AÑADE determinados preceptos y SE SUPRIME la disposición transitoria, por Resolución de 23 de julio de 2022
SE MODIFICA
los arts. 7, 62, 67 y 99, por Resolución de 23 de octubre de 2019
SE MODIFICA
determinados preceptos, por Resolución de 23 de abril de 2019
SE AÑADE
el art. 24 bis, por Resolución de 3 de mayo de 2022
SE AÑADE
el art. 25 bis, por Resolución de 25 de abril de 2022
SE AÑADE
la disposición adicional 7, por Resolución de 19 de agosto de 2019
SE CORRIGEN errores
en la Resolución de 25 de noviembre de 2021, por Resolución de 22 de marzo de 2022
SE DICTA EN RELACIÓN
, y se fija la cuota empresarial para el 2022, por Resolución de 9 de marzo de 2022
SE DICTA EN RELACIÓN
, y se publican tablas salariales para la provincia de Barcelona, por Resolución de 25 de noviembre de 2021
SE DICTA EN RELACIÓN
y publica las tablas salariales para el año 2018, con efectos desde el 1 de enero de 2018, de la Provincia de Cáceres: Resolución de 12 de junio de 2018
SE DICTA EN RELACIÓN
, y se publica la revisión salarial y la aclaración del artículo 115.3, por Resolución de 21 de diciembre de 2017
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[
"270",
"1364",
"1617",
"1684",
"3805",
"4147"
] | 3,349
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2013-09-28
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BOE-B-2017-57260
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Real Decreto 746/2013, de 27 de septiembre, por el que se nombra Directora General de Deportes a doña Ana Muñoz Merino.
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<identificador>BOE-A-2013-10083</identificador>
<titulo>Real Decreto 746/2013, de 27 de septiembre, por el que se nombra Directora General de Deportes a doña Ana Muñoz Merino.</titulo>
<diario codigo='BOE'>Boletín Oficial del Estado</diario>
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<departamento codigo='4220'>Ministerio de Educación, Cultura y Deporte</departamento>
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<analisis>
<notas></notas>
<materias></materias>
<alertas>
<alerta codigo='139' orden=''>Nombramientos y ceses de altos cargos</alerta>
</alertas>
<referencias>
<anteriores></anteriores>
<posteriores></posteriores>
</referencias>
</analisis>
<texto>
<p class='parrafo'>A propuesta del Ministro de Educación, Cultura y Deporte y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 27 de septiembre de 2013,</p>
<p class='parrafo'>Vengo en nombrar Directora General de Deportes a doña Ana Muñoz Merino.</p>
<p class='parrafo_2'>Dado en Madrid, el 27 de septiembre de 2013.</p>
<p class='firma_rey'>JUAN CARLOS R.</p>
<p class='firma_ministro'>El Ministro de Educación, Cultura y Deporte,</p>
<p class='firma_ministro'>JOSÉ IGNACIO WERT ORTEGA</p>
</texto>
</documento>
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Sat Sep 28 07:17:46 +0000 2013
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A propuesta del Ministro de Educación, Cultura y Deporte y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 27 de septiembre de 2013,
Vengo en nombrar Directora General de Deportes a doña Ana Muñoz Merino.
Dado en Madrid, el 27 de septiembre de 2013.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Educación, Cultura y Deporte,
JOSÉ IGNACIO WERT ORTEGA
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#BOE recoge el cese de David Villaverde y nombramiento de Ana Muñoz en dirección gral deportes
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"139"
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TRIBUNAL_SUPREMO
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Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
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Nombramiento de Ana Muñoz como directora General de Deportes.
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[] | 3,352
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2017-10-05
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BOE-A-2021-16479
|
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
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<titulo>SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO</titulo>
<diario codigo='BOE'>Boletín Oficial del Estado</diario>
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<fecha_publicacion>20171005</fecha_publicacion>
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<analisis></analisis>
<texto>
<p class='parrafo'>Doña Elena Oca de Zayas, Letrada de la Administración de Justicia, con destino en la Sección 5.ª, de la Sala de lo Contencioso-administrativo, de la Audiencia Nacional,</p>
<p class='parrafo'>Hace saber:</p>
<p class='parrafo'>Que en dicha Sección se ha registrado con n.º 446/2017, el recurso contencioso-administrativo presentado por don José María Arias Mosquera, contra la resolución del Comisión Rectora del Fondo de Restructuración Ordenada Bancaria, de fecha 07/06/2017 ('BOE' n.° 155, de 30/06/2017) que acordó la adopción de las medidas necesarias para ejecutar la Decisión de la Junta Única de Resolución, en su sesión ejecutiva ampliada de 07/06/2017, por la que se adoptó el dispositivo de resolución sobre la entidad Banco Popular Español, S.A.</p>
<p class='parrafo'>Y para que conste a los efectos oportunos mediante su publicación el 'Boletín Oficial del Estado', expido y firmo el presente.</p>
<p class='parrafo_2'>Madrid, 26 de julio de 2017.- La Letrada de la Administración de Justicia.</p>
</texto>
</documento>
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Thu Oct 05 08:24:39 +0000 2017
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Doña Elena Oca de Zayas, Letrada de la Administración de Justicia, con destino en la Sección 5.ª, de la Sala de lo Contencioso-administrativo, de la Audiencia Nacional,
Hace saber:
Que en dicha Sección se ha registrado con n.º 446/2017, el recurso contencioso-administrativo presentado por don José María Arias Mosquera, contra la resolución del Comisión Rectora del Fondo de Restructuración Ordenada Bancaria, de fecha 07/06/2017 ('BOE' n.° 155, de 30/06/2017) que acordó la adopción de las medidas necesarias para ejecutar la Decisión de la Junta Única de Resolución, en su sesión ejecutiva ampliada de 07/06/2017, por la que se adoptó el dispositivo de resolución sobre la entidad Banco Popular Español, S.A.
Y para que conste a los efectos oportunos mediante su publicación el 'Boletín Oficial del Estado', expido y firmo el presente.
Madrid, 26 de julio de 2017.- La Letrada de la Administración de Justicia.
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Otro recurso ante la Audiencia Nacional contra la compra del Popular, esta vez de su exvicepresidente. #BOE
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REGISTRO_EMPRESA_ONG
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AUDIENCIA NACIONAL
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Recurso ante la Audiencia Nacional contra la compra del Banco Popular, esta vez de José María Arias Mosquera.
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[] | 3,353
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2021-10-12
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DE CONFORMIDAD con
el art. 12.1 del Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre
DE CONFORMIDAD con
los arts. 49 y 61.2 de la Ley 16/1985, de 25 de junio
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BOE-A-2015-13253
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Real Decreto 880/2021, de 11 de octubre, por el que se crea el Archivo Histórico de los Movimientos Sociales.
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<titulo>Real Decreto 880/2021, de 11 de octubre, por el que se crea el Archivo Histórico de los Movimientos Sociales.</titulo>
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<analisis>
<notas></notas>
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<alertas>
<alerta codigo='107' orden=''>Cultura y ocio</alerta>
<alerta codigo='121' orden=''>Organización de la Administración</alerta>
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<referencias>
<anteriores>
<anterior orden='3060' referencia='BOE-A-2011-18541'>
<palabra codigo='440'>DE CONFORMIDAD con</palabra>
<texto>el art. 12.1 del Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre</texto>
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<anterior orden='3060' referencia='BOE-A-1985-12534'>
<palabra codigo='440'>DE CONFORMIDAD con</palabra>
<texto>los arts. 49 y 61.2 de la Ley 16/1985, de 25 de junio</texto>
</anterior>
</anteriores>
<posteriores></posteriores>
</referencias>
</analisis>
<texto>
<p class='parrafo'>Hasta mediados de la década de los años cincuenta y principios de los sesenta del pasado siglo XX, ni los historiadores, ni otros especialistas de las Ciencias Sociales, como los politólogos o los sociólogos, prestaban especial atención a los movimientos y revueltas populares de carácter episódico, ni tampoco a las manifestaciones no institucionalizadas de protesta, que a lo sumo se abordaban de manera accesoria desde la perspectiva de la alteración del orden social establecido e incluso como expresión de determinados tipos de delincuencia.</p>
<p class='parrafo'>La publicación de una serie de estudios de historiadores anglosajones sobre las multitudes, el ludismo, los motines de subsistencia o sobre las formas arcaicas de los movimientos sociales en los siglos XIX y XX, los denominados «rebeldes primitivos», además de las aportaciones de la historiografía francesa sobre las revueltas campesinas o el proceso revolucionario en Francia, abrieron nuevos campos de investigación, de manera que el estudio de los movimientos populares y las nuevas formas de protesta colectiva pasaron a ocupar cada vez más un lugar destacado, con las lógicas diferencias en los enfoques, en las preocupaciones e intereses de historiadores, sociólogos y politólogos. A la mayor visibilidad de las tensiones y conflictos latentes, que hasta entonces habían tenido un carácter y dimensiones limitados, contribuyeron la mayor cantidad de documentación, propaganda e información disponible sobre unas manifestaciones sociales de protesta y de reivindicación de derechos, que iban adquiriendo mayor proyección e interés general. A esos nuevos ámbitos de investigación y estudio se añadió el interés por la historia de las mujeres, de los movimientos feministas y por las nuevas corrientes del feminismo. Algún tiempo después, por el pacifismo, los movimientos ecologistas y antinucleares y por los primeros conflictos en los países del Este, caso de la revuelta húngara de 1956 y de la Primavera de Praga de 1968, o por los sucesos del Mayo del 68 francés.</p>
<p class='parrafo'>En España, a pesar del control informativo del aparato de la dictadura franquista y de la censura, prohibición y persecución de las publicaciones y estudios internacionales sobre los movimientos sociales, los ecos de las protestas de determinados grupos y colectivos sociales de otros países llegaron a los círculos académicos, a los miembros de las organizaciones políticas y sindicales clandestinas y opositoras al régimen y, aunque con menor intensidad, también al mundo rural y a la parte de la sociedad española más despolitizada, a través de los contactos familiares estivales de los emigrantes españoles en los diferentes países de Europa que entraban en contacto con compatriotas exiliados y opositores al régimen de Franco.</p>
<p class='parrafo'>Las huelgas y movilizaciones de las zonas obreras y mineras por la mejora del nivel de vida y la jornada laboral de ocho horas fueron las primeras cartas de presentación de una organizaciones que estaban prácticamente desmanteladas, pero que contaban con la existencia de redes clandestinas que les prestaban cobertura y permitían la creación de comisiones sindicales para la toma de decisiones para las negociaciones colectivas a través de los enlaces con la patronal que, a su vez, se fueron expandiendo dentro del sindicato vertical oficial, consiguiendo atraer y compartir la estrategias con quienes pretendían integrar en el sindicato vertical la doctrina social de la Iglesia. En estos momentos, el movimiento obrero se convirtió en la principal fuerza por la recuperación de la democracia, con el apoyo de los movimientos estudiantiles y del movimiento vecinal.</p>
<p class='parrafo'>Los sucesos de 1965, con el apoyo a las movilizaciones estudiantiles, conllevaron la expulsión de sus cátedras con carácter permanente de tres destacados catedráticos. <span class='no_partir'>La</span> <span class='no_partir'>Capuc</span>hinada de Sarriá en 1966, con el cierre de la Universidad de Barcelona, y las movilizaciones universitarias y los conciertos de Raimon de 1968 en la Universidad Complutense de Madrid constituyeron las movilizaciones y luchas más conocidas de aquel período.</p>
<p class='parrafo'>En ese contexto de clandestinidad y de represión de las organizaciones políticas y sindicales democráticas, del movimiento estudiantil y de las organizaciones sociales de base, la lucha por la recuperación de las libertades democráticas constituía para la mayoría una prioridad.</p>
<p class='parrafo'>La documentación que producían las organizaciones políticas en clandestinidad, sindicales, y movimientos sociales, su tenencia, la radiodifusión o cualquier otro procedimiento que facilitase la publicidad de ideas contrarias al régimen dentro o fuera de España o la propaganda anticonceptiva constituían delitos duramente castigados por el vigente Código Penal de 1944. La represión franquista se concentró especialmente en las organizaciones de la izquierda obrera. La ejecución en abril de 1963 de Julián Grimau levantó una oleada de protestas internacionales. Como consecuencia de ellas los «delitos políticos» pasaron de la jurisdicción militar a la civil, al crearse el Tribunal de Orden Público (TOP). En sus cuatro primeros años de actividad, este tribunal incoaría más de 4500 sumarios por delitos de «propaganda ilegal», «asociación ilícita», «reunión ilegal», «manifestación ilegal», «difamación del jefe del estado» y otros delitos similares imputados principalmente a los opositores a la dictadura franquista.</p>
<p class='parrafo'>Los documentos incautados por la Policía del franquismo que forman parte de esos y de otros procesos y expedientes son testimonios inequívocos de la actividad de las principales organizaciones políticas y sindicales de oposición al franquismo y constituyen los testimonios irrefutables de la represión ejercida contra sus miembros; grupo éste al que, poco a poco, se irían añadiendo los documentos de la nuevas organizaciones y movimientos sociales, entre los que, como en el caso europeo, también se encontrarán los de los grupos y organizaciones religiosas de carácter progresista, los de las organizaciones de la emigración, los de las organizaciones de mujeres y asociaciones feministas, los de grupos ecologistas y antinucleares, los de los movimientos campesinos, los de objetores de conciencia, los de organizaciones juveniles y estudiantiles y de otra serie de organizaciones como los consumidores, de lucha por los derechos humanos o por la igualdad, la diversidad y los movimientos de liberación sexual (LGTBI), los de los grupos ecologistas y antinucleares, los de objetores de conciencia y de otra serie de organizaciones, buena parte de cuyos miembros también participaban de las diferentes luchas de los movimientos vecinales y de los movimientos por los derechos civiles.</p>
<p class='parrafo'>Así, por movimientos sociales debe entenderse, a los efectos de disposición, aquellas agrupaciones y organizaciones formales e informales que independientemente de su nivel organizativo surgen a fines del siglo XIX y han articulado diferentes dinámicas de reivindicación y activismo con proyección pública.</p>
<p class='parrafo'>El núcleo fundamental de la documentación conservada relativa a las organizaciones y movimientos sociales está constituido por los documentos que las propias organizaciones políticas y sindicales más representativas, y con mayor grado de organización consiguieron sacar del país de manera clandestina. A esos documentos hay que añadir los conservados y generados por estas organizaciones en el exterior y por sus militantes, afiliados y simpatizantes durante el largo exilio en los diferentes países de Europa y América, así como en los lugares en los que concentraron sus principales aparatos y sus archivos más importantes.</p>
<p class='parrafo'>Estos archivos, ubicados también en diferentes países en los que se concentraron el mayor número de exiliados españoles y en los que las organizaciones contaban con mejores medios e infraestructuras, serían repatriados poco después de producirse la recuperación de las libertades y el restablecimiento de la democracia en España y pasarían a ser gestionados por las propias organizaciones políticas y sindicales mediante diferentes Fundaciones y Asociaciones, que se responsabilizaron de la custodia y gestión de sus respectivos patrimonios documentales y bibliográficos, para cuya organización técnica y difusión del mismo contaron en la mayor parte de los casos con la colaboración y el apoyo técnico y financiero del Ministerio de Cultura durante los años ochenta del siglo pasado, además de contar con otras subvenciones y ayudas públicas.</p>
<p class='parrafo'>Al margen de los fondos del movimiento obrero, los fondos documentales conservados de los nuevos movimientos sociales, correspondientes al período conocido como tardofranquismo, son más reducidos y menos conocidos. En muchos casos se encuentran todavía en poder de los miembros y militantes más activos de estos movimientos, o de quienes desempeñaron los cargos de responsabilidad en sus organizaciones. La situación puede calificarse como muy similar a partir del restablecimiento de la democracia y en las etapas posteriores a la Transición.</p>
<p class='parrafo'>El Ministerio de Cultura y Deporte tiene la voluntad de colaborar en la recuperación y garantizar la conservación con fines de estudio e investigación de la mayor parte de estos archivos y documentos relativos a los movimientos sociales de todo tipo, por entender que son un elemento esencial del patrimonio histórico español. La Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, en el artículo 49, considera los documentos de los archivos de las entidades y asociaciones de carácter político, sindical o religioso y de las entidades, fundaciones y asociaciones culturales y educativas de carácter privado con una antigüedad superior a los cuarenta años generados, conservados o reunidos en el ejercicio de sus actividades como integrantes del patrimonio documental español, aunque salvaguarda la posibilidad de declarar como constitutivo del mismo a cualquier otro que no llegue a esta antigüedad en los casos en que merezcan dicha consideración.</p>
<p class='parrafo'>Con la creación de este Archivo Nacional se pretende disponer de una institución cultural singular y fundamental para el estudio de las transformaciones de la sociedad española contemporánea, de un archivo abierto donde se conserven y difundan los archivos y colecciones documentales generados y reunidos por las distintas organizaciones y movimientos sociales españoles, tanto los que han sido adquiridos por el Estado, como los depositados o donados por sus propietarios de forma voluntaria, para su utilización para la investigación, la cultura o el acceso de los ciudadanos a las fuentes de información que custodia.</p>
<p class='parrafo'>En definitiva, por la importancia de los fondos documentales, integrantes del Patrimonio Documental, de acuerdo con lo establecido en el artículo 49.2 y 3 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, así como por las funciones a desempeñar, por la riqueza del patrimonio documental, por su relevancia y singularidad para el estudio de la Historia Social, Política y Sindical de España, se considera conveniente la creación del Archivo Histórico de los Movimientos Sociales.</p>
<p class='parrafo'>En consecuencia, se dicta este real decreto, en virtud de lo dispuesto en el artículo 61.2 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, que establece la potestad de la Administración del Estado para crear archivos mediante Real Decreto si se trata de archivos de titularidad estatal y carácter nacional. Asimismo, el artículo 12.1 del Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el Sistema Español de Archivos y se regula el Sistema de Archivos de la Administración General del Estado y de sus Organismos Públicos y su régimen de acceso, señala que los archivos históricos son las instituciones responsables de la custodia, conservación y tratamiento de los fondos pertenecientes al patrimonio histórico documental español que sean reflejo de la trayectoria de la administración estatal a lo largo de la historia o que en todo caso resulten altamente significativos por su valor histórico, su singular importancia o su proyección internacional.</p>
<p class='parrafo'>De conformidad con el artículo 61.1 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, se ha procedido a realizar la consulta previa a la Comunidad de Madrid.</p>
<p class='parrafo'>El real decreto se adecúa a los principios de buena regulación del artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. La norma cumple los principios de necesidad y eficacia, ya que es el instrumento normativo adecuado para garantizar su consecución según lo dispuesto en la Ley 16/1985, de 25 de junio.</p>
<p class='parrafo'>Atiende al principio de proporcionalidad, puesto que contiene la regulación imprescindible para atender a la creación del Archivo Histórico de los Movimientos Sociales, su finalidad, funciones y su órgano rector. Contempla, asimismo, el principio de seguridad jurídica porque es coherente con el ordenamiento jurídico y con otras normas de creación de un archivo, por ejemplo, el Archivo Histórico de la Nobleza.</p>
<p class='parrafo'>Cumple también con el principio de transparencia, ya que pese a tratarse de una norma organizativa, se ha procurado la participación de las partes interesadas en los trámites de audiencia e información públicas. Finalmente, la regulación proyectada es también adecuada al principio de eficiencia, ya que su aplicación no supone un gasto adicional ni implica un aumento de las cargas administrativas.</p>
<p class='parrafo'>En su virtud, a propuesta del Ministro de Cultura y Deporte, con la aprobación previa de la Ministra de Hacienda y Función Pública, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 11 de octubre de 2021,</p>
<p class='centro_redonda'>DISPONGO:</p>
<p class='articulo'>Artículo 1. Creación, finalidad y sede.</p>
<p class='parrafo'>1. Se crea, con el carácter de archivo de titularidad y gestión estatal, el Archivo Histórico de los Movimientos Sociales que dependerá orgánica y funcionalmente de la Dirección General de Bellas Artes del Ministerio de Cultura y Deporte, a través de la Subdirección General de los Archivos Estatales.</p>
<p class='parrafo'>2. El Archivo Histórico de los Movimientos Sociales, como archivo de carácter histórico del Sistema de Archivos de la Administración General del Estado, tiene la finalidad de:</p>
<p class='parrafo_2'>a) Reunir, conservar, organizar, describir y difundir los documentos integrantes del Patrimonio Documental con una antigüedad superior a los cuarenta años de los archivos generados, conservados o reunidos en el ejercicio de sus fines y actividades por entidades, organizaciones, fundaciones o asociaciones y colectivos sociales contemplados en el artículo 49.3 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.</p>
<p class='parrafo'>b) Conservar y difundir los documentos de cualesquiera otros movimientos, organizaciones o colectivos sociales españoles que puedan cederlos con posterioridad a la entrada en vigor de este Real Decreto, aunque los mismos no alcancen la antigüedad indicada pero merezcan la consideración de formar parte del Patrimonio Documental.</p>
<p class='parrafo'>c) Custodiar, gestionar y difundir los fondos documentales de idéntica naturaleza que hubieran sido previamente adquiridos por el Estado o depositados o cedidos por cualquier título por sus propietarios, para que fueran puestos a disposición de los interesados, de los investigadores y de los ciudadanos en general, mediante actividades científicas, pedagógicas, expositivas y cuantas sean necesarias, a cuyo efecto se le atribuyen las funciones establecidas en el artículo 2.</p>
<p class='parrafo_2'>3. Su sede estará ubicada en la ciudad de Alcalá de Henares.</p>
<p class='parrafo'>4. Se entenderán por movimientos sociales los surgidos en el siglo XIX, organizaciones formales e informales que con diferentes niveles organizativos se han articulado en dinámicas de reivindicación y activismo, organización de diferentes protesta y expresiones de causas públicas, tales como las organizaciones de mujeres y colectivos feministas, organizaciones de clase y representativas de diferentes colectivos y causas como las reivindicaciones campesinas, de respeto a los derechos humanos, a los distintos tipos de derechos y libertades civiles, de lucha por la igualdad y la diversidad sexual, ambientalistas y ecologistas y otros grupos y colectivos.</p>
<p class='articulo'>Artículo 2. Funciones.</p>
<p class='parrafo'>El Archivo Histórico de los Movimientos Sociales tendrá como funciones las siguientes:</p>
<p class='parrafo_2'>a) Recuperar, reunir, organizar, conservar y poner a disposición de los ciudadanos e investigadores los fondos y colecciones documentales y las fuentes secundarias que puedan resultar de interés para el estudio de los movimientos sociales.</p>
<p class='parrafo'>b) Fomentar la investigación con perspectiva de género sobre los movimientos sociales y sus fondos documentales, y contribuir a la difusión de sus resultados, en colaboración con el Instituto de las Mujeres.</p>
<p class='parrafo'>c) Fomentar la investigación sobre los movimientos sociales vinculados a la defensa de los consumidores y usuarios, en particular, del denominado movimiento «consumerista», y sus fondos documentales, y contribuir a la difusión de sus resultados, en colaboración con el órgano competente en materia de consumo.</p>
<p class='parrafo'>d) Fomentar el depósito de fondos y colecciones privadas en el Archivo con el fin de asegurar su conservación y difusión.</p>
<p class='parrafo'>e) Impulsar el ingreso de fondos y colecciones originales o copias en soporte digital, de otros centros de archivo, museos o bibliotecas de titularidad estatal.</p>
<p class='parrafo'>f) Inventariar y describir los fondos y colecciones de documentos y catalogar los fondos bibliográficos de su biblioteca.</p>
<p class='parrafo'>g) Impulsar la difusión y puesta en valor de los documentos que conforman este patrimonio cultural.</p>
<p class='parrafo'>h) Facilitar la participación activa de los usuarios y de sus organizaciones representativas mediante coloquios, encuentros, conferencias, congresos, exposiciones y otras actividades de carácter científico o cultural.</p>
<p class='parrafo'>i) Fomentar la cooperación con organismos equivalentes de otras administraciones públicas y de otros países.</p>
<p class='parrafo'>j) Promover la colaboración con universidades y otros organismos públicos o privados de investigación de ámbito nacional o internacional.</p>
<p class='parrafo'>k) Aplicar programas de reproducción de documentos en soportes alternativos para garantizar la conservación de los documentos originales y fomentar su difusión.</p>
<p class='articulo'>Artículo 3. El Patronato.</p>
<p class='parrafo'>El órgano rector del Archivo Histórico de los Movimientos Sociales es el Patronato, que estará integrado por los siguientes miembros:</p>
<p class='parrafo_2'>a) Presidencia: La persona titular del Ministerio de Cultura y Deporte, que podrá ser sustituido en su ausencia por la persona titular de la Vicepresidencia.</p>
<p class='parrafo'>b) Vicepresidencia: La persona titular de la Secretaría General de Cultura y Deporte.</p>
<p class='parrafo'>c) Vocales natos por razón de su cargo. Las personas titulares de:</p>
<p class='parrafo_2'>1.º La Secretaría de Estado de Memoria Democrática.</p>
<p class='parrafo'>2.º La Consejería de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid o, en su caso, la Consejería competente en materia de Archivos y Patrimonio Documental.</p>
<p class='parrafo'>3.º La Alcaldía de la ciudad de Alcalá de Henares.</p>
<p class='parrafo'>4.º El Rectorado de la Universidad de Alcalá de Henares.</p>
<p class='parrafo'>5.º La Dirección General de Bellas Artes.</p>
<p class='parrafo'>6.º La Subdirección General de los Archivos Estatales.</p>
<p class='parrafo_2'>d) Vocales por designación:</p>
<p class='parrafo_2'>1.º Cinco vocales nombrados por el titular del Ministerio de Cultura y Deporte, de entre personalidades relevantes en el ámbito de la cultura, la archivística y la investigación histórica. De ellos, cuatro serán propuestos por la persona titular de la Dirección General de Bellas Artes, y otro por la persona titular de la Consejería de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid o, en su caso, la de la Consejería competente en materia de Archivos y Patrimonio Documental. En su designación se atenderá al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres.</p>
<p class='parrafo'>2.º Un vocal nombrado por el titular del Ministerio de Cultura y Deporte en representación del Ministerio de Trabajo y Economía Social, a propuesta de este departamento.</p>
<p class='parrafo'>3.º Cinco entre los cargos directivos de las entidades que hayan depositado fondos documentales al Archivo, designados por el titular del Ministerio de Cultura y Deporte a propuesta de estas, en proporción a su participación en los fondos del Archivo Histórico. Si existieran más personas jurídicas con derecho a designar vocales que puestos a cubrir, se garantizará, al menos, un puesto a cada una de aquellas personas jurídicas que aporten al menos un 30 % de los fondos del Archivo Histórico.</p>
<p class='parrafo'>Los vocales designados desempeñarán sus funciones por un período de tres años, a contar desde la fecha de sus respectivos nombramientos, sin perjuicio, en su caso de su posible designación de forma reiterada a propuesta de las personas jurídicas con derecho a designación de vocales.</p>
<p class='parrafo_2'>e) Secretaría: un empleado público con la condición de funcionario adscrito a la Subdirección General de los Archivos Estatales, con voz y sin voto, designado por la persona titular de la Dirección General de Bellas Artes, a propuesta de la Subdirección General de los Archivos Estatales.</p>
<p class='parrafo_2'>La persona titular de la Presidencia del Patronato designará suplentes de los vocales. En el caso de los vocales natos por razón de su cargo, corresponderá a éstos efectuar la propuesta de nombramiento del suplente. Tratándose de vocales por designación, la propuesta deberá formularse por quien proponga al vocal titular.</p>
<p class='parrafo'>La persona titular de la Dirección General de Bellas Artes designará también un suplente para el titular de la Secretaría.</p>
<p class='articulo'>Artículo 4. Funciones de la Presidencia del Patronato.</p>
<p class='parrafo'>Corresponden a la Presidencia del Patronato las siguientes funciones:</p>
<p class='parrafo_2'>a) Ejercer la representación del Patronato.</p>
<p class='parrafo'>b) Acordar la convocatoria de las reuniones del Patronato, fijando el orden del día.</p>
<p class='parrafo'>c) Presidir las sesiones, moderar el desarrollo de los debates y deliberaciones y suspenderlos por causas justificadas.</p>
<p class='parrafo'>d) Visar los actos y certificaciones de los acuerdos adoptados por el Patronato.</p>
<p class='parrafo'>e) Asegurar el cumplimiento de las leyes.</p>
<p class='parrafo'>f) Dirimir con su voto los empates a efectos de adoptar acuerdos.</p>
<p class='parrafo'>g) Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Presidente.</p>
<p class='articulo'>Artículo 5. Funcionamiento del Patronato.</p>
<p class='parrafo'>1. El Patronato actúa en Pleno y en Comisión Permanente.</p>
<p class='parrafo'>2. Integran el Pleno la totalidad de sus miembros.</p>
<p class='parrafo'>3. La Comisión Permanente está compuesta por las personas que ostentan la Vicepresidencia, la Dirección General de Bellas Artes, la Subdirección General de los Archivos Estatales, que desempeñará la secretaría con voz y voto, y cuatro vocales designados por el Pleno de entre los vocales por designación, hasta la finalización de su mandato.</p>
<p class='articulo'>Artículo 6. Funciones del Pleno y de la Comisión Permanente.</p>
<p class='parrafo'>1. Son funciones del Pleno:</p>
<p class='parrafo_2'>a) Efectuar el seguimiento del grado de cumplimiento de los planes y programas de actuación, así como llevar a efecto las actividades que se precisen de apoyo institucional al Archivo Histórico de los Movimientos Sociales.</p>
<p class='parrafo'>b) Conocer e informar los planes y programas de actividades y adquisiciones.</p>
<p class='parrafo'>c) Informar la memoria anual de actividades que elabore la persona titular de la dirección del Archivo Histórico de los Movimientos Sociales y el anteproyecto de presupuesto que deberá presentar la Subdirección General de los Archivos Estatales.</p>
<p class='parrafo'>d) Fomentar e impulsar la participación de la sociedad en el enriquecimiento, preservación, conservación y difusión de los fondos y colecciones documentales del Archivo Histórico de los Movimientos Sociales, formulando las correspondientes propuestas.</p>
<p class='parrafo'>e) Emitir preceptivamente informe sobre cualquier propuesta de salida definitiva de fondos documentales del archivo.</p>
<p class='parrafo'>f) Estudiar fórmulas y, en su caso, gestionar la obtención de recursos extraordinarios de instituciones públicas y privadas.</p>
<p class='parrafo'>g) Velar por la integridad y el enriquecimiento de los fondos, colecciones y medios del Archivo Histórico de los Movimientos Sociales.</p>
<p class='parrafo_2'>2. Son funciones de la Comisión Permanente:</p>
<p class='parrafo_2'>a) Estudiar, deliberar e informar las propuestas que se deban someter a la aprobación del Pleno.</p>
<p class='parrafo'>b) Cuidar del cumplimiento, desarrollo y ejecución de los acuerdos adoptados por el Patronato.</p>
<p class='parrafo'>c) Asumir cuantas otras funciones les sean encomendadas por el Pleno.</p>
<p class='parrafo'>d) Dar cuenta al Pleno del Patronato de los acuerdos adoptados en el ejercicio de las funciones anteriores.</p>
<p class='articulo'>Artículo 7. Sesiones del Patronato.</p>
<p class='parrafo'>1. Las sesiones del Pleno del Patronato son ordinarias y extraordinarias. Las ordinarias se celebrarán, al menos, una vez al año, y las extraordinarias, previa convocatoria del Presidente del Patronato, por propia iniciativa o a petición de una tercera parte de sus miembros.</p>
<p class='parrafo'>2. La Comisión Permanente se reunirá, en sesión ordinaria, al menos una vez al semestre, y, en sesión extraordinaria, por convocatoria del Presidente, por propia iniciativa o a petición de una tercera parte de sus miembros.</p>
<p class='parrafo'>3. El Patronato podrá constituir en su seno Comisiones para asuntos determinados, designando a los presidentes y vocales que las formen, atendiendo al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres.</p>
<p class='parrafo'>En particular, se constituirá una comisión para la recuperación, conservación y difusión del legado del movimiento feminista y otra comisión para la recuperación, conservación y difusión del legado del movimiento «consumerista», así como el de cuantas entidades hayan contribuido a la defensa de consumidores y usuarios, con la finalidad de su incorporación al Archivo Nacional de Movimientos Sociales, a través de la identificación de fórmulas de colaboración entre las partes. El desarrollo de los trabajos de dichas comisiones contará con la necesaria colaboración y participación, respectivamente para cada una de ellas, del Ministerio de Igualdad, a través del Instituto de las Mujeres O.A., y del Ministerio de Consumo, a través de la Dirección General de Consumo. El Patronato invitará a participar en las sesiones de trabajo a representantes del movimiento feminista, a propuesta del Instituto de las Mujeres, O.A., así como a representantes del movimiento «consumerista», a propuesta de la Dirección General de Consumo.</p>
<p class='parrafo'>4. El Patronato podrá acordar que asistan a determinadas sesiones expertos cuya presencia se estime de interés en razón a los asuntos a tratar.</p>
<p class='articulo'>Artículo 8. Normativa de funcionamiento del Patronato.</p>
<p class='parrafo'>Sin perjuicio de las peculiaridades establecidas en este real decreto, el funcionamiento del Patronato se atendrá a lo dispuesto en la sección 3.ª del capítulo II del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.</p>
<p class='articulo'>Disposición adicional primera. No incremento de gasto público.</p>
<p class='parrafo'>Lo dispuesto en este real decreto no supondrá incremento del gasto público. Los gastos derivados de la creación del Archivo Histórico de los Movimientos Sociales serán atendidos con cargo a los créditos presupuestarios del Ministerio de Cultura y Deporte, sin que supongan incremento de gasto.</p>
<p class='articulo'>Disposición adicional segunda. Ejercicio de funciones y nombramiento de los miembros designados.</p>
<p class='parrafo'>1. Los vocales natos del Patronato ejercerán sus funciones desde la entrada en vigor del presente real decreto.</p>
<p class='parrafo'>2. Los vocales designados por el titular del Ministerio de Cultura y Deporte serán nombrados mediante Orden en el plazo de un mes desde la entrada en vigor de este real decreto.</p>
<p class='articulo'>Disposición adicional tercera. Formalización de las cesiones o depósitos de fondos documentales al Archivo Histórico de los Movimientos Sociales por personas jurídicas o físicas.</p>
<p class='parrafo'>La cesión o depósito en el Archivo Histórico de los Movimientos Sociales se formalizará mediante los correspondientes instrumentos entre el Ministerio de Cultura y Deporte y las personas jurídicas o físicas propietarias de los fondos, estableciéndose las condiciones de ello, las obligaciones de las partes, la duración y las causas de finalización, con arreglo a lo establecido en el Código Civil y en las leyes especiales.</p>
<p class='articulo'>Disposición final primera. Título competencial.</p>
<p class='parrafo'>El presente real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.28.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de archivos de titularidad estatal.</p>
<p class='articulo'>Disposición final segunda. Desarrollo normativo.</p>
<p class='parrafo'>Se faculta al titular del Ministerio de Cultura y Deporte para el desarrollo de lo dispuesto en este real decreto.</p>
<p class='articulo'>Disposición final tercera. Entrada en vigor.</p>
<p class='parrafo'>El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».</p>
<p class='parrafo_2'>Dado en Madrid, el 11 de octubre de 2021.</p>
<p class='firma_rey'>FELIPE R.</p>
<p class='firma_ministro'>El Ministro de Cultura y Deporte,</p>
<p class='firma_ministro'>MIQUEL OCTAVI ICETA I LLORENS</p>
</texto>
</documento>
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Tue Oct 12 08:48:17 +0000 2021
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Hasta mediados de la década de los años cincuenta y principios de los sesenta del pasado siglo XX, ni los historiadores, ni otros especialistas de las Ciencias Sociales, como los politólogos o los sociólogos, prestaban especial atención a los movimientos y revueltas populares de carácter episódico, ni tampoco a las manifestaciones no institucionalizadas de protesta, que a lo sumo se abordaban de manera accesoria desde la perspectiva de la alteración del orden social establecido e incluso como expresión de determinados tipos de delincuencia.
La publicación de una serie de estudios de historiadores anglosajones sobre las multitudes, el ludismo, los motines de subsistencia o sobre las formas arcaicas de los movimientos sociales en los siglos XIX y XX, los denominados «rebeldes primitivos», además de las aportaciones de la historiografía francesa sobre las revueltas campesinas o el proceso revolucionario en Francia, abrieron nuevos campos de investigación, de manera que el estudio de los movimientos populares y las nuevas formas de protesta colectiva pasaron a ocupar cada vez más un lugar destacado, con las lógicas diferencias en los enfoques, en las preocupaciones e intereses de historiadores, sociólogos y politólogos. A la mayor visibilidad de las tensiones y conflictos latentes, que hasta entonces habían tenido un carácter y dimensiones limitados, contribuyeron la mayor cantidad de documentación, propaganda e información disponible sobre unas manifestaciones sociales de protesta y de reivindicación de derechos, que iban adquiriendo mayor proyección e interés general. A esos nuevos ámbitos de investigación y estudio se añadió el interés por la historia de las mujeres, de los movimientos feministas y por las nuevas corrientes del feminismo. Algún tiempo después, por el pacifismo, los movimientos ecologistas y antinucleares y por los primeros conflictos en los países del Este, caso de la revuelta húngara de 1956 y de la Primavera de Praga de 1968, o por los sucesos del Mayo del 68 francés.
En España, a pesar del control informativo del aparato de la dictadura franquista y de la censura, prohibición y persecución de las publicaciones y estudios internacionales sobre los movimientos sociales, los ecos de las protestas de determinados grupos y colectivos sociales de otros países llegaron a los círculos académicos, a los miembros de las organizaciones políticas y sindicales clandestinas y opositoras al régimen y, aunque con menor intensidad, también al mundo rural y a la parte de la sociedad española más despolitizada, a través de los contactos familiares estivales de los emigrantes españoles en los diferentes países de Europa que entraban en contacto con compatriotas exiliados y opositores al régimen de Franco.
Las huelgas y movilizaciones de las zonas obreras y mineras por la mejora del nivel de vida y la jornada laboral de ocho horas fueron las primeras cartas de presentación de una organizaciones que estaban prácticamente desmanteladas, pero que contaban con la existencia de redes clandestinas que les prestaban cobertura y permitían la creación de comisiones sindicales para la toma de decisiones para las negociaciones colectivas a través de los enlaces con la patronal que, a su vez, se fueron expandiendo dentro del sindicato vertical oficial, consiguiendo atraer y compartir la estrategias con quienes pretendían integrar en el sindicato vertical la doctrina social de la Iglesia. En estos momentos, el movimiento obrero se convirtió en la principal fuerza por la recuperación de la democracia, con el apoyo de los movimientos estudiantiles y del movimiento vecinal.
Los sucesos de 1965, con el apoyo a las movilizaciones estudiantiles, conllevaron la expulsión de sus cátedras con carácter permanente de tres destacados catedráticos. La Capuchinada de Sarriá en 1966, con el cierre de la Universidad de Barcelona, y las movilizaciones universitarias y los conciertos de Raimon de 1968 en la Universidad Complutense de Madrid constituyeron las movilizaciones y luchas más conocidas de aquel período.
En ese contexto de clandestinidad y de represión de las organizaciones políticas y sindicales democráticas, del movimiento estudiantil y de las organizaciones sociales de base, la lucha por la recuperación de las libertades democráticas constituía para la mayoría una prioridad.
La documentación que producían las organizaciones políticas en clandestinidad, sindicales, y movimientos sociales, su tenencia, la radiodifusión o cualquier otro procedimiento que facilitase la publicidad de ideas contrarias al régimen dentro o fuera de España o la propaganda anticonceptiva constituían delitos duramente castigados por el vigente Código Penal de 1944. La represión franquista se concentró especialmente en las organizaciones de la izquierda obrera. La ejecución en abril de 1963 de Julián Grimau levantó una oleada de protestas internacionales. Como consecuencia de ellas los «delitos políticos» pasaron de la jurisdicción militar a la civil, al crearse el Tribunal de Orden Público (TOP). En sus cuatro primeros años de actividad, este tribunal incoaría más de 4500 sumarios por delitos de «propaganda ilegal», «asociación ilícita», «reunión ilegal», «manifestación ilegal», «difamación del jefe del estado» y otros delitos similares imputados principalmente a los opositores a la dictadura franquista.
Los documentos incautados por la Policía del franquismo que forman parte de esos y de otros procesos y expedientes son testimonios inequívocos de la actividad de las principales organizaciones políticas y sindicales de oposición al franquismo y constituyen los testimonios irrefutables de la represión ejercida contra sus miembros; grupo éste al que, poco a poco, se irían añadiendo los documentos de la nuevas organizaciones y movimientos sociales, entre los que, como en el caso europeo, también se encontrarán los de los grupos y organizaciones religiosas de carácter progresista, los de las organizaciones de la emigración, los de las organizaciones de mujeres y asociaciones feministas, los de grupos ecologistas y antinucleares, los de los movimientos campesinos, los de objetores de conciencia, los de organizaciones juveniles y estudiantiles y de otra serie de organizaciones como los consumidores, de lucha por los derechos humanos o por la igualdad, la diversidad y los movimientos de liberación sexual (LGTBI), los de los grupos ecologistas y antinucleares, los de objetores de conciencia y de otra serie de organizaciones, buena parte de cuyos miembros también participaban de las diferentes luchas de los movimientos vecinales y de los movimientos por los derechos civiles.
Así, por movimientos sociales debe entenderse, a los efectos de disposición, aquellas agrupaciones y organizaciones formales e informales que independientemente de su nivel organizativo surgen a fines del siglo XIX y han articulado diferentes dinámicas de reivindicación y activismo con proyección pública.
El núcleo fundamental de la documentación conservada relativa a las organizaciones y movimientos sociales está constituido por los documentos que las propias organizaciones políticas y sindicales más representativas, y con mayor grado de organización consiguieron sacar del país de manera clandestina. A esos documentos hay que añadir los conservados y generados por estas organizaciones en el exterior y por sus militantes, afiliados y simpatizantes durante el largo exilio en los diferentes países de Europa y América, así como en los lugares en los que concentraron sus principales aparatos y sus archivos más importantes.
Estos archivos, ubicados también en diferentes países en los que se concentraron el mayor número de exiliados españoles y en los que las organizaciones contaban con mejores medios e infraestructuras, serían repatriados poco después de producirse la recuperación de las libertades y el restablecimiento de la democracia en España y pasarían a ser gestionados por las propias organizaciones políticas y sindicales mediante diferentes Fundaciones y Asociaciones, que se responsabilizaron de la custodia y gestión de sus respectivos patrimonios documentales y bibliográficos, para cuya organización técnica y difusión del mismo contaron en la mayor parte de los casos con la colaboración y el apoyo técnico y financiero del Ministerio de Cultura durante los años ochenta del siglo pasado, además de contar con otras subvenciones y ayudas públicas.
Al margen de los fondos del movimiento obrero, los fondos documentales conservados de los nuevos movimientos sociales, correspondientes al período conocido como tardofranquismo, son más reducidos y menos conocidos. En muchos casos se encuentran todavía en poder de los miembros y militantes más activos de estos movimientos, o de quienes desempeñaron los cargos de responsabilidad en sus organizaciones. La situación puede calificarse como muy similar a partir del restablecimiento de la democracia y en las etapas posteriores a la Transición.
El Ministerio de Cultura y Deporte tiene la voluntad de colaborar en la recuperación y garantizar la conservación con fines de estudio e investigación de la mayor parte de estos archivos y documentos relativos a los movimientos sociales de todo tipo, por entender que son un elemento esencial del patrimonio histórico español. La Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, en el artículo 49, considera los documentos de los archivos de las entidades y asociaciones de carácter político, sindical o religioso y de las entidades, fundaciones y asociaciones culturales y educativas de carácter privado con una antigüedad superior a los cuarenta años generados, conservados o reunidos en el ejercicio de sus actividades como integrantes del patrimonio documental español, aunque salvaguarda la posibilidad de declarar como constitutivo del mismo a cualquier otro que no llegue a esta antigüedad en los casos en que merezcan dicha consideración.
Con la creación de este Archivo Nacional se pretende disponer de una institución cultural singular y fundamental para el estudio de las transformaciones de la sociedad española contemporánea, de un archivo abierto donde se conserven y difundan los archivos y colecciones documentales generados y reunidos por las distintas organizaciones y movimientos sociales españoles, tanto los que han sido adquiridos por el Estado, como los depositados o donados por sus propietarios de forma voluntaria, para su utilización para la investigación, la cultura o el acceso de los ciudadanos a las fuentes de información que custodia.
En definitiva, por la importancia de los fondos documentales, integrantes del Patrimonio Documental, de acuerdo con lo establecido en el artículo 49.2 y 3 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, así como por las funciones a desempeñar, por la riqueza del patrimonio documental, por su relevancia y singularidad para el estudio de la Historia Social, Política y Sindical de España, se considera conveniente la creación del Archivo Histórico de los Movimientos Sociales.
En consecuencia, se dicta este real decreto, en virtud de lo dispuesto en el artículo 61.2 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, que establece la potestad de la Administración del Estado para crear archivos mediante Real Decreto si se trata de archivos de titularidad estatal y carácter nacional. Asimismo, el artículo 12.1 del Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el Sistema Español de Archivos y se regula el Sistema de Archivos de la Administración General del Estado y de sus Organismos Públicos y su régimen de acceso, señala que los archivos históricos son las instituciones responsables de la custodia, conservación y tratamiento de los fondos pertenecientes al patrimonio histórico documental español que sean reflejo de la trayectoria de la administración estatal a lo largo de la historia o que en todo caso resulten altamente significativos por su valor histórico, su singular importancia o su proyección internacional.
De conformidad con el artículo 61.1 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, se ha procedido a realizar la consulta previa a la Comunidad de Madrid.
El real decreto se adecúa a los principios de buena regulación del artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. La norma cumple los principios de necesidad y eficacia, ya que es el instrumento normativo adecuado para garantizar su consecución según lo dispuesto en la Ley 16/1985, de 25 de junio.
Atiende al principio de proporcionalidad, puesto que contiene la regulación imprescindible para atender a la creación del Archivo Histórico de los Movimientos Sociales, su finalidad, funciones y su órgano rector. Contempla, asimismo, el principio de seguridad jurídica porque es coherente con el ordenamiento jurídico y con otras normas de creación de un archivo, por ejemplo, el Archivo Histórico de la Nobleza.
Cumple también con el principio de transparencia, ya que pese a tratarse de una norma organizativa, se ha procurado la participación de las partes interesadas en los trámites de audiencia e información públicas. Finalmente, la regulación proyectada es también adecuada al principio de eficiencia, ya que su aplicación no supone un gasto adicional ni implica un aumento de las cargas administrativas.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Cultura y Deporte, con la aprobación previa de la Ministra de Hacienda y Función Pública, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 11 de octubre de 2021,
DISPONGO:
Artículo 1. Creación, finalidad y sede.
1. Se crea, con el carácter de archivo de titularidad y gestión estatal, el Archivo Histórico de los Movimientos Sociales que dependerá orgánica y funcionalmente de la Dirección General de Bellas Artes del Ministerio de Cultura y Deporte, a través de la Subdirección General de los Archivos Estatales.
2. El Archivo Histórico de los Movimientos Sociales, como archivo de carácter histórico del Sistema de Archivos de la Administración General del Estado, tiene la finalidad de:
a) Reunir, conservar, organizar, describir y difundir los documentos integrantes del Patrimonio Documental con una antigüedad superior a los cuarenta años de los archivos generados, conservados o reunidos en el ejercicio de sus fines y actividades por entidades, organizaciones, fundaciones o asociaciones y colectivos sociales contemplados en el artículo 49.3 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
b) Conservar y difundir los documentos de cualesquiera otros movimientos, organizaciones o colectivos sociales españoles que puedan cederlos con posterioridad a la entrada en vigor de este Real Decreto, aunque los mismos no alcancen la antigüedad indicada pero merezcan la consideración de formar parte del Patrimonio Documental.
c) Custodiar, gestionar y difundir los fondos documentales de idéntica naturaleza que hubieran sido previamente adquiridos por el Estado o depositados o cedidos por cualquier título por sus propietarios, para que fueran puestos a disposición de los interesados, de los investigadores y de los ciudadanos en general, mediante actividades científicas, pedagógicas, expositivas y cuantas sean necesarias, a cuyo efecto se le atribuyen las funciones establecidas en el artículo 2.
3. Su sede estará ubicada en la ciudad de Alcalá de Henares.
4. Se entenderán por movimientos sociales los surgidos en el siglo XIX, organizaciones formales e informales que con diferentes niveles organizativos se han articulado en dinámicas de reivindicación y activismo, organización de diferentes protesta y expresiones de causas públicas, tales como las organizaciones de mujeres y colectivos feministas, organizaciones de clase y representativas de diferentes colectivos y causas como las reivindicaciones campesinas, de respeto a los derechos humanos, a los distintos tipos de derechos y libertades civiles, de lucha por la igualdad y la diversidad sexual, ambientalistas y ecologistas y otros grupos y colectivos.
Artículo 2. Funciones.
El Archivo Histórico de los Movimientos Sociales tendrá como funciones las siguientes:
a) Recuperar, reunir, organizar, conservar y poner a disposición de los ciudadanos e investigadores los fondos y colecciones documentales y las fuentes secundarias que puedan resultar de interés para el estudio de los movimientos sociales.
b) Fomentar la investigación con perspectiva de género sobre los movimientos sociales y sus fondos documentales, y contribuir a la difusión de sus resultados, en colaboración con el Instituto de las Mujeres.
c) Fomentar la investigación sobre los movimientos sociales vinculados a la defensa de los consumidores y usuarios, en particular, del denominado movimiento «consumerista», y sus fondos documentales, y contribuir a la difusión de sus resultados, en colaboración con el órgano competente en materia de consumo.
d) Fomentar el depósito de fondos y colecciones privadas en el Archivo con el fin de asegurar su conservación y difusión.
e) Impulsar el ingreso de fondos y colecciones originales o copias en soporte digital, de otros centros de archivo, museos o bibliotecas de titularidad estatal.
f) Inventariar y describir los fondos y colecciones de documentos y catalogar los fondos bibliográficos de su biblioteca.
g) Impulsar la difusión y puesta en valor de los documentos que conforman este patrimonio cultural.
h) Facilitar la participación activa de los usuarios y de sus organizaciones representativas mediante coloquios, encuentros, conferencias, congresos, exposiciones y otras actividades de carácter científico o cultural.
i) Fomentar la cooperación con organismos equivalentes de otras administraciones públicas y de otros países.
j) Promover la colaboración con universidades y otros organismos públicos o privados de investigación de ámbito nacional o internacional.
k) Aplicar programas de reproducción de documentos en soportes alternativos para garantizar la conservación de los documentos originales y fomentar su difusión.
Artículo 3. El Patronato.
El órgano rector del Archivo Histórico de los Movimientos Sociales es el Patronato, que estará integrado por los siguientes miembros:
a) Presidencia: La persona titular del Ministerio de Cultura y Deporte, que podrá ser sustituido en su ausencia por la persona titular de la Vicepresidencia.
b) Vicepresidencia: La persona titular de la Secretaría General de Cultura y Deporte.
c) Vocales natos por razón de su cargo. Las personas titulares de:
1.º La Secretaría de Estado de Memoria Democrática.
2.º La Consejería de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid o, en su caso, la Consejería competente en materia de Archivos y Patrimonio Documental.
3.º La Alcaldía de la ciudad de Alcalá de Henares.
4.º El Rectorado de la Universidad de Alcalá de Henares.
5.º La Dirección General de Bellas Artes.
6.º La Subdirección General de los Archivos Estatales.
d) Vocales por designación:
1.º Cinco vocales nombrados por el titular del Ministerio de Cultura y Deporte, de entre personalidades relevantes en el ámbito de la cultura, la archivística y la investigación histórica. De ellos, cuatro serán propuestos por la persona titular de la Dirección General de Bellas Artes, y otro por la persona titular de la Consejería de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid o, en su caso, la de la Consejería competente en materia de Archivos y Patrimonio Documental. En su designación se atenderá al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres.
2.º Un vocal nombrado por el titular del Ministerio de Cultura y Deporte en representación del Ministerio de Trabajo y Economía Social, a propuesta de este departamento.
3.º Cinco entre los cargos directivos de las entidades que hayan depositado fondos documentales al Archivo, designados por el titular del Ministerio de Cultura y Deporte a propuesta de estas, en proporción a su participación en los fondos del Archivo Histórico. Si existieran más personas jurídicas con derecho a designar vocales que puestos a cubrir, se garantizará, al menos, un puesto a cada una de aquellas personas jurídicas que aporten al menos un 30 % de los fondos del Archivo Histórico.
Los vocales designados desempeñarán sus funciones por un período de tres años, a contar desde la fecha de sus respectivos nombramientos, sin perjuicio, en su caso de su posible designación de forma reiterada a propuesta de las personas jurídicas con derecho a designación de vocales.
e) Secretaría: un empleado público con la condición de funcionario adscrito a la Subdirección General de los Archivos Estatales, con voz y sin voto, designado por la persona titular de la Dirección General de Bellas Artes, a propuesta de la Subdirección General de los Archivos Estatales.
La persona titular de la Presidencia del Patronato designará suplentes de los vocales. En el caso de los vocales natos por razón de su cargo, corresponderá a éstos efectuar la propuesta de nombramiento del suplente. Tratándose de vocales por designación, la propuesta deberá formularse por quien proponga al vocal titular.
La persona titular de la Dirección General de Bellas Artes designará también un suplente para el titular de la Secretaría.
Artículo 4. Funciones de la Presidencia del Patronato.
Corresponden a la Presidencia del Patronato las siguientes funciones:
a) Ejercer la representación del Patronato.
b) Acordar la convocatoria de las reuniones del Patronato, fijando el orden del día.
c) Presidir las sesiones, moderar el desarrollo de los debates y deliberaciones y suspenderlos por causas justificadas.
d) Visar los actos y certificaciones de los acuerdos adoptados por el Patronato.
e) Asegurar el cumplimiento de las leyes.
f) Dirimir con su voto los empates a efectos de adoptar acuerdos.
g) Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Presidente.
Artículo 5. Funcionamiento del Patronato.
1. El Patronato actúa en Pleno y en Comisión Permanente.
2. Integran el Pleno la totalidad de sus miembros.
3. La Comisión Permanente está compuesta por las personas que ostentan la Vicepresidencia, la Dirección General de Bellas Artes, la Subdirección General de los Archivos Estatales, que desempeñará la secretaría con voz y voto, y cuatro vocales designados por el Pleno de entre los vocales por designación, hasta la finalización de su mandato.
Artículo 6. Funciones del Pleno y de la Comisión Permanente.
1. Son funciones del Pleno:
a) Efectuar el seguimiento del grado de cumplimiento de los planes y programas de actuación, así como llevar a efecto las actividades que se precisen de apoyo institucional al Archivo Histórico de los Movimientos Sociales.
b) Conocer e informar los planes y programas de actividades y adquisiciones.
c) Informar la memoria anual de actividades que elabore la persona titular de la dirección del Archivo Histórico de los Movimientos Sociales y el anteproyecto de presupuesto que deberá presentar la Subdirección General de los Archivos Estatales.
d) Fomentar e impulsar la participación de la sociedad en el enriquecimiento, preservación, conservación y difusión de los fondos y colecciones documentales del Archivo Histórico de los Movimientos Sociales, formulando las correspondientes propuestas.
e) Emitir preceptivamente informe sobre cualquier propuesta de salida definitiva de fondos documentales del archivo.
f) Estudiar fórmulas y, en su caso, gestionar la obtención de recursos extraordinarios de instituciones públicas y privadas.
g) Velar por la integridad y el enriquecimiento de los fondos, colecciones y medios del Archivo Histórico de los Movimientos Sociales.
2. Son funciones de la Comisión Permanente:
a) Estudiar, deliberar e informar las propuestas que se deban someter a la aprobación del Pleno.
b) Cuidar del cumplimiento, desarrollo y ejecución de los acuerdos adoptados por el Patronato.
c) Asumir cuantas otras funciones les sean encomendadas por el Pleno.
d) Dar cuenta al Pleno del Patronato de los acuerdos adoptados en el ejercicio de las funciones anteriores.
Artículo 7. Sesiones del Patronato.
1. Las sesiones del Pleno del Patronato son ordinarias y extraordinarias. Las ordinarias se celebrarán, al menos, una vez al año, y las extraordinarias, previa convocatoria del Presidente del Patronato, por propia iniciativa o a petición de una tercera parte de sus miembros.
2. La Comisión Permanente se reunirá, en sesión ordinaria, al menos una vez al semestre, y, en sesión extraordinaria, por convocatoria del Presidente, por propia iniciativa o a petición de una tercera parte de sus miembros.
3. El Patronato podrá constituir en su seno Comisiones para asuntos determinados, designando a los presidentes y vocales que las formen, atendiendo al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres.
En particular, se constituirá una comisión para la recuperación, conservación y difusión del legado del movimiento feminista y otra comisión para la recuperación, conservación y difusión del legado del movimiento «consumerista», así como el de cuantas entidades hayan contribuido a la defensa de consumidores y usuarios, con la finalidad de su incorporación al Archivo Nacional de Movimientos Sociales, a través de la identificación de fórmulas de colaboración entre las partes. El desarrollo de los trabajos de dichas comisiones contará con la necesaria colaboración y participación, respectivamente para cada una de ellas, del Ministerio de Igualdad, a través del Instituto de las Mujeres O.A., y del Ministerio de Consumo, a través de la Dirección General de Consumo. El Patronato invitará a participar en las sesiones de trabajo a representantes del movimiento feminista, a propuesta del Instituto de las Mujeres, O.A., así como a representantes del movimiento «consumerista», a propuesta de la Dirección General de Consumo.
4. El Patronato podrá acordar que asistan a determinadas sesiones expertos cuya presencia se estime de interés en razón a los asuntos a tratar.
Artículo 8. Normativa de funcionamiento del Patronato.
Sin perjuicio de las peculiaridades establecidas en este real decreto, el funcionamiento del Patronato se atendrá a lo dispuesto en la sección 3.ª del capítulo II del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Disposición adicional primera. No incremento de gasto público.
Lo dispuesto en este real decreto no supondrá incremento del gasto público. Los gastos derivados de la creación del Archivo Histórico de los Movimientos Sociales serán atendidos con cargo a los créditos presupuestarios del Ministerio de Cultura y Deporte, sin que supongan incremento de gasto.
Disposición adicional segunda. Ejercicio de funciones y nombramiento de los miembros designados.
1. Los vocales natos del Patronato ejercerán sus funciones desde la entrada en vigor del presente real decreto.
2. Los vocales designados por el titular del Ministerio de Cultura y Deporte serán nombrados mediante Orden en el plazo de un mes desde la entrada en vigor de este real decreto.
Disposición adicional tercera. Formalización de las cesiones o depósitos de fondos documentales al Archivo Histórico de los Movimientos Sociales por personas jurídicas o físicas.
La cesión o depósito en el Archivo Histórico de los Movimientos Sociales se formalizará mediante los correspondientes instrumentos entre el Ministerio de Cultura y Deporte y las personas jurídicas o físicas propietarias de los fondos, estableciéndose las condiciones de ello, las obligaciones de las partes, la duración y las causas de finalización, con arreglo a lo establecido en el Código Civil y en las leyes especiales.
Disposición final primera. Título competencial.
El presente real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.28.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de archivos de titularidad estatal.
Disposición final segunda. Desarrollo normativo.
Se faculta al titular del Ministerio de Cultura y Deporte para el desarrollo de lo dispuesto en este real decreto.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 11 de octubre de 2021.
FELIPE R.
El Ministro de Cultura y Deporte,
MIQUEL OCTAVI ICETA I LLORENS
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Y acabamos con la creación del Archivo histórico de los movimientos sociales en Alcalá de Henares (Madrid). #BOE
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[
"107",
"121"
] |
ERRORES_MODIFICACIONES_BOE
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Ministerio de Cultura y Deporte
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Creación del Archivo histórico de los movimientos sociales en Alcalá de Henares (Madrid).
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[
"281",
"2567",
"4575",
"5278"
] | 3,354
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2015-12-07
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BOE-A-2012-15612
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Orden HAP/2605/2015, de 3 de diciembre, por la que se corrigen errores en la Orden HAP/2500/2015, de 27 de octubre, por la que se resuelve parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Orden HAP/1761/2015, de 27 de agosto.
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Por Orden HAP/2500/2015, de 27 de octubre, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» núm. 283 de 26 de noviembre, se hizo pública la resolución de los puestos de trabajo provistos por el procedimiento de libre designación.
Advertidos errores, se transcriben a continuación las siguientes rectificaciones, en la página 111751:
En el n.º plaza 5, donde dice: «I.D. INSTITUTO PARA LA DIVERSIÓN Y AHORRO DE ENERGÍA (IDAE)».
Debe decir: «I.D. INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE ENERGÍA (IDAE)»
Madrid, 3 de diciembre de 2015.–El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, P.D. (Orden HAP/1335/2012, de 14 de junio), la Subsecretaria de Hacienda y Administraciones Públicas, Pilar Platero Sanz.
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Corrección de errores yeyé #BOE
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OTROS_ANUNCIOS
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Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
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Corrección de errores.
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[] | 3,355
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2012-12-27
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MODIFICA
arts. 4 y 5 de la Orden APU/95/2004, de 12 de enero
MODIFICA
art. 2 de la Orden de 30 de diciembre de 1988
MODIFICA
art. 5.1 de la Orden de 29 de julio de 1987
DE CONFORMIDAD con
el Reglamento aprobado por Real Decreto 375/2003, de 28 de marzo
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BOE-A-2014-5967
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Orden HAP/2786/2012, de 19 de diciembre, por la que se modifica la Orden de 29 de julio de 1987, por la que se establece, con el carácter de prestación de asistencia social, una ayuda económica para la adquisición de viviendas por mutualistas de MUFACE, la Orden de 30 de diciembre de 1988, por la que se revisan las cuantías de determinadas prestaciones económicas de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado y la Orden APU/95/2004, de 12 de enero, por la que se dictan normas para la aplicación del subsidio por defunción en el régimen especial de Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado.
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<texto>arts. 4 y 5 de la Orden APU/95/2004, de 12 de enero</texto>
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<texto>art. 2 de la Orden de 30 de diciembre de 1988</texto>
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<texto>art. 5.1 de la Orden de 29 de julio de 1987</texto>
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<texto>el Reglamento aprobado por Real Decreto 375/2003, de 28 de marzo</texto>
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<p class='parrafo'>El Reglamento General del Mutualismo Administrativo, aprobado por Real Decreto 375/2003, de 28 de marzo, desarrolla, en su Capítulo IX, lo dispuesto en el texto refundido de la Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 de junio, en cuanto a las prestaciones sociales de carácter económico, determinando su concepto, desarrollando su contenido y estableciendo el régimen de incompatibilidad de las mismas.</p>
<p class='parrafo'>En concreto, la ayuda económica para la adquisición de viviendas por mutualistas de MUFACE está regulada en la Orden del Ministro para las Administraciones Públicas de 29 de julio de 1987, por la que se establece, con el carácter de prestación de asistencia social, la citada ayuda económica.</p>
<p class='parrafo'>Por su parte, los artículos 131.2 y 133.3 del referido Reglamento, contienen una remisión expresa para que el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, mediante orden, complete o pormenorice los requisitos específicos para ser destinatario del subsidio de jubilación y del subsidio por defunción y establezca la concreción de sus modalidades, las condiciones específicas de acceso a los mismos, así como las cuantías correspondientes y su actualización.</p>
<p class='parrafo'>Tales disposiciones se materializan en la Orden del Ministro para las Administraciones Públicas, de 30 de diciembre de 1988, por la que se revisan las cuantías de determinadas prestaciones económicas de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE) y en la Orden APU/95/2004, de 12 de enero, por la que se dictan normas para la aplicación del subsidio por defunción en el régimen especial de Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado.</p>
<p class='parrafo'>Así mismo, es necesario poner de relieve que, tanto el precitado artículo 131.2 como el artículo 132.2, ambos del Reglamento General del Mutualismo Administrativo, condicionan la configuración de los mencionados subsidios a los créditos consignados a tal fin en el presupuesto de la Mutualidad General.</p>
<p class='parrafo'>Pues bien, como consecuencia del marco general de restricción presupuestaria y de las reducciones previstas en el presupuesto de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado para 2013, se hace necesario, para el mantenimiento de determinadas prestaciones sociales, un reajuste de algunos parámetros que las afectan.</p>
<p class='parrafo'>De este modo, en relación con la ayuda económica para la adquisición de viviendas por mutualistas de MUFACE, de lo preceptuado en el artículo 31.2 del texto refundido de la Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado, se desprende que tendrá como límite los créditos que a tal fin se consignen en el presupuesto de gastos de la Mutualidad General para cada ejercicio económico.</p>
<p class='parrafo'>En este mismo sentido, se pronuncia el apartado 3 del artículo 2.º de la Orden del Ministro para las Administraciones Públicas, de 29 de julio de 1987, que dispone que el importe total máximo de las ayudas quedará determinado por la correspondiente dotación presupuestaria. Y el apartado 1 del artículo 5.º de la precitada Orden aclara que, tales ayudas, se convocarán anualmente mediante resolución de la Dirección General de MUFACE, que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado».</p>
<p class='parrafo'>A la vista de las consideraciones indicadas, es necesario, por tanto, proceder a una modificación parcial de la Orden reguladora de la referida ayuda económica para la adquisición de viviendas por mutualistas de MUFACE, en el sentido de condicionar su convocatoria a la existencia de disponibilidad presupuestaria.</p>
<p class='parrafo'>Por otra parte, la reducción del crédito presupuestario de la Mutualidad General justifica que, en virtud de lo dispuesto en los antes mencionados artículos 131.2 y 132.2 del Reglamento General del Mutualismo Administrativo, se minoren las cuantías correspondientes al subsidio de jubilación y al subsidio por defunción, cuando los hechos causantes de los mismos se produzcan a partir del 1 de enero del año 2013.</p>
<p class='parrafo'>Las modificaciones operadas por la presente orden han sido objeto de informe previo por el Consejo General de MUFACE, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3.1.e) del Real Decreto 577/1997, de 18 de abril, por el que se establece la estructura de los órganos de gobierno, administración y representación de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado.</p>
<p class='parrafo'>En su virtud, dispongo:</p>
<p class='articulo'>Artículo primero. Modificación de la Orden del Ministro para las Administraciones Públicas de 29 de julio de 1987, que establece, con el carácter de prestación de asistencia social, una ayuda económica para la adquisición de viviendas por mutualistas de MUFACE.</p>
<p class='parrafo'>El apartado 1 del artículo 5.º de la Orden del Ministro para las Administraciones Públicas de 29 de julio de 1987, que establece, con el carácter de prestación de asistencia social, una ayuda económica para la adquisición de viviendas por mutualistas de MUFACE, queda redactado como sigue:</p>
<p class='sangrado_2'>«1. MUFACE convocará, mediante Resolución publicada en el «Boletín Oficial del Estado», la concesión de estas ayudas, cuando sus disponibilidades presupuestarias lo permitan.»</p>
<p class='articulo'>Artículo segundo. Modificación de la Orden del Ministro para las Administraciones Públicas, de 30 de diciembre de 1988, por la que se revisan las cuantías de determinadas prestaciones económicas de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE).</p>
<p class='parrafo'>El artículo segundo de la Orden del Ministro para las Administraciones Públicas, de 30 de diciembre de 1988, por la que se revisan las cuantías de determinadas prestaciones económicas de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE), queda redactado como sigue:</p>
<p class='sangrado_2'>«Segundo. El coeficiente multiplicador que ha de aplicarse a las retribuciones básicas computables para obtener el subsidio de jubilación, previsto en el artículo 131 del Reglamento General del Mutualismo Administrativo, aprobado por Real Decreto 375/2003, de 28 de marzo, queda establecido en 0,5.»</p>
<p class='articulo'>Artículo tercero. Modificación de la Orden APU/95/2004, de 12 de enero, por la que se dictan normas para la aplicación del subsidio por defunción en el régimen especial de Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado.</p>
<p class='parrafo'>La Orden APU/95/2004, de 12 de enero, por la que se dictan normas para la aplicación del subsidio por defunción en el régimen especial de Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado, queda modificada como sigue:</p>
<p class='parrafo_2'>Uno. El artículo cuarto queda redactado del siguiente modo:</p>
<p class='sangrado_2'>«Cuarto. 1. El subsidio por defunción consistirá en la entrega, por una sola vez, de una prestación económica, calculada según la edad del mutualista causante en la fecha de su fallecimiento, de acuerdo con las siguientes reglas:</p>
<p class='sangrado_2'>a) Mutualista fallecido con menos de 41 años de edad. La cuantía del subsidio se determinará multiplicando el importe del módulo por la edad del fallecido.</p>
<p class='sangrado'>b) Mutualista fallecido con 41 años o más. El importe del módulo se multiplicará por el número de años que faltarían al fallecido para alcanzar la edad de 80 años.</p>
<p class='sangrado'>c) El valor del módulo multiplicador queda fijado en 93,91 euros.</p>
<p class='sangrado_2'>2. La actualización del valor del módulo multiplicador, así como su repercusión en el mínimo a percibir que se garantiza según el siguiente artículo quinto, podrá llevarse a cabo de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias de la Mutualidad General. Tal actualización se acordará mediante Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, aplicando el índice que sea adecuado de los vigentes en tal momento.»</p>
<p class='parrafo_2'>Dos. El artículo quinto queda redactado del siguiente modo:</p>
<p class='sangrado_2'>«Quinto. Cuando la cuantía del subsidio por defunción, calculada de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior, resultara inferior a 751,28 euros, se abonará este importe, que se establece como mínimo a percibir en concepto de dicho subsidio.»</p>
<p class='articulo'>Disposición transitoria única. Aplicación temporal.</p>
<p class='parrafo'>Lo dispuesto en los artículos segundo y tercero de la presente orden, no será de aplicación a los hechos causantes anteriores al 1 de enero de 2013.</p>
<p class='articulo'>Disposición final única. Entrada en vigor.</p>
<p class='parrafo'>La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».</p>
<p class='parrafo_2'>Madrid, 19 de diciembre 2012.–El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro Romero.</p>
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Thu Dec 27 10:08:12 +0000 2012
|
El Reglamento General del Mutualismo Administrativo, aprobado por Real Decreto 375/2003, de 28 de marzo, desarrolla, en su Capítulo IX, lo dispuesto en el texto refundido de la Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 de junio, en cuanto a las prestaciones sociales de carácter económico, determinando su concepto, desarrollando su contenido y estableciendo el régimen de incompatibilidad de las mismas.
En concreto, la ayuda económica para la adquisición de viviendas por mutualistas de MUFACE está regulada en la Orden del Ministro para las Administraciones Públicas de 29 de julio de 1987, por la que se establece, con el carácter de prestación de asistencia social, la citada ayuda económica.
Por su parte, los artículos 131.2 y 133.3 del referido Reglamento, contienen una remisión expresa para que el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, mediante orden, complete o pormenorice los requisitos específicos para ser destinatario del subsidio de jubilación y del subsidio por defunción y establezca la concreción de sus modalidades, las condiciones específicas de acceso a los mismos, así como las cuantías correspondientes y su actualización.
Tales disposiciones se materializan en la Orden del Ministro para las Administraciones Públicas, de 30 de diciembre de 1988, por la que se revisan las cuantías de determinadas prestaciones económicas de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE) y en la Orden APU/95/2004, de 12 de enero, por la que se dictan normas para la aplicación del subsidio por defunción en el régimen especial de Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado.
Así mismo, es necesario poner de relieve que, tanto el precitado artículo 131.2 como el artículo 132.2, ambos del Reglamento General del Mutualismo Administrativo, condicionan la configuración de los mencionados subsidios a los créditos consignados a tal fin en el presupuesto de la Mutualidad General.
Pues bien, como consecuencia del marco general de restricción presupuestaria y de las reducciones previstas en el presupuesto de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado para 2013, se hace necesario, para el mantenimiento de determinadas prestaciones sociales, un reajuste de algunos parámetros que las afectan.
De este modo, en relación con la ayuda económica para la adquisición de viviendas por mutualistas de MUFACE, de lo preceptuado en el artículo 31.2 del texto refundido de la Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado, se desprende que tendrá como límite los créditos que a tal fin se consignen en el presupuesto de gastos de la Mutualidad General para cada ejercicio económico.
En este mismo sentido, se pronuncia el apartado 3 del artículo 2.º de la Orden del Ministro para las Administraciones Públicas, de 29 de julio de 1987, que dispone que el importe total máximo de las ayudas quedará determinado por la correspondiente dotación presupuestaria. Y el apartado 1 del artículo 5.º de la precitada Orden aclara que, tales ayudas, se convocarán anualmente mediante resolución de la Dirección General de MUFACE, que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado».
A la vista de las consideraciones indicadas, es necesario, por tanto, proceder a una modificación parcial de la Orden reguladora de la referida ayuda económica para la adquisición de viviendas por mutualistas de MUFACE, en el sentido de condicionar su convocatoria a la existencia de disponibilidad presupuestaria.
Por otra parte, la reducción del crédito presupuestario de la Mutualidad General justifica que, en virtud de lo dispuesto en los antes mencionados artículos 131.2 y 132.2 del Reglamento General del Mutualismo Administrativo, se minoren las cuantías correspondientes al subsidio de jubilación y al subsidio por defunción, cuando los hechos causantes de los mismos se produzcan a partir del 1 de enero del año 2013.
Las modificaciones operadas por la presente orden han sido objeto de informe previo por el Consejo General de MUFACE, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3.1.e) del Real Decreto 577/1997, de 18 de abril, por el que se establece la estructura de los órganos de gobierno, administración y representación de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado.
En su virtud, dispongo:
Artículo primero. Modificación de la Orden del Ministro para las Administraciones Públicas de 29 de julio de 1987, que establece, con el carácter de prestación de asistencia social, una ayuda económica para la adquisición de viviendas por mutualistas de MUFACE.
El apartado 1 del artículo 5.º de la Orden del Ministro para las Administraciones Públicas de 29 de julio de 1987, que establece, con el carácter de prestación de asistencia social, una ayuda económica para la adquisición de viviendas por mutualistas de MUFACE, queda redactado como sigue:
«1. MUFACE convocará, mediante Resolución publicada en el «Boletín Oficial del Estado», la concesión de estas ayudas, cuando sus disponibilidades presupuestarias lo permitan.»
Artículo segundo. Modificación de la Orden del Ministro para las Administraciones Públicas, de 30 de diciembre de 1988, por la que se revisan las cuantías de determinadas prestaciones económicas de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE).
El artículo segundo de la Orden del Ministro para las Administraciones Públicas, de 30 de diciembre de 1988, por la que se revisan las cuantías de determinadas prestaciones económicas de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE), queda redactado como sigue:
«Segundo. El coeficiente multiplicador que ha de aplicarse a las retribuciones básicas computables para obtener el subsidio de jubilación, previsto en el artículo 131 del Reglamento General del Mutualismo Administrativo, aprobado por Real Decreto 375/2003, de 28 de marzo, queda establecido en 0,5.»
Artículo tercero. Modificación de la Orden APU/95/2004, de 12 de enero, por la que se dictan normas para la aplicación del subsidio por defunción en el régimen especial de Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado.
La Orden APU/95/2004, de 12 de enero, por la que se dictan normas para la aplicación del subsidio por defunción en el régimen especial de Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado, queda modificada como sigue:
Uno. El artículo cuarto queda redactado del siguiente modo:
«Cuarto. 1. El subsidio por defunción consistirá en la entrega, por una sola vez, de una prestación económica, calculada según la edad del mutualista causante en la fecha de su fallecimiento, de acuerdo con las siguientes reglas:
a) Mutualista fallecido con menos de 41 años de edad. La cuantía del subsidio se determinará multiplicando el importe del módulo por la edad del fallecido.
b) Mutualista fallecido con 41 años o más. El importe del módulo se multiplicará por el número de años que faltarían al fallecido para alcanzar la edad de 80 años.
c) El valor del módulo multiplicador queda fijado en 93,91 euros.
2. La actualización del valor del módulo multiplicador, así como su repercusión en el mínimo a percibir que se garantiza según el siguiente artículo quinto, podrá llevarse a cabo de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias de la Mutualidad General. Tal actualización se acordará mediante Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, aplicando el índice que sea adecuado de los vigentes en tal momento.»
Dos. El artículo quinto queda redactado del siguiente modo:
«Quinto. Cuando la cuantía del subsidio por defunción, calculada de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior, resultara inferior a 751,28 euros, se abonará este importe, que se establece como mínimo a percibir en concepto de dicho subsidio.»
Disposición transitoria única. Aplicación temporal.
Lo dispuesto en los artículos segundo y tercero de la presente orden, no será de aplicación a los hechos causantes anteriores al 1 de enero de 2013.
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 19 de diciembre 2012.–El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro Romero.
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El #BOE publica el recorte radical en los subsidios de jubilación y defunción de los funcionarios en MUFACE.
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"116",
"137"
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CONVENIOS
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Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
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Recorte radical en los subsidios de jubilación y defunción de los funcionarios en MUFACE.
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[
"420",
"3857",
"5117",
"7162"
] | 3,356
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2014-06-06
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DE CONFORMIDAD con
Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo
DE CONFORMIDAD con
art. 90.2 y 3 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo
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BOE-A-2013-12824
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Resolución de 27 de mayo de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo de KFC Restaurants Spain, SL.
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<nota codigo='36' orden='320'>Vigencia desde el 10 de abril de 2014 hasta el 10 de abril de 2017.</nota>
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<materia codigo='1684' orden=''>Convenios colectivos</materia>
<materia codigo='4038' orden=''>Hostelería</materia>
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<anterior orden='3060' referencia='BOE-A-2010-9274'>
<palabra codigo='440'>DE CONFORMIDAD con</palabra>
<texto>Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo</texto>
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<anterior orden='3060' referencia='BOE-A-1995-7730'>
<palabra codigo='440'>DE CONFORMIDAD con</palabra>
<texto>art. 90.2 y 3 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo</texto>
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<posteriores></posteriores>
</referencias>
</analisis>
<texto>
<p class='parrafo'>Visto el texto del Convenio colectivo de la empresa KFC Restaurants Spain, SL, (código de convenio n.º 90101872012014), que fue suscrito, con fecha 10 de abril de 2014, de una parte, por los designados por la Dirección de la empresa en representación de la misma, y, de otra, el Comité de Empresa y los Delegados de personal en representación de los trabajadores afectados, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, Texto Refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, y en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo,</p>
<p class='parrafo'>Esta Dirección General de Empleo resuelve:</p>
<p class='articulo'>Primero.</p>
<p class='parrafo'>Ordenar la inscripción del citado Convenio colectivo en el correspondiente Registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo con funcionamiento a través de medios electrónicos de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.</p>
<p class='articulo'>Segundo.</p>
<p class='parrafo'>Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».</p>
<p class='parrafo_2'>Madrid, 27 de mayo de 2014.–El Director General de Empleo, Xavier Jean Braulio Thibault Aranda.</p>
<p class='anexo_num'>CONVENIO COLECTIVO DE KFC RESTAURANTS SPAIN, S.L.</p>
<p class='anexo_tit'>Preámbulo</p>
<p class='parrafo_2'>El presente Convenio colectivo se concierta entre la Dirección de la empresa «KFC Restaurants Spain, S.L.» (en adelante, «KFC España» o la «Compañía»), y la Representación de los Trabajadores existente en la Compañía (presentes en la Comisión Negociadora del Convenio, que ha sido formada por todos y cada uno de los Representantes de los Trabajadores de la totalidad de los restaurantes propios de la Compañía en el territorio del Estado español), lo que otorga al presente Convenio colectivo plena eficacia estatutaria.</p>
<p class='parrafo'>Las mencionadas partes ostentan y se reconocen recíprocamente la representatividad requerida en el Título III del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y, por tanto, plena legitimidad para suscribir este Convenio colectivo.</p>
<p class='parrafo_2'>Por todo lo anterior, el presente Convenio colectivo está dotado de la eficacia jurídica y fuerza de obligar que la Constitución y la Ley le confieren, incorporando, con tal carácter, la regulación de las condiciones laborales básicas para las empresas y los trabajadores incluidos en su ámbito de aplicación.</p>
<p class='capitulo_num'>CAPÍTULO I</p>
<p class='capitulo_tit'>Disposiciones generales</p>
<p class='articulo'>Artículo 1. Partes Firmantes.</p>
<p class='parrafo'>Son partes firmantes del presente Convenio colectivo, la empresa KFC Restaurants Spain, S.L., y la totalidad de los Representantes de los Trabajadores de la misma.</p>
<p class='parrafo'>En lo que se refiere a las notificaciones o comunicaciones que deban hacerse a las partes firmantes de este Convenio colectivo, se señala como domicilio a efectos de notificaciones, el referido al centro de trabajo de la Compañía, sito en la calle Serrano Galvache, n.º 56, 5.ª planta, Edificio Olmo, 28033 Madrid.</p>
<p class='articulo'>Artículo 2. Ámbito Personal y Funcional.</p>
<p class='parrafo'>1. Las condiciones de trabajo aquí reguladas afectan y obligan a KFC España y a todo el personal que trabaje en los restaurantes abiertos al público, presentes y futuros, de titularidad propia de KFC España, mediante una relación laboral, durante el período de vigencia del presente Convenio, entendiéndose comprendidos expresamente dentro del concepto de empleados todos aquellos que no están expresamente excluidos por el artículo 1.3 del Estatuto de los Trabajadores.</p>
<p class='parrafo'>2. En todo caso, este Convenio colectivo no será de aplicación a las personas que se encuentren comprendidas en alguno de los supuestos regulados en el artículo 2 del Estatuto de los Trabajadores.</p>
<p class='parrafo'>3. El presente Convenio colectivo, tampoco será de aplicación al personal que trabaje en empresas distintas de KFC España, que exploten las marcas del Grupo KFC o del Grupo YUM! Brands a través de franquicias, business rentals o por medio de cualquier otra forma jurídica.</p>
<p class='parrafo'>4. Este Convenio colectivo tampoco será de aplicación al personal administrativo y de gestión de KFC España sito en las oficinas centrales (que incluye, a título enunciativo, que no limitativo, al equipo de gestión de RR.HH., Operaciones, Financiero, Marketing, Dirección General, IT, Desarrollo, Compras, Calidad y Recepción, al regularse en el presente Convenio condiciones esencialmente vinculadas a la realidad operativa de la actividad de los restaurantes y su personal.</p>
<p class='articulo'>Artículo 3. Ámbito Territorial.</p>
<p class='parrafo'>El presente Convenio colectivo es de aplicación a todos los restaurantes abiertos al público de KFC España en el territorio del Estado español, tanto actuales como de futura creación, salvo a aquellos restaurantes que no estén operados directamente por la Compañía conforme a lo previsto en el artículo 2.3 del presente Convenio colectivo</p>
<p class='articulo'>Artículo 4. Ámbito Temporal.</p>
<p class='parrafo'>El presente Convenio colectivo entrará en vigor con efectos desde su firma, 10 de abril de 2014, teniendo una vigencia de cuatro años completos, finalizando la misma, por tanto, el día 10 de abril del año 2017.</p>
<p class='articulo'>Artículo 5. Prórroga y Denuncia.</p>
<p class='parrafo'>1. Llegado a su término la vigencia del presente Convenio colectivo, se entenderá prorrogado de año en año, a no ser que sea denunciado por escrito por cualquiera de las partes con al menos tres (3) meses de antelación a la fecha de su vencimiento.</p>
<p class='parrafo'>2. En materia de vigencia del Convenio colectivo tras su denuncia se estará a la regulación establecida en el artículo 86.3 del Estatuto de los Trabajadores vigente en cada momento, o la norma que pueda sustituir al mencionado precepto en el futuro.</p>
<p class='articulo'>Artículo 6. Compensación y Absorción.</p>
<p class='parrafo'>1. Las condiciones que se pactan en el presente Convenio colectivo sustituyen en su totalidad a las que hasta la firma del mismo regían en KFC España en virtud cualquier pacto o convenio, salvo que expresamente se establezca lo contrario en este Convenio colectivo.</p>
<p class='parrafo'>2. Igualmente, las condiciones que se establecen en este Convenio colectivo, en su conjunto, serán compensables y absorbibles respecto de las que anteriormente rigieran por voluntaria concesión o por imperativo legal, así como las que en el futuro se determinen con igual carácter, salvo que expresamente se establezca lo contrario en este Convenio colectivo.</p>
<p class='parrafo'>3. Se respetarán aquellas condiciones ad personam que, consideradas globalmente y en cómputo anual, excedan del presente Convenio colectivo, pero sin que en tal caso se puedan acumular las mismas a las ventajas derivadas del Convenio.</p>
<p class='articulo'>Artículo 7. Garantía del Convenio colectivo.</p>
<p class='parrafo'>En el supuesto de que algún artículo o párrafo de este Convenio colectivo no fuere aprobado por la autoridad laboral, o fuere declarado nulo o ineficaz por sentencia o resolución administrativa firmes, quedara en vigor el resto del contenido del Convenio colectivo, comprometiéndose las partes a negociar la nueva redacción de lo que hubiere quedado ineficaz o invalidado, sin perjuicio de que el resto del Convenio colectivo fuera totalmente aplicable.</p>
<p class='capitulo_num'>CAPÍTULO II</p>
<p class='capitulo_tit'>Contratación</p>
<p class='articulo'>Artículo 8. Periodo de Prueba.</p>
<p class='parrafo'>1. Podrá concertarse por escrito un período de prueba de hasta seis (6) meses para empleados del Grupo I y de hasta tres (3) meses para el resto de los empleados del Grupo II y III, salvo en el caso de los Empleados Polivalentes Junior con contrato de duración determinada cuyo periodo de prueba será de hasta dos (2) meses.</p>
<p class='parrafo'>2. Durante el período de prueba, el trabajador tendrá los derechos y obligaciones correspondientes al puesto de trabajo que desempeñe como si fuera de plantilla, excepto los derivados de la resolución de la relación laboral, que podrá producirse a instancia de cualquiera de las partes durante su transcurso.</p>
<p class='parrafo'>3. Transcurrido el período de prueba sin que se haya producido el desistimiento, el contrato producirá plenos efectos, computándose el tiempo de los servicios prestados en la antigüedad del trabajador en la Compañía.</p>
<p class='parrafo'>4. En todo caso, las situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, maternidad, y adopción o acogimiento, riesgo durante la lactancia y paternidad, que afecten al trabajador durante el período de prueba, interrumpirán el cómputo del mismo, así como cualquier otra situación que pudiera recogerse al efecto en el futuro en el artículo 14.3 del Estatuto de los Trabajadores.</p>
<p class='articulo'>Artículo 9. Contratación Indefinida.</p>
<p class='parrafo'>1. Se estará a lo establecido en la legislación vigente en cada momento para cada modalidad contractual utilizada.</p>
<p class='parrafo'>2. Los contratos de duración indefinida previstos actualmente en la normativa vigente y que las partes consideran que resultan apropiados para la actividad actual de la Compañía son el contrato indefinido ordinario a jornada completa, el contrato indefinido ordinario a jornada parcial y el contrato fijo-discontinuo. Todo ello, sin perjuicio de la utilización de otras modalidades contractuales previstas por la normativa actual o futura.</p>
<p class='parrafo'>3. La Compañía tiene la intención de mantener un modelo de contratación estable, fijándose como objetivo un ratio cercano al 80% de contratos indefinidos con respecto al resto de las modalidades, siempre y cuando dicho modelo resulte viable y rentable para el negocio.</p>
<p class='articulo'>Artículo 10. Contratos de Duración Determinada.</p>
<p class='parrafo'>1. Contrato eventual por circunstancias del mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos. Conforme a lo previsto en el artículo 15.1.b) del Estatuto de los Trabajadores, la duración máxima de los contratos eventuales por circunstancias de la producción será de seis (6) meses en un periodo de referencia de dieciocho (12) meses, ampliable hasta un máximo de doce (12) meses en un periodo de referencia de dieciocho meses (18) si así se prevé en el Convenio colectivo sectorial de aplicación.</p>
<p class='parrafo'>2. Contrato de formación y aprendizaje. Conforme a lo previsto en el artículo 11.2.b) del Estatuto de los Trabajadores, la duración mínima del contrato formativo será de seis (6) meses y la máxima de tres (3) años, pudiendo establecer otras duraciones dentro de estos límites, por necesidades organizativas y productivas de la Compañía.</p>
<p class='parrafo'>3. Lo previsto en este artículo 10 se adaptará automáticamente, en su caso, de conformidad a los cambios legales que pudieran surgir en materia de contratación temporal durante la vigencia del presente Convenio colectivo, que estará en este sentido subordinado a la ley. Con respecto al resto de modalidades contractuales de duración determinada (ej., obra o servicio, interinidad, relevo, prácticas, etc.) se estará a lo previsto al efecto en cada momento en el Estatuto de los Trabajadores, así como en las demás normas que resulten de obligado cumplimiento para la Compañía, que también serán de aplicación para todo aquello que no se haya previsto en el presente artículo 10 para los contratos eventuales y de formación y aprendizaje.</p>
<p class='articulo'>Artículo 11. Ceses.</p>
<p class='parrafo'>1. El trabajador que desee extinguir unilateralmente su contrato de trabajo deberá notificarlo a la Dirección de Recursos Humanos de la Compañía por escrito duplicado y firmado, con copia a su superior jerárquico con al menos quince (15) días naturales de antelación a la fecha de efectos de la extinción.</p>
<p class='parrafo'>2. La Compañía y los trabajadores podrán fijar de mutuo acuerdo, tanto al inicio de la relación laboral como durante el transcurso de la misma, periodos de preaviso superiores a quince (15) días naturales en función de las características del puesto de trabajo, funciones y responsabilidades que desempeñe el trabajador, siempre en observancia de la legalidad vigente.</p>
<p class='parrafo'>3. El incumplimiento de la obligación de preavisar dará derecho a la Compañía a descontar de la liquidación del trabajador el importe del salario correspondiente a los días de preaviso omitidos.</p>
<p class='capitulo_num'>CAPÍTULO III</p>
<p class='capitulo_tit'>Organización de trabajo</p>
<p class='articulo'>Artículo 12. Sistema de Clasificación Profesional</p>
<p class='parrafo'>1. Los trabajadores que presten servicios en KFC España incluidos en el ámbito del presente Convenio colectivo serán clasificados, según sus aptitudes profesionales, titulaciones y contenido general de la prestación, según se describe en el presente artículo, lo que supone la adaptación en la empresa del nuevo Capítulo II (sobre clasificación profesional) del IV Acuerdo Laboral de Ámbito Estatal para el Sector de la Hostelería (ALEH), publicado en fecha 14 de marzo de 2014, con el objeto de reflejar la realidad operativa y organizativa de la Compañía:</p>
<table class='tabla_ancha'>
<tr>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Grupo Profesional</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Puestos</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Funciones</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan='3'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>I</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Gerente.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Realizar de manera cualificada las funciones de dirección, planificación, organización y control del sector de su responsabilidad y las funciones de control y coordinación de los trabajos. Organizar, dirigir y coordinar el trabajo del personal a su cargo. Instruir y evaluar al personal a su cargo. Impulsar la implantación de sistemas de calidad total en la empresa. Realizar inventarios y controles de materiales, mercancías, etc., de uso en el centro de su responsabilidad. Supervisar y controlar el mantenimiento y uso de maquinaria, materiales, utillaje, etc., del centro de su responsabilidad, realizando los correspondientes inventarios y propuesta de reposición. Organizar, controlar y coordinar todo el proceso de distribución de la producción a su cargo. Cuidar de que la producción reúna las condiciones exigidas tanto higiénicas como de montaje. Elaborar las estadísticas e informes de su centro para la dirección de la empresa y otros departamentos. Elaborar las programaciones diarias para su distribución, responsabilizándose de su cumplimiento. Recibir y transmitir las peticiones de servicios y sus modificaciones. Implicarse activamente en los planes de seguridad y salud laboral.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Subgerente.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Realizar de manera cualificada funciones de dirección, planificación y control de restaurante. Colaborar y sustituir al jefe/a de restaurante en las tareas propias del mismo.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Jefe de Equipo.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Realizar de manera cualificada, con iniciativa y responsabilidad el seguimiento de las funciones relacionadas con el proceso de preparación y distribución de las comidas en el centro correspondiente. Organizar el trabajo del personal a su cargo y las actividades de estos. Distribuir al personal a su cargo en cocina, caja, sala o pack. Participar con alguna autonomía y responsabilidad en el servicio y venta de alimentos y bebidas. Participar en la realización de tareas complementarias. Conservar adecuadamente su zona y utensilios de trabajo. Preparar áreas de trabajo para el servicio. Colaborar en el servicio al cliente.</p>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>En los momentos en que el Gerente y/o el Subgerente estuvieran ausentes del Restaurante por los motivos que fuere, el Jefe de Equipo será el máximo responsable del turno que corresponda.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>II</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Empleado Polivalente.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Funciones de Caja, Pack o Cocina. Participar en el servicio, distribución y venta de alimentos y bebidas en los puntos de consumo, colaborar en la elaboración y preparación de productos básicos, así como en el desarrollo de las tareas de limpieza de útiles, maquinaria, menaje y zona de trabajo. Atención directa al cliente para el consumo de comidas y bebidas. Realizar el servicio y tratado de alimentos y su distribución. Preparar las áreas de trabajo para el servicio. Realizar labores de limpieza en los útiles, maquinaria y menaje del comedor y cocina y de sus zonas de trabajo.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>II</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Empleado Polivalente Formador.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Tendrá las mismas funciones que el Empleado Polivalente ordinario, con el añadido de que, el Empleado Polivalente Formador además contribuirá a la formación de los Empleados Polivalentes y los Empleados Polivalentes Junior.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>III</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Empleado Polivalente Junior.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Funciones de Sala, Caja, Pack o Cocina.</p>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Trabajadores que acceden a su primer empleo en el sector de la restauración o que cuenten con menos de un (1) año de experiencia en dicho sector.</p>
</td>
</tr>
</table>
<p class='parrafo_2'>2. En los restaurantes abiertos al público con más de un (1) año de antigüedad, existentes a la firma del presente Convenio colectivo, podrá existir un máximo un 25% de Empleados Polivalentes Junior sobre el total de los empleados contratados en dicho restaurante. En los restaurantes de nueva creación no habrá límite de porcentaje de contratación.</p>
<p class='parrafo'>3. La Compañía tiene la intención de mantener un mínimo de tres (3) Empleados Polivalentes Formadores (uno por cada función: Caja, Pack o Cocina).</p>
<p class='parrafo'>4. Sin perjuicio de todo lo anterior, las partes reconocen que, por motivos operacionales de KFC España puede que sea necesario adaptar y redefinir el presente sistema de clasificación profesional, según la evolución del negocio, en cuyo caso será negociada por la Compañía y los Representantes de los Trabajadores y añadida como Anexo al presente Convenio colectivo.</p>
<p class='articulo'>Artículo 13. Trabajos de Grupo Superior e Inferior.</p>
<p class='parrafo'>Con respecto a la movilidad funcional para la realización de funciones superiores o inferiores, no correspondientes al grupo profesional, se estará a lo dispuesto al efecto en cada momento en el artículo 39 del Estatuto de los Trabajadores.</p>
<p class='articulo'>Artículo 14. Promoción Profesional de los Trabajadores / Ascensos.</p>
<p class='parrafo'>1. Conforme al artículo 24 del Estatuto de los Trabajadores, los ascensos y promociones de los trabajadores de KFC España se producirán en todo caso teniendo en cuenta la formación, méritos y experiencia del trabajador, así como las facultades organizativas de la Compañía.</p>
<p class='parrafo'>2. En todo caso, los criterios de ascensos y promociones serán comunes para los trabajadores de uno y otro sexo, y deberá respetar asimismo el imperativo de no discriminación por las demás circunstancias referidas en el artículo 17.1 del Estatuto de los Trabajadores.</p>
<p class='parrafo'>3. Para el ascenso o promoción profesional de los trabajadores se requerirá poseer las aptitudes exigidas para el desempeño de los nuevos puestos de trabajo, valorándose a estos efectos la asistencia de los trabajadores, con aprovechamiento acreditado, a cursos de formación directamente relacionados con el puesto a ocupar.</p>
<p class='parrafo'>4. La Compañía pretende potenciar la promoción interna de sus trabajadores, tratando de asegurar que el 50% de los puestos de Gerente, el 60% de los puestos de Subgerente y el 70% de los puestos de Jefe de Equipo se ocupen a través de la promoción interna.</p>
<p class='capitulo_num'>CAPÍTULO IV</p>
<p class='capitulo_tit'>Retribución</p>
<p class='articulo'>Artículo 15. Estructura Salarial.</p>
<p class='parrafo'>1. El salario fijo de los trabajadores se dividirá en los siguientes conceptos: (i) Salario Base y (ii) Mejora Voluntaria.</p>
<p class='parrafo'>2. La presente estructura salarial no conllevará la minoración del salario que los empleados vinieran percibiendo antes de la fecha de efectos del presente Convenio colectivo, cuya cuantía se mantendrá y se distribuirá entre los conceptos de salario base (según previsto en el presente Convenio) y mejora voluntaria (en la cuantía que exceda de dicho salario base).</p>
<p class='articulo'>Artículo 16. Salario Base.</p>
<p class='parrafo'>1. Los grupos profesionales definidos en el artículo 12.1 de este Convenio colectivo tienen establecidos los siguientes salarios base anuales (que incluyen en su importe la prorrata de pagas extraordinarias):</p>
<table class='tabla'>
<tr>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Grupo Profesional</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Puestos</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Salario Base Bruto Año (euros) a 40 horas</p>
<p class='cabeza_tabla'>(12 pagas incluyendo prorrata de pagas extraordinarias)</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>I</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Gerente.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>23.625 euros.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>I</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Subgerente.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>18.675 euros.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>I</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Jefe de Equipo.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>15.675 euros.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>II</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Empleado Polivalente Formador.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>13.025,24 euros.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>II</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Empleado Polivalente.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>12.525,24 euros.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>III</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Empleado Polivalente Junior.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Desde 9.393,93 euros hasta 10.646,45 euros en función a lo establecido en el artículo 16.2 del presente Convenio.</p>
</td>
</tr>
</table>
<p class='parrafo_2'>2. Durante los primeros seis meses de contrato, los Empleados Polivalentes Junior recibirán un 75% del salario base bruto de los Empleados Polivalentes ordinarios, porcentaje que se incrementará al 85% durante el segundo semestre. Tras un año de prestación de servicios en la Compañía, el el empleado promocionará a Empleado Polivalente.</p>
<p class='parrafo'>Los empleados que accedan a la Compañía a través de la categoría de Empleado Polivalente Junior con más de 6 meses y menos de un año de experiencia en el sector de hostelería, durante el primer año de su contrato, recibirán el 85% del salario base bruto de la categoría de Empleado Polivalente ordinario. Tras un año de prestación de servicios en la Compañía, el el empleado promocionará a Empleado Polivalente.</p>
<p class='parrafo'>3. Los Empleados Polivalentes Formadores que ya formaran parte de la plantilla a la firma del presente Convenio colectivo, incrementarán su salario base 500 Euros brutos anuales como reconocimiento a su categoría y su labor de formador.</p>
<p class='parrafo'>4. Para los siguientes cuatro años de vigencia del Convenio colectivo se pactan los siguientes incrementos salariales a aplicar al salario base bruto y mejora voluntaria bruta:</p>
<p class='parrafo_2'>• Primer año (2014): 0,6%.</p>
<p class='parrafo'>• Segundo año (2015): 0,6%.</p>
<p class='parrafo'>• Tercer año (2016): 0,8%.</p>
<p class='parrafo'>• Cuarto año (2017): 1%.</p>
<p class='parrafo_2'>Los incrementos salariales se aplicarán con efectos del día 1 de enero de cada año y no serán compensables ni absorbibles.</p>
<p class='articulo'>Artículo 17. Mejora Voluntaria.</p>
<p class='parrafo'>La mejora voluntaria vendrá integrada por el salario fijo de los trabajadores que exceda de la cuantía establecida para el salario base de cada grupo profesional y teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 15.2 del presente Convenio colectivo.</p>
<p class='articulo'>Artículo 18. Complementos.</p>
<p class='parrafo'>Con carácter general y con efectos desde la entrada en vigor del presente Convenio colectivo, se suprimen cualesquiera pluses, complementos, premios, gratificaciones y demás cantidades previstas en convenios colectivos de ámbito superior, así como aquellos que se estuviesen aplicando internamente en la Compañía y, en su lugar, se acuerdan los siguientes:</p>
<p class='parrafo_2'>a) Complemento Empleado Polivalente Formador: Los empleados formadores recibirán una mejora voluntaria y de libre disposición por parte de la empresa de otros 500 euros brutos anuales sobre el salario de un Empleado Polivalente a jornada completa. Esta mejora voluntaria estará vinculada tanto a la certificación continuada en el tiempo por parte de los empleados formadores como al probado éxito en el desempeño de sus funciones.</p>
<p class='parrafo'>Estas cantidades están calculadas tomando como base una jornada ordinaria a tiempo completo, por lo que deberán ajustarse proporcionalmente para la jornada ordinaria a tiempo parcial, en su caso. El Plus se abonará mensualmente de forma prorrateada y proporcional al tiempo durante el cual el empleado preste efectivamente funciones como Empleado Polivalente Formador.</p>
<p class='parrafo'>b) Plus de Ayuda al Transporte: Como compensación de los gastos de desplazamiento y medios de transporte se establece un complemento extra salarial de ciento diez (110) euros brutos mensuales por once (11) meses al año (excluyendo el periodo de vacaciones) para las nuevas contrataciones, con independencia del cuál sea el número de horas contratadas. Los empleados actualmente contratados, mantendrán la cuantía del Plus Transporte que estén percibiendo antes de la entrada en vigor del presente Convenio como «Complemento Plus Transporte ad personam». El importe mensual de este tipo de plus tiene como base los días laborables, por lo que el equivalente podrá deducirse los días en que el trabajador falte al trabajo, excepto si se trata de las licencias retribuidas del artículo 37.3 del Estatuto de los Trabajadores, así como las establecidas en los artículos 24 y 27.4 del presente Convenio colectivo, o fiestas abonables. A efectos de su abono, este Plus podrá prorratearse en las doce (12) mensualidades del año.</p>
<p class='parrafo'>c) Complemento de Manutención (Comida en el Restaurante): Los empleados que presten servicios efectivos como mínimo cuatro (4) horas al día, tendrán derecho a recibir con cargo a la empresa y durante los días en que presten sus servicios, la manutención. Dicho complemento consistirá en un Menú cuyo precio actual individual es 1.8 euros brutos.</p>
<p class='parrafo'>d) Complemento de Permanencia: Los empleados que tuvieran cincuenta y ocho (58) años de edad o más, con una antigüedad en la misma empresa o reconocida por esta de, al menos diez (10) años, percibirán un complemento anual, consistente en una (1) mensualidad que se abonará en el mes de marzo de cada año. Sí el empleado en el año natural reuniere los requisitos de edad y antigüedad en la empresa con posterioridad al mes de marzo de cada año en curso, igualmente le será abonado dicho complemento, con cargo a dicho año. El devengo de este complemento, una vez cumplidos los requisitos anteriormente citados, está determinado por el hecho de que el empleado cumpla la edad dentro del año de que se trate, lo que le dará derecho a percibirlo completo. El derecho al abono completo del complemento de permanencia nace el 1 de enero del año en que el empleado cumpla la edad exigida sin perjuicio que el pago se realice en el mes de marzo de dicho año. Las mensualidades del complemento de este artículo vendrán constituidas por el salario base establecido en tablas salariales del presente Convenio colectivo. En caso de subrogación legal o convencional la empresa obligada al pago de la totalidad del complemento de permanencia es la que fuera titular de la explotación a la fecha de pago, es decir el 30 de marzo del año en que tenga lugar la subrogación. No se puede descontar el importe de este complemento de la liquidación a la que tenga derecho el empleado por cese o suspensión del contrato ya que no se considera paga extraordinaria. A efectos aclaratorios, reiterar que éste complemento sustituye cualesquiera complementos de antigüedad recogidos en convenios de ámbito superior.</p>
<p class='parrafo'>e) Complemento para el Lavado de Uniformes de Trabajo: Los empleados recibirán un complemento de quince (15) euros brutos mensuales por once (11) meses al año (excluyendo el periodo de vacaciones), para el lavado de los uniformes que se pongan a su disposición por razón de la prestación efectiva de sus servicios para la Compañía.</p>
<p class='parrafo'>f) Plus de Trabajo Nocturno: Los empleados que presten sus servicios en horario de 00:00 horas a 6:00 horas tendrán derecho a una retribución específica de 25% sobre el salario base bruto hora del empleado en cuestión, por cada hora de trabajo efectivo dentro de dicho horario, abonándose la fracción de hora de forma proporcional.</p>
<p class='parrafo'>g) Premio de Natalidad: Los empleados con más de un (1) año de antigüedad en la Compañía recibirán ciento cincuenta (150) euros brutos por cada hijo nacido durante la prestación efectiva de servicios en la Compañía.</p>
<p class='parrafo'>h) Auxilio por Defunción: En caso del fallecimiento del empleado durante la prestación de servicios para la Compañía, su cónyuge e hijos (en su conjunto y no de manera individualizada) tendrán derecho a recibir un pago único total de tres (3) mensualidades del salario base bruto que el empleado estuviera percibiendo a la fecha de su fallecimiento.</p>
<p class='articulo'>Artículo 19. Pagas Extraordinarias.</p>
<p class='parrafo'>1. Las retribuciones anuales establecidas en el presente Convenio colectivo se estructuran en catorce (14) pagas: doce (12) ordinarias y dos (2) extraordinarias (paga de verano –devengada de 1 enero a 30 junio de cada año– y paga de invierno –devengada de 1 julio a 31 diciembre de cada año–). Se acuerda que las pagas extraordinarias se podrán prorratear y abonar dentro de las doce (12) pagas ordinarias.</p>
<p class='parrafo'>2. Las pagas extraordinarias, comprenderán única y exclusivamente los conceptos «Salario Base» y «Mejora Voluntaria».</p>
<p class='capitulo_num'>CAPÍTULO V</p>
<p class='capitulo_tit'>Tiempo de trabajo</p>
<p class='articulo'>Artículo 20. Jornada y Horario de Trabajo.</p>
<p class='parrafo'>1. Con carácter general, la jornada ordinaria máxima anual de trabajo efectivo será de 1.800 horas (40 horas de trabajo efectivo a la semana de promedio en cómputo anual).</p>
<p class='parrafo'>2. La jornada mínima diaria será de dos (2) horas y la máxima de diez (10) horas y se establecerán en función de las necesidades organizativas y productivas de la actividad en cada momento. Con respecto a la jornada semanal, se seguirá un sistema flexible de reparto de horas, de mutuo acuerdo con el empleado. Con respecto a la jornada mínima diaria de dos (2) horas, ésta podrá aplicarse en aquellos casos en los que los empleados estén contratados con una jornada inferior a veinte (20) horas a la semana.</p>
<p class='parrafo'>3. Conforme a lo establecido en el artículo 34.2 del Estatuto de los Trabajadores, la Compañía podrá distribuir de manera irregular a lo largo del año el 10% de la jornada de trabajo para atender la fluctuación en los picos de trabajo, respetando en todo caso los períodos mínimos de descanso diario y semanal previstos legalmente. El trabajador deberá conocer con un preaviso mínimo de cinco (5) días el día y la hora de la prestación de trabajo resultante de la distribución irregular de la jornada. Este artículo se adaptará automáticamente, en su caso, de conformidad a los cambios legales que pudieran surgir en dicho precepto legal durante la vigencia del presente Convenio colectivo, que estará en este sentido subordinado a la Ley.</p>
<p class='parrafo'>4. La Compañía tiene la intención de que al menos 80% de los empleados tengan una jornada de al menos veinte (20) horas a la semana de promedio en cómputo anual, en la medida que sea viable para el negocio desde el punto de vista de rentabilidad y eficiencia operacional y productiva.</p>
<p class='articulo'>Artículo 21. Horas Extraordinarias y Horas Complementarias.</p>
<p class='parrafo'>1. Las partes firmantes del presente Convenio colectivo acuerdan la conveniencia de reducir al mínimo indispensable la realización de las horas extraordinarias habituales.</p>
<p class='parrafo'>2. No obstante lo anterior, en aquellos casos en que la Compañía y el trabajador acuerden realizar horas extraordinarias, el abono de las mismas tendrá un 75% de recargo del valor de la hora ordinaria.</p>
<p class='parrafo'>3. Conforme a lo previsto en el artículo 12.5.b) del Estatuto de los Trabajadores, se podrá formalizar un pacto de horas complementarias en el caso de contratos a tiempo parcial con una jornada de trabajo no inferior a diez (10) horas semanales en cómputo anual.</p>
<p class='parrafo'>4. El número máximo de horas complementarias pactadas será de hasta un 60% de las horas ordinarias contratadas, de conformidad al artículo 12.5.c) del Estatuto de los Trabajadores.</p>
<p class='parrafo'>5. Sin perjuicio del pacto de horas complementarias, en los contratos a tiempo parcial de duración indefinida con una jornada de trabajo no inferior a diez (10) horas semanales en cómputo anual, la Compañía podrá, en cualquier momento, ofrecer al trabajador la realización de hasta un 30% de horas complementarias sobre las horas ordinarias contratadas, de aceptación voluntaria por parte del empleado, de conformidad con lo establecido en el artículo 12.5.g) del Estatuto de los Trabajadores.</p>
<p class='parrafo'>6. El trabajador deberá conocer el día y hora de la realización de las horas complementarias con un preaviso mínimo de tres (3) días naturales, siempre que las circunstancias organizativas derivadas de dicha necesidad de realización de horas complementarias lo permitan.</p>
<p class='parrafo'>7. Las horas complementarias realizadas se podrán compensarán en metálico con un 10% de recargo del valor de la hora ordinaria, o bien con tiempo de descanso equivalente incrementado en un 10%.</p>
<p class='articulo'>Artículo 22. Calendario Laboral y Vacaciones.</p>
<p class='parrafo'>1. Con respecto al calendario laboral, se estará a la legislación vigente en cada momento.</p>
<p class='parrafo'>2. Con carácter general, los trabajadores disfrutarán de un período de vacaciones anuales retribuido cuya duración será de treinta (30) días naturales.</p>
<p class='parrafo'>3. Las vacaciones se disfrutarán en los siguientes periodos:</p>
<p class='parrafo_2'>• La empresa podrá establecer quince (15) días naturales al año como disfrute obligatorio, intentando no perjudicar los intereses de los empleados.</p>
<p class='parrafo'>• Los empleados podrán elegir, teniendo en cuenta las necesidades del restaurante los otros quince (15) días naturales.</p>
<p class='parrafo_2'>La Compañía, previo acuerdo con la representación de los trabajadores o por acuerdo individual con el empleado, podrá modificar dichos periodos cuando las necesidades organizativas de la misma así lo requieran.</p>
<p class='parrafo'>4. Las vacaciones se deberán disfrutar dentro del año natural en las que se devenguen y como máximo y de manera excepcional, hasta el 31 de marzo del año siguiente al correspondiente al de su devengo, sin perjuicio de las excepciones establecidas legalmente en cada momento en el artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores.</p>
<p class='parrafo'>5. La Compañía informará en cada momento a los representantes de los trabajadores sobre el calendario laboral y las vacaciones. Los representantes de los trabajadores acusarán recibo de dichas informaciones, formulando en su caso cualquier recomendación que estimen oportuna a dichos efectos.</p>
<p class='articulo'>Artículo 23. Descanso.</p>
<p class='parrafo'>1. Los trabajadores tendrán derecho a media hora de descanso retribuido, dentro de su jornada laboral diaria, siempre que ésta llegue a seis (6) horas.</p>
<p class='parrafo'>2. Siempre que sea posible desde el punto de vista operacional, se permitirá a los empleados tener un descanso mínimo de una (1) hora y máximo de cuatro (4) horas, en el caso de jornadas partidas.</p>
<p class='parrafo'>3. Los trabajadores tendrán derecho a dos (2) días consecutivos de descanso semanal, salvo para los centros de trabajo con día fijo de cierre, donde el descanso semanal podrá ser no consecutivo. Las empresas que no tengan fijado día o días de cierre semanal, organizarán turnos rotativos que permitan el descanso de todo trabajador en un domingo de cada cuatro trascurridos. Como máximo, se podrá trabajar tres (3) domingos consecutivos y el cuarto descansar.</p>
<p class='parrafo'>No obstante, cuando al trabajador le corresponda descansar un domingo, los días de descanso semanal podrán ser no consecutivos.</p>
<p class='articulo'>Artículo 24. Licencias y Permisos.</p>
<p class='parrafo'>1. Los empleados, previo aviso y justificación, podrán ausentarse del trabajo con derecho a remuneración, por alguno de los motivos y por el tiempo siguiente:</p>
<p class='parrafo_2'>a) Matrimonio: Quince (15) días naturales en caso de matrimonio o constitución de pareja de hecho que se inscriba en el registro creado al efecto y, en este último caso, sólo se podrá ejercer tal derecho una sola vez en la vida laboral del empleado en la empresa. En ambos casos, a opción del empleado, podrá disfrutarse dentro de los quince (15) días anteriores o posteriores al hecho causante. Para el ejercicio de este derecho el empleado, que se constituya como pareja de hecho deberá tener una antigüedad mínima en la empresa de un año.</p>
<p class='parrafo'>b) Matrimonio de familiares de hasta segundo grado de consanguinidad: Un (1) día natural, o dos (2) días naturales de ser necesario desplazamiento de provincia, que no tendrá consideración propiamente de licencia retribuida, sino como de permiso a descontarse de las vacaciones y/o fiestas abonables.</p>
<p class='parrafo'>c) Nacimiento de hijo: Cinco (5) días naturales, adicionales a los establecidos en el Estatuto de los Trabajadores para los permisos de maternidad y paternidad, con independencia de que se necesite o no hacer un desplazamiento al efecto.</p>
<p class='parrafo'>d) Fallecimientos de familiares hasta segundo grado de consanguinidad: Cinco (5) días naturales con independencia de que se necesite o no hacer un desplazamiento al efecto.</p>
<p class='parrafo'>e) Intervención con hospitalización de parientes hasta segundo grado de consanguinidad: Dos (2) días naturales, o tres (3) días naturales en caso de desplazamiento de provincia.</p>
<p class='parrafo'>f) Asuntos propios: Un (1) día natural.</p>
<p class='parrafo'>g) Traslado de domicilio habitual: Dos (2) días naturales.</p>
<p class='parrafo_2'>2. A efectos de conjugar estas licencias con la realidad operativa de la Compañía se establece un periodo mínimo de preaviso de tres (3) días, salvo para aquellos casos en los que por la propia naturaleza de la licencia o permiso no sea posible cumplir con el mismo. A manera de excepción, la licencia por matrimonio requerirá un preaviso mínimo de dos (2) semanas, ya que su duración exige realizar un ajuste organizativo más significativo.</p>
<p class='articulo'>Artículo 25. Días Festivos.</p>
<p class='parrafo'>Con respecto a los días festivos se estará a lo previsto al efecto en cada momento en el Estatuto de los Trabajadores, así como en las demás normas que resulten de obligado cumplimiento para la Compañía. Dichos días festivos, se compensarán a elección del empleado con un 10% de recargo del valor de la hora ordinaria, o bien con tiempo de descanso equivalente incrementado en un 10%.</p>
<p class='articulo'>Artículo 26. Excedencias</p>
<p class='parrafo'>1. Excedencias voluntarias: De conformidad con la normativa vigente y sujeto a los demás términos y condiciones que se reflejan en la misma, el empleado con al menos un (1) año de antigüedad en la empresa tiene derecho a que se le reconozca la posibilidad de situarse en excedencia voluntaria por un plazo no menor a cuatro (4) meses y no mayor a cinco (5) años. Este derecho solo podrá ser ejercitado otra vez por el mismo empleado si han transcurrido (4) cuatro años desde el final de la anterior excedencia.</p>
<p class='parrafo'>2. Excedencias especiales: De conformidad con la normativa vigente e igualmente sujeto a los demás términos y condiciones que se reflejan en la misma, el empleado tendrá derecho a una excedencia, por el plazo señalado a continuación y cuando se acrediten y justifiquen los siguientes hechos:</p>
<p class='parrafo_2'>a) Hasta tres (3) años de excedencia por cuidado de un/a hijo/a, a contar desde la fecha de nacimiento del mismo o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa. El hijo/a podrá serlo por naturaleza, adopción o acogimiento, tanto permanente como preadoptivo, aunque estos sean provisionales. Si dos o más trabajadores de la empresa generasen este derecho por el mismo sujeto causante, la empresa podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de la empresa. La excedencia mencionada en este párrafo, se podrá disfrutar, a opción del trabajador o trabajadora, de forma fraccionada.</p>
<p class='parrafo'>b) Hasta dos (2) años por cuidado personal de cónyuge o familiares de hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo, y no desempeñe actividad retribuida.</p>
<p class='parrafo_2'>3. La solicitud de reingreso deberá de comunicarse por escrito a la empresa con un (1) mes de antelación a la fecha de finalización de la excedencia, y la incorporación deberá producirse al día siguiente de la terminación del período de excedencia.</p>
<p class='parrafo'>4. Durante el periodo de excedencia, subsistirá el deber de confidencialidad establecido en el contrato de trabajo con el empleado, así como los deberes éticos y de buena fe que rigen en toda relación contractual, lo cual hace incompatible el ejercicio de la excedencia con la prestación de servicios para una empresa de la competencia.</p>
<p class='capitulo_num'>CAPÍTULO VI</p>
<p class='capitulo_tit'>Beneficios sociales</p>
<p class='articulo'>Artículo 27. Incapacidad Temporal.</p>
<p class='parrafo'>1. En los supuestos de incapacidad temporal por accidente de trabajo o enfermedad profesional, durante el tiempo en que el trabajador tenga derecho a prestaciones económicas, la Compañía complementará las mismas hasta el 100% del salario, entendiéndose que comprende exclusivamente los conceptos «Salario Base», «Prorrata de Pagas Extraordinarias» y «Mejora Voluntaria» que el trabajador venía percibiendo en ese momento.</p>
<p class='parrafo'>2. En los supuestos de incapacidad temporal por contingencias comunes, en los que la Seguridad Social o la Mutua Patronal reconozca el pago de prestaciones económicas, la Compañía complementará las mismas con los siguientes límites:</p>
<p class='parrafo_2'>a) Primera baja médica que conlleve una situación de incapacidad temporal en un período de referencia de un año natural. En estos supuestos, la Compañía complementará las prestaciones económicas, durante el tiempo en que el trabajador tenga derecho a las mismas y con un tope máximo de dieciocho (18) meses, hasta el 100% de los conceptos «Salario Base», «Prorrata de Pagas Extraordinarias» y «Mejora Voluntaria» que el trabajador venía percibiendo en ese momento.</p>
<p class='parrafo'>b) Segunda y sucesivas bajas médica que conlleve una situación de incapacidad temporal en un período de referencia de un año natural. En estos supuestos, durante los primeros tres días de la baja no se pagará complemento alguno. La Compañía complementará las prestaciones económicas, a partir de cuarto día de la baja y durante el tiempo en que el trabajador tenga derecho a las mismas y con un tope máximo de dieciocho (18) meses, hasta el 75% de los conceptos «Salario Base», «Prorrata de Pagas Extraordinarias» y «Mejora Voluntaria» que el trabajador venía percibiendo en ese momento.</p>
<p class='parrafo'>c) En el caso de mujeres embarazadas, la Compañía complementará la prestación económica a la que tengan derecho, hasta el 100% de los conceptos «Salario Base», «Prorrata de Pagas Extraordinarias» y «Mejora Voluntaria» que el trabajador venía percibiendo en ese momento.</p>
<p class='parrafo'>d) Incapacidad temporal derivada de enfermedad grave, entendiendo por tales las recogidas en el Anexo del Real Decreto 1148/2011, de 29 de julio, para la aplicación y desarrollo, en el sistema de la Seguridad Social, de la prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave («BOE» de fecha 30 de julio de 2011), así como aquellos supuestos en los que el trabajador deba someterse a intervención quirúrgica que implique hospitalización. En estos supuestos, la Compañía complementará las prestaciones económicas, durante el tiempo en que el trabajador tenga derecho a las mismas y con un tope máximo de dieciocho (18) meses, hasta el 100% de los conceptos «Salario Base», «Prorrata de Pagas Extraordinaria» y «Mejora Voluntaria» que el trabajador venía percibiendo en ese momento.</p>
<p class='parrafo_2'>3. Los trabajadores deberán justificar debidamente cualquier baja médica a través de los correspondientes justificantes médicos o partes de baja, los cuales deberán ser facilitados en un plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas a partir de la fecha de inicio de la baja.</p>
<p class='parrafo'>4. En todo caso, el empleado que faltase con justificación escrita (parte oficial de enfermedad o el documento que lo sustituya) tendrá derecho a percibir una cantidad diaria equivalente a la que debería percibir como Plus de Ayuda al Transporte.</p>
<p class='parrafo'>5. No obstante, la empresa no estará obligada a complementar ni abonar cantidad alguna, si el trabajador se negase expresamente a pasar la revisión médica de su enfermedad por la Mutua de Accidentes a la que esté adscrita la Compañía.</p>
<p class='articulo'>Artículo 28. Uniforme de Trabajo, Útiles y Herramientas.</p>
<p class='parrafo'>La Compañía facilitará a los empleados el uniforme necesario para el desarrollo de sus funciones, así como los útiles/herramientas necesarias para el correcto desempeño de las funciones contratadas.</p>
<p class='capitulo_num'>CAPÍTULO VII</p>
<p class='capitulo_tit'>Prevención y salud laboral</p>
<p class='articulo'>Artículo 29. Principios Generales.</p>
<p class='parrafo'>Será de aplicación lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, así como su normativa de desarrollo, vigente en cada momento.</p>
<p class='articulo'>Artículo 30. Normas Especiales.</p>
<p class='parrafo'>En especial, deberán cumplirse en materia de Prevención y Salud Laboral las siguientes normas:</p>
<p class='parrafo_2'>a) Se recomienda que los/as menores de dieciocho (18) años no utilicen las máquinas picadoras, serradoras o cortadoras, instaladas para su uso en la cocina. En caso de utilización para favorecer el aprendizaje, ésta deberá estar supervisada por una persona capacitada para ello.</p>
<p class='parrafo'>b) En las cocinas o dependencias con riesgo de incendios o explosión habrá colocados en sitios visibles extintores apropiados a las causas determinantes del posible fuego a extinguir.</p>
<p class='parrafo'>c) Todos los establecimientos cuidarán de que sus accesos y salidas estén suficientemente señalizados, para facilitar la evacuación en caso de emergencia. Todo el personal de los centros de trabajo conocerá las diferentes salidas de emergencia y sus posibles bloqueos.</p>
<p class='parrafo'>d) En todos los centros de trabajo habrá un botiquín, que contará como mínimo con agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de yodo, gasas, algodón, vendas, esparadrapo y pastillas calmantes del dolor.</p>
<p class='parrafo'>e) Las mesas y los suelos de los comedores del personal se limpiarán después de cada turno de comida, de forma que al empezar el siguiente turno de comida no haya platos sucios ni restos de comida.</p>
<p class='parrafo'>f) Durante los meses de verano, la Compañía tomará las medidas oportunas para que la temperatura ambiente de los restaurantes no supere los 35ºC.</p>
<p class='parrafo'>g) Los Comités de Seguridad y Salud tendrán derecho a ser informados por la Compañía ante cualquier cambio en lo que respecta a:</p>
<p class='parrafo_2'>• Introducción de nuevas tecnologías.</p>
<p class='parrafo'>• Introducción de nuevos procesos y/o actividades en cuanto afecten a la Prevención y Salud Laboral.</p>
<p class='articulo'>Artículo 31. Reconocimientos Médicos.</p>
<p class='parrafo'>La Compañía enviará a todos los empleados a un reconocimiento médico anual preceptivo. Cualquiera que sea la modalidad de reconocimiento elegido por la Compañía, se le facilitará al empleado copia inteligible del mismo. En todo caso, el informe clínico pertenece a la esfera íntima del empleado y, como tal, debe ser protegido.</p>
<p class='capitulo_num'>CAPÍTULO VIII</p>
<p class='capitulo_tit'>Derechos Sindicales</p>
<p class='articulo'>Artículo. 32. Derechos Sindicales.</p>
<p class='parrafo'>La Compañía respetará el derecho de todos los trabajadores a sindicarse libremente y a no discriminar ni hacer depender el empleo de un trabajador la condición de que no se afilie o renuncie a su afiliación sindical.</p>
<p class='articulo'>Artículo 33. Comité Intercentros.</p>
<p class='parrafo'>1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 63.3 del Estatuto de los Trabajadores, se constituirá un Comité Intercentros, como órgano de representación colegiado, para servir de resolución de todas aquellas materias que, excediendo de las competencias propias de los Comités de Empresa o Delegados de Personal, por ser cuestiones que afectan a varios centros de la Compañía, deban ser tratados con carácter general.</p>
<p class='parrafo'>2. Específicamente, el Comité Intercentros asume las competencias previstas en los artículos 40, 41, 51 y 64 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, así como cualesquiera otras competencias negociadoras previstas en la normativa vigente o futura, cuando las medidas o reivindicaciones afecten a más de un centro de trabajo. El Comité Intercentros se regirá en su funcionamiento por las normas establecidas en el Estatuto de los Trabajadores para los Comités de Empresa y sus decisiones en las materias de su competencia serán vinculantes para la totalidad de los trabajadores de la Compañía.</p>
<p class='parrafo'>3. En la constitución del Comité Intercentros se guardará la proporcionalidad de los sindicatos según los resultados electorales considerados globalmente.</p>
<p class='parrafo'>4. Los cambios que se produzcan en la representación legal de los trabajadores con motivo de elecciones que no sean generales en el ámbito de la Compañía, se tendrán en cuenta con carácter anual, a fecha 31 de diciembre, para modificar, en su caso, la composición del Comité Intercentros.</p>
<p class='parrafo'>5. Al Comité Intercentros le será de aplicación lo dispuesto en el artículo 65 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores en materia de capacidad y sigilo profesional.</p>
<p class='articulo'>Disposición adicional primera. Comisión Mixta de Interpretación y Control.</p>
<p class='parrafo'>1. Ambas partes firmantes del presente Convenio son conscientes del hecho que la negociación colectiva debe ser una herramienta viva y continuada de adaptación de las relaciones laborales a la situación del entorno, tanto empresarial como de mercado. Se otorga capacidad a la Comisión Mixta para evaluar la situación de la compañía y del mercado en el que opera, con la periodicidad que ésta determine, y para adaptar las condiciones establecidas en este Convenio colectivo durante la vigencia del mismo, con la agilidad y celeridad que las situaciones requieran, sin tener que esperar a su expiración.</p>
<p class='parrafo'>2. Asimismo, la Comisión Mixta, con carácter general, entenderá de todas las cuestiones relacionadas con la interpretación de las normas contenidas en este Convenio colectivo y que tendrá las siguientes funciones específicas:</p>
<p class='parrafo_2'>a) Interpretación del Convenio colectivo en su más amplio sentido.</p>
<p class='parrafo'>b) Aplicación de lo pactado y vigilancia de su cumplimiento.</p>
<p class='parrafo'>c) Seguimiento de aquellos acuerdos cuyo desarrollo debe producirse en el tiempo y durante la totalidad de la vigencia de los mismos.</p>
<p class='parrafo'>d) Mediación y conciliación, en caso de conflicto entre la Compañía y un trabajador o trabajadores, en el supuesto de conflicto colectivo. A instancia de uno de sus órganos podrá solicitarse la inmediata reunión de la Comisión Mixta a los efectos de interpretar lo acordado y ofrecer su mediación.</p>
<p class='parrafo'>e) Entender, de forma previa y obligatoria a la vía administrativa y jurisdiccional sobre la interposición de cualquier tipo de controversia o conflicto de carácter colectivo que pudiera surgir como consecuencia de la aplicación de la norma acordada. Tendrán el carácter de controversia o conflicto colectivo, las disputas laborales que comprendan a una pluralidad de trabajadores, o en las que la interpretación objeto de la divergencia, afecte a intereses supra personales.</p>
<p class='parrafo_2'>3. Una vez notificada a la Comisión Mixta la correspondiente controversia por parte del interesado o interesados, ésta deberá emitir el preceptivo dictamen al respecto en un plazo máximo de veinte (20) días, a contar desde la fecha de recepción del escrito en que se desarrolle la cuestión objeto de conflicto.</p>
<p class='parrafo'>4. En caso de que sometida la eventual controversia a la Comisión Mixta del Convenio, y no alcanzado un acuerdo dentro del plazo reseñado en el apartado anterior, las partes deberán recurrir a los procedimientos que se hayan establecido en los acuerdos interprofesionales de ámbito estatal o autonómico, previstos en el artículo 83 del Estatuto de los Trabajadores.</p>
<p class='parrafo'>5. La Comisión Mixta estará formada por un máximo de doce (12) miembros, seis (6) miembros en representación de los representantes de los trabajadores y seis (6) miembros en representación de la Compañía, como máximo. Igualmente, se elegirán otros tantos suplentes, designados por cada una de las representaciones señaladas.</p>
<p class='parrafo'>6. La Comisión elegirá de entre sus miembros a un Presidente y a un Secretario, que recaerá alternativamente en cada una de las representaciones.</p>
<p class='parrafo'>7. La Comisión se constituirá formalmente a la firma del presente Convenio colectivo dotándose de un Reglamento de funcionamiento.</p>
<p class='parrafo'>8. Ambas partes podrán ser asistidas por los asesores que estimen conveniente según las materias a tratar, con voz pero sin voto.</p>
<p class='parrafo'>9. De las reuniones celebradas por la Comisión se levantará acta en la que figurarán las decisiones tomadas, debiendo ser firmadas las mismas por la totalidad de los miembros asistentes a ellas.</p>
<p class='articulo'>Disposición adicional segunda. Procedimientos para solventar de manera efectiva las discrepancias derivadas de la no aplicación de condiciones de trabajo del artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores.</p>
<p class='parrafo'>Las partes convienen, en caso de concurrencia de las causas establecidas en el artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores, proceder a la no aplicación de las condiciones de trabajo que afecten a las materias establecidas en dicho artículo mediante acuerdo entre las partes.</p>
<p class='parrafo'>En este caso y con carácter previo las partes procederán de conformidad con lo establecido en el artículo 83.2 del Estatuto de los Trabajadores a la apertura del meritado periodo de consultas, que seguirá los trámites previstos en dicho precepto.</p>
<p class='parrafo'>En caso de que sometida la eventual discrepancia a la Comisión Mixta del Convenio, y no alcanzado un acuerdo dentro del plazo contemplado en el artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores, las partes deberán recurrir a los procedimientos que se hayan establecido en los acuerdos interprofesionales de ámbito estatal o autonómico, previstos en el artículo 83 del Estatuto de los Trabajadores.</p>
<p class='parrafo'>Cuando el período de consultas finalice sin acuerdo y no fueran aplicables los procedimientos a los que se refiere el párrafo anterior o estos no hubieran solucionado la discrepancia, las partes acuerdan someter la discrepancia a la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos para la eventual solución de la misma.</p>
<p class='articulo'>Disposición adicional tercera. Plan de Igualdad.</p>
<p class='parrafo'>Las partes se comprometen a suscribir un Plan de Igualdad de conformidad con lo previsto en el artículo 85.1 del Estatuto de los Trabajadores.</p>
<p class='articulo'>Disposición adicional cuarta. Normativa Supletoria.</p>
<p class='parrafo'>Las partes acuerdan que, en aquellas materias no previstas expresamente en el presente Convenio colectivo, se estará a lo dispuesto en el Acuerdo Laboral de Ámbito Estatal para el Sector de la Hostelería, así como en los convenios colectivos de hostelería de ámbito provincial o de comunidad autónoma correspondientes según la localización geográfica de los restaurantes, vigentes en cada momento, y siempre y cuando dicho Acuerdo y/o convenios sean de obligado cumplimiento para la Compañía, así como las demás disposiciones legales generales vigentes en cada momento. Las referencias normativas incluidas en el presente Convenio colectivo se entenderán realizadas igualmente a las normas que sustituyan dichos preceptos en el futuro.</p>
<p class='articulo'>Disposición adicional quinta. Prioridad Aplicativa.</p>
<p class='parrafo'>El presente Convenio colectivo está dotado de prioridad aplicativa respecto de convenios sectoriales de ámbito estatal, autonómico o de ámbito inferior en las materias previstas en cada momento en el artículo 84.2 del Estatuto de los Trabajadores o en la normativa que pudiera sustituir dicho precepto en el futuro. En el caso del resto de las materias que no gozan actualmente de prioridad aplicativa, se estará subordinado a lo que se prevea en los convenios de ámbito superior, en su caso, durante la vigencia de los mismos. Llegada la fecha de expiración de dichos convenios, se entiende plena y totalmente aplicable cualquier disposición prevista en el presente Convenio colectivo que no goce actualmente prioridad aplicativa.</p>
<p class='centro_redonda'>* * *</p>
<p class='parrafo_2'>Firma de los asistentes:</p>
<p class='parrafo_2'>Por la Compañía:</p>
<p class='parrafo_2'>D. Rogelio Iglesias Rodríguez.</p>
<p class='parrafo'>D.ª Pilar Barrachina.</p>
<p class='parrafo_2'>Por los Representantes de los Trabajadores:</p>
<p class='parrafo_2'>D. Abraham de Lago Panadero.</p>
<p class='parrafo'>D.ª Jessica Castaño Caicedo.</p>
<p class='parrafo'>D.ª Mariellis Arregui.</p>
<p class='parrafo'>D.ª Adriana Gómez Granda.</p>
<p class='parrafo'>D.ª Lady Johanna Gómez Rivera.</p>
<p class='parrafo'>D. Cristóbal Castaño Durán.</p>
<p class='parrafo'>D. Jonathan Gómez Martín.</p>
<p class='parrafo'>D. Emiliano Roig García.</p>
<p class='parrafo'>D.ª Belén Zorita Páramo.</p>
<p class='parrafo'>D. Daniel Algarra Rivas.</p>
<p class='parrafo'>D. Víctor Gil Vicente.</p>
<p class='parrafo'>D. Iván González Abuin.</p>
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Fri Jun 06 08:53:23 +0000 2014
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Visto el texto del Convenio colectivo de la empresa KFC Restaurants Spain, SL, (código de convenio n.º 90101872012014), que fue suscrito, con fecha 10 de abril de 2014, de una parte, por los designados por la Dirección de la empresa en representación de la misma, y, de otra, el Comité de Empresa y los Delegados de personal en representación de los trabajadores afectados, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, Texto Refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, y en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo,
Esta Dirección General de Empleo resuelve:
Primero.
Ordenar la inscripción del citado Convenio colectivo en el correspondiente Registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo con funcionamiento a través de medios electrónicos de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.
Segundo.
Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 27 de mayo de 2014.–El Director General de Empleo, Xavier Jean Braulio Thibault Aranda.
CONVENIO COLECTIVO DE KFC RESTAURANTS SPAIN, S.L.
Preámbulo
El presente Convenio colectivo se concierta entre la Dirección de la empresa «KFC Restaurants Spain, S.L.» (en adelante, «KFC España» o la «Compañía»), y la Representación de los Trabajadores existente en la Compañía (presentes en la Comisión Negociadora del Convenio, que ha sido formada por todos y cada uno de los Representantes de los Trabajadores de la totalidad de los restaurantes propios de la Compañía en el territorio del Estado español), lo que otorga al presente Convenio colectivo plena eficacia estatutaria.
Las mencionadas partes ostentan y se reconocen recíprocamente la representatividad requerida en el Título III del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y, por tanto, plena legitimidad para suscribir este Convenio colectivo.
Por todo lo anterior, el presente Convenio colectivo está dotado de la eficacia jurídica y fuerza de obligar que la Constitución y la Ley le confieren, incorporando, con tal carácter, la regulación de las condiciones laborales básicas para las empresas y los trabajadores incluidos en su ámbito de aplicación.
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Partes Firmantes.
Son partes firmantes del presente Convenio colectivo, la empresa KFC Restaurants Spain, S.L., y la totalidad de los Representantes de los Trabajadores de la misma.
En lo que se refiere a las notificaciones o comunicaciones que deban hacerse a las partes firmantes de este Convenio colectivo, se señala como domicilio a efectos de notificaciones, el referido al centro de trabajo de la Compañía, sito en la calle Serrano Galvache, n.º 56, 5.ª planta, Edificio Olmo, 28033 Madrid.
Artículo 2. Ámbito Personal y Funcional.
1. Las condiciones de trabajo aquí reguladas afectan y obligan a KFC España y a todo el personal que trabaje en los restaurantes abiertos al público, presentes y futuros, de titularidad propia de KFC España, mediante una relación laboral, durante el período de vigencia del presente Convenio, entendiéndose comprendidos expresamente dentro del concepto de empleados todos aquellos que no están expresamente excluidos por el artículo 1.3 del Estatuto de los Trabajadores.
2. En todo caso, este Convenio colectivo no será de aplicación a las personas que se encuentren comprendidas en alguno de los supuestos regulados en el artículo 2 del Estatuto de los Trabajadores.
3. El presente Convenio colectivo, tampoco será de aplicación al personal que trabaje en empresas distintas de KFC España, que exploten las marcas del Grupo KFC o del Grupo YUM! Brands a través de franquicias, business rentals o por medio de cualquier otra forma jurídica.
4. Este Convenio colectivo tampoco será de aplicación al personal administrativo y de gestión de KFC España sito en las oficinas centrales (que incluye, a título enunciativo, que no limitativo, al equipo de gestión de RR.HH., Operaciones, Financiero, Marketing, Dirección General, IT, Desarrollo, Compras, Calidad y Recepción, al regularse en el presente Convenio condiciones esencialmente vinculadas a la realidad operativa de la actividad de los restaurantes y su personal.
Artículo 3. Ámbito Territorial.
El presente Convenio colectivo es de aplicación a todos los restaurantes abiertos al público de KFC España en el territorio del Estado español, tanto actuales como de futura creación, salvo a aquellos restaurantes que no estén operados directamente por la Compañía conforme a lo previsto en el artículo 2.3 del presente Convenio colectivo
Artículo 4. Ámbito Temporal.
El presente Convenio colectivo entrará en vigor con efectos desde su firma, 10 de abril de 2014, teniendo una vigencia de cuatro años completos, finalizando la misma, por tanto, el día 10 de abril del año 2017.
Artículo 5. Prórroga y Denuncia.
1. Llegado a su término la vigencia del presente Convenio colectivo, se entenderá prorrogado de año en año, a no ser que sea denunciado por escrito por cualquiera de las partes con al menos tres (3) meses de antelación a la fecha de su vencimiento.
2. En materia de vigencia del Convenio colectivo tras su denuncia se estará a la regulación establecida en el artículo 86.3 del Estatuto de los Trabajadores vigente en cada momento, o la norma que pueda sustituir al mencionado precepto en el futuro.
Artículo 6. Compensación y Absorción.
1. Las condiciones que se pactan en el presente Convenio colectivo sustituyen en su totalidad a las que hasta la firma del mismo regían en KFC España en virtud cualquier pacto o convenio, salvo que expresamente se establezca lo contrario en este Convenio colectivo.
2. Igualmente, las condiciones que se establecen en este Convenio colectivo, en su conjunto, serán compensables y absorbibles respecto de las que anteriormente rigieran por voluntaria concesión o por imperativo legal, así como las que en el futuro se determinen con igual carácter, salvo que expresamente se establezca lo contrario en este Convenio colectivo.
3. Se respetarán aquellas condiciones ad personam que, consideradas globalmente y en cómputo anual, excedan del presente Convenio colectivo, pero sin que en tal caso se puedan acumular las mismas a las ventajas derivadas del Convenio.
Artículo 7. Garantía del Convenio colectivo.
En el supuesto de que algún artículo o párrafo de este Convenio colectivo no fuere aprobado por la autoridad laboral, o fuere declarado nulo o ineficaz por sentencia o resolución administrativa firmes, quedara en vigor el resto del contenido del Convenio colectivo, comprometiéndose las partes a negociar la nueva redacción de lo que hubiere quedado ineficaz o invalidado, sin perjuicio de que el resto del Convenio colectivo fuera totalmente aplicable.
CAPÍTULO II
Contratación
Artículo 8. Periodo de Prueba.
1. Podrá concertarse por escrito un período de prueba de hasta seis (6) meses para empleados del Grupo I y de hasta tres (3) meses para el resto de los empleados del Grupo II y III, salvo en el caso de los Empleados Polivalentes Junior con contrato de duración determinada cuyo periodo de prueba será de hasta dos (2) meses.
2. Durante el período de prueba, el trabajador tendrá los derechos y obligaciones correspondientes al puesto de trabajo que desempeñe como si fuera de plantilla, excepto los derivados de la resolución de la relación laboral, que podrá producirse a instancia de cualquiera de las partes durante su transcurso.
3. Transcurrido el período de prueba sin que se haya producido el desistimiento, el contrato producirá plenos efectos, computándose el tiempo de los servicios prestados en la antigüedad del trabajador en la Compañía.
4. En todo caso, las situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, maternidad, y adopción o acogimiento, riesgo durante la lactancia y paternidad, que afecten al trabajador durante el período de prueba, interrumpirán el cómputo del mismo, así como cualquier otra situación que pudiera recogerse al efecto en el futuro en el artículo 14.3 del Estatuto de los Trabajadores.
Artículo 9. Contratación Indefinida.
1. Se estará a lo establecido en la legislación vigente en cada momento para cada modalidad contractual utilizada.
2. Los contratos de duración indefinida previstos actualmente en la normativa vigente y que las partes consideran que resultan apropiados para la actividad actual de la Compañía son el contrato indefinido ordinario a jornada completa, el contrato indefinido ordinario a jornada parcial y el contrato fijo-discontinuo. Todo ello, sin perjuicio de la utilización de otras modalidades contractuales previstas por la normativa actual o futura.
3. La Compañía tiene la intención de mantener un modelo de contratación estable, fijándose como objetivo un ratio cercano al 80% de contratos indefinidos con respecto al resto de las modalidades, siempre y cuando dicho modelo resulte viable y rentable para el negocio.
Artículo 10. Contratos de Duración Determinada.
1. Contrato eventual por circunstancias del mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos. Conforme a lo previsto en el artículo 15.1.b) del Estatuto de los Trabajadores, la duración máxima de los contratos eventuales por circunstancias de la producción será de seis (6) meses en un periodo de referencia de dieciocho (12) meses, ampliable hasta un máximo de doce (12) meses en un periodo de referencia de dieciocho meses (18) si así se prevé en el Convenio colectivo sectorial de aplicación.
2. Contrato de formación y aprendizaje. Conforme a lo previsto en el artículo 11.2.b) del Estatuto de los Trabajadores, la duración mínima del contrato formativo será de seis (6) meses y la máxima de tres (3) años, pudiendo establecer otras duraciones dentro de estos límites, por necesidades organizativas y productivas de la Compañía.
3. Lo previsto en este artículo 10 se adaptará automáticamente, en su caso, de conformidad a los cambios legales que pudieran surgir en materia de contratación temporal durante la vigencia del presente Convenio colectivo, que estará en este sentido subordinado a la ley. Con respecto al resto de modalidades contractuales de duración determinada (ej., obra o servicio, interinidad, relevo, prácticas, etc.) se estará a lo previsto al efecto en cada momento en el Estatuto de los Trabajadores, así como en las demás normas que resulten de obligado cumplimiento para la Compañía, que también serán de aplicación para todo aquello que no se haya previsto en el presente artículo 10 para los contratos eventuales y de formación y aprendizaje.
Artículo 11. Ceses.
1. El trabajador que desee extinguir unilateralmente su contrato de trabajo deberá notificarlo a la Dirección de Recursos Humanos de la Compañía por escrito duplicado y firmado, con copia a su superior jerárquico con al menos quince (15) días naturales de antelación a la fecha de efectos de la extinción.
2. La Compañía y los trabajadores podrán fijar de mutuo acuerdo, tanto al inicio de la relación laboral como durante el transcurso de la misma, periodos de preaviso superiores a quince (15) días naturales en función de las características del puesto de trabajo, funciones y responsabilidades que desempeñe el trabajador, siempre en observancia de la legalidad vigente.
3. El incumplimiento de la obligación de preavisar dará derecho a la Compañía a descontar de la liquidación del trabajador el importe del salario correspondiente a los días de preaviso omitidos.
CAPÍTULO III
Organización de trabajo
Artículo 12. Sistema de Clasificación Profesional
1. Los trabajadores que presten servicios en KFC España incluidos en el ámbito del presente Convenio colectivo serán clasificados, según sus aptitudes profesionales, titulaciones y contenido general de la prestación, según se describe en el presente artículo, lo que supone la adaptación en la empresa del nuevo Capítulo II (sobre clasificación profesional) del IV Acuerdo Laboral de Ámbito Estatal para el Sector de la Hostelería (ALEH), publicado en fecha 14 de marzo de 2014, con el objeto de reflejar la realidad operativa y organizativa de la Compañía:
Grupo Profesional
Puestos
Funciones
I
Gerente.
Realizar de manera cualificada las funciones de dirección, planificación, organización y control del sector de su responsabilidad y las funciones de control y coordinación de los trabajos. Organizar, dirigir y coordinar el trabajo del personal a su cargo. Instruir y evaluar al personal a su cargo. Impulsar la implantación de sistemas de calidad total en la empresa. Realizar inventarios y controles de materiales, mercancías, etc., de uso en el centro de su responsabilidad. Supervisar y controlar el mantenimiento y uso de maquinaria, materiales, utillaje, etc., del centro de su responsabilidad, realizando los correspondientes inventarios y propuesta de reposición. Organizar, controlar y coordinar todo el proceso de distribución de la producción a su cargo. Cuidar de que la producción reúna las condiciones exigidas tanto higiénicas como de montaje. Elaborar las estadísticas e informes de su centro para la dirección de la empresa y otros departamentos. Elaborar las programaciones diarias para su distribución, responsabilizándose de su cumplimiento. Recibir y transmitir las peticiones de servicios y sus modificaciones. Implicarse activamente en los planes de seguridad y salud laboral.
Subgerente.
Realizar de manera cualificada funciones de dirección, planificación y control de restaurante. Colaborar y sustituir al jefe/a de restaurante en las tareas propias del mismo.
Jefe de Equipo.
Realizar de manera cualificada, con iniciativa y responsabilidad el seguimiento de las funciones relacionadas con el proceso de preparación y distribución de las comidas en el centro correspondiente. Organizar el trabajo del personal a su cargo y las actividades de estos. Distribuir al personal a su cargo en cocina, caja, sala o pack. Participar con alguna autonomía y responsabilidad en el servicio y venta de alimentos y bebidas. Participar en la realización de tareas complementarias. Conservar adecuadamente su zona y utensilios de trabajo. Preparar áreas de trabajo para el servicio. Colaborar en el servicio al cliente.
En los momentos en que el Gerente y/o el Subgerente estuvieran ausentes del Restaurante por los motivos que fuere, el Jefe de Equipo será el máximo responsable del turno que corresponda.
II
Empleado Polivalente.
Funciones de Caja, Pack o Cocina. Participar en el servicio, distribución y venta de alimentos y bebidas en los puntos de consumo, colaborar en la elaboración y preparación de productos básicos, así como en el desarrollo de las tareas de limpieza de útiles, maquinaria, menaje y zona de trabajo. Atención directa al cliente para el consumo de comidas y bebidas. Realizar el servicio y tratado de alimentos y su distribución. Preparar las áreas de trabajo para el servicio. Realizar labores de limpieza en los útiles, maquinaria y menaje del comedor y cocina y de sus zonas de trabajo.
II
Empleado Polivalente Formador.
Tendrá las mismas funciones que el Empleado Polivalente ordinario, con el añadido de que, el Empleado Polivalente Formador además contribuirá a la formación de los Empleados Polivalentes y los Empleados Polivalentes Junior.
III
Empleado Polivalente Junior.
Funciones de Sala, Caja, Pack o Cocina.
Trabajadores que acceden a su primer empleo en el sector de la restauración o que cuenten con menos de un (1) año de experiencia en dicho sector.
2. En los restaurantes abiertos al público con más de un (1) año de antigüedad, existentes a la firma del presente Convenio colectivo, podrá existir un máximo un 25% de Empleados Polivalentes Junior sobre el total de los empleados contratados en dicho restaurante. En los restaurantes de nueva creación no habrá límite de porcentaje de contratación.
3. La Compañía tiene la intención de mantener un mínimo de tres (3) Empleados Polivalentes Formadores (uno por cada función: Caja, Pack o Cocina).
4. Sin perjuicio de todo lo anterior, las partes reconocen que, por motivos operacionales de KFC España puede que sea necesario adaptar y redefinir el presente sistema de clasificación profesional, según la evolución del negocio, en cuyo caso será negociada por la Compañía y los Representantes de los Trabajadores y añadida como Anexo al presente Convenio colectivo.
Artículo 13. Trabajos de Grupo Superior e Inferior.
Con respecto a la movilidad funcional para la realización de funciones superiores o inferiores, no correspondientes al grupo profesional, se estará a lo dispuesto al efecto en cada momento en el artículo 39 del Estatuto de los Trabajadores.
Artículo 14. Promoción Profesional de los Trabajadores / Ascensos.
1. Conforme al artículo 24 del Estatuto de los Trabajadores, los ascensos y promociones de los trabajadores de KFC España se producirán en todo caso teniendo en cuenta la formación, méritos y experiencia del trabajador, así como las facultades organizativas de la Compañía.
2. En todo caso, los criterios de ascensos y promociones serán comunes para los trabajadores de uno y otro sexo, y deberá respetar asimismo el imperativo de no discriminación por las demás circunstancias referidas en el artículo 17.1 del Estatuto de los Trabajadores.
3. Para el ascenso o promoción profesional de los trabajadores se requerirá poseer las aptitudes exigidas para el desempeño de los nuevos puestos de trabajo, valorándose a estos efectos la asistencia de los trabajadores, con aprovechamiento acreditado, a cursos de formación directamente relacionados con el puesto a ocupar.
4. La Compañía pretende potenciar la promoción interna de sus trabajadores, tratando de asegurar que el 50% de los puestos de Gerente, el 60% de los puestos de Subgerente y el 70% de los puestos de Jefe de Equipo se ocupen a través de la promoción interna.
CAPÍTULO IV
Retribución
Artículo 15. Estructura Salarial.
1. El salario fijo de los trabajadores se dividirá en los siguientes conceptos: (i) Salario Base y (ii) Mejora Voluntaria.
2. La presente estructura salarial no conllevará la minoración del salario que los empleados vinieran percibiendo antes de la fecha de efectos del presente Convenio colectivo, cuya cuantía se mantendrá y se distribuirá entre los conceptos de salario base (según previsto en el presente Convenio) y mejora voluntaria (en la cuantía que exceda de dicho salario base).
Artículo 16. Salario Base.
1. Los grupos profesionales definidos en el artículo 12.1 de este Convenio colectivo tienen establecidos los siguientes salarios base anuales (que incluyen en su importe la prorrata de pagas extraordinarias):
Grupo Profesional
Puestos
Salario Base Bruto Año (euros) a 40 horas
(12 pagas incluyendo prorrata de pagas extraordinarias)
I
Gerente.
23.625 euros.
I
Subgerente.
18.675 euros.
I
Jefe de Equipo.
15.675 euros.
II
Empleado Polivalente Formador.
13.025,24 euros.
II
Empleado Polivalente.
12.525,24 euros.
III
Empleado Polivalente Junior.
Desde 9.393,93 euros hasta 10.646,45 euros en función a lo establecido en el artículo 16.2 del presente Convenio.
2. Durante los primeros seis meses de contrato, los Empleados Polivalentes Junior recibirán un 75% del salario base bruto de los Empleados Polivalentes ordinarios, porcentaje que se incrementará al 85% durante el segundo semestre. Tras un año de prestación de servicios en la Compañía, el el empleado promocionará a Empleado Polivalente.
Los empleados que accedan a la Compañía a través de la categoría de Empleado Polivalente Junior con más de 6 meses y menos de un año de experiencia en el sector de hostelería, durante el primer año de su contrato, recibirán el 85% del salario base bruto de la categoría de Empleado Polivalente ordinario. Tras un año de prestación de servicios en la Compañía, el el empleado promocionará a Empleado Polivalente.
3. Los Empleados Polivalentes Formadores que ya formaran parte de la plantilla a la firma del presente Convenio colectivo, incrementarán su salario base 500 Euros brutos anuales como reconocimiento a su categoría y su labor de formador.
4. Para los siguientes cuatro años de vigencia del Convenio colectivo se pactan los siguientes incrementos salariales a aplicar al salario base bruto y mejora voluntaria bruta:
• Primer año (2014): 0,6%.
• Segundo año (2015): 0,6%.
• Tercer año (2016): 0,8%.
• Cuarto año (2017): 1%.
Los incrementos salariales se aplicarán con efectos del día 1 de enero de cada año y no serán compensables ni absorbibles.
Artículo 17. Mejora Voluntaria.
La mejora voluntaria vendrá integrada por el salario fijo de los trabajadores que exceda de la cuantía establecida para el salario base de cada grupo profesional y teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 15.2 del presente Convenio colectivo.
Artículo 18. Complementos.
Con carácter general y con efectos desde la entrada en vigor del presente Convenio colectivo, se suprimen cualesquiera pluses, complementos, premios, gratificaciones y demás cantidades previstas en convenios colectivos de ámbito superior, así como aquellos que se estuviesen aplicando internamente en la Compañía y, en su lugar, se acuerdan los siguientes:
a) Complemento Empleado Polivalente Formador: Los empleados formadores recibirán una mejora voluntaria y de libre disposición por parte de la empresa de otros 500 euros brutos anuales sobre el salario de un Empleado Polivalente a jornada completa. Esta mejora voluntaria estará vinculada tanto a la certificación continuada en el tiempo por parte de los empleados formadores como al probado éxito en el desempeño de sus funciones.
Estas cantidades están calculadas tomando como base una jornada ordinaria a tiempo completo, por lo que deberán ajustarse proporcionalmente para la jornada ordinaria a tiempo parcial, en su caso. El Plus se abonará mensualmente de forma prorrateada y proporcional al tiempo durante el cual el empleado preste efectivamente funciones como Empleado Polivalente Formador.
b) Plus de Ayuda al Transporte: Como compensación de los gastos de desplazamiento y medios de transporte se establece un complemento extra salarial de ciento diez (110) euros brutos mensuales por once (11) meses al año (excluyendo el periodo de vacaciones) para las nuevas contrataciones, con independencia del cuál sea el número de horas contratadas. Los empleados actualmente contratados, mantendrán la cuantía del Plus Transporte que estén percibiendo antes de la entrada en vigor del presente Convenio como «Complemento Plus Transporte ad personam». El importe mensual de este tipo de plus tiene como base los días laborables, por lo que el equivalente podrá deducirse los días en que el trabajador falte al trabajo, excepto si se trata de las licencias retribuidas del artículo 37.3 del Estatuto de los Trabajadores, así como las establecidas en los artículos 24 y 27.4 del presente Convenio colectivo, o fiestas abonables. A efectos de su abono, este Plus podrá prorratearse en las doce (12) mensualidades del año.
c) Complemento de Manutención (Comida en el Restaurante): Los empleados que presten servicios efectivos como mínimo cuatro (4) horas al día, tendrán derecho a recibir con cargo a la empresa y durante los días en que presten sus servicios, la manutención. Dicho complemento consistirá en un Menú cuyo precio actual individual es 1.8 euros brutos.
d) Complemento de Permanencia: Los empleados que tuvieran cincuenta y ocho (58) años de edad o más, con una antigüedad en la misma empresa o reconocida por esta de, al menos diez (10) años, percibirán un complemento anual, consistente en una (1) mensualidad que se abonará en el mes de marzo de cada año. Sí el empleado en el año natural reuniere los requisitos de edad y antigüedad en la empresa con posterioridad al mes de marzo de cada año en curso, igualmente le será abonado dicho complemento, con cargo a dicho año. El devengo de este complemento, una vez cumplidos los requisitos anteriormente citados, está determinado por el hecho de que el empleado cumpla la edad dentro del año de que se trate, lo que le dará derecho a percibirlo completo. El derecho al abono completo del complemento de permanencia nace el 1 de enero del año en que el empleado cumpla la edad exigida sin perjuicio que el pago se realice en el mes de marzo de dicho año. Las mensualidades del complemento de este artículo vendrán constituidas por el salario base establecido en tablas salariales del presente Convenio colectivo. En caso de subrogación legal o convencional la empresa obligada al pago de la totalidad del complemento de permanencia es la que fuera titular de la explotación a la fecha de pago, es decir el 30 de marzo del año en que tenga lugar la subrogación. No se puede descontar el importe de este complemento de la liquidación a la que tenga derecho el empleado por cese o suspensión del contrato ya que no se considera paga extraordinaria. A efectos aclaratorios, reiterar que éste complemento sustituye cualesquiera complementos de antigüedad recogidos en convenios de ámbito superior.
e) Complemento para el Lavado de Uniformes de Trabajo: Los empleados recibirán un complemento de quince (15) euros brutos mensuales por once (11) meses al año (excluyendo el periodo de vacaciones), para el lavado de los uniformes que se pongan a su disposición por razón de la prestación efectiva de sus servicios para la Compañía.
f) Plus de Trabajo Nocturno: Los empleados que presten sus servicios en horario de 00:00 horas a 6:00 horas tendrán derecho a una retribución específica de 25% sobre el salario base bruto hora del empleado en cuestión, por cada hora de trabajo efectivo dentro de dicho horario, abonándose la fracción de hora de forma proporcional.
g) Premio de Natalidad: Los empleados con más de un (1) año de antigüedad en la Compañía recibirán ciento cincuenta (150) euros brutos por cada hijo nacido durante la prestación efectiva de servicios en la Compañía.
h) Auxilio por Defunción: En caso del fallecimiento del empleado durante la prestación de servicios para la Compañía, su cónyuge e hijos (en su conjunto y no de manera individualizada) tendrán derecho a recibir un pago único total de tres (3) mensualidades del salario base bruto que el empleado estuviera percibiendo a la fecha de su fallecimiento.
Artículo 19. Pagas Extraordinarias.
1. Las retribuciones anuales establecidas en el presente Convenio colectivo se estructuran en catorce (14) pagas: doce (12) ordinarias y dos (2) extraordinarias (paga de verano –devengada de 1 enero a 30 junio de cada año– y paga de invierno –devengada de 1 julio a 31 diciembre de cada año–). Se acuerda que las pagas extraordinarias se podrán prorratear y abonar dentro de las doce (12) pagas ordinarias.
2. Las pagas extraordinarias, comprenderán única y exclusivamente los conceptos «Salario Base» y «Mejora Voluntaria».
CAPÍTULO V
Tiempo de trabajo
Artículo 20. Jornada y Horario de Trabajo.
1. Con carácter general, la jornada ordinaria máxima anual de trabajo efectivo será de 1.800 horas (40 horas de trabajo efectivo a la semana de promedio en cómputo anual).
2. La jornada mínima diaria será de dos (2) horas y la máxima de diez (10) horas y se establecerán en función de las necesidades organizativas y productivas de la actividad en cada momento. Con respecto a la jornada semanal, se seguirá un sistema flexible de reparto de horas, de mutuo acuerdo con el empleado. Con respecto a la jornada mínima diaria de dos (2) horas, ésta podrá aplicarse en aquellos casos en los que los empleados estén contratados con una jornada inferior a veinte (20) horas a la semana.
3. Conforme a lo establecido en el artículo 34.2 del Estatuto de los Trabajadores, la Compañía podrá distribuir de manera irregular a lo largo del año el 10% de la jornada de trabajo para atender la fluctuación en los picos de trabajo, respetando en todo caso los períodos mínimos de descanso diario y semanal previstos legalmente. El trabajador deberá conocer con un preaviso mínimo de cinco (5) días el día y la hora de la prestación de trabajo resultante de la distribución irregular de la jornada. Este artículo se adaptará automáticamente, en su caso, de conformidad a los cambios legales que pudieran surgir en dicho precepto legal durante la vigencia del presente Convenio colectivo, que estará en este sentido subordinado a la Ley.
4. La Compañía tiene la intención de que al menos 80% de los empleados tengan una jornada de al menos veinte (20) horas a la semana de promedio en cómputo anual, en la medida que sea viable para el negocio desde el punto de vista de rentabilidad y eficiencia operacional y productiva.
Artículo 21. Horas Extraordinarias y Horas Complementarias.
1. Las partes firmantes del presente Convenio colectivo acuerdan la conveniencia de reducir al mínimo indispensable la realización de las horas extraordinarias habituales.
2. No obstante lo anterior, en aquellos casos en que la Compañía y el trabajador acuerden realizar horas extraordinarias, el abono de las mismas tendrá un 75% de recargo del valor de la hora ordinaria.
3. Conforme a lo previsto en el artículo 12.5.b) del Estatuto de los Trabajadores, se podrá formalizar un pacto de horas complementarias en el caso de contratos a tiempo parcial con una jornada de trabajo no inferior a diez (10) horas semanales en cómputo anual.
4. El número máximo de horas complementarias pactadas será de hasta un 60% de las horas ordinarias contratadas, de conformidad al artículo 12.5.c) del Estatuto de los Trabajadores.
5. Sin perjuicio del pacto de horas complementarias, en los contratos a tiempo parcial de duración indefinida con una jornada de trabajo no inferior a diez (10) horas semanales en cómputo anual, la Compañía podrá, en cualquier momento, ofrecer al trabajador la realización de hasta un 30% de horas complementarias sobre las horas ordinarias contratadas, de aceptación voluntaria por parte del empleado, de conformidad con lo establecido en el artículo 12.5.g) del Estatuto de los Trabajadores.
6. El trabajador deberá conocer el día y hora de la realización de las horas complementarias con un preaviso mínimo de tres (3) días naturales, siempre que las circunstancias organizativas derivadas de dicha necesidad de realización de horas complementarias lo permitan.
7. Las horas complementarias realizadas se podrán compensarán en metálico con un 10% de recargo del valor de la hora ordinaria, o bien con tiempo de descanso equivalente incrementado en un 10%.
Artículo 22. Calendario Laboral y Vacaciones.
1. Con respecto al calendario laboral, se estará a la legislación vigente en cada momento.
2. Con carácter general, los trabajadores disfrutarán de un período de vacaciones anuales retribuido cuya duración será de treinta (30) días naturales.
3. Las vacaciones se disfrutarán en los siguientes periodos:
• La empresa podrá establecer quince (15) días naturales al año como disfrute obligatorio, intentando no perjudicar los intereses de los empleados.
• Los empleados podrán elegir, teniendo en cuenta las necesidades del restaurante los otros quince (15) días naturales.
La Compañía, previo acuerdo con la representación de los trabajadores o por acuerdo individual con el empleado, podrá modificar dichos periodos cuando las necesidades organizativas de la misma así lo requieran.
4. Las vacaciones se deberán disfrutar dentro del año natural en las que se devenguen y como máximo y de manera excepcional, hasta el 31 de marzo del año siguiente al correspondiente al de su devengo, sin perjuicio de las excepciones establecidas legalmente en cada momento en el artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores.
5. La Compañía informará en cada momento a los representantes de los trabajadores sobre el calendario laboral y las vacaciones. Los representantes de los trabajadores acusarán recibo de dichas informaciones, formulando en su caso cualquier recomendación que estimen oportuna a dichos efectos.
Artículo 23. Descanso.
1. Los trabajadores tendrán derecho a media hora de descanso retribuido, dentro de su jornada laboral diaria, siempre que ésta llegue a seis (6) horas.
2. Siempre que sea posible desde el punto de vista operacional, se permitirá a los empleados tener un descanso mínimo de una (1) hora y máximo de cuatro (4) horas, en el caso de jornadas partidas.
3. Los trabajadores tendrán derecho a dos (2) días consecutivos de descanso semanal, salvo para los centros de trabajo con día fijo de cierre, donde el descanso semanal podrá ser no consecutivo. Las empresas que no tengan fijado día o días de cierre semanal, organizarán turnos rotativos que permitan el descanso de todo trabajador en un domingo de cada cuatro trascurridos. Como máximo, se podrá trabajar tres (3) domingos consecutivos y el cuarto descansar.
No obstante, cuando al trabajador le corresponda descansar un domingo, los días de descanso semanal podrán ser no consecutivos.
Artículo 24. Licencias y Permisos.
1. Los empleados, previo aviso y justificación, podrán ausentarse del trabajo con derecho a remuneración, por alguno de los motivos y por el tiempo siguiente:
a) Matrimonio: Quince (15) días naturales en caso de matrimonio o constitución de pareja de hecho que se inscriba en el registro creado al efecto y, en este último caso, sólo se podrá ejercer tal derecho una sola vez en la vida laboral del empleado en la empresa. En ambos casos, a opción del empleado, podrá disfrutarse dentro de los quince (15) días anteriores o posteriores al hecho causante. Para el ejercicio de este derecho el empleado, que se constituya como pareja de hecho deberá tener una antigüedad mínima en la empresa de un año.
b) Matrimonio de familiares de hasta segundo grado de consanguinidad: Un (1) día natural, o dos (2) días naturales de ser necesario desplazamiento de provincia, que no tendrá consideración propiamente de licencia retribuida, sino como de permiso a descontarse de las vacaciones y/o fiestas abonables.
c) Nacimiento de hijo: Cinco (5) días naturales, adicionales a los establecidos en el Estatuto de los Trabajadores para los permisos de maternidad y paternidad, con independencia de que se necesite o no hacer un desplazamiento al efecto.
d) Fallecimientos de familiares hasta segundo grado de consanguinidad: Cinco (5) días naturales con independencia de que se necesite o no hacer un desplazamiento al efecto.
e) Intervención con hospitalización de parientes hasta segundo grado de consanguinidad: Dos (2) días naturales, o tres (3) días naturales en caso de desplazamiento de provincia.
f) Asuntos propios: Un (1) día natural.
g) Traslado de domicilio habitual: Dos (2) días naturales.
2. A efectos de conjugar estas licencias con la realidad operativa de la Compañía se establece un periodo mínimo de preaviso de tres (3) días, salvo para aquellos casos en los que por la propia naturaleza de la licencia o permiso no sea posible cumplir con el mismo. A manera de excepción, la licencia por matrimonio requerirá un preaviso mínimo de dos (2) semanas, ya que su duración exige realizar un ajuste organizativo más significativo.
Artículo 25. Días Festivos.
Con respecto a los días festivos se estará a lo previsto al efecto en cada momento en el Estatuto de los Trabajadores, así como en las demás normas que resulten de obligado cumplimiento para la Compañía. Dichos días festivos, se compensarán a elección del empleado con un 10% de recargo del valor de la hora ordinaria, o bien con tiempo de descanso equivalente incrementado en un 10%.
Artículo 26. Excedencias
1. Excedencias voluntarias: De conformidad con la normativa vigente y sujeto a los demás términos y condiciones que se reflejan en la misma, el empleado con al menos un (1) año de antigüedad en la empresa tiene derecho a que se le reconozca la posibilidad de situarse en excedencia voluntaria por un plazo no menor a cuatro (4) meses y no mayor a cinco (5) años. Este derecho solo podrá ser ejercitado otra vez por el mismo empleado si han transcurrido (4) cuatro años desde el final de la anterior excedencia.
2. Excedencias especiales: De conformidad con la normativa vigente e igualmente sujeto a los demás términos y condiciones que se reflejan en la misma, el empleado tendrá derecho a una excedencia, por el plazo señalado a continuación y cuando se acrediten y justifiquen los siguientes hechos:
a) Hasta tres (3) años de excedencia por cuidado de un/a hijo/a, a contar desde la fecha de nacimiento del mismo o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa. El hijo/a podrá serlo por naturaleza, adopción o acogimiento, tanto permanente como preadoptivo, aunque estos sean provisionales. Si dos o más trabajadores de la empresa generasen este derecho por el mismo sujeto causante, la empresa podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de la empresa. La excedencia mencionada en este párrafo, se podrá disfrutar, a opción del trabajador o trabajadora, de forma fraccionada.
b) Hasta dos (2) años por cuidado personal de cónyuge o familiares de hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo, y no desempeñe actividad retribuida.
3. La solicitud de reingreso deberá de comunicarse por escrito a la empresa con un (1) mes de antelación a la fecha de finalización de la excedencia, y la incorporación deberá producirse al día siguiente de la terminación del período de excedencia.
4. Durante el periodo de excedencia, subsistirá el deber de confidencialidad establecido en el contrato de trabajo con el empleado, así como los deberes éticos y de buena fe que rigen en toda relación contractual, lo cual hace incompatible el ejercicio de la excedencia con la prestación de servicios para una empresa de la competencia.
CAPÍTULO VI
Beneficios sociales
Artículo 27. Incapacidad Temporal.
1. En los supuestos de incapacidad temporal por accidente de trabajo o enfermedad profesional, durante el tiempo en que el trabajador tenga derecho a prestaciones económicas, la Compañía complementará las mismas hasta el 100% del salario, entendiéndose que comprende exclusivamente los conceptos «Salario Base», «Prorrata de Pagas Extraordinarias» y «Mejora Voluntaria» que el trabajador venía percibiendo en ese momento.
2. En los supuestos de incapacidad temporal por contingencias comunes, en los que la Seguridad Social o la Mutua Patronal reconozca el pago de prestaciones económicas, la Compañía complementará las mismas con los siguientes límites:
a) Primera baja médica que conlleve una situación de incapacidad temporal en un período de referencia de un año natural. En estos supuestos, la Compañía complementará las prestaciones económicas, durante el tiempo en que el trabajador tenga derecho a las mismas y con un tope máximo de dieciocho (18) meses, hasta el 100% de los conceptos «Salario Base», «Prorrata de Pagas Extraordinarias» y «Mejora Voluntaria» que el trabajador venía percibiendo en ese momento.
b) Segunda y sucesivas bajas médica que conlleve una situación de incapacidad temporal en un período de referencia de un año natural. En estos supuestos, durante los primeros tres días de la baja no se pagará complemento alguno. La Compañía complementará las prestaciones económicas, a partir de cuarto día de la baja y durante el tiempo en que el trabajador tenga derecho a las mismas y con un tope máximo de dieciocho (18) meses, hasta el 75% de los conceptos «Salario Base», «Prorrata de Pagas Extraordinarias» y «Mejora Voluntaria» que el trabajador venía percibiendo en ese momento.
c) En el caso de mujeres embarazadas, la Compañía complementará la prestación económica a la que tengan derecho, hasta el 100% de los conceptos «Salario Base», «Prorrata de Pagas Extraordinarias» y «Mejora Voluntaria» que el trabajador venía percibiendo en ese momento.
d) Incapacidad temporal derivada de enfermedad grave, entendiendo por tales las recogidas en el Anexo del Real Decreto 1148/2011, de 29 de julio, para la aplicación y desarrollo, en el sistema de la Seguridad Social, de la prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave («BOE» de fecha 30 de julio de 2011), así como aquellos supuestos en los que el trabajador deba someterse a intervención quirúrgica que implique hospitalización. En estos supuestos, la Compañía complementará las prestaciones económicas, durante el tiempo en que el trabajador tenga derecho a las mismas y con un tope máximo de dieciocho (18) meses, hasta el 100% de los conceptos «Salario Base», «Prorrata de Pagas Extraordinaria» y «Mejora Voluntaria» que el trabajador venía percibiendo en ese momento.
3. Los trabajadores deberán justificar debidamente cualquier baja médica a través de los correspondientes justificantes médicos o partes de baja, los cuales deberán ser facilitados en un plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas a partir de la fecha de inicio de la baja.
4. En todo caso, el empleado que faltase con justificación escrita (parte oficial de enfermedad o el documento que lo sustituya) tendrá derecho a percibir una cantidad diaria equivalente a la que debería percibir como Plus de Ayuda al Transporte.
5. No obstante, la empresa no estará obligada a complementar ni abonar cantidad alguna, si el trabajador se negase expresamente a pasar la revisión médica de su enfermedad por la Mutua de Accidentes a la que esté adscrita la Compañía.
Artículo 28. Uniforme de Trabajo, Útiles y Herramientas.
La Compañía facilitará a los empleados el uniforme necesario para el desarrollo de sus funciones, así como los útiles/herramientas necesarias para el correcto desempeño de las funciones contratadas.
CAPÍTULO VII
Prevención y salud laboral
Artículo 29. Principios Generales.
Será de aplicación lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, así como su normativa de desarrollo, vigente en cada momento.
Artículo 30. Normas Especiales.
En especial, deberán cumplirse en materia de Prevención y Salud Laboral las siguientes normas:
a) Se recomienda que los/as menores de dieciocho (18) años no utilicen las máquinas picadoras, serradoras o cortadoras, instaladas para su uso en la cocina. En caso de utilización para favorecer el aprendizaje, ésta deberá estar supervisada por una persona capacitada para ello.
b) En las cocinas o dependencias con riesgo de incendios o explosión habrá colocados en sitios visibles extintores apropiados a las causas determinantes del posible fuego a extinguir.
c) Todos los establecimientos cuidarán de que sus accesos y salidas estén suficientemente señalizados, para facilitar la evacuación en caso de emergencia. Todo el personal de los centros de trabajo conocerá las diferentes salidas de emergencia y sus posibles bloqueos.
d) En todos los centros de trabajo habrá un botiquín, que contará como mínimo con agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de yodo, gasas, algodón, vendas, esparadrapo y pastillas calmantes del dolor.
e) Las mesas y los suelos de los comedores del personal se limpiarán después de cada turno de comida, de forma que al empezar el siguiente turno de comida no haya platos sucios ni restos de comida.
f) Durante los meses de verano, la Compañía tomará las medidas oportunas para que la temperatura ambiente de los restaurantes no supere los 35ºC.
g) Los Comités de Seguridad y Salud tendrán derecho a ser informados por la Compañía ante cualquier cambio en lo que respecta a:
• Introducción de nuevas tecnologías.
• Introducción de nuevos procesos y/o actividades en cuanto afecten a la Prevención y Salud Laboral.
Artículo 31. Reconocimientos Médicos.
La Compañía enviará a todos los empleados a un reconocimiento médico anual preceptivo. Cualquiera que sea la modalidad de reconocimiento elegido por la Compañía, se le facilitará al empleado copia inteligible del mismo. En todo caso, el informe clínico pertenece a la esfera íntima del empleado y, como tal, debe ser protegido.
CAPÍTULO VIII
Derechos Sindicales
Artículo. 32. Derechos Sindicales.
La Compañía respetará el derecho de todos los trabajadores a sindicarse libremente y a no discriminar ni hacer depender el empleo de un trabajador la condición de que no se afilie o renuncie a su afiliación sindical.
Artículo 33. Comité Intercentros.
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 63.3 del Estatuto de los Trabajadores, se constituirá un Comité Intercentros, como órgano de representación colegiado, para servir de resolución de todas aquellas materias que, excediendo de las competencias propias de los Comités de Empresa o Delegados de Personal, por ser cuestiones que afectan a varios centros de la Compañía, deban ser tratados con carácter general.
2. Específicamente, el Comité Intercentros asume las competencias previstas en los artículos 40, 41, 51 y 64 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, así como cualesquiera otras competencias negociadoras previstas en la normativa vigente o futura, cuando las medidas o reivindicaciones afecten a más de un centro de trabajo. El Comité Intercentros se regirá en su funcionamiento por las normas establecidas en el Estatuto de los Trabajadores para los Comités de Empresa y sus decisiones en las materias de su competencia serán vinculantes para la totalidad de los trabajadores de la Compañía.
3. En la constitución del Comité Intercentros se guardará la proporcionalidad de los sindicatos según los resultados electorales considerados globalmente.
4. Los cambios que se produzcan en la representación legal de los trabajadores con motivo de elecciones que no sean generales en el ámbito de la Compañía, se tendrán en cuenta con carácter anual, a fecha 31 de diciembre, para modificar, en su caso, la composición del Comité Intercentros.
5. Al Comité Intercentros le será de aplicación lo dispuesto en el artículo 65 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores en materia de capacidad y sigilo profesional.
Disposición adicional primera. Comisión Mixta de Interpretación y Control.
1. Ambas partes firmantes del presente Convenio son conscientes del hecho que la negociación colectiva debe ser una herramienta viva y continuada de adaptación de las relaciones laborales a la situación del entorno, tanto empresarial como de mercado. Se otorga capacidad a la Comisión Mixta para evaluar la situación de la compañía y del mercado en el que opera, con la periodicidad que ésta determine, y para adaptar las condiciones establecidas en este Convenio colectivo durante la vigencia del mismo, con la agilidad y celeridad que las situaciones requieran, sin tener que esperar a su expiración.
2. Asimismo, la Comisión Mixta, con carácter general, entenderá de todas las cuestiones relacionadas con la interpretación de las normas contenidas en este Convenio colectivo y que tendrá las siguientes funciones específicas:
a) Interpretación del Convenio colectivo en su más amplio sentido.
b) Aplicación de lo pactado y vigilancia de su cumplimiento.
c) Seguimiento de aquellos acuerdos cuyo desarrollo debe producirse en el tiempo y durante la totalidad de la vigencia de los mismos.
d) Mediación y conciliación, en caso de conflicto entre la Compañía y un trabajador o trabajadores, en el supuesto de conflicto colectivo. A instancia de uno de sus órganos podrá solicitarse la inmediata reunión de la Comisión Mixta a los efectos de interpretar lo acordado y ofrecer su mediación.
e) Entender, de forma previa y obligatoria a la vía administrativa y jurisdiccional sobre la interposición de cualquier tipo de controversia o conflicto de carácter colectivo que pudiera surgir como consecuencia de la aplicación de la norma acordada. Tendrán el carácter de controversia o conflicto colectivo, las disputas laborales que comprendan a una pluralidad de trabajadores, o en las que la interpretación objeto de la divergencia, afecte a intereses supra personales.
3. Una vez notificada a la Comisión Mixta la correspondiente controversia por parte del interesado o interesados, ésta deberá emitir el preceptivo dictamen al respecto en un plazo máximo de veinte (20) días, a contar desde la fecha de recepción del escrito en que se desarrolle la cuestión objeto de conflicto.
4. En caso de que sometida la eventual controversia a la Comisión Mixta del Convenio, y no alcanzado un acuerdo dentro del plazo reseñado en el apartado anterior, las partes deberán recurrir a los procedimientos que se hayan establecido en los acuerdos interprofesionales de ámbito estatal o autonómico, previstos en el artículo 83 del Estatuto de los Trabajadores.
5. La Comisión Mixta estará formada por un máximo de doce (12) miembros, seis (6) miembros en representación de los representantes de los trabajadores y seis (6) miembros en representación de la Compañía, como máximo. Igualmente, se elegirán otros tantos suplentes, designados por cada una de las representaciones señaladas.
6. La Comisión elegirá de entre sus miembros a un Presidente y a un Secretario, que recaerá alternativamente en cada una de las representaciones.
7. La Comisión se constituirá formalmente a la firma del presente Convenio colectivo dotándose de un Reglamento de funcionamiento.
8. Ambas partes podrán ser asistidas por los asesores que estimen conveniente según las materias a tratar, con voz pero sin voto.
9. De las reuniones celebradas por la Comisión se levantará acta en la que figurarán las decisiones tomadas, debiendo ser firmadas las mismas por la totalidad de los miembros asistentes a ellas.
Disposición adicional segunda. Procedimientos para solventar de manera efectiva las discrepancias derivadas de la no aplicación de condiciones de trabajo del artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores.
Las partes convienen, en caso de concurrencia de las causas establecidas en el artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores, proceder a la no aplicación de las condiciones de trabajo que afecten a las materias establecidas en dicho artículo mediante acuerdo entre las partes.
En este caso y con carácter previo las partes procederán de conformidad con lo establecido en el artículo 83.2 del Estatuto de los Trabajadores a la apertura del meritado periodo de consultas, que seguirá los trámites previstos en dicho precepto.
En caso de que sometida la eventual discrepancia a la Comisión Mixta del Convenio, y no alcanzado un acuerdo dentro del plazo contemplado en el artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores, las partes deberán recurrir a los procedimientos que se hayan establecido en los acuerdos interprofesionales de ámbito estatal o autonómico, previstos en el artículo 83 del Estatuto de los Trabajadores.
Cuando el período de consultas finalice sin acuerdo y no fueran aplicables los procedimientos a los que se refiere el párrafo anterior o estos no hubieran solucionado la discrepancia, las partes acuerdan someter la discrepancia a la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos para la eventual solución de la misma.
Disposición adicional tercera. Plan de Igualdad.
Las partes se comprometen a suscribir un Plan de Igualdad de conformidad con lo previsto en el artículo 85.1 del Estatuto de los Trabajadores.
Disposición adicional cuarta. Normativa Supletoria.
Las partes acuerdan que, en aquellas materias no previstas expresamente en el presente Convenio colectivo, se estará a lo dispuesto en el Acuerdo Laboral de Ámbito Estatal para el Sector de la Hostelería, así como en los convenios colectivos de hostelería de ámbito provincial o de comunidad autónoma correspondientes según la localización geográfica de los restaurantes, vigentes en cada momento, y siempre y cuando dicho Acuerdo y/o convenios sean de obligado cumplimiento para la Compañía, así como las demás disposiciones legales generales vigentes en cada momento. Las referencias normativas incluidas en el presente Convenio colectivo se entenderán realizadas igualmente a las normas que sustituyan dichos preceptos en el futuro.
Disposición adicional quinta. Prioridad Aplicativa.
El presente Convenio colectivo está dotado de prioridad aplicativa respecto de convenios sectoriales de ámbito estatal, autonómico o de ámbito inferior en las materias previstas en cada momento en el artículo 84.2 del Estatuto de los Trabajadores o en la normativa que pudiera sustituir dicho precepto en el futuro. En el caso del resto de las materias que no gozan actualmente de prioridad aplicativa, se estará subordinado a lo que se prevea en los convenios de ámbito superior, en su caso, durante la vigencia de los mismos. Llegada la fecha de expiración de dichos convenios, se entiende plena y totalmente aplicable cualquier disposición prevista en el presente Convenio colectivo que no goce actualmente prioridad aplicativa.
* * *
Firma de los asistentes:
Por la Compañía:
D. Rogelio Iglesias Rodríguez.
D.ª Pilar Barrachina.
Por los Representantes de los Trabajadores:
D. Abraham de Lago Panadero.
D.ª Jessica Castaño Caicedo.
D.ª Mariellis Arregui.
D.ª Adriana Gómez Granda.
D.ª Lady Johanna Gómez Rivera.
D. Cristóbal Castaño Durán.
D. Jonathan Gómez Martín.
D. Emiliano Roig García.
D.ª Belén Zorita Páramo.
D. Daniel Algarra Rivas.
D. Víctor Gil Vicente.
D. Iván González Abuin.
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Convenio colectivo KFC: Empleados cobran 12.500 € brutos/año. Los junior (menos de 1 año de exper.), unos 10.000 #BOE
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OTROS_ANUNCIOS
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Ministerio de Empleo y Seguridad Social
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Convenio colectivo KFC: Empleados cobran 12.525,24 euros brutos al año. Los junior (menos de 1 año de experiencia), desde 9.393,93 euros hasta 10.646,45 euros.
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"1684",
"4038"
] | 3,357
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2013-12-07
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DEROGA
la Ley 3/2012, de 20 de julio
DE CONFORMIDAD con
el Estatuto aprobado por Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio
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BOE-B-2013-5799
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Ley 4/2013, de 27 de noviembre, de Supresión de la Prestación de los Servicios de Radiodifusión y Televisión de Ámbito Autonómico, de Titularidad de la Generalitat, así como de Disolución y Liquidación de Radiotelevisión Valenciana, SAU.
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<p class='parrafo'>Sea notorio y manifiesto a todos los ciudadanos que Les Corts han aprobado y yo, de acuerdo con lo establecido por la Constitución y el Estatuto de Autonomía, en nombre del rey, promulgo la siguiente Ley:</p>
<p class='centro_redonda'>PREÁMBULO</p>
<p class='parrafo_2'>El artículo 37, número 3, del Estatuto de autonomía, en su redacción originaria, establecía la posibilidad de que la Generalitat pudiera regular, crear y mantener sus propias televisión, radio y prensa y, en general, todos los medios de comunicación social para el cumplimiento de sus fines. La Ley 7/1984, de 4 de julio, de creación de la entidad pública Radiotelevisión Valenciana, materializó dicha posibilidad.</p>
<p class='parrafo'>Posteriormente, y con la finalidad de ahondar en la vocación de servicio público, pluralidad e independencia, Les Corts, al amparo del actual artículo 56 del Estatuto de autonomía, aprobaron la Ley 3/2012, de 20 de julio, de estatuto de Radiotelevisión Valenciana, que regulando la prestación por parte de la Generalitat del servicio público de radio y televisión por cualquier medio o canal, estableció el régimen jurídico de Radiotelevisión Valenciana, encomendándole la gestión del mismo a dicha sociedad.</p>
<p class='parrafo'>Ahora bien, la situación económica que atravesaba en los últimos años el ente público Radiotelevisión Valenciana determinó que, entre una de las medidas a adoptar, se llevasen a cabo actuaciones tendentes al redimensionamiento de una plantilla que alcanzaba más de 1.600 trabajadores. A dichos efectos, y en orden a facilitar la viabilidad de la empresa y prestar el servicio en condiciones de eficiencia y calidad, se procedió a reducir la misma a través de los instrumentos que ofrece la normativa laboral. No acometer esta opción hubiera conllevado mantener una estructura poco eficiente y altamente deficitaria que hubiera lastrado la actuación de la Generalitat en unos momentos de acentuada crisis económica.</p>
<p class='parrafo'>Impugnada esta medida, la reciente Sentencia 2.338/13, de 4 de noviembre, dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, ha declarado nulo el despido colectivo, determinando la necesidad del reingreso de más de mil trabajadores en la sociedad Radiotelevisión Valenciana, SAU. Dicha readmisión hace inviable la continuidad de la empresa, puesto que el coste de los gastos de personal que genera el mantenimiento de dicha sobredimensionada plantilla, unidos a los de funcionamiento y mantenimiento de la sociedad, suponen un elevado nivel de gastos de personal que la Generalitat no puede asumir en unos momentos de crisis económica y en los que la escasez de recursos económicos le obliga a priorizar los servicios que se consideran básicos.</p>
<p class='parrafo'>Es por ello por lo que resulta procedente, en aras de garantizar la prestación de servicios esenciales por parte de la Generalitat, que se suprima la prestación de los servicios de radiodifusión y televisión de ámbito autonómico de titularidad de la Generalitat.</p>
<p class='articulo'>Artículo 1. Objeto.</p>
<p class='parrafo'>La presente ley tiene por objeto suprimir la prestación de los servicios de radiodifusión y televisión de ámbito autonómico de titularidad de la Generalitat y, en consecuencia, autorizar al Consell la extinción, disolución y liquidación de la empresa pública Radiotelevisión Valenciana, SAU, que gestiona dichos servicios.</p>
<p class='articulo'>Artículo 2. Supresión de la prestación de los servicios de radiodifusión y televisión.</p>
<p class='parrafo'>1. Se suprime la prestación del servicio público de radio y televisión de ámbito autonómico prestado por cualquier medio o canal de difusión, por la Generalitat, al amparo de lo establecido en el artículo 56 del Estatuto de autonomía de la Comunitat Valenciana.</p>
<p class='parrafo'>2. Se suprime la prestación de cualquier otro servicio de interés general que en materia de radio y televisión presta la Generalitat en virtud de sus competencias estatutarias.</p>
<p class='articulo'>Artículo 3. Disolución, extinción y liquidación de Radiotelevisión Valenciana, SAU.</p>
<p class='parrafo'>Se autoriza al Consell para que, constituido en Junta General de Accionistas, disuelva y extinga la empresa Radiotelevisión Valenciana, SAU.</p>
<p class='parrafo'>En el acuerdo de disolución se nombrará una comisión de liquidación compuesta por tres miembros que llevarán a cabo las actuaciones legal y estatutariamente establecidas.</p>
<p class='articulo'>Disposición adicional primera.</p>
<p class='parrafo'>1. Como consecuencia de la supresión de la prestación de los servicios de radio y televisión acordada en el artículo 2 de esta ley, y el correspondiente cese de las emisiones en ambos medios, se producirá la extinción de los contratos de trabajo que afecten a la totalidad de la plantilla de la empresa Radiotelevisión Valenciana, SAU, en los términos y siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 51 y la disposición adicional vigésima del Texto refundido del Estatuto de los trabajadores, aprobado por el Real decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo, y demás normativa vigente que la desarrolle.</p>
<p class='parrafo'>2. Radiotelevisión Valenciana, SAU, asumirá las consecuencias económicas resultantes del proceso de disolución y liquidación que se efectúe en atención a lo dispuesto en el artículo 2 de la presente ley, con cargo a la consignación presupuestaria que se preverá en la Ley de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2014.</p>
<p class='parrafo'>3. La Generalitat responderá, en su caso, de las consecuencias económicas derivadas de la Sentencia 2.338/13, de 4 de noviembre, dictada por la Sala de lo Social del TSJCV en el procedimiento 17/2012, a que vengan obligados el ente RTVV y sus sociedades filiales, una vez dichas consecuencias económicas sean líquidas, vencidas y exigibles.</p>
<p class='articulo'>Disposición adicional segunda.</p>
<p class='parrafo'>Se faculta al Consell, constituido en Junta General de Accionistas, para cesar a los miembros del Consejo de Administración de Radiotelevisión Valenciana, SAU.</p>
<p class='articulo'>Disposición derogatoria única.</p>
<p class='parrafo'>Queda derogada la Ley 3/2012, de 20 de julio, de estatuto de Radiotelevisión Valenciana, y cualquier disposición de rango igual o inferior que se oponga a lo que establece la presente ley.</p>
<p class='articulo'>Disposición final única.</p>
<p class='parrafo'>La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Diari Oficial de la Comunitat Valenciana».</p>
<p class='parrafo_2'>Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos, tribunales, autoridades y poderes públicos a los que corresponda, observen y hagan cumplir esta Ley.</p>
<p class='parrafo_2'>Valencia, 27 de noviembre de 2013.–El President de la Generalitat, Alberto Fabra Part.</p>
<p class='publicado'>(Publicada en el «Diario Oficial de la Comunitat Valenciana» número 7161, de 27 de noviembre de 2013)</p>
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</documento>
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Sat Dec 07 08:57:41 +0000 2013
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Sea notorio y manifiesto a todos los ciudadanos que Les Corts han aprobado y yo, de acuerdo con lo establecido por la Constitución y el Estatuto de Autonomía, en nombre del rey, promulgo la siguiente Ley:
PREÁMBULO
El artículo 37, número 3, del Estatuto de autonomía, en su redacción originaria, establecía la posibilidad de que la Generalitat pudiera regular, crear y mantener sus propias televisión, radio y prensa y, en general, todos los medios de comunicación social para el cumplimiento de sus fines. La Ley 7/1984, de 4 de julio, de creación de la entidad pública Radiotelevisión Valenciana, materializó dicha posibilidad.
Posteriormente, y con la finalidad de ahondar en la vocación de servicio público, pluralidad e independencia, Les Corts, al amparo del actual artículo 56 del Estatuto de autonomía, aprobaron la Ley 3/2012, de 20 de julio, de estatuto de Radiotelevisión Valenciana, que regulando la prestación por parte de la Generalitat del servicio público de radio y televisión por cualquier medio o canal, estableció el régimen jurídico de Radiotelevisión Valenciana, encomendándole la gestión del mismo a dicha sociedad.
Ahora bien, la situación económica que atravesaba en los últimos años el ente público Radiotelevisión Valenciana determinó que, entre una de las medidas a adoptar, se llevasen a cabo actuaciones tendentes al redimensionamiento de una plantilla que alcanzaba más de 1.600 trabajadores. A dichos efectos, y en orden a facilitar la viabilidad de la empresa y prestar el servicio en condiciones de eficiencia y calidad, se procedió a reducir la misma a través de los instrumentos que ofrece la normativa laboral. No acometer esta opción hubiera conllevado mantener una estructura poco eficiente y altamente deficitaria que hubiera lastrado la actuación de la Generalitat en unos momentos de acentuada crisis económica.
Impugnada esta medida, la reciente Sentencia 2.338/13, de 4 de noviembre, dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, ha declarado nulo el despido colectivo, determinando la necesidad del reingreso de más de mil trabajadores en la sociedad Radiotelevisión Valenciana, SAU. Dicha readmisión hace inviable la continuidad de la empresa, puesto que el coste de los gastos de personal que genera el mantenimiento de dicha sobredimensionada plantilla, unidos a los de funcionamiento y mantenimiento de la sociedad, suponen un elevado nivel de gastos de personal que la Generalitat no puede asumir en unos momentos de crisis económica y en los que la escasez de recursos económicos le obliga a priorizar los servicios que se consideran básicos.
Es por ello por lo que resulta procedente, en aras de garantizar la prestación de servicios esenciales por parte de la Generalitat, que se suprima la prestación de los servicios de radiodifusión y televisión de ámbito autonómico de titularidad de la Generalitat.
Artículo 1. Objeto.
La presente ley tiene por objeto suprimir la prestación de los servicios de radiodifusión y televisión de ámbito autonómico de titularidad de la Generalitat y, en consecuencia, autorizar al Consell la extinción, disolución y liquidación de la empresa pública Radiotelevisión Valenciana, SAU, que gestiona dichos servicios.
Artículo 2. Supresión de la prestación de los servicios de radiodifusión y televisión.
1. Se suprime la prestación del servicio público de radio y televisión de ámbito autonómico prestado por cualquier medio o canal de difusión, por la Generalitat, al amparo de lo establecido en el artículo 56 del Estatuto de autonomía de la Comunitat Valenciana.
2. Se suprime la prestación de cualquier otro servicio de interés general que en materia de radio y televisión presta la Generalitat en virtud de sus competencias estatutarias.
Artículo 3. Disolución, extinción y liquidación de Radiotelevisión Valenciana, SAU.
Se autoriza al Consell para que, constituido en Junta General de Accionistas, disuelva y extinga la empresa Radiotelevisión Valenciana, SAU.
En el acuerdo de disolución se nombrará una comisión de liquidación compuesta por tres miembros que llevarán a cabo las actuaciones legal y estatutariamente establecidas.
Disposición adicional primera.
1. Como consecuencia de la supresión de la prestación de los servicios de radio y televisión acordada en el artículo 2 de esta ley, y el correspondiente cese de las emisiones en ambos medios, se producirá la extinción de los contratos de trabajo que afecten a la totalidad de la plantilla de la empresa Radiotelevisión Valenciana, SAU, en los términos y siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 51 y la disposición adicional vigésima del Texto refundido del Estatuto de los trabajadores, aprobado por el Real decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo, y demás normativa vigente que la desarrolle.
2. Radiotelevisión Valenciana, SAU, asumirá las consecuencias económicas resultantes del proceso de disolución y liquidación que se efectúe en atención a lo dispuesto en el artículo 2 de la presente ley, con cargo a la consignación presupuestaria que se preverá en la Ley de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2014.
3. La Generalitat responderá, en su caso, de las consecuencias económicas derivadas de la Sentencia 2.338/13, de 4 de noviembre, dictada por la Sala de lo Social del TSJCV en el procedimiento 17/2012, a que vengan obligados el ente RTVV y sus sociedades filiales, una vez dichas consecuencias económicas sean líquidas, vencidas y exigibles.
Disposición adicional segunda.
Se faculta al Consell, constituido en Junta General de Accionistas, para cesar a los miembros del Consejo de Administración de Radiotelevisión Valenciana, SAU.
Disposición derogatoria única.
Queda derogada la Ley 3/2012, de 20 de julio, de estatuto de Radiotelevisión Valenciana, y cualquier disposición de rango igual o inferior que se oponga a lo que establece la presente ley.
Disposición final única.
La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Diari Oficial de la Comunitat Valenciana».
Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos, tribunales, autoridades y poderes públicos a los que corresponda, observen y hagan cumplir esta Ley.
Valencia, 27 de noviembre de 2013.–El President de la Generalitat, Alberto Fabra Part.
(Publicada en el «Diario Oficial de la Comunitat Valenciana» número 7161, de 27 de noviembre de 2013)
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La ley que pone fin a RTVV ya está en el #BOE
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"121",
"130"
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CONTRATOS_LICITACIONES
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Comunitat Valenciana
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Ley que pone fin a RTVV.
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SE DEROGA
el art. 2, por Ley 12/2015, de 29 de diciembre
SE DECLARA
, en el Recurso 1067/2014, su extinción, por pérdida de su objeto, respecto a los preceptos indicados, y la desestimación de todo lo demás, por Sentencia 153/2016, de 22 de septiembre
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[
"1318",
"3226",
"5281",
"5821",
"6862"
] | 3,358
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2013-02-14
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BOE-B-2013-46029
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Anuncio de licitación de: División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía). Objeto: Adquisición de pienso compuesto complementario, con destino a las Unidades de Caballería del Cuerpo Nacional de Policía con sede en Madrid y Sevilla. Expediente: 002/13/SC/01.
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<titulo>Anuncio de licitación de: División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía). Objeto: Adquisición de pienso compuesto complementario, con destino a las Unidades de Caballería del Cuerpo Nacional de Policía con sede en Madrid y Sevilla. Expediente: 002/13/SC/01.</titulo>
<diario codigo='BOE'>Boletín Oficial del Estado</diario>
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<departamento codigo='7320'>Ministerio del Interior</departamento>
<numero_anuncio>A130007292</numero_anuncio>
<fecha_publicacion>20130214</fecha_publicacion>
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<analisis>
<modalidad codigo='L'>Licitación</modalidad>
<tipo codigo='1'>Suministros</tipo>
<tramitacion codigo='1'>Ordinaria</tramitacion>
<procedimiento codigo='1'>Abierto</procedimiento>
<fecha_presentacion_ofertas>Hasta las 12:00 horas del 5 de marzo de 2013</fecha_presentacion_ofertas>
<fecha_apertura_ofertas>21 de marzo de 2013 a las 10:00</fecha_apertura_ofertas>
<precio codigo=''></precio>
<importe>98.086,45</importe>
<ambito_geografico>Comunidad de Madrid
Andalucía</ambito_geografico>
<materias></materias>
<materias_cpv>15000000 Alimentos, bebidas, tabaco y productos afines</materias_cpv>
<observaciones></observaciones>
</analisis>
<texto>
<dl>
<dt>1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:</dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) Organismo: </dt>
<dd>División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía).</dd>
<dt>b) Dependencia que tramita el expediente: </dt>
<dd>División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía).</dd>
<dt>c) Obtención de documentación e información:</dt>
<dd>
<dl>
<dt>1) Dependencia: </dt>
<dd>División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía).</dd>
<dt>2) Domicilio: </dt>
<dd>Julián González Segador, 2.</dd>
<dt>3) Localidad y código postal: </dt>
<dd>28043 Madrid (España).</dd>
<dt>4) Teléfono: </dt>
<dd>915 821 794.</dd>
<dt>5) Telefax: </dt>
<dd>915 821 831.</dd>
<dt>7) Dirección de Internet del perfil del contratante: </dt>
<dd>http://contrataciondelestado.es.</dd>
<dt>8) Fecha límite de obtención de documentación e información: </dt>
<dd>Hasta las 14:00 horas del 4 de marzo de 2013.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>d) Número de expediente: </dt>
<dd>002/13/SC/01.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>2. Objeto del contrato: </dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) Tipo: </dt>
<dd>Suministros.</dd>
<dt>b) Descripción: </dt>
<dd>Adquisición de pienso compuesto complementario, con destino a las Unidades de Caballería del Cuerpo Nacional de Policía con sede en Madrid y Sevilla.</dd>
<dt>i) CPV (Referencia de Nomenclatura): </dt>
<dd>15710000 (Alimentos preparados para animales de granja y otros animales).</dd>
</dl>
</dd>
<dt>3. Tramitación y procedimiento:</dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) Tramitación: </dt>
<dd>Ordinaria.</dd>
<dt>b) Procedimiento: </dt>
<dd>Abierto.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>4. Valor estimado del contrato:</dt>
<dd>89.169,50 euros.</dd>
<dt>5. Presupuesto base de licitación: </dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) </dt>
<dd> Importe neto: 89.169,50 euros. Importe total: 98.086,45 euros. </dd>
</dl>
</dd>
<dt>6. Garantías exigidas. </dt>
<dd> Definitiva (%): 5.</dd>
<dt>7. Requisitos específicos del contratista: </dt>
<dd>
<dl>
<dt>b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: </dt>
<dd>Según apartado 7 del cuadro de características del pliego de cláusulas administrativas particulaes.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: </dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) Fecha límite de presentación: </dt>
<dd>Hasta las 12:00 horas del 5 de marzo de 2013.</dd>
<dt>b) Modalidad de presentación: </dt>
<dd>Manual.</dd>
<dt>c) Lugar de presentación:</dt>
<dd>
<dl>
<dt>1) Dependencia: </dt>
<dd>División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía).</dd>
<dt>2) Domicilio: </dt>
<dd>Julián González Segador, 2.</dd>
<dt>3) Localidad y código postal: </dt>
<dd>28043 Madrid (España).</dd>
</dl>
</dd>
<dt>e) Admisión de variantes: </dt>
<dd>No.</dd>
<dt>f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: </dt>
<dd>15 días.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>9. Apertura de Ofertas:</dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) Descripción: </dt>
<dd>Apertura sobre oferta económica.</dd>
<dt>b) Dirección: </dt>
<dd>Julián González Segador, 2 (División Económica y Técnica).</dd>
<dt>c) Localidad y código postal: </dt>
<dd>28043 Madrid (España).</dd>
<dt>d) Fecha y hora: </dt>
<dd>21 de marzo de 2013 a las 10:00.</dd>
</dl>
</dd>
</dl>
<p class='parrafo'>Madrid, 8 de febrero de 2013.- El Jefe de la División Económica y Técnica.</p>
</texto>
</documento>
|
Thu Feb 14 09:28:45 +0000 2013
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1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo:
División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía).
b) Dependencia que tramita el expediente:
División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía).
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia:
División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía).
2) Domicilio:
Julián González Segador, 2.
3) Localidad y código postal:
28043 Madrid (España).
4) Teléfono:
915 821 794.
5) Telefax:
915 821 831.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante:
http://contrataciondelestado.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información:
Hasta las 14:00 horas del 4 de marzo de 2013.
d) Número de expediente:
002/13/SC/01.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo:
Suministros.
b) Descripción:
Adquisición de pienso compuesto complementario, con destino a las Unidades de Caballería del Cuerpo Nacional de Policía con sede en Madrid y Sevilla.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura):
15710000 (Alimentos preparados para animales de granja y otros animales).
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación:
Ordinaria.
b) Procedimiento:
Abierto.
4. Valor estimado del contrato:
89.169,50 euros.
5. Presupuesto base de licitación:
a)
Importe neto: 89.169,50 euros. Importe total: 98.086,45 euros.
6. Garantías exigidas.
Definitiva (%): 5.
7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional:
Según apartado 7 del cuadro de características del pliego de cláusulas administrativas particulaes.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación:
Hasta las 12:00 horas del 5 de marzo de 2013.
b) Modalidad de presentación:
Manual.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia:
División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía).
2) Domicilio:
Julián González Segador, 2.
3) Localidad y código postal:
28043 Madrid (España).
e) Admisión de variantes:
No.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta:
15 días.
9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción:
Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección:
Julián González Segador, 2 (División Económica y Técnica).
c) Localidad y código postal:
28043 Madrid (España).
d) Fecha y hora:
21 de marzo de 2013 a las 10:00.
Madrid, 8 de febrero de 2013.- El Jefe de la División Económica y Técnica.
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Casi 300.000 E entre pienso, virutas y alfalfa para caballos del CNP.
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[] |
CONTRATOS_LICITACIONES
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Ministerio del Interior
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98.086,45 euros al año por un periodo de tres para la compra de pienso, virutas y alfalfa para caballos del Cuerpo Nacional de Policía.
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[] | 3,359
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2017-06-29
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BOE-A-2018-5781
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Resolución de 6 de junio de 2017, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publica la cifra a que hace referencia el artículo 3.2.a) del Real Decreto 1251/1999, sobre Sociedades Anónimas Deportivas, para la modalidad de fútbol.
|
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<documento fecha_actualizacion='20181023201535'>
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<identificador>BOE-A-2017-7508</identificador>
<titulo>Resolución de 6 de junio de 2017, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publica la cifra a que hace referencia el artículo 3.2.a) del Real Decreto 1251/1999, sobre Sociedades Anónimas Deportivas, para la modalidad de fútbol.</titulo>
<diario codigo='BOE'>Boletín Oficial del Estado</diario>
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<seccion>3</seccion>
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<departamento codigo='4220'>Ministerio de Educación, Cultura y Deporte</departamento>
<rango codigo='1370'>Resolución</rango>
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<fecha_disposicion>20170606</fecha_disposicion>
<fecha_publicacion>20170629</fecha_publicacion>
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<estatus_derogacion>N</estatus_derogacion>
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<anteriores></anteriores>
<posteriores></posteriores>
</referencias>
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<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>De conformidad con lo establecido en el artículo 3 del Real Decreto 1251/1999, de 16 de julio, sobre Sociedades Anónimas Deportivas, modificado por el Real Decreto 1412/2001, de 14 de diciembre, que regula la fórmula para la fijación del Capital Social Mínimo de las sociedades anónimas deportivas, corresponde al Consejo Superior de Deportes, previo informe de la liga profesional correspondiente, calcular y publicar el 25 por ciento de la media de gastos realizados por los clubes y sociedades anónimas deportivas que participen en la respectiva competición, en los términos indicados en el apartado 2.a) del artículo anteriormente citado.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En uso de las atribuciones que legalmente tengo concedidas, resuelvo:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Determinar, de acuerdo con los datos obrantes en este Consejo Superior de Deportes y previo el preceptivo informe de la Liga Nacional de Fútbol Profesional, el cálculo al que hace referencia el artículo 3.2.a) del Real Decreto 1251/1999, de 16 de julio, sobre Sociedades Anónimas Deportivas, para la modalidad de fútbol, en la cantidad de dos millones quinientos cuarenta y seis mil seiscientos treinta y siete euros con cuarenta y tres céntimos (2.546.637,43 €).</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Madrid, 6 de junio de 2017.–El Presidente del Consejo Superior de Deportes, José Ramón Lete Lasa.</p>
</texto>
</documento>
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Thu Jun 29 08:37:47 +0000 2017
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De conformidad con lo establecido en el artículo 3 del Real Decreto 1251/1999, de 16 de julio, sobre Sociedades Anónimas Deportivas, modificado por el Real Decreto 1412/2001, de 14 de diciembre, que regula la fórmula para la fijación del Capital Social Mínimo de las sociedades anónimas deportivas, corresponde al Consejo Superior de Deportes, previo informe de la liga profesional correspondiente, calcular y publicar el 25 por ciento de la media de gastos realizados por los clubes y sociedades anónimas deportivas que participen en la respectiva competición, en los términos indicados en el apartado 2.a) del artículo anteriormente citado.
En uso de las atribuciones que legalmente tengo concedidas, resuelvo:
Determinar, de acuerdo con los datos obrantes en este Consejo Superior de Deportes y previo el preceptivo informe de la Liga Nacional de Fútbol Profesional, el cálculo al que hace referencia el artículo 3.2.a) del Real Decreto 1251/1999, de 16 de julio, sobre Sociedades Anónimas Deportivas, para la modalidad de fútbol, en la cantidad de dos millones quinientos cuarenta y seis mil seiscientos treinta y siete euros con cuarenta y tres céntimos (2.546.637,43 €).
Madrid, 6 de junio de 2017.–El Presidente del Consejo Superior de Deportes, José Ramón Lete Lasa.
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Sigue subiendo el capital social mínimo para las SA deportivas (fútbol) y supera los 5 millones #BOE
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CONVENIOS
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Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
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Sigue subiendo el capital social mínimo para las Sociedades Anónimas deportivas (de fútbol) y llega a los 2.546.637,43 euros.
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[] | 3,362
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2018-04-27
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DE CONFORMIDAD con
el art. 90.2 y 3 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre
DE CONFORMIDAD con
el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo
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BOE-A-2016-4887
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Resolución de 17 de abril de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo de Ediservicios Madrid 2000, SL.
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<nota codigo='36' orden='315'>Vigencia prorrogada hasta el 31 de diciembre de 2022</nota>
<nota codigo='36' orden='320'>Vigencia desde el 1 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2018</nota>
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<texto>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Visto el texto del Convenio colectivo de la empresa Ediservicios Madrid 2000, S.L., (código de convenio número 90103002012018), suscrito con fecha 28 de febrero de 2018, de una parte, por las personas designadas por la Dirección de la empresa, en representación de la misma, y, de otra, por el Sindicato Comisiones Obreras, en representación de los trabajadores afectados, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, y en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo,</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Esta Dirección General de Empleo resuelve:</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Primero.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Ordenar la inscripción del citado Convenio colectivo en el correspondiente Registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo con funcionamiento a través de medios electrónicos de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Segundo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Madrid, 17 de abril de 2018.–El Director General de Empleo, Xavier Jean Braulio Thibault Aranda.</p>
<p class='anexo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CONVENIO COLECTIVO EDISERVICIOS MADRID 2000, S.L.</p>
<p class='capitulo_num' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CAPÍTULO I</p>
<p class='capitulo_tit' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Ámbito y vigencia</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 1. Determinación de las partes.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El convenio colectivo es el resultado del acuerdo alcanzado entre la empresa y la representación sindical, de conformidad con lo establecido en el Título III del Estatuto de los Trabajadores y con la eficacia que le confiere el artículo 37 de la Constitución Española.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 2. Ámbito territorial.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Las normas contenidas en el presente convenio colectivo serán de aplicación en todos los centros de trabajo dentro del territorio nacional, constituidos o que puedan constituirse en el futuro, durante el tiempo de su vigencia.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 3. Ámbito personal y funcional..</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. El presente convenio colectivo regula las relaciones de trabajo para todas las funciones y áreas de actividad en Ediservicios Madrid 2000, S.L., sin perjuicio de las excepciones establecidas en el punto 2 del presente artículo:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. El contenido del presente convenio colectivo será de aplicación a todo el personal que preste sus servicios en la empresa cualesquiera que fuesen sus cometidos, salvo por lo mencionado a continuación.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Se exceptúan del ámbito de aplicación del presente convenio colectivo:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) Las actividades determinadas en el artículo 1 apartado 3 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) Las relaciones laborales de carácter especial, recogidas en el artículo 2 del ET, así como los agentes comerciales o publicitarios que mantengan con Ediservicios Madrid 2000, S.L., una relación mercantil. En ambos casos, se regirán por las condiciones que se determinen en el correspondiente contrato individual.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>c) El personal que presta servicios por cuenta de empresas que tengan suscritos contratos de obras o servicios con Ediservicios Madrid 2000, S.L., aunque las actividades de dicho personal se desarrollen en estos centros de trabajo y correspondan o no con la actividad propia de la empresa.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>d) Los profesionales cuya relación con Ediservicios Madrid 2000, S.L., se derive de la aceptación de una minuta o factura y los profesionales liberales y asesores vinculados a la empresa, en virtud de contrato civil de arrendamiento de servicios.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>e) El personal facultativo, técnico o científico cuyas funciones a desarrollar no estén contempladas dentro de las existentes en el presente Convenio Colectivo, que sea requerido para un trabajo de estudio o servicio determinado, concreto y de duración determinada.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>f) Los colaboradores y corresponsales literarios, científicos, docentes, musicales, de información general o deportiva, y de las artes que realicen su actividad mediante contrato civil de arrendamiento de servicios formalizado con la empresa, o que aquella se limite a intervenciones puntuales o esporádicas, con independencia de que mantengan una relación profesional continuada con la empresa.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>g) El personal de dirección, incluyendo en esta definición a los directores y subdirectores y al personal asignado al grupo 0 en la estructura de grupos profesionales (mandos de dirección).</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 4. Garantías.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Las condiciones que se establecen en el convenio colectivo tienen la consideración de mínimas y obligatorias, sin perjuicio de las condiciones individuales más beneficiosas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>A estos efectos, se considerarán condiciones más beneficiosas constitutivas de derechos adquiridos las que se hayan atribuido a uno o varios empleados/as a título personal y como tal derecho, no las que sean fruto del error o de la falta de control por parte de la Empresa.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 5. Duración y vigencia.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La vigencia de este convenio colectivo irá desde 1 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2018, con independencia de la fecha en que, una vez homologado por la autoridad laboral, sea publicado oficialmente.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Los efectos del presente convenio colectivo serán los que se expliciten en su articulado y en caso de no especificarse se entenderá que sus efectos se extenderán desde la fecha de la firma.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 6. Denuncia y prórroga.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. La denuncia del convenio colectivo se deberá realizar mediante notificación escrita y fehaciente, preavisando con una antelación mínima de 2 meses a la fecha de su expiración.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Asimismo será requisito constitutivo de la denuncia comunicar simultáneamente la misma a la autoridad laboral.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Las partes legitimadas para preavisar la denuncia del convenio colectivo, o para ser notificadas de dicho preaviso, serán las mismas que estén legitimadas para negociar un nuevo convenio colectivo con el mismo ámbito de aplicación, según lo establecido en el artículo 87.2 y 3 del Estatuto de los Trabajadores.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. En caso de no mediar denuncia de ninguna de las partes en estos términos, el presente convenio colectivo se prorrogará de año en año, de 1 de enero a 31 de diciembre.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. Simultáneamente al acto de la denuncia, ya sea realizada por la representación de los trabajadores o de la empresa, deberá comunicarse también la promoción de la negociación del nuevo convenio colectivo, expresando en dicha comunicación escrita la legitimación para negociar, el ámbito del convenio colectivo y las materias objeto de la negociación.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>5. Una vez denunciado el convenio colectivo y concluida la duración pactada o prorrogada, mantendrá su ultraactividad durante 18 meses desde el momento de la conclusión de la duración pactada o prorrogada, salvo que la normativa laboral aplicable durante la vigencia de este convenio establezca que no hay un límite de ultraactividad en los convenios colectivos.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 7. Comisión paritaria y de vigilancia.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. De conformidad con el artículo 85.3 del Estatuto de los Trabajadores, se constituirá una Comisión Paritaria que realizará funciones de interpretación, aplicación y vigilancia de este convenio colectivo. Estará integrada por 4 miembros, dos en representación de la empresa, libremente designadas por ésta, y dos en representación del personal de la misma, conforme a lo reflejado para la determinación de las partes en el artículo 1 del presente convenio colectivo. Los miembros de la comisión podrán ser sustituidos en cualquier momento a petición de la parte que representen.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. La Comisión Paritaria quedará constituida en el mismo momento en que entre en vigor el presente convenio colectivo y podrá aprobar un reglamento de funcionamiento interno. Si así fuera, este reglamento deberá estar aprobado en un plazo no superior a 30 días desde la entrada en vigor del mismo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. La Comisión Paritaria se reunirá a petición de la mayoría de cualquiera de las partes, siempre que exista causa que lo justifique. Las reuniones se realizarán dentro de los cinco (5) días laborables siguientes a la recepción de la solicitud de la convocatoria.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La solicitud deberá dirigirse a la parte no solicitante y los asuntos que se someterán a su consideración deberán constar de forma detallada, así como la identificación de los miembros que la soliciten.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Será condición indispensable para la celebración de la reunión que la representación del personal asistente represente a la mayoría de los miembros de la comisión.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. La adopción válida de acuerdos requerirá el voto favorable de la mayoría de cada una de las representaciones.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>5. En el caso de que el plazo para la resolución, informe o dictamen de la Comisión Paritaria no venga determinado por la legislación vigente, ésta deberá resolver como máximo transcurridos veinte (20) días laborables desde la reunión de la Comisión en la que se trató el asunto.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>6. La comisión podrá utilizar los servicios ocasionales o permanentes de asesores en cuantas materias sean de su competencia. Estos asesores serán designados libremente por cada una de las partes.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>7. Competencias. La Comisión Paritaria tendrá las competencias que se le atribuyen en el artículo 91 del Estatuto de los Trabajadores:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) La gestión e interpretación del contenido del presente convenio colectivo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) Seguimiento y vigilancia en la aplicación y desarrollo del presente convenio colectivo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>c) El estudio, negociación e implantación de medidas de flexibilidad interna ligadas al mantenimiento y estabilidad del empleo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>d) Intervención preceptiva previa, en caso de conflicto colectivo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>e) La designación de subcomisiones para tratar materias concretas relacionadas con el contenido de este convenio colectivo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>f) La fijación de procedimientos para resolver las discrepancias que surjan en el seno de la comisión se llevarán a cabo de acuerdo con lo establecido en el sistema extrajudicial de solución previsto en el acuerdo interconfederal que establece el SIMA (Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje).</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>8. Dentro del ámbito de aplicación del presente convenio colectivo, cuando se trate de negociaciones derivadas de los artículos 40, 41, 47, 51, 85.3.c) y 82.3 del Estatuto de los trabajadores se constituirán comisiones de negociación ad hoc entre la empresa y la representación legal de los trabajadores.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>9. El domicilio que se designa de la Comisión Paritaria es el siguiente: avenida San Luis número 25, 28033 Madrid.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 8. Adhesión al Acuerdo sobre Solución Autónoma de Conflictos Laborales (ASAC).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Las partes firmantes de este Convenio, durante la vigencia del mismo, acuerdan someterse al Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje, para cuantas cuestiones litigiosas puedan suscitarse como consecuencia de la aplicación o interpretación del mismo, de manera previa a la interposición de conflictos colectivo.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 9. Indivisibilidad y vinculación a la totalidad.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Las condiciones pactadas en el presente convenio colectivo configuran un todo orgánico, y a efectos de su aplicación práctica serán consideradas globalmente.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. En el supuesto de que algún artículo fuera declarado nulo, total o parcialmente, la comisiónnegociadora que se constituya acordará lo que proceda sobre la nueva regulación del precepto anulado, siendo plenamente vigente y aplicable el convenio colectivo.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 10. Compensación y absorción.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Las condiciones pactadas en el presente Convenio serán absorbibles y quedarán compensadas cuando los salarios que realmente perciba el trabajador/a, considerados en su conjunto y cómputo anual, y demás condiciones que disfrute el trabajador/a, sean más favorables que los fijados en el presente Convenio.</p>
<p class='capitulo_num' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CAPÍTULO II</p>
<p class='capitulo_tit' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Contratación e ingreso</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 11. Contratación temporal</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Es deseo de las partes firmantes del presente Convenio que prevalezca la estabilidad en el empleo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El ingreso de los trabajadores se ajustará a las modalidades de contratación legales vigentes en cada momento, con las siguientes determinaciones:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>A) Contrato eventual.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Son trabajadores eventuales por circunstancias de la producción aquellos contratados para realizar una actividad excepcional o esporádica, por un plazo máximo que no exceda de 6 meses en un período de doce meses, con una sola prórroga de contrato.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>B) Contrato por obra o servicio.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Cuando se contrate al trabajador/a para la realización de una obra o servicio determinados, la duración del contrato no podrá tener una duración superior a tres años. Transcurrido este plazo, los trabajadores adquirirán la condición de trabajadores fijos de la empresa.</p>
<p class='capitulo_num' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CAPÍTULO III</p>
<p class='capitulo_tit' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Movilidad geográfica y funcional</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 12. Trabajadores con capacidad disminuida.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>A los trabajadores que se les reconozca una incapacidad permanente parcial, derivada de accidente o enfermedad, común o profesional, que les impida continuar con las funciones que venían desarrollando, la Empresa les intentará garantizar un puesto de trabajo compatible con la incapacidad que tengan declarada.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En esta situación, los trabajadores percibirán la retribución íntegra que corresponda al nuevo puesto de trabajo que ocupen, sin que pueda existir reducción alguna del salario como consecuencia de estar percibiendo la pensión correspondiente de la Seguridad Social.</p>
<p class='capitulo_num' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CAPÍTULO IV</p>
<p class='capitulo_tit' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Tiempo de trabajo</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 13. Jornada.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La jornada laboral ordinaria para todo el personal afectado es de 37 horas efectivas semanales durante todas las semanas del año. Desde el 24 de junio hasta el día 7 de septiembre, ambos inclusive dicha jornada no podrá exceder de 35 horas a la semana, excepto pacto con los representantes de los trabajadores. Se podrá establecer la distribución irregular a lo largo del año en los términos establecidos en la normativa legal.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La jornada que corresponda a cada trabajador/a será la que figure en su contrato de trabajo. Entre el final de una jornada y el comienzo de la siguiente mediarán, como mínimo, doce horas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Por cada cinco días trabajados, habrá dos días de libranza, independientemente del día en que se comience el trabajo en la semana. El descanso semanal será preferentemente en sábado y domingo.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 14. Horario.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. El horario de trabajo serán los habituales de cada producto. Sin perjuicio de la existencia de los horarios básicos y de su normal cumplimiento, el trabajo periodístico se considera realizado en régimen de trabajo a tarea.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Todo el personal incluido en el ámbito de este Convenio Colectivo deberá someterse a los sistemas de control de asistencia que la Dirección de la Empresa estime en cada momento.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. La empresa en cada sección por razones de organización o producción establecerá el tiempo para realizar la comida, sin que en ningún caso sea inferior a una hora ni superior a dos horas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. Sin perjuicio de lo establecido en los párrafos anteriores, con el fin de facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral, se establece una flexibilidad en los horarios de entrada al trabajo de hasta 30 minutos después de la hora fijada para la incorporación al trabajo. Se compensarán los retrasos del horario de entrada en el horario de salida y respetándose, en todo caso los horarios de comida.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 15. Días de libranza y festivos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Cuando se trabaje en días de libranza de semana o festivo se retribuirá con una hora libre por cada hora trabajada, a disfrutar en el siguiente trimestre a los días trabajados, de común acuerdo entre empresa y trabajador/a, más un plus equivalente al 50% del valor de las horas ordinarias trabajadas o bien con 1,5 horas libres por cada hora trabajada. 0 bien retribuir al 150% del valor de las horas ordinarias trabajadas. El valor de la hora se compondrá de salario base, complemento empresa y plus de libre disposición.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 16. Horas extraordinarias.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. En materia de prolongación de jornada y horas extraordinarias se estará a lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores y demás normas aplicables.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Con la finalidad de favorecer la creación de puestos de trabajo se procurará reducir al mínimo indispensable las horas extraordinarias, si bien, dadas las especiales características de la actividad de la empresa, los trabajadores se obligan a realizar las horas extraordinarias necesarias para la finalización de una tirada, el cierre de la publicación, la reparación de una avería o cualquier otra causa no imputable a la organización de la producción sin poder exceder el tope máximo legalmente establecido.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. La realización de horas extraordinarias será de carácter voluntario excepto en los supuestos del párrafo 2 de este artículo.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 17. Vacaciones.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Todos los trabajadores disfrutarán de veinticuatro días laborables. Las vacaciones se disfrutarán preferentemente entre los meses de junio a septiembre ambos inclusive, salvo acuerdo entre las partes que establezcan otro periodo de disfrute.</p>
<p class='capitulo_num' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CAPÍTULO VI</p>
<p class='capitulo_tit' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Retribuciones</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 18. Retribuciones.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Las retribuciones del personal comprendido en este Convenio estarán constituidas por el salario base y los complementos del mismo, y corresponden a la jornada normal fijada en el presente Convenio. No formarán parte del salario, en su caso, las indemnizaciones o compensaciones de carácter no salarial.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 19. Salario.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Se entiende por salario la cantidad bruta que, con carácter ordinario y fijo, percibe el trabajador/a por todos los conceptos. La totalidad del salario deberá figurar en la nómina.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El salario base de los trabajadores comprendidos en el presente Convenio será el que, para cada grupo profesional y nivel salarial, se establece en el anexo I. Estas remuneraciones tienen el carácter de mínimas y por jornada completa.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 20. Complemento empresa.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Los trabajadores que por contrato de trabajo individual hubieran pactado un salario superior a aquel que se establece en las tablas salariales del presente convenio para su grupo profesional percibirán bajo el concepto complemento empresa el salario que exceda del salario pactado al salario de tablas.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 21. Plus de libre disposición.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El personal de Redacción que preste servicios en régimen de libre disposición percibirá, en concepto de «Plus de Libre Disposición», las cantidades que se fijan en las tablas salariales anexas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La aceptación de este plus será voluntaria para el trabajador/a. Cualquiera de las partes podrá renunciar a la Libre Disposición con el preaviso de un mes.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 22. Plus de titularidad.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Todos los redactores titulados percibirán un «Plus de Titularidad» por importe de 588,72 euros anuales o 49,06 euros mensuales.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 23. Plus de distancia y transporte.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Como compensación de los gastos de desplazamientos y medios de transporte dentro de esta localidad, así como desde el domicilio a los centros de trabajo y regreso, se establece un complemento extrasalarial, que se abonará a todos los grupos profesionales y niveles, sea cual fuere la duración de su jornada, según las cantidades que se fijan en las tablas salariales anexas. Este plus extrasalarial no se abonará durante el período vacacional ni en las gratificaciones extraordinarias. El plus transporte queda fijado en 687,75 euros anuales o 62,52 euros mensuales.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 24. Desgaste de material.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Se abonará a aquellos trabajadores que proporcionen sus propios equipos fotográficos la cuantía de 83,15 euros mensuales en concepto de desgaste de material y roturas en caso de servicio. En caso contrario, la empresa cubrirá todos los gastos de reparación y reposición de equipos.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 25. Gratificaciones extraordinarias.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Se abonarán a todo el personal, como parte del salario, las gratificaciones extraordinarias con vencimiento superior al mes, que se harán efectivas en los meses de marzo, junio y diciembre, a razón de treinta días del salario base, cada una de ellas. Las fechas de abono de dichas gratificaciones reglamentarias serán los días hábiles anteriores al 15 de marzo del año siguiente, 15 de junio y 15 de diciembre.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Las personas que tengan una antigüedad anterior a uno de enero de 2017 y tuviesen las pagas prorrateadas en sus pagos mensuales ordinarios podrán mantener esta distribución.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Al personal que cese o ingrese en la Empresa en el transcurso del año, se le abonarán las gratificaciones prorrateando su importe en razón al tiempo de servicios, computándose la fracción de semana o mes como completas. Esta misma norma se aplicará a los trabajadores eventuales, interinos o contratados por tiempo determinado.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 26. Dietas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Durante la aplicación del presente convenio colectivo se sustituye el concepto de dieta por el de gastos de viaje justificados establecidos por la empresa.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 27. Ayuda alimenticia:</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Los trabajadores que por razones de trabajo tuvieran que efectuar bien una comida o bien una cena podrán utilizar el comedor existente en el centro de trabajo de la avenida de San Luis. La participación de los trabajadores será de 1 € por el menú standard y de 0 € por un menú ligero.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Para aquellos trabajadores de las filiales o aquellos que se encuentren fuera del edificio de San Luis durante el horario de comida o de la cena se entregará un vale por importe de 8 euros por día de trabajo.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 28. Kilometraje.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En caso de uso autorizado de vehículo propio, la empresa abonará a los trabajadores la cantidad de 0,30 euros por kilómetro.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Disposición adicional primera. Adecuación salarial al Acuerdo de 7 de julio de 2014.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El Acuerdo de 7 de julio de 2014 dispuso con carácter permanente una minoración de los conceptos retributivos que se vienen percibiendo y que en el presente convenio se ha trasladado, en parte, a los conceptos que en el mismo se establecen. Por razones de la complejidad técnica y con la finalidad de que los trabajadores no se vean afectados, en más o menos, como consecuencia de la aplicación al convenio de la referida reducción salarial, se establecen los siguientes conceptos cuya naturaleza y objeto se definen en cada uno de ellos:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Complemento neutral.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Este complemento será el resultado de la diferencia que pudiera producirse por aplicación de las nuevas tablas salariales en los conceptos salariales que se vean afectados por la minoración salarial y que giren sobre un porcentaje del salario base y/o complementos salariales, a partir de la fecha en que se aplique el presente convenio.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>No obstante, la diferencia resultante en cada caso se aplicará, hasta donde llegue, a reducir el negativo del complemento acuerdo 2014 y en el caso de que una vez aplicada la anterior operación quedara una diferencia se abonará en este complemento que no será compensable ni absorbible.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Concepto acuerdo 2014.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Este concepto deriva del complemento negativo que en las nóminas integra los importes correspondientes a cada empleado/a por aplicación de la minoración salarial de 2014.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La aplicación que se realiza en el presente convenio de la minoración salarial a los distintos conceptos salariales que en el mismo se contienen, incluida la regulación sobre el complemento neutral, podrá conllevar una reducción o desaparición del complemento negativo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La adecuación salarial contemplada en la presente disposición se llevará a cabo en el plazo de los tres meses siguientes a la fecha de publicación del convenio.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Disposición adicional segunda.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En relación a las dietas su aplicación se dejó sin efectos por las partes debido al acuerdo alcanzado en 2009 en el ámbito de un proceso de reestructuración de plantilla mediante el que se sustituyeron por el sistema de gastos justificados que se establece en el artículo 26 del convenio, esta situación se tratará en el marco de la negociación del próximo convenio colectivo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>«Cuando por razones de trabajo el trabajador tenga que desplazarse fuera de la provincia y pasar al menos una noche fuera del lugar de residencia percibirá, en concepto de dieta, para manutención y hospedaje 93 euros diarios dentro de España y 185 euros en el extranjero.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Cuando la dieta fijada para el extranjero no alcance a cubrir los gastos realizados por el trabajador, la Empresa abonará la diferencia entre la dieta estipulada y los gastos efectuados, siempre que éstos lo hayan sido en establecimientos clasificados de tres estrellas, o similares, y previa justificación de los mismos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Cuando por razones de trabajo se necesite comer fuera del domicilio, y el trabajador no esté recibiendo ayuda de comida, la Empresa abonará por comida, 21,50 euros.»</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Disposición adicional tercera. Plan de igualdad y Protocolo de acoso.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La empresa y el comité de la misma suscribieron un Plan de Igualdad de oportunidades y un Protocolo para la prevención y el tratamiento de los casos de acoso a nivel de Grupo. Ambos están incorporados como anexos I y II en el convenio colectivo del Grupo Unidad Editorial al que pertenece la empresa.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Disposición adicional cuarta. Coordinación normativa.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En lo no previsto por el articulado del presente convenio colectivo será de aplicación el Convenio Colectivo del Grupo Unidad Editorial, el Estatuto de los Trabajadores y sus normas de desarrollo, los usos habituales de la empresa, los acuerdos que las partes que conforman el ámbito de aplicación acuerden, las normas profesionales que resulten más adecuadas y, dentro de ellas, las más cercanas en el tiempo.</p>
<p class='anexo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>ANEXO 1</p>
<p class='centro_negrita' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Tabla de transposición de categorías a los nuevos grupos profesionales</p>
<p class='centro_redonda' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Redacción</p>
<table class='tabla_b_sica' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>
<colgroup>
<col class='row_column_1'/>
<col class='row_column_2'/>
<col class='row_column_3'/>
</colgroup>
<thead>
<tr class='row_column_4'>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Grupo</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Nivel</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Categoría</p>
</td>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr class='row_column_5'>
<td rowspan='2'>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Grupo 1.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Nivel I.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Redactor Jefe.</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_6'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Nivel II.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Jefe de Sección.</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_6'>
<td rowspan='4'>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Grupo 2.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Nivel III.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Redactor.</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_6'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Nivel IV.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Documentalista.</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_6'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Nivel V.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Fotógrafo/Diagramador.</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_5'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Nivel VI.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Ay. de Redacción/Secretaria.</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p class='centro_redonda' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Gestión</p>
<table class='tabla_b_sica' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>
<colgroup>
<col class='row_column_1'/>
<col class='row_column_7'/>
<col class='row_column_8'/>
</colgroup>
<thead>
<tr class='row_column_4'>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Grupo</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Nivel</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Categoría</p>
</td>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr class='row_column_5'>
<td rowspan='2'>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Grupo 1.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Nivel VII.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Jefe Dpto.</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_6'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Nivel VIII.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Jefe Sección.</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_6'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Grupo 2.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Nivel IX.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Téc. Titulado Medio.</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_6'>
<td rowspan='3'>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Grupo 3.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Nivel X.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>O. 1.ª Adtivo.</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_6'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Nivel XI.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Secretaria.</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_5'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Nivel XII.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Aux. Adtivo.</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p class='centro_negrita' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Grupos profesionales y niveles</p>
<p class='centro_cursiva' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Tabla salario mensual</p>
<p class='centro_redonda' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Redacción</p>
<table class='tabla_b_sica' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>
<colgroup>
<col class='row_column_9'/>
<col class='row_column_9'/>
<col class='row_column_9'/>
<col class='row_column_9'/>
</colgroup>
<thead>
<tr class='row_column_10'>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Grupo</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Nivel</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Salario base</p>
<p class='cabeza_tabla'>–</p>
<p class='cabeza_tabla'>Euros</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Plus libre disposición</p>
<p class='cabeza_tabla'>–</p>
<p class='cabeza_tabla'>Euros</p>
</td>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr class='row_column_5'>
<td rowspan='2'>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Grupo 1.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Nivel I.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>1.563,89</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>65,39</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_6'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Nivel II.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>1.434,59</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>58,04</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_6'>
<td rowspan='4'>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Grupo 2.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Nivel III.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>1.259,62</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>48,55</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_6'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Nivel IV.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>1.195,66</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>–</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_6'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Nivel V.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>1.157,54</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>48,55</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_5'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Nivel VI.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>1.073,53</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>32,51</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p class='centro_redonda' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Gestión</p>
<table class='tabla_b_sica' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>
<colgroup>
<col class='row_column_9'/>
<col class='row_column_9'/>
<col class='row_column_9'/>
<col class='row_column_9'/>
</colgroup>
<thead>
<tr class='row_column_10'>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Grupo</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Nivel</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Salario base</p>
<p class='cabeza_tabla'>–</p>
<p class='cabeza_tabla'>Euros</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Plus libre disposición</p>
<p class='cabeza_tabla'>–</p>
<p class='cabeza_tabla'>Euros</p>
</td>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr class='row_column_5'>
<td rowspan='2'>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Grupo 1.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Nivel VII.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>1.563,89</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>65,39</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_6'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Nivel VIII.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>1.434,59</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>58,04</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_6'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Grupo 2.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Nivel IX.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>1.259,62</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>48,55</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_6'>
<td rowspan='3'>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Grupo 3.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Nivel X.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>1.157,54</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>48,55</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_6'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Nivel XI.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>1.073,53</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>32,51</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_5'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Nivel XII.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>893,65</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>–</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p class='centro_cursiva' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Tabla salario anual</p>
<p class='centro_redonda' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Redacción</p>
<table class='tabla_b_sica' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>
<colgroup>
<col class='row_column_9'/>
<col class='row_column_9'/>
<col class='row_column_9'/>
<col class='row_column_9'/>
</colgroup>
<thead>
<tr class='row_column_10'>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Grupo</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Nivel</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Salario base</p>
<p class='cabeza_tabla'>–</p>
<p class='cabeza_tabla'>Euros</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Plus libre disposición</p>
<p class='cabeza_tabla'>–</p>
<p class='cabeza_tabla'>Euros</p>
</td>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr class='row_column_5'>
<td rowspan='2'>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Grupo 1.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Nivel I.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>23.458,41</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>784,68</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_6'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Nivel II.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>21.518,88</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>696,43</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_6'>
<td rowspan='4'>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Grupo 2.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Nivel III.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>18.894,33</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>582,59</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_6'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Nivel IV.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>17.934,92</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>–</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_6'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Nivel V.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>17.363,14</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>582,59</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_5'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Nivel VI.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>16.103,02</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>390,17</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p class='centro_redonda' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Gestión</p>
<table class='tabla_b_sica' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>
<colgroup>
<col class='row_column_9'/>
<col class='row_column_9'/>
<col class='row_column_9'/>
<col class='row_column_9'/>
</colgroup>
<thead>
<tr class='row_column_10'>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Grupo</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Nivel</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Salario base</p>
<p class='cabeza_tabla'>–</p>
<p class='cabeza_tabla'>Euros</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Plus libre disposición</p>
<p class='cabeza_tabla'>–</p>
<p class='cabeza_tabla'>Euros</p>
</td>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr class='row_column_5'>
<td rowspan='2'>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Grupo 1.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Nivel VII.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>23.458,41</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>784,68</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_6'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Nivel VIII.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>21.518,88</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>696,43</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_6'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Grupo 2.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Nivel IX.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>18.894,33</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>582,59</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_6'>
<td rowspan='3'>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Grupo 3.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Nivel X.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>17.363,14</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>582,59</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_6'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Nivel XI.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>16.103,02</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>390,17</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_5'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Nivel XII.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>13.404,78</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>–</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</texto>
</documento>
|
Fri Apr 27 09:27:42 +0000 2018
|
Visto el texto del Convenio colectivo de la empresa Ediservicios Madrid 2000, S.L., (código de convenio número 90103002012018), suscrito con fecha 28 de febrero de 2018, de una parte, por las personas designadas por la Dirección de la empresa, en representación de la misma, y, de otra, por el Sindicato Comisiones Obreras, en representación de los trabajadores afectados, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, y en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo,
Esta Dirección General de Empleo resuelve:
Primero.
Ordenar la inscripción del citado Convenio colectivo en el correspondiente Registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo con funcionamiento a través de medios electrónicos de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.
Segundo.
Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 17 de abril de 2018.–El Director General de Empleo, Xavier Jean Braulio Thibault Aranda.
CONVENIO COLECTIVO EDISERVICIOS MADRID 2000, S.L.
CAPÍTULO I
Ámbito y vigencia
Artículo 1. Determinación de las partes.
El convenio colectivo es el resultado del acuerdo alcanzado entre la empresa y la representación sindical, de conformidad con lo establecido en el Título III del Estatuto de los Trabajadores y con la eficacia que le confiere el artículo 37 de la Constitución Española.
Artículo 2. Ámbito territorial.
Las normas contenidas en el presente convenio colectivo serán de aplicación en todos los centros de trabajo dentro del territorio nacional, constituidos o que puedan constituirse en el futuro, durante el tiempo de su vigencia.
Artículo 3. Ámbito personal y funcional..
1. El presente convenio colectivo regula las relaciones de trabajo para todas las funciones y áreas de actividad en Ediservicios Madrid 2000, S.L., sin perjuicio de las excepciones establecidas en el punto 2 del presente artículo:
2. El contenido del presente convenio colectivo será de aplicación a todo el personal que preste sus servicios en la empresa cualesquiera que fuesen sus cometidos, salvo por lo mencionado a continuación.
Se exceptúan del ámbito de aplicación del presente convenio colectivo:
a) Las actividades determinadas en el artículo 1 apartado 3 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre).
b) Las relaciones laborales de carácter especial, recogidas en el artículo 2 del ET, así como los agentes comerciales o publicitarios que mantengan con Ediservicios Madrid 2000, S.L., una relación mercantil. En ambos casos, se regirán por las condiciones que se determinen en el correspondiente contrato individual.
c) El personal que presta servicios por cuenta de empresas que tengan suscritos contratos de obras o servicios con Ediservicios Madrid 2000, S.L., aunque las actividades de dicho personal se desarrollen en estos centros de trabajo y correspondan o no con la actividad propia de la empresa.
d) Los profesionales cuya relación con Ediservicios Madrid 2000, S.L., se derive de la aceptación de una minuta o factura y los profesionales liberales y asesores vinculados a la empresa, en virtud de contrato civil de arrendamiento de servicios.
e) El personal facultativo, técnico o científico cuyas funciones a desarrollar no estén contempladas dentro de las existentes en el presente Convenio Colectivo, que sea requerido para un trabajo de estudio o servicio determinado, concreto y de duración determinada.
f) Los colaboradores y corresponsales literarios, científicos, docentes, musicales, de información general o deportiva, y de las artes que realicen su actividad mediante contrato civil de arrendamiento de servicios formalizado con la empresa, o que aquella se limite a intervenciones puntuales o esporádicas, con independencia de que mantengan una relación profesional continuada con la empresa.
g) El personal de dirección, incluyendo en esta definición a los directores y subdirectores y al personal asignado al grupo 0 en la estructura de grupos profesionales (mandos de dirección).
Artículo 4. Garantías.
Las condiciones que se establecen en el convenio colectivo tienen la consideración de mínimas y obligatorias, sin perjuicio de las condiciones individuales más beneficiosas.
A estos efectos, se considerarán condiciones más beneficiosas constitutivas de derechos adquiridos las que se hayan atribuido a uno o varios empleados/as a título personal y como tal derecho, no las que sean fruto del error o de la falta de control por parte de la Empresa.
Artículo 5. Duración y vigencia.
La vigencia de este convenio colectivo irá desde 1 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2018, con independencia de la fecha en que, una vez homologado por la autoridad laboral, sea publicado oficialmente.
Los efectos del presente convenio colectivo serán los que se expliciten en su articulado y en caso de no especificarse se entenderá que sus efectos se extenderán desde la fecha de la firma.
Artículo 6. Denuncia y prórroga.
1. La denuncia del convenio colectivo se deberá realizar mediante notificación escrita y fehaciente, preavisando con una antelación mínima de 2 meses a la fecha de su expiración.
Asimismo será requisito constitutivo de la denuncia comunicar simultáneamente la misma a la autoridad laboral.
2. Las partes legitimadas para preavisar la denuncia del convenio colectivo, o para ser notificadas de dicho preaviso, serán las mismas que estén legitimadas para negociar un nuevo convenio colectivo con el mismo ámbito de aplicación, según lo establecido en el artículo 87.2 y 3 del Estatuto de los Trabajadores.
3. En caso de no mediar denuncia de ninguna de las partes en estos términos, el presente convenio colectivo se prorrogará de año en año, de 1 de enero a 31 de diciembre.
4. Simultáneamente al acto de la denuncia, ya sea realizada por la representación de los trabajadores o de la empresa, deberá comunicarse también la promoción de la negociación del nuevo convenio colectivo, expresando en dicha comunicación escrita la legitimación para negociar, el ámbito del convenio colectivo y las materias objeto de la negociación.
5. Una vez denunciado el convenio colectivo y concluida la duración pactada o prorrogada, mantendrá su ultraactividad durante 18 meses desde el momento de la conclusión de la duración pactada o prorrogada, salvo que la normativa laboral aplicable durante la vigencia de este convenio establezca que no hay un límite de ultraactividad en los convenios colectivos.
Artículo 7. Comisión paritaria y de vigilancia.
1. De conformidad con el artículo 85.3 del Estatuto de los Trabajadores, se constituirá una Comisión Paritaria que realizará funciones de interpretación, aplicación y vigilancia de este convenio colectivo. Estará integrada por 4 miembros, dos en representación de la empresa, libremente designadas por ésta, y dos en representación del personal de la misma, conforme a lo reflejado para la determinación de las partes en el artículo 1 del presente convenio colectivo. Los miembros de la comisión podrán ser sustituidos en cualquier momento a petición de la parte que representen.
2. La Comisión Paritaria quedará constituida en el mismo momento en que entre en vigor el presente convenio colectivo y podrá aprobar un reglamento de funcionamiento interno. Si así fuera, este reglamento deberá estar aprobado en un plazo no superior a 30 días desde la entrada en vigor del mismo.
3. La Comisión Paritaria se reunirá a petición de la mayoría de cualquiera de las partes, siempre que exista causa que lo justifique. Las reuniones se realizarán dentro de los cinco (5) días laborables siguientes a la recepción de la solicitud de la convocatoria.
La solicitud deberá dirigirse a la parte no solicitante y los asuntos que se someterán a su consideración deberán constar de forma detallada, así como la identificación de los miembros que la soliciten.
Será condición indispensable para la celebración de la reunión que la representación del personal asistente represente a la mayoría de los miembros de la comisión.
4. La adopción válida de acuerdos requerirá el voto favorable de la mayoría de cada una de las representaciones.
5. En el caso de que el plazo para la resolución, informe o dictamen de la Comisión Paritaria no venga determinado por la legislación vigente, ésta deberá resolver como máximo transcurridos veinte (20) días laborables desde la reunión de la Comisión en la que se trató el asunto.
6. La comisión podrá utilizar los servicios ocasionales o permanentes de asesores en cuantas materias sean de su competencia. Estos asesores serán designados libremente por cada una de las partes.
7. Competencias. La Comisión Paritaria tendrá las competencias que se le atribuyen en el artículo 91 del Estatuto de los Trabajadores:
a) La gestión e interpretación del contenido del presente convenio colectivo.
b) Seguimiento y vigilancia en la aplicación y desarrollo del presente convenio colectivo.
c) El estudio, negociación e implantación de medidas de flexibilidad interna ligadas al mantenimiento y estabilidad del empleo.
d) Intervención preceptiva previa, en caso de conflicto colectivo.
e) La designación de subcomisiones para tratar materias concretas relacionadas con el contenido de este convenio colectivo.
f) La fijación de procedimientos para resolver las discrepancias que surjan en el seno de la comisión se llevarán a cabo de acuerdo con lo establecido en el sistema extrajudicial de solución previsto en el acuerdo interconfederal que establece el SIMA (Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje).
8. Dentro del ámbito de aplicación del presente convenio colectivo, cuando se trate de negociaciones derivadas de los artículos 40, 41, 47, 51, 85.3.c) y 82.3 del Estatuto de los trabajadores se constituirán comisiones de negociación ad hoc entre la empresa y la representación legal de los trabajadores.
9. El domicilio que se designa de la Comisión Paritaria es el siguiente: avenida San Luis número 25, 28033 Madrid.
Artículo 8. Adhesión al Acuerdo sobre Solución Autónoma de Conflictos Laborales (ASAC).
Las partes firmantes de este Convenio, durante la vigencia del mismo, acuerdan someterse al Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje, para cuantas cuestiones litigiosas puedan suscitarse como consecuencia de la aplicación o interpretación del mismo, de manera previa a la interposición de conflictos colectivo.
Artículo 9. Indivisibilidad y vinculación a la totalidad.
1. Las condiciones pactadas en el presente convenio colectivo configuran un todo orgánico, y a efectos de su aplicación práctica serán consideradas globalmente.
2. En el supuesto de que algún artículo fuera declarado nulo, total o parcialmente, la comisiónnegociadora que se constituya acordará lo que proceda sobre la nueva regulación del precepto anulado, siendo plenamente vigente y aplicable el convenio colectivo.
Artículo 10. Compensación y absorción.
Las condiciones pactadas en el presente Convenio serán absorbibles y quedarán compensadas cuando los salarios que realmente perciba el trabajador/a, considerados en su conjunto y cómputo anual, y demás condiciones que disfrute el trabajador/a, sean más favorables que los fijados en el presente Convenio.
CAPÍTULO II
Contratación e ingreso
Artículo 11. Contratación temporal
Es deseo de las partes firmantes del presente Convenio que prevalezca la estabilidad en el empleo.
El ingreso de los trabajadores se ajustará a las modalidades de contratación legales vigentes en cada momento, con las siguientes determinaciones:
A) Contrato eventual.
Son trabajadores eventuales por circunstancias de la producción aquellos contratados para realizar una actividad excepcional o esporádica, por un plazo máximo que no exceda de 6 meses en un período de doce meses, con una sola prórroga de contrato.
B) Contrato por obra o servicio.
Cuando se contrate al trabajador/a para la realización de una obra o servicio determinados, la duración del contrato no podrá tener una duración superior a tres años. Transcurrido este plazo, los trabajadores adquirirán la condición de trabajadores fijos de la empresa.
CAPÍTULO III
Movilidad geográfica y funcional
Artículo 12. Trabajadores con capacidad disminuida.
A los trabajadores que se les reconozca una incapacidad permanente parcial, derivada de accidente o enfermedad, común o profesional, que les impida continuar con las funciones que venían desarrollando, la Empresa les intentará garantizar un puesto de trabajo compatible con la incapacidad que tengan declarada.
En esta situación, los trabajadores percibirán la retribución íntegra que corresponda al nuevo puesto de trabajo que ocupen, sin que pueda existir reducción alguna del salario como consecuencia de estar percibiendo la pensión correspondiente de la Seguridad Social.
CAPÍTULO IV
Tiempo de trabajo
Artículo 13. Jornada.
La jornada laboral ordinaria para todo el personal afectado es de 37 horas efectivas semanales durante todas las semanas del año. Desde el 24 de junio hasta el día 7 de septiembre, ambos inclusive dicha jornada no podrá exceder de 35 horas a la semana, excepto pacto con los representantes de los trabajadores. Se podrá establecer la distribución irregular a lo largo del año en los términos establecidos en la normativa legal.
La jornada que corresponda a cada trabajador/a será la que figure en su contrato de trabajo. Entre el final de una jornada y el comienzo de la siguiente mediarán, como mínimo, doce horas.
Por cada cinco días trabajados, habrá dos días de libranza, independientemente del día en que se comience el trabajo en la semana. El descanso semanal será preferentemente en sábado y domingo.
Artículo 14. Horario.
1. El horario de trabajo serán los habituales de cada producto. Sin perjuicio de la existencia de los horarios básicos y de su normal cumplimiento, el trabajo periodístico se considera realizado en régimen de trabajo a tarea.
2. Todo el personal incluido en el ámbito de este Convenio Colectivo deberá someterse a los sistemas de control de asistencia que la Dirección de la Empresa estime en cada momento.
3. La empresa en cada sección por razones de organización o producción establecerá el tiempo para realizar la comida, sin que en ningún caso sea inferior a una hora ni superior a dos horas.
4. Sin perjuicio de lo establecido en los párrafos anteriores, con el fin de facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral, se establece una flexibilidad en los horarios de entrada al trabajo de hasta 30 minutos después de la hora fijada para la incorporación al trabajo. Se compensarán los retrasos del horario de entrada en el horario de salida y respetándose, en todo caso los horarios de comida.
Artículo 15. Días de libranza y festivos.
Cuando se trabaje en días de libranza de semana o festivo se retribuirá con una hora libre por cada hora trabajada, a disfrutar en el siguiente trimestre a los días trabajados, de común acuerdo entre empresa y trabajador/a, más un plus equivalente al 50% del valor de las horas ordinarias trabajadas o bien con 1,5 horas libres por cada hora trabajada. 0 bien retribuir al 150% del valor de las horas ordinarias trabajadas. El valor de la hora se compondrá de salario base, complemento empresa y plus de libre disposición.
Artículo 16. Horas extraordinarias.
1. En materia de prolongación de jornada y horas extraordinarias se estará a lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores y demás normas aplicables.
2. Con la finalidad de favorecer la creación de puestos de trabajo se procurará reducir al mínimo indispensable las horas extraordinarias, si bien, dadas las especiales características de la actividad de la empresa, los trabajadores se obligan a realizar las horas extraordinarias necesarias para la finalización de una tirada, el cierre de la publicación, la reparación de una avería o cualquier otra causa no imputable a la organización de la producción sin poder exceder el tope máximo legalmente establecido.
3. La realización de horas extraordinarias será de carácter voluntario excepto en los supuestos del párrafo 2 de este artículo.
Artículo 17. Vacaciones.
Todos los trabajadores disfrutarán de veinticuatro días laborables. Las vacaciones se disfrutarán preferentemente entre los meses de junio a septiembre ambos inclusive, salvo acuerdo entre las partes que establezcan otro periodo de disfrute.
CAPÍTULO VI
Retribuciones
Artículo 18. Retribuciones.
Las retribuciones del personal comprendido en este Convenio estarán constituidas por el salario base y los complementos del mismo, y corresponden a la jornada normal fijada en el presente Convenio. No formarán parte del salario, en su caso, las indemnizaciones o compensaciones de carácter no salarial.
Artículo 19. Salario.
Se entiende por salario la cantidad bruta que, con carácter ordinario y fijo, percibe el trabajador/a por todos los conceptos. La totalidad del salario deberá figurar en la nómina.
El salario base de los trabajadores comprendidos en el presente Convenio será el que, para cada grupo profesional y nivel salarial, se establece en el anexo I. Estas remuneraciones tienen el carácter de mínimas y por jornada completa.
Artículo 20. Complemento empresa.
Los trabajadores que por contrato de trabajo individual hubieran pactado un salario superior a aquel que se establece en las tablas salariales del presente convenio para su grupo profesional percibirán bajo el concepto complemento empresa el salario que exceda del salario pactado al salario de tablas.
Artículo 21. Plus de libre disposición.
El personal de Redacción que preste servicios en régimen de libre disposición percibirá, en concepto de «Plus de Libre Disposición», las cantidades que se fijan en las tablas salariales anexas.
La aceptación de este plus será voluntaria para el trabajador/a. Cualquiera de las partes podrá renunciar a la Libre Disposición con el preaviso de un mes.
Artículo 22. Plus de titularidad.
Todos los redactores titulados percibirán un «Plus de Titularidad» por importe de 588,72 euros anuales o 49,06 euros mensuales.
Artículo 23. Plus de distancia y transporte.
Como compensación de los gastos de desplazamientos y medios de transporte dentro de esta localidad, así como desde el domicilio a los centros de trabajo y regreso, se establece un complemento extrasalarial, que se abonará a todos los grupos profesionales y niveles, sea cual fuere la duración de su jornada, según las cantidades que se fijan en las tablas salariales anexas. Este plus extrasalarial no se abonará durante el período vacacional ni en las gratificaciones extraordinarias. El plus transporte queda fijado en 687,75 euros anuales o 62,52 euros mensuales.
Artículo 24. Desgaste de material.
Se abonará a aquellos trabajadores que proporcionen sus propios equipos fotográficos la cuantía de 83,15 euros mensuales en concepto de desgaste de material y roturas en caso de servicio. En caso contrario, la empresa cubrirá todos los gastos de reparación y reposición de equipos.
Artículo 25. Gratificaciones extraordinarias.
Se abonarán a todo el personal, como parte del salario, las gratificaciones extraordinarias con vencimiento superior al mes, que se harán efectivas en los meses de marzo, junio y diciembre, a razón de treinta días del salario base, cada una de ellas. Las fechas de abono de dichas gratificaciones reglamentarias serán los días hábiles anteriores al 15 de marzo del año siguiente, 15 de junio y 15 de diciembre.
Las personas que tengan una antigüedad anterior a uno de enero de 2017 y tuviesen las pagas prorrateadas en sus pagos mensuales ordinarios podrán mantener esta distribución.
Al personal que cese o ingrese en la Empresa en el transcurso del año, se le abonarán las gratificaciones prorrateando su importe en razón al tiempo de servicios, computándose la fracción de semana o mes como completas. Esta misma norma se aplicará a los trabajadores eventuales, interinos o contratados por tiempo determinado.
Artículo 26. Dietas.
Durante la aplicación del presente convenio colectivo se sustituye el concepto de dieta por el de gastos de viaje justificados establecidos por la empresa.
Artículo 27. Ayuda alimenticia:
Los trabajadores que por razones de trabajo tuvieran que efectuar bien una comida o bien una cena podrán utilizar el comedor existente en el centro de trabajo de la avenida de San Luis. La participación de los trabajadores será de 1 € por el menú standard y de 0 € por un menú ligero.
Para aquellos trabajadores de las filiales o aquellos que se encuentren fuera del edificio de San Luis durante el horario de comida o de la cena se entregará un vale por importe de 8 euros por día de trabajo.
Artículo 28. Kilometraje.
En caso de uso autorizado de vehículo propio, la empresa abonará a los trabajadores la cantidad de 0,30 euros por kilómetro.
Disposición adicional primera. Adecuación salarial al Acuerdo de 7 de julio de 2014.
El Acuerdo de 7 de julio de 2014 dispuso con carácter permanente una minoración de los conceptos retributivos que se vienen percibiendo y que en el presente convenio se ha trasladado, en parte, a los conceptos que en el mismo se establecen. Por razones de la complejidad técnica y con la finalidad de que los trabajadores no se vean afectados, en más o menos, como consecuencia de la aplicación al convenio de la referida reducción salarial, se establecen los siguientes conceptos cuya naturaleza y objeto se definen en cada uno de ellos:
1. Complemento neutral.
Este complemento será el resultado de la diferencia que pudiera producirse por aplicación de las nuevas tablas salariales en los conceptos salariales que se vean afectados por la minoración salarial y que giren sobre un porcentaje del salario base y/o complementos salariales, a partir de la fecha en que se aplique el presente convenio.
No obstante, la diferencia resultante en cada caso se aplicará, hasta donde llegue, a reducir el negativo del complemento acuerdo 2014 y en el caso de que una vez aplicada la anterior operación quedara una diferencia se abonará en este complemento que no será compensable ni absorbible.
2. Concepto acuerdo 2014.
Este concepto deriva del complemento negativo que en las nóminas integra los importes correspondientes a cada empleado/a por aplicación de la minoración salarial de 2014.
La aplicación que se realiza en el presente convenio de la minoración salarial a los distintos conceptos salariales que en el mismo se contienen, incluida la regulación sobre el complemento neutral, podrá conllevar una reducción o desaparición del complemento negativo.
La adecuación salarial contemplada en la presente disposición se llevará a cabo en el plazo de los tres meses siguientes a la fecha de publicación del convenio.
Disposición adicional segunda.
En relación a las dietas su aplicación se dejó sin efectos por las partes debido al acuerdo alcanzado en 2009 en el ámbito de un proceso de reestructuración de plantilla mediante el que se sustituyeron por el sistema de gastos justificados que se establece en el artículo 26 del convenio, esta situación se tratará en el marco de la negociación del próximo convenio colectivo.
«Cuando por razones de trabajo el trabajador tenga que desplazarse fuera de la provincia y pasar al menos una noche fuera del lugar de residencia percibirá, en concepto de dieta, para manutención y hospedaje 93 euros diarios dentro de España y 185 euros en el extranjero.
Cuando la dieta fijada para el extranjero no alcance a cubrir los gastos realizados por el trabajador, la Empresa abonará la diferencia entre la dieta estipulada y los gastos efectuados, siempre que éstos lo hayan sido en establecimientos clasificados de tres estrellas, o similares, y previa justificación de los mismos.
Cuando por razones de trabajo se necesite comer fuera del domicilio, y el trabajador no esté recibiendo ayuda de comida, la Empresa abonará por comida, 21,50 euros.»
Disposición adicional tercera. Plan de igualdad y Protocolo de acoso.
La empresa y el comité de la misma suscribieron un Plan de Igualdad de oportunidades y un Protocolo para la prevención y el tratamiento de los casos de acoso a nivel de Grupo. Ambos están incorporados como anexos I y II en el convenio colectivo del Grupo Unidad Editorial al que pertenece la empresa.
Disposición adicional cuarta. Coordinación normativa.
En lo no previsto por el articulado del presente convenio colectivo será de aplicación el Convenio Colectivo del Grupo Unidad Editorial, el Estatuto de los Trabajadores y sus normas de desarrollo, los usos habituales de la empresa, los acuerdos que las partes que conforman el ámbito de aplicación acuerden, las normas profesionales que resulten más adecuadas y, dentro de ellas, las más cercanas en el tiempo.
ANEXO 1
Tabla de transposición de categorías a los nuevos grupos profesionales
Redacción
Grupo
Nivel
Categoría
Grupo 1.
Nivel I.
Redactor Jefe.
Nivel II.
Jefe de Sección.
Grupo 2.
Nivel III.
Redactor.
Nivel IV.
Documentalista.
Nivel V.
Fotógrafo/Diagramador.
Nivel VI.
Ay. de Redacción/Secretaria.
Gestión
Grupo
Nivel
Categoría
Grupo 1.
Nivel VII.
Jefe Dpto.
Nivel VIII.
Jefe Sección.
Grupo 2.
Nivel IX.
Téc. Titulado Medio.
Grupo 3.
Nivel X.
O. 1.ª Adtivo.
Nivel XI.
Secretaria.
Nivel XII.
Aux. Adtivo.
Grupos profesionales y niveles
Tabla salario mensual
Redacción
Grupo
Nivel
Salario base
–
Euros
Plus libre disposición
–
Euros
Grupo 1.
Nivel I.
1.563,89
65,39
Nivel II.
1.434,59
58,04
Grupo 2.
Nivel III.
1.259,62
48,55
Nivel IV.
1.195,66
–
Nivel V.
1.157,54
48,55
Nivel VI.
1.073,53
32,51
Gestión
Grupo
Nivel
Salario base
–
Euros
Plus libre disposición
–
Euros
Grupo 1.
Nivel VII.
1.563,89
65,39
Nivel VIII.
1.434,59
58,04
Grupo 2.
Nivel IX.
1.259,62
48,55
Grupo 3.
Nivel X.
1.157,54
48,55
Nivel XI.
1.073,53
32,51
Nivel XII.
893,65
–
Tabla salario anual
Redacción
Grupo
Nivel
Salario base
–
Euros
Plus libre disposición
–
Euros
Grupo 1.
Nivel I.
23.458,41
784,68
Nivel II.
21.518,88
696,43
Grupo 2.
Nivel III.
18.894,33
582,59
Nivel IV.
17.934,92
–
Nivel V.
17.363,14
582,59
Nivel VI.
16.103,02
390,17
Gestión
Grupo
Nivel
Salario base
–
Euros
Plus libre disposición
–
Euros
Grupo 1.
Nivel VII.
23.458,41
784,68
Nivel VIII.
21.518,88
696,43
Grupo 2.
Nivel IX.
18.894,33
582,59
Grupo 3.
Nivel X.
17.363,14
582,59
Nivel XI.
16.103,02
390,17
Nivel XII.
13.404,78
–
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Leo hoy en el #BOE el convenio colectivo de Ediservicios y uf. Muchos no sabéis lo que es; las que lo hemos sufrido, sí: es la empresa B para contratar a gente en El Mundo en peores condiciones que si vas en primera línea con convenio general.
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PREMIOS_Y_MEDALLAS
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Ministerio de Empleo y Seguridad Social
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Convenio colectivo de Ediservicios
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SE PRORROGA
hasta el 31 de diciembre de 2022, por Resolución de 19 de julio de 2022
SE PRORROGA
, hasta el 30 de junio de 2022, por Resolución de 22 de febrero de 2022
SE PRORROGA
, hasta el 31 de diciembre de 2021, por Resolución de 15 de julio de 2021
SE PRORROGA
, hasta el 30 de junio de 2021, por Resolución de 14 de enero de 2021
SE PRORROGA
, hasta el 31 de diciembre de 2020, por Resolución de 31 de julio de 2020
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[
"1684",
"3113"
] | 3,363
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2012-12-28
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BOE-A-2014-13359
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Resolución de 11 de diciembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto Modificación de características de concesión del salto de Belesar, término municipal de Chantada (Lugo), central hidroeléctrica de Belesar III.
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<documento fecha_actualizacion='20181023185458'>
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<identificador>BOE-A-2012-15680</identificador>
<titulo>Resolución de 11 de diciembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto Modificación de características de concesión del salto de Belesar, término municipal de Chantada (Lugo), central hidroeléctrica de Belesar III.</titulo>
<diario codigo='BOE'>Boletín Oficial del Estado</diario>
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<departamento codigo='9220'>Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente</departamento>
<rango codigo='1370'>Resolución</rango>
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<fecha_disposicion>20121211</fecha_disposicion>
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<texto>
<p class='parrafo'>El proyecto a que se refiere la presente Resolución se encuentra comprendido en el apartado c del grupo 4 del anexo II del texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero (Ley de Evaluación de Impacto Ambiental), habiéndose decidido su sometimiento a evaluación de impacto ambiental en la forma prevista en la sección 1.ª del capítulo II de la citada Ley, por decisión de la entonces Directora General de Calidad y Evaluación Ambiental, de fecha 3 de septiembre de 2009, procede formular su declaración de impacto ambiental, de acuerdo con el artículo 12.1 de la citada Ley.</p>
<p class='parrafo'>Según la Orden AAA/838/2012, de 20 de abril, sobre delegación de competencias del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, corresponde a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente formular, por delegación del Ministro, las resoluciones de evaluación ambiental de competencia estatal reguladas en el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental.</p>
<p class='parrafo'>Los principales elementos de la evaluación practicada se resumen a continuación:</p>
<p class='centro_cursiva'>1. Antecedentes. Información del proyecto: promotor y órgano sustantivo. Objeto y justificación. Localización. Descripción sintética. Alternativas</p>
<p class='parrafo_2'>Antecedentes administrativos. Por orden ministerial de 15 de junio de 1948, se amplió una concesión de aprovechamiento hidroeléctrico previa (de 30 de noviembre de 1910) para el tramo del río Miño objeto de este proyecto. El caudal concedido fue de 180 m<sup>3</sup>/s; a aprovecharse en dos saltos: Belesar aguas arriba y Los Peares aguas abajo. El 21 de febrero de 1964 se aprueban las actas de reconocimiento final y se autoriza la explotación. El caudal máximo concedido en Belesar fue de 200 m<sup>3</sup>/s. El aprovechamiento se realiza mediante tres turbinas tipo Francis con una potencia conjunta de 225 MW, cada una de las cuales aprovecha un caudal de 67m<sup>3</sup>/s con un salto nominal bruto de 131,38 m. Es la presa de mayor capacidad de embalse de la cuenca Miño-Sil (655 hm<sup>3</sup>).</p>
<p class='parrafo'>El 26 de noviembre de 2009 el anterior Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino aprueba el aumento de caudal concesional en 20 m<sup>3</sup>/s aprovechando el caudal ecológico en la nueva central Belesar II con nuevo plazo concesional (hasta 3 de marzo de 2063) y fijando un caudal de 10 m<sup>3</sup>/s de media de remanentes aguas abajo, con destino a demandas ambientales. Estas obras comenzaron el 21 de febrero de 2011.</p>
<p class='parrafo'>El 2 de enero de 2008, Unión Fenosa Generación, S.A. (Ahora Gas Natural SDG.S.A.) solicita una nueva modificación de las características de la concesión, consistente en la utilización de un caudal adicional hasta un máximo de 178,4 m<sup>3</sup>/s a tomar del embalse de Belesar, así como tomar hasta un máximo de 134,4 m<sup>3</sup>/s del embalse de Los Peares para bombearlos al embalse de Belesar (bombeo reversible). Siendo este proyecto el objeto de la presente resolución.</p>
<p class='parrafo'>La evaluación ambiental de esta actuación ha sido realizada de forma paralela y conjunta a la del proyecto Modificación de características de concesión del Salto de los Peares. (Lugo) Central Hidroeléctrica de los Peares III.</p>
<p class='parrafo'>Promotor y órgano sustantivo. El promotor del proyecto fue inicialmente Unión Fenosa Generación, S.A. que, desde el pasado 4 de septiembre de 2009, pasó a pertenecer a Gas Natural SDG, S.A., convirtiéndose esta última en titular de las concesiones actuales y promotora del proyecto. El órgano sustantivo es la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, perteneciente al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.</p>
<p class='parrafo'>Objetivo y justificación. El objetivo de este proyecto, es conseguir un incremento de energía generada que permita garantizar el suministro de electricidad en horas punta de forma rápida y eficaz, además de poder aprovechar los excedentes de generación eléctrica en horas valle de instalaciones como parques eólicos.</p>
<p class='parrafo'>Las características que justifican el proyecto son: la disminución de la dependencia energética del exterior, de fuentes fósiles, la utilización de recursos renovables, no emisión de CO<sub>2</sub> ni otros gases contaminantes, contribución a la estabilidad del sistema eléctrico y la baja tasa de producción de residuos y vertidos contaminantes en su fase de operación.</p>
<p class='parrafo'>Localización. La actuación se encuentra en la Ribeira Sacra, en la provincia de Lugo. Todas las actuaciones básicas e instalaciones auxiliares se sitúan en el municipio de Chantada, dentro de su parroquia de San Fiz de Asma. El proyecto aprovechará los embalses existentes de Belesar y Los Peares, en el río Miño, comunicándolos desde la cerrada de Belesar hasta la cola de Los Peares.</p>
<p class='parrafo'>Descripción sintética. Se trata de una instalación reversible. La Central de Belesar III se proyecta subterránea en la margen derecha del río Miño, con una caverna principal de 54,55 x 27,3 m de planta y una altura de 57,26 m en la que se situarán las turbo-bombas y las instalaciones eléctricas y de control de la central, una caverna secundaria de 27,5 x 16,08 m de planta y una altura de 37,87 m en la que estarán las aspiraciones de los grupos y las compuertas de descarga, y una tercera caverna de 38,12x11,75 m de planta y 11,25 m de altura como cámara de descarga.</p>
<p class='parrafo'>El eje de las turbinas se proyecta a la cota 145,00 m.s.n.m. y los equipos electromecánicos estarán constituidos por dos turbinas Francis de eje vertical de 104,65 MW de potencia nominal cada una, con un salto neto de diseño de 131,4 m. y un caudal máximo a turbinación de unos 89,2 m<sup>3</sup>/s cada una. Resulta por tanto una potencia total instalada de 209,30 MW en turbinación (211,61 MW en bombeo). El caudal en bombeo a salto neto máximo por grupo será de 84 m<sup>3</sup>/s, con una potencia de 105,8 MW por grupo. Por su parte, se proyectan sendos generadores de 125 MVA cada uno.</p>
<p class='parrafo'>La captación se realizará en la margen derecha del río Miño, a unos 200 m del estribo derecho de la presa de Belesar. La obra tendrá seis vanos de 4,33 m de anchura y 10 m de altura, con una longitud de 109,5 m. Aguas abajo de la toma, el túnel tiene una sección interior cuadrada de 7,0 m de lado hasta llegar al pozo de compuertas. La cota de la solera se sitúa a la 298,93 m.s.n.m., que proporciona una sumergencia de 9 m respecto a la clave del túnel en presión y obtiene una carrera útil de 28,95m. La toma estará dotada de una reja formada por barrotes de 10 mm de diámetro, con una separación de 40 mm.</p>
<p class='parrafo'>El pozo de carga se sitúa entre las cotas 303,5 y 146,5 msnm, con una sección circular de 6 m de diámetro.</p>
<p class='parrafo'>El túnel de desvío o túnel principal tendrá un diámetro de 6 m y una longitud de 85 m con una pendiente del 1,3 %. Acaba en el túnel de carga, que a través de una bifurcación encauza el agua a los grupos de generación.</p>
<p class='parrafo'>La chimenea de equilibrio en galería tendrá un diámetro de 7,4 m, una longitud de 682,78 m y una inclinación del 12,9 %. Partirá desde el túnel de descarga hasta el exterior de la antigua cantera. Desde la cota 147 msnm hasta la 250 msnm.</p>
<p class='parrafo'>El túnel de descarga hacia la cola del embalse inferior (Los Peares) tiene un primer tramo de 150 m entre la cámara de descarga y la chimenea de equilibrio, y un segundo tramo desde la chimenea hasta la toma inferior, con una longitud de 1.800 m y una pendiente del 1,9 %. Será de sección circular de 7,4 m de diámetro.</p>
<p class='parrafo'>La toma inferior (bombeo reversible) se sitúa en la margen derecha del río Miño, en la cola del embalse de Los Peares. Presenta planta semicircular de 150°, conformada por seis vanos de 4,80 m de ancho. La cota de la solera del canal de aproximación se sitúa a 200,00 m.s.n.m. Irá protegida mediante rejas inclinadas con separación de 40 mm entre barrotes y ancho de 10 mm. La carrera que demanda sobre el embalse de Los Peares se ha establecido en 5 m. Que equivale a un volumen de 25,48 hm<sup>3</sup>. Para cumplir los valores mínimos para la sumergencia se ha diseñado esta toma a modo de pozo, evitando la entrada de aire en los niveles bajos de operación. Al igual que la toma superior, también la inferior irá dotada de un pozo de compuertas de tipo «tajadera».</p>
<p class='parrafo'>Se construirá una subestación eléctrica de 220/13,8 kV tipo GIS (aislada por gas) a la intemperie, de 55 x 30 m de planta, sobre los terrenos del antiguo poblado de la central; así como una línea subterránea de conexión (a 220 V) con la subestación existente de Belesar. Esta línea tendrá una longitud de 113 m, y discurrirá soterrada en zanja.</p>
<p class='parrafo'>Se construirán tres galerías de acceso a la caverna de la central, que partiendo del mismo portal de entrada en la antigua cantera de Belesar, permitan acceder a tres niveles distintos a la caverna de la central. Su longitud total será de 1.662 m. Deberá construirse una nueva pista de 200 m de longitud para dar acceso a la toma inferior, y reformarse la pista de acceso al antiguo poblado de la central.</p>
<p class='parrafo'>Se estima un volumen de material procedente de la excavación, del orden de 395.000 m<sup>3</sup>. Los materiales extraídos se depositarán sobre la antigua cantera de Belesar utilizada para la construcción de la presa, así como en los terrenos del estribo izquierdo de la presa y en la antigua cantera Piñeiro. Los materiales vertidos servirán para rellenar las anteriores extracciones e implicará la restauración del terreno al estado previo a la construcción de la presa.</p>
<p class='parrafo'>Alternativas. Las alternativas contempladas para los objetivos propuestos han sido:</p>
<p class='parrafo_2'>Alternativa 0: alternativa de no actuación. No cumple los objetivos del proyecto.</p>
<p class='parrafo'>Alternativa 1: repotenciación de Belesar. Sin carácter reversible, supone una detracción neta de volumen de agua del embalse. Usando el salto existente, contempla la construcción de una nueva central de 200 MW, implicaría una gran obra subterránea.</p>
<p class='parrafo'>Alternativa 2 central reversible de Belesar. Aporta flexibilidad al sistema eléctrico sin detraer un volumen de agua adicional. Utiliza el embalse de Los Peares como contraembalse y permite acumular agua mediante bombeo en horas valle.</p>
<p class='parrafo_2'>Presenta estas dos opciones de ubicación de la central, que difieren fundamentalmente en la longitud del túnel:</p>
<p class='parrafo_2'>Alternativa 2A: túnel de derivación y de descarga de unos 2.300 m.</p>
<p class='parrafo'>Alternativa 2B: túnel de derivación y de descarga de unos 1.700 m. El túnel de acceso a las obras subterráneas también es más corto, y es más favorable desde el punto de vista geológico.</p>
<p class='parrafo'>Alternativa 2B optimizada. Introduce mejoras ambientales y sociales mediante el desplazamiento de la caverna de la central hacia aguas arriba. La chimenea no requiere acceso en superficie ni explanación para la construcción, implica una reducción de la línea eléctrica, que además irá soterrada. Supone la eliminación de un emboquille del túnel de desvío. Esta es la alternativa finalmente elegida.</p>
<p class='parrafo_2'>En cuanto a las posibilidades de trazado de la línea eléctrica, para salvar la distancia existente entre el emplazamiento de la subestación de Belesar y Belesar III se han planteado las siguientes posibilidades:</p>
<p class='parrafo_2'>Alternativa 1: trazado subterráneo por el borde la carretera existente, que es la finalmente elegida.</p>
<p class='parrafo'>Alternativa 2: trazado aéreo.</p>
<p class='parrafo_2'>Las alternativas de localización para los depósitos de materiales sobrantes son:</p>
<table class='tabla_ancha'>
<tr>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Prioridad</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Descripción</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Concello</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Polígono</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Parcela</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Capacidad (m<sup>3</sup>)</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>1</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Antigua cantera</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Chantada</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>76</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>1083</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>296.276</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>2</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Estribo izquierdo: aguas abajo de la presa</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>O Saviñao</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>89</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>700</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>106.293</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>2-2</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Estribo izquierdo: aguas arriba de la presa</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>O Saviñao</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>89</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>2</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>90.000</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>3-A</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Antigua cantera Piñeiro</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Chantada</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>48</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>190</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>107.426</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>3</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Zona degradada corredor Lalín-Monforte</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Chantada</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>121</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>129, 143, 144, 331</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>76.500</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>4</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Parcela junto a corredor Lalín-Monforte</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Chantada</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>121</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>8</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>70.770</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>5</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Parcela junto a corredor Lalín-Monforte</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>O Saviñao</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>119</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>302</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_der'>117.000</p>
</td>
</tr>
</table>
<p class='parrafo'>Estos emplazamientos serán empleados en el orden expuesto en la tabla anterior, de 1 a 3-A, descartando los emplazamientos de orden 3, 4 y 5.</p>
<p class='centro_cursiva'>2. Elementos ambientales significativos del entorno del proyecto</p>
<p class='parrafo_2'>2.1 Geología. La presa de Belesar se sitúa en una zona dominada por afloramientos de granodiorita conocida como el macizo granodiorítico de Chantada-Taboada. La potencia de la formación varía de 50 a 200 m, siendo frecuentes las intercalaciones de esquistos que predominan hacia el techo, desapareciendo las vulcanitas y dando paso a una serie de cuarcitas micáceas ortocuarcitas intercaladas con esquistos.</p>
<p class='parrafo'>2.2 Hidrología. El río Miño, donde se ubica la actuación, pertenece a la Cuenca Hidrográfica del Miño-Sil. Tanto el Miño como el Sil son ríos regulares, aunque con un máximo de caudal en invierno y un mínimo en verano. A lo largo de su curso, hay docenas de embalses dedicados a la producción de energía. El Miño, antes de su confluencia con el Sil, tiene una aportación media de 2.624 hm<sup>3</sup>/año.</p>
<p class='parrafo'>En un ámbito más inmediato a la presa y al propio embalse de Belesar, se localizan los siguientes cursos fluviales: río Seco, Ouriz, Barcelas, Puente de Enviande, Franza, Puente de Lama, Morín y río Asma, por la derecha; y Chousa, Portiño y Sardiñeira, Lama, Saviñao y Pesqueiras y Cortes, por la izquierda.</p>
<p class='parrafo'>El embalse de Belesar se sitúa entre los concejos lucenses de Taboada, Chantada, O Saviñao, Paradela, O Páramo, Guntin y Portomarín, ocupa una superficie de 1.919 ha, presenta una cola de 50 km y un volumen de 654 hm<sup>3</sup>. En cuanto a la calidad de sus aguas, la termoclina se sitúa a unos 50 m de profundidad y, aunque no se observa ninguna capa anóxica, se obtiene bajo contenido en oxígeno a partir de la termoclina. Destaca una importante biomasa de cianofíceas, que conlleva su clasificación como eutrófico.</p>
<p class='parrafo'>También se encuentran acuíferos aislados de poca entidad en el ámbito cercano a la presa.</p>
<p class='parrafo'>2.3 Vegetación. En el ámbito de estudio, predominan los viñedos sobre laderas escarpadas, frecuentemente en terrazas. El viñedo está presente sobre todo en la mitad sur de la zona de actuación. El resto de la superficie presenta formaciones caducifolias, carballo (<em>Quercus robur</em>), castaño (<em>Castanea sativa</em>), Abedul (<em>Betula alba</em>), así como otras frondosas y coníferas alóctonas.</p>
<p class='parrafo'>Así, en las inmediaciones de la presa de Belesar se mantiene una zona más o menos continua de arbolado caducifolio con carballos y en menor medida pequeños sotos de castaños y pies de abedul, salpicados con rodales de pino pinaster y eucalipto. También aparecen formaciones de tojal-brezal y de escobonal. En el entorno de la toma predomina una primera franja lineal de sauces arbustivos (<em>Salix atrocinerea</em>), siguiendo de forma discontinua la línea de la orilla, e inmediatamente después una franja con presencia mayoritaria de abedul. El acceso a la toma inferior trascurre por una zona poblada por castaños y carballos. El trazado de la línea eléctrica también se sitúa en una ladera con rodales de castaños y carballos además de otros pies alóctonos dispersos. Por otro lado, las zonas de depósito de materiales sobrantes no incluyen manifestaciones notables de formaciones caducifolias locales, y hay presencia de matorrales.</p>
<p class='parrafo'>2.4 Fauna. Son los grupos faunísticos de los mamíferos, reptiles y aves, los que alcanzan una mayor representación. Destacando la comadreja (<em>Mustela nivalis</em>), y diversas especies de roedores y micromamíferos.</p>
<p class='parrafo'>En el ámbito de la actuación se ha señalado la existencia de rapaces como el ratonero común (<em>Buteo buteo</em>) y el gavilán (<em>Accipiter nisus</em>), ligado a las formaciones caducifolias. También se ha constatado la presencia de halcón peregrino en los roquedos de la antigua cantera situada en la margen derecha de la cola del embalse de los Peares, emplazamiento que se plantea utilizar como vertedero.</p>
<p class='parrafo'>En el medio acuático, los grupos faunísticos más reseñables son los peces y los anfibios, así como algunos mamíferos. En cuanto a la fauna ictícola cabe destacar la trucha, la anguila, la bermejuela y la boga del Duero. Del grupo de mamíferos destaca la probable presencia de nutria y desmán de los Pirineos. Estos últimos principalmente en los afluentes.</p>
<p class='parrafo'>El estudio de impacto ambiental también tiene en cuenta el uso que pueden hacer los quirópteros de diferentes enclaves relacionados con las diferentes infraestructuras de las centrales.</p>
<p class='parrafo'>2.5 Hábitats. En el ámbito de estudio se encuentra bien representado el Hábitat 9230 (Bosques galaico-portugueses con <em>Quercus robur</em> y <em>Quercus pirenaica</em>). Hay algunas muestras en la ladera donde se proyecta la línea subterránea, en el fondo del barranco próximo a la toma inferior y en el nuevo vial de acceso, donde también existen manchas puntuales del hábitat 4030 (Brezales secos europeos).</p>
<p class='parrafo'>Por otra parte, en el ámbito de las zonas de depósito de materiales, pueden encontrarse salpicaduras del hábitat 4030 (Brezales secos europeos) y 4090 (Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga). Los hábitats 8220 (Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica) y 8230 (Roquedos silíceos con vegetación pionera del <em>Sedo-Scleranthion</em> o del <em>Sedo albi-Veronicion dillenii</em>) se localizan exclusivamente en la zona de depósito de la antigua cantera de Chantada.</p>
<p class='parrafo'>2.6 Espacios protegidos. Los espacios más importantes localizados en un radio de 20 km son: Lugar de importancia comunitaria (LIC) E51120008 Monte Faro, que se encuentra a unos 10 km al oeste del proyecto. LIC ES1120016 Río Cabe; que se encuentra a unos 10 km al sureste. LIC ES1130004 Pena Veidosa; que se encuentra a unos 16 km al suroeste. LIC ES1120014 Canón do Sil; que se encuentra a unos 17 km al sureste.</p>
<p class='parrafo'>2.7 Paisaje. El ámbito de actuación se encuadra dentro de un ámbito gallego muy singular, conocido como la Ribeira Sacra, cuya más importante señal de identidad reside en el aprovechamiento vitivinícola realizado en sus laderas.</p>
<p class='parrafo'>Las gargantas y desfiladeros están muy bien representadas en este territorio por el encajonamiento de los ríos Miño y Sil. Es destacable paisajísticamente el efecto de las grandes infraestructuras de regulación hidráulica.</p>
<p class='parrafo'>El hábitat humano implica la existencia de pequeños núcleos de población dispersos en asentamientos menores, en los que el uso del suelo genera un mosaico de explotaciones agrícolas menores, rodales de arbolado natural y plantaciones forestales, teselas de matorrales en diferentes estados de degradación, explotaciones ganaderas, linderos de parcelas por medio de ribazos de piedras o de setos vivos, etc.</p>
<p class='parrafo'>2.8 Medio socioeconómico. La estructura económica de los tres municipios más cercanos al ámbito de la actuación (Chantada, Taboada y O Saviñao), está basada en el sector primario. Así, la agricultura es el sector que mayor número de habitantes emplea en Taboada y O Saviñao, seguidos por el sector servicios. En tercer lugar se sitúa la construcción y la industria. En cuanto al desarrollo turístico, cabe destacar la existencia de rutas fluviales por los ríos Miño y Sil, por la Ribera Sacra y las cercanías de la ciudad de Lugo, mediante catamaranes y embarcaderos monocasco. Además de la pesca, en el embalse de Belesar está permitida la práctica de deportes náuticos como el remo, el piragüismo o la vela.</p>
<p class='parrafo'>Es importante también en el ámbito de estudio, la consolidación del llamado Camino Sur a Santiago, impulsado principalmente por la Asociación dos Camiños a Santiago por la Ribeira Sacra. Asimismo, existen varias rutas turísticas promovidas por los municipios del ámbito inmediato a la presa de Belesar.</p>
<p class='parrafo'>2.9 Patrimonio cultural. Según los trabajos realizados por el promotor, en el área de estudio han sido inventariados tres yacimientos arqueológicos, una referencia a un posible yacimiento arqueológico, tres bienes pertenecientes al patrimonio histórico-artístico y doce bienes pertenecientes al patrimonio etnográfico.</p>
<p class='parrafo'>Parte de las obras se sitúan en el entorno de protección de la Iglesia de Santo Estevo de Ribas de Miño (Decreto 262/2008 de 6 de noviembre. DOG de 28/11/2008). La iglesia fue declarada monumento por Decreto de 3 de junio de 1931 (GAC de 04/06/1931) y tiene consideración de Bien de Interés Cultural (BIC) por la disposición adicional primera de la Ley 16/85, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español.</p>
<p class='centro_cursiva'>3. Resumen del proceso de evaluación</p>
<p class='parrafo_2'>3.1 Fase de consultas previas y determinación del alcance del estudio de impacto ambiental:</p>
<p class='parrafo_2'>3.1.1 Entrada documentación inicial. Con fecha 14 de julio de 2008, se recibe en la entonces Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental la documentación ambiental del proyecto.</p>
<p class='parrafo'>3.1.2 Consultas previas, relación de consultados y de contestaciones. Con fecha 26 de septiembre de 2008, el órgano ambiental inicia el trámite de consultas para determinar la necesidad de someter el proyecto a evaluación de impacto ambiental.</p>
<p class='parrafo'>En la tabla adjunta se recogen los organismos consultados durante esta fase. Se indica con una «X» aquellos que han emitido informe en relación con la documentación ambiental:</p>
<table class='tabla'>
<tr>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Relación de organismos consultados</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Respuestas</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Confederación Hidrográfica del Miño-Sil.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>–</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Subdelegación del Gobierno en Lugo.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>–</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Junta de Galicia.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>–</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Dirección General de Conservación de la Naturaleza de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Junta de Galicia.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>X</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Dirección General de Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Galicia.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>X</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Dirección General de Turismo de la Consejería de Innovación e Industria de la Junta de Galicia.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>–</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Innovación e Industria de la Junta de Galicia.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>X</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Diputación Provincial de Lugo.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>–</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Ayuntamiento de Chantada.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>–</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Ayuntamiento de O Saviñao.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>–</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Centro de Estudios Hidrográficos (CEDEX).</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>X</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Sociedade Galega de Historia Natural (SGHNA-OURENSE).</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>–</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_izq'>Asociación para a Defensa Ecoloxica de Galiza–ADEGA.</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>–</p>
</td>
</tr>
</table>
<p class='parrafo'>Además se recibió informe de la Subdelegación del Gobierno en La Coruña, que no estima impactos ambientales significativos en el proyecto.</p>
<p class='parrafo'>Los aspectos ambientales más relevantes considerados en las contestaciones a las consultas previas son los siguientes:</p>
<p class='parrafo_2'>La Dirección General de Conservación de la Naturaleza de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Junta de Galicia destaca que, la actuación planteada, compromete el normal y natural funcionamiento del ecosistema fluvial, afectando especialmente a las especies piscícolas, menciona que aparecen nuevas infraestructuras impactantes sobre el medio natural y destaca que se producirá un incremento muy significativo de los caudales solicitados. Además considera a algunas medidas correctoras como insuficientes o inexistentes; e informa negativamente del proyecto.</p>
<p class='parrafo'>El Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas considera que es posible que se produzcan impactos significativos debido a las nuevas detracciones de caudales. Menciona posibles afecciones a diferentes especies de fauna y flora, y destaca el interés en analizar tanto el efecto de la detracción de caudales como de la variación de niveles producida, así como un posible aumento de superficie de aguas lénticas.</p>
<p class='parrafo'>La Dirección General de Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Galicia tiene en cuenta que el proyecto se desarrolla en el ámbito de la Ribeira Sacra, de importante valor paisajístico y cultural; y se localiza en paisajes con significación histórica, cultural y/o arqueológica.</p>
<p class='parrafo_2'>En el entorno del proyecto se localizan bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural y que podrían verse afectados por las obras. Además destaca que se debe considerar la posible existencia de yacimientos arqueológicos aun no detectados. Respecto al patrimonio arquitectónico y etnográfico, menciona que existen gran cantidad de bienes susceptibles de protección por configurar el paisaje gallego y caracterizar culturalmente el territorio, haciendo hincapié en los molinos y puentes existentes en el río.</p>
<p class='parrafo'>3.1.3 Resumen de las indicaciones dadas por el órgano ambiental al promotor sobre la amplitud y detalle del estudio de impacto ambiental, y sobre las administraciones ambientales afectadas.</p>
<p class='parrafo'>La decisión de sometimiento del proyecto a evaluación de impacto ambiental, basada fundamentalmente en los potenciales efectos sobre los ecosistemas acuáticos asociados, y el resultado de las respuestas a las consultas se remitió al promotor el día 3 de septiembre de 2009, incluyendo una copia de las contestaciones recibidas y los aspectos más relevantes que debería incluir el estudio de impacto ambiental.</p>
<p class='parrafo_2'>3.2 Fase de información pública y de consultas sobre el estudio de impacto ambiental, resultado. El órgano sustantivo sometió a información pública, de manera conjunta, los proyectos y estudios de impacto ambiental de los expedientes Modificación de características de concesión del salto de Belesar, T.M. de Chantada (Lugo), Central Hidroeléctrica de Belesar III y Modificación de características de concesión del Salto de los Peares (Lugo), Central Hidroeléctrica de los Peares III; mediante anuncio en el Boletín Oficial del Estado (BOE) n.º 186, de 4 de agosto de 2011, con corrección de errores en el BOE n.º 211, de 2 de septiembre de 2011. Así como en el Boletín Oficial de la Provincia de Lugo n.º 185, de 13 de agosto de 2011. También estuvieron expuestos en los Ayuntamientos de Chantada, O Saviñao, Carballedo y Pantón (Lugo).</p>
<p class='parrafo'>Según se recoge en el expediente, el órgano sustantivo, en cumplimiento del artículo 9.3 del Real Decreto Legislativo 1/2008, solicitó, con fecha 28 de julio de 2011, informes a todas las Administraciones públicas afectadas y público interesado previamente consultados.</p>
<p class='parrafo'>Con fecha 15 de febrero de 2012, el órgano ambiental recibió el expediente de información pública completo en el que, junto a los estudios de impacto ambiental y los proyectos de las actuaciones, se incluía la documentación generada como resultado de la información pública y consultas realizadas.</p>
<p class='parrafo'>Con fecha 27 de marzo de 2012, tuvo entrada en el órgano ambiental, documentación complementaria presentada por el promotor ante el órgano sustantivo, con fecha 16 de marzo de 2012, consistente en los documentos Integración paisajística y transitabilidad de la CHR Belesar III (febrero 2012) e Integración paisajística y transitabilidad de la CH Peares III (febrero 2012).</p>
<p class='parrafo'>En el transcurso del procedimiento de participación pública, se recibieron escritos remitidos por: la Dirección General de Medio Natural y Política Forestal del entonces Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino; la Secretaría General de Calidad y Evaluación Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras; la Dirección General de Conservación de la Naturaleza de la Consejería de Medio Rural; la Subdirección General de Programación y Proyectos de Aguas de Galicia de la Consejería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras; la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura y Deporte; y la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Economía e Industria, todas ellas de la Junta de Galicia. Así como el Ayuntamiento de Ourense y la Asociación Amigos da Terra. Además, la Asociación para a Defensa Ecoloxica de Galiza (ADEGA) remitió escrito directamente al órgano ambiental.</p>
<p class='parrafo'>A continuación se resumen los aspectos ambientales más significativos del proceso de participación pública, así como la respuesta del promotor a las distintas consideraciones planteadas:</p>
<p class='parrafo_2'>Justificación. La Asociación Amigos da Terra considera que en la Central Belesar III no hay una producción real de energía, ya que se va a consumir más en el bombeo que en la turbinación; que los ciclos de bombeo en horas valle, no van a ser correlacionados simultáneamente con los excesos de producción eólica. Y manifiesta que no se ha justificado un incremento de la demanda eléctrica.</p>
<p class='parrafo'>A este respecto, el promotor señala que el sistema eléctrico necesita mantener un equilibrio instantáneo entre la energía consumida y generada. Las principales funciones de la central reversible serán tanto modular el sistema de generación con su rápida respuesta de carga en generación, como almacenar energía excedente mediante el bombeo en horas de excedente de producción, y generación eléctrica en los momentos de mayor demanda. Suavizando la curva de demanda. Estos excedentes vienen principalmente de los nuevos sistemas de generación renovables y no gestionables.</p>
<p class='parrafo'>En este mismo sentido, Amigos da Terra, también indica que el proyecto no se justifica por la reducción de las emisiones de CO<sub>2</sub>, ya que al considerarse el bombeo, el balance sería equilibrado o negativo.</p>
<p class='parrafo'>Gas Natural SDG, S.A., explica el modo de adecuación de las centrales a los valles de demanda, y justifica que la energía consumida durante el bombeo está relacionada con un mix energético puntual de baja contribución de combustibles fósiles y mayor porcentaje de eólica y nuclear que no producen emisiones directas de CO<sub>2</sub>. Esta energía queda almacenada en el embalse superior para aprovecharse cuando el sistema lo demande.</p>
<p class='parrafo'>La Dirección General de Conservación de la Naturaleza indica que las infraestructuras necesarias más impactantes para el desarrollo del proyecto ya existen en la actualidad (embalses y presas de Belesar y Los Peares, viales y líneas de evacuación).</p>
<p class='parrafo'>Informa que las obras proyectadas no se incluyen ni afectan a ningún espacio natural protegido y entiende que no se producirán impactos significativos sobre el medio natural y sobre el paisaje pues, a excepción de la subestación, las nuevas infraestructuras son subterráneas o permanecerán sumergidas bajo las aguas de los embalses.</p>
<p class='parrafo'>Fragmentación e impacto acumulativo. La Dirección General de Medio Natural y Política Forestal alega fragmentación en la valoración de impactos, al tramitarse por separado los diferentes proyectos.</p>
<p class='parrafo'>Gas Natural SDG, S.A., manifiesta que en los estudios de impacto ambiental de las centrales Belesar III y Los Peares III se considera el nuevo régimen de operación del conjunto de los aprovechamientos, incluyendo Belesar II y Los Peares II, tanto en la descripción del proyecto como en la identificación y valoración de impactos.</p>
<p class='parrafo'>Por otro lado, la asociación Amigos da Terra y ADEGA, indica que no se ha valorado el impacto acumulativo y sinérgico que causan embalses y aprovechamientos del río.</p>
<p class='parrafo'>A esta consideración, Gas Natural SDG, S.A. responde que en la valoración de impactos realizada se han tenido en cuenta todos los aprovechamientos y proyectos en el río Miño. Se hace especial referencia a las actuales centrales Belesar y Los Peares como a las de nueva construcción Belesar II y Peares II.</p>
<p class='parrafo'>Geología y geomorfología. La Dirección General de Medio Natural y Política Forestal apunta a una inadecuada valoración de la afección a la geología y geomorfología. ADEGA, más allá de los valores geológicos, considera inadecuado el vertido de materiales en la cantera abandonada de Belesar, por producir un importante impacto paisajístico y ambiental, al encontrarse la cantera ya revegetada y en recuperación un ecosistema digno de protección.</p>
<p class='parrafo'>Gas Natural SDG, S.A., manifiesta que en la matriz de impacto se relaciona la geomorfología con diferentes acciones del proyecto, para identificar los potenciales impactos. En fase de construcción se valora el impacto afección a los suelos y laderas por movimiento de tierras y circulación de vehículos y maquinaria. Por otro lado, se relaciona con la calidad visual del paisaje, de forma que los proyectos introducen mejoras del territorio restaurando antiguas zonas de préstamos.</p>
<p class='parrafo'>Hidrología, régimen de caudales, gestión del embalse y oscilación. Amigos da Terra señala que según la Directiva Marco del Agua y la Ley de Aguas, deberán aplicarse las medidas necesarias para prevenir el deterioro del estado de todas las masas de agua superficial y alcanzar los objetivos medioambientales para las aguas superficiales.</p>
<p class='parrafo'>El promotor responde que los proyectos no contemplan la construcción de nuevas presas ni aumento de su capacidad. Por tanto no introducirán cambios significativos en la calidad del agua.</p>
<p class='parrafo'>Según la Dirección General de Medio Natural y Política Forestal, falta un estudio del régimen natural de caudales del tramo de río, que justifique los caudales ambientales y analice los aspectos de regulación de la presa de Los Peares, el aumento de caudal regulado y la afección al régimen natural. Apunta la necesidad de establecimiento de un régimen lo más natural posible en las dos presas, teniendo en cuenta posibles sinergias. Y considera que sería apropiado estudiar los índices de alteración hidrológica y la dinámica riparia.</p>
<p class='parrafo'>El promotor sostiene que los caudales ecológicos serán fijados por la autoridad competente, en este caso la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil de acuerdo al Plan Hidrológico que se encuentra en fase de aprobación.</p>
<p class='parrafo'>En cuanto a la afección al régimen natural de caudales, recuerda que se trata de un río regulado, tanto el mismo río Miño como su afluente el Sil y, por tanto, la variación en la regulación de las centrales propuestas no será significativa. En cuanto al efecto acumulativo sobre el régimen de caudales, se tiene también en cuenta, incorporando los efectos de la operación de Belesar II y Los Peares II.</p>
<p class='parrafo'>La Dirección General de Medio Natural y Política Forestal, y la Dirección General de Conservación de la Naturaleza, consideran la posible afección por la oscilación del nivel del agua y afección al nivel freático y a los arroyos tributarios; así como que debe establecerse una vigilancia especial de sus efectos en la estabilidad de las orillas.</p>
<p class='parrafo'>Gas Natural SDC, S.A., mantiene que si bien estos aspectos se han considerado en los estudios de impacto ambiental, se realizará un seguimiento del hábitat ripario, así como de la estabilidad de las orillas durante la fase de operación con objeto de conocer si las oscilaciones producirán impactos distintos de los previstos y poder proponer las medidas oportunas. Por otro lado, las fluctuaciones de nivel no van a diferir en valores absolutos de las del funcionamiento actual.</p>
<p class='parrafo'>Fauna. La Dirección General de Conservación de la Naturaleza señala que deben analizarse los efectos de la aspiración sobre la fauna acuática de Los Peares. Los métodos a aplicar y los resultados obtenidos se deben someter al informe de la Dirección General de Conservación de la Naturaleza.</p>
<p class='parrafo'>El promotor responde que durante la fase de operación de la central, se llevará a cabo un seguimiento de los efectos de la aspiración en la toma inferior sobre la fauna acuática. La metodología de este seguimiento y los resultados del mismo se pondrán a disposición de la Administración.</p>
<p class='parrafo'>Por su parte, la Dirección General de Medio Natural y Política Forestal alega falta de información sobre la fuerza de succión en las rejas protectoras de las tomas, que produciría una posible afección a la fauna acuática en las tomas. La Dirección General de Conservación de la Naturaleza indica que para las tomas de las centrales debe completarse la protección de la fauna con la instalación de barreras sónicas, y procurar que la velocidad del agua para ambas tomas de Belesar III sea igual o menor de 1,0 m/s en el plano de la reja. Considera la posibilidad de reducir la velocidad en la toma de aspiración y, si la sumergencia es inferior a 2,5 m, que la velocidad en superficie sea menor a 1 m/s.</p>
<p class='parrafo'>Gas Natural SDG, S.A., afirma que el diseño final de las tomas y sus rejas, permitirán que la velocidad del agua se reduzca hasta valores inferiores a 1m/s a su llegada a la toma. Para las pletinas de las rejas de las tomas y descargas de las centrales se proyectan rejas de barrotes de 10 mm de diámetro con separación de 40 mm, de acuerdo a la normativa vigente. No se considera por tanto la instalación de barreras sónicas ni otro tipo de dispositivos adicionales. Estos aspectos han sido tenidos en cuenta en la valoración de impactos sobre el hábitat fluvial. Finalmente señala que durante la fase de explotación se valorará si la frecuencia de revisión de la efectividad de las rejas es suficiente, y se implementarán las medidas oportunas.</p>
<p class='parrafo'>El promotor manifiesta que la sumergencia de las dos tomas es superior a 5 m, y con sumergencias inferiores no se operará.</p>
<p class='parrafo'>La Dirección General de Medio Natural y Política Forestal considera posible la afección a la nutria.</p>
<p class='parrafo'>A este aspecto, el promotor considera que el posible impacto consistiría en molestias durante las obras, y se descarta impacto durante la fase de operación, pues el hábitat ya se encuentra modificado y la población de nutria está adaptada a la situación actual.</p>
<p class='parrafo'>La Dirección General de Conservación de la Naturaleza manifiesta que se deben detallar los posibles efectos sobre la presencia de halcón peregrino en la antigua cantera de Belesar. En este sentido, la Secretaría General de Calidad y Evaluación Ambiental señala que, de confirmarse la presencia de la pareja de halcón deben evitarse las obras en esta zona durante el periodo de nidificación y cría; y el plan de vigilancia ambiental deberá incluir controles para documentar su comportamiento y adoptar las oportunas medidas. Según la mencionada Secretaría General, la pareja de halcón se reprodujo en la temporada de 2010. Por su parte, la Dirección General de Medio Natural y Política Forestal señala que, aun realizando el vertido después de la salida de los pollos, se puede producir afección a la pareja reproductora de halcón peregrino por el acopio de materiales.</p>
<p class='parrafo'>El promotor manifiesta que, previamente al inicio de las obras, se confirmará la presencia de la pareja y las obras en este punto no se iniciarán hasta que se evite frustrar la prole. Esto es, se restringe el inicio de obras durante el periodo de reproducción y cría. Por el contrario, si se confirmase que ese año no se ha reproducido la especie en la zona, las obras podrían comenzar en cualquier momento. No obstante, se realizarán controles para documentar el comportamiento de la especie y, en su caso, adoptar las medidas oportunas.</p>
<p class='parrafo'>Hábitats. La Dirección General de Medio Natural y Política Forestal señala afección a 5 hábitats de interés comunitario y necesidad de definir el hábitat que se alterará en la nueva zona seleccionada como vertedero, recogido en la adenda. También indica la alteración de las escorrentías y afección a la comunidad rupícola y de rezumaderos.</p>
<p class='parrafo'>Gas Natural SDG, S.A., manifiesta que los hábitats de interés comunitario se han tenido en cuenta, tanto en cuanto a su descripción y valoración de afecciones, como en la fase de diseño. Así, se ha conseguido que en la solución adoptada, exista una superficie muy baja de hábitats naturales de interés que se vean afectados siendo 0,4 ha para ambos proyectos.</p>
<p class='parrafo'>Respecto a la afección a las escorrentías y la comunidad rupícola de rezumaderos, el promotor manifiesta que se estudiará la posible inclusión de estas recomendaciones en el plan de vigilancia en obra. Estos aspectos se tendrán en cuenta en el detalle de la conformación de las zonas de depósito, en el marco del proyecto constructivo que deberá ser aprobado por la Confederación. Así, se proyectarán cunetas de guarda para asegurar la estabilidad de la formación y la calidad de las aguas de escorrentía.</p>
<p class='parrafo'>Según la misma Dirección General de Medio Natural y Política forestal, el programa de vigilancia ambiental no contiene un seguimiento de la calidad del medio hídrico ni de los hábitats riparios en fase de funcionamiento.</p>
<p class='parrafo'>Gas Natural SDG, S.A., considera la recomendación. Por ello se realizará un seguimiento del hábitat ripario durante la fase de operación con objeto de conocer los efectos de las oscilaciones de la central.</p>
<p class='parrafo'>Áreas de protección urbanística y usos del suelo. Según Amigos da Terra el estudio de impacto ambiental no aporta información sobre las características del suelo, usos y el plan urbanístico. También alega que los movimientos de tierras podrían afectar a suelo rústico de protección de espacios naturales y de interés paisajístico, que deben ajustarse a la normativa autonómica.</p>
<p class='parrafo'>Gas Natural SDG, S.A., manifiesta que, en paralelo a la tramitación del Estudio de Impacto Ambiental, se están gestionando los pertinentes permisos relativos al uso del suelo. Así mismo, el uso del suelo rústico afectado está contemplado dentro del artículo 33 de la ley 9/2002 de suelo y urbanismo de Galicia. La apertura de caminos no producirá un impacto significativo, y se realizará conforme a la normativa vigente.</p>
<p class='parrafo'>Paisaje. La Dirección General del Patrimonio Cultural indica que la actuación de Belesar III de mayor visibilidad, es la toma inferior. Por este motivo la nueva documentación presentada por el promotor propone dos medidas para una mejor integración paisajística. Por una parte la realización de plantaciones autóctonas en los desmontes y en los taludes, y por otra parte la restitución de una falsa ladera sobre losa de hormigón en la mitad superior del vaciado, que reduciría considerablemente el impacto visual. La nueva propuesta para la toma inferior recogida en la documentación complementaria mejora la propuesta del estudio de impacto ambiental. Por otra parte, el paisaje que rodea el BIC se ve también mejorado con la recuperación de la cantera situada en frente.</p>
<p class='parrafo'>Restauración ambiental. La Dirección General de Medio Natural y Política Forestal recomienda el empleo de especies ligadas a los hábitats existentes.</p>
<p class='parrafo'>Gas Natural SDG, S.A., asume la recomendación.</p>
<p class='parrafo'>Patrimonio cultural. Amigos da Terra hace constar la posible afección al Área de Protección legal del Castro de San Fiz.</p>
<p class='parrafo'>Gas Natural SDG, S.A., señala que en el Estudio de Impacto Cultural, el efecto de la central sobre el Castro de San Fiz fue valorado, resultando compatible con la implantación de medidas correctoras, entre las que se encuentra que no podrán realizarse obras, ni ningún tipo de acopio o instalación, dentro del área de exclusión de obras delimitada. Las obras de los túneles de acceso y de descarga, se ejecutarán fuera del área de exclusión.</p>
<p class='parrafo'>La Dirección General del Patrimonio Cultural condiciona el informe favorable al cumplimiento de ciertas medidas: para la toma inferior, se optará por la propuesta del estudio de integración paisajística presentado por el promotor, de manera que minimice la parte visible de las obras. Deberán ser objeto de evaluación previo a su uso o modificación aquellos accesos y depósitos de materiales en los que no se hayan evaluado los impactos sobre el patrimonio cultural en el trabajo de campo. Deberá realizarse un seguimiento arqueológico durante el replanteo, ejecución y restitución del terreno. Considera conveniente aprovechar el descenso de la cota de Belesar, en el marco del seguimiento arqueológico, para revisar del vaso del embalse, y documentar posibles bienes culturales. Los bienes del patrimonio cultural y sus áreas de protección figurarán en la cartografía del proyecto y en los planos del personal de obra. En estas zonas no se podrán realizar actividades no previstas en la documentación remitida.</p>
<p class='parrafo'>Modificaciones introducidas por el promotor en el proyecto y estudio tras su consideración. Durante este trámite de información pública, el promotor decidió modificar el diseño de la toma inferior de la central Belesar III, de manera que se reducía considerablemente su impacto paisajístico, de acuerdo con las consideraciones de la Dirección General de Patrimonio Cultural. El efecto de esta modificación se considera ambientalmente positivo.</p>
<p class='centro_cursiva'>4. Integración de la evaluación</p>
<p class='parrafo_2'>4.1 Análisis ambiental para selección de alternativas. Tras el análisis de las distintas opciones se optó por la alternativa 2B optimizada o central reversible con túnel corto, mejorada, por los siguientes motivos:</p>
<p class='parrafo_2'>Frente a la alternativa 0, o de no actuación, la alternativa 2B elegida, permite optimizar el aprovechamiento hidroeléctrico de Belesar aprovechando las infraestructuras existentes, siendo éstos los elementos que ocasionarían mayor impacto si se construyeran a día de hoy. La alternativa 2B conseguirá disminuir la dependencia de combustibles fósiles y contribuir al abastecimiento de las puntas de demanda de forma rápida y eficaz con fuentes renovables y sin emisiones de gases de efecto invernadero.</p>
<p class='parrafo'>La alternativa 2 de central reversible frente a la alternativa 1 de simple repotenciación, aporta estabilidad y capacidad reguladora al sistema eléctrico peninsular sin generar un gasto neto de recurso hidráulico embalsado.</p>
<p class='parrafo'>Entre las dos alternativas de central reversible estudiadas, se opta por la 2B ya que considera túneles de conducción y acceso más cortos, reduciendo la generación de materiales de excavación y su manejo.</p>
<p class='parrafo'>La alternativa 2B optimizada presenta mejoras ambientales sobre la alternativa 2B, al eliminar la línea eléctrica aérea, reducir el impacto visual y las obras en el exterior.</p>
<p class='parrafo'>Ante las alternativas de tendido eléctrico, se elige la opción del trazado subterráneo frente a la del trazado aéreo, por los siguientes motivos: para un tramo de apenas 100 m, un trazado aéreo implicaría la instalación de dos torres de transición aéreo-subterránea y sus correspondientes equipos. Un nuevo vano tendría que sobre elevarse sobre las dos líneas aéreas ya existentes, generando mayor impacto visual. La traza subterránea, puede realizarse prescindiendo de vehículos, con menor apertura de pista y mantenimiento que un tramo aéreo; minimizando así la tala de árboles y sin necesidad de mantener una calle de seguridad como para un tramo aéreo.</p>
<p class='parrafo'>En cuanto a las posibles localizaciones de los depósitos de materiales sobrantes se le da la mayor prioridad al relleno de la antigua cantera por suponer un recorrido muy reducido del transporte de material y permitir su posterior restauración. Por otro lado, la Dirección General de Patrimonio Cultural entiende que la restauración de esta cantera supondrá una mejora del entorno paisajístico del BIC Santo Estevo de Ribas de Miño.</p>
<p class='parrafo'>En segundo lugar de prioridad se elige el estribo izquierdo de la presa de Belesar, por tratarse de una zona muy modificada durante la construcción de la presa.</p>
<p class='parrafo'>Se prescinde de las alternativas de orden 3, 4 y 5 a favor de la zona de prioridad 3-A, con el objeto de reducir aún más el ámbito de acción de las obras, con similares volúmenes de depósitos sobre menores superficies. Además, con este emplazamiento, se permite acometer la restauración de otra antigua cantera.</p>
<p class='parrafo'>4.2 Impactos de la alternativa elegida. Medidas preventivas, correctoras y/o compensatorias, seguimiento ambiental:</p>
<p class='parrafo_2'>4.2.1 Impactos sobre la calidad del aire. Durante la fase de construcción, la reducción de la calidad del aire producida por el incremento de partículas en suspensión en el aire, emisiones de gases de escape de maquinaria y vehículos, así como el incremento del nivel de ruido por el trabajo de la maquinaria y voladuras no se considera significativo debido la proximidad entre las zonas de extracción y depósito de materiales, las distancias de las zonas de trabajo a las viviendas más cercanas, la reducción del tiempo de voladuras en superficie, así como el hecho de desarrollarse los trabajos en profundidad. El promotor plantea además proceder al riego con agua para estabilización de partículas de polvo, la cobertura de los camiones que transportan materiales de naturaleza pulverulenta, minimización de las emisiones gaseosas producidas por la maquinaria, así como el control de las emisiones sonoras de la obra y la adecuación de zonas para parque de obras y maquinaria.</p>
<p class='parrafo'>Por su carácter subterráneo, durante la fase de explotación no se prevé un incremento de los niveles de ruido de los grupos, instalaciones o servicios auxiliares, ni se prevé que tenga lugar una superación de los límites de ruido establecidos para las poblaciones cercanas.</p>
<p class='parrafo'>4.2.2 Impactos sobre la geología y el suelo. Aunque la zona no presenta especiales problemas de deslizamientos de laderas, que puedan producirse por los movimientos de tierras o funcionamiento de maquinaria, se toman medidas que aseguran su estabilidad, evitando además la proliferación de problemas erosivos. Estos problemas pueden evitarse con un adecuado diseño de la obra, en particular con una adecuada formación de taludes en las zonas de la toma. Posteriormente, en los puntos de obra superficiales, se llevarán a cabo medidas de restitución y revegetación.</p>
<p class='parrafo'>La posible pérdida de suelo fértil acarreada por los movimientos de tierras y circulación de vehículos y maquinaria se considera muy reducida debido a la pequeña longitud de nuevos viales necesarios, a la disposición del parque de maquinaria y zonas de almacenamiento de materiales en lugares acotados, y a la ubicación de la subestación en una zona ya alterada y con escasa superficie de suelo afectado (0,5 ha). Además, se separará la capa de tierra vegetal afectada y se almacenará para utilizarla en la restitución del suelo.</p>
<p class='parrafo'>El funcionamiento de la central introducirá elementos potencialmente causantes de erosión, como pueden ser la nueva descarga o el movimiento de la lámina de agua en el embalse. En cuanto al efecto del nuevo punto de descarga cabe señalar que la toma inferior o de descarga se encontrará sumergida en la cola del embalse de Los Peares, pudiendo laminarse los caudales de salida, sumergidos en todo momento; según el promotor la descarga se ha diseñado de forma que la velocidad de salida no sea superior a 1m/s, en un tramo de cauce poco susceptible a la erosión. Por otro lado, según el estudio de impacto ambiental, las laderas del embalse de Belesar ya se encuentran adaptadas a fluctuaciones del nivel de agua, por lo que no se prevén problemas a consecuencia de las nuevas oscilaciones. Será mayor la modificación de la oscilación en el embalse de Los Peares (donde vierte), sin embargo, según el promotor el nivel en Los Peares tampoco fluctuará rápidamente, y recalca que las paredes del vaso del embalse de Los Peares carecen de suelo, no siendo vulnerables a la erosión por la variación de la lámina de agua en un rango de 5 m de altura.</p>
<p class='parrafo'>Sin embargo, la Dirección General de Conservación de la Naturaleza considera que debe establecerse una vigilancia especial de los efectos que las oscilaciones de nivel puedan originar en las laderas del embalse de Los Peares. El promotor asume realizar el mencionado seguimiento de la estabilidad de las orillas con el objeto de conocer si las oscilaciones de la central producirán impactos imprevistos y proponer las medidas oportunas.</p>
<p class='parrafo'>De las respuestas del promotor a las observaciones de la Secretaría General de Calidad y Evaluación Ambiental en el trámite de información pública, se desprende que los emplazamientos propuestos como destino de tierras sobrantes son suficientes para los volúmenes calculados e incluso para un posible incremento de material. No obstante, se ha asumido que en caso de necesitarse nuevos destinos para posibles materiales sobrantes, se deberá remitir a la Secretaría General de Calidad y Evaluación Ambiental de la Junta de Galicia la posible propuesta, ambientalmente justificada, de destino de vertido de sobrantes, su cubicación y plan de restauración y revegetación.</p>
<p class='parrafo'>4.2.3 Impactos sobre la hidrología e hidrogeología. Ante la posibilidad de afecciones al medio hidrogeológico durante la fase de obras, el estudio de impacto ambiental ha destacado la poca entidad del medio hidrogeológico del entorno. Sin embargo, la Dirección General de Medio Natural y Política Forestal, señaló un posible impacto sobre el nivel freático y a los arroyos tributarios, durante la fase de operación, por la oscilación del nivel de agua. Finalmente, el promotor asume realizar un seguimiento del hábitat ripario durante la fase de operación de las centrales, con objeto de conocer si las oscilaciones producirán impactos imprevistos y proponer las oportunas medidas; aunque también añade que las fluctuaciones de nivel no van a diferir en valores absolutos de las del actual funcionamiento.</p>
<p class='parrafo'>Se ha considerado también un posible impacto por disminución de la calidad del agua por incremento de sólidos en suspensión en fase de obras. En este sentido, se ha previsto bajar la cota del embalse de forma que los puntos de trabajo de la toma quede resguardado, además se prevé una ataguía que protegerá la zona de trabajo aguas abajo de la presa. El promotor garantiza la circulación de un caudal ambiental aguas abajo de la presa muy superior al que la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil consideraba para este tramo, se coordinarán los trabajos para que el descenso del embalse sea el mínimo y durante no más de 4 meses. La ataguía será reforzada con mortero de cemento en el núcleo, evitando el lavado de materiales durante la obra.</p>
<p class='parrafo'>Tanto durante la fase de obras como de funcionamiento, se ha tenido en cuenta una posible contaminación del agua y suelo debido a un inadecuado manejo de combustibles, residuos o vertidos. Este impacto se considera muy improbable si se procede a la adecuada implantación de las medidas habituales de carácter preventivo, asumidas al efecto.</p>
<p class='parrafo'>Para la fase de funcionamiento, ante la obligación de prevenir el deterioro del estado de las masas de agua y alcanzar los objetivos medioambientales para las aguas superficiales, alegado por Amigos da Terra, el promotor considera que al no construirse nuevas infraestructuras de regulación estos proyectos no introducirán cambios significativos en la calidad del agua. También considera que se evita la modificación de la dinámica de transporte del río; y no se añadirán nuevos fenómenos de estratificación térmica, o eutrofización que puedan agravar las actuales características físico-químicas del agua.</p>
<p class='parrafo'>4.2.4 Impactos sobre la vegetación. El estudio de impacto ambiental no considera que el proyecto pueda ocasionar un impacto significativo a la vegetación por el tránsito de vehículos y maquinaria durante las obras, puesto que, según indica el promotor, la mayoría de los puntos de obra no se encuentran rodeados de vegetación arbórea de interés y el 90 % de los viales ya están abiertos. En cualquier caso, se adoptarán las medidas oportunas, como delimitación de las zonas de tránsito, reducción de la zona de ocupación a una zona de bajo valor ambiental, protección de la vegetación más vulnerable con tablillas y modificación de zonas de paso o estrechamiento de la zona de trabajo.</p>
<p class='parrafo'>Por otro lado, el proyecto implica la eliminación de vegetación por despeje y desbroce, si bien el promotor apunta a que buena parte de las instalaciones proyectadas serán subterráneas y la mayoría de los caminos de acceso ya existen, siendo sólo necesaria la construcción de 200 m de camino. El proyecto afectará a menos de 0,4 ha. de frondosas caducifolias, siendo la superficie total de vegetación afectada de menos de 0,5 ha., por lo que en el estudio de impacto ambiental la afección se ha calificado como compatible.</p>
<p class='parrafo'>El promotor incluye un plan de restauración y revegetación de todas las zonas de actuación, y asume la consideración de la Dirección General de Conservación de la Naturaleza de trasplantar algunos pies a eliminar, a las zonas de revegetación. También asume la recomendación de la Dirección General de Medio Natural y Política Forestal de revegetar con especies ligadas a los hábitats existentes.</p>
<p class='parrafo'>Durante la fase de obras también se considera la posible afección a la vegetación del margen de los embalses por el descenso de la lámina de agua en la fase de construcción de las tomas. Para reducir impactos ambientales se diseñan los trabajos de ambas centrales de manera que puedan tener lugar en un espacio de tiempo muy breve, de no más de 4 meses, en temporada estival; de modo que coincida en el mismo descenso la construcción de la toma inferior del Belesar III y la toma de Los Peares III. En el embalse de Belesar será necesario un descenso de 42 m y de 30 m en el embalse de Los Peares.</p>
<p class='parrafo'>Según el promotor, la vegetación existente no configura un hábitat de ribera propiamente dicho, presentado niveles de desarrollo medios o escasos. Se trata de vegetación de transición entre el hábitat acuático y la vegetación terrestre de ladera. La lámina de agua de Belesar oscila anualmente, con una carrera de 25 m de media quedando los márgenes desprovistos de agua la mayor parte del tiempo. En Los Peares ya tuvo lugar en 2003 un descenso similar al proyectado sin que la vegetación de los márgenes experimentara cambios achacables al estrés hídrico. Los veranos frescos y húmedos frecuentes en la cuenca reducirían el posible estrés hídrico que pueda padecer la vegetación. En definitiva, el promotor considera este impacto compatible.</p>
<p class='parrafo'>Del mismo modo, se considera una posible afección a la vegetación durante la fase de operación, causada por la oscilación del nivel del embalse. Sin embargo, según el promotor, dada la situación de cabecera del embalse de Belesar, considera que no experimentará cambios significativos, variando únicamente con un rizado de pocos metros sus valores diarios y semanales. El embalse de Los Peares que actualmente no experimenta una oscilación en sus cotas de más de 2 m a lo largo del año pasaría a tener un descenso del nivel de agua de hasta 5 m en el caso más desfavorable. La vegetación de bajo desarrollo situada en el perímetro de Los Peares, podría sufrir estrés hídrico al verse alejada del agua, sin embargo el agua se encontrará el 70 % del tiempo a sólo 2,5 m por debajo de su cota máxima de operación.</p>
<p class='parrafo'>4.2.5 Impactos sobre la fauna. El promotor ha considerado el impacto producido en fase de obras por la presencia de personal y la propia ejecución de las obras, que podrían producir molestias a la fauna, que provoquen desplazamiento de especies, frustración de la reproducción, abandono de nidos o atropellos. Este impacto se vería agravado por la gran cantidad de volúmenes sobrantes que deben ser trasportados para su depósito, generando un importante tráfico de maquinaria; la utilización de explosivos y la duración de la obra (unos 42 meses).</p>
<p class='parrafo'>En la zona cercana al proyecto pueden aparecer algunas especies de murciélagos y otras especies de interés como el lobo, la nutria, y la gineta, así como aves interesantes o emblemáticas, algunas de ellas catalogadas por la Directiva Hábitats. En la antigua cantera de Belesar, seleccionada para depositar el mayor volumen de material sobrante de excavaciones y para abrir el acceso definitivo a la central, se ha constatado la actividad de una pareja de halcón peregrino.</p>
<p class='parrafo'>Según el estudio de impacto ambiental, para reducir estos efectos, se han propuesto zonas de depósito de materiales situadas próximas a las bocas de los túneles. Se diseña un plan de trabajo en las aperturas de las bocas de los túneles, donde se usarán explosivos, que no dure más de 6 a 8 semanas, y se realizarán explosiones controladas con cargas bajas. No se sitúan puntos de obra sobre hábitats de interés que puedan albergar especies catalogadas, y tampoco se prevé afección sobre reptiles y anfibios puesto que los cursos de agua se protegen de las obras.</p>
<p class='parrafo'>Para evitar molestias a la pareja de halcón peregrino el promotor propone realizar prospecciones en el periodo reproductivo previamente al inicio de las obras y, en caso de confirmarse su presencia, se evitará el inicio de la obra en ese punto entre los meses de febrero y mayo (incluidos), indicándolo en el cronograma y plan de obra. Sin embargo, la Dirección General de Medio Natural y Política forestal señala que habrá afección al halcón peregrino incluso realizando el vertido después de la salida de los pollos, debido a la alteración de la zona. El promotor aclara que, en caso de confirmarse la reproducción de la especie, la medida establece la restricción de inicio de las obras durante el periodo de reproducción y cría y no se iniciarán hasta que se evite frustrar la prole. En este punto, la restricción y medidas asumidas por el promotor resultan acordes con el informe de la Secretaría General de Calidad y Evaluación ambiental. La Dirección General de Conservación de la Naturaleza considera adecuado el destino de los materiales procedentes de la excavación y su posterior tratamiento, así como las especies vegetales seleccionadas para las labores de revegetación. Sin embargo, considera que han de detallarse los efectos que, sobre el halcón peregrino, pueden tener las labores y actividades a realizar en la antigua cantera de Belesar, donde ha sido detectada su presencia.</p>
<p class='parrafo'>También asume el promotor realizar controles específicos para documentar el comportamiento del halcón peregrino y, de ser el caso, adoptar medidas protectoras o correctoras que todavía no se hayan podido establecer conforme a lo propuesto por la Secretaría General de Calidad y Evaluación Ambiental.</p>
<p class='parrafo'>En fase de funcionamiento, el estudio de impacto ambiental considera posibles impactos por cambios en la explotación que afectan a la fauna acuática: por las variaciones del caudal liberado y por el posible paso de la ictiofauna a través de turbinas y esclusas. Según responde el promotor al escrito de la Dirección General de Medio Natural y Política Forestal, se descarta afección a la nutria en fase de operación por encontrarse sus poblaciones ya adaptadas a las condiciones existentes.</p>
<p class='parrafo'>La nueva fluctuación de la lámina de agua en el embalse de Los Peares puede poner en riesgo la viabilidad de las puestas de ciertas especies que no migran afluentes arriba. Sin embargo, según el promotor, la fauna piscícola ha adaptado sus pautas de comportamiento al actual aprovechamiento hidroeléctrico; la trucha común y los ciprínidos autóctonos buscan los lugares de freza remontando los afluentes; la nueva descarga de Belesar III se situará a 1000 m aguas abajo de la actual descarga de Belesar I, evitando salir toda la carga del caudal en el mismo punto. La descarga o toma inferior se situará sumergida en la cola de Los Peares, y se ha diseñado la descarga para no superar la velocidad de salida de 1m/s para no arrastrar alevines ni erosionar el lecho fluvial.</p>
<p class='parrafo'>Para evitar el paso de ictiofauna a través de las turbinas, el proyecto propone la instalación de rejas en ambas tomas con una luz de 4 cm. Según ha respondido el promotor, se diseñan las tomas y las descargas de las centrales para una velocidad inferior a 1 m/s, que evita el efecto llamada para los peces en modo descarga, así como que se vean atrapados en modo «toma».</p>
<p class='parrafo'>La Dirección General de Conservación de la Naturaleza solicitó que se completara la protección mediante barreras sónicas en ambas tomas, medida que el promotor no cree conveniente aplicar, puesto que considera que ya se cumple con al normativa aplicable (artículo 82 del Decreto 130/1997, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de ordenación de la pesca fluvial y de los ecosistemas acuáticos continentales). El promotor afirma en su respuesta al informe de la Dirección General de Medio Natural y Política Forestal que durante la fase de explotación se valorará si la frecuencia de revisión de la efectividad de las rejas propuesta es suficiente y, en su caso, se implementarán las medidas adicionales que se estime oportuno para garantizar la protección de la ictiofauna.</p>
<p class='parrafo'>Finalmente, el promotor asumió la prescripción de la Dirección General de Conservación de la Naturaleza, de llevar a cabo un seguimiento de los efectos de la aspiración sobre la fauna acuática durante la fase de operación de la central, y poner a disposición de la Administración la metodología y los resultados de ese seguimiento. Del resultado de la información pública también se desprende que el diseño de las tomas de Belesar III cumplen las prescripciones formuladas por la Dirección General de Conservación de la Naturaleza, en cuanto a sumergencias de las tomas y velocidad y superficie.</p>
<p class='parrafo'>4.2.6 Impactos sobre espacios protegidos y hábitats. No se ha considerado que pueda producirse afección significativa a espacios protegidos.</p>
<p class='parrafo'>El estudio de impacto ambiental cuantifica en 4000 m<sup>2</sup> la superficie de hábitats del anexo I de la Directiva hábitats (Directiva 92/43/CEE) que puede verse mermada por la construcción del proyecto, a lo que habría que añadir los hábitats situados en zonas de depósito de materiales sobrantes. De los hábitats presentes, el que sufriría mayor afección sería el 9230 Bosques galaico-portugueses con <em>Quercus robur</em> y <em>Quercus pyrenaic</em>, en una superficie de 3450 m<sup>2</sup>. No se prevé afección a hábitats prioritarios. La Dirección General de Conservación de la Naturaleza informa de que no se prevén efectos negativos sobre ninguno de los hábitats inventariados.</p>
<p class='parrafo'>A la alegación de la Dirección General de Medio Natural y Política Forestal, que señalaba una posible alteración de las escorrentías que afectaría a la comunidad rupícola de rezumaderos y paredones húmedos, el promotor asumió estudiar la posible inclusión de estas recomendaciones en el plan de vigilancia en obra. Del mismo modo, se realizará un seguimiento del hábitat ripario durante la fase de operación con objeto de conocer si las oscilaciones producirán impactos no previstos y proponer las medidas oportunas.</p>
<p class='parrafo'>4.2.7 Impactos sobre el paisaje. Según el estudio de impacto ambiental, los valores singulares, estéticos y culturales, así como la relación entre el hombre y el medio natural, han promovido la propuesta de la Ribeira Sacra como paisaje protegido. Actualmente dicha propuesta se encuentra en proceso de valoración por la Junta de Galicia.</p>
<p class='parrafo'>Durante la construcción de los proyectos de las centrales hidroeléctricas el paisaje se verá afectado por la presencia de obras: bocas de los túneles, lugares de tránsito de camiones y maquinaria; así como el contorno de los embalses descubierto durante el descenso de cota, en un perímetro de 99 km del embalse de Belesar y de 43 km en el de Los Peares.</p>
<p class='parrafo'>Si bien las obras durarán unos 42 meses, se coordinarán los trabajos para que los descensos de los embalses no duren más de 4 meses, teniendo en cuenta que gran parte de las obras proyectadas serán subterráneas.</p>
<p class='parrafo'>La presencia de las nuevas instalaciones y su funcionamiento también provocarán una alteración paisajística durante la fase de explotación. En concreto, para la central Belesar III, serían visibles las instalaciones de la subestación, que se situará en los terrenos del antiguo poblado de Belesar, ya urbanizado y de baja visibilidad. El nuevo ciclo turbinación-bombeo provocará un mayor movimiento de la lámina de agua en el embalse de Los Peares que mostrarán mayor superficie de banda árida. Sin embargo, el promotor destaca que el nivel del embalse de Los Peares se encontrará el 73,5 % del año a una cota sólo 2,5 metros por debajo de la actual; y que, al estar muy encajado, no dejará gran superficie visible.</p>
<p class='parrafo'>Para el diseño de la toma inferior, la Dirección General del Patrimonio Cultural, ve conveniente la propuesta del estudio de integración paisajística elaborado por el promotor como documentación complementaria, que consigue minimizar la parte visible del túnel de descarga/toma con la construcción de una falsa ladera sobre losa de hormigón en la mitad superior de la obra y plantaciones en los taludes. Cree adecuadas la medidas de integración paisajística, y considera que el paisaje que rodea al BIC Iglesia de Santo Estevo mejora con la recuperación de la ladera afectada por la cantera.</p>
<p class='parrafo'>4.2.8 Impacto socioeconómico. Actualmente existen varias actividades o medios de recreo o interés turístico en la zona, entre los que destacan las rutas fluviales, el Camino Sur a Santiago, o Camino de Invierno, la pesca, la práctica de deportes náuticos y otras rutas turísticas.</p>
<p class='parrafo'>La presencia de obras resulta disuasoria para el turismo, por las molestias que produce y los mencionados efectos paisajísticos. La necesidad de detener en verano las dos rutas de catamaranes que circulan por el embalse de Los Peares por el descenso de cota y la limitación de la práctica de la pesca, podría limitar los ingresos procedentes de estas actividades recreativas y de turismo local.</p>
<p class='parrafo'>Por estos motivos, se planificará que los descensos de nivel no duren más de 4 meses y se hagan coincidir las obras en el embalse de Los Peares. Ante la obligación de detener las rutas de catamarán de Los Peares, el estudio de impacto ambiental plantea alternativas cercanas, como las rutas fluviales del Sil.</p>
<p class='parrafo'>La Subdirección General de Programación y Proyectos de Aguas de Galicia de la Consejería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, adjunta informe del servicio de Planificación y Programación Hidrológica indicando que las actuaciones propuestas no afectan a ninguna actuación planificada en materia de abastecimiento dentro del Plan Agua.</p>
<p class='parrafo'>En fase de explotación, el estudio de impacto ambiental considera que el calado del embalse seguirá siendo en todo momento suficiente para la navegación de los catamaranes, realizándose el acondicionamiento de los embarcaderos a la nueva operación del embalse, y que la playa de A Cova seguirá siendo útil para el baño.</p>
<p class='parrafo'>4.2.9 Impacto sobre el patrimonio cultural. El estudio de impacto ambiental presenta un estudio de impacto cultural en sus anejos, donde determina la posible existencia de afección a 18 yacimientos o bienes culturales. Finalmente valora todos los posibles impactos como compatibles tras la aplicación de las medidas previstas.</p>
<p class='parrafo'>La Dirección General del Patrimonio Cultural, informa favorablemente el proyecto, condicionado a cinco medidas que se integran en esta declaración de impacto ambiental. Estima que las soluciones propuestas pueden ser compatibles con los valores culturales del entorno del BIC Igrexa de Santo Estevo siempre que los proyectos tengan la calidad suficiente y las intervenciones se reduzcan al máximo, sigan las líneas de diseño marcadas en la documentación y se integren en la orografía y cromatismo del paisaje.</p>
<p class='parrafo_2'>4.3 Relación de las medidas preventivas o correctoras previstas:</p>
<p class='parrafo_2'>Riegos con agua para estabilización de partículas atmosféricas (polvo).</p>
<p class='parrafo'>Cobertura de camiones de transporte de materiales.</p>
<p class='parrafo'>Control del tráfico y de la velocidad de circulación, minimizando las emisiones gaseosas.</p>
<p class='parrafo'>Control de las emisiones sonoras, requiriendo especificaciones técnicas en la decisión de adquisición de equipos.</p>
<p class='parrafo'>Adecuación del parque de obras y maquinaria, y planificación y balizamiento de las superficies de actuación.</p>
<p class='parrafo'>Primar la reutilización de inertes generados. Acopio y reutilización de la tierra vegetal.</p>
<p class='parrafo'>Estabilización de taludes y control de la erosión.</p>
<p class='parrafo'>Restauración y revegetación de superficies e integración paisajística.</p>
<p class='parrafo'>Protección de pies de vegetación singulares.</p>
<p class='parrafo'>Establecimiento de barreras o cunetas en áreas próximas a cauces.</p>
<p class='parrafo'>Utilización de balsas de decantación para el tratamiento del agua procedente de los túneles.</p>
<p class='parrafo'>Disposición de punto de lavado de hormigoneras fuera de zonas sensibles.</p>
<p class='parrafo'>Almacenamiento y gestión de residuos peligrosos.</p>
<p class='parrafo'>Instalación de cubetos de retención en los transformadores.</p>
<p class='parrafo'>Control y tratamiento de aguas sanitarias.</p>
<p class='parrafo'>Plan de prevención y extinción de incendios.</p>
<p class='parrafo'>Rastreo preoperacional de fauna en zonas sensibles.</p>
<p class='parrafo'>En su caso, restringir el inicio de los trabajos en la antigua cantera de Belesar para no frustrar la nidificación del halcón peregrino.</p>
<p class='parrafo'>Instalación de dispositivos de interdicción para la fauna acuática.</p>
<p class='parrafo'>Acondicionamiento de los embarcaderos en el embalse de Los Peares.</p>
<p class='parrafo_2'>4.4 Seguimiento ambiental de las medidas propuestas. El estudio de impacto ambiental incluye un Plan de Vigilancia Ambiental (PVA) que establece un sistema de control de los impactos ambientales y medidas preventivas y correctoras del proyecto, en sus diferentes fases de implementación.</p>
<p class='parrafo'>Los objetivos específicos del PVA son:</p>
<p class='parrafo_2'>Establecer un sistema que garantice el cumplimiento de las indicaciones y medidas protectoras y correctoras del estudio de impacto ambiental, así como de los condicionados de la declaración de impacto ambiental.</p>
<p class='parrafo'>Plantear un programa de seguimiento de las incidencias previstas y de aquellas que pudieran surgir, permitiendo detectar las desviaciones de los efectos previstos, y de nuevos impactos no previstos, para redimensionar las medidas correctoras propuestas o, en su caso, adoptar otras nuevas.</p>
<p class='parrafo'>Permitir un seguimiento eficaz y sistemático, por parte del operador y de la Administración, tanto del cumplimiento de las medidas y condiciones, como de las alteraciones previstas o imprevistas que puedan aparecer.</p>
<p class='parrafo'>Para ello, las actuaciones de control se ordenan en los planes que se indican a continuación de acuerdo con el factor ambiental a controlar y la fase del proyecto:</p>
<p class='parrafo_2'>Fase de construcción:</p>
<p class='parrafo_2'>Plan general previo al inicio de las obras.</p>
<p class='parrafo'>Plan de control de las áreas de actuación.</p>
<p class='parrafo'>Plan de control de ruido y de la calidad del aire.</p>
<p class='parrafo'>Plan de control de residuos y efluentes.</p>
<p class='parrafo'>Plan de vigilancia y control de cauces y calidad de las aguas.</p>
<p class='parrafo'>Plan de control del paisaje.</p>
<p class='parrafo'>Plan de control sobre el tráfico.</p>
<p class='parrafo'>Plan de control del medio natural y de la restauración vegetal.</p>
<p class='parrafo'>Otros planes o actuaciones de control (formación en buenas prácticas).</p>
<p class='parrafo_2'>Fase de explotación:</p>
<p class='parrafo_2'>Plan de control de revegetación, restauración y paisaje.</p>
<p class='parrafo'>Plan de control de la fauna piscícola.</p>
<p class='parrafo'>Plan de control de ruido.</p>
<p class='parrafo'>Plan de control y gestión de los residuos y vertidos.</p>
<p class='parrafo'>Plan de restitución de servicios y servidumbres afectadas.</p>
<p class='parrafo_2'>Fase de desmantelamiento: las acciones de control, periodicidad e indicadores de esta fase se establecerán en los informes a remitir al órgano ambiental correspondientes a las fases previa y posterior al desmantelamiento, que requerirán la aprobación del citado organismo.</p>
<p class='parrafo'>Durante la ejecución del PVA se elaborarán informes periódicos que recopilarán los resultados y conclusiones derivados de las actuaciones implementadas, la evolución del proyecto y su incidencia ambiental. Estos informes serán presentados ante las Administraciones competentes.</p>
<p class='centro_cursiva'>5. Condiciones al proyecto</p>
<p class='parrafo_2'>Para la realización del proyecto se deberán cumplir, además de todas las medidas preventivas y correctoras propuestas y aceptadas por el promotor durante todo el proceso de evaluación de impacto ambiental, las siguientes condiciones de protección ambiental específicas:</p>
<p class='parrafo_2'>5.1 Fase de obras:</p>
<p class='parrafo_2'>5.1.1 Destino de materiales sobrantes. Según señaló la Secretaría General de Calidad y Evaluación Ambiental, en caso de no resultar suficientes los emplazamientos propuestos para el vertido de materiales sobrantes de las excavaciones, se deberá remitir a la Secretaría General de Calidad y Evaluación Ambiental de la Junta de Galicia, la posible propuesta, ambientalmente justificada, de destino de vertido de sobrantes, su cubicación y plan de restauración y revegetación.</p>
<p class='parrafo'>5.1.2 Protección del régimen de caudales. Se garantizará en todo momento la continuidad de circulación de los caudales por el tramo del Miño durante las obras. Al efecto se construirán las ataguías proyectadas.</p>
<p class='parrafo'>5.1.3 Afección al halcón peregrino. Previamente al inicio de las obras en la cantera de Belesar se deberán realizar controles específicos para documentar la presencia y el comportamiento de la pareja reproductora de halcón peregrino presente en la cantera de Belesar. Dichos trabajos se realizarán en coordinación con la Dirección General de Conservación de la Naturaleza de Galicia.</p>
<p class='parrafo'>En su caso y para evitar afecciones a la pareja de halcón, se ampliará el periodo de prohibición de actuar en la cantera hasta que se asegure no frustrar la prole. Dicho periodo será establecido por el organismo competente de la Junta de Galicia, que valorará el calendario de trabajos en la cantera, y propondrá cualquier otra prescripción o limitación que considere oportuna tras el resultado de los trabajos de campo.</p>
<p class='parrafo'>5.1.4 Restauración ambiental. Tal y como expresó la Dirección General de Conservación de la Naturaleza de la Junta de Galicia, respecto al plan de restauración y revegetación, se evaluará la posibilidad de trasplante de algunos pies a eliminar, en función de su valor intrínseco y posibilidades de re-arraigo. Y según la recomendación de la anterior Dirección General de Medio Natural y Política Forestal, se revegetará con especies ligadas a los hábitats existentes.</p>
<p class='parrafo'>5.1.5 Integración paisajística. Se deberán adoptar las medidas de integración paisajística contempladas en los estudios de integración paisajística aportados, así como las prescripciones de la Dirección General de Patrimonio Cultural.</p>
<p class='parrafo'>Para la toma inferior, se adoptará la propuesta reflejada en la documentación sobre integración paisajística aportada por el promotor, de modo que minimice al máximo la parte visible de las obras.</p>
<p class='parrafo'>5.1.6 Patrimonio cultural. Se deberán cumplir las condiciones prescritas en el informe de la Dirección General de Patrimonio Cultura, en concreto:</p>
<p class='parrafo_2'>Respecto a los accesos a la obra y a los depósitos de materiales definidos en la documentación, de los que no se tengan evaluados los impactos sobre el patrimonio cultural en el trabajo de campo incorporado al estudio de impacto ambiental, deberán ser objeto de esta evaluación previa a su utilización o modificación.</p>
<p class='parrafo'>Se realizará un control y seguimiento arqueológico durante las fases de replanteo, ejecución de obra y de restitución de los terrenos, en todo el ámbito del proyecto. A tal fin, se presentará un proyecto de intervención, ajustado a lo establecido en la normativa vigente en la Comunidad de Galicia en materia de actividad arqueológica.</p>
<p class='parrafo'>Durante el descenso de nivel del embalse sería conveniente que, en el marco del seguimiento arqueológico, se llevara a cabo una revisión de la superficie generada al bajar el nivel del agua, a los efectos de documentar la existencia de bienes del patrimonio cultural.</p>
<p class='parrafo'>Los bienes del patrimonio cultural y sus áreas de protección deberán figurar en la cartografía del proyecto y en los planos que emplee el personal de la obra, con las indicaciones precisas para su comprensión. En estas áreas no se podrá realizar ningún tipo de acción relacionada con el proyecto, no prevista en la documentación evaluada.</p>
<p class='parrafo'>Basándose en los resultados de las actuaciones arqueológicas, la Dirección General del Patrimonio Cultural decidirá sobre la conveniencia de establecer otras medidas de protección.</p>
<p class='parrafo_2'>5.2 Fase de funcionamiento:</p>
<p class='parrafo_2'>5.2.1 Régimen de caudales. El régimen de caudales ambientales estará condicionado a lo que establezca el Plan Hidrológico de la Demarcación de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil y a las condiciones específicas de la concesión que pueda establecer el organismo de cuenca.</p>
<p class='parrafo'>5.2.2 Dispositivos de franqueo. Se estará a lo dispuesto en el artículo 76 del Decreto 30/1997, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de ordenación de la pesca fluvial y de los ecosistemas acuáticos continentales, sobre la competencia para acordar la suficiencia de dispositivos de franqueo para la ictiofauna. Así como la necesidad de la implantación de otros dispositivos adicionales en las obras de las tomas que garanticen la protección de la fauna acuática. Para ello se estará a lo que establezca el organismo autonómico competente.</p>
<p class='parrafo'>5.2.3 Seguimiento ambiental. Durante la fase de funcionamiento de la central, en conformidad con lo informado por la Dirección General de Conservación de la Naturaleza, se deberá establecer una vigilancia especial de los efectos que las oscilaciones de nivel puedan originar en las laderas.</p>
<p class='parrafo'>Según ha asumido el promotor en su respuesta al informe de la Dirección General del Medio Natural y Política Forestal, se estudiará durante el seguimiento ambiental la posible afección a comunidades rupícolas de rezumaderos y paredones húmedos, por alteraciones de la escorrentía. Se realizará seguimiento de la evolución del hábitat ripario para analizar posibles efectos no considerados de las oscilaciones de nivel.</p>
<p class='parrafo'>Siguiendo las prescripciones de la Secretaría General de Calidad y Evaluación Ambiental, el plan de vigilancia ambiental deberá incluir los controles que permitan conocer si la demodulación de los caudales naturales produce impactos distintos de los previstos en la actual fase del proyecto, tanto aguas arriba como aguas abajo de cada una de las centrales proyectadas. Y, en su caso, proponer medidas preventivas o correctoras de los impactos que se detecten.</p>
<p class='parrafo'>Una vez concluida la fase de obras, dentro del plan de vigilancia ambiental, se realizarán controles específicos, para documentar el comportamiento de la pareja de halcón peregrino en la cantera de Belesar. Los resultados de estos estudios serán comunicados al organismo competente y, de ser el caso, se establecerán las oportunas medidas protectoras o correctoras, conforme a lo informado por la secretaría General de Calidad y Evaluación Ambiental de la Xunta de Galicia.</p>
<p class='parrafo'>Siguiendo las recomendaciones de la Dirección General de Medio Natural y Política Forestal, de cara a realizar un seguimiento exhaustivo de la calidad del hábitat fluvial y de la funcionalidad de los dispositivos de interdicción propuestos, se llevarán a cabo campañas de campo de ictiofauna que aportarán más información y servirán para valorar el funcionamiento de las medidas.</p>
<p class='parrafo'>Deberá efectuarse un seguimiento detallado de los efectos de la aspiración de la central Belesar III en Los Peares sobre la fauna acuática. Los métodos a aplicar y los resultados obtenidos se someterán al informe de la Dirección General de Conservación de la Naturaleza.</p>
<p class='parrafo'>Se valorará si la frecuencia de revisión de la efectividad de las rejas propuesta (en las tomas) es suficiente y, en su caso, se implementarán las medidas adicionales que se estime oportuno para garantizar la protección de la ictiofauna, de acuerdo con el organismo autonómico competente.</p>
<p class='parrafo'>El promotor deberá explicitar, en los carteles anunciadores de las obras correspondientes al proyecto evaluado, el BOE en el que se publica la DIA.</p>
<p class='parrafo'>En consecuencia, el Secretario de Estado de Medio Ambiente, a la vista de la propuesta de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural, formula declaración de impacto ambiental favorable a la realización del proyecto Modificación de características de concesión del salto de Belesar, término municipal de Chantada (Lugo), Central hidroeléctrica de Belesar III, al concluirse que siempre y cuando se autorice en la alternativa de central reversible en caverna en su opción 2B optimizada, trazado de línea eléctrica subterráneo, y ubicación de zonas de depósitos de materiales en la antigua cantera del embalse de Belesar en Chantada, así como en el estribo izquierdo de la presa aguas abajo y aguas arriba de la misma, y en la antigua cantera de Piñeiro en Cantada; en las condiciones anteriormente señaladas, que se han deducido del proceso de evaluación, no producirá impactos adversos significativos.</p>
<p class='parrafo_2'>Lo que se hace público, de conformidad con el artículo 12.3 del texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, y se comunica a Confederación Hidrográfica del Miño-Sil Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para su incorporación al procedimiento de aprobación del proyecto.</p>
<p class='parrafo_2'>Madrid, 11 de diciembre de 2012.–El Secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos de Armas.</p>
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</texto>
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Fri Dec 28 10:41:28 +0000 2012
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El proyecto a que se refiere la presente Resolución se encuentra comprendido en el apartado c del grupo 4 del anexo II del texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero (Ley de Evaluación de Impacto Ambiental), habiéndose decidido su sometimiento a evaluación de impacto ambiental en la forma prevista en la sección 1.ª del capítulo II de la citada Ley, por decisión de la entonces Directora General de Calidad y Evaluación Ambiental, de fecha 3 de septiembre de 2009, procede formular su declaración de impacto ambiental, de acuerdo con el artículo 12.1 de la citada Ley.
Según la Orden AAA/838/2012, de 20 de abril, sobre delegación de competencias del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, corresponde a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente formular, por delegación del Ministro, las resoluciones de evaluación ambiental de competencia estatal reguladas en el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental.
Los principales elementos de la evaluación practicada se resumen a continuación:
1. Antecedentes. Información del proyecto: promotor y órgano sustantivo. Objeto y justificación. Localización. Descripción sintética. Alternativas
Antecedentes administrativos. Por orden ministerial de 15 de junio de 1948, se amplió una concesión de aprovechamiento hidroeléctrico previa (de 30 de noviembre de 1910) para el tramo del río Miño objeto de este proyecto. El caudal concedido fue de 180 m3/s; a aprovecharse en dos saltos: Belesar aguas arriba y Los Peares aguas abajo. El 21 de febrero de 1964 se aprueban las actas de reconocimiento final y se autoriza la explotación. El caudal máximo concedido en Belesar fue de 200 m3/s. El aprovechamiento se realiza mediante tres turbinas tipo Francis con una potencia conjunta de 225 MW, cada una de las cuales aprovecha un caudal de 67m3/s con un salto nominal bruto de 131,38 m. Es la presa de mayor capacidad de embalse de la cuenca Miño-Sil (655 hm3).
El 26 de noviembre de 2009 el anterior Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino aprueba el aumento de caudal concesional en 20 m3/s aprovechando el caudal ecológico en la nueva central Belesar II con nuevo plazo concesional (hasta 3 de marzo de 2063) y fijando un caudal de 10 m3/s de media de remanentes aguas abajo, con destino a demandas ambientales. Estas obras comenzaron el 21 de febrero de 2011.
El 2 de enero de 2008, Unión Fenosa Generación, S.A. (Ahora Gas Natural SDG.S.A.) solicita una nueva modificación de las características de la concesión, consistente en la utilización de un caudal adicional hasta un máximo de 178,4 m3/s a tomar del embalse de Belesar, así como tomar hasta un máximo de 134,4 m3/s del embalse de Los Peares para bombearlos al embalse de Belesar (bombeo reversible). Siendo este proyecto el objeto de la presente resolución.
La evaluación ambiental de esta actuación ha sido realizada de forma paralela y conjunta a la del proyecto Modificación de características de concesión del Salto de los Peares. (Lugo) Central Hidroeléctrica de los Peares III.
Promotor y órgano sustantivo. El promotor del proyecto fue inicialmente Unión Fenosa Generación, S.A. que, desde el pasado 4 de septiembre de 2009, pasó a pertenecer a Gas Natural SDG, S.A., convirtiéndose esta última en titular de las concesiones actuales y promotora del proyecto. El órgano sustantivo es la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, perteneciente al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Objetivo y justificación. El objetivo de este proyecto, es conseguir un incremento de energía generada que permita garantizar el suministro de electricidad en horas punta de forma rápida y eficaz, además de poder aprovechar los excedentes de generación eléctrica en horas valle de instalaciones como parques eólicos.
Las características que justifican el proyecto son: la disminución de la dependencia energética del exterior, de fuentes fósiles, la utilización de recursos renovables, no emisión de CO2 ni otros gases contaminantes, contribución a la estabilidad del sistema eléctrico y la baja tasa de producción de residuos y vertidos contaminantes en su fase de operación.
Localización. La actuación se encuentra en la Ribeira Sacra, en la provincia de Lugo. Todas las actuaciones básicas e instalaciones auxiliares se sitúan en el municipio de Chantada, dentro de su parroquia de San Fiz de Asma. El proyecto aprovechará los embalses existentes de Belesar y Los Peares, en el río Miño, comunicándolos desde la cerrada de Belesar hasta la cola de Los Peares.
Descripción sintética. Se trata de una instalación reversible. La Central de Belesar III se proyecta subterránea en la margen derecha del río Miño, con una caverna principal de 54,55 x 27,3 m de planta y una altura de 57,26 m en la que se situarán las turbo-bombas y las instalaciones eléctricas y de control de la central, una caverna secundaria de 27,5 x 16,08 m de planta y una altura de 37,87 m en la que estarán las aspiraciones de los grupos y las compuertas de descarga, y una tercera caverna de 38,12x11,75 m de planta y 11,25 m de altura como cámara de descarga.
El eje de las turbinas se proyecta a la cota 145,00 m.s.n.m. y los equipos electromecánicos estarán constituidos por dos turbinas Francis de eje vertical de 104,65 MW de potencia nominal cada una, con un salto neto de diseño de 131,4 m. y un caudal máximo a turbinación de unos 89,2 m3/s cada una. Resulta por tanto una potencia total instalada de 209,30 MW en turbinación (211,61 MW en bombeo). El caudal en bombeo a salto neto máximo por grupo será de 84 m3/s, con una potencia de 105,8 MW por grupo. Por su parte, se proyectan sendos generadores de 125 MVA cada uno.
La captación se realizará en la margen derecha del río Miño, a unos 200 m del estribo derecho de la presa de Belesar. La obra tendrá seis vanos de 4,33 m de anchura y 10 m de altura, con una longitud de 109,5 m. Aguas abajo de la toma, el túnel tiene una sección interior cuadrada de 7,0 m de lado hasta llegar al pozo de compuertas. La cota de la solera se sitúa a la 298,93 m.s.n.m., que proporciona una sumergencia de 9 m respecto a la clave del túnel en presión y obtiene una carrera útil de 28,95m. La toma estará dotada de una reja formada por barrotes de 10 mm de diámetro, con una separación de 40 mm.
El pozo de carga se sitúa entre las cotas 303,5 y 146,5 msnm, con una sección circular de 6 m de diámetro.
El túnel de desvío o túnel principal tendrá un diámetro de 6 m y una longitud de 85 m con una pendiente del 1,3 %. Acaba en el túnel de carga, que a través de una bifurcación encauza el agua a los grupos de generación.
La chimenea de equilibrio en galería tendrá un diámetro de 7,4 m, una longitud de 682,78 m y una inclinación del 12,9 %. Partirá desde el túnel de descarga hasta el exterior de la antigua cantera. Desde la cota 147 msnm hasta la 250 msnm.
El túnel de descarga hacia la cola del embalse inferior (Los Peares) tiene un primer tramo de 150 m entre la cámara de descarga y la chimenea de equilibrio, y un segundo tramo desde la chimenea hasta la toma inferior, con una longitud de 1.800 m y una pendiente del 1,9 %. Será de sección circular de 7,4 m de diámetro.
La toma inferior (bombeo reversible) se sitúa en la margen derecha del río Miño, en la cola del embalse de Los Peares. Presenta planta semicircular de 150°, conformada por seis vanos de 4,80 m de ancho. La cota de la solera del canal de aproximación se sitúa a 200,00 m.s.n.m. Irá protegida mediante rejas inclinadas con separación de 40 mm entre barrotes y ancho de 10 mm. La carrera que demanda sobre el embalse de Los Peares se ha establecido en 5 m. Que equivale a un volumen de 25,48 hm3. Para cumplir los valores mínimos para la sumergencia se ha diseñado esta toma a modo de pozo, evitando la entrada de aire en los niveles bajos de operación. Al igual que la toma superior, también la inferior irá dotada de un pozo de compuertas de tipo «tajadera».
Se construirá una subestación eléctrica de 220/13,8 kV tipo GIS (aislada por gas) a la intemperie, de 55 x 30 m de planta, sobre los terrenos del antiguo poblado de la central; así como una línea subterránea de conexión (a 220 V) con la subestación existente de Belesar. Esta línea tendrá una longitud de 113 m, y discurrirá soterrada en zanja.
Se construirán tres galerías de acceso a la caverna de la central, que partiendo del mismo portal de entrada en la antigua cantera de Belesar, permitan acceder a tres niveles distintos a la caverna de la central. Su longitud total será de 1.662 m. Deberá construirse una nueva pista de 200 m de longitud para dar acceso a la toma inferior, y reformarse la pista de acceso al antiguo poblado de la central.
Se estima un volumen de material procedente de la excavación, del orden de 395.000 m3. Los materiales extraídos se depositarán sobre la antigua cantera de Belesar utilizada para la construcción de la presa, así como en los terrenos del estribo izquierdo de la presa y en la antigua cantera Piñeiro. Los materiales vertidos servirán para rellenar las anteriores extracciones e implicará la restauración del terreno al estado previo a la construcción de la presa.
Alternativas. Las alternativas contempladas para los objetivos propuestos han sido:
Alternativa 0: alternativa de no actuación. No cumple los objetivos del proyecto.
Alternativa 1: repotenciación de Belesar. Sin carácter reversible, supone una detracción neta de volumen de agua del embalse. Usando el salto existente, contempla la construcción de una nueva central de 200 MW, implicaría una gran obra subterránea.
Alternativa 2 central reversible de Belesar. Aporta flexibilidad al sistema eléctrico sin detraer un volumen de agua adicional. Utiliza el embalse de Los Peares como contraembalse y permite acumular agua mediante bombeo en horas valle.
Presenta estas dos opciones de ubicación de la central, que difieren fundamentalmente en la longitud del túnel:
Alternativa 2A: túnel de derivación y de descarga de unos 2.300 m.
Alternativa 2B: túnel de derivación y de descarga de unos 1.700 m. El túnel de acceso a las obras subterráneas también es más corto, y es más favorable desde el punto de vista geológico.
Alternativa 2B optimizada. Introduce mejoras ambientales y sociales mediante el desplazamiento de la caverna de la central hacia aguas arriba. La chimenea no requiere acceso en superficie ni explanación para la construcción, implica una reducción de la línea eléctrica, que además irá soterrada. Supone la eliminación de un emboquille del túnel de desvío. Esta es la alternativa finalmente elegida.
En cuanto a las posibilidades de trazado de la línea eléctrica, para salvar la distancia existente entre el emplazamiento de la subestación de Belesar y Belesar III se han planteado las siguientes posibilidades:
Alternativa 1: trazado subterráneo por el borde la carretera existente, que es la finalmente elegida.
Alternativa 2: trazado aéreo.
Las alternativas de localización para los depósitos de materiales sobrantes son:
Prioridad
Descripción
Concello
Polígono
Parcela
Capacidad (m3)
1
Antigua cantera
Chantada
76
1083
296.276
2
Estribo izquierdo: aguas abajo de la presa
O Saviñao
89
700
106.293
2-2
Estribo izquierdo: aguas arriba de la presa
O Saviñao
89
2
90.000
3-A
Antigua cantera Piñeiro
Chantada
48
190
107.426
3
Zona degradada corredor Lalín-Monforte
Chantada
121
129, 143, 144, 331
76.500
4
Parcela junto a corredor Lalín-Monforte
Chantada
121
8
70.770
5
Parcela junto a corredor Lalín-Monforte
O Saviñao
119
302
117.000
Estos emplazamientos serán empleados en el orden expuesto en la tabla anterior, de 1 a 3-A, descartando los emplazamientos de orden 3, 4 y 5.
2. Elementos ambientales significativos del entorno del proyecto
2.1 Geología. La presa de Belesar se sitúa en una zona dominada por afloramientos de granodiorita conocida como el macizo granodiorítico de Chantada-Taboada. La potencia de la formación varía de 50 a 200 m, siendo frecuentes las intercalaciones de esquistos que predominan hacia el techo, desapareciendo las vulcanitas y dando paso a una serie de cuarcitas micáceas ortocuarcitas intercaladas con esquistos.
2.2 Hidrología. El río Miño, donde se ubica la actuación, pertenece a la Cuenca Hidrográfica del Miño-Sil. Tanto el Miño como el Sil son ríos regulares, aunque con un máximo de caudal en invierno y un mínimo en verano. A lo largo de su curso, hay docenas de embalses dedicados a la producción de energía. El Miño, antes de su confluencia con el Sil, tiene una aportación media de 2.624 hm3/año.
En un ámbito más inmediato a la presa y al propio embalse de Belesar, se localizan los siguientes cursos fluviales: río Seco, Ouriz, Barcelas, Puente de Enviande, Franza, Puente de Lama, Morín y río Asma, por la derecha; y Chousa, Portiño y Sardiñeira, Lama, Saviñao y Pesqueiras y Cortes, por la izquierda.
El embalse de Belesar se sitúa entre los concejos lucenses de Taboada, Chantada, O Saviñao, Paradela, O Páramo, Guntin y Portomarín, ocupa una superficie de 1.919 ha, presenta una cola de 50 km y un volumen de 654 hm3. En cuanto a la calidad de sus aguas, la termoclina se sitúa a unos 50 m de profundidad y, aunque no se observa ninguna capa anóxica, se obtiene bajo contenido en oxígeno a partir de la termoclina. Destaca una importante biomasa de cianofíceas, que conlleva su clasificación como eutrófico.
También se encuentran acuíferos aislados de poca entidad en el ámbito cercano a la presa.
2.3 Vegetación. En el ámbito de estudio, predominan los viñedos sobre laderas escarpadas, frecuentemente en terrazas. El viñedo está presente sobre todo en la mitad sur de la zona de actuación. El resto de la superficie presenta formaciones caducifolias, carballo (Quercus robur), castaño (Castanea sativa), Abedul (Betula alba), así como otras frondosas y coníferas alóctonas.
Así, en las inmediaciones de la presa de Belesar se mantiene una zona más o menos continua de arbolado caducifolio con carballos y en menor medida pequeños sotos de castaños y pies de abedul, salpicados con rodales de pino pinaster y eucalipto. También aparecen formaciones de tojal-brezal y de escobonal. En el entorno de la toma predomina una primera franja lineal de sauces arbustivos (Salix atrocinerea), siguiendo de forma discontinua la línea de la orilla, e inmediatamente después una franja con presencia mayoritaria de abedul. El acceso a la toma inferior trascurre por una zona poblada por castaños y carballos. El trazado de la línea eléctrica también se sitúa en una ladera con rodales de castaños y carballos además de otros pies alóctonos dispersos. Por otro lado, las zonas de depósito de materiales sobrantes no incluyen manifestaciones notables de formaciones caducifolias locales, y hay presencia de matorrales.
2.4 Fauna. Son los grupos faunísticos de los mamíferos, reptiles y aves, los que alcanzan una mayor representación. Destacando la comadreja (Mustela nivalis), y diversas especies de roedores y micromamíferos.
En el ámbito de la actuación se ha señalado la existencia de rapaces como el ratonero común (Buteo buteo) y el gavilán (Accipiter nisus), ligado a las formaciones caducifolias. También se ha constatado la presencia de halcón peregrino en los roquedos de la antigua cantera situada en la margen derecha de la cola del embalse de los Peares, emplazamiento que se plantea utilizar como vertedero.
En el medio acuático, los grupos faunísticos más reseñables son los peces y los anfibios, así como algunos mamíferos. En cuanto a la fauna ictícola cabe destacar la trucha, la anguila, la bermejuela y la boga del Duero. Del grupo de mamíferos destaca la probable presencia de nutria y desmán de los Pirineos. Estos últimos principalmente en los afluentes.
El estudio de impacto ambiental también tiene en cuenta el uso que pueden hacer los quirópteros de diferentes enclaves relacionados con las diferentes infraestructuras de las centrales.
2.5 Hábitats. En el ámbito de estudio se encuentra bien representado el Hábitat 9230 (Bosques galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pirenaica). Hay algunas muestras en la ladera donde se proyecta la línea subterránea, en el fondo del barranco próximo a la toma inferior y en el nuevo vial de acceso, donde también existen manchas puntuales del hábitat 4030 (Brezales secos europeos).
Por otra parte, en el ámbito de las zonas de depósito de materiales, pueden encontrarse salpicaduras del hábitat 4030 (Brezales secos europeos) y 4090 (Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga). Los hábitats 8220 (Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica) y 8230 (Roquedos silíceos con vegetación pionera del Sedo-Scleranthion o del Sedo albi-Veronicion dillenii) se localizan exclusivamente en la zona de depósito de la antigua cantera de Chantada.
2.6 Espacios protegidos. Los espacios más importantes localizados en un radio de 20 km son: Lugar de importancia comunitaria (LIC) E51120008 Monte Faro, que se encuentra a unos 10 km al oeste del proyecto. LIC ES1120016 Río Cabe; que se encuentra a unos 10 km al sureste. LIC ES1130004 Pena Veidosa; que se encuentra a unos 16 km al suroeste. LIC ES1120014 Canón do Sil; que se encuentra a unos 17 km al sureste.
2.7 Paisaje. El ámbito de actuación se encuadra dentro de un ámbito gallego muy singular, conocido como la Ribeira Sacra, cuya más importante señal de identidad reside en el aprovechamiento vitivinícola realizado en sus laderas.
Las gargantas y desfiladeros están muy bien representadas en este territorio por el encajonamiento de los ríos Miño y Sil. Es destacable paisajísticamente el efecto de las grandes infraestructuras de regulación hidráulica.
El hábitat humano implica la existencia de pequeños núcleos de población dispersos en asentamientos menores, en los que el uso del suelo genera un mosaico de explotaciones agrícolas menores, rodales de arbolado natural y plantaciones forestales, teselas de matorrales en diferentes estados de degradación, explotaciones ganaderas, linderos de parcelas por medio de ribazos de piedras o de setos vivos, etc.
2.8 Medio socioeconómico. La estructura económica de los tres municipios más cercanos al ámbito de la actuación (Chantada, Taboada y O Saviñao), está basada en el sector primario. Así, la agricultura es el sector que mayor número de habitantes emplea en Taboada y O Saviñao, seguidos por el sector servicios. En tercer lugar se sitúa la construcción y la industria. En cuanto al desarrollo turístico, cabe destacar la existencia de rutas fluviales por los ríos Miño y Sil, por la Ribera Sacra y las cercanías de la ciudad de Lugo, mediante catamaranes y embarcaderos monocasco. Además de la pesca, en el embalse de Belesar está permitida la práctica de deportes náuticos como el remo, el piragüismo o la vela.
Es importante también en el ámbito de estudio, la consolidación del llamado Camino Sur a Santiago, impulsado principalmente por la Asociación dos Camiños a Santiago por la Ribeira Sacra. Asimismo, existen varias rutas turísticas promovidas por los municipios del ámbito inmediato a la presa de Belesar.
2.9 Patrimonio cultural. Según los trabajos realizados por el promotor, en el área de estudio han sido inventariados tres yacimientos arqueológicos, una referencia a un posible yacimiento arqueológico, tres bienes pertenecientes al patrimonio histórico-artístico y doce bienes pertenecientes al patrimonio etnográfico.
Parte de las obras se sitúan en el entorno de protección de la Iglesia de Santo Estevo de Ribas de Miño (Decreto 262/2008 de 6 de noviembre. DOG de 28/11/2008). La iglesia fue declarada monumento por Decreto de 3 de junio de 1931 (GAC de 04/06/1931) y tiene consideración de Bien de Interés Cultural (BIC) por la disposición adicional primera de la Ley 16/85, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español.
3. Resumen del proceso de evaluación
3.1 Fase de consultas previas y determinación del alcance del estudio de impacto ambiental:
3.1.1 Entrada documentación inicial. Con fecha 14 de julio de 2008, se recibe en la entonces Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental la documentación ambiental del proyecto.
3.1.2 Consultas previas, relación de consultados y de contestaciones. Con fecha 26 de septiembre de 2008, el órgano ambiental inicia el trámite de consultas para determinar la necesidad de someter el proyecto a evaluación de impacto ambiental.
En la tabla adjunta se recogen los organismos consultados durante esta fase. Se indica con una «X» aquellos que han emitido informe en relación con la documentación ambiental:
Relación de organismos consultados
Respuestas
Confederación Hidrográfica del Miño-Sil.
–
Subdelegación del Gobierno en Lugo.
–
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Junta de Galicia.
–
Dirección General de Conservación de la Naturaleza de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Junta de Galicia.
X
Dirección General de Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Galicia.
X
Dirección General de Turismo de la Consejería de Innovación e Industria de la Junta de Galicia.
–
Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Innovación e Industria de la Junta de Galicia.
X
Diputación Provincial de Lugo.
–
Ayuntamiento de Chantada.
–
Ayuntamiento de O Saviñao.
–
Centro de Estudios Hidrográficos (CEDEX).
X
Sociedade Galega de Historia Natural (SGHNA-OURENSE).
–
Asociación para a Defensa Ecoloxica de Galiza–ADEGA.
–
Además se recibió informe de la Subdelegación del Gobierno en La Coruña, que no estima impactos ambientales significativos en el proyecto.
Los aspectos ambientales más relevantes considerados en las contestaciones a las consultas previas son los siguientes:
La Dirección General de Conservación de la Naturaleza de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Junta de Galicia destaca que, la actuación planteada, compromete el normal y natural funcionamiento del ecosistema fluvial, afectando especialmente a las especies piscícolas, menciona que aparecen nuevas infraestructuras impactantes sobre el medio natural y destaca que se producirá un incremento muy significativo de los caudales solicitados. Además considera a algunas medidas correctoras como insuficientes o inexistentes; e informa negativamente del proyecto.
El Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas considera que es posible que se produzcan impactos significativos debido a las nuevas detracciones de caudales. Menciona posibles afecciones a diferentes especies de fauna y flora, y destaca el interés en analizar tanto el efecto de la detracción de caudales como de la variación de niveles producida, así como un posible aumento de superficie de aguas lénticas.
La Dirección General de Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Galicia tiene en cuenta que el proyecto se desarrolla en el ámbito de la Ribeira Sacra, de importante valor paisajístico y cultural; y se localiza en paisajes con significación histórica, cultural y/o arqueológica.
En el entorno del proyecto se localizan bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural y que podrían verse afectados por las obras. Además destaca que se debe considerar la posible existencia de yacimientos arqueológicos aun no detectados. Respecto al patrimonio arquitectónico y etnográfico, menciona que existen gran cantidad de bienes susceptibles de protección por configurar el paisaje gallego y caracterizar culturalmente el territorio, haciendo hincapié en los molinos y puentes existentes en el río.
3.1.3 Resumen de las indicaciones dadas por el órgano ambiental al promotor sobre la amplitud y detalle del estudio de impacto ambiental, y sobre las administraciones ambientales afectadas.
La decisión de sometimiento del proyecto a evaluación de impacto ambiental, basada fundamentalmente en los potenciales efectos sobre los ecosistemas acuáticos asociados, y el resultado de las respuestas a las consultas se remitió al promotor el día 3 de septiembre de 2009, incluyendo una copia de las contestaciones recibidas y los aspectos más relevantes que debería incluir el estudio de impacto ambiental.
3.2 Fase de información pública y de consultas sobre el estudio de impacto ambiental, resultado. El órgano sustantivo sometió a información pública, de manera conjunta, los proyectos y estudios de impacto ambiental de los expedientes Modificación de características de concesión del salto de Belesar, T.M. de Chantada (Lugo), Central Hidroeléctrica de Belesar III y Modificación de características de concesión del Salto de los Peares (Lugo), Central Hidroeléctrica de los Peares III; mediante anuncio en el Boletín Oficial del Estado (BOE) n.º 186, de 4 de agosto de 2011, con corrección de errores en el BOE n.º 211, de 2 de septiembre de 2011. Así como en el Boletín Oficial de la Provincia de Lugo n.º 185, de 13 de agosto de 2011. También estuvieron expuestos en los Ayuntamientos de Chantada, O Saviñao, Carballedo y Pantón (Lugo).
Según se recoge en el expediente, el órgano sustantivo, en cumplimiento del artículo 9.3 del Real Decreto Legislativo 1/2008, solicitó, con fecha 28 de julio de 2011, informes a todas las Administraciones públicas afectadas y público interesado previamente consultados.
Con fecha 15 de febrero de 2012, el órgano ambiental recibió el expediente de información pública completo en el que, junto a los estudios de impacto ambiental y los proyectos de las actuaciones, se incluía la documentación generada como resultado de la información pública y consultas realizadas.
Con fecha 27 de marzo de 2012, tuvo entrada en el órgano ambiental, documentación complementaria presentada por el promotor ante el órgano sustantivo, con fecha 16 de marzo de 2012, consistente en los documentos Integración paisajística y transitabilidad de la CHR Belesar III (febrero 2012) e Integración paisajística y transitabilidad de la CH Peares III (febrero 2012).
En el transcurso del procedimiento de participación pública, se recibieron escritos remitidos por: la Dirección General de Medio Natural y Política Forestal del entonces Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino; la Secretaría General de Calidad y Evaluación Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras; la Dirección General de Conservación de la Naturaleza de la Consejería de Medio Rural; la Subdirección General de Programación y Proyectos de Aguas de Galicia de la Consejería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras; la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura y Deporte; y la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Economía e Industria, todas ellas de la Junta de Galicia. Así como el Ayuntamiento de Ourense y la Asociación Amigos da Terra. Además, la Asociación para a Defensa Ecoloxica de Galiza (ADEGA) remitió escrito directamente al órgano ambiental.
A continuación se resumen los aspectos ambientales más significativos del proceso de participación pública, así como la respuesta del promotor a las distintas consideraciones planteadas:
Justificación. La Asociación Amigos da Terra considera que en la Central Belesar III no hay una producción real de energía, ya que se va a consumir más en el bombeo que en la turbinación; que los ciclos de bombeo en horas valle, no van a ser correlacionados simultáneamente con los excesos de producción eólica. Y manifiesta que no se ha justificado un incremento de la demanda eléctrica.
A este respecto, el promotor señala que el sistema eléctrico necesita mantener un equilibrio instantáneo entre la energía consumida y generada. Las principales funciones de la central reversible serán tanto modular el sistema de generación con su rápida respuesta de carga en generación, como almacenar energía excedente mediante el bombeo en horas de excedente de producción, y generación eléctrica en los momentos de mayor demanda. Suavizando la curva de demanda. Estos excedentes vienen principalmente de los nuevos sistemas de generación renovables y no gestionables.
En este mismo sentido, Amigos da Terra, también indica que el proyecto no se justifica por la reducción de las emisiones de CO2, ya que al considerarse el bombeo, el balance sería equilibrado o negativo.
Gas Natural SDG, S.A., explica el modo de adecuación de las centrales a los valles de demanda, y justifica que la energía consumida durante el bombeo está relacionada con un mix energético puntual de baja contribución de combustibles fósiles y mayor porcentaje de eólica y nuclear que no producen emisiones directas de CO2. Esta energía queda almacenada en el embalse superior para aprovecharse cuando el sistema lo demande.
La Dirección General de Conservación de la Naturaleza indica que las infraestructuras necesarias más impactantes para el desarrollo del proyecto ya existen en la actualidad (embalses y presas de Belesar y Los Peares, viales y líneas de evacuación).
Informa que las obras proyectadas no se incluyen ni afectan a ningún espacio natural protegido y entiende que no se producirán impactos significativos sobre el medio natural y sobre el paisaje pues, a excepción de la subestación, las nuevas infraestructuras son subterráneas o permanecerán sumergidas bajo las aguas de los embalses.
Fragmentación e impacto acumulativo. La Dirección General de Medio Natural y Política Forestal alega fragmentación en la valoración de impactos, al tramitarse por separado los diferentes proyectos.
Gas Natural SDG, S.A., manifiesta que en los estudios de impacto ambiental de las centrales Belesar III y Los Peares III se considera el nuevo régimen de operación del conjunto de los aprovechamientos, incluyendo Belesar II y Los Peares II, tanto en la descripción del proyecto como en la identificación y valoración de impactos.
Por otro lado, la asociación Amigos da Terra y ADEGA, indica que no se ha valorado el impacto acumulativo y sinérgico que causan embalses y aprovechamientos del río.
A esta consideración, Gas Natural SDG, S.A. responde que en la valoración de impactos realizada se han tenido en cuenta todos los aprovechamientos y proyectos en el río Miño. Se hace especial referencia a las actuales centrales Belesar y Los Peares como a las de nueva construcción Belesar II y Peares II.
Geología y geomorfología. La Dirección General de Medio Natural y Política Forestal apunta a una inadecuada valoración de la afección a la geología y geomorfología. ADEGA, más allá de los valores geológicos, considera inadecuado el vertido de materiales en la cantera abandonada de Belesar, por producir un importante impacto paisajístico y ambiental, al encontrarse la cantera ya revegetada y en recuperación un ecosistema digno de protección.
Gas Natural SDG, S.A., manifiesta que en la matriz de impacto se relaciona la geomorfología con diferentes acciones del proyecto, para identificar los potenciales impactos. En fase de construcción se valora el impacto afección a los suelos y laderas por movimiento de tierras y circulación de vehículos y maquinaria. Por otro lado, se relaciona con la calidad visual del paisaje, de forma que los proyectos introducen mejoras del territorio restaurando antiguas zonas de préstamos.
Hidrología, régimen de caudales, gestión del embalse y oscilación. Amigos da Terra señala que según la Directiva Marco del Agua y la Ley de Aguas, deberán aplicarse las medidas necesarias para prevenir el deterioro del estado de todas las masas de agua superficial y alcanzar los objetivos medioambientales para las aguas superficiales.
El promotor responde que los proyectos no contemplan la construcción de nuevas presas ni aumento de su capacidad. Por tanto no introducirán cambios significativos en la calidad del agua.
Según la Dirección General de Medio Natural y Política Forestal, falta un estudio del régimen natural de caudales del tramo de río, que justifique los caudales ambientales y analice los aspectos de regulación de la presa de Los Peares, el aumento de caudal regulado y la afección al régimen natural. Apunta la necesidad de establecimiento de un régimen lo más natural posible en las dos presas, teniendo en cuenta posibles sinergias. Y considera que sería apropiado estudiar los índices de alteración hidrológica y la dinámica riparia.
El promotor sostiene que los caudales ecológicos serán fijados por la autoridad competente, en este caso la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil de acuerdo al Plan Hidrológico que se encuentra en fase de aprobación.
En cuanto a la afección al régimen natural de caudales, recuerda que se trata de un río regulado, tanto el mismo río Miño como su afluente el Sil y, por tanto, la variación en la regulación de las centrales propuestas no será significativa. En cuanto al efecto acumulativo sobre el régimen de caudales, se tiene también en cuenta, incorporando los efectos de la operación de Belesar II y Los Peares II.
La Dirección General de Medio Natural y Política Forestal, y la Dirección General de Conservación de la Naturaleza, consideran la posible afección por la oscilación del nivel del agua y afección al nivel freático y a los arroyos tributarios; así como que debe establecerse una vigilancia especial de sus efectos en la estabilidad de las orillas.
Gas Natural SDC, S.A., mantiene que si bien estos aspectos se han considerado en los estudios de impacto ambiental, se realizará un seguimiento del hábitat ripario, así como de la estabilidad de las orillas durante la fase de operación con objeto de conocer si las oscilaciones producirán impactos distintos de los previstos y poder proponer las medidas oportunas. Por otro lado, las fluctuaciones de nivel no van a diferir en valores absolutos de las del funcionamiento actual.
Fauna. La Dirección General de Conservación de la Naturaleza señala que deben analizarse los efectos de la aspiración sobre la fauna acuática de Los Peares. Los métodos a aplicar y los resultados obtenidos se deben someter al informe de la Dirección General de Conservación de la Naturaleza.
El promotor responde que durante la fase de operación de la central, se llevará a cabo un seguimiento de los efectos de la aspiración en la toma inferior sobre la fauna acuática. La metodología de este seguimiento y los resultados del mismo se pondrán a disposición de la Administración.
Por su parte, la Dirección General de Medio Natural y Política Forestal alega falta de información sobre la fuerza de succión en las rejas protectoras de las tomas, que produciría una posible afección a la fauna acuática en las tomas. La Dirección General de Conservación de la Naturaleza indica que para las tomas de las centrales debe completarse la protección de la fauna con la instalación de barreras sónicas, y procurar que la velocidad del agua para ambas tomas de Belesar III sea igual o menor de 1,0 m/s en el plano de la reja. Considera la posibilidad de reducir la velocidad en la toma de aspiración y, si la sumergencia es inferior a 2,5 m, que la velocidad en superficie sea menor a 1 m/s.
Gas Natural SDG, S.A., afirma que el diseño final de las tomas y sus rejas, permitirán que la velocidad del agua se reduzca hasta valores inferiores a 1m/s a su llegada a la toma. Para las pletinas de las rejas de las tomas y descargas de las centrales se proyectan rejas de barrotes de 10 mm de diámetro con separación de 40 mm, de acuerdo a la normativa vigente. No se considera por tanto la instalación de barreras sónicas ni otro tipo de dispositivos adicionales. Estos aspectos han sido tenidos en cuenta en la valoración de impactos sobre el hábitat fluvial. Finalmente señala que durante la fase de explotación se valorará si la frecuencia de revisión de la efectividad de las rejas es suficiente, y se implementarán las medidas oportunas.
El promotor manifiesta que la sumergencia de las dos tomas es superior a 5 m, y con sumergencias inferiores no se operará.
La Dirección General de Medio Natural y Política Forestal considera posible la afección a la nutria.
A este aspecto, el promotor considera que el posible impacto consistiría en molestias durante las obras, y se descarta impacto durante la fase de operación, pues el hábitat ya se encuentra modificado y la población de nutria está adaptada a la situación actual.
La Dirección General de Conservación de la Naturaleza manifiesta que se deben detallar los posibles efectos sobre la presencia de halcón peregrino en la antigua cantera de Belesar. En este sentido, la Secretaría General de Calidad y Evaluación Ambiental señala que, de confirmarse la presencia de la pareja de halcón deben evitarse las obras en esta zona durante el periodo de nidificación y cría; y el plan de vigilancia ambiental deberá incluir controles para documentar su comportamiento y adoptar las oportunas medidas. Según la mencionada Secretaría General, la pareja de halcón se reprodujo en la temporada de 2010. Por su parte, la Dirección General de Medio Natural y Política Forestal señala que, aun realizando el vertido después de la salida de los pollos, se puede producir afección a la pareja reproductora de halcón peregrino por el acopio de materiales.
El promotor manifiesta que, previamente al inicio de las obras, se confirmará la presencia de la pareja y las obras en este punto no se iniciarán hasta que se evite frustrar la prole. Esto es, se restringe el inicio de obras durante el periodo de reproducción y cría. Por el contrario, si se confirmase que ese año no se ha reproducido la especie en la zona, las obras podrían comenzar en cualquier momento. No obstante, se realizarán controles para documentar el comportamiento de la especie y, en su caso, adoptar las medidas oportunas.
Hábitats. La Dirección General de Medio Natural y Política Forestal señala afección a 5 hábitats de interés comunitario y necesidad de definir el hábitat que se alterará en la nueva zona seleccionada como vertedero, recogido en la adenda. También indica la alteración de las escorrentías y afección a la comunidad rupícola y de rezumaderos.
Gas Natural SDG, S.A., manifiesta que los hábitats de interés comunitario se han tenido en cuenta, tanto en cuanto a su descripción y valoración de afecciones, como en la fase de diseño. Así, se ha conseguido que en la solución adoptada, exista una superficie muy baja de hábitats naturales de interés que se vean afectados siendo 0,4 ha para ambos proyectos.
Respecto a la afección a las escorrentías y la comunidad rupícola de rezumaderos, el promotor manifiesta que se estudiará la posible inclusión de estas recomendaciones en el plan de vigilancia en obra. Estos aspectos se tendrán en cuenta en el detalle de la conformación de las zonas de depósito, en el marco del proyecto constructivo que deberá ser aprobado por la Confederación. Así, se proyectarán cunetas de guarda para asegurar la estabilidad de la formación y la calidad de las aguas de escorrentía.
Según la misma Dirección General de Medio Natural y Política forestal, el programa de vigilancia ambiental no contiene un seguimiento de la calidad del medio hídrico ni de los hábitats riparios en fase de funcionamiento.
Gas Natural SDG, S.A., considera la recomendación. Por ello se realizará un seguimiento del hábitat ripario durante la fase de operación con objeto de conocer los efectos de las oscilaciones de la central.
Áreas de protección urbanística y usos del suelo. Según Amigos da Terra el estudio de impacto ambiental no aporta información sobre las características del suelo, usos y el plan urbanístico. También alega que los movimientos de tierras podrían afectar a suelo rústico de protección de espacios naturales y de interés paisajístico, que deben ajustarse a la normativa autonómica.
Gas Natural SDG, S.A., manifiesta que, en paralelo a la tramitación del Estudio de Impacto Ambiental, se están gestionando los pertinentes permisos relativos al uso del suelo. Así mismo, el uso del suelo rústico afectado está contemplado dentro del artículo 33 de la ley 9/2002 de suelo y urbanismo de Galicia. La apertura de caminos no producirá un impacto significativo, y se realizará conforme a la normativa vigente.
Paisaje. La Dirección General del Patrimonio Cultural indica que la actuación de Belesar III de mayor visibilidad, es la toma inferior. Por este motivo la nueva documentación presentada por el promotor propone dos medidas para una mejor integración paisajística. Por una parte la realización de plantaciones autóctonas en los desmontes y en los taludes, y por otra parte la restitución de una falsa ladera sobre losa de hormigón en la mitad superior del vaciado, que reduciría considerablemente el impacto visual. La nueva propuesta para la toma inferior recogida en la documentación complementaria mejora la propuesta del estudio de impacto ambiental. Por otra parte, el paisaje que rodea el BIC se ve también mejorado con la recuperación de la cantera situada en frente.
Restauración ambiental. La Dirección General de Medio Natural y Política Forestal recomienda el empleo de especies ligadas a los hábitats existentes.
Gas Natural SDG, S.A., asume la recomendación.
Patrimonio cultural. Amigos da Terra hace constar la posible afección al Área de Protección legal del Castro de San Fiz.
Gas Natural SDG, S.A., señala que en el Estudio de Impacto Cultural, el efecto de la central sobre el Castro de San Fiz fue valorado, resultando compatible con la implantación de medidas correctoras, entre las que se encuentra que no podrán realizarse obras, ni ningún tipo de acopio o instalación, dentro del área de exclusión de obras delimitada. Las obras de los túneles de acceso y de descarga, se ejecutarán fuera del área de exclusión.
La Dirección General del Patrimonio Cultural condiciona el informe favorable al cumplimiento de ciertas medidas: para la toma inferior, se optará por la propuesta del estudio de integración paisajística presentado por el promotor, de manera que minimice la parte visible de las obras. Deberán ser objeto de evaluación previo a su uso o modificación aquellos accesos y depósitos de materiales en los que no se hayan evaluado los impactos sobre el patrimonio cultural en el trabajo de campo. Deberá realizarse un seguimiento arqueológico durante el replanteo, ejecución y restitución del terreno. Considera conveniente aprovechar el descenso de la cota de Belesar, en el marco del seguimiento arqueológico, para revisar del vaso del embalse, y documentar posibles bienes culturales. Los bienes del patrimonio cultural y sus áreas de protección figurarán en la cartografía del proyecto y en los planos del personal de obra. En estas zonas no se podrán realizar actividades no previstas en la documentación remitida.
Modificaciones introducidas por el promotor en el proyecto y estudio tras su consideración. Durante este trámite de información pública, el promotor decidió modificar el diseño de la toma inferior de la central Belesar III, de manera que se reducía considerablemente su impacto paisajístico, de acuerdo con las consideraciones de la Dirección General de Patrimonio Cultural. El efecto de esta modificación se considera ambientalmente positivo.
4. Integración de la evaluación
4.1 Análisis ambiental para selección de alternativas. Tras el análisis de las distintas opciones se optó por la alternativa 2B optimizada o central reversible con túnel corto, mejorada, por los siguientes motivos:
Frente a la alternativa 0, o de no actuación, la alternativa 2B elegida, permite optimizar el aprovechamiento hidroeléctrico de Belesar aprovechando las infraestructuras existentes, siendo éstos los elementos que ocasionarían mayor impacto si se construyeran a día de hoy. La alternativa 2B conseguirá disminuir la dependencia de combustibles fósiles y contribuir al abastecimiento de las puntas de demanda de forma rápida y eficaz con fuentes renovables y sin emisiones de gases de efecto invernadero.
La alternativa 2 de central reversible frente a la alternativa 1 de simple repotenciación, aporta estabilidad y capacidad reguladora al sistema eléctrico peninsular sin generar un gasto neto de recurso hidráulico embalsado.
Entre las dos alternativas de central reversible estudiadas, se opta por la 2B ya que considera túneles de conducción y acceso más cortos, reduciendo la generación de materiales de excavación y su manejo.
La alternativa 2B optimizada presenta mejoras ambientales sobre la alternativa 2B, al eliminar la línea eléctrica aérea, reducir el impacto visual y las obras en el exterior.
Ante las alternativas de tendido eléctrico, se elige la opción del trazado subterráneo frente a la del trazado aéreo, por los siguientes motivos: para un tramo de apenas 100 m, un trazado aéreo implicaría la instalación de dos torres de transición aéreo-subterránea y sus correspondientes equipos. Un nuevo vano tendría que sobre elevarse sobre las dos líneas aéreas ya existentes, generando mayor impacto visual. La traza subterránea, puede realizarse prescindiendo de vehículos, con menor apertura de pista y mantenimiento que un tramo aéreo; minimizando así la tala de árboles y sin necesidad de mantener una calle de seguridad como para un tramo aéreo.
En cuanto a las posibles localizaciones de los depósitos de materiales sobrantes se le da la mayor prioridad al relleno de la antigua cantera por suponer un recorrido muy reducido del transporte de material y permitir su posterior restauración. Por otro lado, la Dirección General de Patrimonio Cultural entiende que la restauración de esta cantera supondrá una mejora del entorno paisajístico del BIC Santo Estevo de Ribas de Miño.
En segundo lugar de prioridad se elige el estribo izquierdo de la presa de Belesar, por tratarse de una zona muy modificada durante la construcción de la presa.
Se prescinde de las alternativas de orden 3, 4 y 5 a favor de la zona de prioridad 3-A, con el objeto de reducir aún más el ámbito de acción de las obras, con similares volúmenes de depósitos sobre menores superficies. Además, con este emplazamiento, se permite acometer la restauración de otra antigua cantera.
4.2 Impactos de la alternativa elegida. Medidas preventivas, correctoras y/o compensatorias, seguimiento ambiental:
4.2.1 Impactos sobre la calidad del aire. Durante la fase de construcción, la reducción de la calidad del aire producida por el incremento de partículas en suspensión en el aire, emisiones de gases de escape de maquinaria y vehículos, así como el incremento del nivel de ruido por el trabajo de la maquinaria y voladuras no se considera significativo debido la proximidad entre las zonas de extracción y depósito de materiales, las distancias de las zonas de trabajo a las viviendas más cercanas, la reducción del tiempo de voladuras en superficie, así como el hecho de desarrollarse los trabajos en profundidad. El promotor plantea además proceder al riego con agua para estabilización de partículas de polvo, la cobertura de los camiones que transportan materiales de naturaleza pulverulenta, minimización de las emisiones gaseosas producidas por la maquinaria, así como el control de las emisiones sonoras de la obra y la adecuación de zonas para parque de obras y maquinaria.
Por su carácter subterráneo, durante la fase de explotación no se prevé un incremento de los niveles de ruido de los grupos, instalaciones o servicios auxiliares, ni se prevé que tenga lugar una superación de los límites de ruido establecidos para las poblaciones cercanas.
4.2.2 Impactos sobre la geología y el suelo. Aunque la zona no presenta especiales problemas de deslizamientos de laderas, que puedan producirse por los movimientos de tierras o funcionamiento de maquinaria, se toman medidas que aseguran su estabilidad, evitando además la proliferación de problemas erosivos. Estos problemas pueden evitarse con un adecuado diseño de la obra, en particular con una adecuada formación de taludes en las zonas de la toma. Posteriormente, en los puntos de obra superficiales, se llevarán a cabo medidas de restitución y revegetación.
La posible pérdida de suelo fértil acarreada por los movimientos de tierras y circulación de vehículos y maquinaria se considera muy reducida debido a la pequeña longitud de nuevos viales necesarios, a la disposición del parque de maquinaria y zonas de almacenamiento de materiales en lugares acotados, y a la ubicación de la subestación en una zona ya alterada y con escasa superficie de suelo afectado (0,5 ha). Además, se separará la capa de tierra vegetal afectada y se almacenará para utilizarla en la restitución del suelo.
El funcionamiento de la central introducirá elementos potencialmente causantes de erosión, como pueden ser la nueva descarga o el movimiento de la lámina de agua en el embalse. En cuanto al efecto del nuevo punto de descarga cabe señalar que la toma inferior o de descarga se encontrará sumergida en la cola del embalse de Los Peares, pudiendo laminarse los caudales de salida, sumergidos en todo momento; según el promotor la descarga se ha diseñado de forma que la velocidad de salida no sea superior a 1m/s, en un tramo de cauce poco susceptible a la erosión. Por otro lado, según el estudio de impacto ambiental, las laderas del embalse de Belesar ya se encuentran adaptadas a fluctuaciones del nivel de agua, por lo que no se prevén problemas a consecuencia de las nuevas oscilaciones. Será mayor la modificación de la oscilación en el embalse de Los Peares (donde vierte), sin embargo, según el promotor el nivel en Los Peares tampoco fluctuará rápidamente, y recalca que las paredes del vaso del embalse de Los Peares carecen de suelo, no siendo vulnerables a la erosión por la variación de la lámina de agua en un rango de 5 m de altura.
Sin embargo, la Dirección General de Conservación de la Naturaleza considera que debe establecerse una vigilancia especial de los efectos que las oscilaciones de nivel puedan originar en las laderas del embalse de Los Peares. El promotor asume realizar el mencionado seguimiento de la estabilidad de las orillas con el objeto de conocer si las oscilaciones de la central producirán impactos imprevistos y proponer las medidas oportunas.
De las respuestas del promotor a las observaciones de la Secretaría General de Calidad y Evaluación Ambiental en el trámite de información pública, se desprende que los emplazamientos propuestos como destino de tierras sobrantes son suficientes para los volúmenes calculados e incluso para un posible incremento de material. No obstante, se ha asumido que en caso de necesitarse nuevos destinos para posibles materiales sobrantes, se deberá remitir a la Secretaría General de Calidad y Evaluación Ambiental de la Junta de Galicia la posible propuesta, ambientalmente justificada, de destino de vertido de sobrantes, su cubicación y plan de restauración y revegetación.
4.2.3 Impactos sobre la hidrología e hidrogeología. Ante la posibilidad de afecciones al medio hidrogeológico durante la fase de obras, el estudio de impacto ambiental ha destacado la poca entidad del medio hidrogeológico del entorno. Sin embargo, la Dirección General de Medio Natural y Política Forestal, señaló un posible impacto sobre el nivel freático y a los arroyos tributarios, durante la fase de operación, por la oscilación del nivel de agua. Finalmente, el promotor asume realizar un seguimiento del hábitat ripario durante la fase de operación de las centrales, con objeto de conocer si las oscilaciones producirán impactos imprevistos y proponer las oportunas medidas; aunque también añade que las fluctuaciones de nivel no van a diferir en valores absolutos de las del actual funcionamiento.
Se ha considerado también un posible impacto por disminución de la calidad del agua por incremento de sólidos en suspensión en fase de obras. En este sentido, se ha previsto bajar la cota del embalse de forma que los puntos de trabajo de la toma quede resguardado, además se prevé una ataguía que protegerá la zona de trabajo aguas abajo de la presa. El promotor garantiza la circulación de un caudal ambiental aguas abajo de la presa muy superior al que la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil consideraba para este tramo, se coordinarán los trabajos para que el descenso del embalse sea el mínimo y durante no más de 4 meses. La ataguía será reforzada con mortero de cemento en el núcleo, evitando el lavado de materiales durante la obra.
Tanto durante la fase de obras como de funcionamiento, se ha tenido en cuenta una posible contaminación del agua y suelo debido a un inadecuado manejo de combustibles, residuos o vertidos. Este impacto se considera muy improbable si se procede a la adecuada implantación de las medidas habituales de carácter preventivo, asumidas al efecto.
Para la fase de funcionamiento, ante la obligación de prevenir el deterioro del estado de las masas de agua y alcanzar los objetivos medioambientales para las aguas superficiales, alegado por Amigos da Terra, el promotor considera que al no construirse nuevas infraestructuras de regulación estos proyectos no introducirán cambios significativos en la calidad del agua. También considera que se evita la modificación de la dinámica de transporte del río; y no se añadirán nuevos fenómenos de estratificación térmica, o eutrofización que puedan agravar las actuales características físico-químicas del agua.
4.2.4 Impactos sobre la vegetación. El estudio de impacto ambiental no considera que el proyecto pueda ocasionar un impacto significativo a la vegetación por el tránsito de vehículos y maquinaria durante las obras, puesto que, según indica el promotor, la mayoría de los puntos de obra no se encuentran rodeados de vegetación arbórea de interés y el 90 % de los viales ya están abiertos. En cualquier caso, se adoptarán las medidas oportunas, como delimitación de las zonas de tránsito, reducción de la zona de ocupación a una zona de bajo valor ambiental, protección de la vegetación más vulnerable con tablillas y modificación de zonas de paso o estrechamiento de la zona de trabajo.
Por otro lado, el proyecto implica la eliminación de vegetación por despeje y desbroce, si bien el promotor apunta a que buena parte de las instalaciones proyectadas serán subterráneas y la mayoría de los caminos de acceso ya existen, siendo sólo necesaria la construcción de 200 m de camino. El proyecto afectará a menos de 0,4 ha. de frondosas caducifolias, siendo la superficie total de vegetación afectada de menos de 0,5 ha., por lo que en el estudio de impacto ambiental la afección se ha calificado como compatible.
El promotor incluye un plan de restauración y revegetación de todas las zonas de actuación, y asume la consideración de la Dirección General de Conservación de la Naturaleza de trasplantar algunos pies a eliminar, a las zonas de revegetación. También asume la recomendación de la Dirección General de Medio Natural y Política Forestal de revegetar con especies ligadas a los hábitats existentes.
Durante la fase de obras también se considera la posible afección a la vegetación del margen de los embalses por el descenso de la lámina de agua en la fase de construcción de las tomas. Para reducir impactos ambientales se diseñan los trabajos de ambas centrales de manera que puedan tener lugar en un espacio de tiempo muy breve, de no más de 4 meses, en temporada estival; de modo que coincida en el mismo descenso la construcción de la toma inferior del Belesar III y la toma de Los Peares III. En el embalse de Belesar será necesario un descenso de 42 m y de 30 m en el embalse de Los Peares.
Según el promotor, la vegetación existente no configura un hábitat de ribera propiamente dicho, presentado niveles de desarrollo medios o escasos. Se trata de vegetación de transición entre el hábitat acuático y la vegetación terrestre de ladera. La lámina de agua de Belesar oscila anualmente, con una carrera de 25 m de media quedando los márgenes desprovistos de agua la mayor parte del tiempo. En Los Peares ya tuvo lugar en 2003 un descenso similar al proyectado sin que la vegetación de los márgenes experimentara cambios achacables al estrés hídrico. Los veranos frescos y húmedos frecuentes en la cuenca reducirían el posible estrés hídrico que pueda padecer la vegetación. En definitiva, el promotor considera este impacto compatible.
Del mismo modo, se considera una posible afección a la vegetación durante la fase de operación, causada por la oscilación del nivel del embalse. Sin embargo, según el promotor, dada la situación de cabecera del embalse de Belesar, considera que no experimentará cambios significativos, variando únicamente con un rizado de pocos metros sus valores diarios y semanales. El embalse de Los Peares que actualmente no experimenta una oscilación en sus cotas de más de 2 m a lo largo del año pasaría a tener un descenso del nivel de agua de hasta 5 m en el caso más desfavorable. La vegetación de bajo desarrollo situada en el perímetro de Los Peares, podría sufrir estrés hídrico al verse alejada del agua, sin embargo el agua se encontrará el 70 % del tiempo a sólo 2,5 m por debajo de su cota máxima de operación.
4.2.5 Impactos sobre la fauna. El promotor ha considerado el impacto producido en fase de obras por la presencia de personal y la propia ejecución de las obras, que podrían producir molestias a la fauna, que provoquen desplazamiento de especies, frustración de la reproducción, abandono de nidos o atropellos. Este impacto se vería agravado por la gran cantidad de volúmenes sobrantes que deben ser trasportados para su depósito, generando un importante tráfico de maquinaria; la utilización de explosivos y la duración de la obra (unos 42 meses).
En la zona cercana al proyecto pueden aparecer algunas especies de murciélagos y otras especies de interés como el lobo, la nutria, y la gineta, así como aves interesantes o emblemáticas, algunas de ellas catalogadas por la Directiva Hábitats. En la antigua cantera de Belesar, seleccionada para depositar el mayor volumen de material sobrante de excavaciones y para abrir el acceso definitivo a la central, se ha constatado la actividad de una pareja de halcón peregrino.
Según el estudio de impacto ambiental, para reducir estos efectos, se han propuesto zonas de depósito de materiales situadas próximas a las bocas de los túneles. Se diseña un plan de trabajo en las aperturas de las bocas de los túneles, donde se usarán explosivos, que no dure más de 6 a 8 semanas, y se realizarán explosiones controladas con cargas bajas. No se sitúan puntos de obra sobre hábitats de interés que puedan albergar especies catalogadas, y tampoco se prevé afección sobre reptiles y anfibios puesto que los cursos de agua se protegen de las obras.
Para evitar molestias a la pareja de halcón peregrino el promotor propone realizar prospecciones en el periodo reproductivo previamente al inicio de las obras y, en caso de confirmarse su presencia, se evitará el inicio de la obra en ese punto entre los meses de febrero y mayo (incluidos), indicándolo en el cronograma y plan de obra. Sin embargo, la Dirección General de Medio Natural y Política forestal señala que habrá afección al halcón peregrino incluso realizando el vertido después de la salida de los pollos, debido a la alteración de la zona. El promotor aclara que, en caso de confirmarse la reproducción de la especie, la medida establece la restricción de inicio de las obras durante el periodo de reproducción y cría y no se iniciarán hasta que se evite frustrar la prole. En este punto, la restricción y medidas asumidas por el promotor resultan acordes con el informe de la Secretaría General de Calidad y Evaluación ambiental. La Dirección General de Conservación de la Naturaleza considera adecuado el destino de los materiales procedentes de la excavación y su posterior tratamiento, así como las especies vegetales seleccionadas para las labores de revegetación. Sin embargo, considera que han de detallarse los efectos que, sobre el halcón peregrino, pueden tener las labores y actividades a realizar en la antigua cantera de Belesar, donde ha sido detectada su presencia.
También asume el promotor realizar controles específicos para documentar el comportamiento del halcón peregrino y, de ser el caso, adoptar medidas protectoras o correctoras que todavía no se hayan podido establecer conforme a lo propuesto por la Secretaría General de Calidad y Evaluación Ambiental.
En fase de funcionamiento, el estudio de impacto ambiental considera posibles impactos por cambios en la explotación que afectan a la fauna acuática: por las variaciones del caudal liberado y por el posible paso de la ictiofauna a través de turbinas y esclusas. Según responde el promotor al escrito de la Dirección General de Medio Natural y Política Forestal, se descarta afección a la nutria en fase de operación por encontrarse sus poblaciones ya adaptadas a las condiciones existentes.
La nueva fluctuación de la lámina de agua en el embalse de Los Peares puede poner en riesgo la viabilidad de las puestas de ciertas especies que no migran afluentes arriba. Sin embargo, según el promotor, la fauna piscícola ha adaptado sus pautas de comportamiento al actual aprovechamiento hidroeléctrico; la trucha común y los ciprínidos autóctonos buscan los lugares de freza remontando los afluentes; la nueva descarga de Belesar III se situará a 1000 m aguas abajo de la actual descarga de Belesar I, evitando salir toda la carga del caudal en el mismo punto. La descarga o toma inferior se situará sumergida en la cola de Los Peares, y se ha diseñado la descarga para no superar la velocidad de salida de 1m/s para no arrastrar alevines ni erosionar el lecho fluvial.
Para evitar el paso de ictiofauna a través de las turbinas, el proyecto propone la instalación de rejas en ambas tomas con una luz de 4 cm. Según ha respondido el promotor, se diseñan las tomas y las descargas de las centrales para una velocidad inferior a 1 m/s, que evita el efecto llamada para los peces en modo descarga, así como que se vean atrapados en modo «toma».
La Dirección General de Conservación de la Naturaleza solicitó que se completara la protección mediante barreras sónicas en ambas tomas, medida que el promotor no cree conveniente aplicar, puesto que considera que ya se cumple con al normativa aplicable (artículo 82 del Decreto 130/1997, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de ordenación de la pesca fluvial y de los ecosistemas acuáticos continentales). El promotor afirma en su respuesta al informe de la Dirección General de Medio Natural y Política Forestal que durante la fase de explotación se valorará si la frecuencia de revisión de la efectividad de las rejas propuesta es suficiente y, en su caso, se implementarán las medidas adicionales que se estime oportuno para garantizar la protección de la ictiofauna.
Finalmente, el promotor asumió la prescripción de la Dirección General de Conservación de la Naturaleza, de llevar a cabo un seguimiento de los efectos de la aspiración sobre la fauna acuática durante la fase de operación de la central, y poner a disposición de la Administración la metodología y los resultados de ese seguimiento. Del resultado de la información pública también se desprende que el diseño de las tomas de Belesar III cumplen las prescripciones formuladas por la Dirección General de Conservación de la Naturaleza, en cuanto a sumergencias de las tomas y velocidad y superficie.
4.2.6 Impactos sobre espacios protegidos y hábitats. No se ha considerado que pueda producirse afección significativa a espacios protegidos.
El estudio de impacto ambiental cuantifica en 4000 m2 la superficie de hábitats del anexo I de la Directiva hábitats (Directiva 92/43/CEE) que puede verse mermada por la construcción del proyecto, a lo que habría que añadir los hábitats situados en zonas de depósito de materiales sobrantes. De los hábitats presentes, el que sufriría mayor afección sería el 9230 Bosques galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaic, en una superficie de 3450 m2. No se prevé afección a hábitats prioritarios. La Dirección General de Conservación de la Naturaleza informa de que no se prevén efectos negativos sobre ninguno de los hábitats inventariados.
A la alegación de la Dirección General de Medio Natural y Política Forestal, que señalaba una posible alteración de las escorrentías que afectaría a la comunidad rupícola de rezumaderos y paredones húmedos, el promotor asumió estudiar la posible inclusión de estas recomendaciones en el plan de vigilancia en obra. Del mismo modo, se realizará un seguimiento del hábitat ripario durante la fase de operación con objeto de conocer si las oscilaciones producirán impactos no previstos y proponer las medidas oportunas.
4.2.7 Impactos sobre el paisaje. Según el estudio de impacto ambiental, los valores singulares, estéticos y culturales, así como la relación entre el hombre y el medio natural, han promovido la propuesta de la Ribeira Sacra como paisaje protegido. Actualmente dicha propuesta se encuentra en proceso de valoración por la Junta de Galicia.
Durante la construcción de los proyectos de las centrales hidroeléctricas el paisaje se verá afectado por la presencia de obras: bocas de los túneles, lugares de tránsito de camiones y maquinaria; así como el contorno de los embalses descubierto durante el descenso de cota, en un perímetro de 99 km del embalse de Belesar y de 43 km en el de Los Peares.
Si bien las obras durarán unos 42 meses, se coordinarán los trabajos para que los descensos de los embalses no duren más de 4 meses, teniendo en cuenta que gran parte de las obras proyectadas serán subterráneas.
La presencia de las nuevas instalaciones y su funcionamiento también provocarán una alteración paisajística durante la fase de explotación. En concreto, para la central Belesar III, serían visibles las instalaciones de la subestación, que se situará en los terrenos del antiguo poblado de Belesar, ya urbanizado y de baja visibilidad. El nuevo ciclo turbinación-bombeo provocará un mayor movimiento de la lámina de agua en el embalse de Los Peares que mostrarán mayor superficie de banda árida. Sin embargo, el promotor destaca que el nivel del embalse de Los Peares se encontrará el 73,5 % del año a una cota sólo 2,5 metros por debajo de la actual; y que, al estar muy encajado, no dejará gran superficie visible.
Para el diseño de la toma inferior, la Dirección General del Patrimonio Cultural, ve conveniente la propuesta del estudio de integración paisajística elaborado por el promotor como documentación complementaria, que consigue minimizar la parte visible del túnel de descarga/toma con la construcción de una falsa ladera sobre losa de hormigón en la mitad superior de la obra y plantaciones en los taludes. Cree adecuadas la medidas de integración paisajística, y considera que el paisaje que rodea al BIC Iglesia de Santo Estevo mejora con la recuperación de la ladera afectada por la cantera.
4.2.8 Impacto socioeconómico. Actualmente existen varias actividades o medios de recreo o interés turístico en la zona, entre los que destacan las rutas fluviales, el Camino Sur a Santiago, o Camino de Invierno, la pesca, la práctica de deportes náuticos y otras rutas turísticas.
La presencia de obras resulta disuasoria para el turismo, por las molestias que produce y los mencionados efectos paisajísticos. La necesidad de detener en verano las dos rutas de catamaranes que circulan por el embalse de Los Peares por el descenso de cota y la limitación de la práctica de la pesca, podría limitar los ingresos procedentes de estas actividades recreativas y de turismo local.
Por estos motivos, se planificará que los descensos de nivel no duren más de 4 meses y se hagan coincidir las obras en el embalse de Los Peares. Ante la obligación de detener las rutas de catamarán de Los Peares, el estudio de impacto ambiental plantea alternativas cercanas, como las rutas fluviales del Sil.
La Subdirección General de Programación y Proyectos de Aguas de Galicia de la Consejería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, adjunta informe del servicio de Planificación y Programación Hidrológica indicando que las actuaciones propuestas no afectan a ninguna actuación planificada en materia de abastecimiento dentro del Plan Agua.
En fase de explotación, el estudio de impacto ambiental considera que el calado del embalse seguirá siendo en todo momento suficiente para la navegación de los catamaranes, realizándose el acondicionamiento de los embarcaderos a la nueva operación del embalse, y que la playa de A Cova seguirá siendo útil para el baño.
4.2.9 Impacto sobre el patrimonio cultural. El estudio de impacto ambiental presenta un estudio de impacto cultural en sus anejos, donde determina la posible existencia de afección a 18 yacimientos o bienes culturales. Finalmente valora todos los posibles impactos como compatibles tras la aplicación de las medidas previstas.
La Dirección General del Patrimonio Cultural, informa favorablemente el proyecto, condicionado a cinco medidas que se integran en esta declaración de impacto ambiental. Estima que las soluciones propuestas pueden ser compatibles con los valores culturales del entorno del BIC Igrexa de Santo Estevo siempre que los proyectos tengan la calidad suficiente y las intervenciones se reduzcan al máximo, sigan las líneas de diseño marcadas en la documentación y se integren en la orografía y cromatismo del paisaje.
4.3 Relación de las medidas preventivas o correctoras previstas:
Riegos con agua para estabilización de partículas atmosféricas (polvo).
Cobertura de camiones de transporte de materiales.
Control del tráfico y de la velocidad de circulación, minimizando las emisiones gaseosas.
Control de las emisiones sonoras, requiriendo especificaciones técnicas en la decisión de adquisición de equipos.
Adecuación del parque de obras y maquinaria, y planificación y balizamiento de las superficies de actuación.
Primar la reutilización de inertes generados. Acopio y reutilización de la tierra vegetal.
Estabilización de taludes y control de la erosión.
Restauración y revegetación de superficies e integración paisajística.
Protección de pies de vegetación singulares.
Establecimiento de barreras o cunetas en áreas próximas a cauces.
Utilización de balsas de decantación para el tratamiento del agua procedente de los túneles.
Disposición de punto de lavado de hormigoneras fuera de zonas sensibles.
Almacenamiento y gestión de residuos peligrosos.
Instalación de cubetos de retención en los transformadores.
Control y tratamiento de aguas sanitarias.
Plan de prevención y extinción de incendios.
Rastreo preoperacional de fauna en zonas sensibles.
En su caso, restringir el inicio de los trabajos en la antigua cantera de Belesar para no frustrar la nidificación del halcón peregrino.
Instalación de dispositivos de interdicción para la fauna acuática.
Acondicionamiento de los embarcaderos en el embalse de Los Peares.
4.4 Seguimiento ambiental de las medidas propuestas. El estudio de impacto ambiental incluye un Plan de Vigilancia Ambiental (PVA) que establece un sistema de control de los impactos ambientales y medidas preventivas y correctoras del proyecto, en sus diferentes fases de implementación.
Los objetivos específicos del PVA son:
Establecer un sistema que garantice el cumplimiento de las indicaciones y medidas protectoras y correctoras del estudio de impacto ambiental, así como de los condicionados de la declaración de impacto ambiental.
Plantear un programa de seguimiento de las incidencias previstas y de aquellas que pudieran surgir, permitiendo detectar las desviaciones de los efectos previstos, y de nuevos impactos no previstos, para redimensionar las medidas correctoras propuestas o, en su caso, adoptar otras nuevas.
Permitir un seguimiento eficaz y sistemático, por parte del operador y de la Administración, tanto del cumplimiento de las medidas y condiciones, como de las alteraciones previstas o imprevistas que puedan aparecer.
Para ello, las actuaciones de control se ordenan en los planes que se indican a continuación de acuerdo con el factor ambiental a controlar y la fase del proyecto:
Fase de construcción:
Plan general previo al inicio de las obras.
Plan de control de las áreas de actuación.
Plan de control de ruido y de la calidad del aire.
Plan de control de residuos y efluentes.
Plan de vigilancia y control de cauces y calidad de las aguas.
Plan de control del paisaje.
Plan de control sobre el tráfico.
Plan de control del medio natural y de la restauración vegetal.
Otros planes o actuaciones de control (formación en buenas prácticas).
Fase de explotación:
Plan de control de revegetación, restauración y paisaje.
Plan de control de la fauna piscícola.
Plan de control de ruido.
Plan de control y gestión de los residuos y vertidos.
Plan de restitución de servicios y servidumbres afectadas.
Fase de desmantelamiento: las acciones de control, periodicidad e indicadores de esta fase se establecerán en los informes a remitir al órgano ambiental correspondientes a las fases previa y posterior al desmantelamiento, que requerirán la aprobación del citado organismo.
Durante la ejecución del PVA se elaborarán informes periódicos que recopilarán los resultados y conclusiones derivados de las actuaciones implementadas, la evolución del proyecto y su incidencia ambiental. Estos informes serán presentados ante las Administraciones competentes.
5. Condiciones al proyecto
Para la realización del proyecto se deberán cumplir, además de todas las medidas preventivas y correctoras propuestas y aceptadas por el promotor durante todo el proceso de evaluación de impacto ambiental, las siguientes condiciones de protección ambiental específicas:
5.1 Fase de obras:
5.1.1 Destino de materiales sobrantes. Según señaló la Secretaría General de Calidad y Evaluación Ambiental, en caso de no resultar suficientes los emplazamientos propuestos para el vertido de materiales sobrantes de las excavaciones, se deberá remitir a la Secretaría General de Calidad y Evaluación Ambiental de la Junta de Galicia, la posible propuesta, ambientalmente justificada, de destino de vertido de sobrantes, su cubicación y plan de restauración y revegetación.
5.1.2 Protección del régimen de caudales. Se garantizará en todo momento la continuidad de circulación de los caudales por el tramo del Miño durante las obras. Al efecto se construirán las ataguías proyectadas.
5.1.3 Afección al halcón peregrino. Previamente al inicio de las obras en la cantera de Belesar se deberán realizar controles específicos para documentar la presencia y el comportamiento de la pareja reproductora de halcón peregrino presente en la cantera de Belesar. Dichos trabajos se realizarán en coordinación con la Dirección General de Conservación de la Naturaleza de Galicia.
En su caso y para evitar afecciones a la pareja de halcón, se ampliará el periodo de prohibición de actuar en la cantera hasta que se asegure no frustrar la prole. Dicho periodo será establecido por el organismo competente de la Junta de Galicia, que valorará el calendario de trabajos en la cantera, y propondrá cualquier otra prescripción o limitación que considere oportuna tras el resultado de los trabajos de campo.
5.1.4 Restauración ambiental. Tal y como expresó la Dirección General de Conservación de la Naturaleza de la Junta de Galicia, respecto al plan de restauración y revegetación, se evaluará la posibilidad de trasplante de algunos pies a eliminar, en función de su valor intrínseco y posibilidades de re-arraigo. Y según la recomendación de la anterior Dirección General de Medio Natural y Política Forestal, se revegetará con especies ligadas a los hábitats existentes.
5.1.5 Integración paisajística. Se deberán adoptar las medidas de integración paisajística contempladas en los estudios de integración paisajística aportados, así como las prescripciones de la Dirección General de Patrimonio Cultural.
Para la toma inferior, se adoptará la propuesta reflejada en la documentación sobre integración paisajística aportada por el promotor, de modo que minimice al máximo la parte visible de las obras.
5.1.6 Patrimonio cultural. Se deberán cumplir las condiciones prescritas en el informe de la Dirección General de Patrimonio Cultura, en concreto:
Respecto a los accesos a la obra y a los depósitos de materiales definidos en la documentación, de los que no se tengan evaluados los impactos sobre el patrimonio cultural en el trabajo de campo incorporado al estudio de impacto ambiental, deberán ser objeto de esta evaluación previa a su utilización o modificación.
Se realizará un control y seguimiento arqueológico durante las fases de replanteo, ejecución de obra y de restitución de los terrenos, en todo el ámbito del proyecto. A tal fin, se presentará un proyecto de intervención, ajustado a lo establecido en la normativa vigente en la Comunidad de Galicia en materia de actividad arqueológica.
Durante el descenso de nivel del embalse sería conveniente que, en el marco del seguimiento arqueológico, se llevara a cabo una revisión de la superficie generada al bajar el nivel del agua, a los efectos de documentar la existencia de bienes del patrimonio cultural.
Los bienes del patrimonio cultural y sus áreas de protección deberán figurar en la cartografía del proyecto y en los planos que emplee el personal de la obra, con las indicaciones precisas para su comprensión. En estas áreas no se podrá realizar ningún tipo de acción relacionada con el proyecto, no prevista en la documentación evaluada.
Basándose en los resultados de las actuaciones arqueológicas, la Dirección General del Patrimonio Cultural decidirá sobre la conveniencia de establecer otras medidas de protección.
5.2 Fase de funcionamiento:
5.2.1 Régimen de caudales. El régimen de caudales ambientales estará condicionado a lo que establezca el Plan Hidrológico de la Demarcación de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil y a las condiciones específicas de la concesión que pueda establecer el organismo de cuenca.
5.2.2 Dispositivos de franqueo. Se estará a lo dispuesto en el artículo 76 del Decreto 30/1997, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de ordenación de la pesca fluvial y de los ecosistemas acuáticos continentales, sobre la competencia para acordar la suficiencia de dispositivos de franqueo para la ictiofauna. Así como la necesidad de la implantación de otros dispositivos adicionales en las obras de las tomas que garanticen la protección de la fauna acuática. Para ello se estará a lo que establezca el organismo autonómico competente.
5.2.3 Seguimiento ambiental. Durante la fase de funcionamiento de la central, en conformidad con lo informado por la Dirección General de Conservación de la Naturaleza, se deberá establecer una vigilancia especial de los efectos que las oscilaciones de nivel puedan originar en las laderas.
Según ha asumido el promotor en su respuesta al informe de la Dirección General del Medio Natural y Política Forestal, se estudiará durante el seguimiento ambiental la posible afección a comunidades rupícolas de rezumaderos y paredones húmedos, por alteraciones de la escorrentía. Se realizará seguimiento de la evolución del hábitat ripario para analizar posibles efectos no considerados de las oscilaciones de nivel.
Siguiendo las prescripciones de la Secretaría General de Calidad y Evaluación Ambiental, el plan de vigilancia ambiental deberá incluir los controles que permitan conocer si la demodulación de los caudales naturales produce impactos distintos de los previstos en la actual fase del proyecto, tanto aguas arriba como aguas abajo de cada una de las centrales proyectadas. Y, en su caso, proponer medidas preventivas o correctoras de los impactos que se detecten.
Una vez concluida la fase de obras, dentro del plan de vigilancia ambiental, se realizarán controles específicos, para documentar el comportamiento de la pareja de halcón peregrino en la cantera de Belesar. Los resultados de estos estudios serán comunicados al organismo competente y, de ser el caso, se establecerán las oportunas medidas protectoras o correctoras, conforme a lo informado por la secretaría General de Calidad y Evaluación Ambiental de la Xunta de Galicia.
Siguiendo las recomendaciones de la Dirección General de Medio Natural y Política Forestal, de cara a realizar un seguimiento exhaustivo de la calidad del hábitat fluvial y de la funcionalidad de los dispositivos de interdicción propuestos, se llevarán a cabo campañas de campo de ictiofauna que aportarán más información y servirán para valorar el funcionamiento de las medidas.
Deberá efectuarse un seguimiento detallado de los efectos de la aspiración de la central Belesar III en Los Peares sobre la fauna acuática. Los métodos a aplicar y los resultados obtenidos se someterán al informe de la Dirección General de Conservación de la Naturaleza.
Se valorará si la frecuencia de revisión de la efectividad de las rejas propuesta (en las tomas) es suficiente y, en su caso, se implementarán las medidas adicionales que se estime oportuno para garantizar la protección de la ictiofauna, de acuerdo con el organismo autonómico competente.
El promotor deberá explicitar, en los carteles anunciadores de las obras correspondientes al proyecto evaluado, el BOE en el que se publica la DIA.
En consecuencia, el Secretario de Estado de Medio Ambiente, a la vista de la propuesta de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural, formula declaración de impacto ambiental favorable a la realización del proyecto Modificación de características de concesión del salto de Belesar, término municipal de Chantada (Lugo), Central hidroeléctrica de Belesar III, al concluirse que siempre y cuando se autorice en la alternativa de central reversible en caverna en su opción 2B optimizada, trazado de línea eléctrica subterráneo, y ubicación de zonas de depósitos de materiales en la antigua cantera del embalse de Belesar en Chantada, así como en el estribo izquierdo de la presa aguas abajo y aguas arriba de la misma, y en la antigua cantera de Piñeiro en Cantada; en las condiciones anteriormente señaladas, que se han deducido del proceso de evaluación, no producirá impactos adversos significativos.
Lo que se hace público, de conformidad con el artículo 12.3 del texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, y se comunica a Confederación Hidrográfica del Miño-Sil Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para su incorporación al procedimiento de aprobación del proyecto.
Madrid, 11 de diciembre de 2012.–El Secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos de Armas.
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Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
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2017-05-04
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BOE-B-2014-38868
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Resolución de 12 de abril de 2017, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se publica el Convenio de colaboración con Cruz Roja Española, en materia humanitaria e identificación de cadáveres.
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<titulo>Resolución de 12 de abril de 2017, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se publica el Convenio de colaboración con Cruz Roja Española, en materia humanitaria e identificación de cadáveres.</titulo>
<diario codigo='BOE'>Boletín Oficial del Estado</diario>
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<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Con fecha 6 de abril de 2017 se ha suscrito el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Justicia y Cruz Roja Española en materia humanitaria e identificación de cadáveres.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de dicho Convenio, que figura como anexo a esta Resolución.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Madrid, 12 de abril de 2017.–La Secretaria de Estado de Justicia, Carmen Sánchez-Cortés Martín.</p>
<p class='anexo_num' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>ANEXO</p>
<p class='anexo_tit' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Convenio de colaboración entre el Ministerio de Justicia y Cruz Roja Española en materia humanitaria e identificación de cadáveres</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Madrid, 6 de abril de 2017.</p>
<p class='centro_redonda' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>REUNIDOS</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El Ministro de Justicia en funciones, Sr. Don Rafael Catalá Polo, de acuerdo con el Real Decreto 829/2014, de 28 de septiembre, y en uso de las competencias que le corresponden en virtud del artículo 61 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El Presidente de Cruz Roja Española, Sr. Don Javier Senent García, en nombre y representación de esta Institución Humanitaria, en virtud de su elección en la VIII Asamblea General de la institución; nombramiento que fue ratificado por el Consejo de Ministros mediante el Real Decreto 210/2015, de 23 de marzo.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Las partes se reconocen mutuamente plena capacidad de actuar en la representación legal que ostentan para suscribir el presente convenio de colaboración y, a tal fin,</p>
<p class='centro_redonda' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>MANIFIESTAN</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Primero.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El Estado tiene competencia exclusiva en material de Administración de Justicia de acuerdo con el artículo 149 1.5.ª de la Constitución Española.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Segundo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, recoge, en su Título Preliminar, los principios de colaboración entre las Administraciones Públicas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Además las citadas Administraciones Públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho de acuerdo con el artículo 3.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público Estatal, y celebran convenios de colaboración, entre otros, con entidades de carácter jurídico-privado para un fin común.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Tercero.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, reforma la medicina forense al configurar los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses como pilares de su organización.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En el curso de las actuaciones procesales o de investigación de cualquier naturaleza incoadas por el Ministerio Fiscal, estarán a las órdenes de los jueces, magistrados, fiscales y encargados del registro civil, ejerciendo sus funciones con plena independencia y bajo criterios estrictamente científicos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El Real Decreto 386/1996, de 1 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses, establece, en su artículo 1, que se constituyen como órganos técnicos cuya misión es auxiliar a los juzgados, tribunales, fiscalías y oficinas del registro civil mediante la práctica de pruebas periciales médicas, tanto tanatológicas como clínicas y de laboratorio, así como realizar actividades de docencia e investigación relacionadas con la medicina forense, y en su artículo 8 atribuye a los servicios de Patología Forense la identificación de cadáveres y restos humanos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El artículo 13 del citado Real Decreto establece que podrán colaborar con otras instituciones a través de los convenios y otros instrumentos de cooperación que se acuerden por el Ministerio de Justicia o, en su caso, por las Comunidades Autónomas que hayan recibido los traspasos de medios para el funcionamiento de la Administración de Justicia.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Cuarto.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (en adelante, INTCF) es un órgano técnico adscrito al Ministerio de Justicia, cuya función es auxiliar a la Administración de Justicia y contribuir a la unidad de criterio científico y a la calidad de la pericia analítica, así como al desarrollo de las ciencias forenses, según el artículo 480 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Su organización y supervisión corresponden a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, que depende de la Secretaría General de Modernización y Relaciones con la Administración de Justicia que, a su vez depende de la Secretaría de Estado de Justicia, y su reglamento ha sido aprobado por Real Decreto 862/1998, de 8 de mayo («BOE» de 5 de junio).</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Quinto.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Cruz Roja Española es una institución humanitaria de carácter voluntario y de interés público, que desarrolla su actividad bajo la protección del Estado Español ejercida a través del Consejo de Protección.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Se rige por los convenios internacionales sobre la materia en los que sea parte España, por el Real Decreto 415/96, de 1 de marzo, modificado por el Real Decreto 2219/1996, de 11 de octubre, por sus Estatutos (Orden MTAS de 4 de septiembre de 1997 y modificaciones posteriores) y por su Reglamento General Orgánico y demás normas internas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Asimismo, el artículo 3 de sus Estatutos, establece que Cruz Roja Española, posee personalidad jurídica propia y plena capacidad jurídica y patrimonial para el cumplimiento de sus fines, los cuáles se recogen en el Capítulo II, artículo 5.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Sexto.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Entre las diversas actividades que desarrolla Cruz Roja Española, se encuentra la búsqueda de personas desaparecidas, inherente al Movimiento Internacional de la Cruz Roja desde su creación, hace ya más de 150 años.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En el ámbito del restablecimiento del contacto familiar, Cruz Roja Española desarrolla, entre otras, la prestación de búsqueda de personas separadas de sus seres queridos como consecuencia de procesos migratorios, catástrofes naturales, conflictos bélicos y disturbios internos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Cruz Roja Española posee una extensa red de Servicios de Restablecimiento del Contacto Familiar a lo largo del Estado Español, con una estrecha vinculación en 186 países del mundo; a través de la cual tiene capacidad para actuar más allá de las fronteras nacionales con total transparencia, con una metodología conjunta y garantizando la confidencialidad.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Séptimo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El actual y complejo contexto migratorio con la progresiva internacionalización y dispersión de las familias y los múltiples casos de personas desaparecidas en el transcurso de sus periplos migratorios trae hasta el Servicio de Restablecimiento del Contacto Familiar de Cruz Roja Española solicitudes de búsqueda de familiares de inmigrantes desaparecidos y, para dar respuesta a las mismas, es necesario articular nuevas fórmulas de trabajo. Por otra parte, en el ámbito de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses, y en el marco de los correspondientes procesos judiciales, existen cadáveres sin posibilidad de identificación, al no contar con referencias familiares que faciliten información que permita contrastar los datos «ante mortem» con los «post mortem».</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Por ello, y buscando dar respuesta a las familias, toda vez que es un derecho fundamental de las mismas conocer el paradero de sus seres queridos desaparecidos, y facilitar la identificación que permita el cierre de los correspondientes procesos judiciales, las instituciones firmantes manifiestan su interés en establecer una vía de colaboración entre los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses y Cruz Roja Española en la gestión de cadáveres sin identificación.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Las partes más arriba expresadas se reconocen mutuamente la capacidad legal necesaria en la representación en la que actúan para suscribir este convenio de colaboración, conforme a las siguientes:</p>
<p class='centro_redonda' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CLÁUSULAS</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Primera. Objeto y compromisos de las partes.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Es objeto del presente convenio la colaboración en materia humanitaria y en identificación de cadáveres entre el Ministerio de Justicia, dentro del ámbito de sus competencias, y Cruz Roja Española, como institución humanitaria de carácter voluntario y de interés público.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Más concretamente el ámbito de colaboración será el intercambio de datos de personas desaparecidas entre los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, y el Servicio de Restablecimiento del Contacto Familiar de Cruz Roja Española, para dar servicio a aquellos familiares inmersos en los procesos de búsqueda de personas separadas de sus seres queridos como consecuencia de procesos migratorios, catástrofes naturales, conflictos bélicos y disturbios internos, en razón del interés conjunto en la búsqueda personas desaparecidas y la identificación de cadáveres a tal fin.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Compromisos del Ministerio de Justicia:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) Los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses dependientes del Ministerio de Justicia compararán con sus bases de datos de cadáveres no identificados, los datos de personas desaparecidas que facilite Cruz Roja Española. En caso de posible coincidencia, y en los términos que fije la autoridad judicial, se comunicará a Cruz Roja española, a fin de que facilite el contacto con los familiares para la realización de las pruebas pertinentes.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) El Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses colaborará, en los casos que el órgano judicial lo solicite, en la realización de las pruebas de ADN, así como cualquier otra que se considere necesaria para la identificación.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>c) El Ministerio de Justicia pondrá en conocimiento de aquellas comunidades autónomas con transferencias en materia de Administración de Justicia la existencia del presente convenio a los efectos de que puedan adherirse, según lo que se establece en la cláusula segunda.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>d) El Ministerio de Justicia centralizará la transmisión de la información y facilitará a las Consejerías con competencias en Administración de Justicia de las comunidades autónomas que se hayan adherido a este convenio, o a los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses que estas Consejerías designen, los datos de personas desaparecidas que proporcione Cruz Roja Española, permitiendo así impulsar el objeto del convenio y coordinar las actuaciones.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>e) Facilitará información relativa al seguimiento de los casos, siempre dentro de las limitaciones derivadas del procedimiento judicial correspondiente, que permita a Cruz Roja Española informar de forma periódica a las familias sobre el estado de los mismos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>f) Colaborará, dentro de su ámbito de competencia, en otros programas en materia humanitaria que determine la comisión de seguimiento y no conlleven coste económico para el Ministerio de Justicia.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. Compromisos de Cruz Roja Española:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) Compartirá información proveniente de las solicitudes de búsquedas de personas desaparecidas (cuando exista consentimiento expreso de la parte), así como cualquier otra información relevante a efectos de identificación, con el Ministerio de Justicia o los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses que éste determine, a efectos de facilitar la identificación de cadáveres, incluyendo datos relativos a sucesos de cadáveres no identificados que pudieran corresponder a migrantes desaparecidos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) Mantendrá la comunicación con las familias de los desaparecidos en los países de origen, para informarles sobre el estado, evolución y/ o resolución de estos casos. En caso de posibles coincidencias, siempre y cuando lo determine la autoridad judicial, Cruz Roja Española facilitará el contacto con los familiares para la realización de las pruebas pertinentes, si bien la toma, gestión y análisis de muestras no es competencia de Cruz Roja Española.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>c) Colaborará, dentro de su ámbito de competencia, en otros programas en materia humanitaria que determine la comisión de seguimiento y no conlleven coste económico para el Ministerio de Justicia.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Segunda. Adhesión de las Comunidades Autónomas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Al presente convenio podrán adherirse aquellas Comunidades Autónomas con traspasos en medios personales y materiales al servicio de la Administración de Justicia que estén interesadas en acogerse a la posibilidad de colaboración y que así lo soliciten.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>A estos efectos, la Comunidad Autónoma correspondiente se adherirá a través de protocolo que figura como Anexo al presente convenio.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Tercera. Protección de datos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Asimismo, todos los afectados por el presente convenio de colaboración devendrán obligados por las disposiciones y exigencias de la normativa reguladora de la Protección de Datos de Carácter Personal.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Cuarta. Financiación.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El presente convenio no conlleva obligaciones financieras o contraprestación económica para las partes.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Quinta. Difusión.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Cruz Roja Española se compromete a destacar en sus sucesivos informes y cuantas acciones realice para difusión de las actividades objeto de este convenio, la colaboración prestada por el Ministerio de Justicia, a través de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Sexta. Comisión de seguimiento y control.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Para la supervisión y seguimiento de este convenio se constituye una comisión de seguimiento y control, integrada por dos representantes por cada una de las partes firmantes, a la que podrán incorporarse, con voz pero sin voto, los/las asesores/as que cada una de las partes designe, si lo estima oportuno, entre su personal.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En el caso de que se adhiera alguna Comunidad Autónoma, según lo establecido en la cláusula segunda, se incorporará a la comisión de seguimiento y control un representante de dicha Comunidad Autónoma, además de un representante de la Delegación del Gobierno de la misma.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. La comisión se regirá, en cuanto a su funcionamiento, periodicidad de las reuniones y vinculación de sus acuerdos, por lo dispuesto en el Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que regula el funcionamiento de los órganos colegiados.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. La citada comisión tendrá, entre otras, las siguientes funciones:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) La colaboración y cooperación en otros programas en materia humanitaria, según lo establecido en la cláusula primera del presente convenio.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) La interpretación y, en su caso, resolución de común acuerdo de las dudas o cuestiones conflictivas que pudieren suscitarse en la aplicación del convenio de colaboración.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Séptima. Efectos y modificación del convenio.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. El presente convenio de colaboración tendrá efectos de cuatro años a partir del día de su firma y será prorrogable a su término mediante acuerdo expreso por igual periodo, que deberá formalizarse con un mes de antelación a la expiración del convenio.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Asimismo, cualquiera de las partes firmantes podrá proceder a su denuncia expresa con un plazo mínimo de tres meses a la fecha en que se pretenda su expiración.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. Las partes firmantes podrán modificar los términos del presente convenio en cualquier momento, de mutuo acuerdo, mediante la firma de una adenda al mismo.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Octava. Causas de resolución.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. El presente convenio se entenderá resuelto por alguna de las siguientes causas:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga del mismo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) El acuerdo unánime de todos los firmantes.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantes.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado al responsable del mecanismo de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio y a las demás partes firmantes.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el convenio. La resolución del convenio por esta causa podrá conllevar la indemnización de los perjuicios causados si así se hubiera previsto.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en otras leyes.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Desde la fecha del acuerdo de resolución del convenio o de la notificación de la voluntad de extinción, en los términos de la presente cláusula, la colaboración se mantendrá, en todo caso, y continuarán hasta su finalización, las actividades iniciadas con anterioridad a la fecha de referencia.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Novena. Naturaleza del convenio de colaboración y resolución de controversias.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El presente convenio de colaboración tiene naturaleza administrativa, quedando excluido del ámbito de aplicación del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público al amparo de lo dispuesto en su artículo 4.1 C). No obstante, los principios de dicho texto si serán de aplicación para resolver las dudas y lagunas que puedan plantearse y no se resolvieran por la comisión de seguimiento y control a que se refiere la cláusula quinta, como establece el artículo 4.2 del mismo texto legal.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Al tener naturaleza administrativa, el orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo será el competente para resolver las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse entre las partes, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha jurisdicción.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Y, de conformidad con cuanto antecede, en el ejercicio de las facultades que legalmente corresponden a cada uno de los firmantes, obligando con ello a las instituciones que representan, suscriben el presente convenio por duplicado ejemplar en el lugar y fecha señalados al principio.–El Ministro de Justicia, Rafael Catalá Polo.–El Presidente de Cruz Roja Española, Javier Senent García.</p>
<p class='anexo_num' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>ANEXO</p>
<p class='anexo_tit' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Protocolo de adhesión y aceptación al Convenio de Colaboración suscrito con fecha ……………, entre el Ministerio de justicia y Cruz Roja española en materia humanitaria e identificación de cadáveres</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El/La Consejero/a de ……........…….. de la Comunidad Autónoma de …...............…., Sr/Sra. don/doña …………........................……., nombrado por Decreto …..................…, de ........ de ........, en nombre y representación de la Comunidad Autónoma de ………………………, en virtud de las competencias atribuidas en el artículo …....... de la Ley ……........., de ...….. de …......, de ………………</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Declara:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Que (órgano competente) de la Comunidad Autónoma de ............................………… ha acordado, con fecha .................…….. solicitar la adhesión al convenio de colaboración entre el Ministerio de Justicia y Cruz Roja Española en materia humanitaria e identificación de cadáveres, suscrito con fecha .................……..</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Expresa:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La voluntad de la Comunidad Autónoma de .................…….., cuya representación ostenta, de adherirse expresamente a todas y cada una de las cláusulas del convenio de colaboración mencionado, asumiendo las obligaciones derivadas del mismo y con sujeción a todo lo estipulado en el mismo.</p>
<p class='centro_redonda' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>(Lugar y fecha)</p>
<p class='centro_redonda' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>(Antefirma y firma)</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Atendiendo a la solicitud planteada y al considerarse que la propuesta se ajusta íntegramente al objeto del convenio,</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Las partes acuerdan:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>De conformidad con el procedimiento establecido en la cláusula segunda del convenio de colaboración entre el Ministerio de Justicia y Cruz Roja Española en materia humanitaria e identificación de cadáveres, suscrito con fecha ………………, dar la conformidad a la adhesión solicitada por la Comunidad Autónoma de .................……..</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>(Lugar y fecha)</p>
<table class='tabla_b_sica' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>
<colgroup>
<col class='row_column_1'/>
<col class='row_column_1'/>
</colgroup>
<tbody>
<tr class='row_column_2'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>El Ministro de Justicia,</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>El Presidente de Cruz Roja Española,</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_2'>
<td colspan='2'>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>El/la Consejero/a de ............…..</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</texto>
</documento>
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Thu May 04 09:53:19 +0000 2017
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Con fecha 6 de abril de 2017 se ha suscrito el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Justicia y Cruz Roja Española en materia humanitaria e identificación de cadáveres.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de dicho Convenio, que figura como anexo a esta Resolución.
Madrid, 12 de abril de 2017.–La Secretaria de Estado de Justicia, Carmen Sánchez-Cortés Martín.
ANEXO
Convenio de colaboración entre el Ministerio de Justicia y Cruz Roja Española en materia humanitaria e identificación de cadáveres
Madrid, 6 de abril de 2017.
REUNIDOS
El Ministro de Justicia en funciones, Sr. Don Rafael Catalá Polo, de acuerdo con el Real Decreto 829/2014, de 28 de septiembre, y en uso de las competencias que le corresponden en virtud del artículo 61 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
El Presidente de Cruz Roja Española, Sr. Don Javier Senent García, en nombre y representación de esta Institución Humanitaria, en virtud de su elección en la VIII Asamblea General de la institución; nombramiento que fue ratificado por el Consejo de Ministros mediante el Real Decreto 210/2015, de 23 de marzo.
Las partes se reconocen mutuamente plena capacidad de actuar en la representación legal que ostentan para suscribir el presente convenio de colaboración y, a tal fin,
MANIFIESTAN
Primero.
El Estado tiene competencia exclusiva en material de Administración de Justicia de acuerdo con el artículo 149 1.5.ª de la Constitución Española.
Segundo.
La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, recoge, en su Título Preliminar, los principios de colaboración entre las Administraciones Públicas.
Además las citadas Administraciones Públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho de acuerdo con el artículo 3.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público Estatal, y celebran convenios de colaboración, entre otros, con entidades de carácter jurídico-privado para un fin común.
Tercero.
La Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, reforma la medicina forense al configurar los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses como pilares de su organización.
En el curso de las actuaciones procesales o de investigación de cualquier naturaleza incoadas por el Ministerio Fiscal, estarán a las órdenes de los jueces, magistrados, fiscales y encargados del registro civil, ejerciendo sus funciones con plena independencia y bajo criterios estrictamente científicos.
El Real Decreto 386/1996, de 1 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses, establece, en su artículo 1, que se constituyen como órganos técnicos cuya misión es auxiliar a los juzgados, tribunales, fiscalías y oficinas del registro civil mediante la práctica de pruebas periciales médicas, tanto tanatológicas como clínicas y de laboratorio, así como realizar actividades de docencia e investigación relacionadas con la medicina forense, y en su artículo 8 atribuye a los servicios de Patología Forense la identificación de cadáveres y restos humanos.
El artículo 13 del citado Real Decreto establece que podrán colaborar con otras instituciones a través de los convenios y otros instrumentos de cooperación que se acuerden por el Ministerio de Justicia o, en su caso, por las Comunidades Autónomas que hayan recibido los traspasos de medios para el funcionamiento de la Administración de Justicia.
Cuarto.
El Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (en adelante, INTCF) es un órgano técnico adscrito al Ministerio de Justicia, cuya función es auxiliar a la Administración de Justicia y contribuir a la unidad de criterio científico y a la calidad de la pericia analítica, así como al desarrollo de las ciencias forenses, según el artículo 480 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Su organización y supervisión corresponden a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, que depende de la Secretaría General de Modernización y Relaciones con la Administración de Justicia que, a su vez depende de la Secretaría de Estado de Justicia, y su reglamento ha sido aprobado por Real Decreto 862/1998, de 8 de mayo («BOE» de 5 de junio).
Quinto.
Cruz Roja Española es una institución humanitaria de carácter voluntario y de interés público, que desarrolla su actividad bajo la protección del Estado Español ejercida a través del Consejo de Protección.
Se rige por los convenios internacionales sobre la materia en los que sea parte España, por el Real Decreto 415/96, de 1 de marzo, modificado por el Real Decreto 2219/1996, de 11 de octubre, por sus Estatutos (Orden MTAS de 4 de septiembre de 1997 y modificaciones posteriores) y por su Reglamento General Orgánico y demás normas internas.
Asimismo, el artículo 3 de sus Estatutos, establece que Cruz Roja Española, posee personalidad jurídica propia y plena capacidad jurídica y patrimonial para el cumplimiento de sus fines, los cuáles se recogen en el Capítulo II, artículo 5.
Sexto.
Entre las diversas actividades que desarrolla Cruz Roja Española, se encuentra la búsqueda de personas desaparecidas, inherente al Movimiento Internacional de la Cruz Roja desde su creación, hace ya más de 150 años.
En el ámbito del restablecimiento del contacto familiar, Cruz Roja Española desarrolla, entre otras, la prestación de búsqueda de personas separadas de sus seres queridos como consecuencia de procesos migratorios, catástrofes naturales, conflictos bélicos y disturbios internos.
Cruz Roja Española posee una extensa red de Servicios de Restablecimiento del Contacto Familiar a lo largo del Estado Español, con una estrecha vinculación en 186 países del mundo; a través de la cual tiene capacidad para actuar más allá de las fronteras nacionales con total transparencia, con una metodología conjunta y garantizando la confidencialidad.
Séptimo.
El actual y complejo contexto migratorio con la progresiva internacionalización y dispersión de las familias y los múltiples casos de personas desaparecidas en el transcurso de sus periplos migratorios trae hasta el Servicio de Restablecimiento del Contacto Familiar de Cruz Roja Española solicitudes de búsqueda de familiares de inmigrantes desaparecidos y, para dar respuesta a las mismas, es necesario articular nuevas fórmulas de trabajo. Por otra parte, en el ámbito de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses, y en el marco de los correspondientes procesos judiciales, existen cadáveres sin posibilidad de identificación, al no contar con referencias familiares que faciliten información que permita contrastar los datos «ante mortem» con los «post mortem».
Por ello, y buscando dar respuesta a las familias, toda vez que es un derecho fundamental de las mismas conocer el paradero de sus seres queridos desaparecidos, y facilitar la identificación que permita el cierre de los correspondientes procesos judiciales, las instituciones firmantes manifiestan su interés en establecer una vía de colaboración entre los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses y Cruz Roja Española en la gestión de cadáveres sin identificación.
Las partes más arriba expresadas se reconocen mutuamente la capacidad legal necesaria en la representación en la que actúan para suscribir este convenio de colaboración, conforme a las siguientes:
CLÁUSULAS
Primera. Objeto y compromisos de las partes.
1. Es objeto del presente convenio la colaboración en materia humanitaria y en identificación de cadáveres entre el Ministerio de Justicia, dentro del ámbito de sus competencias, y Cruz Roja Española, como institución humanitaria de carácter voluntario y de interés público.
Más concretamente el ámbito de colaboración será el intercambio de datos de personas desaparecidas entre los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, y el Servicio de Restablecimiento del Contacto Familiar de Cruz Roja Española, para dar servicio a aquellos familiares inmersos en los procesos de búsqueda de personas separadas de sus seres queridos como consecuencia de procesos migratorios, catástrofes naturales, conflictos bélicos y disturbios internos, en razón del interés conjunto en la búsqueda personas desaparecidas y la identificación de cadáveres a tal fin.
2. Compromisos del Ministerio de Justicia:
a) Los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses dependientes del Ministerio de Justicia compararán con sus bases de datos de cadáveres no identificados, los datos de personas desaparecidas que facilite Cruz Roja Española. En caso de posible coincidencia, y en los términos que fije la autoridad judicial, se comunicará a Cruz Roja española, a fin de que facilite el contacto con los familiares para la realización de las pruebas pertinentes.
b) El Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses colaborará, en los casos que el órgano judicial lo solicite, en la realización de las pruebas de ADN, así como cualquier otra que se considere necesaria para la identificación.
c) El Ministerio de Justicia pondrá en conocimiento de aquellas comunidades autónomas con transferencias en materia de Administración de Justicia la existencia del presente convenio a los efectos de que puedan adherirse, según lo que se establece en la cláusula segunda.
d) El Ministerio de Justicia centralizará la transmisión de la información y facilitará a las Consejerías con competencias en Administración de Justicia de las comunidades autónomas que se hayan adherido a este convenio, o a los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses que estas Consejerías designen, los datos de personas desaparecidas que proporcione Cruz Roja Española, permitiendo así impulsar el objeto del convenio y coordinar las actuaciones.
e) Facilitará información relativa al seguimiento de los casos, siempre dentro de las limitaciones derivadas del procedimiento judicial correspondiente, que permita a Cruz Roja Española informar de forma periódica a las familias sobre el estado de los mismos.
f) Colaborará, dentro de su ámbito de competencia, en otros programas en materia humanitaria que determine la comisión de seguimiento y no conlleven coste económico para el Ministerio de Justicia.
3. Compromisos de Cruz Roja Española:
a) Compartirá información proveniente de las solicitudes de búsquedas de personas desaparecidas (cuando exista consentimiento expreso de la parte), así como cualquier otra información relevante a efectos de identificación, con el Ministerio de Justicia o los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses que éste determine, a efectos de facilitar la identificación de cadáveres, incluyendo datos relativos a sucesos de cadáveres no identificados que pudieran corresponder a migrantes desaparecidos.
b) Mantendrá la comunicación con las familias de los desaparecidos en los países de origen, para informarles sobre el estado, evolución y/ o resolución de estos casos. En caso de posibles coincidencias, siempre y cuando lo determine la autoridad judicial, Cruz Roja Española facilitará el contacto con los familiares para la realización de las pruebas pertinentes, si bien la toma, gestión y análisis de muestras no es competencia de Cruz Roja Española.
c) Colaborará, dentro de su ámbito de competencia, en otros programas en materia humanitaria que determine la comisión de seguimiento y no conlleven coste económico para el Ministerio de Justicia.
Segunda. Adhesión de las Comunidades Autónomas.
Al presente convenio podrán adherirse aquellas Comunidades Autónomas con traspasos en medios personales y materiales al servicio de la Administración de Justicia que estén interesadas en acogerse a la posibilidad de colaboración y que así lo soliciten.
A estos efectos, la Comunidad Autónoma correspondiente se adherirá a través de protocolo que figura como Anexo al presente convenio.
Tercera. Protección de datos.
Asimismo, todos los afectados por el presente convenio de colaboración devendrán obligados por las disposiciones y exigencias de la normativa reguladora de la Protección de Datos de Carácter Personal.
Cuarta. Financiación.
El presente convenio no conlleva obligaciones financieras o contraprestación económica para las partes.
Quinta. Difusión.
Cruz Roja Española se compromete a destacar en sus sucesivos informes y cuantas acciones realice para difusión de las actividades objeto de este convenio, la colaboración prestada por el Ministerio de Justicia, a través de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
Sexta. Comisión de seguimiento y control.
1. Para la supervisión y seguimiento de este convenio se constituye una comisión de seguimiento y control, integrada por dos representantes por cada una de las partes firmantes, a la que podrán incorporarse, con voz pero sin voto, los/las asesores/as que cada una de las partes designe, si lo estima oportuno, entre su personal.
En el caso de que se adhiera alguna Comunidad Autónoma, según lo establecido en la cláusula segunda, se incorporará a la comisión de seguimiento y control un representante de dicha Comunidad Autónoma, además de un representante de la Delegación del Gobierno de la misma.
2. La comisión se regirá, en cuanto a su funcionamiento, periodicidad de las reuniones y vinculación de sus acuerdos, por lo dispuesto en el Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que regula el funcionamiento de los órganos colegiados.
3. La citada comisión tendrá, entre otras, las siguientes funciones:
a) La colaboración y cooperación en otros programas en materia humanitaria, según lo establecido en la cláusula primera del presente convenio.
b) La interpretación y, en su caso, resolución de común acuerdo de las dudas o cuestiones conflictivas que pudieren suscitarse en la aplicación del convenio de colaboración.
Séptima. Efectos y modificación del convenio.
1. El presente convenio de colaboración tendrá efectos de cuatro años a partir del día de su firma y será prorrogable a su término mediante acuerdo expreso por igual periodo, que deberá formalizarse con un mes de antelación a la expiración del convenio.
2. Asimismo, cualquiera de las partes firmantes podrá proceder a su denuncia expresa con un plazo mínimo de tres meses a la fecha en que se pretenda su expiración.
3. Las partes firmantes podrán modificar los términos del presente convenio en cualquier momento, de mutuo acuerdo, mediante la firma de una adenda al mismo.
Octava. Causas de resolución.
1. El presente convenio se entenderá resuelto por alguna de las siguientes causas:
a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga del mismo.
b) El acuerdo unánime de todos los firmantes.
c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantes.
En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado al responsable del mecanismo de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio y a las demás partes firmantes.
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el convenio. La resolución del convenio por esta causa podrá conllevar la indemnización de los perjuicios causados si así se hubiera previsto.
d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en otras leyes.
2. Desde la fecha del acuerdo de resolución del convenio o de la notificación de la voluntad de extinción, en los términos de la presente cláusula, la colaboración se mantendrá, en todo caso, y continuarán hasta su finalización, las actividades iniciadas con anterioridad a la fecha de referencia.
Novena. Naturaleza del convenio de colaboración y resolución de controversias.
El presente convenio de colaboración tiene naturaleza administrativa, quedando excluido del ámbito de aplicación del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público al amparo de lo dispuesto en su artículo 4.1 C). No obstante, los principios de dicho texto si serán de aplicación para resolver las dudas y lagunas que puedan plantearse y no se resolvieran por la comisión de seguimiento y control a que se refiere la cláusula quinta, como establece el artículo 4.2 del mismo texto legal.
Al tener naturaleza administrativa, el orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo será el competente para resolver las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse entre las partes, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha jurisdicción.
Y, de conformidad con cuanto antecede, en el ejercicio de las facultades que legalmente corresponden a cada uno de los firmantes, obligando con ello a las instituciones que representan, suscriben el presente convenio por duplicado ejemplar en el lugar y fecha señalados al principio.–El Ministro de Justicia, Rafael Catalá Polo.–El Presidente de Cruz Roja Española, Javier Senent García.
ANEXO
Protocolo de adhesión y aceptación al Convenio de Colaboración suscrito con fecha ……………, entre el Ministerio de justicia y Cruz Roja española en materia humanitaria e identificación de cadáveres
El/La Consejero/a de ……........…….. de la Comunidad Autónoma de …...............…., Sr/Sra. don/doña …………........................……., nombrado por Decreto …..................…, de ........ de ........, en nombre y representación de la Comunidad Autónoma de ………………………, en virtud de las competencias atribuidas en el artículo …....... de la Ley ……........., de ...….. de …......, de ………………
Declara:
Que (órgano competente) de la Comunidad Autónoma de ............................………… ha acordado, con fecha .................…….. solicitar la adhesión al convenio de colaboración entre el Ministerio de Justicia y Cruz Roja Española en materia humanitaria e identificación de cadáveres, suscrito con fecha .................……..
Expresa:
La voluntad de la Comunidad Autónoma de .................…….., cuya representación ostenta, de adherirse expresamente a todas y cada una de las cláusulas del convenio de colaboración mencionado, asumiendo las obligaciones derivadas del mismo y con sujeción a todo lo estipulado en el mismo.
(Lugar y fecha)
(Antefirma y firma)
Atendiendo a la solicitud planteada y al considerarse que la propuesta se ajusta íntegramente al objeto del convenio,
Las partes acuerdan:
De conformidad con el procedimiento establecido en la cláusula segunda del convenio de colaboración entre el Ministerio de Justicia y Cruz Roja Española en materia humanitaria e identificación de cadáveres, suscrito con fecha ………………, dar la conformidad a la adhesión solicitada por la Comunidad Autónoma de .................……..
(Lugar y fecha)
El Ministro de Justicia,
El Presidente de Cruz Roja Española,
El/la Consejero/a de ............…..
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Justicia y Cruz Roja firman convenio para colaborar en identificación cadáveres y personas desaparecidas #BOE
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[] |
CONTRATOS_LICITACIONES
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Ministerio de Justicia
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Justicia y Cruz Roja firman convenio para colaborar en identificación cadáveres y personas desaparecidas
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[] | 3,367
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2013-10-03
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BOE-B-2012-43342
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SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO
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<documento fecha_actualizacion='20181023185509'>
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<identificador>BOE-B-2013-36547</identificador>
<titulo>SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO</titulo>
<diario codigo='BOE'>Boletín Oficial del Estado</diario>
<diario_numero>237</diario_numero>
<seccion>4</seccion>
<departamento codigo=''>TRIBUNAL DE CUENTAS</departamento>
<numero_anuncio>A130053467</numero_anuncio>
<fecha_publicacion>20131003</fecha_publicacion>
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<pagina_inicial>49103</pagina_inicial>
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<url_pdf>/boe/dias/2013/10/03/pdfs/BOE-B-2013-36547.pdf</url_pdf>
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<analisis></analisis>
<texto>
<p class='parrafo'>El Director Técnico del Departamento 3.º y Secretario en el procedimiento de reintegro por alcance n.º C- 192/13, en méritos a lo acordado en providencia del Excmo. Sr. Consejero de Cuentas, de fecha 20 de septiembre de 2013, y para dar cumplimiento a lo previsto en el art. 68.1, en relación con el 73.1, ambos de la Ley 7/1988, de 5 de abril, reguladora del Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.</p>
<p class='parrafo'>Hace saber: Que en este Tribunal, se sigue procedimiento de reintegro por alcance n.º C-192/13, del ramo CC. AA. (Consejería de Solidaridad y Ciudadanía), Valencia, como consecuencia de un presunto alcance en los fondos de la Generalitat Valenciana.</p>
<p class='parrafo'>Lo que se hace público con la finalidad de que los legalmente habilitados para el mantenimiento u oposición a la pretensión de responsabilidad contable puedan comparecer en los autos, personándose en forma dentro del plazo de los nueve días siguientes a la publicación de este edicto.</p>
<p class='parrafo_2'>Madrid, 24 de septiembre de 2013.- El Director Técnico, Secretario del procedimiento: F. de la Cueva Iranzo. Firmado y rubricado.</p>
</texto>
</documento>
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Thu Oct 03 07:50:51 +0000 2013
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El Director Técnico del Departamento 3.º y Secretario en el procedimiento de reintegro por alcance n.º C- 192/13, en méritos a lo acordado en providencia del Excmo. Sr. Consejero de Cuentas, de fecha 20 de septiembre de 2013, y para dar cumplimiento a lo previsto en el art. 68.1, en relación con el 73.1, ambos de la Ley 7/1988, de 5 de abril, reguladora del Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.
Hace saber: Que en este Tribunal, se sigue procedimiento de reintegro por alcance n.º C-192/13, del ramo CC. AA. (Consejería de Solidaridad y Ciudadanía), Valencia, como consecuencia de un presunto alcance en los fondos de la Generalitat Valenciana.
Lo que se hace público con la finalidad de que los legalmente habilitados para el mantenimiento u oposición a la pretensión de responsabilidad contable puedan comparecer en los autos, personándose en forma dentro del plazo de los nueve días siguientes a la publicación de este edicto.
Madrid, 24 de septiembre de 2013.- El Director Técnico, Secretario del procedimiento: F. de la Cueva Iranzo. Firmado y rubricado.
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El desvío de fondos de cooperación en Valencia se juzga también en el Tribunal de Cuentas cc @rterrasa #BOE
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CONTRATOS_LICITACIONES
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TRIBUNAL DE CUENTAS
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El desvío de fondos de cooperación en Valencia se juzga también en el Tribunal de Cuentas.
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[] | 3,369
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2012-12-15
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BOE-A-2014-531
|
Anuncio de licitación de la Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías. Objeto: Creatividad para la campaña de proximidad de las Fuerzas Armadas, reconocimiento y captación.
|
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<documento fecha_actualizacion='20181023185458'>
<metadatos>
<identificador>BOE-B-2012-43342</identificador>
<titulo>Anuncio de licitación de la Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías. Objeto: Creatividad para la campaña de proximidad de las Fuerzas Armadas, reconocimiento y captación.</titulo>
<diario codigo='BOE'>Boletín Oficial del Estado</diario>
<diario_numero>301</diario_numero>
<seccion>5</seccion>
<subseccion>A</subseccion>
<departamento codigo='6110'>Ministerio de Defensa</departamento>
<numero_anuncio>A120083876</numero_anuncio>
<fecha_publicacion>20121215</fecha_publicacion>
<letra_imagen>B</letra_imagen>
<pagina_inicial>58765</pagina_inicial>
<pagina_final>58766</pagina_final>
<suplemento_letra_imagen></suplemento_letra_imagen>
<suplemento_pagina_inicial></suplemento_pagina_inicial>
<suplemento_pagina_final></suplemento_pagina_final>
<url_pdf>/boe/dias/2012/12/15/pdfs/BOE-B-2012-43342.pdf</url_pdf>
</metadatos>
<analisis>
<modalidad codigo='L'>Licitación</modalidad>
<tipo codigo='2'>Servicios</tipo>
<tramitacion codigo='2'>Urgente</tramitacion>
<procedimiento codigo='1'>Abierto</procedimiento>
<fecha_presentacion_ofertas>22 de enero de 2013, hasta las 12:00 horas</fecha_presentacion_ofertas>
<fecha_apertura_ofertas>1 de febrero de 2013, a las 10:00 horas y 18 de febrero de 2013 a las 10:00</fecha_apertura_ofertas>
<precio codigo=''></precio>
<importe>500.000,00</importe>
<ambito_geografico>Sin definir</ambito_geografico>
<materias></materias>
<materias_cpv>79000000 Servicios a empresas: legislación, mercadotecnia, asesoría, selección de personal, imprenta y seguridad</materias_cpv>
<observaciones></observaciones>
</analisis>
<texto>
<dl>
<dt>1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:</dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) Organismo: </dt>
<dd>Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías.</dd>
<dt>b) Dependencia que tramita el expediente: </dt>
<dd>Unidad de Contratación de la Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías.</dd>
<dt>c) Obtención de documentación e información:</dt>
<dd>
<dl>
<dt>1) Dependencia: </dt>
<dd>Unidad de Contratación.</dd>
<dt>2) Domicilio: </dt>
<dd>Paseo de la CAstellana, 109. Entrada por calle pedro Teixeira.</dd>
<dt>3) Localidad y código postal: </dt>
<dd>Madrid, 28071.</dd>
<dt>4) Teléfono: </dt>
<dd>91.213.21.46 // 2927 //2169.</dd>
<dt>5) Telefax: </dt>
<dd>91.774.35.77.</dd>
<dt>6) Correo electrónico: </dt>
<dd>mromcas@oc.mde.es // psansor@oc.mde.es.</dd>
<dt>7) Dirección de Internet del perfil del contratante: </dt>
<dd>www.contrataciondel estado.es/wps/portal/plataforma.</dd>
<dt>8) Fecha límite de obtención de documentación e información: </dt>
<dd>21 de enero de 2013.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>d) Número de expediente: </dt>
<dd>VP. 8303 100/82/13/0002.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>2. Objeto del contrato: </dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) Tipo: </dt>
<dd>Servicio.</dd>
<dt>b) Descripción: </dt>
<dd>Creatividad para la campaña de proximidad de las Fuerzas Armadas, reconocimiento y captación.</dd>
<dt>e) Plazo de ejecución/entrega: </dt>
<dd>Desde la fecha de formalización del contrato, hasta el 31 de diciembre de 2013.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>3. Tramitación y procedimiento:</dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) Tramitación: </dt>
<dd>Urgente.</dd>
<dt>b) Procedimiento: </dt>
<dd>Abierto.</dd>
<dt>d) Criterios de adjudicación: </dt>
<dd>Estrategia general: 6, Línea creativa general: 6, Aplicación estrategia y creatividad DIFAS: 33, Organización y equipo: 5, Oferta económica: 50.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>4. Valor estimado del contrato:</dt>
<dd>826.446,28 euros.</dd>
<dt>5. Presupuesto base de licitación: </dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) </dt>
<dd> Importe neto: 413.223,14 euros. Importe total: 500.000 euros. </dd>
</dl>
</dd>
<dt>6. Garantías exigidas. </dt>
<dd> Definitiva (%): 5 %.</dd>
<dt>7. Requisitos específicos del contratista: </dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): </dt>
<dd>Grupo T, Subgrupo 1 Categoría C.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: </dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) Fecha límite de presentación: </dt>
<dd>22 de enero de 2013, hasta las 12:00 horas.</dd>
<dt>c) Lugar de presentación:</dt>
<dd>
<dl>
<dt>1) Dependencia: </dt>
<dd>Registro General del Ministerio de Defensa.</dd>
<dt>2) Domicilio: </dt>
<dd>Calle Capitán Haya, 12.</dd>
<dt>3) Localidad y código postal: </dt>
<dd>Madrid, 28071.</dd>
</dl>
</dd>
</dl>
</dd>
<dt>9. Apertura de Ofertas:</dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) Descripción: </dt>
<dd>Apertura sobre número 2 y Apertura sobre número 3.</dd>
<dt>b) Dirección: </dt>
<dd>Sala 910 del Ministerio de Defensa, Paseo de la Castellana, 109. Entrada por calle Pedro Teixeira.</dd>
<dt>c) Localidad y código postal: </dt>
<dd>Madrid.</dd>
<dt>d) Fecha y hora: </dt>
<dd>1 de febrero de 2013, a las 10:00 horas y 18 de febrero de 2013 a las 10:00.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>10. Gastos de publicidad: </dt>
<dd>Correrán a cargo del adjudicatario.</dd>
<dt>11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea': </dt>
<dd>11 de diciembre de 2012.</dd>
</dl>
<p class='parrafo_2'>Madrid, 11 de diciembre de 2012.- El Teniente Coronel de Intendencia, Jefe de la Unidad de Contratación.</p>
</texto>
</documento>
|
Sat Dec 15 11:40:20 +0000 2012
|
1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo:
Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Unidad de Contratación de la Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia:
Unidad de Contratación.
2) Domicilio:
Paseo de la CAstellana, 109. Entrada por calle pedro Teixeira.
3) Localidad y código postal:
Madrid, 28071.
4) Teléfono:
91.213.21.46 // 2927 //2169.
5) Telefax:
91.774.35.77.
6) Correo electrónico:
mromcas@oc.mde.es // psansor@oc.mde.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante:
www.contrataciondel estado.es/wps/portal/plataforma.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información:
21 de enero de 2013.
d) Número de expediente:
VP. 8303 100/82/13/0002.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo:
Servicio.
b) Descripción:
Creatividad para la campaña de proximidad de las Fuerzas Armadas, reconocimiento y captación.
e) Plazo de ejecución/entrega:
Desde la fecha de formalización del contrato, hasta el 31 de diciembre de 2013.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación:
Urgente.
b) Procedimiento:
Abierto.
d) Criterios de adjudicación:
Estrategia general: 6, Línea creativa general: 6, Aplicación estrategia y creatividad DIFAS: 33, Organización y equipo: 5, Oferta económica: 50.
4. Valor estimado del contrato:
826.446,28 euros.
5. Presupuesto base de licitación:
a)
Importe neto: 413.223,14 euros. Importe total: 500.000 euros.
6. Garantías exigidas.
Definitiva (%): 5 %.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo T, Subgrupo 1 Categoría C.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación:
22 de enero de 2013, hasta las 12:00 horas.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia:
Registro General del Ministerio de Defensa.
2) Domicilio:
Calle Capitán Haya, 12.
3) Localidad y código postal:
Madrid, 28071.
9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción:
Apertura sobre número 2 y Apertura sobre número 3.
b) Dirección:
Sala 910 del Ministerio de Defensa, Paseo de la Castellana, 109. Entrada por calle Pedro Teixeira.
c) Localidad y código postal:
Madrid.
d) Fecha y hora:
1 de febrero de 2013, a las 10:00 horas y 18 de febrero de 2013 a las 10:00.
10. Gastos de publicidad:
Correrán a cargo del adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea':
11 de diciembre de 2012.
Madrid, 11 de diciembre de 2012.- El Teniente Coronel de Intendencia, Jefe de la Unidad de Contratación.
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500.000 euros para la creatividad de la campaña de "reconocimiento y captación" de las Fuerzas Armadas. #BOE
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[] |
TRIBUNAL_CONSTITUCIONAL
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Ministerio de Defensa
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500.000 euros para la creatividad de la campaña de "reconocimiento y captación" de las Fuerzas Armadas.
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[] | 3,370
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2013-02-18
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BOE-A-2020-14323
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Resolución de 29 de enero de 2013, de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión de Cooperación entre la Comunidad de Castilla y León y el Estado en relación con la Ley de Castilla y León 7/2012, de 24 de octubre, de estabilidad y disciplina presupuestaria.
|
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<documento fecha_actualizacion='20181023185509'>
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<identificador>BOE-A-2013-1753</identificador>
<titulo>Resolución de 29 de enero de 2013, de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión de Cooperación entre la Comunidad de Castilla y León y el Estado en relación con la Ley de Castilla y León 7/2012, de 24 de octubre, de estabilidad y disciplina presupuestaria.</titulo>
<diario codigo='BOE'>Boletín Oficial del Estado</diario>
<diario_numero>42</diario_numero>
<seccion>3</seccion>
<subseccion></subseccion>
<departamento codigo='9216'>Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas</departamento>
<rango codigo='1370'>Resolución</rango>
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<fecha_disposicion>20130129</fecha_disposicion>
<fecha_publicacion>20130218</fecha_publicacion>
<fecha_vigencia></fecha_vigencia>
<fecha_derogacion></fecha_derogacion>
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<pagina_inicial>13747</pagina_inicial>
<pagina_final>13747</pagina_final>
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<suplemento_pagina_inicial></suplemento_pagina_inicial>
<suplemento_pagina_final></suplemento_pagina_final>
<estatus_legislativo></estatus_legislativo>
<origen_legislativo codigo='1'>Estatal</origen_legislativo>
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<judicialmente_anulada>N</judicialmente_anulada>
<vigencia_agotada>N</vigencia_agotada>
<estatus_derogacion>N</estatus_derogacion>
<url_epub></url_epub>
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<url_pdf_gallego></url_pdf_gallego>
<url_pdf_valenciano></url_pdf_valenciano>
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<analisis>
<notas></notas>
<materias></materias>
<alertas></alertas>
<referencias>
<anteriores></anteriores>
<posteriores></posteriores>
</referencias>
</analisis>
<texto>
<p class='parrafo'>Conforme a lo establecido en el artículo 33 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, modificado por la Ley Orgánica 1/2000, de 7 de enero, esta Secretaría General, dispone la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del Acuerdo que se transcribe como anexo a la presente resolución.</p>
<p class='parrafo_2'>Madrid, 29 de enero de 2013.–La Secretaria General de Coordinación Autonómica y Local, Rosana Navarro Heras.</p>
<p class='anexo_num'>ANEXO</p>
<p class='anexo_tit'>Acuerdo de la Comisión de Cooperación entre la Comunidad de Castilla y León y el Estado en relación con la Ley de Castilla y León 7/2012, de 24 de octubre, de estabilidad y disciplina presupuestaria</p>
<p class='parrafo_2'>La Comisión de Cooperación entre la Comunidad de Castilla y León y el Estado en su reunión celebrada el día 2 de enero de 2013 ha adoptado el siguiente acuerdo:</p>
<p class='parrafo_2'>1.º Iniciar negociaciones para resolver las discrepancias manifestadas en relación con los artículos 3; 4; 6.2 y 4, letras b), c), d), e) y f); y artículo 7 de la Ley de Castilla y León 7/2012, de 24 de octubre, de estabilidad y disciplina presupuestaria.</p>
<p class='parrafo'>2.º Designar un Grupo de Trabajo para proponer a la Comisión de Cooperación la solución que proceda.</p>
<p class='parrafo'>3.º Comunicar este Acuerdo al Tribunal Constitucional, antes del próximo día 2 de febrero de 2013 por cualquiera de los órganos mencionados en el artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, a los efectos que en el propio precepto se contemplan, así como insertar el presente Acuerdo en el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial de Castilla y León.</p>
</texto>
</documento>
|
Mon Feb 18 11:06:15 +0000 2013
|
Conforme a lo establecido en el artículo 33 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, modificado por la Ley Orgánica 1/2000, de 7 de enero, esta Secretaría General, dispone la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del Acuerdo que se transcribe como anexo a la presente resolución.
Madrid, 29 de enero de 2013.–La Secretaria General de Coordinación Autonómica y Local, Rosana Navarro Heras.
ANEXO
Acuerdo de la Comisión de Cooperación entre la Comunidad de Castilla y León y el Estado en relación con la Ley de Castilla y León 7/2012, de 24 de octubre, de estabilidad y disciplina presupuestaria
La Comisión de Cooperación entre la Comunidad de Castilla y León y el Estado en su reunión celebrada el día 2 de enero de 2013 ha adoptado el siguiente acuerdo:
1.º Iniciar negociaciones para resolver las discrepancias manifestadas en relación con los artículos 3; 4; 6.2 y 4, letras b), c), d), e) y f); y artículo 7 de la Ley de Castilla y León 7/2012, de 24 de octubre, de estabilidad y disciplina presupuestaria.
2.º Designar un Grupo de Trabajo para proponer a la Comisión de Cooperación la solución que proceda.
3.º Comunicar este Acuerdo al Tribunal Constitucional, antes del próximo día 2 de febrero de 2013 por cualquiera de los órganos mencionados en el artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, a los efectos que en el propio precepto se contemplan, así como insertar el presente Acuerdo en el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial de Castilla y León.
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y también cuestiona las medidas para calcular el déficit de la comunidad autónoma (2 de 2)
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[] |
SUBVENCIONES
|
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
|
Acuerdo de la Comisión de Cooperación entre la Comunidad de Castilla y León y el Estado.
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[] | 3,373
|
||
2020-11-17
|
MODIFICA
el art. 16.1 y la disposición adicional 1.4 del Real Decreto 703/2020, de 28 de julio
DE CONFORMIDAD con
el Reglamento (UE) 508/2014, de 15 de mayo de 2014
DE CONFORMIDAD con
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre
CITA
Ley del Estatuto de los Trabajadores, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre
|
BOE-A-2020-16669
|
Real Decreto 969/2020, de 10 de noviembre, por el que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria, para el primer tramo del ejercicio 2020, de ayudas por la paralización temporal de la flota a los pescadores con un procedimiento de suspensión de los contratos o reducción de jornada como consecuencia del COVID-19 y por el que se modifica el Real Decreto 703/2020, de 28 de julio.
|
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<documento fecha_actualizacion='20220705162601'>
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<identificador>BOE-A-2020-14323</identificador>
<titulo>Real Decreto 969/2020, de 10 de noviembre, por el que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria, para el primer tramo del ejercicio 2020, de ayudas por la paralización temporal de la flota a los pescadores con un procedimiento de suspensión de los contratos o reducción de jornada como consecuencia del COVID-19 y por el que se modifica el Real Decreto 703/2020, de 28 de julio.</titulo>
<diario codigo='BOE'>Boletín Oficial del Estado</diario>
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<seccion>1</seccion>
<subseccion></subseccion>
<departamento codigo='9574'>Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática</departamento>
<rango codigo='1340'>Real Decreto</rango>
<numero_oficial>969/2020</numero_oficial>
<fecha_disposicion>20201110</fecha_disposicion>
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<eli:title rdf:datatype='http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string'>Reial decret 969/2020, de 10 de novembre, pel qual s'estableixen les bases reguladores i la convocatòria, per al primer tram de l'exercici 2020, d'ajudes per la paralització temporal de la flota als pescadors amb un procediment de suspensió dels contractes o una reducció de jornada com a conseqüència de la COVID-19 i pel qual es modifica el Reial decret 703/2020, de 28 de juliol.</eli:title>
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<referencias>
<anteriores>
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<palabra codigo='270'>MODIFICA</palabra>
<texto>el art. 16.1 y la disposición adicional 1.4 del Real Decreto 703/2020, de 28 de julio</texto>
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<texto>el Reglamento (UE) 508/2014, de 15 de mayo de 2014</texto>
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<texto>la Ley 38/2003, de 17 de noviembre</texto>
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<palabra codigo='330'>CITA</palabra>
<texto>Ley del Estatuto de los Trabajadores, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre</texto>
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<posteriores></posteriores>
</referencias>
</analisis>
<texto>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La pandemia del COVID-19 declarada por la Organización Mundial de la Salud en marzo de este año, ha motivado la necesidad de adoptar diversas medidas urgentes para mantener la actividad y competitividad del sector pesquero, así como minimizar el impacto sobrevenido en dicho sector por dicha declaración y las consecuencias sanitarias, de seguridad, económicas y sociales que han derivado de esta situación de crisis sanitaria sin precedentes.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Como consecuencia de lo anterior, la Unión Europea ha aprobado un conjunto de medidas, entre otras, a través del Reglamento (UE) 2020/560 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2020, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 508/2014 y (UE) n.º 1379/2013 en relación con medidas específicas para atenuar el impacto del brote de COVID-19 en el sector de la pesca y la acuicultura, con el fin de atenuar el impacto social y económico en el sector de la pesca y la acuicultura provocado por la crisis sanitaria derivada del brote de COVID-19.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Así, el apoyo al sector derivado de la modificación y aplicación de lo dispuesto en el Reglamento n.º 508/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de mayo de 2014, supone garantizar la continuidad de las actividades pesqueras, racionalizando el procedimiento para el acceso a las ayudas para los pescadores.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En el plano nacional, mediante el Real Decreto 703/2020, de 28 de julio, por el que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas a la paralización temporal de la actividad pesquera para poder hacer frente al impacto económico y social derivado de la pandemia de COVID-19, se convocan dichas ayudas para el primer tramo del ejercicio 2020 y se modifican distintos reales decretos relativos a la regulación de las organizaciones profesionales en el sector de la pesca y la acuicultura y para el ejercicio de la pesca recreativa, la Administración ha establecido las bases reguladoras y la convocatoria en 2020 para el apoyo a los armadores, hayan presentado o no un procedimiento de suspensión de contratos o reducción de jornada como consecuencia de la paralización extraordinaria de la actividad pesquera derivada de la pandemia, y, asimismo, para la protección de los pescadores para los que no se ha presentado dicha suspensión de contrato o reducción de su jornada laboral.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Este sistema subvencional, no obstante, necesita ser ahora completado por medio de la presente norma. Así, se subvienen con la presente norma las necesidades detectadas en los pescadores cuya actividad se haya paralizado y se haya tramitado un procedimiento de suspensión de los contratos o reducción de jornada regulados en el artículo 47 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, que se gestionarán por el Instituto Social de la Marina del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y se pagarán a través de la caja pagadora central de la Tesorería General de la Seguridad Social previa propuesta de pago centralizada por dicho Instituto.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Asimismo, se incluye la convocatoria de esta línea de ayudas para el primer tramo del ejercicio de 2020 en unidad de acto con este real decreto, de modo que se acorten los plazos al máximo para asegurar la plena eficacia y efectividad de la medida dada la urgencia en su tramitación.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Por consiguiente, el presente real decreto viene a regular las ayudas a los pescadores que se han visto afectados por un procedimiento de suspensión de contratos o reducción de jornada, y a modificar el Real Decreto 703/2020, de 28 de julio, que el presente real decreto modifica en aspectos meramente técnicos dadas ciertas referencias normativas erróneas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Concurren en este supuesto razones justificativas del carácter singular de las subvenciones, de las razones que acreditan el interés público, social, económico o humanitario, u otras que justifican la dificultad de su convocatoria pública. Ante la necesidad de garantizar la máxima estabilidad a los pescadores, atendiendo a la necesidad de garantizar los recursos necesarios para evitar el abandono de dicha profesión, que se estableció con carácter esencial, con objeto de proporcionar alimentos esenciales para la población por la situación de emergencia de salud pública provocada por el brote del COVID-19 y atendiendo a la importancia capital de estas medidas para la aplicación de la política pesquera del Departamento, se estima que concurren circunstancias excepcionales que acreditan razones de interés público para su aprobación como subvenciones de carácter directo previstas en el artículo 22.2.c) del citado cuerpo legal. La importancia social y económica de la actividad primaria en el sector pesquero hacen necesario garantizar y promover la aplicación de las políticas públicas de este Departamento en relación con dicha actividad, comprometidas y en concordancia con las de la Unión Europea en estas materias. Así, dentro del sector pesquero, el valor de la producción de los productos de la pesca y de la acuicultura así como los transformados en el ámbito se encuentra cerca de 2 millones de toneladas y que factura más de 6.700 millones de euros. Se trata de un sector muy repartido a lo largo del litoral español. Ello supone oportunidades de empleo para los jóvenes, al tiempo que fija la población rural y evita el despoblamiento. La importancia económica y social del sector justifica la aprobación de estas ayudas, en la que además concurre la imposibilidad de iniciar un procedimiento de concurrencia competitiva por cuanto, vistos los objetivos mencionados de esta ayuda, debe concederse a todos los pescadores a bordo de buques que han tramitado un procedimiento de suspensión de los contratos o reducción de jornada, y, por lo tanto, no cabe establecer parámetros comparativos que permitan una prelación ya que el pescador genera su derecho de ayuda al estar en un buque sujeto al procedimiento antes mencionado, así como la posibilidad de hacer uso de los fondos europeos en la materia, con el fin de asegurar la sostenibilidad social de un sector esencial en muchas zonas litorales del país.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Con el objeto de asegurar que la medida responde de forma eficaz a las especiales circunstancias que pretende paliar, y considerando que dicha eficacia solo es posible si la medida se pone en marcha con carácter urgente, se establece la gestión centralizada de las ayudas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Este real decreto se dicta al amparo de la competencia estatal en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, prevista en el artículo 149.1.13.ª de la Constitución Española, de la competencia exclusiva en materia de pesca marítima y ordenación del sector pesquero, de acuerdo con lo establecido en el artículo 149.1.19.ª de la Constitución.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La gestión centralizada se perfila como la única forma de gestión que garantiza idénticas posibilidades de obtención y disfrute por parte de sus potenciales destinatarios en todo el territorio nacional, mediante el establecimiento de unos criterios uniformes para el acceso a las ayudas, fundamentales en este supuesto en el que las ayudas no se encuentran compartimentadas, sino que se extienden al conjunto de España, con una flota que faena en el mar territorial, el cual no está compartimentado en función de los territorios regionales. Procede destacar en este sentido que el tipo de necesidades que generan las situaciones que se pretenden afrontar con esta medida responden a un patrón común en todas las zonas y tipo de buques y actividades afectadas, independientemente de la comunidad autónoma donde se ubique el respectivo puerto base, que por lo demás no impiden ni salir a faenar ni descargar en cualquier otro, o el cambio definitivo del mismo, lo que refuerza la necesidad de esta gestión centralizada. La flota española se caracteriza por su amplitud y la variedad de orientaciones extractivas, desde buques de gran porte dedicados a amplias mareas hasta pequeñas embarcaciones artesanales de bajura. Asimismo, en varios casos las embarcaciones se encuentran en manos de un mismo propietario o armador, sin perjuicio de que sus artes, caladero, puerto habitual, puerto base o lugar preferente de primera venta sea diverso y cambiante a lo largo del año. A unas necesidades tan específicas la Administración debe responder de forma que los plazos y criterios sean idénticos en todo el territorio nacional, lo cual únicamente se garantiza con una gestión centralizada. La gestión centralizada también contribuye a garantizar que no se sobrepasan los importes máximos de ayudas establecidos por la normativa europea, a los que están sujetas las subvenciones establecidas en el presente real decreto.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Así, con palabras de la Sentencia del Tribunal Constitucional 45/2001, de 15 de febrero, «el artículo 149.1.13 CE puede amparar tanto normas estatales que fijen las líneas directrices y los criterios globales de ordenación de sectores económicos concretos, como previsiones de acciones o medidas singulares indispensables para alcanzar los fines propuestos en dicha ordenación (STC 155/1996, de 9 de octubre, F.4 y jurisprudencia en ella citada)». En definitiva, el Estado tiene reservada, por el mencionado artículo 149.1.13.ª, una competencia de dirección en la que tienen cobijo normas básicas y, asimismo, previsiones de acciones o medidas singulares que sean necesarias para alcanzar los fines propuestos dentro de la ordenación del sector (STC 117/1992, de 16 de septiembre). Ello se debe a su carácter transversal ya que aun existiendo una competencia sobre un subsector económico que una comunidad autónoma ha asumido como «exclusiva» en su Estatuto, esta atribución competencial no excluye la competencia estatal para establecer las bases y la coordinación de ese subsector, y que el ejercicio autonómico de esta competencia exclusiva puede estar condicionado por medidas estatales, que en ejercicio de una competencia propia y diferenciada pueden desplegarse autónomamente sobre diversos campos o materias, siempre que el fin perseguido responda efectivamente a un objetivo de planificación económica» (Sentencia del Tribunal Constitucional 74/2014, de 8 de mayo). Igualmente, la STC 11/2015, FJ 4, por remisión a la STC 79/1992, de 28 de mayo, FJ 2, ha recordado que «el sector de la agricultura y la ganadería es de aquellos que por su importancia toleran la fijación de líneas directrices y criterios globales de ordenación así como previsiones de acciones o medidas singulares que sean necesarias para alcanzar los fines propuestos dentro de la ordenación de cada sector, destacando que ‘‘… en materia de agricultura y ganadería, siendo la competencia específica de las comunidades autónomas... el Estado puede intervenir en virtud de sus competencias generales sobre la ordenación general de la economía’’.»</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El artículo 149.1.13.ª CE puede en determinados casos justificar la reserva de funciones ejecutivas al Estado y también permitir el uso de la supraterritorialidad como título atributivo de competencias al Estado, pero para que dicho supuesto pueda ser considerado conforme al orden competencial han de cumplirse dos condiciones: que resulte preciso que la actuación de que se trate quede reservada al Estado para garantizar así el cumplimento de la finalidad de ordenación económica que se persigue, la cual no podría conseguirse sin dicha reserva, y, por otro lado, que el uso del criterio supraterritorial resulte justificado en los términos de nuestra doctrina, esto es, atendiendo tanto a las razones aportadas como a la congruencia de la reserva de la función con el régimen de la norma.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Otro tanto se puede decir en relación con la competencia del Estado en la materia de ordenación pesquera de la regla 19.ª, el Tribunal Constitucional ha dictado, entre otras, las Sentencias 56/1989 y 147/1991, señalando que el concepto de ordenación del sector pesquero incluye a «(…) quienes pueden ejercer la actividad pesquera, ya sea la directamente extractiva o alguna otra relacionada con ella, las condiciones que deben reunir tales sujetos integrantes del sector y su forma de organización.» Y que, en este ámbito, el Estado tiene la competencia para dictar la legislación básica correspondiendo a las comunidades autónomas el desarrollo legislativo y la ejecución de las normas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Pero además de estas consideraciones, deben tenerse en cuenta la concurrencia indiferenciada en el ámbito de este real decreto de competencias exclusivas, que fundamentan la aprobación de las bases y su gestión centralizada por parte del Estado de modo conjunto con los títulos anteriores. En efecto, la íntima conexión de estas ayudas con la pesca extractiva queda reflejada en la propia definición que el Tribunal Constitucional realiza de esta actividad. Así, la doctrina del Tribunal Constitucional (esencialmente, las SSTC 56/1989, 9/2001, 38/2002 y 166/2013) parte del principio, resumido en el FJ 6 de la última de ellas, que establece que «por pesca marítima hay que entender la regulación de la actividad extractiva. De manera más detallada, la pesca marítima incluye la normativa referente a los recursos y las zonas donde puede pescarse (fondos, caladeros, distancias, cupos), a los períodos en que puede pescarse (vedas, horas) y a la forma y medios de realización de la actividad extractiva en el mar (artes, medios de pesca). Del mismo modo, como presupuesto de la señalada actividad extractiva, la pesca marítima incluye también el régimen de protección, conservación y mejora de los recursos pesqueros. Ahora bien, la materia «pesca marítima» es competencia exclusiva del Estado (art. 149.1.19 CE) cuando su regulación se proyecta sobre el mar territorial, la zona económica y las aguas internacionales. Por el contrario, en el caso de que la disciplina de dichas cuestiones se ciña a las aguas interiores de una Comunidad Autónoma, esta resultará competente para establecerla (así en STC 9/2001, de 18 de enero, FJ 6)».</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Del mismo modo, al colaborar la Tesorería General de la Seguridad Social en la gestión de estas ayudas se incardina indisociablemente en el marco de las competencias exclusivas del Estado en materia de Seguridad Social conforme al artículo 149.1.17.ª de la Constitución. Por lo tanto, también desde esa perspectiva procede la concesión de modo centralizado de estas ayudas por cuanto aplica las competencia exclusivas estatales en materia de la protección que la Seguridad Social brinda a los colectivos de trabajadores afectados por diferentes contingencias, desde la perspectiva además de la caja única refrendada en sede constitucional que, por todas desde 1989, se sentaría por el Tribunal Constitucional como una competencia exclusiva del Estado en los siguientes términos: «el principio de unidad presupuestaria de la Seguridad Social significa la unidad de titularidad (…) puesto que, si faltara un único titular de los recursos financieros del sistema público de aseguramiento social, tanto para operaciones presupuestarias como extrapresupuestarias, no podría preservarse la vigencia efectiva de los principios de caja única y de solidaridad financiera, ni, consecuentemente, la unidad del sistema». A este respecto, el presente real decreto prevé las bases reguladoras para la concesión de ayudas a los pescadores enrolados en los buques afectados por tales paradas. Estas ayudas se instrumentarán por medio del Instituto Social de la Marina como entidad gestora de la Seguridad Social para aquellos trabajadores incardinados en el Régimen Especial de Trabajadores del Mar, y exige como requisito previo su enrolamiento y su correspondiente alta en dicho sistema, y opera como medida compensatoria por la pérdida de salarios derivada de tal actividad, en el marco de dichas competencias, por lo que se considera un título competencial esencial para su correcta articulación en cuanto a tales ayudas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Por lo tanto, la concurrencia sobre un mismo objeto de títulos competenciales exclusivos del Estado y de títulos básicos, permiten apreciar en este caso los requisitos fijados por el Tribunal Constitucional para optar por la centralización y, por otro lado, justifican la opción normativa de unificar no solo bases y convocatoria al amparo de lo determinado por el artículo 28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, sino también de concentrar su regulación y gestión estatal ya que se ha concluido que el Estado tiene competencia suficiente para proceder a la gestión centralizada.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Asimismo, debe tenerse en cuenta la doctrina constitucional sobre la gestión de fondos comunitarios, recogida en las SSTC 79/1992, 117/1992, 213/1994, 70/1997, 148/1998 y 99/2012, en especial en cuanto a que la gestión centralizada contribuye a garantizar que no se sobrepasan los importes máximos de ayudas establecidos por la normativa europea, a los que están sujetas las subvenciones establecidas en el presente real decreto.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Por ello mismo, y también debido a la urgencia de las ayudas, destinadas a atender las necesidades inaplazables, y para asegurar la igualdad en la percepción por parte de los posibles destinatarios de estas ayudas, cabe citar la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la supraterritorialidad que señala que «Dicho traslado de titularidad, con base en la extraterritorialidad, tiene carácter excepcional, de manera que solo podrá tener lugar «cuando no quepa establecer ningún punto de conexión que permita el ejercicio de las competencias autonómicas o cuando además del carácter supra autonómico del fenómeno objeto de la competencia, no sea posible el fraccionamiento de la actividad pública ejercida sobre él y, aun en este caso, siempre que dicha actuación tampoco pueda ejercerse mediante mecanismos de cooperación o de coordinación y, por ello, requiera un grado de homogeneidad que solo pueda garantizar su atribución a un único titular, forzosamente el Estado, y cuando sea necesario recurrir a un ente supra-ordenado con capacidad de integrar intereses contrapuestos de sus componentes parciales, sin olvidar el peligro inminente de daños irreparables, que nos sitúa en el terreno del estado de necesidad (STC 102/1995, de 26 de junio, FJ 8)» (STC 194/2011, de 13 de diciembre, FJ 5). En consecuencia, «sin que el recurso a la técnica del desplazamiento de competencias al Estado, en el caso de efectos extraterritoriales del ejercicio de la competencia ejecutiva autonómica, deba ser asumido como solución. El Estado, al fijar los puntos de conexión territorial que estimase oportunos y resultasen acordes con la finalidad perseguida por la norma, estaría determinando, precisamente, la Comunidad Autónoma a la que en cada caso correspondería ejercer las funciones de ejecución a las que la norma hace referencia, ofreciendo a las Comunidades Autónomas una regla de atribución de competencias que pretende evitar el eventual conflicto de intereses» (STC 194/2011, de 13 de diciembre, FJ 6)» (STC 35/2012, FJ 5).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Por otro lado, la doctrina del Tribunal Constitucional exige el establecimiento de las bases reguladoras de subvenciones por real decreto en los casos en que se invoque, como aquí ocurre –aunque de modo conjunto con competencias exclusivas–, una competencia básica (STC 175/2003, de 30 de septiembre, o STC 156/2011, de 18 de octubre). Así, la STC 156/2011, de 20 de octubre, afirma que «este Tribunal ha insistido en que la regulación de subvenciones mediante orden ministerial, por su rango normativo, no se aviene con las exigencias formales de la normativa básica» (SSTC 242/1999, de 21 de diciembre, FJ 9; 98/2001, de 5 de abril, FJ 7; 188/2001» y prosigue: «Este criterio respecto a la cobertura formal de la normativa básica ha de ser exigido, incluso con mayor rigor, en los supuestos de subvenciones estatales centralizadas en los ámbitos materiales en los que la Constitución reserva al Estado la normativa básica, toda vez que esa gestión centralizada se erige en excepción que limita el ejercicio ordinario por las Comunidades Autónomas de sus competencias».</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Esta norma se adecua a los principios de buena regulación a que se refiere el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En este sentido, se garantizan los principios de necesidad y eficacia puesto que la norma resulta el instrumento más indicado para los intereses que se persiguen, siendo el principal, dar respuesta a las necesidades sociales y económicas extraordinarias del sector pesquero afectado por el impacto sobrevenido del COVID-19; el principio de proporcionalidad ya que contiene la regulación imprescindible para atender las necesidades que se pretenden cubrir; y el principio de seguridad jurídica ya que es coherente con el resto del ordenamiento jurídico nacional y de la Unión Europea, asegurando su correcta incardinación y congruencia con el resto de la regulación existente en la materia. Por lo demás, la norma es coherente con los principios de eficiencia, en tanto que la norma asegura la máxima eficacia de sus postulados para garantizar que las ayudas llegan de una manera ágil a todos los beneficiarios, incorporando en su seno la propia convocatoria, y de transparencia al haberse garantizado una amplia participación en su elaboración.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En la elaboración de este real decreto se ha consultado a las comunidades autónomas y al sector pesquero afectado y han emitido informe sobre el mismo la Abogacía del Estado y la Intervención Delegada en el Departamento, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 17.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Asimismo, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 26.6 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, este proyecto se ha sometido a los trámites de audiencia e información pública.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En su virtud, a propuesta de los Ministros de Agricultura, Pesca y Alimentación y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, con la aprobación previa de la Ministra de Política Territorial y Función Pública, previo informe del Ministerio de Hacienda, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 10 de noviembre de 2020,</p>
<p class='centro_redonda' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>DISPONGO:</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Este real decreto establece las bases reguladoras para la concesión de ayudas a los pescadores de buques pesqueros españoles que se hayan visto afectados por medidas de paralización temporal de la actividad pesquera, con arreglo a lo establecido en el artículo 33.1.d) del Reglamento (UE) n.º 508/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativo al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.º 2328/2003, (CE) n.º 861/2006, (CE) n.º 1198/2006 y (CE) n.º 791/2007 del Consejo, y el Reglamento (UE) n.º 1255/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se haya tramitado la presentación de un procedimiento de suspensión de los contratos o reducción de jornada regulados en el artículo 47 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, incluyendo lo establecido por los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, cuando dicha paralización temporal tenga lugar entre el 16 de marzo y el 31 de diciembre de 2020.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Al amparo de la facultad que otorga el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se establece la concesión directa, de acuerdo con los principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación, eficacia y eficiencia establecidos en el artículo 8.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como de acuerdo con lo establecido en este real decreto, y en la convocatoria de ayudas correspondiente.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. También se establece, en este real decreto, la convocatoria para el primer período de referencia de paralización temporal, que se ha fijado en la disposición adicional única entre el 16 de marzo y el 15 de julio de 2020, si bien podrá ampliarse al período comprendido entre el 16 de julio y el 31 de diciembre si las circunstancias de evolución de la pandemia así lo aconsejaran mediante la correspondiente convocatoria acordada por el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. No será de aplicación la duración máxima de seis meses de ayuda, según lo dispuesto en el artículo 33.2 del Reglamento n.º 508/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 2. Beneficiarios de las ayudas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Podrán beneficiarse de estas ayudas los pescadores españoles, los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo o de Suiza, y las personas extranjeras que cuenten con autorizaciones de residencia y trabajo en vigor, embarcados en buques pesqueros españoles de cualquier modalidad de pesca y con puerto base en cualquiera de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, autorizados por la Dirección General de Ordenación Pesquera y Acuicultura del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y que estén afectados por paralización temporal de la actividad pesquera como consecuencia del brote del COVID-19, cuando se haya tramitado un procedimiento de suspensión de contratos o reducción de jornada, y que reúnan las condiciones y requisitos establecidos en este real decreto.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>También podrán beneficiarse de estas ayudas los armadores o titulares que sean personas autónomas enroladas a bordo de la embarcación que cumplan los requisitos exigidos para su obtención.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Los pescadores tendrán derecho a optar a la ayuda por estar incluidos en el rol del buque afectado por la paralización temporal y cumplir con los demás requisitos establecidos.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 3. Requisitos para la obtención de las ayudas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Para la obtención de estas ayudas, los pescadores deberán cumplir los siguientes requisitos:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) Estar al corriente en el pago de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, no ser deudores por resolución de procedencia de reintegro y no haber sido inhabilitados por sentencia firme para obtener subvenciones.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) Deberán figurar enrolados, en el momento de sobrevenir el cese temporal de las actividades pesqueras como consecuencia del brote de COVID-19, a bordo de alguno de los buques pesqueros españoles afectados por la paralización temporal de la actividad pesquera incluidos en la relación certificada al efecto por el armador de estar incluido en el rol de la embarcación, con el visto bueno de Capitanía Marítima, que se presentará conforme al artículo 7.6. No obstante, si como consecuencia de la situación excepcional, los servicios de Capitanía Marítima no pudieran comprobar la vinculación de los pescadores con el buque, se comprobará a través de la información existente en otros registros o bases de datos oficiales a los que las administraciones gestoras tuvieran acceso en función de sus competencias.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>c) Deberán encontrarse en la situación de alta en la Seguridad Social en el momento de inicio del cese temporal y continuar con dicha situación manteniendo ininterrumpida la relación laboral con la empresa armadora de la embarcación en la que se encontraban enrolados en el momento de sobrevenir el cese temporal de las actividades pesqueras como consecuencia del brote de COVID-19, durante la parada.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>d) Deberán tener un periodo de cotización en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar de, al menos, doce meses a lo largo de su vida laboral.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Dichos pescadores tendrán que haber trabajado a bordo de un buque pesquero español afectado por la paralización temporal al menos 120 días, durante los dos años civiles anteriores a la fecha de presentación de la solicitud.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Cuando un pescador haya comenzado a trabajar a bordo de un buque pesquero español afectado por la paralización, menos de dos años antes de la fecha de presentación de la solicitud, se calcularán los días mínimos de trabajo requeridos para dicho pescador como la proporción de 120 días en los dos últimos años civiles, de modo que los días de trabajo exigidos para el cumplimento de este requisito serán los días resultantes de dividir entre 6 los días en que haya estado en alta en la Seguridad Social en dicho buque hasta el día anterior al inicio del período de solicitud previsto en la correspondiente convocatoria.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Los días totales de parada realizados por los buques en los que se encontraban enroladas las personas solicitantes de la ayuda serán proporcionados por la Dirección General de Ordenación Pesquera y Acuicultura de la Secretaría General de Pesca del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, para el período comprendido entre el 16 de marzo y el 31 de diciembre de 2020, según los cálculos efectuados en virtud del Real Decreto 703/2020, de 28 de julio, por el que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas a la paralización temporal de la actividad pesquera para poder hacer frente al impacto económico y social derivado de la pandemia de COVID-19, y por el que se modifican distintos reales decretos relativos a la regulación de las organizaciones profesionales en el sector de la pesca y la acuicultura y para el ejercicio de la pesca recreativa.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En los casos en que la Dirección General de Ordenación Pesquera y Acuicultura no pueda determinar los períodos o días concretos extraordinarios de inactividad pesquera que exceden en el año 2020 del periodo de inactividad del año de referencia, los días subvencionables que proporcionen se aplicarán desde el inicio del procedimiento de regulación temporal de empleo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. También podrán percibir las ayudas los pescadores que, manteniendo ininterrumpida su relación laboral con la empresa, no figuren enrolados en el momento de la paralización a consecuencia de incapacidad temporal, permisos retribuidos, vacaciones, excedencia o expectativa de embarque, nacimiento y cuidado de menor, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural, siempre y cuando cumplan los demás requisitos establecidos en el apartado anterior y quede acreditado el cese en esa situación a lo largo del periodo de tiempo de duración de la parada.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. El armador del buque deberá haber presentado ante las autoridades laborales la correspondiente comunicación de inicio del procedimiento de suspensión de los contratos o reducción de jornada regulados en el artículo 47 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por motivo del COVID-19, de los enrolados en la embarcación.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La suspensión surtirá efectos, en el supuesto de causa de fuerza mayor, desde la fecha del hecho causante de la fuerza mayor, y en el supuesto de causas económicas técnicas, organizativas o de producción a partir de la fecha de comunicación a la autoridad laboral de la decisión del empresario de suspender la relaciones laborales una vez que se ha tramitado el procedimiento de suspensión, salvo que sea de aplicación el artículo 2.3 del Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Los documentos acreditativos de las situaciones referidas en este apartado se acompañarán con la solicitud conforme el artículo 7.6.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 4. Incompatibilidad con otras ayudas o ingresos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Las ayudas para los pescadores son incompatibles con el trabajo por cuenta propia o por cuenta ajena de la persona beneficiaria durante el periodo de derecho de las ayudas y con el percibo de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. En el caso de que el reconocimiento de la ayuda a un pescador pudiera dar lugar a una incompatibilidad sobrevenida con el reconocimiento de un derecho anterior por protección por desempleo, o por cese de actividad, o por prestación extraordinaria de cese de actividad, tal circunstancia será notificada por el Instituto Social de la Marina al interesado, pudiendo este optar, en el plazo de 10 días desde la notificación, entre la percepción de la ayuda y la protección por desempleo o por cese de actividad o por la prestación extraordinaria de cese de actividad, en el caso de que sean personas trabajadoras autónomas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Si en el referido plazo de 10 días desde la notificación no manifiesta por escrito su elección entre ambas, se entenderá que opta por percibir la ayuda. Si el interesado opta por percibir la ayuda se realizarán las regularizaciones que procedan respecto de la protección por desempleo o por cese de actividad o por la prestación extraordinaria de cese de actividad, en el caso de que sean personas trabajadoras autónomas, concurrente con la ayuda pública por parada temporal. Si opta por la protección por desempleo o por cese de actividad o por la prestación extraordinaria de cese de actividad, se le denegará el cobro de la ayuda solicitada por incompatibilidad.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, la percepción de estas ayudas por la condición de pescador de un buque será compatible con la percepción de ayudas como armador de un buque.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. Las ayudas no se podrán percibir durante los períodos subvencionables de las paralizaciones temporales de la actividad pesquera regulados en los párrafos a), b) o c) del artículo 33.1 del Reglamento (UE) n.º 508/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de mayo de 2014 relativo al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.º 2328/2003, (CE) n.º 861/2006, (CE) n.º 1198/2006 y (CE) n.º 791/2007 del Consejo, y el Reglamento (UE) n.º 1255/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>5. No obstante lo indicado en el apartado 4, dicho apartado no será de aplicación para aquellas paradas temporales reguladas en los párrafos a), b) o c) del artículo 33.1, cuya aplicación se circunscriba a días sueltos de paradas.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 5. Financiación.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Las ayudas serán cofinanciadas conforme a lo dispuesto en el artículo 33.1.d) del Reglamento (UE) n.º 508/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014. Del total de la ayuda concedida, la contribución a cargo del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) será de un 75 %, correspondiendo el otro 25 % a la contribución del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de la partida presupuestaria indicada en el apartado 5.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación transferirá a la Tesorería General de la Seguridad Social la cuantía que se determine en la convocatoria correspondiente, para la financiación de las ayudas a pescadores.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. La realización de propuestas de pago de estas ayudas por el Instituto Social de la Marina quedará supeditada a la existencia de financiación suficiente en la Tesorería General de la Seguridad Social que permita proceder a la ordenación y materialización de los pagos mediante los fondos que transfiera el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a dicha Tesorería General, a los que se refiere el apartado anterior.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. El gasto previsto para las presentes ayudas podrá imputarse a ejercicios posteriores a aquel en el que recaiga la resolución de concesión, conforme a lo previsto en el artículo 57 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, sometiéndose en caso de pago en ejercicios posteriores a los límites fijados en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>5. Las convocatorias de las ayudas, se financiarán con cargo a la partida presupuestaria 21.11.415B.777 «Ayudas para compensar los efectos del COVID-19» de la Dirección General de Ordenación Pesquera y Acuicultura.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 6. Cálculo del importe de la ayuda.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. El importe máximo de la ayuda a la paralización temporal de la actividad pesquera para los pescadores se calculará multiplicando 50 euros por el número de días de parada a que tengan derecho:</p>
<p class='centro_redonda' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Ayuda pescadores = Ddd (días de derecho) × 50 euros</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El número máximo de días subvencionables no será mayor al número máximo de días laborables a efectos pesqueros en el periodo de parada del buque comprendido entre el 16 de marzo de 2020 y el 31 de diciembre de 2020, en función del período consignado en la convocatoria. En el caso de los tripulantes que hayan percibido prestaciones por desempleo, prestación por cese de actividad o prestación extraordinaria por cese de actividad los días de ayuda se podrán reconocer consecutivos para poder hacer las regularizaciones que correspondan.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. El Instituto Social de la Marina descontará de la cuantía señalada en el apartado anterior, la cuota del trabajador a la Seguridad Social y la ingresará a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social, con excepción de aquellos casos en que la persona beneficiaria sea un armador o titular que sea persona autónoma enrolada como pescador en cuyo caso, la cuantía de la ayuda no tendrá ningún descuento en concepto de cotización. En todo caso, no se podrá superar la cuantía de 50 euros por día.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. El empresario o armador del buque deberá mantener a sus trabajadores en situación de alta en la Seguridad Social durante el periodo de inactividad a que tengan derecho, abonando la cuota empresarial correspondiente a dicho periodo a su exclusivo cargo o, en su caso, aplicándose las exoneraciones de la cotización del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, del Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo, del Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales de reactivación del empleo y protección del trabajo autónomo y de competitividad del sector industrial, y del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En el caso de que la persona beneficiaria sea un armador o titular que sea persona autónoma enrolada como pescador, deberá permanecer de alta como tal trabajador autónomo en la Seguridad Social durante el periodo de inactividad a que tenga derecho, abonando la cotización íntegra correspondiente al mismo a su exclusivo cargo, salvo que hubieran percibido la prestación extraordinaria por cese de actividad, en que se aplicarán los beneficios de la cotización del artículo 17.4 del Real Decreto-ley 8/2020.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 7. Iniciación del procedimiento.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. El procedimiento se iniciará de oficio mediante la publicación del extracto en el «Boletín Oficial del Estado» de la correspondiente convocatoria aprobada por el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación –sin perjuicio de la disposición adicional única para el primer tramo de las ayudas-, además de su publicación en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) http://www.infosubvenciones.gob.es, con indicación del importe total disponible y la concreción de los requisitos de la concesión, las características y la documentación que deberá aportarse.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. La convocatoria fijará el plazo de presentación de las solicitudes y el modelo de solicitud. El plazo no podrá ser inferior a diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de publicación del extracto en el «Boletín Oficial del Estado».</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. Las solicitudes de ayudas previstas en este real decreto se dirigirán al Director Provincial del Instituto Social de la Marina, conforme al modelo que figura en el anexo I, y se presentarán ante las Direcciones Locales o Provinciales del Instituto Social de la Marina, de forma electrónica a través de la Sede Electrónica de la Seguridad Social, www.sede.seg-social.gob.es, acreditándose mediante certificado electrónico o Cl@ve permanente o en cualquiera de los lugares y registros previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. Hasta que el Gobierno declare la finalización de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, de acuerdo con lo previsto en el artículo 2.3 del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se debe priorizar el uso de la presentación electrónica de las solicitudes a través de la Sede Electrónica de la Seguridad Social, www.sede.seg-social.gob.es. Asimismo, se podrán presentar electrónicamente a través del canal de comunicación abierto para uso sin certificado, que se encuentra ubicado en la Sede Electrónica de la Seguridad Social, «Presentación de otros escritos, solicitudes y comunicaciones (Instituto Social de la Marina)».</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En el caso de no disponer de certificado electrónico o clave permanente, podrán presentarse las solicitudes en las oficinas del Instituto Social de la Marina. Para la presentación de las solicitudes en las oficinas del Instituto Social de la Marina será necesaria cita previa.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En el supuesto de presentación de la solicitud electrónicamente sin certificado, el interesado deberá dejar constancia expresa de su voluntad o consentimiento a la tramitación de su expediente de solicitud de ayudas. Provisionalmente se admitirá la identidad declarada por el interesado, sin perjuicio de las comprobaciones que pueda hacer el Instituto Social de la Marina, a través de los medios ya establecidos para verificar la identidad mediante el acceso al Sistema SVDIR, que implementa la Verificación y la Consulta de los Datos de Identidad, regulado en el Real Decreto 522/2006, de 28 de abril, y la Verificación de Datos de Residencia, regulado en el Real Decreto 523/2006, de 28 de abril; así como la Consulta de Datos Padronales (SECOPA) utilizando el marco Pros@ de las aplicaciones corporativas de la Seguridad Social y otros medios similares. El Instituto Social de la Marina podrá consultar o recabar la información y los documentos que ya se encuentren en poder de las administraciones públicas, salvo que el interesado se opusiera a ello, en los términos y con las excepciones establecidas en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Si como consecuencia del cierre de oficinas públicas, el interesado no puede presentar el documento preceptivo u observar el procedimiento habitual establecido al efecto, deberá aportar documentos o pruebas alternativos que, en su caso, obren en su poder, de la concurrencia de los requisitos o condiciones exigidos en el procedimiento para el reconocimiento de las ayudas, sin perjuicio de la obligación de presentar los documentos preceptivos una vez finalicen las medidas urgentes de prevención. Si el interesado no tuviera o no pudiera obtener documentos alternativos que acrediten su derecho, se podrá admitir una declaración vinculante sobre los datos o documentos que pretenda hacer valer, sin perjuicio de la obligación de presentar con posterioridad los documentos acreditativos de los hechos o datos alegados y la revisión de las prestaciones reconocidas con carácter provisional.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Si la solicitud se ha presentado telemáticamente mediante el canal habilitado para acceso sin certificado digital ni Cl@ve permanente, de acuerdo con la solicitud presentada y los documentos en su caso aportados, la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina efectuará las comprobaciones correspondientes, y dictará la resolución provisional que sea procedente, estimando o desestimando el derecho. Las Direcciones Provinciales del Instituto Social de la Marina revisarán todas las resoluciones provisionales de reconocimiento de ayudas a pescadores adoptadas bajo este régimen transitorio. En su caso, se efectuará el abono de aquellas cantidades que resulten procedentes tras la oportuna revisión. En el supuesto de que tras estas actuaciones se desprenda que el pescador no tiene derecho a la ayuda, se iniciarán las actuaciones necesarias en orden a reclamar las cantidades indebidamente percibidas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>5. Sin perjuicio del tercer párrafo del apartado anterior, en el resto de supuestos las solicitudes deberán expresar el consentimiento u oposición para que el órgano gestor de las ayudas pueda comprobar o recabar de otros órganos, administraciones o proveedores de información, por medios electrónicos, los datos de identidad de la persona solicitante, así como la información sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, según lo dispuesto en el artículo 22.4 del Reglamento de desarrollo de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y el artículo 95.1.k) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, o sobre otras circunstancias de las personas solicitantes o de las solicitudes que, de acuerdo con la convocatoria y la normativa aplicable, sean pertinentes para la instrucción del procedimiento. En caso de oposición, la persona solicitante deberá aportar los documentos, certificados o pruebas que al efecto se exigen. Todo ello se presentará conforme a los anexos de este real decreto.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>6. La solicitud irá acompañada de los siguientes documentos:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) Acreditación de la representación por cualquier medio válido en derecho que deje constancia, si procede.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) Declaración responsable de la persona solicitante, según el modelo normalizado anexo II a la convocatoria y deberá incluir el compromiso de mantener su cumplimiento durante el periodo de tiempo inherente al procedimiento de concesión de la ayuda, salvo en los casos en los que una norma específica, nacional o europea, establezca periodos superiores, y en la que conste de manera fehaciente:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1.º No haber ejercido ninguna actividad remunerada durante el período de parada subvencionable.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2.º Estar al corriente en el pago de obligaciones por reintegro y de reembolso, tanto con la Administración General del Estado como con las administraciones de las comunidades autónomas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3.º No haber sido sancionado con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones por incumplimiento de la normativa que resulte de la aplicación en materia de igualdad entre hombres y mujeres.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4.º No ser deudor por resolución de procedencia de reintegro de las causas recogidas en el artículo 37 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, ni encontrarse incurso en ninguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 13.2 de la misma ley.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>5.º No haber recibido otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, salvo las ayudas que puedan percibir los armadores o titulares que sean personas autónomas enroladas como pescadores a los que se refiere la excepción del artículo 4. De haberse solicitado y estar pendiente de resolución, el interesado deberá comunicarlo y podrá procederse al reintegro total o parcial de la que se le haya concedido.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>c) En cumplimiento del artículo 3.1.b), certificado del armador de estar incluido en el rol de la embarcación, con el visto bueno de Capitanía Marítima, de acuerdo con el modelo que figurará en el anexo III en la convocatoria.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>d) En cumplimiento del artículo 3.4, documentación acreditativa de la comunicación del empresario a la autoridad laboral de su decisión de suspender los contratos de trabajo una vez tramitado el procedimiento de suspensión y, en los casos de fuerza mayor, la resolución de la autoridad laboral.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>e) En cumplimiento del artículo 7.4, en el supuesto de presentación de la solicitud electrónicamente sin certificado, el interesado deberá dejar constancia expresa de su voluntad o consentimiento a la tramitación de su expediente de solicitud de ayudas aportando declaración sobre la identidad del interesado, sin perjuicio de las comprobaciones que pueda hacer el Instituto Social de la Marina, o, si como consecuencia del cierre de oficinas públicas, el interesado no puede presentar el documento preceptivo u observar el procedimiento habitual establecido al efecto, documentos o pruebas alternativos que, en su caso, obren en su poder, de la concurrencia de los requisitos o condiciones exigidos en el procedimiento para el reconocimiento de las ayudas, sin perjuicio de la obligación de presentar los documentos preceptivos una vez finalicen las medidas urgentes de prevención. Si el interesado no tuviera o no pudiera obtener documentos alternativos que acrediten su derecho, se podrá admitir una declaración vinculante sobre los datos o documentos que pretenda hacer valer.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Sin perjuicio de la anterior documentación, la administración competente para tramitar y resolver las ayudas podrá requerir al solicitante cualquier otro documento acreditativo de situaciones que sean necesarias justificar para resolver las ayudas, en particular, la de encontrarse en la situación de alta en la Seguridad Social en el momento de inicio del cese temporal y mantener ininterrumpida la relación laboral con la empresa armadora de la embarcación en la que se encontraban enrolados en el momento de sobrevenir el cese temporal y acreditar un periodo de cotización en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar de, al menos, doce meses a lo largo de su vida laboral.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>7. Si la documentación que acompaña a la solicitud presentada fuera incompleta o contuviera errores subsanables, el órgano instructor requerirá a las personas solicitantes para que, en el plazo de 10 días hábiles, de acuerdo con el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, subsanen la falta o acompañen los documentos preceptivos, con la advertencia de que, si no lo hicieren, se les tendrá por desistidos de su solicitud, de acuerdo con dicho artículo y con los efectos previstos en el artículo 21.1, segundo párrafo, de la misma.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>8. Cuando las solicitudes sean presentadas por medio de representante, el plazo previsto en el artículo 5.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, para subsanar la falta o insuficiencia de acreditación de la representación, que se produzca cuando las circunstancias del caso así lo requieran, se ampliará por el tiempo necesario y, al menos, a 15 días hábiles.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 8. Ordenación e instrucción.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Las Direcciones Provinciales del Instituto Social de la Marina, como órgano instructor, realizarán todas las actuaciones necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales habrán de formular la propuesta de resolución. Una vez instruido el expediente, se elevará una propuesta de resolución al Director Provincial para su resolución.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. El órgano instructor podrá solicitar todos los documentos y los informes que considere necesarios de acuerdo con los artículos 68 y 79 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. Vistos los objetivos mencionados de esta ayuda, no cabe establecer parámetros comparativos que permitan una prelación ya que el pescador genera su derecho de ayuda al estar en un buque sujeto a la tramitación de un procedimiento de suspensión de los contratos o reducción de jornada y cumplir el resto de requisitos exigidos.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 9. Resolución y notificación.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. El Director Provincial correspondiente del Instituto Social de la Marina dictará y notificará, por delegación del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, al interesado la resolución en el plazo máximo de seis meses a contar desde la publicación del extracto de la correspondiente convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Si transcurrido dicho plazo no se hubiera notificado la resolución, los interesados podrán entender desestimada la solicitud por silencio administrativo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 25.1.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. Las notificaciones y resoluciones del procedimiento de concesión al interesado se realizarán por medios electrónicos de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 40 a 44 y 88, respectivamente, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. El órgano concedente remitirá a la Base de Datos Nacional de Subvenciones la información sobre las ayudas otorgadas en la forma reglamentariamente establecida, para incluirlas en el sistema nacional de publicidad de subvenciones.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>5. Contra la resolución que se dicte, los interesados podrán interponer, potestativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación de la misma de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 123 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, o directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación de la resolución, según lo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 10. Realización del pago.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La realización del pago, que tendrá carácter extrapresupuestario para la Seguridad Social, se efectuará por la Tesorería General de la Seguridad Social, a propuesta del Instituto Social de la Marina, entre los días 10 y 20 del mes siguiente al de la notificación de la resolución de la concesión de ayuda.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 11. Extinción de las ayudas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>A efectos de este real decreto, el derecho a la obtención de estas ayudas se extinguirá en los siguientes supuestos:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) Por cesar la inmovilización de la embarcación a la que se encontraban vinculados los trabajadores en el momento de la paralización.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) Por iniciar el trabajador actividades laborales por cuenta propia o ajena; no obstante lo anterior, en caso de que el trabajador realice, a bordo de la embarcación a la que se encontraba vinculado en el momento de la parada, actividades originadas por movimientos del barco motivados por razones de seguridad, así como los desplazamientos del barco a varadero para efectuar labores de mantenimiento o reparaciones, o los movimientos del barco en los supuestos de la participación del buque en la celebración de fiestas marineras tradicionales durante el período de parada temporal, el abono del derecho se suspenderá por el tiempo que duren dichas actividades.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>c) Por iniciarse los efectos económicos de las prestaciones de Seguridad Social que resulten incompatibles con el trabajo, con la excepción de las prestaciones de incapacidad temporal, de nacimiento y cuidado de menor, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural, en cuyo caso el abono de las ayudas se suspenderá durante el tiempo en que se perciban dichas prestaciones.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>d) Por extinguirse la relación laboral del trabajador con la empresa armadora.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>e) Por dejar de reunir cualquiera de los requisitos que motivaron el reconocimiento del derecho a las ayudas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>f) Por fallecimiento o declaración de fallecimiento de la persona beneficiaria.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 12. Incumplimientos y reintegros.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. De no cumplirse las condiciones necesarias para la percepción de las ayudas, se procederá a la devolución de las cantidades cobradas en su totalidad y el interés de demora exigible y se iniciará el procedimiento de reintegro del importe de las mismas de acuerdo con lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Asimismo, el Instituto Social de la Marina solicitará de la Tesorería General de la Seguridad Social la devolución de las cuotas de los trabajadores indebidamente ingresadas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. Los posibles incumplimientos de las condiciones impuestas determinarán el reintegro de las cantidades indebidamente percibidas.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 13. Acceso a la prestación por desempleo o por cese de actividad en el caso de personas trabajadoras autónomas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Finalizado el periodo de percepción de la ayuda, el trabajador por cuenta ajena únicamente podrá acceder a la prestación por desempleo si cumple los requisitos de los artículos 266 y siguientes del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, entendiendo como fecha de cese, si este se produce, la de finalización del percibo de ayudas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. En el caso de quienes sean personas trabajadoras autónomas, el acceso a la percepción de la prestación por cese de la actividad quedará condicionado al cumplimiento de los requisitos de los artículos 330 y siguientes del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 14. Infracciones y sanciones.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Las posibles infracciones que pudiesen ser cometidas por la persona beneficiaria se graduarán y sancionarán de acuerdo a lo establecido en el título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 15. Publicidad de las ayudas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. La publicidad de las ayudas se realizará a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones de conformidad con lo dispuesto en los artículos 18 y 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. La aceptación de la ayuda supone la aceptación de su inclusión en la lista personas beneficiarias, publicada por vía electrónica, en la que figuren los nombres de las operaciones y el importe de la financiación pública asignada a las operaciones, de acuerdo con el artículo 119.2 del Reglamento (UE) n.º 508/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, así como en el sistema nacional de publicidad de subvenciones.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 16. Protección de datos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. El interesado podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación, en los términos previstos en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Los datos de carácter personal que las personas beneficiarias tienen que facilitar para obtener la ayuda solicitada se incorporan a ficheros informáticos situados bajo la responsabilidad de la Subdirección General de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar del Instituto Social de la Marina y se utilizarán para la gestión, control, evaluación y propuesta de pago de la ayuda solicitada.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. La información podrá ser cedida, en el marco de la utilización antes citada, a otras administraciones públicas, o a empresas privadas a las que las administraciones públicas les encarguen trabajos en relación con la gestión, control, evaluación y pago de la ayuda solicitada, como parte de las tareas de verificación y auditoría de las ayudas cofinanciadas con cargo al FEMP.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 17. Lucha contra el fraude.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Cualquier persona que tenga conocimiento de hechos que pudieran ser constitutivos de fraude o irregularidad en relación con proyectos u operaciones financiadas total o parcialmente con cargo a fondos procedentes de la Unión Europea en el marco de cualquiera de las convocatorias para la concesión de ayudas objeto de estas bases, podrá poner dichos hechos en conocimiento del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude de la Intervención General de la Administración del Estado, por medios electrónicos a través del canal habilitado al efecto por dicho Servicio en la dirección web https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-ES/snca/Paginas/ComunicacionSNCA.aspx en los términos establecidos en la Comunicación 1/2007, de 3 de abril, del citado Servicio, que se adjuntará como anexo IV en la correspondiente convocatoria.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Disposición adicional única. Convocatoria de las ayudas para el primer tramo del ejercicio 2020, por la paralización temporal de la flota, a los pescadores con un procedimiento de suspensión de los contratos o reducción de jornada, como consecuencia del COVID-19, para el periodo comprendido entre el 16 de marzo y el 15 de julio de 2020.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Primero. Objeto.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Se convocan, para el ejercicio 2020, las ayudas a los pescadores con un procedimiento de suspensión de los contratos o reducción de jornada regulada en el artículo 47 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores de buques pesqueros españoles afectados por la paralización temporal de la actividad pesquera, a consecuencia del brote del COVID-19.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El periodo de referencia para esta convocatoria de ayudas es el comprendido entre el 16 de marzo y el 15 de julio de 2020.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Segundo. Bases Reguladoras.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Las bases reguladoras de estas ayudas se establecen en el presente real decreto.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Tercero. Financiación, créditos presupuestarios y cuantía total máxima de las ayudas.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación transferirá a la Tesorería General de la Seguridad Social, una cuantía máxima total de 3.000.000 de euros para la financiación de las ayudas, con cargo a la aplicación presupuestaria 21.11.415B.777 de los Presupuestos Generales del Estado de 2020 «Ayudas para compensar los efectos del COVID-19.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. La propuesta de pago de estas ayudas queda supeditada a que la Tesorería General de la Seguridad Social disponga de fondos suficientes para proceder a dicho pago, en función de los fondos transferidos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. El importe máximo de la ayuda podrá alcanzar el 100% del importe subvencionable, siendo la contribución con cargo al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca del 75%, correspondiendo el otro 25% restante a la contribución nacional de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 95.2 y 94.3 del Reglamento (UE) nº 508/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, y la excepcionalidad de las medidas específicas para atenuar el impacto del COVID-19.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. El gasto previsto para las presentes ayudas podrá imputarse a ejercicios posteriores a aquel en el que recaiga la resolución de concesión, conforme a lo previsto en el artículo 57 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Cuarto. Beneficiarios.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Podrán ser beneficiarios de estas ayudas los pescadores que cumplan los requisitos establecidos en el presente real decreto.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Quinto. Cuantía máxima.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La cuantía máxima se regirá según lo establecido en el artículo 6 del presente real decreto para el período comprendido entre el 16 de marzo y el 15 de julio de 2020.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Sexto. Duración.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. La presente convocatoria cubre los días de inactividad subvencionables calculados de acuerdo con el Real Decreto 703/2020, de 28 de julio, desde el 16 de marzo hasta el 15 de julio de 2020, ambos inclusive.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. El número máximo de días subvencionables no será mayor al número máximo de días laborables a efectos pesqueros en el período de parada del buque comprendido entre el 16 de marzo de 2020 y el 15 de julio de 2020, ambos inclusive, es decir el número máximo de días subvencionables no será mayor a 85 días.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Séptimo. Plazo de presentación de solicitudes.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El plazo para la presentación de solicitudes comenzará a contarse desde el día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», siendo de 20 días hábiles a partir de dicha fecha.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Octavo. Procedimiento y resolución.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Las solicitudes se acompañarán de la documentación prevista en el artículo 7.6 de este real decreto.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. La ordenación e instrucción del procedimiento se realizará de acuerdo con el presente real decreto, por parte de los órganos en él descritos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. El Director Provincial correspondiente del Instituto Social de la Marina dictará y notificará, por delegación del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, al interesado la resolución en el plazo máximo de seis meses a contar desde la publicación del extracto de la correspondiente convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y la notificará conforme lo previsto en este real decreto.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. Si transcurrido dicho plazo no se hubiera notificado la resolución, los interesados podrán entender desestimada la solicitud por silencio administrativo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 25.1.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>5. Contra la resolución que se dicte, los interesados podrán interponer, potestativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación de la misma de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 123 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, o directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación de la resolución, según lo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Noveno. Gestión de las ayudas por paralización temporal.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, se delega por el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en los Directores Provinciales del Instituto Social de la Marina, la competencia para la tramitación, gestión y resolución de las ayudas a los pescadores, cuando se haya tramitado un procedimiento de suspensión de los contratos o reducción de jornada regulado en el artículo 47 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Se realizará con propuesta de pago centralizada, cuya ordenación y materialización se producirá a través de la caja pagadora central de la Tesorería General de la Seguridad Social.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. La Dirección General de Ordenación Pesquera y Acuicultura proporcionará al Instituto Social de la Marina la certificación de la información para cada buque de los períodos subvencionables, según los cálculos efectuados en virtud del Real Decreto 703/2020, de 28 de julio, así como de las paralizaciones temporales de la actividad pesquera regulados de los párrafos a), b) y c) del artículo 33.1 del Reglamento (UE) n.º 508/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por los que no se puede reconocer la ayuda que gestiona este Instituto a los pescadores.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Décimo. Incompatibilidad de las ayudas.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Las ayudas reguladas en la presente convocatoria para los pescadores son incompatibles, en los términos establecidos en el artículo 4 del presente real decreto.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Asimismo, si se produce alguna incompatibilidad o causas de suspensión o extinción de las ayudas, el beneficiario deberá obligatoriamente comunicarlo al Instituto Social de la Marina, presentando, en su caso, la documentación necesaria.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Undécimo. Realización del pago.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La realización del pago tendrá carácter extrapresupuestario para la Seguridad Social. Se efectuará por la Tesorería General de la Seguridad Social, a propuesta del Instituto Social de la Marina, entre los días 10 y 20 del mes siguiente al de la notificación de la resolución de concesión de la ayuda.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Duodécimo. Lucha contra el fraude.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Se aplicará a este respecto lo regulado en el presente real decreto.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Decimotercero. Régimen de recursos.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Contra la presente convocatoria, que agota la vía administrativa, cabrá interponer recurso potestativo de reposición ante el Ministro de Agricultura, Pesca, y Alimentación, en el plazo máximo de un mes desde el día siguiente al de la publicación de su extracto de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 123 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, o impugnarse directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa, en el plazo máximo de dos meses, desde dicha fecha, según lo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, sin que puedan simultanearse ambas vías de impugnación.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Decimocuarto. Efectos.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La presente disposición surtirá efectos desde el día siguiente al de la publicación del extracto de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Disposición final primera. Modificación del Real Decreto 703/2020, de 28 de julio, por el que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas a la paralización temporal de la actividad pesquera para poder hacer frente al impacto económico y social derivado de la pandemia de COVID-19, se convocan dichas ayudas para el primer tramo del ejercicio 2020 y se modifican distintos reales decretos relativos a la regulación de las organizaciones profesionales en el sector de la pesca y la acuicultura y para el ejercicio de la pesca recreativa.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El Real Decreto 703/2020, de 28 de julio, por el que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas a la paralización temporal de la actividad pesquera para poder hacer frente al impacto económico y social derivado de la pandemia de COVID-19, se convocan dichas ayudas para el primer tramo del ejercicio 2020 y se modifican distintos reales decretos relativos a la regulación de las organizaciones profesionales en el sector de la pesca y la acuicultura y para el ejercicio de la pesca recreativa, se modifica como sigue:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Uno. El artículo 16.1 queda redactado como sigue:</p>
<p class='sangrado_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>«1. Los justificantes bancarios y los recibís establecidos en el modelo de solicitud de ayudas conforme a lo dispuesto en el anexo I, se deberán aportar a través de la sede electrónica del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación indicada en el artículo 9.2 en el plazo máximo de dos meses desde la percepción efectiva de la ayuda en la cuenta corriente del armador.»</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Dos. El segundo párrafo del apartado cuarto de la disposición adicional primera queda redactado como sigue:</p>
<p class='sangrado_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>«La presentación de solicitudes se realizará únicamente a través del registro electrónico del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, conforme al modelo normalizado que se acompaña como anexo I y que estará disponible en la sede electrónica de este Ministerio: (https://sede.mapa.gob.es/) y deberán acompañarse de la documentación indicada en el artículo 9.»</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Disposición final segunda. Régimen jurídico aplicable.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Estas ayudas se regirán, además de por lo particularmente dispuesto en este real decreto, por lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, así como por lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y en las demás disposiciones legales y reglamentarias que resulten de aplicación.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Disposición final tercera. Título competencial.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Este real decreto se dicta al amparo de los artículos 149.1.13.ª y 149.1.19.ª de la Constitución Española, que atribuyen al Estado, respectivamente, las competencias exclusivas en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica y bases de ordenación del sector pesquero, y, de la competencia que en materia de régimen económico de la Seguridad Social atribuye en exclusiva al Estado el artículo 149.1.17.ª de la Constitución Española.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Disposición final cuarta. Modificación de anexos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Se habilita al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a modificar mediante orden el contenido de los de este real decreto.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Disposición final quinta. Entrada en vigor.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Dado en Madrid, el 10 de noviembre de 2020.</p>
<p class='firma_rey' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>FELIPE R.</p>
<p class='firma_ministro' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática,</p>
<p class='firma_ministro' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CARMEN CALVO POYATO</p>
<p class='anexo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>ANEXO I</p>
<p class='imagen' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>
<img alt='1' class='frame-1' height='2682' src='/datos/imagenes/disp/2020/302/14323_7762.png' width='2126'/>
</p>
<p class='imagen' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>
<img alt='2' class='frame-2' height='2776' src='/datos/imagenes/disp/2020/302/14323_7798.png' width='2126'/>
</p>
<p class='anexo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>ANEXO II</p>
<p class='imagen' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>
<img alt='1' class='frame-1' height='2682' src='/datos/imagenes/disp/2020/302/14323_7969.png' width='2126'/>
</p>
<p class='anexo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>ANEXO III</p>
<p class='imagen' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>
<img alt='1' class='frame-1' height='2682' src='/datos/imagenes/disp/2020/302/14323_8010.png' width='2126'/>
</p>
<p class='imagen' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>
<img alt='2' class='frame-2' height='2776' src='/datos/imagenes/disp/2020/302/14323_8053.png' width='2126'/>
</p>
<p class='anexo_num' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>ANEXO IV</p>
<p class='anexo_tit' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Comunicación 1/2017, de 6 de abril, sobre la forma en la que pueden proceder las personas que tengan conocimiento de hechos que puedan ser constitutivos de fraude o irregularidad en relación con proyectos u operaciones financiados total o parcialmente con cargo a fondos procedentes de la Unión Europea</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El artículo 125 del Reglamento (UE) 1303/2013, de 17 de diciembre, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, dispone en su apartado 4 c) que, en su ámbito de aplicación, «la autoridad de gestión deberá (...) aplicar medidas antifraude eficaces y proporcionadas, teniendo en cuenta los riesgos detectados», existiendo disposiciones similares en la normativa reguladora del resto de Fondos Europeos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La detección del fraude exige la puesta en marcha por parte de las autoridades competentes de una serie de medidas que aborden dicho fenómeno de forma coordinada e integral, dado que ninguna medida puede resultar útil y eficaz para esa finalidad de forma aislada.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En este sentido, resulta claro que cualquier mecanismo de detección del fraude que puedan implantar los órganos competentes se aplica sobre la información de la· que dichos órganos disponen en cada momento. Dicha información, en mayor o menor medida, es siempre inferior a la información total existente, especialmente en aquellos casos en los que concurran conductas tendentes a la ocultación de los hechos de que se trate por parte de las personas responsables. En estos supuestos, resulta imprescindible para detectar el fraude la colaboración de las personas que tengan conocimiento de dichos hechos y que de buena fe deseen ponerlos en conocimiento de la Administración para que por las autoridades competentes se lleven a cabo las actuaciones que correspondan.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>No obstante lo anterior, la inexistencia de canales específicos y formalizados a través de los cuales poner en conocimiento de las autoridades competentes los hechos que pudieran ser constitutivos de fraude o irregularidad en relación con proyectos u operaciones financiados con fondos europeos dificulta a las personas que tienen conocimiento de dichos hechos el traslado de esa información a las citadas autoridades.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>A ello también contribuye la pluralidad de órganos y entidades que, en función del tipo de fraude o irregularidad, pueden tener competencia para la investigación de los hechos y para la exigencia de las responsabilidades que correspondan en cada caso, así como su dispersión.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Todo ello tiene como consecuencia que en muchas ocasiones las personas que tienen conocimiento de información relevante sobre hechos que pueden ser constitutivos de fraude o irregularidad desconocen la forma en la que tienen que proceder para poner dicha información en conocimiento de la Administración, la entidad u órgano al que deben remitirla, los requisitos que deben cumplir, las consecuencias de dicha remisión y el tratamiento que se va a dar a la información remitida, lo que supone para dichas personas un desincentivo en cuanto a la remisión de dicha información.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Por otro lado, debe tenerse en cuenta que el artículo 74 del citado Reglamento (UE) 1303/2013 establece en su apartado 3 que «los Estados miembros garantizarán que se pongan en práctica medidas eficaces para el examen de las reclamaciones relacionadas con los Fondos Estructurales y de Inversión Europea».</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>A la vista de lo anterior, con la finalidad de facilitar la remisión a las autoridades competentes de cualquier información relevante en relación con hechos que puedan ser constitutivos de fraude o irregularidad, y a efectos de centralizar y coordinar la recepción de dicha información y su posterior análisis y remisión al órgano que corresponda, se ha habilitado por el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude un canal específico que podrá ser utilizado por aquellas personas que tengan conocimiento de información de ese tipo y que deseen ponerla en conocimiento de la Administración a efectos de que las autoridades competentes puedan realizar las actuaciones que corresponda en cada caso.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El objetivo de esta Comunicación es precisamente informar sobre el establecimiento de dicho canal y fijar una serie de orientaciones generales sobre su funcionamiento, dando certidumbre a las personas que deseen utilizarlo y coordinando la actuación en esta materia de las autoridades encargadas de la gestión de fondos europeos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Esta Comunicación no agota las medidas necesarias para lograr un tratamiento adecuado de esta materia, debiendo completarse con medidas adicionales como el establecimiento de mecanismos de protección de los informantes y la atribución centralizada a un órgano especializado de la Administración de verdaderas facultades de investigación administrativa en relación con las informaciones que se reciban a través del canal establecido en esta Comunicación, medidas ambas que requieren de las correspondientes reformas de carácter legislativo, que el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude promoverá en el ejercicio de sus funciones pero que no pueden ser objeto de una Comunicación de esta naturaleza.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Por último, la disposición adicional 25ª de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, establece en su apartado 2 a) que corresponde al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude «promover los cambios(...) administrativos necesarios para proteger los intereses financieros de la Unión Europea», siendo este el fundamento normativo en el que se enmarca el contenido de la presente Comunicación y el establecimiento del canal para la remisión de información al que se hace referencia en la misma.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Primero. Objeto y ámbito de aplicación.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Esta Comunicación tiene por objeto el establecimiento de orientaciones sobre la forma en la que pueden proceder aquellas personas que tengan conocimiento de hechos que puedan ser constitutivos de fraude o irregularidad en relación con proyectos u operaciones financiados total o parcialmente con cargo a fondos procedentes de la Unión Europea, y que deseen ponerlo en conocimiento de la Administración a efectos de que las autoridades competentes puedan realizar las actuaciones necesarias para la investigación o verificación de dichos hechos, y, en su caso, para la tramitación de los procedimientos legalmente establecidos a efectos de exigir las responsabilidades que en cada caso procedan.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Habida cuenta del ámbito de las funciones que se atribuyen al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude por su normativa reguladora, la presente Comunicación debe entenderse aplicable tanto en el ámbito estatal como en el ámbito autonómico y local, y con independencia de la naturaleza pública o privada de la persona o entidad beneficiaria de los fondos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Asimismo, la presente Comunicación debe entenderse también referida a los gastos que gestione directamente la Comisión Europea, cuando los mismos se realicen en territorio nacional o se trate de ayudas de las que sean beneficiarias personas o entidades ubicadas en dicho territorio.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Segundo. Canal específico establecido por el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>A efectos de facilitar la remisión a las autoridades competentes de cualquier información relevante en la lucha contra el fraude a los intereses financieros de la Unión Europea, y en el marco de las funciones de coordinación que corresponden al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude en dicho ámbito, cualquier persona que tenga conocimiento de hechos que pudieran ser constitutivos de fraude o irregularidad en relación con proyectos u operaciones financiados total o parcialmente con cargo a fondos procedentes de la Unión Europea podrá poner dichos hechos en conocimiento del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude por medios electrónicos a través del canal habilitado al efecto por dicho Servicio en la dirección web http://www.igae.pap.minhafp.gob.es/sitíos/igae/es-ES/Paginas/Denan.aspx, generándose un aviso de transmisión correcta de la información.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Asimismo, y siempre que excepcionalmente no sea posible la utilización de los citados medios electrónicos, los hechos podrán ponerse en conocimiento del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude en soporte papel mediante el envío de la documentación en sobre cerrado a la siguiente dirección postal:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Servicio Nacional de Coordinación Antifraude.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Intervención General de la Administración del Estado.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Ministerio de Hacienda y _Función Pública.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Calle María de Malina 50, planta 12. 28006 -Madrid.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En este último caso, deberá comunicarse a la persona que hubiera remitido la información que esta ha sido recibida por el citado Servicio y que se le dará el tratamiento establecido en la presente Comunicación.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Tercero. Contenido de la información que se remita al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. La información que se remita al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude a través de los medios establecidos en el apartado segundo deberá contener una descripción de los hechos de la forma más concreta y detallada posible, identificando, siempre que fuera posible, las personas que hubieran participado en los mismos; los negocios, convocatorias, instrumentos o expedientes afectados por la presunta irregularidad o fraude; la fecha cierta o aproximada en la que los hechos se produjeron; el Fondo o Fondos europeos afectados; el órgano o entidad que hubiera gestionado las ayudas; y los órganos o entidades a los que, adicionalmente y en su caso, se hubiera remitido la información.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Asimismo, deberá aportarse cualquier documentación o elemento de prueba que facilite la verificación de los hechos comunicados y la realización de las actuaciones que correspondan en relación con los mismos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. La persona que remita la información deberá identificarse mediante su número de NIF y su nombre y apellidos, debiendo indicar asimismo una dirección de correo electrónico, o en su defecto una dirección postal, a través de la cual el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude pueda comunicarse con dicha persona.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Cuando la información se remita al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude en soporte papel, deberán constar en la misma los datos de identificación de la persona informante, con su correspondiente firma.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Cuarto. Actuaciones a realizar por el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. El Servicio Nacional de Coordinación Antifraude analizará la información recibida a efectos de determinar el tratamiento que deba darse a la misma, realizando las verificaciones y actuaciones que considere necesarias en el marco de las facultades que le atribuyen las disposiciones normativas aplicables.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>A tales efectos, podrá solicitar la documentación o información adicional que estime oportuno, tanto a la persona que hubiera puesto en su conocimiento la información inicial como a los órganos o entidades que pudieran disponer de la documentación o información adicional que fuera necesaria.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. El Servicio Nacional de Coordinación Antifraude no dará curso a la información recibida en los siguientes supuestos:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) Cuando los hechos comunicados no afecten a proyectos u operaciones financiados con cargo a fondos procedentes de la Unión Europea, lo que se entiende sin perjuicio de la posibilidad de remitir la información al órgano o entidad competente por razón de la materia para su análisis o investigación.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) Cuando no consten en la información recibida los datos de identificación de la persona que la hubiera remitido, en los términos establecidos en el apartado tercero.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>c) Cuando ya se hubieran archivado sobre el fondo otras actuaciones anteriores derivadas de información recibida sobre los mismos hechos o similares, sin que se aporte ningún elemento relevante adicional.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>d) Cuando la escasez de la información remitida, la descripción excesivamente genérica e inconcreta de los hechos o la falta de elementos de prueba suministrados no permitan al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude realizar una verificación razonable de la información recibida y una determinación mínima del tratamiento que deba darse a los hechos comunicados, atendiendo a los medios de que dispone el citado Servicio.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>e) Cuando la información recibida fuera manifiestamente infundada.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>f) Cuando, realizado el análisis a que se refiere el punto anterior de este apartado, el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude entienda de forma motivada que los hechos comunicados no son constitutivos de fraude ni irregularidad.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En cualquier caso, cuando no se dé curso a la información recibida como consecuencia de lo dispuesto en este punto, esta circunstancia se comunicará a la persona que hubiera remitido la información inicial, indicando la causa que motiva dicha forma de proceder, a efectos de que aquella pueda realizar las actuaciones que considere oportunas.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. Cuando, realizado el análisis a que se hace referencia en el punto 1 de este apartado, el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude entienda que los hechos comunicados pueden ser constitutivos de fraude o irregularidad que afecte a los intereses financieros de la Unión Europea, elaborará un informe en el que pondrá de manifiesto los hechos analizados y su opinión motivada respecto del tratamiento que deba darse a los mismos de conformidad con las disposiciones normativas aplicables.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Dicho informe se remitirá, junto con la información recibida del informante y las actuaciones realizadas por el citado Servicio, al órgano que en cada caso sea competente para tramitar los procedimientos o realizar las actuaciones adicionales que correspondan en función del tipo de fraude o irregularidad de que se trate.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, y atendiendo a la gravedad de los hechos comunicados, a las facultades necesarias para proceder a su verificación, a los medios de que disponga el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude en cada momento y al resto de circunstancias concurrentes en cada caso, el citado Servicio podrá en cualquier momento remitir directamente las actuaciones al órgano competente a que se hace referencia en dicho apartado.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Asimismo, el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude podrá remitir las actuaciones en cualquier momento a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude cuando entienda que la información recibida puede resultar de interés para dicha Oficina de cara a la apertura de la correspondiente investigación y, por las circunstancias señaladas en el párrafo anterior, entienda que esta puede realizar de una forma más eficaz el análisis y verificación de los hechos comunicados.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>5. La remisión de las actuaciones al órgano competente de conformidad con lo dispuesto en los dos apartados anteriores será comunicada por el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude a la persona que hubiera remitido la información.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Quinto. Garantía de confidencialidad.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. El personal del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude deberá guardar el debido secreto respecto de cualquier información de la que tenga conocimiento como consecuencia de lo dispuesto en la presente Comunicación, no pudiendo utilizar dicha información para fines distintos de los establecidos en la misma.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Salvo cuando la persona que hubiera comunicado la información solicite expresamente lo contrario, el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude guardará total confidencialidad respecto de su identidad, de forma que la misma no será revelada a persona alguna.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>A tal fin, en el informe a que se hace referencia en el punto 3 del apartado cuarto y en todas las comunicaciones, actuaciones de verificación o solicitudes de documentación que se lleven a cabo por el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude, se omitirán los datos relativos a la identidad de la persona que hubiera remitido la información, así como cualesquiera otros que pudieran conducir total o parcialmente a su identificación.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Asimismo, cuando, de conformidad con lo establecido en el apartado cuarto, el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude traslade las actuaciones a otros órganos para que por estos se tramiten los procedimientos que correspondan, lo dispuesto en el párrafo anterior será de aplicación a la documentación que se remita a esos otros órganos, salvo cuando se trate de órganos jurisdiccionales o del Ministerio Fiscal y la normativa reguladora del procedimiento judicial de que se trate exija otra cosa. En este último caso, la identidad de la persona informante se comunicará únicamente a las personas u órganos a los que resulte imprescindible.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Por último, y en la medida en que la normativa reguladora del procedimiento de que se trate así lo permita, será el propio Servicio Nacional de Coordinación Antifraude el que realizará ante el órgano al que se hubieran remitido las actuaciones los trámites necesarios para que dicho procedimiento pueda desarrollarse adecuadamente, de forma que, en su caso, la comunicación entre dicho órgano y la persona que hubiera remitido la información al citado Servicio se realice a través de este, a efectos de garantizar la confidencialidad de la identidad de aquella.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. Lo dispuesto en el apartado anterior no será de aplicación cuando la persona que hubiera remitido la información al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude hubiera actuado de mala fe, en cuyo caso el citado Servicio valorará promover la realización de las actuaciones que procedan de acuerdo con las disposiciones aplicables.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Sexto. Difusión del contenido de la presente Comunicación.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. A efectos de dotar de difusión a la presente Comunicación y facilitar su conocimiento por las personas que potencialmente puedan tener conocimiento de hechos que pudieran ser constitutivos de fraude o irregularidad en relación con proyectos u operaciones financiados con fondos procedentes de la Unión Europea, se recomienda a las autoridades con competencias en la gestión de los diferentes Fondos europeos que adopten medidas adecuadas para la consecución de dicha finalidad.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. A tal fin, y sin perjuicio de otras medidas que se puedan adoptar, sería conveniente que dichas autoridades instruyeran a los órganos y entidades encargados de la tramitación y gestión de las diferentes ayudas para que incluyan, en todas las convocatorias de ayudas susceptibles de ser financiadas con cargo a fondos de la Unión Europea, una referencia expresa a la posibilidad de comunicar al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude, en los términos establecidos en la presente Comunicación, aquellos hechos que pudieran ser constitutivos de fraude o irregularidad, así como, siempre que sea posible, adjuntar una copia de la misma como anexo a la convocatoria de que se trate.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>A tales efectos, se podría incluir en dichas convocatorias un párrafo o artículo con la siguiente redacción:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>«Cualquier persona que tenga conocimiento de hechos que pudieran ser constitutivos de fraude o irregularidad en relación con proyectos u operaciones financiados total o parcialmente con cargo a fondos procedentes de la Unión Europea en el marco de la presente convocatoria podrá poner dichos hechos en conocimiento del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude de la Intervención General de la Administración del Estado, por medios electrónicos a través del canal habilitado al efecto por dicho Servicio en la dirección web http://igaepre.central.sepg.minhac.age/sitios/igae/es-ES/Paginas/Denan.aspx, y en los términos establecidos en la Comunicación 1/2017, de 3 de abril, del citado Servicio, que se adjunta como anexo a la presente convocatoria.»</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Sería asimismo recomendable que lo dispuesto en el párrafo anterior se aplicase también a los procedimientos de contratación pública de aquellos contratos que fueran susceptibles de ser financiados con cargo a fondos de la Unión Europea, de forma que los pliegos de cláusulas administrativas particulares o los documentos contractuales que se estime oportuno en función del procedimiento aplicable, contuvieran una referencia análoga a la señalada en el párrafo anterior.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. Por otro lado, y a efectos de reforzar el cumplimiento de las obligaciones que la normativa europea impone a las autoridades de gestión en materia de prevención y detección del fraude a los intereses financieros de la Unión Europea, dichas autoridades deberían valorar la conveniencia de realizar las actuaciones necesarias para que las descripciones de los sistemas de gestión y control de los diferentes programas operativos, o los documentos análogos que correspondan de conformidad con la normativa reguladora de cada Fondo, incluyan una referencia expresa a la posibilidad de comunicar al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude aquellos hechos que pudieran ser constitutivos de fraude o irregularidad, así como una descripción resumida de los aspectos procedimentales contenidos en la presente Comunicación en relación con la remisión de la información al citado Servicio y el tratamiento por este de la información recibida.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. Con esa misma finalidad, sería recomendable que dichas autoridades realizasen las actuaciones necesarias para que tanto ellas como los órganos y entidades encargados de la tramitación y gestión de las diferentes ayudas incluyeran en sus respectivas páginas web, y en las aplicaciones informáticas de gestión de los diferentes fondos y programas, un apartado específico que contenga la información señalada en el punto 3 y en el que se incluya un enlace directo al canal específico habilitado por el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude mencionado en el apartado segundo, a efectos de facilitar la remisión de información al citado Servicio desde dichas aplicaciones y páginas web.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Séptimo. Resolución de las dudas que pueda plantear el contenido de la presente Comunicación.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El canal habilitado por el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude a que se hace referencia en el apartado segundo podrá ser utilizado, con carácter previo a la eventual remisión de información, para plantear a dicho Servicio las cuestiones que susciten dudas en relación con la forma y requisitos con los que la información debe ser remitida a través del mismo, con el tratamiento que se dará a·la misma, y, en general, con cualquier aspecto relativo al contenido de la presente Comunicación.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Octavo. Información relativa a hechos que afecten a los ingresos del presupuesto de la Unión Europea.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Esta Comunicación no resulta de aplicación a los casos en los que la información de que se hubiera tenido conocimiento se refiera a derechos aduaneros o al resto de ingresos del presupuesto de la Unión Europea cuya competencia corresponda a la Agencia Estatal de Administración Tributaria.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En estos casos, la remisión a la Administración de dicha información deberá realizarse a través de los cauces y procedimientos establecidos en el artículo 114 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y resto de normativa tributaria que pudiera resultar de aplicación.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Noveno. Compatibilidad con los cauces y procedimientos establecidos por otras disposiciones.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>A efectos de poner en conocimiento de las autoridades competentes los hechos que puedan ser constitutivos de fraude o irregularidad, lo dispuesto en esta Comunicación se entiende sin perjuicio de la posibilidad de emplear los cauces y procedimientos contemplados por las disposiciones normativas que resulten de aplicación en cada caso, y, en particular, los contemplados en la normativa reguladora del procedimiento judicial penal.</p>
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Tue Nov 17 07:15:59 +0000 2020
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La pandemia del COVID-19 declarada por la Organización Mundial de la Salud en marzo de este año, ha motivado la necesidad de adoptar diversas medidas urgentes para mantener la actividad y competitividad del sector pesquero, así como minimizar el impacto sobrevenido en dicho sector por dicha declaración y las consecuencias sanitarias, de seguridad, económicas y sociales que han derivado de esta situación de crisis sanitaria sin precedentes.
Como consecuencia de lo anterior, la Unión Europea ha aprobado un conjunto de medidas, entre otras, a través del Reglamento (UE) 2020/560 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2020, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 508/2014 y (UE) n.º 1379/2013 en relación con medidas específicas para atenuar el impacto del brote de COVID-19 en el sector de la pesca y la acuicultura, con el fin de atenuar el impacto social y económico en el sector de la pesca y la acuicultura provocado por la crisis sanitaria derivada del brote de COVID-19.
Así, el apoyo al sector derivado de la modificación y aplicación de lo dispuesto en el Reglamento n.º 508/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de mayo de 2014, supone garantizar la continuidad de las actividades pesqueras, racionalizando el procedimiento para el acceso a las ayudas para los pescadores.
En el plano nacional, mediante el Real Decreto 703/2020, de 28 de julio, por el que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas a la paralización temporal de la actividad pesquera para poder hacer frente al impacto económico y social derivado de la pandemia de COVID-19, se convocan dichas ayudas para el primer tramo del ejercicio 2020 y se modifican distintos reales decretos relativos a la regulación de las organizaciones profesionales en el sector de la pesca y la acuicultura y para el ejercicio de la pesca recreativa, la Administración ha establecido las bases reguladoras y la convocatoria en 2020 para el apoyo a los armadores, hayan presentado o no un procedimiento de suspensión de contratos o reducción de jornada como consecuencia de la paralización extraordinaria de la actividad pesquera derivada de la pandemia, y, asimismo, para la protección de los pescadores para los que no se ha presentado dicha suspensión de contrato o reducción de su jornada laboral.
Este sistema subvencional, no obstante, necesita ser ahora completado por medio de la presente norma. Así, se subvienen con la presente norma las necesidades detectadas en los pescadores cuya actividad se haya paralizado y se haya tramitado un procedimiento de suspensión de los contratos o reducción de jornada regulados en el artículo 47 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, que se gestionarán por el Instituto Social de la Marina del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y se pagarán a través de la caja pagadora central de la Tesorería General de la Seguridad Social previa propuesta de pago centralizada por dicho Instituto.
Asimismo, se incluye la convocatoria de esta línea de ayudas para el primer tramo del ejercicio de 2020 en unidad de acto con este real decreto, de modo que se acorten los plazos al máximo para asegurar la plena eficacia y efectividad de la medida dada la urgencia en su tramitación.
Por consiguiente, el presente real decreto viene a regular las ayudas a los pescadores que se han visto afectados por un procedimiento de suspensión de contratos o reducción de jornada, y a modificar el Real Decreto 703/2020, de 28 de julio, que el presente real decreto modifica en aspectos meramente técnicos dadas ciertas referencias normativas erróneas.
Concurren en este supuesto razones justificativas del carácter singular de las subvenciones, de las razones que acreditan el interés público, social, económico o humanitario, u otras que justifican la dificultad de su convocatoria pública. Ante la necesidad de garantizar la máxima estabilidad a los pescadores, atendiendo a la necesidad de garantizar los recursos necesarios para evitar el abandono de dicha profesión, que se estableció con carácter esencial, con objeto de proporcionar alimentos esenciales para la población por la situación de emergencia de salud pública provocada por el brote del COVID-19 y atendiendo a la importancia capital de estas medidas para la aplicación de la política pesquera del Departamento, se estima que concurren circunstancias excepcionales que acreditan razones de interés público para su aprobación como subvenciones de carácter directo previstas en el artículo 22.2.c) del citado cuerpo legal. La importancia social y económica de la actividad primaria en el sector pesquero hacen necesario garantizar y promover la aplicación de las políticas públicas de este Departamento en relación con dicha actividad, comprometidas y en concordancia con las de la Unión Europea en estas materias. Así, dentro del sector pesquero, el valor de la producción de los productos de la pesca y de la acuicultura así como los transformados en el ámbito se encuentra cerca de 2 millones de toneladas y que factura más de 6.700 millones de euros. Se trata de un sector muy repartido a lo largo del litoral español. Ello supone oportunidades de empleo para los jóvenes, al tiempo que fija la población rural y evita el despoblamiento. La importancia económica y social del sector justifica la aprobación de estas ayudas, en la que además concurre la imposibilidad de iniciar un procedimiento de concurrencia competitiva por cuanto, vistos los objetivos mencionados de esta ayuda, debe concederse a todos los pescadores a bordo de buques que han tramitado un procedimiento de suspensión de los contratos o reducción de jornada, y, por lo tanto, no cabe establecer parámetros comparativos que permitan una prelación ya que el pescador genera su derecho de ayuda al estar en un buque sujeto al procedimiento antes mencionado, así como la posibilidad de hacer uso de los fondos europeos en la materia, con el fin de asegurar la sostenibilidad social de un sector esencial en muchas zonas litorales del país.
Con el objeto de asegurar que la medida responde de forma eficaz a las especiales circunstancias que pretende paliar, y considerando que dicha eficacia solo es posible si la medida se pone en marcha con carácter urgente, se establece la gestión centralizada de las ayudas.
Este real decreto se dicta al amparo de la competencia estatal en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, prevista en el artículo 149.1.13.ª de la Constitución Española, de la competencia exclusiva en materia de pesca marítima y ordenación del sector pesquero, de acuerdo con lo establecido en el artículo 149.1.19.ª de la Constitución.
La gestión centralizada se perfila como la única forma de gestión que garantiza idénticas posibilidades de obtención y disfrute por parte de sus potenciales destinatarios en todo el territorio nacional, mediante el establecimiento de unos criterios uniformes para el acceso a las ayudas, fundamentales en este supuesto en el que las ayudas no se encuentran compartimentadas, sino que se extienden al conjunto de España, con una flota que faena en el mar territorial, el cual no está compartimentado en función de los territorios regionales. Procede destacar en este sentido que el tipo de necesidades que generan las situaciones que se pretenden afrontar con esta medida responden a un patrón común en todas las zonas y tipo de buques y actividades afectadas, independientemente de la comunidad autónoma donde se ubique el respectivo puerto base, que por lo demás no impiden ni salir a faenar ni descargar en cualquier otro, o el cambio definitivo del mismo, lo que refuerza la necesidad de esta gestión centralizada. La flota española se caracteriza por su amplitud y la variedad de orientaciones extractivas, desde buques de gran porte dedicados a amplias mareas hasta pequeñas embarcaciones artesanales de bajura. Asimismo, en varios casos las embarcaciones se encuentran en manos de un mismo propietario o armador, sin perjuicio de que sus artes, caladero, puerto habitual, puerto base o lugar preferente de primera venta sea diverso y cambiante a lo largo del año. A unas necesidades tan específicas la Administración debe responder de forma que los plazos y criterios sean idénticos en todo el territorio nacional, lo cual únicamente se garantiza con una gestión centralizada. La gestión centralizada también contribuye a garantizar que no se sobrepasan los importes máximos de ayudas establecidos por la normativa europea, a los que están sujetas las subvenciones establecidas en el presente real decreto.
Así, con palabras de la Sentencia del Tribunal Constitucional 45/2001, de 15 de febrero, «el artículo 149.1.13 CE puede amparar tanto normas estatales que fijen las líneas directrices y los criterios globales de ordenación de sectores económicos concretos, como previsiones de acciones o medidas singulares indispensables para alcanzar los fines propuestos en dicha ordenación (STC 155/1996, de 9 de octubre, F.4 y jurisprudencia en ella citada)». En definitiva, el Estado tiene reservada, por el mencionado artículo 149.1.13.ª, una competencia de dirección en la que tienen cobijo normas básicas y, asimismo, previsiones de acciones o medidas singulares que sean necesarias para alcanzar los fines propuestos dentro de la ordenación del sector (STC 117/1992, de 16 de septiembre). Ello se debe a su carácter transversal ya que aun existiendo una competencia sobre un subsector económico que una comunidad autónoma ha asumido como «exclusiva» en su Estatuto, esta atribución competencial no excluye la competencia estatal para establecer las bases y la coordinación de ese subsector, y que el ejercicio autonómico de esta competencia exclusiva puede estar condicionado por medidas estatales, que en ejercicio de una competencia propia y diferenciada pueden desplegarse autónomamente sobre diversos campos o materias, siempre que el fin perseguido responda efectivamente a un objetivo de planificación económica» (Sentencia del Tribunal Constitucional 74/2014, de 8 de mayo). Igualmente, la STC 11/2015, FJ 4, por remisión a la STC 79/1992, de 28 de mayo, FJ 2, ha recordado que «el sector de la agricultura y la ganadería es de aquellos que por su importancia toleran la fijación de líneas directrices y criterios globales de ordenación así como previsiones de acciones o medidas singulares que sean necesarias para alcanzar los fines propuestos dentro de la ordenación de cada sector, destacando que ‘‘… en materia de agricultura y ganadería, siendo la competencia específica de las comunidades autónomas... el Estado puede intervenir en virtud de sus competencias generales sobre la ordenación general de la economía’’.»
El artículo 149.1.13.ª CE puede en determinados casos justificar la reserva de funciones ejecutivas al Estado y también permitir el uso de la supraterritorialidad como título atributivo de competencias al Estado, pero para que dicho supuesto pueda ser considerado conforme al orden competencial han de cumplirse dos condiciones: que resulte preciso que la actuación de que se trate quede reservada al Estado para garantizar así el cumplimento de la finalidad de ordenación económica que se persigue, la cual no podría conseguirse sin dicha reserva, y, por otro lado, que el uso del criterio supraterritorial resulte justificado en los términos de nuestra doctrina, esto es, atendiendo tanto a las razones aportadas como a la congruencia de la reserva de la función con el régimen de la norma.
Otro tanto se puede decir en relación con la competencia del Estado en la materia de ordenación pesquera de la regla 19.ª, el Tribunal Constitucional ha dictado, entre otras, las Sentencias 56/1989 y 147/1991, señalando que el concepto de ordenación del sector pesquero incluye a «(…) quienes pueden ejercer la actividad pesquera, ya sea la directamente extractiva o alguna otra relacionada con ella, las condiciones que deben reunir tales sujetos integrantes del sector y su forma de organización.» Y que, en este ámbito, el Estado tiene la competencia para dictar la legislación básica correspondiendo a las comunidades autónomas el desarrollo legislativo y la ejecución de las normas.
Pero además de estas consideraciones, deben tenerse en cuenta la concurrencia indiferenciada en el ámbito de este real decreto de competencias exclusivas, que fundamentan la aprobación de las bases y su gestión centralizada por parte del Estado de modo conjunto con los títulos anteriores. En efecto, la íntima conexión de estas ayudas con la pesca extractiva queda reflejada en la propia definición que el Tribunal Constitucional realiza de esta actividad. Así, la doctrina del Tribunal Constitucional (esencialmente, las SSTC 56/1989, 9/2001, 38/2002 y 166/2013) parte del principio, resumido en el FJ 6 de la última de ellas, que establece que «por pesca marítima hay que entender la regulación de la actividad extractiva. De manera más detallada, la pesca marítima incluye la normativa referente a los recursos y las zonas donde puede pescarse (fondos, caladeros, distancias, cupos), a los períodos en que puede pescarse (vedas, horas) y a la forma y medios de realización de la actividad extractiva en el mar (artes, medios de pesca). Del mismo modo, como presupuesto de la señalada actividad extractiva, la pesca marítima incluye también el régimen de protección, conservación y mejora de los recursos pesqueros. Ahora bien, la materia «pesca marítima» es competencia exclusiva del Estado (art. 149.1.19 CE) cuando su regulación se proyecta sobre el mar territorial, la zona económica y las aguas internacionales. Por el contrario, en el caso de que la disciplina de dichas cuestiones se ciña a las aguas interiores de una Comunidad Autónoma, esta resultará competente para establecerla (así en STC 9/2001, de 18 de enero, FJ 6)».
Del mismo modo, al colaborar la Tesorería General de la Seguridad Social en la gestión de estas ayudas se incardina indisociablemente en el marco de las competencias exclusivas del Estado en materia de Seguridad Social conforme al artículo 149.1.17.ª de la Constitución. Por lo tanto, también desde esa perspectiva procede la concesión de modo centralizado de estas ayudas por cuanto aplica las competencia exclusivas estatales en materia de la protección que la Seguridad Social brinda a los colectivos de trabajadores afectados por diferentes contingencias, desde la perspectiva además de la caja única refrendada en sede constitucional que, por todas desde 1989, se sentaría por el Tribunal Constitucional como una competencia exclusiva del Estado en los siguientes términos: «el principio de unidad presupuestaria de la Seguridad Social significa la unidad de titularidad (…) puesto que, si faltara un único titular de los recursos financieros del sistema público de aseguramiento social, tanto para operaciones presupuestarias como extrapresupuestarias, no podría preservarse la vigencia efectiva de los principios de caja única y de solidaridad financiera, ni, consecuentemente, la unidad del sistema». A este respecto, el presente real decreto prevé las bases reguladoras para la concesión de ayudas a los pescadores enrolados en los buques afectados por tales paradas. Estas ayudas se instrumentarán por medio del Instituto Social de la Marina como entidad gestora de la Seguridad Social para aquellos trabajadores incardinados en el Régimen Especial de Trabajadores del Mar, y exige como requisito previo su enrolamiento y su correspondiente alta en dicho sistema, y opera como medida compensatoria por la pérdida de salarios derivada de tal actividad, en el marco de dichas competencias, por lo que se considera un título competencial esencial para su correcta articulación en cuanto a tales ayudas.
Por lo tanto, la concurrencia sobre un mismo objeto de títulos competenciales exclusivos del Estado y de títulos básicos, permiten apreciar en este caso los requisitos fijados por el Tribunal Constitucional para optar por la centralización y, por otro lado, justifican la opción normativa de unificar no solo bases y convocatoria al amparo de lo determinado por el artículo 28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, sino también de concentrar su regulación y gestión estatal ya que se ha concluido que el Estado tiene competencia suficiente para proceder a la gestión centralizada.
Asimismo, debe tenerse en cuenta la doctrina constitucional sobre la gestión de fondos comunitarios, recogida en las SSTC 79/1992, 117/1992, 213/1994, 70/1997, 148/1998 y 99/2012, en especial en cuanto a que la gestión centralizada contribuye a garantizar que no se sobrepasan los importes máximos de ayudas establecidos por la normativa europea, a los que están sujetas las subvenciones establecidas en el presente real decreto.
Por ello mismo, y también debido a la urgencia de las ayudas, destinadas a atender las necesidades inaplazables, y para asegurar la igualdad en la percepción por parte de los posibles destinatarios de estas ayudas, cabe citar la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la supraterritorialidad que señala que «Dicho traslado de titularidad, con base en la extraterritorialidad, tiene carácter excepcional, de manera que solo podrá tener lugar «cuando no quepa establecer ningún punto de conexión que permita el ejercicio de las competencias autonómicas o cuando además del carácter supra autonómico del fenómeno objeto de la competencia, no sea posible el fraccionamiento de la actividad pública ejercida sobre él y, aun en este caso, siempre que dicha actuación tampoco pueda ejercerse mediante mecanismos de cooperación o de coordinación y, por ello, requiera un grado de homogeneidad que solo pueda garantizar su atribución a un único titular, forzosamente el Estado, y cuando sea necesario recurrir a un ente supra-ordenado con capacidad de integrar intereses contrapuestos de sus componentes parciales, sin olvidar el peligro inminente de daños irreparables, que nos sitúa en el terreno del estado de necesidad (STC 102/1995, de 26 de junio, FJ 8)» (STC 194/2011, de 13 de diciembre, FJ 5). En consecuencia, «sin que el recurso a la técnica del desplazamiento de competencias al Estado, en el caso de efectos extraterritoriales del ejercicio de la competencia ejecutiva autonómica, deba ser asumido como solución. El Estado, al fijar los puntos de conexión territorial que estimase oportunos y resultasen acordes con la finalidad perseguida por la norma, estaría determinando, precisamente, la Comunidad Autónoma a la que en cada caso correspondería ejercer las funciones de ejecución a las que la norma hace referencia, ofreciendo a las Comunidades Autónomas una regla de atribución de competencias que pretende evitar el eventual conflicto de intereses» (STC 194/2011, de 13 de diciembre, FJ 6)» (STC 35/2012, FJ 5).
Por otro lado, la doctrina del Tribunal Constitucional exige el establecimiento de las bases reguladoras de subvenciones por real decreto en los casos en que se invoque, como aquí ocurre –aunque de modo conjunto con competencias exclusivas–, una competencia básica (STC 175/2003, de 30 de septiembre, o STC 156/2011, de 18 de octubre). Así, la STC 156/2011, de 20 de octubre, afirma que «este Tribunal ha insistido en que la regulación de subvenciones mediante orden ministerial, por su rango normativo, no se aviene con las exigencias formales de la normativa básica» (SSTC 242/1999, de 21 de diciembre, FJ 9; 98/2001, de 5 de abril, FJ 7; 188/2001» y prosigue: «Este criterio respecto a la cobertura formal de la normativa básica ha de ser exigido, incluso con mayor rigor, en los supuestos de subvenciones estatales centralizadas en los ámbitos materiales en los que la Constitución reserva al Estado la normativa básica, toda vez que esa gestión centralizada se erige en excepción que limita el ejercicio ordinario por las Comunidades Autónomas de sus competencias».
Esta norma se adecua a los principios de buena regulación a que se refiere el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En este sentido, se garantizan los principios de necesidad y eficacia puesto que la norma resulta el instrumento más indicado para los intereses que se persiguen, siendo el principal, dar respuesta a las necesidades sociales y económicas extraordinarias del sector pesquero afectado por el impacto sobrevenido del COVID-19; el principio de proporcionalidad ya que contiene la regulación imprescindible para atender las necesidades que se pretenden cubrir; y el principio de seguridad jurídica ya que es coherente con el resto del ordenamiento jurídico nacional y de la Unión Europea, asegurando su correcta incardinación y congruencia con el resto de la regulación existente en la materia. Por lo demás, la norma es coherente con los principios de eficiencia, en tanto que la norma asegura la máxima eficacia de sus postulados para garantizar que las ayudas llegan de una manera ágil a todos los beneficiarios, incorporando en su seno la propia convocatoria, y de transparencia al haberse garantizado una amplia participación en su elaboración.
En la elaboración de este real decreto se ha consultado a las comunidades autónomas y al sector pesquero afectado y han emitido informe sobre el mismo la Abogacía del Estado y la Intervención Delegada en el Departamento, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 17.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Asimismo, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 26.6 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, este proyecto se ha sometido a los trámites de audiencia e información pública.
En su virtud, a propuesta de los Ministros de Agricultura, Pesca y Alimentación y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, con la aprobación previa de la Ministra de Política Territorial y Función Pública, previo informe del Ministerio de Hacienda, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 10 de noviembre de 2020,
DISPONGO:
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
1. Este real decreto establece las bases reguladoras para la concesión de ayudas a los pescadores de buques pesqueros españoles que se hayan visto afectados por medidas de paralización temporal de la actividad pesquera, con arreglo a lo establecido en el artículo 33.1.d) del Reglamento (UE) n.º 508/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativo al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.º 2328/2003, (CE) n.º 861/2006, (CE) n.º 1198/2006 y (CE) n.º 791/2007 del Consejo, y el Reglamento (UE) n.º 1255/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se haya tramitado la presentación de un procedimiento de suspensión de los contratos o reducción de jornada regulados en el artículo 47 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, incluyendo lo establecido por los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, cuando dicha paralización temporal tenga lugar entre el 16 de marzo y el 31 de diciembre de 2020.
2. Al amparo de la facultad que otorga el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se establece la concesión directa, de acuerdo con los principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación, eficacia y eficiencia establecidos en el artículo 8.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como de acuerdo con lo establecido en este real decreto, y en la convocatoria de ayudas correspondiente.
3. También se establece, en este real decreto, la convocatoria para el primer período de referencia de paralización temporal, que se ha fijado en la disposición adicional única entre el 16 de marzo y el 15 de julio de 2020, si bien podrá ampliarse al período comprendido entre el 16 de julio y el 31 de diciembre si las circunstancias de evolución de la pandemia así lo aconsejaran mediante la correspondiente convocatoria acordada por el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.
4. No será de aplicación la duración máxima de seis meses de ayuda, según lo dispuesto en el artículo 33.2 del Reglamento n.º 508/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014.
Artículo 2. Beneficiarios de las ayudas.
1. Podrán beneficiarse de estas ayudas los pescadores españoles, los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo o de Suiza, y las personas extranjeras que cuenten con autorizaciones de residencia y trabajo en vigor, embarcados en buques pesqueros españoles de cualquier modalidad de pesca y con puerto base en cualquiera de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, autorizados por la Dirección General de Ordenación Pesquera y Acuicultura del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y que estén afectados por paralización temporal de la actividad pesquera como consecuencia del brote del COVID-19, cuando se haya tramitado un procedimiento de suspensión de contratos o reducción de jornada, y que reúnan las condiciones y requisitos establecidos en este real decreto.
También podrán beneficiarse de estas ayudas los armadores o titulares que sean personas autónomas enroladas a bordo de la embarcación que cumplan los requisitos exigidos para su obtención.
2. Los pescadores tendrán derecho a optar a la ayuda por estar incluidos en el rol del buque afectado por la paralización temporal y cumplir con los demás requisitos establecidos.
Artículo 3. Requisitos para la obtención de las ayudas.
1. Para la obtención de estas ayudas, los pescadores deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Estar al corriente en el pago de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, no ser deudores por resolución de procedencia de reintegro y no haber sido inhabilitados por sentencia firme para obtener subvenciones.
b) Deberán figurar enrolados, en el momento de sobrevenir el cese temporal de las actividades pesqueras como consecuencia del brote de COVID-19, a bordo de alguno de los buques pesqueros españoles afectados por la paralización temporal de la actividad pesquera incluidos en la relación certificada al efecto por el armador de estar incluido en el rol de la embarcación, con el visto bueno de Capitanía Marítima, que se presentará conforme al artículo 7.6. No obstante, si como consecuencia de la situación excepcional, los servicios de Capitanía Marítima no pudieran comprobar la vinculación de los pescadores con el buque, se comprobará a través de la información existente en otros registros o bases de datos oficiales a los que las administraciones gestoras tuvieran acceso en función de sus competencias.
c) Deberán encontrarse en la situación de alta en la Seguridad Social en el momento de inicio del cese temporal y continuar con dicha situación manteniendo ininterrumpida la relación laboral con la empresa armadora de la embarcación en la que se encontraban enrolados en el momento de sobrevenir el cese temporal de las actividades pesqueras como consecuencia del brote de COVID-19, durante la parada.
d) Deberán tener un periodo de cotización en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar de, al menos, doce meses a lo largo de su vida laboral.
2. Dichos pescadores tendrán que haber trabajado a bordo de un buque pesquero español afectado por la paralización temporal al menos 120 días, durante los dos años civiles anteriores a la fecha de presentación de la solicitud.
Cuando un pescador haya comenzado a trabajar a bordo de un buque pesquero español afectado por la paralización, menos de dos años antes de la fecha de presentación de la solicitud, se calcularán los días mínimos de trabajo requeridos para dicho pescador como la proporción de 120 días en los dos últimos años civiles, de modo que los días de trabajo exigidos para el cumplimento de este requisito serán los días resultantes de dividir entre 6 los días en que haya estado en alta en la Seguridad Social en dicho buque hasta el día anterior al inicio del período de solicitud previsto en la correspondiente convocatoria.
Los días totales de parada realizados por los buques en los que se encontraban enroladas las personas solicitantes de la ayuda serán proporcionados por la Dirección General de Ordenación Pesquera y Acuicultura de la Secretaría General de Pesca del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, para el período comprendido entre el 16 de marzo y el 31 de diciembre de 2020, según los cálculos efectuados en virtud del Real Decreto 703/2020, de 28 de julio, por el que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas a la paralización temporal de la actividad pesquera para poder hacer frente al impacto económico y social derivado de la pandemia de COVID-19, y por el que se modifican distintos reales decretos relativos a la regulación de las organizaciones profesionales en el sector de la pesca y la acuicultura y para el ejercicio de la pesca recreativa.
En los casos en que la Dirección General de Ordenación Pesquera y Acuicultura no pueda determinar los períodos o días concretos extraordinarios de inactividad pesquera que exceden en el año 2020 del periodo de inactividad del año de referencia, los días subvencionables que proporcionen se aplicarán desde el inicio del procedimiento de regulación temporal de empleo.
3. También podrán percibir las ayudas los pescadores que, manteniendo ininterrumpida su relación laboral con la empresa, no figuren enrolados en el momento de la paralización a consecuencia de incapacidad temporal, permisos retribuidos, vacaciones, excedencia o expectativa de embarque, nacimiento y cuidado de menor, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural, siempre y cuando cumplan los demás requisitos establecidos en el apartado anterior y quede acreditado el cese en esa situación a lo largo del periodo de tiempo de duración de la parada.
4. El armador del buque deberá haber presentado ante las autoridades laborales la correspondiente comunicación de inicio del procedimiento de suspensión de los contratos o reducción de jornada regulados en el artículo 47 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por motivo del COVID-19, de los enrolados en la embarcación.
La suspensión surtirá efectos, en el supuesto de causa de fuerza mayor, desde la fecha del hecho causante de la fuerza mayor, y en el supuesto de causas económicas técnicas, organizativas o de producción a partir de la fecha de comunicación a la autoridad laboral de la decisión del empresario de suspender la relaciones laborales una vez que se ha tramitado el procedimiento de suspensión, salvo que sea de aplicación el artículo 2.3 del Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo.
Los documentos acreditativos de las situaciones referidas en este apartado se acompañarán con la solicitud conforme el artículo 7.6.
Artículo 4. Incompatibilidad con otras ayudas o ingresos.
1. Las ayudas para los pescadores son incompatibles con el trabajo por cuenta propia o por cuenta ajena de la persona beneficiaria durante el periodo de derecho de las ayudas y con el percibo de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
2. En el caso de que el reconocimiento de la ayuda a un pescador pudiera dar lugar a una incompatibilidad sobrevenida con el reconocimiento de un derecho anterior por protección por desempleo, o por cese de actividad, o por prestación extraordinaria de cese de actividad, tal circunstancia será notificada por el Instituto Social de la Marina al interesado, pudiendo este optar, en el plazo de 10 días desde la notificación, entre la percepción de la ayuda y la protección por desempleo o por cese de actividad o por la prestación extraordinaria de cese de actividad, en el caso de que sean personas trabajadoras autónomas.
Si en el referido plazo de 10 días desde la notificación no manifiesta por escrito su elección entre ambas, se entenderá que opta por percibir la ayuda. Si el interesado opta por percibir la ayuda se realizarán las regularizaciones que procedan respecto de la protección por desempleo o por cese de actividad o por la prestación extraordinaria de cese de actividad, en el caso de que sean personas trabajadoras autónomas, concurrente con la ayuda pública por parada temporal. Si opta por la protección por desempleo o por cese de actividad o por la prestación extraordinaria de cese de actividad, se le denegará el cobro de la ayuda solicitada por incompatibilidad.
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, la percepción de estas ayudas por la condición de pescador de un buque será compatible con la percepción de ayudas como armador de un buque.
4. Las ayudas no se podrán percibir durante los períodos subvencionables de las paralizaciones temporales de la actividad pesquera regulados en los párrafos a), b) o c) del artículo 33.1 del Reglamento (UE) n.º 508/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de mayo de 2014 relativo al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.º 2328/2003, (CE) n.º 861/2006, (CE) n.º 1198/2006 y (CE) n.º 791/2007 del Consejo, y el Reglamento (UE) n.º 1255/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo.
5. No obstante lo indicado en el apartado 4, dicho apartado no será de aplicación para aquellas paradas temporales reguladas en los párrafos a), b) o c) del artículo 33.1, cuya aplicación se circunscriba a días sueltos de paradas.
Artículo 5. Financiación.
1. Las ayudas serán cofinanciadas conforme a lo dispuesto en el artículo 33.1.d) del Reglamento (UE) n.º 508/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014. Del total de la ayuda concedida, la contribución a cargo del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) será de un 75 %, correspondiendo el otro 25 % a la contribución del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de la partida presupuestaria indicada en el apartado 5.
2. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación transferirá a la Tesorería General de la Seguridad Social la cuantía que se determine en la convocatoria correspondiente, para la financiación de las ayudas a pescadores.
3. La realización de propuestas de pago de estas ayudas por el Instituto Social de la Marina quedará supeditada a la existencia de financiación suficiente en la Tesorería General de la Seguridad Social que permita proceder a la ordenación y materialización de los pagos mediante los fondos que transfiera el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a dicha Tesorería General, a los que se refiere el apartado anterior.
4. El gasto previsto para las presentes ayudas podrá imputarse a ejercicios posteriores a aquel en el que recaiga la resolución de concesión, conforme a lo previsto en el artículo 57 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, sometiéndose en caso de pago en ejercicios posteriores a los límites fijados en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
5. Las convocatorias de las ayudas, se financiarán con cargo a la partida presupuestaria 21.11.415B.777 «Ayudas para compensar los efectos del COVID-19» de la Dirección General de Ordenación Pesquera y Acuicultura.
Artículo 6. Cálculo del importe de la ayuda.
1. El importe máximo de la ayuda a la paralización temporal de la actividad pesquera para los pescadores se calculará multiplicando 50 euros por el número de días de parada a que tengan derecho:
Ayuda pescadores = Ddd (días de derecho) × 50 euros
El número máximo de días subvencionables no será mayor al número máximo de días laborables a efectos pesqueros en el periodo de parada del buque comprendido entre el 16 de marzo de 2020 y el 31 de diciembre de 2020, en función del período consignado en la convocatoria. En el caso de los tripulantes que hayan percibido prestaciones por desempleo, prestación por cese de actividad o prestación extraordinaria por cese de actividad los días de ayuda se podrán reconocer consecutivos para poder hacer las regularizaciones que correspondan.
2. El Instituto Social de la Marina descontará de la cuantía señalada en el apartado anterior, la cuota del trabajador a la Seguridad Social y la ingresará a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social, con excepción de aquellos casos en que la persona beneficiaria sea un armador o titular que sea persona autónoma enrolada como pescador en cuyo caso, la cuantía de la ayuda no tendrá ningún descuento en concepto de cotización. En todo caso, no se podrá superar la cuantía de 50 euros por día.
3. El empresario o armador del buque deberá mantener a sus trabajadores en situación de alta en la Seguridad Social durante el periodo de inactividad a que tengan derecho, abonando la cuota empresarial correspondiente a dicho periodo a su exclusivo cargo o, en su caso, aplicándose las exoneraciones de la cotización del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, del Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo, del Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales de reactivación del empleo y protección del trabajo autónomo y de competitividad del sector industrial, y del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo.
En el caso de que la persona beneficiaria sea un armador o titular que sea persona autónoma enrolada como pescador, deberá permanecer de alta como tal trabajador autónomo en la Seguridad Social durante el periodo de inactividad a que tenga derecho, abonando la cotización íntegra correspondiente al mismo a su exclusivo cargo, salvo que hubieran percibido la prestación extraordinaria por cese de actividad, en que se aplicarán los beneficios de la cotización del artículo 17.4 del Real Decreto-ley 8/2020.
Artículo 7. Iniciación del procedimiento.
1. El procedimiento se iniciará de oficio mediante la publicación del extracto en el «Boletín Oficial del Estado» de la correspondiente convocatoria aprobada por el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación –sin perjuicio de la disposición adicional única para el primer tramo de las ayudas-, además de su publicación en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) http://www.infosubvenciones.gob.es, con indicación del importe total disponible y la concreción de los requisitos de la concesión, las características y la documentación que deberá aportarse.
2. La convocatoria fijará el plazo de presentación de las solicitudes y el modelo de solicitud. El plazo no podrá ser inferior a diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de publicación del extracto en el «Boletín Oficial del Estado».
3. Las solicitudes de ayudas previstas en este real decreto se dirigirán al Director Provincial del Instituto Social de la Marina, conforme al modelo que figura en el anexo I, y se presentarán ante las Direcciones Locales o Provinciales del Instituto Social de la Marina, de forma electrónica a través de la Sede Electrónica de la Seguridad Social, www.sede.seg-social.gob.es, acreditándose mediante certificado electrónico o Cl@ve permanente o en cualquiera de los lugares y registros previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
4. Hasta que el Gobierno declare la finalización de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, de acuerdo con lo previsto en el artículo 2.3 del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se debe priorizar el uso de la presentación electrónica de las solicitudes a través de la Sede Electrónica de la Seguridad Social, www.sede.seg-social.gob.es. Asimismo, se podrán presentar electrónicamente a través del canal de comunicación abierto para uso sin certificado, que se encuentra ubicado en la Sede Electrónica de la Seguridad Social, «Presentación de otros escritos, solicitudes y comunicaciones (Instituto Social de la Marina)».
En el caso de no disponer de certificado electrónico o clave permanente, podrán presentarse las solicitudes en las oficinas del Instituto Social de la Marina. Para la presentación de las solicitudes en las oficinas del Instituto Social de la Marina será necesaria cita previa.
En el supuesto de presentación de la solicitud electrónicamente sin certificado, el interesado deberá dejar constancia expresa de su voluntad o consentimiento a la tramitación de su expediente de solicitud de ayudas. Provisionalmente se admitirá la identidad declarada por el interesado, sin perjuicio de las comprobaciones que pueda hacer el Instituto Social de la Marina, a través de los medios ya establecidos para verificar la identidad mediante el acceso al Sistema SVDIR, que implementa la Verificación y la Consulta de los Datos de Identidad, regulado en el Real Decreto 522/2006, de 28 de abril, y la Verificación de Datos de Residencia, regulado en el Real Decreto 523/2006, de 28 de abril; así como la Consulta de Datos Padronales (SECOPA) utilizando el marco Pros@ de las aplicaciones corporativas de la Seguridad Social y otros medios similares. El Instituto Social de la Marina podrá consultar o recabar la información y los documentos que ya se encuentren en poder de las administraciones públicas, salvo que el interesado se opusiera a ello, en los términos y con las excepciones establecidas en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Si como consecuencia del cierre de oficinas públicas, el interesado no puede presentar el documento preceptivo u observar el procedimiento habitual establecido al efecto, deberá aportar documentos o pruebas alternativos que, en su caso, obren en su poder, de la concurrencia de los requisitos o condiciones exigidos en el procedimiento para el reconocimiento de las ayudas, sin perjuicio de la obligación de presentar los documentos preceptivos una vez finalicen las medidas urgentes de prevención. Si el interesado no tuviera o no pudiera obtener documentos alternativos que acrediten su derecho, se podrá admitir una declaración vinculante sobre los datos o documentos que pretenda hacer valer, sin perjuicio de la obligación de presentar con posterioridad los documentos acreditativos de los hechos o datos alegados y la revisión de las prestaciones reconocidas con carácter provisional.
Si la solicitud se ha presentado telemáticamente mediante el canal habilitado para acceso sin certificado digital ni Cl@ve permanente, de acuerdo con la solicitud presentada y los documentos en su caso aportados, la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina efectuará las comprobaciones correspondientes, y dictará la resolución provisional que sea procedente, estimando o desestimando el derecho. Las Direcciones Provinciales del Instituto Social de la Marina revisarán todas las resoluciones provisionales de reconocimiento de ayudas a pescadores adoptadas bajo este régimen transitorio. En su caso, se efectuará el abono de aquellas cantidades que resulten procedentes tras la oportuna revisión. En el supuesto de que tras estas actuaciones se desprenda que el pescador no tiene derecho a la ayuda, se iniciarán las actuaciones necesarias en orden a reclamar las cantidades indebidamente percibidas.
5. Sin perjuicio del tercer párrafo del apartado anterior, en el resto de supuestos las solicitudes deberán expresar el consentimiento u oposición para que el órgano gestor de las ayudas pueda comprobar o recabar de otros órganos, administraciones o proveedores de información, por medios electrónicos, los datos de identidad de la persona solicitante, así como la información sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, según lo dispuesto en el artículo 22.4 del Reglamento de desarrollo de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y el artículo 95.1.k) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, o sobre otras circunstancias de las personas solicitantes o de las solicitudes que, de acuerdo con la convocatoria y la normativa aplicable, sean pertinentes para la instrucción del procedimiento. En caso de oposición, la persona solicitante deberá aportar los documentos, certificados o pruebas que al efecto se exigen. Todo ello se presentará conforme a los anexos de este real decreto.
6. La solicitud irá acompañada de los siguientes documentos:
a) Acreditación de la representación por cualquier medio válido en derecho que deje constancia, si procede.
b) Declaración responsable de la persona solicitante, según el modelo normalizado anexo II a la convocatoria y deberá incluir el compromiso de mantener su cumplimiento durante el periodo de tiempo inherente al procedimiento de concesión de la ayuda, salvo en los casos en los que una norma específica, nacional o europea, establezca periodos superiores, y en la que conste de manera fehaciente:
1.º No haber ejercido ninguna actividad remunerada durante el período de parada subvencionable.
2.º Estar al corriente en el pago de obligaciones por reintegro y de reembolso, tanto con la Administración General del Estado como con las administraciones de las comunidades autónomas.
3.º No haber sido sancionado con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones por incumplimiento de la normativa que resulte de la aplicación en materia de igualdad entre hombres y mujeres.
4.º No ser deudor por resolución de procedencia de reintegro de las causas recogidas en el artículo 37 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, ni encontrarse incurso en ninguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 13.2 de la misma ley.
5.º No haber recibido otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, salvo las ayudas que puedan percibir los armadores o titulares que sean personas autónomas enroladas como pescadores a los que se refiere la excepción del artículo 4. De haberse solicitado y estar pendiente de resolución, el interesado deberá comunicarlo y podrá procederse al reintegro total o parcial de la que se le haya concedido.
c) En cumplimiento del artículo 3.1.b), certificado del armador de estar incluido en el rol de la embarcación, con el visto bueno de Capitanía Marítima, de acuerdo con el modelo que figurará en el anexo III en la convocatoria.
d) En cumplimiento del artículo 3.4, documentación acreditativa de la comunicación del empresario a la autoridad laboral de su decisión de suspender los contratos de trabajo una vez tramitado el procedimiento de suspensión y, en los casos de fuerza mayor, la resolución de la autoridad laboral.
e) En cumplimiento del artículo 7.4, en el supuesto de presentación de la solicitud electrónicamente sin certificado, el interesado deberá dejar constancia expresa de su voluntad o consentimiento a la tramitación de su expediente de solicitud de ayudas aportando declaración sobre la identidad del interesado, sin perjuicio de las comprobaciones que pueda hacer el Instituto Social de la Marina, o, si como consecuencia del cierre de oficinas públicas, el interesado no puede presentar el documento preceptivo u observar el procedimiento habitual establecido al efecto, documentos o pruebas alternativos que, en su caso, obren en su poder, de la concurrencia de los requisitos o condiciones exigidos en el procedimiento para el reconocimiento de las ayudas, sin perjuicio de la obligación de presentar los documentos preceptivos una vez finalicen las medidas urgentes de prevención. Si el interesado no tuviera o no pudiera obtener documentos alternativos que acrediten su derecho, se podrá admitir una declaración vinculante sobre los datos o documentos que pretenda hacer valer.
Sin perjuicio de la anterior documentación, la administración competente para tramitar y resolver las ayudas podrá requerir al solicitante cualquier otro documento acreditativo de situaciones que sean necesarias justificar para resolver las ayudas, en particular, la de encontrarse en la situación de alta en la Seguridad Social en el momento de inicio del cese temporal y mantener ininterrumpida la relación laboral con la empresa armadora de la embarcación en la que se encontraban enrolados en el momento de sobrevenir el cese temporal y acreditar un periodo de cotización en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar de, al menos, doce meses a lo largo de su vida laboral.
7. Si la documentación que acompaña a la solicitud presentada fuera incompleta o contuviera errores subsanables, el órgano instructor requerirá a las personas solicitantes para que, en el plazo de 10 días hábiles, de acuerdo con el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, subsanen la falta o acompañen los documentos preceptivos, con la advertencia de que, si no lo hicieren, se les tendrá por desistidos de su solicitud, de acuerdo con dicho artículo y con los efectos previstos en el artículo 21.1, segundo párrafo, de la misma.
8. Cuando las solicitudes sean presentadas por medio de representante, el plazo previsto en el artículo 5.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, para subsanar la falta o insuficiencia de acreditación de la representación, que se produzca cuando las circunstancias del caso así lo requieran, se ampliará por el tiempo necesario y, al menos, a 15 días hábiles.
Artículo 8. Ordenación e instrucción.
1. Las Direcciones Provinciales del Instituto Social de la Marina, como órgano instructor, realizarán todas las actuaciones necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales habrán de formular la propuesta de resolución. Una vez instruido el expediente, se elevará una propuesta de resolución al Director Provincial para su resolución.
2. El órgano instructor podrá solicitar todos los documentos y los informes que considere necesarios de acuerdo con los artículos 68 y 79 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
3. Vistos los objetivos mencionados de esta ayuda, no cabe establecer parámetros comparativos que permitan una prelación ya que el pescador genera su derecho de ayuda al estar en un buque sujeto a la tramitación de un procedimiento de suspensión de los contratos o reducción de jornada y cumplir el resto de requisitos exigidos.
Artículo 9. Resolución y notificación.
1. El Director Provincial correspondiente del Instituto Social de la Marina dictará y notificará, por delegación del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, al interesado la resolución en el plazo máximo de seis meses a contar desde la publicación del extracto de la correspondiente convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».
2. Si transcurrido dicho plazo no se hubiera notificado la resolución, los interesados podrán entender desestimada la solicitud por silencio administrativo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 25.1.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
3. Las notificaciones y resoluciones del procedimiento de concesión al interesado se realizarán por medios electrónicos de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 40 a 44 y 88, respectivamente, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
4. El órgano concedente remitirá a la Base de Datos Nacional de Subvenciones la información sobre las ayudas otorgadas en la forma reglamentariamente establecida, para incluirlas en el sistema nacional de publicidad de subvenciones.
5. Contra la resolución que se dicte, los interesados podrán interponer, potestativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación de la misma de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 123 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, o directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación de la resolución, según lo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Artículo 10. Realización del pago.
La realización del pago, que tendrá carácter extrapresupuestario para la Seguridad Social, se efectuará por la Tesorería General de la Seguridad Social, a propuesta del Instituto Social de la Marina, entre los días 10 y 20 del mes siguiente al de la notificación de la resolución de la concesión de ayuda.
Artículo 11. Extinción de las ayudas.
A efectos de este real decreto, el derecho a la obtención de estas ayudas se extinguirá en los siguientes supuestos:
a) Por cesar la inmovilización de la embarcación a la que se encontraban vinculados los trabajadores en el momento de la paralización.
b) Por iniciar el trabajador actividades laborales por cuenta propia o ajena; no obstante lo anterior, en caso de que el trabajador realice, a bordo de la embarcación a la que se encontraba vinculado en el momento de la parada, actividades originadas por movimientos del barco motivados por razones de seguridad, así como los desplazamientos del barco a varadero para efectuar labores de mantenimiento o reparaciones, o los movimientos del barco en los supuestos de la participación del buque en la celebración de fiestas marineras tradicionales durante el período de parada temporal, el abono del derecho se suspenderá por el tiempo que duren dichas actividades.
c) Por iniciarse los efectos económicos de las prestaciones de Seguridad Social que resulten incompatibles con el trabajo, con la excepción de las prestaciones de incapacidad temporal, de nacimiento y cuidado de menor, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural, en cuyo caso el abono de las ayudas se suspenderá durante el tiempo en que se perciban dichas prestaciones.
d) Por extinguirse la relación laboral del trabajador con la empresa armadora.
e) Por dejar de reunir cualquiera de los requisitos que motivaron el reconocimiento del derecho a las ayudas.
f) Por fallecimiento o declaración de fallecimiento de la persona beneficiaria.
Artículo 12. Incumplimientos y reintegros.
1. De no cumplirse las condiciones necesarias para la percepción de las ayudas, se procederá a la devolución de las cantidades cobradas en su totalidad y el interés de demora exigible y se iniciará el procedimiento de reintegro del importe de las mismas de acuerdo con lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2. Asimismo, el Instituto Social de la Marina solicitará de la Tesorería General de la Seguridad Social la devolución de las cuotas de los trabajadores indebidamente ingresadas.
3. Los posibles incumplimientos de las condiciones impuestas determinarán el reintegro de las cantidades indebidamente percibidas.
Artículo 13. Acceso a la prestación por desempleo o por cese de actividad en el caso de personas trabajadoras autónomas.
1. Finalizado el periodo de percepción de la ayuda, el trabajador por cuenta ajena únicamente podrá acceder a la prestación por desempleo si cumple los requisitos de los artículos 266 y siguientes del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, entendiendo como fecha de cese, si este se produce, la de finalización del percibo de ayudas.
2. En el caso de quienes sean personas trabajadoras autónomas, el acceso a la percepción de la prestación por cese de la actividad quedará condicionado al cumplimiento de los requisitos de los artículos 330 y siguientes del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
Artículo 14. Infracciones y sanciones.
Las posibles infracciones que pudiesen ser cometidas por la persona beneficiaria se graduarán y sancionarán de acuerdo a lo establecido en el título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Artículo 15. Publicidad de las ayudas.
1. La publicidad de las ayudas se realizará a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones de conformidad con lo dispuesto en los artículos 18 y 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2. La aceptación de la ayuda supone la aceptación de su inclusión en la lista personas beneficiarias, publicada por vía electrónica, en la que figuren los nombres de las operaciones y el importe de la financiación pública asignada a las operaciones, de acuerdo con el artículo 119.2 del Reglamento (UE) n.º 508/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, así como en el sistema nacional de publicidad de subvenciones.
Artículo 16. Protección de datos.
1. El interesado podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación, en los términos previstos en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
2. Los datos de carácter personal que las personas beneficiarias tienen que facilitar para obtener la ayuda solicitada se incorporan a ficheros informáticos situados bajo la responsabilidad de la Subdirección General de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar del Instituto Social de la Marina y se utilizarán para la gestión, control, evaluación y propuesta de pago de la ayuda solicitada.
3. La información podrá ser cedida, en el marco de la utilización antes citada, a otras administraciones públicas, o a empresas privadas a las que las administraciones públicas les encarguen trabajos en relación con la gestión, control, evaluación y pago de la ayuda solicitada, como parte de las tareas de verificación y auditoría de las ayudas cofinanciadas con cargo al FEMP.
Artículo 17. Lucha contra el fraude.
Cualquier persona que tenga conocimiento de hechos que pudieran ser constitutivos de fraude o irregularidad en relación con proyectos u operaciones financiadas total o parcialmente con cargo a fondos procedentes de la Unión Europea en el marco de cualquiera de las convocatorias para la concesión de ayudas objeto de estas bases, podrá poner dichos hechos en conocimiento del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude de la Intervención General de la Administración del Estado, por medios electrónicos a través del canal habilitado al efecto por dicho Servicio en la dirección web https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-ES/snca/Paginas/ComunicacionSNCA.aspx en los términos establecidos en la Comunicación 1/2007, de 3 de abril, del citado Servicio, que se adjuntará como anexo IV en la correspondiente convocatoria.
Disposición adicional única. Convocatoria de las ayudas para el primer tramo del ejercicio 2020, por la paralización temporal de la flota, a los pescadores con un procedimiento de suspensión de los contratos o reducción de jornada, como consecuencia del COVID-19, para el periodo comprendido entre el 16 de marzo y el 15 de julio de 2020.
Primero. Objeto.
Se convocan, para el ejercicio 2020, las ayudas a los pescadores con un procedimiento de suspensión de los contratos o reducción de jornada regulada en el artículo 47 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores de buques pesqueros españoles afectados por la paralización temporal de la actividad pesquera, a consecuencia del brote del COVID-19.
El periodo de referencia para esta convocatoria de ayudas es el comprendido entre el 16 de marzo y el 15 de julio de 2020.
Segundo. Bases Reguladoras.
Las bases reguladoras de estas ayudas se establecen en el presente real decreto.
Tercero. Financiación, créditos presupuestarios y cuantía total máxima de las ayudas.
1. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación transferirá a la Tesorería General de la Seguridad Social, una cuantía máxima total de 3.000.000 de euros para la financiación de las ayudas, con cargo a la aplicación presupuestaria 21.11.415B.777 de los Presupuestos Generales del Estado de 2020 «Ayudas para compensar los efectos del COVID-19.
2. La propuesta de pago de estas ayudas queda supeditada a que la Tesorería General de la Seguridad Social disponga de fondos suficientes para proceder a dicho pago, en función de los fondos transferidos.
3. El importe máximo de la ayuda podrá alcanzar el 100% del importe subvencionable, siendo la contribución con cargo al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca del 75%, correspondiendo el otro 25% restante a la contribución nacional de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 95.2 y 94.3 del Reglamento (UE) nº 508/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, y la excepcionalidad de las medidas específicas para atenuar el impacto del COVID-19.
4. El gasto previsto para las presentes ayudas podrá imputarse a ejercicios posteriores a aquel en el que recaiga la resolución de concesión, conforme a lo previsto en el artículo 57 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
Cuarto. Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarios de estas ayudas los pescadores que cumplan los requisitos establecidos en el presente real decreto.
Quinto. Cuantía máxima.
La cuantía máxima se regirá según lo establecido en el artículo 6 del presente real decreto para el período comprendido entre el 16 de marzo y el 15 de julio de 2020.
Sexto. Duración.
1. La presente convocatoria cubre los días de inactividad subvencionables calculados de acuerdo con el Real Decreto 703/2020, de 28 de julio, desde el 16 de marzo hasta el 15 de julio de 2020, ambos inclusive.
2. El número máximo de días subvencionables no será mayor al número máximo de días laborables a efectos pesqueros en el período de parada del buque comprendido entre el 16 de marzo de 2020 y el 15 de julio de 2020, ambos inclusive, es decir el número máximo de días subvencionables no será mayor a 85 días.
Séptimo. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo para la presentación de solicitudes comenzará a contarse desde el día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», siendo de 20 días hábiles a partir de dicha fecha.
Octavo. Procedimiento y resolución.
1. Las solicitudes se acompañarán de la documentación prevista en el artículo 7.6 de este real decreto.
2. La ordenación e instrucción del procedimiento se realizará de acuerdo con el presente real decreto, por parte de los órganos en él descritos.
3. El Director Provincial correspondiente del Instituto Social de la Marina dictará y notificará, por delegación del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, al interesado la resolución en el plazo máximo de seis meses a contar desde la publicación del extracto de la correspondiente convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y la notificará conforme lo previsto en este real decreto.
4. Si transcurrido dicho plazo no se hubiera notificado la resolución, los interesados podrán entender desestimada la solicitud por silencio administrativo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 25.1.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
5. Contra la resolución que se dicte, los interesados podrán interponer, potestativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación de la misma de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 123 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, o directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación de la resolución, según lo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Noveno. Gestión de las ayudas por paralización temporal.
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, se delega por el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en los Directores Provinciales del Instituto Social de la Marina, la competencia para la tramitación, gestión y resolución de las ayudas a los pescadores, cuando se haya tramitado un procedimiento de suspensión de los contratos o reducción de jornada regulado en el artículo 47 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Se realizará con propuesta de pago centralizada, cuya ordenación y materialización se producirá a través de la caja pagadora central de la Tesorería General de la Seguridad Social.
2. La Dirección General de Ordenación Pesquera y Acuicultura proporcionará al Instituto Social de la Marina la certificación de la información para cada buque de los períodos subvencionables, según los cálculos efectuados en virtud del Real Decreto 703/2020, de 28 de julio, así como de las paralizaciones temporales de la actividad pesquera regulados de los párrafos a), b) y c) del artículo 33.1 del Reglamento (UE) n.º 508/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por los que no se puede reconocer la ayuda que gestiona este Instituto a los pescadores.
Décimo. Incompatibilidad de las ayudas.
Las ayudas reguladas en la presente convocatoria para los pescadores son incompatibles, en los términos establecidos en el artículo 4 del presente real decreto.
Asimismo, si se produce alguna incompatibilidad o causas de suspensión o extinción de las ayudas, el beneficiario deberá obligatoriamente comunicarlo al Instituto Social de la Marina, presentando, en su caso, la documentación necesaria.
Undécimo. Realización del pago.
La realización del pago tendrá carácter extrapresupuestario para la Seguridad Social. Se efectuará por la Tesorería General de la Seguridad Social, a propuesta del Instituto Social de la Marina, entre los días 10 y 20 del mes siguiente al de la notificación de la resolución de concesión de la ayuda.
Duodécimo. Lucha contra el fraude.
Se aplicará a este respecto lo regulado en el presente real decreto.
Decimotercero. Régimen de recursos.
Contra la presente convocatoria, que agota la vía administrativa, cabrá interponer recurso potestativo de reposición ante el Ministro de Agricultura, Pesca, y Alimentación, en el plazo máximo de un mes desde el día siguiente al de la publicación de su extracto de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 123 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, o impugnarse directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa, en el plazo máximo de dos meses, desde dicha fecha, según lo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, sin que puedan simultanearse ambas vías de impugnación.
Decimocuarto. Efectos.
La presente disposición surtirá efectos desde el día siguiente al de la publicación del extracto de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».
Disposición final primera. Modificación del Real Decreto 703/2020, de 28 de julio, por el que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas a la paralización temporal de la actividad pesquera para poder hacer frente al impacto económico y social derivado de la pandemia de COVID-19, se convocan dichas ayudas para el primer tramo del ejercicio 2020 y se modifican distintos reales decretos relativos a la regulación de las organizaciones profesionales en el sector de la pesca y la acuicultura y para el ejercicio de la pesca recreativa.
El Real Decreto 703/2020, de 28 de julio, por el que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas a la paralización temporal de la actividad pesquera para poder hacer frente al impacto económico y social derivado de la pandemia de COVID-19, se convocan dichas ayudas para el primer tramo del ejercicio 2020 y se modifican distintos reales decretos relativos a la regulación de las organizaciones profesionales en el sector de la pesca y la acuicultura y para el ejercicio de la pesca recreativa, se modifica como sigue:
Uno. El artículo 16.1 queda redactado como sigue:
«1. Los justificantes bancarios y los recibís establecidos en el modelo de solicitud de ayudas conforme a lo dispuesto en el anexo I, se deberán aportar a través de la sede electrónica del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación indicada en el artículo 9.2 en el plazo máximo de dos meses desde la percepción efectiva de la ayuda en la cuenta corriente del armador.»
Dos. El segundo párrafo del apartado cuarto de la disposición adicional primera queda redactado como sigue:
«La presentación de solicitudes se realizará únicamente a través del registro electrónico del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, conforme al modelo normalizado que se acompaña como anexo I y que estará disponible en la sede electrónica de este Ministerio: (https://sede.mapa.gob.es/) y deberán acompañarse de la documentación indicada en el artículo 9.»
Disposición final segunda. Régimen jurídico aplicable.
Estas ayudas se regirán, además de por lo particularmente dispuesto en este real decreto, por lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, así como por lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y en las demás disposiciones legales y reglamentarias que resulten de aplicación.
Disposición final tercera. Título competencial.
Este real decreto se dicta al amparo de los artículos 149.1.13.ª y 149.1.19.ª de la Constitución Española, que atribuyen al Estado, respectivamente, las competencias exclusivas en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica y bases de ordenación del sector pesquero, y, de la competencia que en materia de régimen económico de la Seguridad Social atribuye en exclusiva al Estado el artículo 149.1.17.ª de la Constitución Española.
Disposición final cuarta. Modificación de anexos.
Se habilita al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a modificar mediante orden el contenido de los de este real decreto.
Disposición final quinta. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 10 de noviembre de 2020.
FELIPE R.
La Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática,
CARMEN CALVO POYATO
ANEXO I
ANEXO II
ANEXO III
ANEXO IV
Comunicación 1/2017, de 6 de abril, sobre la forma en la que pueden proceder las personas que tengan conocimiento de hechos que puedan ser constitutivos de fraude o irregularidad en relación con proyectos u operaciones financiados total o parcialmente con cargo a fondos procedentes de la Unión Europea
El artículo 125 del Reglamento (UE) 1303/2013, de 17 de diciembre, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, dispone en su apartado 4 c) que, en su ámbito de aplicación, «la autoridad de gestión deberá (...) aplicar medidas antifraude eficaces y proporcionadas, teniendo en cuenta los riesgos detectados», existiendo disposiciones similares en la normativa reguladora del resto de Fondos Europeos.
La detección del fraude exige la puesta en marcha por parte de las autoridades competentes de una serie de medidas que aborden dicho fenómeno de forma coordinada e integral, dado que ninguna medida puede resultar útil y eficaz para esa finalidad de forma aislada.
En este sentido, resulta claro que cualquier mecanismo de detección del fraude que puedan implantar los órganos competentes se aplica sobre la información de la· que dichos órganos disponen en cada momento. Dicha información, en mayor o menor medida, es siempre inferior a la información total existente, especialmente en aquellos casos en los que concurran conductas tendentes a la ocultación de los hechos de que se trate por parte de las personas responsables. En estos supuestos, resulta imprescindible para detectar el fraude la colaboración de las personas que tengan conocimiento de dichos hechos y que de buena fe deseen ponerlos en conocimiento de la Administración para que por las autoridades competentes se lleven a cabo las actuaciones que correspondan.
No obstante lo anterior, la inexistencia de canales específicos y formalizados a través de los cuales poner en conocimiento de las autoridades competentes los hechos que pudieran ser constitutivos de fraude o irregularidad en relación con proyectos u operaciones financiados con fondos europeos dificulta a las personas que tienen conocimiento de dichos hechos el traslado de esa información a las citadas autoridades.
A ello también contribuye la pluralidad de órganos y entidades que, en función del tipo de fraude o irregularidad, pueden tener competencia para la investigación de los hechos y para la exigencia de las responsabilidades que correspondan en cada caso, así como su dispersión.
Todo ello tiene como consecuencia que en muchas ocasiones las personas que tienen conocimiento de información relevante sobre hechos que pueden ser constitutivos de fraude o irregularidad desconocen la forma en la que tienen que proceder para poner dicha información en conocimiento de la Administración, la entidad u órgano al que deben remitirla, los requisitos que deben cumplir, las consecuencias de dicha remisión y el tratamiento que se va a dar a la información remitida, lo que supone para dichas personas un desincentivo en cuanto a la remisión de dicha información.
Por otro lado, debe tenerse en cuenta que el artículo 74 del citado Reglamento (UE) 1303/2013 establece en su apartado 3 que «los Estados miembros garantizarán que se pongan en práctica medidas eficaces para el examen de las reclamaciones relacionadas con los Fondos Estructurales y de Inversión Europea».
A la vista de lo anterior, con la finalidad de facilitar la remisión a las autoridades competentes de cualquier información relevante en relación con hechos que puedan ser constitutivos de fraude o irregularidad, y a efectos de centralizar y coordinar la recepción de dicha información y su posterior análisis y remisión al órgano que corresponda, se ha habilitado por el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude un canal específico que podrá ser utilizado por aquellas personas que tengan conocimiento de información de ese tipo y que deseen ponerla en conocimiento de la Administración a efectos de que las autoridades competentes puedan realizar las actuaciones que corresponda en cada caso.
El objetivo de esta Comunicación es precisamente informar sobre el establecimiento de dicho canal y fijar una serie de orientaciones generales sobre su funcionamiento, dando certidumbre a las personas que deseen utilizarlo y coordinando la actuación en esta materia de las autoridades encargadas de la gestión de fondos europeos.
Esta Comunicación no agota las medidas necesarias para lograr un tratamiento adecuado de esta materia, debiendo completarse con medidas adicionales como el establecimiento de mecanismos de protección de los informantes y la atribución centralizada a un órgano especializado de la Administración de verdaderas facultades de investigación administrativa en relación con las informaciones que se reciban a través del canal establecido en esta Comunicación, medidas ambas que requieren de las correspondientes reformas de carácter legislativo, que el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude promoverá en el ejercicio de sus funciones pero que no pueden ser objeto de una Comunicación de esta naturaleza.
Por último, la disposición adicional 25ª de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, establece en su apartado 2 a) que corresponde al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude «promover los cambios(...) administrativos necesarios para proteger los intereses financieros de la Unión Europea», siendo este el fundamento normativo en el que se enmarca el contenido de la presente Comunicación y el establecimiento del canal para la remisión de información al que se hace referencia en la misma.
Primero. Objeto y ámbito de aplicación.
1. Esta Comunicación tiene por objeto el establecimiento de orientaciones sobre la forma en la que pueden proceder aquellas personas que tengan conocimiento de hechos que puedan ser constitutivos de fraude o irregularidad en relación con proyectos u operaciones financiados total o parcialmente con cargo a fondos procedentes de la Unión Europea, y que deseen ponerlo en conocimiento de la Administración a efectos de que las autoridades competentes puedan realizar las actuaciones necesarias para la investigación o verificación de dichos hechos, y, en su caso, para la tramitación de los procedimientos legalmente establecidos a efectos de exigir las responsabilidades que en cada caso procedan.
2. Habida cuenta del ámbito de las funciones que se atribuyen al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude por su normativa reguladora, la presente Comunicación debe entenderse aplicable tanto en el ámbito estatal como en el ámbito autonómico y local, y con independencia de la naturaleza pública o privada de la persona o entidad beneficiaria de los fondos.
Asimismo, la presente Comunicación debe entenderse también referida a los gastos que gestione directamente la Comisión Europea, cuando los mismos se realicen en territorio nacional o se trate de ayudas de las que sean beneficiarias personas o entidades ubicadas en dicho territorio.
Segundo. Canal específico establecido por el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude.
A efectos de facilitar la remisión a las autoridades competentes de cualquier información relevante en la lucha contra el fraude a los intereses financieros de la Unión Europea, y en el marco de las funciones de coordinación que corresponden al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude en dicho ámbito, cualquier persona que tenga conocimiento de hechos que pudieran ser constitutivos de fraude o irregularidad en relación con proyectos u operaciones financiados total o parcialmente con cargo a fondos procedentes de la Unión Europea podrá poner dichos hechos en conocimiento del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude por medios electrónicos a través del canal habilitado al efecto por dicho Servicio en la dirección web http://www.igae.pap.minhafp.gob.es/sitíos/igae/es-ES/Paginas/Denan.aspx, generándose un aviso de transmisión correcta de la información.
Asimismo, y siempre que excepcionalmente no sea posible la utilización de los citados medios electrónicos, los hechos podrán ponerse en conocimiento del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude en soporte papel mediante el envío de la documentación en sobre cerrado a la siguiente dirección postal:
Servicio Nacional de Coordinación Antifraude.
Intervención General de la Administración del Estado.
Ministerio de Hacienda y _Función Pública.
Calle María de Malina 50, planta 12. 28006 -Madrid.
En este último caso, deberá comunicarse a la persona que hubiera remitido la información que esta ha sido recibida por el citado Servicio y que se le dará el tratamiento establecido en la presente Comunicación.
Tercero. Contenido de la información que se remita al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude.
1. La información que se remita al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude a través de los medios establecidos en el apartado segundo deberá contener una descripción de los hechos de la forma más concreta y detallada posible, identificando, siempre que fuera posible, las personas que hubieran participado en los mismos; los negocios, convocatorias, instrumentos o expedientes afectados por la presunta irregularidad o fraude; la fecha cierta o aproximada en la que los hechos se produjeron; el Fondo o Fondos europeos afectados; el órgano o entidad que hubiera gestionado las ayudas; y los órganos o entidades a los que, adicionalmente y en su caso, se hubiera remitido la información.
Asimismo, deberá aportarse cualquier documentación o elemento de prueba que facilite la verificación de los hechos comunicados y la realización de las actuaciones que correspondan en relación con los mismos.
2. La persona que remita la información deberá identificarse mediante su número de NIF y su nombre y apellidos, debiendo indicar asimismo una dirección de correo electrónico, o en su defecto una dirección postal, a través de la cual el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude pueda comunicarse con dicha persona.
Cuando la información se remita al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude en soporte papel, deberán constar en la misma los datos de identificación de la persona informante, con su correspondiente firma.
Cuarto. Actuaciones a realizar por el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude.
1. El Servicio Nacional de Coordinación Antifraude analizará la información recibida a efectos de determinar el tratamiento que deba darse a la misma, realizando las verificaciones y actuaciones que considere necesarias en el marco de las facultades que le atribuyen las disposiciones normativas aplicables.
A tales efectos, podrá solicitar la documentación o información adicional que estime oportuno, tanto a la persona que hubiera puesto en su conocimiento la información inicial como a los órganos o entidades que pudieran disponer de la documentación o información adicional que fuera necesaria.
2. El Servicio Nacional de Coordinación Antifraude no dará curso a la información recibida en los siguientes supuestos:
a) Cuando los hechos comunicados no afecten a proyectos u operaciones financiados con cargo a fondos procedentes de la Unión Europea, lo que se entiende sin perjuicio de la posibilidad de remitir la información al órgano o entidad competente por razón de la materia para su análisis o investigación.
b) Cuando no consten en la información recibida los datos de identificación de la persona que la hubiera remitido, en los términos establecidos en el apartado tercero.
c) Cuando ya se hubieran archivado sobre el fondo otras actuaciones anteriores derivadas de información recibida sobre los mismos hechos o similares, sin que se aporte ningún elemento relevante adicional.
d) Cuando la escasez de la información remitida, la descripción excesivamente genérica e inconcreta de los hechos o la falta de elementos de prueba suministrados no permitan al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude realizar una verificación razonable de la información recibida y una determinación mínima del tratamiento que deba darse a los hechos comunicados, atendiendo a los medios de que dispone el citado Servicio.
e) Cuando la información recibida fuera manifiestamente infundada.
f) Cuando, realizado el análisis a que se refiere el punto anterior de este apartado, el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude entienda de forma motivada que los hechos comunicados no son constitutivos de fraude ni irregularidad.
En cualquier caso, cuando no se dé curso a la información recibida como consecuencia de lo dispuesto en este punto, esta circunstancia se comunicará a la persona que hubiera remitido la información inicial, indicando la causa que motiva dicha forma de proceder, a efectos de que aquella pueda realizar las actuaciones que considere oportunas.
3. Cuando, realizado el análisis a que se hace referencia en el punto 1 de este apartado, el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude entienda que los hechos comunicados pueden ser constitutivos de fraude o irregularidad que afecte a los intereses financieros de la Unión Europea, elaborará un informe en el que pondrá de manifiesto los hechos analizados y su opinión motivada respecto del tratamiento que deba darse a los mismos de conformidad con las disposiciones normativas aplicables.
Dicho informe se remitirá, junto con la información recibida del informante y las actuaciones realizadas por el citado Servicio, al órgano que en cada caso sea competente para tramitar los procedimientos o realizar las actuaciones adicionales que correspondan en función del tipo de fraude o irregularidad de que se trate.
4. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, y atendiendo a la gravedad de los hechos comunicados, a las facultades necesarias para proceder a su verificación, a los medios de que disponga el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude en cada momento y al resto de circunstancias concurrentes en cada caso, el citado Servicio podrá en cualquier momento remitir directamente las actuaciones al órgano competente a que se hace referencia en dicho apartado.
Asimismo, el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude podrá remitir las actuaciones en cualquier momento a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude cuando entienda que la información recibida puede resultar de interés para dicha Oficina de cara a la apertura de la correspondiente investigación y, por las circunstancias señaladas en el párrafo anterior, entienda que esta puede realizar de una forma más eficaz el análisis y verificación de los hechos comunicados.
5. La remisión de las actuaciones al órgano competente de conformidad con lo dispuesto en los dos apartados anteriores será comunicada por el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude a la persona que hubiera remitido la información.
Quinto. Garantía de confidencialidad.
1. El personal del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude deberá guardar el debido secreto respecto de cualquier información de la que tenga conocimiento como consecuencia de lo dispuesto en la presente Comunicación, no pudiendo utilizar dicha información para fines distintos de los establecidos en la misma.
2. Salvo cuando la persona que hubiera comunicado la información solicite expresamente lo contrario, el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude guardará total confidencialidad respecto de su identidad, de forma que la misma no será revelada a persona alguna.
A tal fin, en el informe a que se hace referencia en el punto 3 del apartado cuarto y en todas las comunicaciones, actuaciones de verificación o solicitudes de documentación que se lleven a cabo por el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude, se omitirán los datos relativos a la identidad de la persona que hubiera remitido la información, así como cualesquiera otros que pudieran conducir total o parcialmente a su identificación.
Asimismo, cuando, de conformidad con lo establecido en el apartado cuarto, el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude traslade las actuaciones a otros órganos para que por estos se tramiten los procedimientos que correspondan, lo dispuesto en el párrafo anterior será de aplicación a la documentación que se remita a esos otros órganos, salvo cuando se trate de órganos jurisdiccionales o del Ministerio Fiscal y la normativa reguladora del procedimiento judicial de que se trate exija otra cosa. En este último caso, la identidad de la persona informante se comunicará únicamente a las personas u órganos a los que resulte imprescindible.
Por último, y en la medida en que la normativa reguladora del procedimiento de que se trate así lo permita, será el propio Servicio Nacional de Coordinación Antifraude el que realizará ante el órgano al que se hubieran remitido las actuaciones los trámites necesarios para que dicho procedimiento pueda desarrollarse adecuadamente, de forma que, en su caso, la comunicación entre dicho órgano y la persona que hubiera remitido la información al citado Servicio se realice a través de este, a efectos de garantizar la confidencialidad de la identidad de aquella.
3. Lo dispuesto en el apartado anterior no será de aplicación cuando la persona que hubiera remitido la información al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude hubiera actuado de mala fe, en cuyo caso el citado Servicio valorará promover la realización de las actuaciones que procedan de acuerdo con las disposiciones aplicables.
Sexto. Difusión del contenido de la presente Comunicación.
1. A efectos de dotar de difusión a la presente Comunicación y facilitar su conocimiento por las personas que potencialmente puedan tener conocimiento de hechos que pudieran ser constitutivos de fraude o irregularidad en relación con proyectos u operaciones financiados con fondos procedentes de la Unión Europea, se recomienda a las autoridades con competencias en la gestión de los diferentes Fondos europeos que adopten medidas adecuadas para la consecución de dicha finalidad.
2. A tal fin, y sin perjuicio de otras medidas que se puedan adoptar, sería conveniente que dichas autoridades instruyeran a los órganos y entidades encargados de la tramitación y gestión de las diferentes ayudas para que incluyan, en todas las convocatorias de ayudas susceptibles de ser financiadas con cargo a fondos de la Unión Europea, una referencia expresa a la posibilidad de comunicar al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude, en los términos establecidos en la presente Comunicación, aquellos hechos que pudieran ser constitutivos de fraude o irregularidad, así como, siempre que sea posible, adjuntar una copia de la misma como anexo a la convocatoria de que se trate.
A tales efectos, se podría incluir en dichas convocatorias un párrafo o artículo con la siguiente redacción:
«Cualquier persona que tenga conocimiento de hechos que pudieran ser constitutivos de fraude o irregularidad en relación con proyectos u operaciones financiados total o parcialmente con cargo a fondos procedentes de la Unión Europea en el marco de la presente convocatoria podrá poner dichos hechos en conocimiento del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude de la Intervención General de la Administración del Estado, por medios electrónicos a través del canal habilitado al efecto por dicho Servicio en la dirección web http://igaepre.central.sepg.minhac.age/sitios/igae/es-ES/Paginas/Denan.aspx, y en los términos establecidos en la Comunicación 1/2017, de 3 de abril, del citado Servicio, que se adjunta como anexo a la presente convocatoria.»
Sería asimismo recomendable que lo dispuesto en el párrafo anterior se aplicase también a los procedimientos de contratación pública de aquellos contratos que fueran susceptibles de ser financiados con cargo a fondos de la Unión Europea, de forma que los pliegos de cláusulas administrativas particulares o los documentos contractuales que se estime oportuno en función del procedimiento aplicable, contuvieran una referencia análoga a la señalada en el párrafo anterior.
3. Por otro lado, y a efectos de reforzar el cumplimiento de las obligaciones que la normativa europea impone a las autoridades de gestión en materia de prevención y detección del fraude a los intereses financieros de la Unión Europea, dichas autoridades deberían valorar la conveniencia de realizar las actuaciones necesarias para que las descripciones de los sistemas de gestión y control de los diferentes programas operativos, o los documentos análogos que correspondan de conformidad con la normativa reguladora de cada Fondo, incluyan una referencia expresa a la posibilidad de comunicar al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude aquellos hechos que pudieran ser constitutivos de fraude o irregularidad, así como una descripción resumida de los aspectos procedimentales contenidos en la presente Comunicación en relación con la remisión de la información al citado Servicio y el tratamiento por este de la información recibida.
4. Con esa misma finalidad, sería recomendable que dichas autoridades realizasen las actuaciones necesarias para que tanto ellas como los órganos y entidades encargados de la tramitación y gestión de las diferentes ayudas incluyeran en sus respectivas páginas web, y en las aplicaciones informáticas de gestión de los diferentes fondos y programas, un apartado específico que contenga la información señalada en el punto 3 y en el que se incluya un enlace directo al canal específico habilitado por el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude mencionado en el apartado segundo, a efectos de facilitar la remisión de información al citado Servicio desde dichas aplicaciones y páginas web.
Séptimo. Resolución de las dudas que pueda plantear el contenido de la presente Comunicación.
El canal habilitado por el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude a que se hace referencia en el apartado segundo podrá ser utilizado, con carácter previo a la eventual remisión de información, para plantear a dicho Servicio las cuestiones que susciten dudas en relación con la forma y requisitos con los que la información debe ser remitida a través del mismo, con el tratamiento que se dará a·la misma, y, en general, con cualquier aspecto relativo al contenido de la presente Comunicación.
Octavo. Información relativa a hechos que afecten a los ingresos del presupuesto de la Unión Europea.
Esta Comunicación no resulta de aplicación a los casos en los que la información de que se hubiera tenido conocimiento se refiera a derechos aduaneros o al resto de ingresos del presupuesto de la Unión Europea cuya competencia corresponda a la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
En estos casos, la remisión a la Administración de dicha información deberá realizarse a través de los cauces y procedimientos establecidos en el artículo 114 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y resto de normativa tributaria que pudiera resultar de aplicación.
Noveno. Compatibilidad con los cauces y procedimientos establecidos por otras disposiciones.
A efectos de poner en conocimiento de las autoridades competentes los hechos que puedan ser constitutivos de fraude o irregularidad, lo dispuesto en esta Comunicación se entiende sin perjuicio de la posibilidad de emplear los cauces y procedimientos contemplados por las disposiciones normativas que resulten de aplicación en cada caso, y, en particular, los contemplados en la normativa reguladora del procedimiento judicial penal.
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Ayudas para pescadores enrolados a los que se les suspendió el contrato o tuvieron reducción de jornada entre el 16/3 y el 15/7 (se podría ampliar al 31/12). De 50 euros por día parado, tres millones de euros en total. #BOE
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OTROS_ANUNCIOS
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Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática
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Ayudas para pescadores enrolados a los que se les suspendió el contrato o tuvieron reducción de jornada entre el 16 de marzo y el 15 de julio (se podría ampliar al 31 de diciembre). De 50 euros por día parado, 3.000.000 de euros en total.
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2020-12-21
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BOE-B-2017-68069
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Resolución de 9 de noviembre de 2020, de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, por la que se incoa expediente para declarar bien de interés cultural, con la categoría de zona arqueológica, el yacimiento arqueológico La Picola, en el término municipal de Santa Pola, y se somete el expediente incoado a trámite de información pública.
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<origen_legislativo codigo='2'>Autonómico</origen_legislativo>
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<alerta codigo='107' orden=''>Cultura y ocio</alerta>
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<texto>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Vista la solicitud formulada por el Ayuntamiento de Santa Pola (Alicante) para que se declare bien de interés cultural con la categoría de zona arqueológica el yacimiento arqueológico La Picola situado en el término municipal de Santa Pola (Alicante).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Vistos los informes del Museo del Mar de Santa Pola y de los servicios territoriales de Cultura y Deporte de Alicante favorables a la incoación del expediente para declarar bien de interés cultural con la categoría de zona arqueológica el referido yacimiento.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Considerando lo que disponen los artículos 27 y 28 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del patrimonio cultural valenciano, esta Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, en lo que es materia de su competencia, ha resuelto:</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Primero.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Incoar expediente para declarar bien de interés cultural con la categoría de zona arqueológica el yacimiento La Picola, situado en el núcleo urbano de Santa Pola (Alicante), encomendando su tramitación a la Dirección General de Cultura y Patrimonio de esta conselleria.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Segundo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del patrimonio cultural valenciano, determinar los valores del bien que justifican la declaración, delimitar y describir el mismo y su entorno y fijar las normas de protección de los mismos en los anexos que se adjuntan a la presente resolución.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Tercero.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 27.3 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del patrimonio cultural valenciano notificar esta resolución a los interesados y al Ayuntamiento de Santa Pola, y hacerles saber que, de conformidad con lo que establecen los artículos 35, 36 y 62 en relación con el 27.4 de la Ley, la realización de cualquier intervención en el yacimiento arqueológico y su entorno deberá ser autorizada preceptivamente por la Dirección General de Cultura y Patrimonio con carácter previo a su realización y al otorgamiento de licencia municipal en su caso, cuando esta resulte preceptiva, así como cualquier cambio de uso en los inmuebles a los que se refiere la presente incoación.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Cuarto.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La presente incoación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del patrimonio cultural valenciano, determina la suspensión del otorgamiento de licencias municipales de parcelación, urbanización, construcción, demolición, actividad y demás actos de edificación y uso del suelo que afecten a la zona arqueológica y a su entorno de protección, así como de dichas actuaciones cuando sean llevadas a cabo directamente por las entidades locales. Quedan, igualmente suspendidos los efectos de las ya otorgadas, suspensión cuyos efectos, de conformidad con la limitación temporal contenida en el inciso segundo del artículo 33 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del patrimonio cultural valenciano, se resolverán tras la declaración.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>No obstante, la Dirección General de Cultura y Patrimonio podrá autorizar las actuaciones mencionadas cuando considere que, en aplicación de las normas de protección establecidas en la presente resolución, manifiestamente no perjudican los valores del bien que motivan la incoación, así como las obras que por causa de fuerza mayor o interés general hubieran de realizarse inaplazablemente, según lo que dispone el mencionado artículo.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Quinto.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Conforme a lo previsto en el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y en el artículo 27.6 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del patrimonio cultural valenciano, someter el expediente incoado a trámite de información pública, a fin de que cuantas personas tengan interés puedan examinar el expediente durante el plazo de un mes a partir de la publicación de la presente resolución en el «Diari Oficial de la Generalitat Valenciana». El expediente estará a disposición de los interesados en la Dirección General de Cultura y Patrimonio, avenida de la Constitución, núm. 284, de València.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Sexto.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Que en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 27.3 de la ley se notifique la presente resolución al Registro General de Bienes de Interés Cultural dependiente de la Administración General del Estado para su anotación preventiva.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Séptimo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Que la presente resolución con sus anexos se publique en el «Diari Oficial de la Generalitat Valenciana» y en el «Boletín Oficial del Estado».</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>València, 9 de noviembre de 2020.–El Conseller de Educación, Cultura y Deporte, Vicent Marzà i Ibáñez.</p>
<p class='anexo_num' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>ANEXO I</p>
<p class='anexo_tit' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Delimitación literal de la zona arqueológica del yacimiento La Picola en Santa Pola (Alicante), descripción de las partes integrantes o consustanciales del mismo y valores patrimoniales que justifican la declaración</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Denominación principal.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Yacimiento arqueológico La Picola.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Localización.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Provincia: Alicante.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Comarca: Bajo Vinalopó.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Municipio: Santa Pola.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. Delimitación literal del yacimiento:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El yacimiento arqueológico se encuentra incluido en la Carta arqueológica de la Comunitat Valenciana. La Picola y el «Portus Illicitanus» están considerados bienes de relevancia local según consta en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» de 30 abril 2009, núm. 80-1 (Plan General de Ordenación Urbana) y área arqueológica del Portus y Cementerio.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Las zonas que comprende están clasificadas como bienes inmuebles incluidos en la sección segunda con la consideración de bienes de relevancia local. Espacios de protección arqueológica:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Espacio de protección arqueológica: Factoría romana de salazones. Código 03.33.121-032.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Espacio de protección arqueológica: Yacimiento ibérico siglo IV a.C. Codigo: 03.33.121-030.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Espacio de protección arqueológica: Yacimiento romano de la avenida Portus Illicitanus. Código 03.33.121-031.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Zona arqueológica del Portus Illicitanus y antiguo Cementerio. Código: 3.33.121-034</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3.1 Ubicación:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Se encuentra ubicado en el paraje homónimo, en unos terrenos propiedad del Ayuntamiento de Santa Pola (Alicante) con CIF P0312100A sito en la plaza Constitución, 3 (CP 03130). Los datos administrativos aportados justifican la delimitación del yacimiento y del entorno de protección de la propuesta, teniendo en cuenta las construcciones existentes, su naturaleza, antigüedad y posibilidad de existencia de restos arqueológicos relacionados con los exhumados hasta la fecha. Los terrenos propuestos como zona arqueológica son de titularidad pública, en concreto del Ayuntamiento de Santa Pola, mientras que en el ámbito del entorno se encuentran tanto públicos como privados –entornos de protección F16– Yacimiento ibérico y F-18 Factoría de salazón romana (según el PGOU de Santa Pola).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El yacimiento se encuentra enclavado en una finca urbana situada junto a la carretera Elche-Santa Pola, a la altura del Cementerio Municipal.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En la actualidad la zona arqueológica se halla a una distancia de 577 m del mar y a 3 m sobre el nivel de este. Esta es la situación a la que la han llevado siglos de constante sedimentación natural y oscilaciones del nivel del mar. Sin embargo, en la Antigüedad el área arqueológica se hallaba en la línea de costa, como han demostrado las excavaciones y sondeos desarrollados en 2007.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3.2 Coordenadas:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Sentido horario. Huso 30. ETRS89.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>UTMe: X 713265.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>UTMn: Y 4230490.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Altura: mínima: 2,55 m.s.n.m.; máxima: 4,27 m.s.n.m.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El yacimiento arqueológico se extiende entre los siguientes puntos:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Origen punto A1: X: 713265; Y: 4230490.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Coordenadas:</p>
<table class='tabla_b_sica' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>
<colgroup>
<col class='row_column_1'/>
<col class='row_column_1'/>
<col class='row_column_1'/>
</colgroup>
<thead>
<tr class='row_column_2'>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Puntos</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>X</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Y</p>
</td>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr class='row_column_2'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>Origen A1</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>713265</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>4230490</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_2'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>2</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>713313</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>4230454</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_2'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>3</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>713375</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>4230418</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_2'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>4</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>713405</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>4230467</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_2'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>5</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>713479</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>4230440</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_2'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>6</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>713466</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>4230408</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_2'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>7</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>713435</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>4230341</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_2'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>8</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>713422</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>4230332</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_2'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>9</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>713378</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>4230301</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_2'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>10</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>713377</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>4230291</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_2'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>11</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>713436</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>4230287</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_2'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>12</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>713418</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>4230238</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_2'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>13</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>713364</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>4230257</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_2'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>14</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>713327</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>4230271</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_2'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>15</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>713326</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>4230287</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_2'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>16</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>713248</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>4230280</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_2'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>17</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>713248</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>4230327</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_2'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>18</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>713247</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>4230339</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_2'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>19</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>713242</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>4230392</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_2'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>20</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>713235</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>4230427</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_2'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>21</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>713235</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>4230460</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3.3 Referencias catastrales:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Término municipal de Santa Pola (Alicante). Zona urbana.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Localización (Según documentación obtenida en la sede electrónica del Catastro):</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>31059A3YH1330N0001XE. Avenida Salamanca 2 (B) Suelo sin edificar (derribada, pendiente baja catastral).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3506403YH1330N0001RE. Carretera Elche-Santa Pola 5 (derribada, pendiente baja catastral).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3506402YH1330N0001KE. Carretera Elche-Santa Pola 7 (derribada, pendiente baja catastral).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3506401YH1330N0001OE. Carretera Elche-Santa Pola 7(A) (derribada, pendiente baja catastral).</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En cuanto a las fincas identificadas como Picola, Pista Karts y Parking Mercadillo, están en proceso de regularización catastral desde 2016 por parte de la Dirección General del Catastro, como consecuencia de la investigación sobre la titularidad de la parcela del Parking Mercadillo. Según la sede electrónica del Catastro no hay bienes inmuebles asignados para dichos datos catastrales.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. Justificación de la delimitación del yacimiento arqueológico La Picola declarado bien de interés cultural con la categoría de zona arqueológica.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El yacimiento arqueológico de La Picola sito en el núcleo urbano de Santa Pola (Alicante) constituye un importante yacimiento dentro de la Comunitat Valenciana.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Santa Pola se conoce históricamente en época romana con el nombre de «Portus Ilicitanus» (puerto de la importante colonia romana de «Ilici», localizada arqueológicamente en La Alcudia de Elche). En él se pudo desarrollar una importante industria propia, derivada de los recursos marinos (seguramente ya desde el Ibérico Antiguo). Gracias a la abundancia de pesca y a las salinas próximas se crearon factorías que producían salazones (conservas de pescado) y «garum» (salsa derivada de los desechos del pescado, muy apreciada en la antigüedad y que se utilizaba como condimento en muchos platos) que se exportaban a otros lugares.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Entre los principales restos inmuebles exhumandos hasta la fecha se encuentra una muralla con torres de época ibérica y una factoría de salazones de época romana. La primera por su naturaleza entraría dentro del concepto genérico de edificación de carácter militar que la legislación actual considera como bien de interés cultural en atención al decreto de 22 de abril de 1949, incluido en la disposición adicional segunda de la Ley 16/1985 del patrimonio cultural valenciano. La segunda en la actualidad posee la categoría de bien de relevancia local y está incluido en el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos del PGOU actual de Santa Pola.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El yacimiento ibérico y romano de La Picola está situado en el polígono urbano de Salinas de la localidad de Santa Pola, a 18 km al S de Alicante, en una zona de expansión urbana junto a la av. de Salamanca y la avda. Portus Illicitanus. Se encuentra en la periferia del actual casco antiguo de la ciudad, en una zona que actualmente es de interior pero que en la Antigüedad se hallaba en la línea de costa, aspecto fundamental para comprender la evolución del asentamiento como emporio ibérico y «Portus Ilicitanus»<em> </em>en sus distintas fases, desde el siglo V a.C. hasta época bajoimperial (siglo VI-VII d.C.), destacando la extraordinaria relevancia que tuvo el núcleo entre mediados del siglo V a.C. y el tercer cuarto del siglo del IV a.C.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Las referencias al «Portus Ilicitanus» datan de la antigüedad. Plinio el Viejo, en el siglo I d.C., haría referencia al «golfo ilicitano»; Pomponio Mela se refiere al «golfo ilicitano» incluyendo en él a las ciudades de «Alone», «Lucentia» e «Illici» y Claudio Ptolomeo que hace referencia explícita al «Portus Ilicitanus» al describir el litoral contestano de «Hispania».</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Fue el Servicio de Investigación Arqueológica del Museo del Mar de Santa Pola el que, a partir de 1987, comenzó la delimitación del amplio conjunto arqueológico. A partir de 1991 se desarrolló un proyecto hispano-francés (Museo del Mar-Casa de Velázquez- Centro Nacional para la Investigación Científica) para la excavación y análisis de las fases ibéricas del yacimiento. Entre sus resultados cabe destacar el descubrimiento del ya mencionado núcleo fortificado ibérico de los siglos V-IV a.C., con clara proyección empórica.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>A partir del año 1997 un equipo de la Universidad de Alicante y el Museo del Mar acometieron la excavación y estudio sistemático de las estructuras romanas de La Picola, en especial los restos de la factoría de salazones, continuado las investigaciones para determinar la secuencia estratigráfica completa del asentamiento. Se distinguió en el «Portus Ilicitanus» un poblado-fortín ibérico de mediados del siglo V a.C. hasta el tercer cuarto del siglo IV a.C., ambientes domésticos de época augustea y siglo I d.C.; almacenes del siglo II hasta mediados del siglo IV d.C, y una cetaria con dos Fases de mediados del siglo IV d.C. hasta el siglo VI d.C.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Desde época ibérica el poblado fortificado hubo de hallarse fuertemente vinculado al núcleo de La Alcudia de Elche («Ilici»), con la que estaría conectado. El núcleo romano de Santa Pola, el «Portus Ilicitanus», quedaría enmarcado en el «territorium» de «Ilici» y, por tanto, dependiente de esta colonia. La fundación del «Portus Ilicitanus» pudo haber estado vinculada a la creación de la colonia de «Ilici» y a su necesidad de abrirse al Mediterráneo a través de un enclave que reuniese unas condiciones geográficas apropiadas con posibilidades de fondeo, resguardo frente a vientos (proporcionado por el cabo de Santa Pola) y proximidad a la «urbs».</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Los bienes muebles recuperados en la zona arqueológica son igualmente singulares y representativos de algunos de los periodos señalados, tanto en las intervenciones realizadas como en hallazgos casuales anteriores, mostrando la importancia y significación del yacimiento.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>5. Descripción del yacimiento declarado, de las partes integrantes o consustanciales y determinación de sus valores:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>5.1 Descripción de la zona arqueológica:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La Picola es una fortificación ibérica con características de «emporio» comercial y militar, con una continuidad habitacional que va desde el siglo V a.C. hasta el VI d.C.. Muestra el proceso de adaptación al mundo romano y a las circunstancias históricas dominantes.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>5.2 Partes integrantes:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En conjunto en la zona arqueológica de La Picola se documentan varias estructuras que conforman un amplio conjunto arqueológico en el que se diferencian distintas fases, desde la época ibérica hasta la bajoimperial.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) Poblado fortín ibérico (siglos V-IV a.C.)</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El fortín o poblado amurallado de época ibérica de La Picola constituye una zona arqueológica de gran valor patrimonial e histórico que delimita un espacio intramuros de 2.960 m² y 6.570 m² si se incluye el sistema defensivo. Se observa la existencia de un lienzo de muralla reforzado en sus extremos por torres, rodeado de un foso y un antemural, configurando un tipo de fortificación defensiva que se conoce con el nombre de «proteichisma», con parámetros formales y metrológicos parangonables con las fortalezas de «Emporion» y «Ullastret».</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La fortaleza tiene forma de tendencia cuadrangular de 55-62 m. de lado y 1,60-1,80 m. de amplitud. Se halla totalmente excavada tan solo en su esquina noroccidental y sondeada en distintos tramos, por lo que el conocimiento del conjunto, se limita a menos de un 50 % (durante un seguimiento arqueológico realizado en 2019 se documentaron nuevos restos de este fortín).</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) Ambientes domésticos de época augustea y siglo I d.C.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Desde época ibérica se detecta la existencia de un<em> «</em>hiatus» hasta la época romana, funcional y cronológicamente relacionada con la colonia de «Ilici». En la fosa de fundación y en la base de los propios muros (fase I) del adyacente núcleo romano se han hallado las estructuras y los materiales relacionados con la fundación del «Portus Ilicitanus», de época augustea. Esta fase se ha hallado muy arrasada debido a las sucesivas construcciones de época romana.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>c) Almacenes y estructuras portuarias (siglos II-III d.C.)</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Estas estructuras coinciden con la época del desarrollo portuario durante los siglos II al IV d.C. Destaca una construcción compacta que presenta una orientación E-O, claramente distinguible de la fase anterior. La estructura presenta un patio central con naves de 3 m. en tres de sus dos lados. En su lado septentrional presenta otra nave adosada de 2,8 m. que daría lugar a un espacio con cubierta a dos aguas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La disposición y forma de esta construcción parecería indicar que se trata de amplios espacios diáfanos que podrían ponerse en relación, más que con usos domésticos o de habitación, con almacenes. Algo lógico si tenemos en cuenta que se encuentra en un área portuaria, junto a la vía que conducía a «Ilici» y a pocos metros del mar.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>d) Necrópolis bajoimperial (siglos III-IV d.C.)</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En toda el área arqueológica delimitada, desde las zonas ocupadas por el fortín ibérico hasta la cetaria bajoimperial se detecta una generalizada dispersión de enterramientos que en algunas áreas generan concentraciones que han ofrecido cronologías de los siglos III-IV d.C. Se trata por lo general de inhumaciones en fosa en los que el cadáver se deposita en ánfora, caja o a la «capuccina»,<em> </em>con escasos ajuares.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>e) Área productiva de la factoría de salazones. Cetaria (siglos IV-V d.C.)</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Vinculada a la última fase de ocupación del<em> «</em>Portus Ilicitanus» destaca la factoría de salazones (cetaria). Descubierta y excavada en parte hace décadas. En 1977, un equipo del Museo Arqueológico Provincial de Alicante interviene en el lugar en donde aparecen construcciones romanas relacionadas con la producción y venta de «garum». Las diferentes campañas hispano-francesas realizadas entre 1991 y 1994 ponen al descubierto diversos restos arquitectónicos y materiales ibéricos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La factoría producía «garum» como lo demuestran distintos hallazgos como las balsas de decantación, los restos óseos de ictiofauna encontrados en sus fondos, la existencia de un horno de cocción o calentamiento, o el hallazgo de ánforas del tipo Almagro 51C que aún conservaban restos de salazón.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Se trata de un complejo articulado en dos Fases diferenciadas: la construcción del complejo productivo (ámbito de los antiguos almacenes portuarios) que presenta una datación fundacional cercana a la 2.ª mitad siglo IV d.C., y su ulterior ampliación (siglo V-VI).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El conjunto presenta dependencias diferenciadas en torno a espacios cuya utilidad parecen claramente definidas:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Sala de ventas y comercialización, pavimentada con mosaico:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Se trata de una sala cuadrada (6,7 m. x 6,7 m.) situada en la parte septentrional del edificio. Parece que no sería una dependencia vinculada al proceso productivo, sino a tareas comerciales de la cetaria (venta y negociación de las producciones).</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Sala de trabajo, despiece y limpieza:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Pequeña sala con pavimento de «opus signinum»<em>. </em>Situada en el lado oriental del conjunto, junto a las cisternas de agua potable.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Dada la disposición de los tejados, probablemente, se tratase de una sala al descubierto o un pequeño patio. Es un espacio abierto adecuado para su ventilación, y con desagüe formado por piedras laterales y cubierta de tejas para evacuar las aguas y restos del trabajo conservero. Se trataría del lugar donde se recibía, limpiaba, y preparaba el pescado para su conserva.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. Cisternas de agua dulce:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En el lado oriental del conjunto productivo se encuentra un gran depósito de agua. La cisterna está cimentada <em>contra tierra</em>, sin fosa de fundación, curiosamente dispuesta aproximadamente en los que en su día fueron los fosos septentrionales de la muralla del poblado ibérico de La Picola. Su construcción se materializa con un potente y macizo muro de «opus caementicium», sobre el que hay distintas capas de revestimiento aislante y enlucido.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. Horno de «garum»<em> pavimentado </em>con<em> «</em>opus signinum»:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>No presenta vinculación estructural o estratigráfica con las estructuras de la cetaria. Probablemente estaría relacionado con las actividades conserveras y serviría para calentar, reducir y concentrar, en su fase final, las salsas de «garum» que se decantaban en las balsas de la factoría de salazones. Mediante un calentamiento artificial se aceleraría el proceso de fabricación de las salsas de pescado.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>También pudiese ser que se diera un uso compartido para la producción de sal, necesaria para preparar las conservas de pescado. Este uso podría ser alternativo o complementario con el de la cocción de las salsas (en cualquier caso relacionado con las actividades conserveras de la cetaria).</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>5. Conjunto de balsas de decantación (principal elemento identificativo de la cetaria):</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Se trata de dos conjuntos de balsas de decantación dispuestas en torno a un patio al que estarían abiertas para permitir la ventilación. En ellas abundan los restos óseos de pescado en el fondo de los depósitos. Tras el proceso de selección, limpieza y manipulación para hacer la salsa, el producto resultante se colocaba en estos depósitos para que fermentase y decantase.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El conjunto de balsas situado en el sector occidental de la cetaria, al E del patio, está constituido por tres depósitos rectangulares, y un cuarto depósito dividido por un muro que lo transforma, a su vez, en dos depósitos cuadrados. Este conjunto se halla perfectamente integrado en el cuerpo constructivo de la factoría de salazones, mientras que el segundo conjunto de balsas es un añadido posterior.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El complejo de balsas sudoccidental presenta un conjunto de depósitos vinculados a la última fase de ocupación del yacimiento (fase IIIb). Su excavación puso de manifiesto la existencia de cuatro depósitos cuadrados, relacionables con la decantación del «garum», y de otro rectangular, casi superficial, vinculado a los trabajos auxiliares y de preparación de las salsas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Este conjunto de balsas presenta una técnica constructiva muy parecida al del otro conjunto de balsas. Se trata de estructuras excavadas en el terreno y construidas «contra tierra» con muros de mampostería ordinaria con un primer revestimiento de mortero ligero en el que aparecen abundantes restos de ceniza con el fin de potenciar su impermeabilización, que se completa con dos capas de «opus signinum» hidráulico.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La producción de «garum» se completaría en el patio, junto a las balsas de decantación.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>6. Fachada porticada meridional.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Se compone de tres estructuras de tendencia cuadrangular que jalonan esa fachada. Las dos primeras estructuras están situadas a ambos lados de uno de los accesos porticados del edificio.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La excavación de ese frente meridional, ha ofrecido los restos de la cimentación de, al menos, dos pilares regularmente dispuestos que se podrían interpretar como un pórtico. La función de estas tres estructuras es difícil de determinar.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>5.3 Determinación de sus valores:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En conjunto el yacimiento La Picola muestra unas características y reúne unos requisitos de máximo valor por la que se eleva la presente incoación de declaración de bien de interés cultural del yacimiento. Los motivos que se alegan y que hacen alusión a la singularidad y relevancia de dicho yacimiento son:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. La existencia de una muralla ibérica (excavada en parte), que articula una fortificación de un poblado ibérico con características empóricas que hacen de este yacimiento un área arqueológica única en el contexto patrimonial valenciano. La conservación de importantes restos de la muralla, las estructuras portuarias, una necrópolis romana y una renombrada cetaria bajoimperial aportan valores monumentales al conjunto arqueológico.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. El conjunto de La Picola tiene un incuestionable valor científico. La amplitud cronológica de su ocupación, desde la primera mitad del siglo V a.C. hasta el siglo VI d.C., y los distintos usos que conoció a lo largo de tan dilatado periodo, hacen de este yacimiento una fuente única e imprescindible para el conocimiento arqueológico del «Portus Ilicitanus» y la evolución histórica de estos territorios y del denominado «sinus ilicitanus».</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La factoría de salazones romana de La Picola es efectivamente singular por testimoniar el ejercicio floreciente de actividad económica en un momento de crisis generalizada dentro del Imperio Romano.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. El conjunto arqueológico de La Picola ofrece además grandes potencialidades divulgativas que remarcarían sus usos como recurso turístico cultural que, a través de una gestión adecuada, podría colaborar a enriquecer y diversificar la oferta ya existente en el municipio de Santa Pola. Su magnífica ubicación junto a la carretera Elche-Santa Pola, uno de los principales accesos a la ciudad, favorecería estas posibilidades divulgativas.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>5.4 Cronologías:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Fase ibérica:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Engloba el conjunto de estructuras relacionadas con el poblado fortificado ibérico de La Picola datado entre 450 y 330 a.C.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Fase I:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Se trata de las estructuras correspondientes al inicio de las actividades del «Portus Ilicitanus» que se extienden entre la fundación de la colonia de<em> «</em>Ilici»<em>, </em>su extensión portuaria, y finales del siglo I-principios del II d.C.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En estos niveles fundacionales de época romana se encuentran niveles con abundantes materiales reutilizados de la Fase inmediatamente anterior, la fase ibérica de los siglos V-IV a.C., en un contexto en el que predominan los materiales del último tercio del siglo I a.C. y principios del I d.C.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Relacionados con esta primera fase de ocupación de época romana del yacimiento se observan estructuras, muy arrasadas por las construcciones sucesivas, que forman lo que parece ser un complejo de ambientes de tendencia cuadrangular de probable uso habitacional.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Los niveles de abandono y transformación constructiva de esta fase I parecen situarse a finales del siglo I d.C. o principios del II d.C.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Fase II:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Con estructuras claramente diferenciadas por su orientación y organización de los espacios que ocuparían un arco cronológico comprendido entre los siglos II y IV d.C.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En los niveles situados por encima de las estructuras habitacionales de la fase I se encuentra una construcción compacta que presenta una orientación E-O, claramente distinguible de la anterior (NO-SE), que por la forma y dimensiones parece no tener continuidad constructiva con las edificaciones precedentes.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La excavación de los niveles fundacionales de estas estructuras las situaría en el siglo II d.C. Su amortización, ha de ponerse en relación con la construcción de las nuevas estructuras de la fase III, identificadas con la cetaria, a partir de la segunda mitad del siglo IV d.C.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Fase III:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Finalmente, se encuentra el conjunto mejor conservado, identificado con la denominada cetaria. Corresponde con la cetaria de La Picola, la llamada factoría de salazones, construida en la segunda mitad del siglo IV d.C. y que permaneció en funcionamiento hasta el abandono del yacimiento a finales del siglo V d.C., o ya en el VI d.C. En su Fase final se trató de un conjunto de, al menos, 1.400 m².</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Se han podido identificar un conjunto de dependencias que ayudan a hipotizar el funcionamiento de este establecimiento productivo. Presenta dos Fases constructivas diferenciadas (niveles de uso del patio central):</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– IIIa: construcción del conjunto productivo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– IIIb: elevación de los niveles de uso, remodelación y ampliación de las dependencias productivas.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En el nivel de uso de la Fase IIIa se han encontrado los restos fragmentados de ánfora Almagro 51C, con abundantes restos de «garum». Se trata de una de las pruebas de la utilización de estos contenedores cerámicos para la comercialización del «garum» en la cetaria de La Picola.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Estos contenedores se fabricarían en los alrededores de la zona o se importarían vacíos de algún centro alfarero de ámbito regional no demasiado lejano al yacimiento. En general, las ánforas Almagro 51C se datan entre el siglo III y mediados del siglo V. En este caso se encuentra justo debajo de los niveles de relleno que sirven para elevar el nivel del patio cuando se amplía la factoría de salazones (fase IIIb) a partir de la mitad del siglo V d.C.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Así pues, la factoría se construiría en la segunda mitad del siglo IV d.C. formando un primer complejo productivo con una capacidad de trabajo circunscrita al conjunto oriental de balsas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En torno a mediados del siglo V d.C. la cetaria se amplía añadiendo un nuevo conjunto de balsas y abriendo la fachada meridional porticada.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El conjunto se abandonará en un momento indeterminado entre la segunda mitad del siglo V y el siglo VI d.C.</p>
<p class='anexo_num' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>ANEXO II</p>
<p class='anexo_tit' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Delimitación literal del entorno de protección de la zona arqueológica yacimiento arqueológico La Picola, bienes patrimoniales que se sitúan en dicho entorno y que se relacionan e identifican a efectos tutelares</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>A) Justificación de la delimitación propuesta:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El bien de interés cultural debe asimilarse a la totalidad del conjunto arqueológico. Aunque la fortificación ibérica podría ser considerada objeto exclusivo de la declaración del BIC es imposible deslindar esta parte del yacimiento del resto, puesto que la cetaria romana ocupa parte de los espacios destinados a fosos y antemurales ibéricos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Considerando que al O y S del yacimiento se hallaba la línea de mar en la Antigüedad sabemos que el conjunto arqueológico de época romana formaba parte del «Portus Ilicitanus» por lo que habría que delimitar el entorno de protección de la zona arqueológica del yacimiento arqueológico La Picola. Este entorno incluiría áreas actualmente construidas, pero que en caso de sufrir modificaciones urbanísticas habrían de ser excavadas y, en su caso, protegidas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El entorno de protección del bien de interés cultural queda definido tanto literal como gráficamente en el anexo adjunto que forma parte de la presente resolución. La documentación complementaria obra en el expediente. Los criterios empleados para establecer el entorno de protección se basan en la legislación vigente en el ámbito de la Comunitat Valenciana según la disposición transitoria primera (establecimiento de entornos mínimos de protección para inmuebles situados en ámbitos urbanos) de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del patrimonio cultural valenciano.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El entorno en este ámbito urbano sería, en líneas generales, el espacio resultante de sumar a la parcela donde se sitúa el inmueble (yacimiento), los espacios públicos confrontados con esta y las parcelas que entran en contacto con estos espacios públicos. Así pues el criterio general seguido para la delimitación del entorno de protección consiste en incluir dentro de su área elementos urbanos con criterios arqueológicos (la propia zona excavada, el yacimiento y las áreas colindantes susceptibles de nuevos hallazgos relacionados), y criterios administrativos (delimitación de un polígono irregular que forma el entorno del yacimiento arqueológico) que comprende, con criterios topográficos, paisajísticos, arqueológicos y administrativos:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Parcelas que limitan directamente con la que ocupa el bien de interés cultural La Picola, pudiendo afectar al mismo, tanto visual como físicamente cualquier intervención que se realice sobre ellas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Parcelas recayentes al mismo espacio público que el bien de interés cultural y que constituyen el entorno visual y ambiental inmediato como edificaciones o cualquier elemento del paisaje urbano que aún no teniendo una situación de inmediatez con el bien interés cultural afecten de forma fundamental a la percepción del mismo y en el que cualquier intervención que se realice pueda suponer también una alteración de las condiciones de percepción del mismo o de su carácter de espacio urbano.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Espacios públicos (viales, aceras, suelo público) en contacto directo con el bien de interés cultural y las parcelas enumeradas anteriormente y que constituyen parte de su ambiente urbano inmediato.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>B) Delimitación literal del entorno de protección:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Origen punto A1: Coordenadas X: 713295. Y: 4230544. (Huso: 30 ETRS89)</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Intersección-cruce entre la c/ Ibiza y carretera Elche-Santa Pola del núcleo urbano de Santa Pola (Alicante).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Línea delimitadora. Sentido Horario.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Puntos:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Coordenadas</p>
<table class='tabla_b_sica' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>
<colgroup>
<col class='row_column_1'/>
<col class='row_column_1'/>
<col class='row_column_1'/>
</colgroup>
<thead>
<tr class='row_column_2'>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Puntos</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>X</p>
</td>
<td>
<p class='cabeza_tabla'>Y</p>
</td>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr class='row_column_2'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>Origen A1</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>713295</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>4230544</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_2'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>2</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>713406</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>4230482</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_2'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>3</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>713520</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>4230425</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_2'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>4</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>713406</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>4230404</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_2'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>5</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>713481</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>4230140</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_2'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>6</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>713335</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>4230185</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_2'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>7</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>713161</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>4230169</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_2'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>8</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>713145</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>4230267</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_2'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>9</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>713151</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>4230299</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_2'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>10</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>713131</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>4230314</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_2'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>11</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>713122</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>4230417</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_2'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>12</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>713231</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>4230427</p>
</td>
</tr>
<tr class='row_column_2'>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>13</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>713232</p>
</td>
<td>
<p class='cuerpo_tabla_centro'>4230432</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Altura s.n.m.: mínima: 2,24 m. s. n. m.; máxima: 5,06 m. s. n. m.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Parcelas. Referencias catastrales (Según la documentación obtenida en la sede electrónica Catastro. Ministerio de Hacienda). Del núcleo urbano de Santa Pola (Alicante) comprende:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El propio yacimiento arqueológico:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Parcela catastral 31059A3YH1330N.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>31059A3YH1330N0001XE. Avenida Salamanca, 2 (B) Suelo (derribada, pendiente baja catastral). Suelo sin edificar, obras de urbanización, jardinería, construcciones ruinosas.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Parcela catastral 3506403YH1330N.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3506403YH1330N0001RE. Carretera Elche-Santa Pola, 5 (derribada, pendiente baja catastral). Suelo sin edificar, obras de urbanización, jardinería, construcciones ruinosas.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Parcela catastral 3506402YH1330N.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3506402YH1330N0001KE. Carretera Elche-Santa Pola, 7 (derribada, pendiente baja catastral). Suelo sin edificar, obras de urbanización, jardinería, construcciones ruinosas.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Parcela catastral 3506401YH1330N.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3506401YH1330N0001OE. Carretera Elche-Santa Pola, 7(A) (derribada, pendiente baja catastral). Suelo sin edificar, obras de urbanización, jardinería, construcciones ruinosas.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Y las parcelas catastrales siguientes:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Parcela catastral 3406401YH1330N.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3406401YH1330N0001JE. Carretera Elche-Santa Pola, 15. Parcela construida sin división horizontal/Uso Industrial.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Parcela catastral 3406402YH1330N: Parcela con varios inmuebles (división horizontal). Almacén/Estacionamiento. Carretera Elche-Santa Pola, 13:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3406402YH1330N0001EE.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3406402YH1330N0002RR.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3406402YH1330N0003TT.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3406402YH1330N0004YY.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3406402YH1330N0005UU.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3406402YH1330N0006II.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3406402YH1330N0007OO.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3406402YH1330N0008PP.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3406402YH1330N0009AA.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3406402YH1330N0010OO.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3406402YH1330N0011PP.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3406402YH1330N0012AA.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3406402YH1330N0013SS.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3406402YH1330N0014DD.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3406402YH1330N0015FF.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Parcela catastral 3406403YH1330N.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3406403YH1330N0001SE. Parcela construida sin división horizontal. Carretera Elche-Santa Pola, 11.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Parcela catastral 3406404YH1330N.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3406404YH1330N0001ZE. Parcela construida sin división horizontal. Ocio y Hostelería. Carretera Elche-Santa Pola, 9.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Parcela catastral 3503501YH1330S.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3503501YH1330S0001ZA. Pistas Municipales. Avenida Albacete, 6.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Parcela catastral 3304201YH1330S.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3304201YH1330S0001UA. Clase Urbano/Deportivo. Estadio Municipal de Deportes Manolo Maciá/Pista Atletismo/Gradas. Avenida Albacete, 10.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Parcela catastral 3105926YH1330N: Edificio. Clase urbano. Parcela con varios inmuebles (división horizontal) Uso principal: Residencial/Almacén/Estacionamiento. Avenida Zaragoza 1, 2, 3 y 4 y avenida Salamanca, 6:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105926YH1330N0001BE.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105926YH1330N0002ZR.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105926YH1330N0003XT.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105926YH1330N0004MY.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105926YH1330N0005QU.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105926YH1330N0006WI.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105926YH1330N0007EO.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105926YH1330N0008RP.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105926YH1330N0009TA.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105926YH1330N0010EO.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105926YH1330N0011RP.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105926YH1330N0012TA.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105926YH1330N0013YS.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105926YH1330N0014UD.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105926YH1330N0015IF.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105926YH1330N0016OG.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105926YH1330N0017PH.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105926YH1330N0018AJ.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105926YH1330N0019SK.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105926YH1330N0020PH.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105926YH1330N0021AJ.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105926YH1330N0022SK.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105926YH1330N0023DL.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105926YH1330N0024FB.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105926YH1330N0025GZ.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105926YH1330N0026HX.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105926YH1330N0027JM.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105926YH1330N0028KQ.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105926YH1330N0029LW.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105926YH1330N0030JM.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105926YH1330N0031KQ.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105926YH1330N0032LW.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105926YH1330N0033BE.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105926YH1330N0034ZR.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105926YH1330N0035XT.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105926YH1330N0036MY.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105926YH1330N0037QU.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105926YH1330N0038WI.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105926YH1330N0039EO.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105926YH1330N0040QU.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105926YH1330N0041WI.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105926YH1330N0042EO.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105926YH1330N0043RP.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105926YH1330N0044TA.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105926YH1330N0045YS.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105926YH1330N0046UD.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105926YH1330N0047IF.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105926YH1330N0048OG.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105926YH1330N0049PH.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105926YH1330N0050IF.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105926YH1330N0051OG.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105926YH1330N0052PH.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105926YH1330N0053AJ.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105926YH1330N0054SK.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105926YH1330N0055DL.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105926YH1330N0056FB.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105926YH1330N0057GZ.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105926YH1330N0058HX.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105926YH1330N0059JM.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105926YH1330N0060GZ.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105926YH1330N0061HX.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105926YH1330N0062JM.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105926YH1330N0063KQ.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105926YH1330N0064LW.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105926YH1330N0065BE.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105926YH1330N0066ZR.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105926YH1330N0067XT.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105926YH1330N0068MY.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105926YH1330N0069QU.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105926YH1330N0070XT.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105926YH1330N0071MY.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105926YH1330N0072QU.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105926YH1330N0073WI.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105926YH1330N0074EO.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105926YH1330N0075RP.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105926YH1330N0076TA.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105926YH1330N0077YS.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105926YH1330N0078UD.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105926YH1330N0079IF.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105926YH1330N0080YS.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105926YH1330N0081UD.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105926YH1330N0082IF.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105926YH1330N0083OG.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105926YH1330N0084PH.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105926YH1330N0085AJ.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105926YH1330N0086SK.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105926YH1330N0087DL.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105926YH1330N0088FB.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105926YH1330N0089GZ.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105926YH1330N0090DL.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105926YH1330N0091FB.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105926YH1330N0092GZ.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105926YH1330N0093HX.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105926YH1330N0094JM.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105926YH1330N0095KQ.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105926YH1330N0096LW.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105926YH1330N0097BE.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105926YH1330N0098ZR.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105926YH1330N0099XT.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105926YH1330N0100XT.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105926YH1330N0101MY.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105926YH1330N0102QU.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105926YH1330N0103WI.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105926YH1330N0104EO.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105926YH1330N0105RP.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105926YH1330N0106TA.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105926YH1330N0107YS.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105926YH1330N0108UD.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105926YH1330N0109IF.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105926YH1330N0110YS.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105926YH1330N0111UD.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105926YH1330N0112IF.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105926YH1330N0113OG.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105926YH1330N0114PH.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105926YH1330N0115AJ.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105926YH1330N0116SK.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105926YH1330N0117DL.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105926YH1330N0118FB.</p>
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<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105926YH1330N0156JM.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105926YH1330N0157KQ.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105926YH1330N0158LW.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105926YH1330N0159BE.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105926YH1330N0160KQ.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105926YH1330N0161LW.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105926YH1330N0162BE.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105926YH1330N0163ZR.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105926YH1330N0164XT.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105926YH1330N0165MY.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105926YH1330N0166QU.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105926YH1330N0167WI.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105926YH1330N0168EO.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105926YH1330N0169RP.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105926YH1330N0170WI.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105926YH1330N0171EO.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105926YH1330N0172RP.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105926YH1330N0173TA.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105926YH1330N0174YS.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105926YH1330N0175UD.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105926YH1330N0176IF.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105926YH1330N0177OG.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105926YH1330N0178PH.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105926YH1330N0179AJ.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105926YH1330N0180OG.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105926YH1330N0181PH.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105926YH1330N0182AJ.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105926YH1330N0183SK.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105926YH1330N0184DL.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105926YH1330N0185FB.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105926YH1330N0186GZ.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105926YH1330N0187HX.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105926YH1330N0188JM.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105926YH1330N0189KQ.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105926YH1330N0190HX.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105926YH1330N0191JM.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105926YH1330N0192KQ.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105926YH1330N0193LW.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Parcela catastral 3105927YH1330N.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105927YH1330N0001YE. Avenida Salamanca, 2 (A) Suelo sin edificar, obras de urbanización, jardinería, construcciones ruinosas.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Parcela catastral 31059A2YH1330N: Parcela con varios inmuebles (división horizontal). Avenida Salamanca, 4 B1:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>31059A2YH1330N0001DE.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>31059A2YH1330N0002FR.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>31059A2YH1330N0003GT.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>31059A2YH1330N0004HY.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>31059A2YH1330N0005JU.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>31059A2YH1330N0006KI.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>31059A2YH1330N0007LO.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>31059A2YH1330N0008BP.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>31059A2YH1330N0009ZA.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>31059A2YH1330N0010LO.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>31059A2YH1330N0011BP.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>31059A2YH1330N0012ZA.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>31059A2YH1330N0013XS.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>31059A2YH1330N0014MD.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>31059A2YH1330N0015QF.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>31059A2YH1330N0016WG.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>31059A2YH1330N0017EH.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>31059A2YH1330N0018RJ.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>31059A2YH1330N0019TK.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>31059A2YH1330N0020EH.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>31059A2YH1330N0021RJ.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>31059A2YH1330N0022TK.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>31059A2YH1330N0023YL.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>31059A2YH1330N0024UB.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>31059A2YH1330N0025IZ.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>31059A2YH1330N0026OX.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>31059A2YH1330N0027PM.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>31059A2YH1330N0028AQ.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>31059A2YH1330N0029SW.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>31059A2YH1330N0030PM.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>31059A2YH1330N0031AQ.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>31059A2YH1330N0032SW.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>31059A2YH1330N0033DE.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>31059A2YH1330N0034FR.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>31059A2YH1330N0035GT.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>31059A2YH1330N0036HY.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>31059A2YH1330N0037JU.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>31059A2YH1330N0038KI.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>31059A2YH1330N0039LO.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>31059A2YH1330N0040JU.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>31059A2YH1330N0041KI.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>31059A2YH1330N0042LO.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>31059A2YH1330N0043BP.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>31059A2YH1330N0044ZA.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>31059A2YH1330N0045XS.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>31059A2YH1330N0046MD.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>31059A2YH1330N0047QF.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>31059A2YH1330N0048WG.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>31059A2YH1330N0049EH.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>31059A2YH1330N0050QF.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>– Parcela catastral 3105904YH1330N: Parcela con varios inmuebles (división horizontal). Avenida Salamanca, 2 Es.1:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105904YH1330N0001FE.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105904YH1330N0002GR.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105904YH1330N0003HT.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105904YH1330N0004JY.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105904YH1330N0005KU.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105904YH1330N0006LI.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105904YH1330N0007BO.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105904YH1330N0008ZP.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105904YH1330N0009XA.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105904YH1330N0010BO.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105904YH1330N0011ZP.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3105904YH1330N0012XA.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Incluye también parte de algunas vías urbanas y accesos a los inmuebles correspondientes.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En cuanto al resto de fincas identificadas como Picola, Pista Karts, Cementerio, Cruz Roja, Mercadillo, Estación de Bombeo y Parking Mercadillo; están en proceso de regularización catastral desde 2016 a la espera que lo lleve a cabo la Dirección General del Catastro (como consecuencia de la investigación sobre la titularidad de la parcela del Parking Mercadillo).</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Delimitación literal:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Partiendo del punto de origen A1 (713295; 4230544) situado en la intersección-cruce de la c/ Ibiza con la carretera Elche-Santa Pola. La línea sigue en sentido horario hacia el SE por esta carretera durante 350 m. por los puntos 2 y 3 hasta el punto 4, en la esquina NE de la zona del mercadillo de Santa Pola. Desde el punto 4 gira en dirección SO bordeando el área del mercadillo hasta su cruce con la avenida Albacete (punto 5). Continúa en dirección NO por la avenida Albacete hasta su cruce con el Estadio Municipal (punto 6). Desde el punto 6 continúa en dirección O por avenida Albacete hasta su cruce con avenida Valencia (punto 7). La línea continúa hacia el NO por avenida Valencia y llega hasta el cruce con la avenida Zaragoza sorteando la rotonda por los puntos 8, 9 y 10 hasta el punto 11. Por la avenida Zaragoza (punto 11) continúa en sentido NE hasta llegar al cruce con la calle Ibiza (puntos 12 y 13) y luego sigue hacia el NE por la calle Ibiza hasta alcanzar el punto de origen (A1).</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>C) Bienes patrimoniales ubicados en el entorno de protección. Patrimonio arqueológico:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>No constan otros elementos o estructuras con valor etnológico o patrimonial en el entorno protegido.</p>
<p class='anexo_num' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>ANEXO III</p>
<p class='anexo_tit' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Normativa de protección de la zona arqueológica de La Picola y de su entorno</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 1. Régimen de la zona arqueológica.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El yacimiento arqueológico de La Picola, en el núcleo urbano de Santa Pola (Alicante), es un bien de interés cultural, con la categoría de zona arqueológica, se regirá por lo dispuesto en la sección segunda del capítulo III del título II de Ley 4/1998, de 11 de junio, del patrimonio cultural valenciano, para los bienes inmuebles de interés cultural, así como por los planes especiales, o instrumentos urbanísticos de análogo contenido, que en su caso se aprueben. Cualquier actuación que se pretenda realizar en el mismo estará sometida a la previa y preceptiva autorización de la dirección general competente en materia de cultura con carácter previo a su inicio y al otorgamiento de licencia municipal en su caso, cuando esta resulte preceptiva, sin perjuicio de la íntegra aplicabilidad al referido yacimiento del título III de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del patrimonio cultural valenciano, y del Decreto 107/2017, de 28 julio, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de regulación de las actuaciones arqueológicas en la Comunitat Valenciana.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 2. Usos permitidos en el inmueble y su entorno.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Los usos permitidos serán todos aquellos que contribuyan a la investigación, la puesta en valor, el disfrute patrimonial del bien, así como los usos históricos comunes o los existentes en la actualidad. La autorización particularizada de uso o cualquier cambio de uso requerirá de la previa autorización del órgano competente en materia de cultura.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 3. Régimen de intervención en el entorno.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Cualquier intervención que pretenda realizarse en el entorno de protección de la zona arqueológica, salvo las que manifiestamente carezcan de trascendencia patrimonial, requerirá la previa autorización de la conselleria competente en materia de cultura. Esta autorización se emitirá aplicando los criterios de la presente normativa y en su defecto, los enumerados en los artículos 38, 39, 58 y siguientes de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del patrimonio cultural valenciano. La propuesta de intervención deberá definir su alcance e ir acompañada de la documentación técnica oportuna que permita la evaluación patrimonial. También deberá especificar la ubicación parcelaria, así como adjuntar las fotografías que permitan constatar la situación actual y su trascendencia patrimonial. Transcurrido el plazo de tres meses la solicitud se entenderá denegada por silencio administrativo.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 4. Preservación del paisaje histórico, arqueológico y de los bienes que lo conforman.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>A fin de preservar el paisaje de la zona arqueológica y la integridad del yacimiento arqueológico y del mismo paisaje:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Las construcciones colindantes y existentes en el entorno de protección de la zona arqueológica no podrán aumentar su volumen edificado. Su acabado exterior deberá atenerse al ambiente en el que están situados. Todo ello sin perjuicio de la aplicación del artículo 21 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del patrimonio cultural valenciano a estos inmuebles.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En la parte del entorno no urbanizada, ni transformada, se respetará el ambiente característico del ámbito, preservándolo en general de la edificación.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Quedan expresamente prohibidos, como regla general, el vertido de residuos y los movimientos de tierras y excavaciones con incidencia paisajista, salvo aquellos movimientos que sean necesarios para el estudio y conservación del yacimiento y obtengan la preceptiva autorización patrimonial.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. Todas las intervenciones sobre los inmuebles existentes en el entorno deben contemplar las cautelas arqueológicas previstas en el artículo 62 de la Ley del patrimonio cultural valenciano. En cualquier caso las actuaciones arqueológicas deberán ser autorizadas por la conselleria competente en materia de cultura, de acuerdo con el art. 60 de misma ley, para la salvaguarda del patrimonio de esta índole que incorpora el ámbito.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. Se prohíben las señalizaciones de tipo publicitario, el almacenaje al aire libre de materiales y el vertido de residuos.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 5. Limitación del acceso.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Se prohíbe el acceso con vehículos motorizados a zonas o viales incluidos en el entorno que en la actualidad no se encuentren asfaltados.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 6. Intervenciones arqueológicas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Para la realización de intervenciones arqueológicas en el yacimiento declarado bien de interés cultural y su entorno se requerirá, de conformidad con el artículo 20 del Decreto 107/2017, de 28 de julio, del Consell por el que se aprueba el Reglamento de regulación de las actuaciones arqueológicas en la Comunitat Valenciana, la presentación de un plan general de investigación que contendrá la descripción detallada de los objetivos del plan, fases de ejecución y duración de las mismas, así como una propuesta motivada de área de reserva arqueológica del yacimiento, según lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del patrimonio cultural valenciano. El plan general de investigación deberá ser autorizado por el órgano competente en materia de cultura. El plan general de investigación no será necesario para las siguientes intervenciones arqueológicas:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Las que se manifiesten como de urgente realización, tanto por motivos de conservación y mantenimiento, como por otros motivos, siempre que así se justifique, y la urgencia sea corroborada por el órgano competente en materia de cultura.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. La documentación gráfica, que no implique técnicas analíticas.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 8. Plan especial de protección.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>De conformidad con lo que prescriben los artículos 34.2 y 39.4 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del patrimonio cultural valenciano, el Ayuntamiento de Santa Pola deberá redactar un plan especial de protección de la presente zona arqueológica en el plazo de 1 año a contar desde la publicación de la presente complementación en el DOGV.</p>
<p class='anexo_num' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>ANEXO IV</p>
<p class='anexo_tit' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Documentación gráfica</p>
<p class='imagen_girada' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>
<img alt='1' class='frame-3' height='2605' src='/datos/imagenes/disp/2020/331/16669_6081.png' width='2075'/>
</p>
<p class='imagen_girada' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>
<img alt='2' class='frame-4' height='2776' src='/datos/imagenes/disp/2020/331/16669_6117.png' width='2126'/>
</p>
</texto>
</documento>
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Mon Dec 21 08:44:26 +0000 2020
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Vista la solicitud formulada por el Ayuntamiento de Santa Pola (Alicante) para que se declare bien de interés cultural con la categoría de zona arqueológica el yacimiento arqueológico La Picola situado en el término municipal de Santa Pola (Alicante).
Vistos los informes del Museo del Mar de Santa Pola y de los servicios territoriales de Cultura y Deporte de Alicante favorables a la incoación del expediente para declarar bien de interés cultural con la categoría de zona arqueológica el referido yacimiento.
Considerando lo que disponen los artículos 27 y 28 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del patrimonio cultural valenciano, esta Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, en lo que es materia de su competencia, ha resuelto:
Primero.
Incoar expediente para declarar bien de interés cultural con la categoría de zona arqueológica el yacimiento La Picola, situado en el núcleo urbano de Santa Pola (Alicante), encomendando su tramitación a la Dirección General de Cultura y Patrimonio de esta conselleria.
Segundo.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del patrimonio cultural valenciano, determinar los valores del bien que justifican la declaración, delimitar y describir el mismo y su entorno y fijar las normas de protección de los mismos en los anexos que se adjuntan a la presente resolución.
Tercero.
En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 27.3 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del patrimonio cultural valenciano notificar esta resolución a los interesados y al Ayuntamiento de Santa Pola, y hacerles saber que, de conformidad con lo que establecen los artículos 35, 36 y 62 en relación con el 27.4 de la Ley, la realización de cualquier intervención en el yacimiento arqueológico y su entorno deberá ser autorizada preceptivamente por la Dirección General de Cultura y Patrimonio con carácter previo a su realización y al otorgamiento de licencia municipal en su caso, cuando esta resulte preceptiva, así como cualquier cambio de uso en los inmuebles a los que se refiere la presente incoación.
Cuarto.
La presente incoación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del patrimonio cultural valenciano, determina la suspensión del otorgamiento de licencias municipales de parcelación, urbanización, construcción, demolición, actividad y demás actos de edificación y uso del suelo que afecten a la zona arqueológica y a su entorno de protección, así como de dichas actuaciones cuando sean llevadas a cabo directamente por las entidades locales. Quedan, igualmente suspendidos los efectos de las ya otorgadas, suspensión cuyos efectos, de conformidad con la limitación temporal contenida en el inciso segundo del artículo 33 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del patrimonio cultural valenciano, se resolverán tras la declaración.
No obstante, la Dirección General de Cultura y Patrimonio podrá autorizar las actuaciones mencionadas cuando considere que, en aplicación de las normas de protección establecidas en la presente resolución, manifiestamente no perjudican los valores del bien que motivan la incoación, así como las obras que por causa de fuerza mayor o interés general hubieran de realizarse inaplazablemente, según lo que dispone el mencionado artículo.
Quinto.
Conforme a lo previsto en el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y en el artículo 27.6 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del patrimonio cultural valenciano, someter el expediente incoado a trámite de información pública, a fin de que cuantas personas tengan interés puedan examinar el expediente durante el plazo de un mes a partir de la publicación de la presente resolución en el «Diari Oficial de la Generalitat Valenciana». El expediente estará a disposición de los interesados en la Dirección General de Cultura y Patrimonio, avenida de la Constitución, núm. 284, de València.
Sexto.
Que en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 27.3 de la ley se notifique la presente resolución al Registro General de Bienes de Interés Cultural dependiente de la Administración General del Estado para su anotación preventiva.
Séptimo.
Que la presente resolución con sus anexos se publique en el «Diari Oficial de la Generalitat Valenciana» y en el «Boletín Oficial del Estado».
València, 9 de noviembre de 2020.–El Conseller de Educación, Cultura y Deporte, Vicent Marzà i Ibáñez.
ANEXO I
Delimitación literal de la zona arqueológica del yacimiento La Picola en Santa Pola (Alicante), descripción de las partes integrantes o consustanciales del mismo y valores patrimoniales que justifican la declaración
1. Denominación principal.
Yacimiento arqueológico La Picola.
2. Localización.
Provincia: Alicante.
Comarca: Bajo Vinalopó.
Municipio: Santa Pola.
3. Delimitación literal del yacimiento:
El yacimiento arqueológico se encuentra incluido en la Carta arqueológica de la Comunitat Valenciana. La Picola y el «Portus Illicitanus» están considerados bienes de relevancia local según consta en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» de 30 abril 2009, núm. 80-1 (Plan General de Ordenación Urbana) y área arqueológica del Portus y Cementerio.
Las zonas que comprende están clasificadas como bienes inmuebles incluidos en la sección segunda con la consideración de bienes de relevancia local. Espacios de protección arqueológica:
– Espacio de protección arqueológica: Factoría romana de salazones. Código 03.33.121-032.
– Espacio de protección arqueológica: Yacimiento ibérico siglo IV a.C. Codigo: 03.33.121-030.
– Espacio de protección arqueológica: Yacimiento romano de la avenida Portus Illicitanus. Código 03.33.121-031.
– Zona arqueológica del Portus Illicitanus y antiguo Cementerio. Código: 3.33.121-034
3.1 Ubicación:
Se encuentra ubicado en el paraje homónimo, en unos terrenos propiedad del Ayuntamiento de Santa Pola (Alicante) con CIF P0312100A sito en la plaza Constitución, 3 (CP 03130). Los datos administrativos aportados justifican la delimitación del yacimiento y del entorno de protección de la propuesta, teniendo en cuenta las construcciones existentes, su naturaleza, antigüedad y posibilidad de existencia de restos arqueológicos relacionados con los exhumados hasta la fecha. Los terrenos propuestos como zona arqueológica son de titularidad pública, en concreto del Ayuntamiento de Santa Pola, mientras que en el ámbito del entorno se encuentran tanto públicos como privados –entornos de protección F16– Yacimiento ibérico y F-18 Factoría de salazón romana (según el PGOU de Santa Pola).
El yacimiento se encuentra enclavado en una finca urbana situada junto a la carretera Elche-Santa Pola, a la altura del Cementerio Municipal.
En la actualidad la zona arqueológica se halla a una distancia de 577 m del mar y a 3 m sobre el nivel de este. Esta es la situación a la que la han llevado siglos de constante sedimentación natural y oscilaciones del nivel del mar. Sin embargo, en la Antigüedad el área arqueológica se hallaba en la línea de costa, como han demostrado las excavaciones y sondeos desarrollados en 2007.
3.2 Coordenadas:
Sentido horario. Huso 30. ETRS89.
UTMe: X 713265.
UTMn: Y 4230490.
Altura: mínima: 2,55 m.s.n.m.; máxima: 4,27 m.s.n.m.
El yacimiento arqueológico se extiende entre los siguientes puntos:
Origen punto A1: X: 713265; Y: 4230490.
Coordenadas:
Puntos
X
Y
Origen A1
713265
4230490
2
713313
4230454
3
713375
4230418
4
713405
4230467
5
713479
4230440
6
713466
4230408
7
713435
4230341
8
713422
4230332
9
713378
4230301
10
713377
4230291
11
713436
4230287
12
713418
4230238
13
713364
4230257
14
713327
4230271
15
713326
4230287
16
713248
4230280
17
713248
4230327
18
713247
4230339
19
713242
4230392
20
713235
4230427
21
713235
4230460
3.3 Referencias catastrales:
Término municipal de Santa Pola (Alicante). Zona urbana.
Localización (Según documentación obtenida en la sede electrónica del Catastro):
31059A3YH1330N0001XE. Avenida Salamanca 2 (B) Suelo sin edificar (derribada, pendiente baja catastral).
3506403YH1330N0001RE. Carretera Elche-Santa Pola 5 (derribada, pendiente baja catastral).
3506402YH1330N0001KE. Carretera Elche-Santa Pola 7 (derribada, pendiente baja catastral).
3506401YH1330N0001OE. Carretera Elche-Santa Pola 7(A) (derribada, pendiente baja catastral).
En cuanto a las fincas identificadas como Picola, Pista Karts y Parking Mercadillo, están en proceso de regularización catastral desde 2016 por parte de la Dirección General del Catastro, como consecuencia de la investigación sobre la titularidad de la parcela del Parking Mercadillo. Según la sede electrónica del Catastro no hay bienes inmuebles asignados para dichos datos catastrales.
4. Justificación de la delimitación del yacimiento arqueológico La Picola declarado bien de interés cultural con la categoría de zona arqueológica.
El yacimiento arqueológico de La Picola sito en el núcleo urbano de Santa Pola (Alicante) constituye un importante yacimiento dentro de la Comunitat Valenciana.
Santa Pola se conoce históricamente en época romana con el nombre de «Portus Ilicitanus» (puerto de la importante colonia romana de «Ilici», localizada arqueológicamente en La Alcudia de Elche). En él se pudo desarrollar una importante industria propia, derivada de los recursos marinos (seguramente ya desde el Ibérico Antiguo). Gracias a la abundancia de pesca y a las salinas próximas se crearon factorías que producían salazones (conservas de pescado) y «garum» (salsa derivada de los desechos del pescado, muy apreciada en la antigüedad y que se utilizaba como condimento en muchos platos) que se exportaban a otros lugares.
Entre los principales restos inmuebles exhumandos hasta la fecha se encuentra una muralla con torres de época ibérica y una factoría de salazones de época romana. La primera por su naturaleza entraría dentro del concepto genérico de edificación de carácter militar que la legislación actual considera como bien de interés cultural en atención al decreto de 22 de abril de 1949, incluido en la disposición adicional segunda de la Ley 16/1985 del patrimonio cultural valenciano. La segunda en la actualidad posee la categoría de bien de relevancia local y está incluido en el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos del PGOU actual de Santa Pola.
El yacimiento ibérico y romano de La Picola está situado en el polígono urbano de Salinas de la localidad de Santa Pola, a 18 km al S de Alicante, en una zona de expansión urbana junto a la av. de Salamanca y la avda. Portus Illicitanus. Se encuentra en la periferia del actual casco antiguo de la ciudad, en una zona que actualmente es de interior pero que en la Antigüedad se hallaba en la línea de costa, aspecto fundamental para comprender la evolución del asentamiento como emporio ibérico y «Portus Ilicitanus» en sus distintas fases, desde el siglo V a.C. hasta época bajoimperial (siglo VI-VII d.C.), destacando la extraordinaria relevancia que tuvo el núcleo entre mediados del siglo V a.C. y el tercer cuarto del siglo del IV a.C.
Las referencias al «Portus Ilicitanus» datan de la antigüedad. Plinio el Viejo, en el siglo I d.C., haría referencia al «golfo ilicitano»; Pomponio Mela se refiere al «golfo ilicitano» incluyendo en él a las ciudades de «Alone», «Lucentia» e «Illici» y Claudio Ptolomeo que hace referencia explícita al «Portus Ilicitanus» al describir el litoral contestano de «Hispania».
Fue el Servicio de Investigación Arqueológica del Museo del Mar de Santa Pola el que, a partir de 1987, comenzó la delimitación del amplio conjunto arqueológico. A partir de 1991 se desarrolló un proyecto hispano-francés (Museo del Mar-Casa de Velázquez- Centro Nacional para la Investigación Científica) para la excavación y análisis de las fases ibéricas del yacimiento. Entre sus resultados cabe destacar el descubrimiento del ya mencionado núcleo fortificado ibérico de los siglos V-IV a.C., con clara proyección empórica.
A partir del año 1997 un equipo de la Universidad de Alicante y el Museo del Mar acometieron la excavación y estudio sistemático de las estructuras romanas de La Picola, en especial los restos de la factoría de salazones, continuado las investigaciones para determinar la secuencia estratigráfica completa del asentamiento. Se distinguió en el «Portus Ilicitanus» un poblado-fortín ibérico de mediados del siglo V a.C. hasta el tercer cuarto del siglo IV a.C., ambientes domésticos de época augustea y siglo I d.C.; almacenes del siglo II hasta mediados del siglo IV d.C, y una cetaria con dos Fases de mediados del siglo IV d.C. hasta el siglo VI d.C.
Desde época ibérica el poblado fortificado hubo de hallarse fuertemente vinculado al núcleo de La Alcudia de Elche («Ilici»), con la que estaría conectado. El núcleo romano de Santa Pola, el «Portus Ilicitanus», quedaría enmarcado en el «territorium» de «Ilici» y, por tanto, dependiente de esta colonia. La fundación del «Portus Ilicitanus» pudo haber estado vinculada a la creación de la colonia de «Ilici» y a su necesidad de abrirse al Mediterráneo a través de un enclave que reuniese unas condiciones geográficas apropiadas con posibilidades de fondeo, resguardo frente a vientos (proporcionado por el cabo de Santa Pola) y proximidad a la «urbs».
Los bienes muebles recuperados en la zona arqueológica son igualmente singulares y representativos de algunos de los periodos señalados, tanto en las intervenciones realizadas como en hallazgos casuales anteriores, mostrando la importancia y significación del yacimiento.
5. Descripción del yacimiento declarado, de las partes integrantes o consustanciales y determinación de sus valores:
5.1 Descripción de la zona arqueológica:
La Picola es una fortificación ibérica con características de «emporio» comercial y militar, con una continuidad habitacional que va desde el siglo V a.C. hasta el VI d.C.. Muestra el proceso de adaptación al mundo romano y a las circunstancias históricas dominantes.
5.2 Partes integrantes:
En conjunto en la zona arqueológica de La Picola se documentan varias estructuras que conforman un amplio conjunto arqueológico en el que se diferencian distintas fases, desde la época ibérica hasta la bajoimperial.
a) Poblado fortín ibérico (siglos V-IV a.C.)
El fortín o poblado amurallado de época ibérica de La Picola constituye una zona arqueológica de gran valor patrimonial e histórico que delimita un espacio intramuros de 2.960 m² y 6.570 m² si se incluye el sistema defensivo. Se observa la existencia de un lienzo de muralla reforzado en sus extremos por torres, rodeado de un foso y un antemural, configurando un tipo de fortificación defensiva que se conoce con el nombre de «proteichisma», con parámetros formales y metrológicos parangonables con las fortalezas de «Emporion» y «Ullastret».
La fortaleza tiene forma de tendencia cuadrangular de 55-62 m. de lado y 1,60-1,80 m. de amplitud. Se halla totalmente excavada tan solo en su esquina noroccidental y sondeada en distintos tramos, por lo que el conocimiento del conjunto, se limita a menos de un 50 % (durante un seguimiento arqueológico realizado en 2019 se documentaron nuevos restos de este fortín).
b) Ambientes domésticos de época augustea y siglo I d.C.
Desde época ibérica se detecta la existencia de un «hiatus» hasta la época romana, funcional y cronológicamente relacionada con la colonia de «Ilici». En la fosa de fundación y en la base de los propios muros (fase I) del adyacente núcleo romano se han hallado las estructuras y los materiales relacionados con la fundación del «Portus Ilicitanus», de época augustea. Esta fase se ha hallado muy arrasada debido a las sucesivas construcciones de época romana.
c) Almacenes y estructuras portuarias (siglos II-III d.C.)
Estas estructuras coinciden con la época del desarrollo portuario durante los siglos II al IV d.C. Destaca una construcción compacta que presenta una orientación E-O, claramente distinguible de la fase anterior. La estructura presenta un patio central con naves de 3 m. en tres de sus dos lados. En su lado septentrional presenta otra nave adosada de 2,8 m. que daría lugar a un espacio con cubierta a dos aguas.
La disposición y forma de esta construcción parecería indicar que se trata de amplios espacios diáfanos que podrían ponerse en relación, más que con usos domésticos o de habitación, con almacenes. Algo lógico si tenemos en cuenta que se encuentra en un área portuaria, junto a la vía que conducía a «Ilici» y a pocos metros del mar.
d) Necrópolis bajoimperial (siglos III-IV d.C.)
En toda el área arqueológica delimitada, desde las zonas ocupadas por el fortín ibérico hasta la cetaria bajoimperial se detecta una generalizada dispersión de enterramientos que en algunas áreas generan concentraciones que han ofrecido cronologías de los siglos III-IV d.C. Se trata por lo general de inhumaciones en fosa en los que el cadáver se deposita en ánfora, caja o a la «capuccina», con escasos ajuares.
e) Área productiva de la factoría de salazones. Cetaria (siglos IV-V d.C.)
Vinculada a la última fase de ocupación del «Portus Ilicitanus» destaca la factoría de salazones (cetaria). Descubierta y excavada en parte hace décadas. En 1977, un equipo del Museo Arqueológico Provincial de Alicante interviene en el lugar en donde aparecen construcciones romanas relacionadas con la producción y venta de «garum». Las diferentes campañas hispano-francesas realizadas entre 1991 y 1994 ponen al descubierto diversos restos arquitectónicos y materiales ibéricos.
La factoría producía «garum» como lo demuestran distintos hallazgos como las balsas de decantación, los restos óseos de ictiofauna encontrados en sus fondos, la existencia de un horno de cocción o calentamiento, o el hallazgo de ánforas del tipo Almagro 51C que aún conservaban restos de salazón.
Se trata de un complejo articulado en dos Fases diferenciadas: la construcción del complejo productivo (ámbito de los antiguos almacenes portuarios) que presenta una datación fundacional cercana a la 2.ª mitad siglo IV d.C., y su ulterior ampliación (siglo V-VI).
El conjunto presenta dependencias diferenciadas en torno a espacios cuya utilidad parecen claramente definidas:
1. Sala de ventas y comercialización, pavimentada con mosaico:
Se trata de una sala cuadrada (6,7 m. x 6,7 m.) situada en la parte septentrional del edificio. Parece que no sería una dependencia vinculada al proceso productivo, sino a tareas comerciales de la cetaria (venta y negociación de las producciones).
2. Sala de trabajo, despiece y limpieza:
Pequeña sala con pavimento de «opus signinum». Situada en el lado oriental del conjunto, junto a las cisternas de agua potable.
Dada la disposición de los tejados, probablemente, se tratase de una sala al descubierto o un pequeño patio. Es un espacio abierto adecuado para su ventilación, y con desagüe formado por piedras laterales y cubierta de tejas para evacuar las aguas y restos del trabajo conservero. Se trataría del lugar donde se recibía, limpiaba, y preparaba el pescado para su conserva.
3. Cisternas de agua dulce:
En el lado oriental del conjunto productivo se encuentra un gran depósito de agua. La cisterna está cimentada contra tierra, sin fosa de fundación, curiosamente dispuesta aproximadamente en los que en su día fueron los fosos septentrionales de la muralla del poblado ibérico de La Picola. Su construcción se materializa con un potente y macizo muro de «opus caementicium», sobre el que hay distintas capas de revestimiento aislante y enlucido.
4. Horno de «garum» pavimentado con «opus signinum»:
No presenta vinculación estructural o estratigráfica con las estructuras de la cetaria. Probablemente estaría relacionado con las actividades conserveras y serviría para calentar, reducir y concentrar, en su fase final, las salsas de «garum» que se decantaban en las balsas de la factoría de salazones. Mediante un calentamiento artificial se aceleraría el proceso de fabricación de las salsas de pescado.
También pudiese ser que se diera un uso compartido para la producción de sal, necesaria para preparar las conservas de pescado. Este uso podría ser alternativo o complementario con el de la cocción de las salsas (en cualquier caso relacionado con las actividades conserveras de la cetaria).
5. Conjunto de balsas de decantación (principal elemento identificativo de la cetaria):
Se trata de dos conjuntos de balsas de decantación dispuestas en torno a un patio al que estarían abiertas para permitir la ventilación. En ellas abundan los restos óseos de pescado en el fondo de los depósitos. Tras el proceso de selección, limpieza y manipulación para hacer la salsa, el producto resultante se colocaba en estos depósitos para que fermentase y decantase.
El conjunto de balsas situado en el sector occidental de la cetaria, al E del patio, está constituido por tres depósitos rectangulares, y un cuarto depósito dividido por un muro que lo transforma, a su vez, en dos depósitos cuadrados. Este conjunto se halla perfectamente integrado en el cuerpo constructivo de la factoría de salazones, mientras que el segundo conjunto de balsas es un añadido posterior.
El complejo de balsas sudoccidental presenta un conjunto de depósitos vinculados a la última fase de ocupación del yacimiento (fase IIIb). Su excavación puso de manifiesto la existencia de cuatro depósitos cuadrados, relacionables con la decantación del «garum», y de otro rectangular, casi superficial, vinculado a los trabajos auxiliares y de preparación de las salsas.
Este conjunto de balsas presenta una técnica constructiva muy parecida al del otro conjunto de balsas. Se trata de estructuras excavadas en el terreno y construidas «contra tierra» con muros de mampostería ordinaria con un primer revestimiento de mortero ligero en el que aparecen abundantes restos de ceniza con el fin de potenciar su impermeabilización, que se completa con dos capas de «opus signinum» hidráulico.
La producción de «garum» se completaría en el patio, junto a las balsas de decantación.
6. Fachada porticada meridional.
Se compone de tres estructuras de tendencia cuadrangular que jalonan esa fachada. Las dos primeras estructuras están situadas a ambos lados de uno de los accesos porticados del edificio.
La excavación de ese frente meridional, ha ofrecido los restos de la cimentación de, al menos, dos pilares regularmente dispuestos que se podrían interpretar como un pórtico. La función de estas tres estructuras es difícil de determinar.
5.3 Determinación de sus valores:
En conjunto el yacimiento La Picola muestra unas características y reúne unos requisitos de máximo valor por la que se eleva la presente incoación de declaración de bien de interés cultural del yacimiento. Los motivos que se alegan y que hacen alusión a la singularidad y relevancia de dicho yacimiento son:
1. La existencia de una muralla ibérica (excavada en parte), que articula una fortificación de un poblado ibérico con características empóricas que hacen de este yacimiento un área arqueológica única en el contexto patrimonial valenciano. La conservación de importantes restos de la muralla, las estructuras portuarias, una necrópolis romana y una renombrada cetaria bajoimperial aportan valores monumentales al conjunto arqueológico.
2. El conjunto de La Picola tiene un incuestionable valor científico. La amplitud cronológica de su ocupación, desde la primera mitad del siglo V a.C. hasta el siglo VI d.C., y los distintos usos que conoció a lo largo de tan dilatado periodo, hacen de este yacimiento una fuente única e imprescindible para el conocimiento arqueológico del «Portus Ilicitanus» y la evolución histórica de estos territorios y del denominado «sinus ilicitanus».
La factoría de salazones romana de La Picola es efectivamente singular por testimoniar el ejercicio floreciente de actividad económica en un momento de crisis generalizada dentro del Imperio Romano.
3. El conjunto arqueológico de La Picola ofrece además grandes potencialidades divulgativas que remarcarían sus usos como recurso turístico cultural que, a través de una gestión adecuada, podría colaborar a enriquecer y diversificar la oferta ya existente en el municipio de Santa Pola. Su magnífica ubicación junto a la carretera Elche-Santa Pola, uno de los principales accesos a la ciudad, favorecería estas posibilidades divulgativas.
5.4 Cronologías:
Fase ibérica:
Engloba el conjunto de estructuras relacionadas con el poblado fortificado ibérico de La Picola datado entre 450 y 330 a.C.
Fase I:
Se trata de las estructuras correspondientes al inicio de las actividades del «Portus Ilicitanus» que se extienden entre la fundación de la colonia de «Ilici», su extensión portuaria, y finales del siglo I-principios del II d.C.
En estos niveles fundacionales de época romana se encuentran niveles con abundantes materiales reutilizados de la Fase inmediatamente anterior, la fase ibérica de los siglos V-IV a.C., en un contexto en el que predominan los materiales del último tercio del siglo I a.C. y principios del I d.C.
Relacionados con esta primera fase de ocupación de época romana del yacimiento se observan estructuras, muy arrasadas por las construcciones sucesivas, que forman lo que parece ser un complejo de ambientes de tendencia cuadrangular de probable uso habitacional.
Los niveles de abandono y transformación constructiva de esta fase I parecen situarse a finales del siglo I d.C. o principios del II d.C.
Fase II:
Con estructuras claramente diferenciadas por su orientación y organización de los espacios que ocuparían un arco cronológico comprendido entre los siglos II y IV d.C.
En los niveles situados por encima de las estructuras habitacionales de la fase I se encuentra una construcción compacta que presenta una orientación E-O, claramente distinguible de la anterior (NO-SE), que por la forma y dimensiones parece no tener continuidad constructiva con las edificaciones precedentes.
La excavación de los niveles fundacionales de estas estructuras las situaría en el siglo II d.C. Su amortización, ha de ponerse en relación con la construcción de las nuevas estructuras de la fase III, identificadas con la cetaria, a partir de la segunda mitad del siglo IV d.C.
Fase III:
Finalmente, se encuentra el conjunto mejor conservado, identificado con la denominada cetaria. Corresponde con la cetaria de La Picola, la llamada factoría de salazones, construida en la segunda mitad del siglo IV d.C. y que permaneció en funcionamiento hasta el abandono del yacimiento a finales del siglo V d.C., o ya en el VI d.C. En su Fase final se trató de un conjunto de, al menos, 1.400 m².
Se han podido identificar un conjunto de dependencias que ayudan a hipotizar el funcionamiento de este establecimiento productivo. Presenta dos Fases constructivas diferenciadas (niveles de uso del patio central):
– IIIa: construcción del conjunto productivo.
– IIIb: elevación de los niveles de uso, remodelación y ampliación de las dependencias productivas.
En el nivel de uso de la Fase IIIa se han encontrado los restos fragmentados de ánfora Almagro 51C, con abundantes restos de «garum». Se trata de una de las pruebas de la utilización de estos contenedores cerámicos para la comercialización del «garum» en la cetaria de La Picola.
Estos contenedores se fabricarían en los alrededores de la zona o se importarían vacíos de algún centro alfarero de ámbito regional no demasiado lejano al yacimiento. En general, las ánforas Almagro 51C se datan entre el siglo III y mediados del siglo V. En este caso se encuentra justo debajo de los niveles de relleno que sirven para elevar el nivel del patio cuando se amplía la factoría de salazones (fase IIIb) a partir de la mitad del siglo V d.C.
Así pues, la factoría se construiría en la segunda mitad del siglo IV d.C. formando un primer complejo productivo con una capacidad de trabajo circunscrita al conjunto oriental de balsas.
En torno a mediados del siglo V d.C. la cetaria se amplía añadiendo un nuevo conjunto de balsas y abriendo la fachada meridional porticada.
El conjunto se abandonará en un momento indeterminado entre la segunda mitad del siglo V y el siglo VI d.C.
ANEXO II
Delimitación literal del entorno de protección de la zona arqueológica yacimiento arqueológico La Picola, bienes patrimoniales que se sitúan en dicho entorno y que se relacionan e identifican a efectos tutelares
A) Justificación de la delimitación propuesta:
El bien de interés cultural debe asimilarse a la totalidad del conjunto arqueológico. Aunque la fortificación ibérica podría ser considerada objeto exclusivo de la declaración del BIC es imposible deslindar esta parte del yacimiento del resto, puesto que la cetaria romana ocupa parte de los espacios destinados a fosos y antemurales ibéricos.
Considerando que al O y S del yacimiento se hallaba la línea de mar en la Antigüedad sabemos que el conjunto arqueológico de época romana formaba parte del «Portus Ilicitanus» por lo que habría que delimitar el entorno de protección de la zona arqueológica del yacimiento arqueológico La Picola. Este entorno incluiría áreas actualmente construidas, pero que en caso de sufrir modificaciones urbanísticas habrían de ser excavadas y, en su caso, protegidas.
El entorno de protección del bien de interés cultural queda definido tanto literal como gráficamente en el anexo adjunto que forma parte de la presente resolución. La documentación complementaria obra en el expediente. Los criterios empleados para establecer el entorno de protección se basan en la legislación vigente en el ámbito de la Comunitat Valenciana según la disposición transitoria primera (establecimiento de entornos mínimos de protección para inmuebles situados en ámbitos urbanos) de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del patrimonio cultural valenciano.
El entorno en este ámbito urbano sería, en líneas generales, el espacio resultante de sumar a la parcela donde se sitúa el inmueble (yacimiento), los espacios públicos confrontados con esta y las parcelas que entran en contacto con estos espacios públicos. Así pues el criterio general seguido para la delimitación del entorno de protección consiste en incluir dentro de su área elementos urbanos con criterios arqueológicos (la propia zona excavada, el yacimiento y las áreas colindantes susceptibles de nuevos hallazgos relacionados), y criterios administrativos (delimitación de un polígono irregular que forma el entorno del yacimiento arqueológico) que comprende, con criterios topográficos, paisajísticos, arqueológicos y administrativos:
– Parcelas que limitan directamente con la que ocupa el bien de interés cultural La Picola, pudiendo afectar al mismo, tanto visual como físicamente cualquier intervención que se realice sobre ellas.
– Parcelas recayentes al mismo espacio público que el bien de interés cultural y que constituyen el entorno visual y ambiental inmediato como edificaciones o cualquier elemento del paisaje urbano que aún no teniendo una situación de inmediatez con el bien interés cultural afecten de forma fundamental a la percepción del mismo y en el que cualquier intervención que se realice pueda suponer también una alteración de las condiciones de percepción del mismo o de su carácter de espacio urbano.
– Espacios públicos (viales, aceras, suelo público) en contacto directo con el bien de interés cultural y las parcelas enumeradas anteriormente y que constituyen parte de su ambiente urbano inmediato.
B) Delimitación literal del entorno de protección:
Origen punto A1: Coordenadas X: 713295. Y: 4230544. (Huso: 30 ETRS89)
Intersección-cruce entre la c/ Ibiza y carretera Elche-Santa Pola del núcleo urbano de Santa Pola (Alicante).
Línea delimitadora. Sentido Horario.
Puntos:
Coordenadas
Puntos
X
Y
Origen A1
713295
4230544
2
713406
4230482
3
713520
4230425
4
713406
4230404
5
713481
4230140
6
713335
4230185
7
713161
4230169
8
713145
4230267
9
713151
4230299
10
713131
4230314
11
713122
4230417
12
713231
4230427
13
713232
4230432
Altura s.n.m.: mínima: 2,24 m. s. n. m.; máxima: 5,06 m. s. n. m.
Parcelas. Referencias catastrales (Según la documentación obtenida en la sede electrónica Catastro. Ministerio de Hacienda). Del núcleo urbano de Santa Pola (Alicante) comprende:
El propio yacimiento arqueológico:
– Parcela catastral 31059A3YH1330N.
31059A3YH1330N0001XE. Avenida Salamanca, 2 (B) Suelo (derribada, pendiente baja catastral). Suelo sin edificar, obras de urbanización, jardinería, construcciones ruinosas.
– Parcela catastral 3506403YH1330N.
3506403YH1330N0001RE. Carretera Elche-Santa Pola, 5 (derribada, pendiente baja catastral). Suelo sin edificar, obras de urbanización, jardinería, construcciones ruinosas.
– Parcela catastral 3506402YH1330N.
3506402YH1330N0001KE. Carretera Elche-Santa Pola, 7 (derribada, pendiente baja catastral). Suelo sin edificar, obras de urbanización, jardinería, construcciones ruinosas.
– Parcela catastral 3506401YH1330N.
3506401YH1330N0001OE. Carretera Elche-Santa Pola, 7(A) (derribada, pendiente baja catastral). Suelo sin edificar, obras de urbanización, jardinería, construcciones ruinosas.
Y las parcelas catastrales siguientes:
– Parcela catastral 3406401YH1330N.
3406401YH1330N0001JE. Carretera Elche-Santa Pola, 15. Parcela construida sin división horizontal/Uso Industrial.
– Parcela catastral 3406402YH1330N: Parcela con varios inmuebles (división horizontal). Almacén/Estacionamiento. Carretera Elche-Santa Pola, 13:
3406402YH1330N0001EE.
3406402YH1330N0002RR.
3406402YH1330N0003TT.
3406402YH1330N0004YY.
3406402YH1330N0005UU.
3406402YH1330N0006II.
3406402YH1330N0007OO.
3406402YH1330N0008PP.
3406402YH1330N0009AA.
3406402YH1330N0010OO.
3406402YH1330N0011PP.
3406402YH1330N0012AA.
3406402YH1330N0013SS.
3406402YH1330N0014DD.
3406402YH1330N0015FF.
– Parcela catastral 3406403YH1330N.
3406403YH1330N0001SE. Parcela construida sin división horizontal. Carretera Elche-Santa Pola, 11.
– Parcela catastral 3406404YH1330N.
3406404YH1330N0001ZE. Parcela construida sin división horizontal. Ocio y Hostelería. Carretera Elche-Santa Pola, 9.
– Parcela catastral 3503501YH1330S.
3503501YH1330S0001ZA. Pistas Municipales. Avenida Albacete, 6.
– Parcela catastral 3304201YH1330S.
3304201YH1330S0001UA. Clase Urbano/Deportivo. Estadio Municipal de Deportes Manolo Maciá/Pista Atletismo/Gradas. Avenida Albacete, 10.
– Parcela catastral 3105926YH1330N: Edificio. Clase urbano. Parcela con varios inmuebles (división horizontal) Uso principal: Residencial/Almacén/Estacionamiento. Avenida Zaragoza 1, 2, 3 y 4 y avenida Salamanca, 6:
3105926YH1330N0001BE.
3105926YH1330N0002ZR.
3105926YH1330N0003XT.
3105926YH1330N0004MY.
3105926YH1330N0005QU.
3105926YH1330N0006WI.
3105926YH1330N0007EO.
3105926YH1330N0008RP.
3105926YH1330N0009TA.
3105926YH1330N0010EO.
3105926YH1330N0011RP.
3105926YH1330N0012TA.
3105926YH1330N0013YS.
3105926YH1330N0014UD.
3105926YH1330N0015IF.
3105926YH1330N0016OG.
3105926YH1330N0017PH.
3105926YH1330N0018AJ.
3105926YH1330N0019SK.
3105926YH1330N0020PH.
3105926YH1330N0021AJ.
3105926YH1330N0022SK.
3105926YH1330N0023DL.
3105926YH1330N0024FB.
3105926YH1330N0025GZ.
3105926YH1330N0026HX.
3105926YH1330N0027JM.
3105926YH1330N0028KQ.
3105926YH1330N0029LW.
3105926YH1330N0030JM.
3105926YH1330N0031KQ.
3105926YH1330N0032LW.
3105926YH1330N0033BE.
3105926YH1330N0034ZR.
3105926YH1330N0035XT.
3105926YH1330N0036MY.
3105926YH1330N0037QU.
3105926YH1330N0038WI.
3105926YH1330N0039EO.
3105926YH1330N0040QU.
3105926YH1330N0041WI.
3105926YH1330N0042EO.
3105926YH1330N0043RP.
3105926YH1330N0044TA.
3105926YH1330N0045YS.
3105926YH1330N0046UD.
3105926YH1330N0047IF.
3105926YH1330N0048OG.
3105926YH1330N0049PH.
3105926YH1330N0050IF.
3105926YH1330N0051OG.
3105926YH1330N0052PH.
3105926YH1330N0053AJ.
3105926YH1330N0054SK.
3105926YH1330N0055DL.
3105926YH1330N0056FB.
3105926YH1330N0057GZ.
3105926YH1330N0058HX.
3105926YH1330N0059JM.
3105926YH1330N0060GZ.
3105926YH1330N0061HX.
3105926YH1330N0062JM.
3105926YH1330N0063KQ.
3105926YH1330N0064LW.
3105926YH1330N0065BE.
3105926YH1330N0066ZR.
3105926YH1330N0067XT.
3105926YH1330N0068MY.
3105926YH1330N0069QU.
3105926YH1330N0070XT.
3105926YH1330N0071MY.
3105926YH1330N0072QU.
3105926YH1330N0073WI.
3105926YH1330N0074EO.
3105926YH1330N0075RP.
3105926YH1330N0076TA.
3105926YH1330N0077YS.
3105926YH1330N0078UD.
3105926YH1330N0079IF.
3105926YH1330N0080YS.
3105926YH1330N0081UD.
3105926YH1330N0082IF.
3105926YH1330N0083OG.
3105926YH1330N0084PH.
3105926YH1330N0085AJ.
3105926YH1330N0086SK.
3105926YH1330N0087DL.
3105926YH1330N0088FB.
3105926YH1330N0089GZ.
3105926YH1330N0090DL.
3105926YH1330N0091FB.
3105926YH1330N0092GZ.
3105926YH1330N0093HX.
3105926YH1330N0094JM.
3105926YH1330N0095KQ.
3105926YH1330N0096LW.
3105926YH1330N0097BE.
3105926YH1330N0098ZR.
3105926YH1330N0099XT.
3105926YH1330N0100XT.
3105926YH1330N0101MY.
3105926YH1330N0102QU.
3105926YH1330N0103WI.
3105926YH1330N0104EO.
3105926YH1330N0105RP.
3105926YH1330N0106TA.
3105926YH1330N0107YS.
3105926YH1330N0108UD.
3105926YH1330N0109IF.
3105926YH1330N0110YS.
3105926YH1330N0111UD.
3105926YH1330N0112IF.
3105926YH1330N0113OG.
3105926YH1330N0114PH.
3105926YH1330N0115AJ.
3105926YH1330N0116SK.
3105926YH1330N0117DL.
3105926YH1330N0118FB.
3105926YH1330N0119GZ.
3105926YH1330N0120DL.
3105926YH1330N0121FB.
3105926YH1330N0122GZ.
3105926YH1330N0123HX.
3105926YH1330N0124JM.
3105926YH1330N0125KQ.
3105926YH1330N0126LW.
3105926YH1330N0127BE.
3105926YH1330N0128ZR.
3105926YH1330N0129XT.
3105926YH1330N0130BE.
3105926YH1330N0131ZR.
3105926YH1330N0132XT.
3105926YH1330N0133MY.
3105926YH1330N0134QU.
3105926YH1330N0135WI.
3105926YH1330N0136EO.
3105926YH1330N0137RP.
3105926YH1330N0138TA.
3105926YH1330N0139YS.
3105926YH1330N0140RP.
3105926YH1330N0141TA.
3105926YH1330N0142YS.
3105926YH1330N0143UD.
3105926YH1330N0144IF.
3105926YH1330N0145OG.
3105926YH1330N0146PH.
3105926YH1330N0147AJ.
3105926YH1330N0148SK.
3105926YH1330N0149DL.
3105926YH1330N0150AJ.
3105926YH1330N0151SK.
3105926YH1330N0152DL.
3105926YH1330N0153FB.
3105926YH1330N0154GZ.
3105926YH1330N0155HX.
3105926YH1330N0156JM.
3105926YH1330N0157KQ.
3105926YH1330N0158LW.
3105926YH1330N0159BE.
3105926YH1330N0160KQ.
3105926YH1330N0161LW.
3105926YH1330N0162BE.
3105926YH1330N0163ZR.
3105926YH1330N0164XT.
3105926YH1330N0165MY.
3105926YH1330N0166QU.
3105926YH1330N0167WI.
3105926YH1330N0168EO.
3105926YH1330N0169RP.
3105926YH1330N0170WI.
3105926YH1330N0171EO.
3105926YH1330N0172RP.
3105926YH1330N0173TA.
3105926YH1330N0174YS.
3105926YH1330N0175UD.
3105926YH1330N0176IF.
3105926YH1330N0177OG.
3105926YH1330N0178PH.
3105926YH1330N0179AJ.
3105926YH1330N0180OG.
3105926YH1330N0181PH.
3105926YH1330N0182AJ.
3105926YH1330N0183SK.
3105926YH1330N0184DL.
3105926YH1330N0185FB.
3105926YH1330N0186GZ.
3105926YH1330N0187HX.
3105926YH1330N0188JM.
3105926YH1330N0189KQ.
3105926YH1330N0190HX.
3105926YH1330N0191JM.
3105926YH1330N0192KQ.
3105926YH1330N0193LW.
– Parcela catastral 3105927YH1330N.
3105927YH1330N0001YE. Avenida Salamanca, 2 (A) Suelo sin edificar, obras de urbanización, jardinería, construcciones ruinosas.
– Parcela catastral 31059A2YH1330N: Parcela con varios inmuebles (división horizontal). Avenida Salamanca, 4 B1:
31059A2YH1330N0001DE.
31059A2YH1330N0002FR.
31059A2YH1330N0003GT.
31059A2YH1330N0004HY.
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31059A2YH1330N0026OX.
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31059A2YH1330N0029SW.
31059A2YH1330N0030PM.
31059A2YH1330N0031AQ.
31059A2YH1330N0032SW.
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31059A2YH1330N0035GT.
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31059A2YH1330N0043BP.
31059A2YH1330N0044ZA.
31059A2YH1330N0045XS.
31059A2YH1330N0046MD.
31059A2YH1330N0047QF.
31059A2YH1330N0048WG.
31059A2YH1330N0049EH.
31059A2YH1330N0050QF.
– Parcela catastral 3105904YH1330N: Parcela con varios inmuebles (división horizontal). Avenida Salamanca, 2 Es.1:
3105904YH1330N0001FE.
3105904YH1330N0002GR.
3105904YH1330N0003HT.
3105904YH1330N0004JY.
3105904YH1330N0005KU.
3105904YH1330N0006LI.
3105904YH1330N0007BO.
3105904YH1330N0008ZP.
3105904YH1330N0009XA.
3105904YH1330N0010BO.
3105904YH1330N0011ZP.
3105904YH1330N0012XA.
Incluye también parte de algunas vías urbanas y accesos a los inmuebles correspondientes.
En cuanto al resto de fincas identificadas como Picola, Pista Karts, Cementerio, Cruz Roja, Mercadillo, Estación de Bombeo y Parking Mercadillo; están en proceso de regularización catastral desde 2016 a la espera que lo lleve a cabo la Dirección General del Catastro (como consecuencia de la investigación sobre la titularidad de la parcela del Parking Mercadillo).
Delimitación literal:
Partiendo del punto de origen A1 (713295; 4230544) situado en la intersección-cruce de la c/ Ibiza con la carretera Elche-Santa Pola. La línea sigue en sentido horario hacia el SE por esta carretera durante 350 m. por los puntos 2 y 3 hasta el punto 4, en la esquina NE de la zona del mercadillo de Santa Pola. Desde el punto 4 gira en dirección SO bordeando el área del mercadillo hasta su cruce con la avenida Albacete (punto 5). Continúa en dirección NO por la avenida Albacete hasta su cruce con el Estadio Municipal (punto 6). Desde el punto 6 continúa en dirección O por avenida Albacete hasta su cruce con avenida Valencia (punto 7). La línea continúa hacia el NO por avenida Valencia y llega hasta el cruce con la avenida Zaragoza sorteando la rotonda por los puntos 8, 9 y 10 hasta el punto 11. Por la avenida Zaragoza (punto 11) continúa en sentido NE hasta llegar al cruce con la calle Ibiza (puntos 12 y 13) y luego sigue hacia el NE por la calle Ibiza hasta alcanzar el punto de origen (A1).
C) Bienes patrimoniales ubicados en el entorno de protección. Patrimonio arqueológico:
No constan otros elementos o estructuras con valor etnológico o patrimonial en el entorno protegido.
ANEXO III
Normativa de protección de la zona arqueológica de La Picola y de su entorno
Artículo 1. Régimen de la zona arqueológica.
El yacimiento arqueológico de La Picola, en el núcleo urbano de Santa Pola (Alicante), es un bien de interés cultural, con la categoría de zona arqueológica, se regirá por lo dispuesto en la sección segunda del capítulo III del título II de Ley 4/1998, de 11 de junio, del patrimonio cultural valenciano, para los bienes inmuebles de interés cultural, así como por los planes especiales, o instrumentos urbanísticos de análogo contenido, que en su caso se aprueben. Cualquier actuación que se pretenda realizar en el mismo estará sometida a la previa y preceptiva autorización de la dirección general competente en materia de cultura con carácter previo a su inicio y al otorgamiento de licencia municipal en su caso, cuando esta resulte preceptiva, sin perjuicio de la íntegra aplicabilidad al referido yacimiento del título III de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del patrimonio cultural valenciano, y del Decreto 107/2017, de 28 julio, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de regulación de las actuaciones arqueológicas en la Comunitat Valenciana.
Artículo 2. Usos permitidos en el inmueble y su entorno.
Los usos permitidos serán todos aquellos que contribuyan a la investigación, la puesta en valor, el disfrute patrimonial del bien, así como los usos históricos comunes o los existentes en la actualidad. La autorización particularizada de uso o cualquier cambio de uso requerirá de la previa autorización del órgano competente en materia de cultura.
Artículo 3. Régimen de intervención en el entorno.
Cualquier intervención que pretenda realizarse en el entorno de protección de la zona arqueológica, salvo las que manifiestamente carezcan de trascendencia patrimonial, requerirá la previa autorización de la conselleria competente en materia de cultura. Esta autorización se emitirá aplicando los criterios de la presente normativa y en su defecto, los enumerados en los artículos 38, 39, 58 y siguientes de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del patrimonio cultural valenciano. La propuesta de intervención deberá definir su alcance e ir acompañada de la documentación técnica oportuna que permita la evaluación patrimonial. También deberá especificar la ubicación parcelaria, así como adjuntar las fotografías que permitan constatar la situación actual y su trascendencia patrimonial. Transcurrido el plazo de tres meses la solicitud se entenderá denegada por silencio administrativo.
Artículo 4. Preservación del paisaje histórico, arqueológico y de los bienes que lo conforman.
A fin de preservar el paisaje de la zona arqueológica y la integridad del yacimiento arqueológico y del mismo paisaje:
1. Las construcciones colindantes y existentes en el entorno de protección de la zona arqueológica no podrán aumentar su volumen edificado. Su acabado exterior deberá atenerse al ambiente en el que están situados. Todo ello sin perjuicio de la aplicación del artículo 21 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del patrimonio cultural valenciano a estos inmuebles.
En la parte del entorno no urbanizada, ni transformada, se respetará el ambiente característico del ámbito, preservándolo en general de la edificación.
2. Quedan expresamente prohibidos, como regla general, el vertido de residuos y los movimientos de tierras y excavaciones con incidencia paisajista, salvo aquellos movimientos que sean necesarios para el estudio y conservación del yacimiento y obtengan la preceptiva autorización patrimonial.
3. Todas las intervenciones sobre los inmuebles existentes en el entorno deben contemplar las cautelas arqueológicas previstas en el artículo 62 de la Ley del patrimonio cultural valenciano. En cualquier caso las actuaciones arqueológicas deberán ser autorizadas por la conselleria competente en materia de cultura, de acuerdo con el art. 60 de misma ley, para la salvaguarda del patrimonio de esta índole que incorpora el ámbito.
4. Se prohíben las señalizaciones de tipo publicitario, el almacenaje al aire libre de materiales y el vertido de residuos.
Artículo 5. Limitación del acceso.
Se prohíbe el acceso con vehículos motorizados a zonas o viales incluidos en el entorno que en la actualidad no se encuentren asfaltados.
Artículo 6. Intervenciones arqueológicas.
Para la realización de intervenciones arqueológicas en el yacimiento declarado bien de interés cultural y su entorno se requerirá, de conformidad con el artículo 20 del Decreto 107/2017, de 28 de julio, del Consell por el que se aprueba el Reglamento de regulación de las actuaciones arqueológicas en la Comunitat Valenciana, la presentación de un plan general de investigación que contendrá la descripción detallada de los objetivos del plan, fases de ejecución y duración de las mismas, así como una propuesta motivada de área de reserva arqueológica del yacimiento, según lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del patrimonio cultural valenciano. El plan general de investigación deberá ser autorizado por el órgano competente en materia de cultura. El plan general de investigación no será necesario para las siguientes intervenciones arqueológicas:
1. Las que se manifiesten como de urgente realización, tanto por motivos de conservación y mantenimiento, como por otros motivos, siempre que así se justifique, y la urgencia sea corroborada por el órgano competente en materia de cultura.
2. La documentación gráfica, que no implique técnicas analíticas.
Artículo 8. Plan especial de protección.
De conformidad con lo que prescriben los artículos 34.2 y 39.4 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del patrimonio cultural valenciano, el Ayuntamiento de Santa Pola deberá redactar un plan especial de protección de la presente zona arqueológica en el plazo de 1 año a contar desde la publicación de la presente complementación en el DOGV.
ANEXO IV
Documentación gráfica
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Han abierto expediente para declarar bien de interés cultural el yacimiento La Picola, en Santa Pola. Que tiene entre sus ruinicas una factoría de salazones romana. Y yo ahora solo pienso en bacalao y mojama and I think it's beautiful
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"107"
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CONTRATOS_LICITACIONES
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Comunitat Valenciana
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Han abierto expediente para declarar bien de interés cultural el yacimiento La Picola, en Santa Pola. Que tiene entre sus ruinas una factoría de salazones romana.
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2013-02-28
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BOE-A-2015-7564
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Anuncio del Consejo Insular de Mallorca de formalización del contrato del seguro obligatorio de vehículos.
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<documento fecha_actualizacion='20181023185509'>
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<identificador>BOE-B-2013-7999</identificador>
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<diario codigo='BOE'>Boletín Oficial del Estado</diario>
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<fecha_publicacion>20130228</fecha_publicacion>
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<analisis>
<modalidad codigo='F'>Formalización contrato</modalidad>
<tipo codigo='8'>Privado</tipo>
<tramitacion codigo='1'>Ordinaria</tramitacion>
<procedimiento codigo='1'>Abierto</procedimiento>
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<importe>216.675,00</importe>
<ambito_geografico>Illes Balears</ambito_geografico>
<materias></materias>
<materias_cpv>66000000 Servicios financieros y de seguros</materias_cpv>
<observaciones></observaciones>
</analisis>
<texto>
<dl>
<dt>1. Entidad adjudicadora: </dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) Organismo: </dt>
<dd>Consell de Mallorca.</dd>
<dt>b) Dependencia que tramita el expediente: </dt>
<dd>Hacienda y Función Pública (Servicios Generales y Patrimonio).</dd>
<dt>c) Número de expediente: </dt>
<dd>45/12.</dd>
<dt>d) Dirección de Internet del perfil del contratante: </dt>
<dd>www.conselldemallorca.net/contractant.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>2. Objeto del contrato: </dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) Tipo: </dt>
<dd>Privado.</dd>
<dt>b) Descripción: </dt>
<dd>Seguro obligatorio de automóviles.</dd>
<dt>c) Lote: </dt>
<dd>Lote 1.</dd>
<dt>d) CPV (Referencia de Nomenclatura): </dt>
<dd>66514110</dd>
<dt>g) Medio de publicación del anuncio de licitación: </dt>
<dd>Boletín Oficial del Estado.</dd>
<dt>h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: </dt>
<dd>08/11/2012.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>3. Tramitación y procedimiento:</dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) Tramitación: </dt>
<dd>Ordinaria.</dd>
<dt>b) Procedimiento: </dt>
<dd>Abierto.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>5. Presupuesto base de licitación.</dt>
<dd> Importe neto: 282.750,00 euros. Importe total: 282.750,00 euros. </dd>
<dt>6. Formalización del contrato:</dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) Fecha de adjudicación: </dt>
<dd>5 de febrero de 2013.</dd>
<dt>b) Fecha de formalización del contrato: </dt>
<dd>8 de febrero de 2013.</dd>
<dt>c) Contratista: </dt>
<dd>Bilbao, Compañia de Seguros y Reaseguros, S.A.</dd>
<dt>d) Importe o canon de adjudicación: </dt>
<dd> Importe neto: 216.675,00 euros. Importe total: 216.675,00 euros. </dd>
<dt>e) Ventajas de la oferta adjudicataria: </dt>
<dd>Oferta económicamente más ventajosa, cobertura 'todo riesgo', cobertura de lunas, inclusión otras garantías.</dd>
</dl>
</dd>
</dl>
<p class='parrafo_2'>Palma de Mallorca, 14 de febrero de 2013.- La Consejera Ejecutiva de Hacienda y Función Pública.</p>
</texto>
</documento>
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Thu Feb 28 08:52:20 +0000 2013
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1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo:
Consell de Mallorca.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Hacienda y Función Pública (Servicios Generales y Patrimonio).
c) Número de expediente:
45/12.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante:
www.conselldemallorca.net/contractant.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo:
Privado.
b) Descripción:
Seguro obligatorio de automóviles.
c) Lote:
Lote 1.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura):
66514110
g) Medio de publicación del anuncio de licitación:
Boletín Oficial del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación:
08/11/2012.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación:
Ordinaria.
b) Procedimiento:
Abierto.
5. Presupuesto base de licitación.
Importe neto: 282.750,00 euros. Importe total: 282.750,00 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación:
5 de febrero de 2013.
b) Fecha de formalización del contrato:
8 de febrero de 2013.
c) Contratista:
Bilbao, Compañia de Seguros y Reaseguros, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación:
Importe neto: 216.675,00 euros. Importe total: 216.675,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria:
Oferta económicamente más ventajosa, cobertura 'todo riesgo', cobertura de lunas, inclusión otras garantías.
Palma de Mallorca, 14 de febrero de 2013.- La Consejera Ejecutiva de Hacienda y Función Pública.
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Consell Insular de Mallorca contrata a Bilbao Seguros el todo riesgo de sus 216 vehículos: algo más de mil E c/u #BOE
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TRIBUNAL_CONSTITUCIONAL
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Administración Local
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Consell Insular de Mallorca contrata a Bilbao Seguros el todo riesgo de sus 216 vehículos por importe total de 216.675,00 euros.
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[] | 3,379
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2015-07-06
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BOE-A-2017-6260
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Sala Segunda. Sentencia 112/2015, de 8 de junio de 2015. Recurso de amparo 1281-2013. Promovido por don Lluís Corominas Padullés en relación con las Sentencias de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictadas en juicio ante tribunal del jurado. Supuesta vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva y a la presunción de inocencia: resoluciones judiciales que anulan la Sentencia de instancia y el veredicto del jurado, y ordenan la retroacción de actuaciones sin prejuzgar el resultado del nuevo enjuiciamiento.
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<identificador>BOE-A-2015-7564</identificador>
<titulo>Sala Segunda. Sentencia 112/2015, de 8 de junio de 2015. Recurso de amparo 1281-2013. Promovido por don Lluís Corominas Padullés en relación con las Sentencias de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictadas en juicio ante tribunal del jurado. Supuesta vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva y a la presunción de inocencia: resoluciones judiciales que anulan la Sentencia de instancia y el veredicto del jurado, y ordenan la retroacción de actuaciones sin prejuzgar el resultado del nuevo enjuiciamiento.</titulo>
<diario codigo='BOE'>Boletín Oficial del Estado</diario>
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<judicialmente_anulada>N</judicialmente_anulada>
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<analisis>
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<referencias>
<anteriores></anteriores>
<posteriores></posteriores>
</referencias>
</analisis>
<texto>
<p class='parrafo'>La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por doña Adela Asua Batarrita, Presidenta, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Juan José González Rivas, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Ricardo Enríquez Sancho y don Antonio Narváez Rodríguez, Magistrados, ha pronunciado</p>
<p class='centro_redonda'>EN NOMBRE DEL REY</p>
<p class='parrafo_2'>la siguiente</p>
<p class='centro_redonda'>SENTENCIA</p>
<p class='parrafo_2'>En el recurso de amparo núm. 1281-2013, promovido por don Lluís Corominas Padullés, representado por el Procurador de los Tribunales don Jaime Briones Méndez y asistido por los Abogados don Carlos Bueren Roncero y don Óscar Morales García, contra la Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de fecha 28 de noviembre de 2012, dictada en el recurso de casación núm. 913-2012, por la que se declaró no haber lugar al recurso de casación interpuesto contra la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 19 de marzo de 2012 (Sala de lo Civil y Penal) en el rollo de apelación núm. 29-2011. Esta última resolución, por su parte, había estimado el primer motivo del recurso interpuesto por la acusación particular constituida por doña Huseni Burbuque y representada por la Procuradora de los Tribunales doña Begoña Sáez Pérez, anulando el veredicto de inculpabilidad emitido por el Tribunal del Jurado en el procedimiento núm. 29-2009, así como la Sentencia de 21 de junio de 2011 derivada del mismo, procedentes del seguido ante el Juzgado de Instrucción núm. 4 de Manresa como procedimiento jurado núm. 2-2006, ordenándose la celebración de nuevo juicio ante un nuevo Tribunal del Jurado. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don Ricardo Enríquez Sancho, quien expresa el parecer del Tribunal.</p>
<p class='centro_negrita'>I. Antecedentes</p>
<p class='parrafo_2'>1. Mediante escrito registrado en este Tribunal el 5 de marzo de 2013, el Procurador de los Tribunales don Jaime Briones Méndez, en nombre y representación de don Lluís Corominas Padullés, interpuso recurso de amparo contra las resoluciones judiciales que se citan en el encabezamiento, solicitando por otrosí, como medida cautelar, la suspensión de la ejecución de las resoluciones impugnadas.</p>
<p class='parrafo_2'>2. Los hechos de los que trae causa la demanda de amparo son, en síntesis, los siguientes:</p>
<p class='parrafo_2'>a) El 21 de junio de 2009 la Magistrada-Presidente del Tribunal del Jurado dictó Sentencia en el procedimiento jurado núm. 29-2009, seguido contra el demandante de amparo ante la Audiencia Provincial de Barcelona y procedente del Juzgado de Instrucción núm. 4 de Manresa. En ella se absolvía al demandante del delito de homicidio del que venía acusado, expresando el fallo la apreciación en su conducta de la eximente completa de legítima defensa putativa. Se imponía, no obstante, al acusado y a la empresa CES 21, S.L., la obligación de indemnizar, en calidad de responsable civil directo el primero y de responsable civil subsidiaria la segunda, a las personas físicas y jurídicas determinadas en el fallo, en las cantidades y con los intereses asimismo especificados.</p>
<p class='parrafo'>La Sentencia de la Audiencia Provincial declaraba probado, de conformidad con el veredicto del Jurado, lo siguiente:</p>
<p class='sangrado_2'>«Primero.–El acusado Lluís Corominas Padullés, nacido el 13 de junio de 1961, y sin antecedentes penales, desde enero de 2006, se hallaba habilitado como Director de Seguridad con TIP n.º 3762, sin ejercer oficialmente actividad profesional de seguridad privada.</p>
<p class='sangrado'>Segundo.–El acusado actuaba a modo de coordinador de seguridad privada de la familia Tous.</p>
<p class='sangrado'>Tercero.–En la fecha de los hechos, el acusado era socio y administrador único de la sociedad “CES 21, SL”, desarrollando la mencionada actividad de manera vinculada a esta empresa.</p>
<p class='sangrado'>Cuarto.–Alrededor de las 19 horas del día 9 de diciembre de 2006, el acusado recibió una llamada telefónica de uno de los auxiliares de control encargados del control del servicio de videovigilancia de las viviendas de la familia Tous, sitas principalmente de <em>(sic)</em> la Urbanización Pineda de la localidad de San Fruitós de Bages en la que le comunicaba que, a través de las cámaras de seguridad, había observado la presencia de intrusos dentro de la finca del matrimonio Tous (suegros del acusado), y que ya había avisado a los Mossos d’Esquadra.</p>
<p class='sangrado'>Quinto.–En esos momentos, no se encontraba en el interior del domicilio de los Sres. Tous ninguno de sus moradores.</p>
<p class='sangrado'>Sexto.–El acusado, pasados unos minutos de las 19 horas del día 9 de diciembre de 2006, se dirigió hacia la Avenida Pirineus con calle Cardona de dicha Urbanización, y paró el vehículo Mercedes con matrícula 8806 DRX que conducía delante de la puerta principal del domicilio de sus suegros portando consigo la pistola semiautomática de la marca Glock de su propiedad, cargada con siete cartuchos ordinarios de calibre 9 mm parabellum y con un cartucho del calibre 9 mm parabellum que montaba una bala expansiva de punta perforada, siendo esta última considerada munición prohibida.</p>
<p class='sangrado'>Séptimo.–Una vez hubo llegado a la Avenida Pirineus, y hallándose fuera del vehículo, el acusado se percató de la presencia de un vehículo aparcado en la calle Pastor de la misma urbanización.</p>
<p class='sangrado'>Octavo.–Al sospechar que podía estar relacionado con los intrusos, el acusado decidió subir de nuevo al vehículo y dirigirse hacia donde se hallaba dicho automóvil, tratándose de un Renault Megane con matrícula 1164-FHN, percatándose, al llegar a su altura, de que en su interior había dos personas ocupando el asiento del conductor y del copiloto, y deteniendo allí su vehículo.</p>
<p class='sangrado'>Noveno.–Los ocupantes del Renault Megane, Sinani Gazmend y Dulji Kosum, formaban parte de un grupo de personas que estaban intentando cometer un robo en la mencionada finca.</p>
<p class='sangrado'>Décimo.–En el momento en que el acusado detuvo su vehículo a la altura del Renault Megane, el conductor de este último inició su marcha.</p>
<p class='sangrado'>Undécimo.–El acusado, utilizando la pistola semiautomática que portaba, efectuó dos disparos al vehículo.</p>
<p class='sangrado'>Duodécimo.–Ambos proyectiles penetraron en el habitáculo delantero del vehículo a través del cristal de la ventanilla delantera izquierda, alojándose uno de ellos en la parte interior de la puerta delantera derecha del vehículo, mientras que el otro proyectil penetró por la parte posterior izquierda del cráneo de Sinani Gazmend, quien ocupaba el lugar del conductor, y salió por la parte delantera frontal del cráneo hasta impactar contra la parte inferior derecha del parabrisas.</p>
<p class='sangrado'>Decimotercero.–El proyectil que alcanzó el cráneo de Sinani Gazmend causó de forma irremediable su muerte, al provocarle una lesión cerebral global con necrosis del tronco encefálico con encefalopatía mecánica, produciéndose su desconexión de los medios instrumentales médicos a las 10,30 horas del día 11 de diciembre de 2006.</p>
<p class='sangrado'>Decimocuarto.–Inmediatamente después de efectuar los disparos, el acusado bajó de su vehículo, y mantuvo encañonado al copiloto, identificado como Dulji Kosum, mientras esperaba la llegada de los Mossos d’Esquadra.</p>
<p class='sangrado'>Decimoquinto.–En el momento en que el acusado se acercó al vehículo Renault Megane, los ocupantes Sinani Gazmend y Dulji Kosum hicieron un movimiento brusco.</p>
<p class='sangrado'>Decimosexto.–Ese movimiento brusco hizo creer al acusado que iban a dispararle.</p>
<p class='sangrado'>Decimoséptimo.–El acusado disparó su arma para defenderse del ataque del que creyó erróneamente que estaba siendo objeto.</p>
<p class='sangrado'>Decimoctavo.–Los disparos efectuados eran necesarios para responder al ataque que el acusado se representó como procedente de los ocupantes del Renault Megane.</p>
<p class='sangrado'>Decimonoveno.–Los disparos efectuados eran proporcionados al ataque que el acusado se representó como procedente de los ocupantes del Renault Megane.</p>
<p class='sangrado'>Vigésimo.–Inmediatamente antes de que el acusado se dirigiera al Renault Megane, el vigilante de seguridad le informó de que los dos asaltantes que estaban en la casa bajaban hacia la puerta de salida donde el acusado se encontraba, advirtiéndole de que parecían ir armados, y de que los Mossos d’Esquadra aún no habían llegado; información que, unida al conocimiento del asalto de días previos, le provocó un temor a sufrir algún mal sobre su persona.</p>
<p class='sangrado'>Vigésimo primero.–El miedo que sintió el acusado procedía de una amenaza real, seria e inminente para su persona.</p>
<p class='sangrado'>Vigésimo segundo.–El acusado disparó con su arma determinado por el miedo que sentía.</p>
<p class='sangrado'>Vigésimo tercero.–Después de efectuar los disparos, el acusado realizó una llamada a los Mossos d’Esquadra, reclamando el envío de una ambulancia, y permaneciendo en el lugar de los hechos.</p>
<p class='sangrado'>Vigésimo cuarto.–El día 15 de diciembre de 2006, el acusado pagó a través del Juzgado la cantidad de 150.000 euros en concepto de indemnización por la muerte de Sinani Gazmend.</p>
<p class='sangrado'>Vigésimo quinto.–Sinani Gazmend estaba casado con Huseni Burbeque y tenían un hijo común menor de edad llamado Rinor Sinani.</p>
<p class='sangrado'>Vigésimo sexto.–Los padres de Sinani Gazmend, Xhfafer Sinani y Nexhmije Halimi, le han sobrevivido.</p>
<p class='sangrado'>Vigésimo séptimo.–El vehículo Renault Megane, matrícula 1164-FMN, propiedad de la empresa “Julio Sánchez 4 por 4, S.L.ˮ, resultó con daños cuya cuantía asciende a 617 euros.»</p>
<p class='parrafo_2'>La apuntada declaración fáctica venía a ser traslación de la convicción alcanzada por los jurados, que apreciaron en el acusado una actuación bajo la eximente completa de miedo insuperable, inserto en la legítima defensa putativa. Entendieron los jurados que el acusado había actuado movido por un error invencible, al haber deducido equivocadamente que los ocupantes del vehículo sobre el que disparó –provocando con ello la muerte del conductor, por alcance en la cabeza– estaban relacionados con el asalto que, en esos momentos, se estaba cometiendo en el domicilio de la familia Tous e iban a acabar con su vida, llevándole su instinto a defenderse. La apreciación de estas eximentes condujo al dictado del citado fallo absolutorio en primera instancia.</p>
<p class='parrafo'>El hecho probado undécimo que se acaba de trascribir es el resultado, tal como se refleja en el acto de votación del jurado, del hecho 11 del objeto del veredicto que obtuvo un resultado de tres votos a favor y seis en contra respecto de lo siguiente: «El acusado, siendo consciente del riesgo que para la vida de los ocupantes del Renault Megane implicaba su acción, y de las altas probabilidades de causar su muerte, utilizando una pistola semiautomática que portaba, efectuó dos disparos al vehículo». La votación de este hecho encuentra su reflejo probatorio al folio 15 del acta, justificándolo los jurados en la declaración emitida por el acusado el día 12 de mayo de 2011 cuando, a preguntas de un jurado, manifestó que en aquel momento no era consciente de los hechos; también en lo manifestado en la pericial forense, en el concreto particular de que «en una situación de estrés puede haber un estado de alerta con distorsión de la percepción sensorial, visual y cognitiva». Desde estos elementos de convicción, los jurados consideraron que el acusado, al tiempo de los hechos, «no era consciente del riesgo de su acción porque no tuvo tiempo real para pensar en su situación».</p>
<p class='parrafo'>Habiendo descartado por mayoría lo anterior, los jurados introdujeron un hecho 11 <em>bis</em>, que fue aprobado por unanimidad, del siguiente tenor: «El acusado, utilizando la pistola semiautomática que portaba, efectuó dos disparos al vehículo». El acta da cuenta de que el soporte probatorio de esta convicción dimana, igualmente, de la declaración prestada por el acusado el 12 de mayo de 2011, en la que reconoció haber efectuado esos dos disparos.</p>
<p class='parrafo'>b) Trasladando éstos y otros resultados de la votación popular, la Magistrada-Presidente encabezó el fundamento jurídico 1 de la Sentencia del siguiente modo:</p>
<p class='sangrado_2'>«[L]os jurados han considerado probado que Lluis Corominas Padullés efectuó dos disparos contra el vehículo en que se encontraban los intrusos, alcanzando uno de ellos el cráneo de Sinani Gazmend, quien murió a consecuencia de dicha acción. De igual modo, declaran probado que el acusado actuó determinado por un miedo (que resulta tributario de la calificación jurídica de insuperable, como se analizará con posterioridad), el cual provocó en él una creencia errónea e invencible (extremos que también se analizarán en párrafos posteriores de esta fundamentación jurídica) de que los ocupantes del vehículo iban a dispararle, completando ese relato fáctico, de forma congruente, con la declaración de que los referidos disparos iban dirigidos, en exclusiva, a defenderse de la agresión errónea de la que creía ser objeto, siendo necesarios y proporcionados a ella, sin que el acusado tuviera frente a esta aparente agresión otra alternativa de conducta.»</p>
<p class='parrafo_2'>Dichas afirmaciones cuentan después con un amplio desarrollo en el cuerpo de la Sentencia, en el cual la Magistrada pone de relieve que la proposición 11 del objeto del veredicto «que, sin oposición de las partes, incorporaba en un solo hecho la acción de disparar y el dolo eventual de matar de forma inherente a la misma», no encontró refrendo entre los jurados, contando con sólo tres votos a favor de considerarlo demostrado. Y que ello motivó que los propios jurados realizaran una proposición alternativa 11 <em>bis</em>, aprobada por unanimidad, basando la realidad de este hecho en la declaración prestada por el acusado en el plenario, reconociendo ante los jurados que efectuó los dos disparos. La Sentencia subraya que, ello no obstante, no consideraron probado que aquél actuara con conciencia del riesgo para la vida de los ocupantes del vehículo que comportaba su acción, como tampoco de las altas probabilidades de causar su muerte.</p>
<p class='parrafo'>En este punto, la Magistrada-Presidente reconoce que en estas premisas «se encuentra la esencia de la calificación jurídica sostenida por las acusaciones, la cual viene concretada en un delito de homicidio en grado de consumación». Con esos fines calificadores, y partiendo del nexo de causalidad existente entre la acción de disparar y el resultado letal derivado de la misma –hechos ambos que fueron declarados probados por unanimidad (11 <em>bis</em> y 14)–, la Magistrada consideró necesario determinar «el ánimo que movió al agente a su acción, a fin de contrastar si nos hallamos o no ante la infracción penal analizada». Y, tras reflejar en la Sentencia las diferentes teorías doctrinales y jurisprudenciales sobre el propósito criminal, apuntó que la conclusión sobre la existencia del ánimo de matar o sobre la falta del mismo, ante la negativa permanente del acusado, no podía obtenerse sino mediante el estudio de las circunstancias envolventes de la acción. Se trataba, en definitiva, de determinar si el resultado mortal sufrido por la víctima era reprochable al agente por haberlo perseguido voluntariamente, ya de forma directa, ya a través de la construcción jurídica del denominado dolo eventual.</p>
<p class='parrafo'>Desde este preliminar, continúa expresando la Sentencia cómo el Jurado fue ilustrado sobre la necesidad de efectuar una inferencia lógica respecto de sus conclusiones sobre hechos no perceptibles directamente por los sentidos, como son las intenciones o las emociones, y cómo desde esas instrucciones los jurados concluyeron que el acusado, al efectuar los disparos, no era consciente de las altas probabilidades de causar la muerte que conllevaba su acción. No obstante reconocer que era ésta la única proposición que, en relación con la intencionalidad que movió al acusado, se sometió a la consideración del Jurado, siendo descartada por su mayoría, la Sentencia afirma acto seguido que «dicho pronunciamiento no puede analizarse de forma aislada e independiente, pues sólo alcanzará plena significación y congruencia con el resto del veredicto al ponerse en contacto con las demás proposiciones que fueron declaradas probadas, y que comportan, como luego se verá, la apreciación de los elementos definidores de la legítima defensa putativa motivada por un miedo insuperable, cuya concurrencia en el caso de autos apoyan los jurados sobre iguales pruebas y análogos razonamientos»<em>. </em>Entendió la Magistrada-Presidente que la cuestión quedaba centrada, por tanto, en determinar si la proposición declarada probada bajo el ordinal 11 <em>bis</em> del objeto del veredicto, puesta en relación con los demás hechos probados, constituía sustento suficiente para estimar concurrentes en el caso los elementos definidores del delito de homicidio por el que se sostenía acusación, conclusión a la que llegaba la redactora en sentido afirmativo, apreciando en el actuar del acusado todos los elementos del delito.</p>
<p class='parrafo'>Sentado cuanto antecede, afronta la Sentencia en su fundamento jurídico 2 el conjunto de proposiciones sometidas a la consideración del Tribunal popular en orden a determinar las circunstancias modificativas concurrentes. En concreto, si el acusado efectuó los disparos amparado por una eximente de legítima defensa putativa, relacionada con las figuras del error invencible y del miedo insuperable (hechos 17 a 21 del objeto del veredicto), todo lo cual los jurados estimaron probado, por un lado, a través de lo manifestado por el acusado en el juicio oral en el sentido de que «se vio muerto y su instinto le llevó a defenderse» y, por otro, desde un concreto apartado de la pericial forense sobre la salud mental del acusado que indicaba cómo, desde un plano teórico, ante situaciones de estrés o miedo técnicamente puede generarse en quien lo sufre un estado de alerta con distorsión de la percepción sensorial, visual o auditiva, aunque el hecho que la provoca no exista o sea malinterpretado. Con apoyo en estas dos consideraciones principales, a las que añadían algunas otras, estimaron los jurados verosímil que el acusado incurriera en error al interpretar el movimiento brusco referido en el hecho 17, creyendo ver un arma en manos del conductor del vehículo y deduciendo de ello, de forma fundada y razonable, que iban a dispararle. A lo anterior añade la Sentencia el pronunciamiento popular favorable a la invencibilidad del error sufrido, declarando no probado que el acusado tuviera posibilidad de hacer desaparecer su creencia errónea de que iba a ser atacado por los ocupantes del vehículo (hecho 22 del objeto del veredicto), lo que cuenta con apoyo probatorio en esos mismos apartados de la declaración del acusado y de la pericial, añadiéndose lo referido por uno de los peritos sobre el denominado «efecto túnel». Para los jurados, los hechos se sucedieron tan rápidamente que el acusado no tuvo tiempo de vencer la percepción errónea de la realidad que en esos instantes recibía, y que le había sumido en un estado de irracionalidad e inconsciencia.</p>
<p class='parrafo'>Figura analizada, acto seguido, la eximente de miedo insuperable que, sobre la base de la decisión popular, la Sentencia recoge igualmente en sentido afirmativo, en grado completo. El soporte probatorio relativo a su aspecto subjetivo (hecho 25) se residencia nuevamente en su declaración plenaria sobre el instinto de defenderse, así como en el citado extremo de la pericial. Los jurados se pronunciaron, asimismo, a favor de la insuperabilidad del miedo, no considerando probado que para evitarlo el acusado dispusiera de otra conducta, alternativa y distinta a los disparos que realizó (hecho 26), y ello con apoyo en el insistente mismo punto de la pericial, llegando a la conclusión de que<em> </em>«actuó bajo presión de forma y casi como un acto reflejo, respondiendo a un posible ataque, sin tiempo real para pensar en otra actuación».</p>
<p class='parrafo'>Desde las líneas esencialmente expuestas, llega la Sentencia de primer grado al mentado fallo absolutorio, estimando que el miedo a sufrir algún mal sobre su persona fue el factor desencadenante de la conducta del acusado que le hizo creer, erróneamente, que era víctima de un ataque frente al cual no tenía más opción defensiva que disparar el arma que portaba.</p>
<p class='parrafo'>c) Contra la anterior resolución prepararon recurso de apelación, en el lado de las acusaciones, el Ministerio Fiscal y la acusación particular y, en el lado de las defensas, el acusado Lluis Corominas Padullés y la responsable civil subsidiaria CES 21, S.L. Remitidas las actuaciones a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, con fecha 19 de marzo de 2012 el Tribunal Superior de Justicia dictaba Sentencia estimatoria del primer motivo del recurso interpuesto por la acusación particular, anulando el veredicto del jurado, así como la Sentencia apelada, al tiempo que ordenaba la devolución de la causa a la oficina del jurado de la Audiencia Provincial de Barcelona con el fin de que se procediera a la celebración de juicio oral ante un nuevo Jurado y un nuevo Magistrado-Presidente.</p>
<p class='parrafo'>d) El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, por su parte, examinó con carácter preferente el primero de los motivos del recurso de apelación interpuesto por la acusación particular, que denunciaba como cuestión preliminar la infracción de los arts. 9.3, 24.1, 117.1 y 120.3 de la Constitución, en relación con el art. 61.1.d) de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado (LOTJ), por manifiesta arbitrariedad e insuficiencia motivacional en los juicios de inferencia en los que se basó la apreciación de las dos eximentes completas.</p>
<p class='parrafo'>Tras centrar la pretensión impugnativa, la Sentencia de apelación describe las características del procedimiento español ante el Tribunal el Jurado y efectúa, acto seguido, una minuciosa cita jurisprudencial, así como de la doctrina fijada por este Tribunal Constitucional en las repetidas SSTC 169/2004, de 6 de octubre; 246/2004, de 20 de diciembre; 115/2006, de 24 de abril, y 192/2005, de 18 de julio, sobre el canon de motivación exigible a las decisiones del jurado. Desde estas consideraciones preliminares, se aproximó el Tribunal Superior de Justicia a la cuestión nuclear, destacando cómo el consenso del Jurado encalló en la valoración del <em>animus necandi</em> con el que habría actuado el acusado, descartando que fuera consciente del riesgo para la vida de los ocupantes del vehículo sobre el que disparó y de las altas probabilidades de causar su muerte (hecho 11) para ponerse únicamente de acuerdo en atribuirle, de manera alternativa a la proposición formulada por la Magistrada-Presidente con el consenso de las partes, una simple acción mecánica, consistente en efectuar dos disparos con su arma en dirección al vehículo ocupado por la víctima y su acompañante (hecho 11 <em>bis</em>).</p>
<p class='parrafo'>Para el Tribunal Superior de Justicia resultaba evidente que el Jurado bien no entendió, bien desoyó las instrucciones recibidas de la Magistrada sobre este particular fáctico del objeto del veredicto, comprensivo del elemento intencional, pues alcanzaron una deducción de todo punto incompatible con los extremos previamente tenidos por probados, referidos al tipo de arma utilizada, su potencialidad letal y la escasa distancia de los disparos respecto de su objetivo, sabiendo como sabía el acusado que en la dirección en la que disparó se encontraban los dos ocupantes del vehículo. Destaca el Tribunal Superior de Justicia en su Sentencia que, siendo la conclusión excluyente de la intención de matar, o bien de la representación y/o conocimiento de las altas probabilidades de ocasionar tal resultado con su acción de disparar, irracional por contraria a los demás elementos objetivos tenidos por probados, una vez recibida el acta de votación y después de valorar que la inferencia sobre la falta de dolo homicida impedía el análisis de las causas excluyentes de su culpabilidad, la Magistrada se abstuvo de hacer uso de la facultad prevista en el art. 63.1 d) LOTJ para, en su lugar, optar por corregir directamente el juicio de inferencia del Jurado y estimar concurrentes en el caso los elementos definidores del delito de homicidio objeto de acusación; en concreto, la intención dolosa de matar, en el entendimiento de que la «falta de conciencia en su actuar» que el Jurado atribuyó al acusado «no afecta al dolo de su acción y, por tanto, nada tiene que ver con el <em>animus necandi</em><em>».</em></p>
<p class='parrafo'>Remarcaba el Tribunal Superior de Justicia en que el veredicto no puede incluir conceptos jurídicos, de manera que si, por error, se sometieran a la consideración del Jurado, su decisión no vincularía al Magistrado-Presidente. Está, en cambio, plenamente admitido que los jurados se pronuncien, cuando sea necesario, sobre los elementos intencionales bien del delito, bien de las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, aun sin olvidar que la decisión que adopten al respecto no deja de ser un juicio de inferencia que necesariamente ha de tener base objetivada en una secuencia lógica de datos externos, que habrán de declararse previa y expresamente como probados o no. Resaltaba también cómo, una vez preguntado el Jurado sobre los elementos intencionales del delito o de las circunstancias agravantes, y una vez aceptada su decisión –sea cual sea el sentido de la misma– por el Magistrado-Presidente sin hacer uso de la facultad de devolución del acta que le confiere el art. 63 LOTJ, «éste viene obligado por el art. 70.1 LOTJ a incluir fielmente en su resolución el contenido correspondiente del veredicto», ajustándose en la redacción de la Sentencia a «los estrictos términos que se derivan de las respuestas dadas a cada uno de los puntos que han sido objeto de preguntas». De modo que el Magistrado-Presidente, más allá de las simples correcciones de estilo, carece de facultad alguna para disentir en la Sentencia del resultado de la deliberación o de la motivación que los integrantes del Jurado hayan hecho constar en el acta de votación del veredicto, tanto en lo referido a hechos objetivos directamente susceptibles de prueba como a hechos subjetivos sólo cognoscibles mediante inferencias. De igual manera, no puede completar los hechos declarados probados por el Jurado, y ello aunque concurran pruebas que pudieran justificar añadidos o rectificaciones, posibilidades ambas vetadas por la Ley. Tampoco puede alterar el verdadero sentido de la declaración efectuada por el Jurado, pues el veredicto emitido por los Jueces legos, como expresión de su voluntad, es base intangible sobre la que el Juez profesional debe realizar la calificación jurídica de los hechos enjuiciados.</p>
<p class='parrafo'>Hallándose, pues, claramente delimitadas las funciones de éste (art. 4 LOTJ) y las de aquéllos (art. 3 LOTJ), y formando todos parte de un mismo órgano judicial (art. 2.1 LOTJ), la única posibilidad al alcance del Magistrado-Presidente de desconocer la eficacia del veredicto, si advirtiese que el juicio de inferencia sobre los elementos subjetivos realizado por el Jurado es contradictorio con los pronunciamientos relativos a los elementos objetivos en que aquél deba fundarse, es la devolución prevista en el art. 63.1 d) LOTJ, previa explicación detenida de las causas que la justifican y de la forma en que deben subsanarse los defectos advertidos (art. 64 LOTJ).</p>
<p class='parrafo'>Desde este punto de partida, el Tribunal Superior de Justicia establecía una doble línea de análisis. Por un lado, se mostraba plenamente conforme con el razonamiento expuesto por la Magistrada-Presidente, por las mismas razones invocadas en la Sentencia recurrida, a la hora de estimar irracional, en tanto que contrario a los demás elementos objetivos tenidos por probados, la convicción popular sobre los hechos 11 y 11 <em>bis</em> del veredicto frente a los incluidos en los hechos 6, 8, 13 y 14, de los que se desprende inequívocamente que el acusado realizó la acción homicida con pleno conocimiento de la situación y de la creación de un riesgo para la vida de los ocupantes de vehículo, inherente a su conducta. Se mostraba, en cambio, disconforme con la vía escogida por la Magistrada para solucionar el grave defecto apreciado en el veredicto, no teniendo otra opción para subsanarlo que acudir al señalado mecanismo del art. 63.1.d) LOTJ, del que no hizo uso.</p>
<p class='parrafo'>En un segundo nivel de análisis, estimó también el Tribunal Superior de Justicia que ninguno de los elementos probatorios sobre los que, desde su reflejo en el acta de votación, el Jurado hacía gravitar la concurrencia del miedo insuperable lo justificaban en buena lógica, según las reglas de la experiencia racional. En particular, en lo referido a la afectación de la salud mental del acusado, pues la perturbación psicológica afirmada por los jurados se basaba en un aserto genérico o meramente teórico de la pericial forense, aserto que, siendo determinante en la convicción popular, en puridad la pericial no había extrapolado a la concreta situación del acusado al tiempo de los hechos.</p>
<p class='parrafo'>Fue como resultado de todo ello como el Tribunal Superior de Justicia entendió que el Jurado, por un lado, había desatendido las instrucciones de la Magistrada-Presidente, incurriendo en una contradicción evidente al inferir que el acusado no había actuado con intención de matar, pese al contenido de aquellos otros hechos incompatibles con semejante conclusión y que con carácter inmediato anterior había tenido por probados; por otro, para justificar su decisión, había tergiversado esencialmente la pericial forense, sin explicar sus conclusiones en forma que permita a un observador imparcial entender el significado del fallo.</p>
<p class='parrafo'>Para el Tribunal Superior de Justicia, teniendo en cuenta que, respecto de la acreditación bastante de circunstancias eximentes y modificativas de la responsabilidad criminal no rige la presunción de inocencia, su concurrencia debía hallarse adecuadamente contrastada, lo que entendió motivado en el caso de autos de manera claramente arbitraria y errónea, con trascendencia en la tutela judicial efectiva de la acusación particular recurrente, en su vertiente de derecho a obtener una resolución racional y fundada (art. 24.1 CE).</p>
<p class='parrafo'>Todo lo cual justificaba la anulación tanto de la Sentencia de instancia como del veredicto, ordenando la Sala de apelación la retroacción de las actuaciones para la celebración de un nuevo juicio oral ante un Tribunal de diferente composición.</p>
<p class='parrafo'>e) Únicamente el demandante de amparo preparó recurso de casación, que se tuvo por anunciado, remitiéndose a la Sala Segunda del Tribunal Supremo las certificaciones necesarias para su sustanciación y resolución. Al formalizar el recurso, el hoy demandante articuló un total de cinco motivos: cuatro de ellos, sustentados en diversas infracciones en materia de los derechos y garantías del proceso, invocando el derecho a la tutela judicial efectiva, a un proceso con todas las garantías, a la presunción de inocencia y a la interdicción de la arbitrariedad (arts. 24.1 y 2, y 9.3 CE); y un último motivo por infracción de ley, relacionado con los arts. 138 y 70 del Código penal. Respecto de todos ellos, el Ministerio Fiscal interesó la inadmisión y subsidiaria desestimación, siendo asimismo impugnados por la representación procesal de doña Huseni Burbuque. Admitido a trámite el recurso, y tras quedar conclusos los autos para deliberación y fallo, el 28 de noviembre de 2012 la Sala Segunda del Tribunal Supremo dictó Sentencia íntegramente desestimatoria del recurso del hoy demandante, confirmando así el pronunciamiento emitido por el Tribunal Superior de Justicia.</p>
<p class='parrafo'>El Tribunal Supremo, después recordar que la segunda instancia en el proceso ante el Tribunal del Jurado es una impugnación con nombre de segunda instancia, pero con armazón y sustancia de recurso extraordinario, y después de delimitar, desde esa misma premisa,<em> </em>sus funciones de revisión o control casacional, constreñidas a lo decidido en la Sentencia de apelación, puso de relieve cómo en los juicios con Jurado la existencia de una Sentencia intermedia entre la de primera instancia y la de casación altera en buena medida el funcionamiento tradicional de la casación, no pudiendo reproducirse íntegramente en tal sede el debate previamente llevado a cabo en apelación, como tampoco introducirse buena parte de las pretensiones efectuadas por el recurrente, al desbordar algunos de sus planteamientos los límites vetados a la casación, entre ellos: a) la vulneración de una norma penal sustantiva canalizable por el art. 849.1 de la Ley de enjuiciamiento criminal (LECrim), al no existir en la Sentencia de apelación examinada un pronunciamiento penal de fondo; b) el error en la valoración de la prueba (art. 849.2 LECrim), en la medida en que la anulación de la Sentencia de primer grado provoca la inexistencia de hechos probados en la de apelación; y c) la vulneración del derecho a la presunción de inocencia tanto en su vertiente de regla de juicio, como en su dimensión de regla probatoria, dado que la Sentencia combatida no contiene pronunciamiento condenatorio alguno, como tampoco de culpabilidad, limitándose a declarar una nulidad. Estimó, en consecuencia, factible revisar el pronunciamiento del Tribunal de apelación únicamente desde la perspectiva que brinda el art. 852 LECrim.</p>
<p class='parrafo'>Expuesto lo anterior, destacó igualmente el Tribunal Supremo dos aspectos de la decisión tomada por el Tribunal Superior de Justicia en orden a la repetición del juicio ante un nuevo Jurado: el primero de ellos, que la Sentencia de apelación no introdujo modificación alguna en el relato de hechos probados; el segundo, que tampoco vulneró la presunción de inocencia del acusado, pues sólo un pronunciamiento que en apelación hubiera declarado su culpabilidad, adentrándose en el fondo de la cuestión mediante una valoración probatoria que incluyera aquellas pruebas sometidas a inmediación, podría violar este derecho. Añadía, con cita de la STC 169/2004, de 6 de octubre, que un Tribunal de apelación puede declarar la nulidad de una Sentencia absolutoria por considerar arbitraria o insuficientemente motivada la valoración de la prueba efectuada, sin necesidad de oír al acusado. Lo que le está vedado, en cambio, es dictar Sentencia condenatoria al margen de los principios de inmediación y audiencia, que imponen el deber de escuchar directa y personalmente al acusado según la jurisprudencia emanada del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. De este modo, para el Tribunal Supremo sólo resultaban revisables las consecuencias de la decisión de la Magistrada que presidió el Tribunal del Jurado de considerar dolosa la conducta del acusado, en contra de lo que resultaba formalmente del veredicto.</p>
<p class='parrafo'>Adentrándose en la cuestión, el Tribunal de casación dictaminó que, coincidiendo el Tribunal Superior de Justicia con el criterio antes sostenido por la Magistrada-Presidente en cuanto a las quiebras lógicas existentes en el veredicto del jurado, la Sala de apelación no había invadido ningún espacio que exigiese práctica de prueba sujeta a inmediación, del mismo modo en que tampoco había llegado a un pronunciamiento de culpabilidad. Al efecto, distingue la Sentencia casacional entre los supuestos de condena en segunda instancia y aquéllos en los que lo único que se ordena es la celebración de un nuevo juicio con nuevo Jurado, como es el caso. Concluye su análisis entendiendo razonable la lesión apreciada por el Tribunal Superior de Justicia desde el estándar de racionalidad y suficiencia exigible a la motivación del veredicto del Jurado, conclusión ésta la de segunda instancia que no consideró arbitraria, como tampoco lesiva del derecho a la tutela judicial efectiva del recurrente. Matizaba, por último, el Tribunal Supremo que no se estaba en este caso ante una primigenia Sentencia absolutoria, sino ante un veredicto de inculpabilidad basado en determinados elementos fácticos que, en forma de eximentes, se erigieron en óbice para el nacimiento de la responsabilidad penal, supuesto en el que el nivel de exigencia motivacional ha de ser necesariamente superior.</p>
<p class='parrafo_2'>3. A través de tres motivos diferentes de queja, el demandante de amparo invoca los derechos a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE) y nuevamente a la tutela judicial efectiva por interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos (art. 24.1 CE).</p>
<p class='parrafo'>En la primera de las quejas, estima vulnerada su tutela judicial efectiva como consecuencia de la anulación en grado de apelación de la previa absolución decidida por el Tribunal del Jurado, lo que considera fruto de un claro ejercicio de valoración de prueba personal por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, pese a no disponer de la inmediación de la instancia. Considera, igualmente, que el órgano de apelación aplicó de forma desmesurada la doctrina relativa al canon de motivación exigible a las Sentencias absolutorias del Tribunal del Jurado, con lo cual incurrió, asimismo, en arbitrariedad. Infracciones que, por ratificar la misma, el demandante extiende a la Sentencia de casación.</p>
<p class='parrafo'>En la argumentación de fondo que sustenta la queja, el demandante efectúa un doble análisis. De un lado, considera que la Sentencia de apelación, al valorar prueba personal directamente practicada ante los jurados, se extralimitó en sus funciones revisoras bajo la excusa de un veredicto irracional e inmotivado. Estima que dicha forma de actuar compromete la doctrina constitucional consagrada en la STC 167/2002, de 18 de septiembre, que prohíbe al órgano de apelación valorar pruebas practicadas a presencia del órgano llamado a decidir en primer grado cuando ello implique revocar una resolución absolutoria por otra condenatoria. De otro, tras dejar amplia constancia de las resoluciones en las que este Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre el canon de motivación exigible al veredicto (SSTC 169/2004, 246/2004, 192/2005, o 115/2006), expone los detalles por los que considera que, en realidad, dicho vicio <em>in iudicando</em> no era imputable a la decisión emitida por el Jurado en este caso, a la vista del número de páginas a que se extiende el acta de votación, por lo que el Tribunal Superior de Justicia fue riguroso en exceso en relación con la motivación que cabe requerir a un Jurado, a tenor del canon demandado por este Tribunal Constitucional, más liviano en tales casos que el aplicable con carácter general. Como argumento de cierre, aduce que nada hay en la doctrina emanada del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que impida extender las exigencias de respeto a la inmediación y de la audiencia al reo, fijadas para la revocación en segunda instancia de un previo pronunciamiento absolutorio, a aquellos supuestos en que éste simplemente deviene anulado.</p>
<p class='parrafo'>En cuanto a la vulneración del derecho a la presunción de inocencia, para el demandante de amparo la afirmación por la Magistrada que presidió el Tribunal de primer grado de que actuó con dolo eventual, cuando realmente el Jurado lo había descartado, atrae el riesgo de generalizar una práctica que rompe la presunción de inocencia, al incorporar como probado un hecho que el único órgano soberano para decidir no entendió como tal. Añade que, precisamente para dotar de coherencia la decisión sometida a su consideración, y tras rechazar por seis votos frente a tres tener como probado el hecho 11 del veredicto («El acusado, siendo consciente del riesgo que para la vida de los ocupantes del Renault Megane implicaba su acción, y de las altas probabilidades de causar su muerte, utilizando la pistola semiautomática que portaba, efectuó dos disparos al vehículo»), los jurados introdujeron un hecho 11 <em>bis</em>, que estimaron probado por unanimidad, del siguiente tenor: «El acusado, utilizando la pistola semiautomática que portaba, efectuó dos disparos al vehículo».</p>
<p class='parrafo'>A través del tercero de los motivos considera vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva, que conecta con la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, tildando de arbitrarias las resoluciones emanadas tanto del Tribunal Superior de Justicia como del Tribunal Supremo. Estima que la Sentencia de apelación añadió afirmaciones fácticas en perjuicio del acusado, para lo cual «inventa hechos que no constan en el hecho probado y que fueron desmentidos por los peritos», en relación con el movimiento de los vehículos y con la desocupación de la vivienda. Adjudica a la Sentencia de apelación la plasmación de una realidad que no existió, para lo cual introdujo ciertos aspectos probatorios sujetos a inmediación y concretamente obtenidos de prueba pericial y testifical. Considera que el Tribunal Supremo, al convalidar la decisión de apelación, perpetuó tal arbitrariedad.</p>
<p class='parrafo'>El demandante interesa, en función de todo ello, que se tenga por interpuesto recurso de amparo frente a las tres Sentencias recaídas en este caso, reconociéndose la vulneración de sus derechos a la tutela judicial efectiva y a la presunción de inocencia. Condiciona los efectos de un eventual otorgamiento del amparo en función de que lo sea por el primero o por el tercero de los motivos de queja (en cuyo caso solicita la anulación de las Sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia y el Tribunal Supremo, con devolución de las actuaciones a este último para que se pronuncie sobre el quinto de los motivos aducidos en casación), o bien por vulneración del derecho a la presunción de inocencia, por sí solo o conjuntamente con la tutela judicial efectiva (en cuyo caso solicita la anulación de las tres Sentencias, con directa absolución del demandante respecto del delito de homicidio doloso, al haberse declarado no probado por el Jurado el hecho delictivo objeto de acusación).</p>
<p class='parrafo'>Por otrosí solicitaba, finalmente, la suspensión de la ejecución de las resoluciones impugnadas a la espera de la decisión por parte de este Tribunal, en aras de evitar los perjuicios que una eventual concesión del amparo pudiera generarle en otro caso. Petición que reiteró mediante un nuevo escrito registrado en este Tribunal el 1 de abril de 2013.</p>
<p class='parrafo_2'>4. Por providencia de 3 de junio de 2013, la Sala Segunda de este Tribunal acordó admitir a trámite la demanda de amparo y, en aplicación de lo previsto en el art. 51 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (en adelante, LOTC), dirigir atenta comunicación a los órganos judiciales correspondientes, a fin de que remitiesen certificación o copia adverada de las actuaciones que dieron lugar al presente procedimiento de amparo. Emplazó, asimismo, a las demás partes personadas en el procedimiento por si fuese su deseo comparecer en el presente recurso de amparo.</p>
<p class='parrafo'>Con esa misma fecha el Tribunal acordó también la suspensión provisional de la ejecución de las resoluciones judiciales impugnadas, al apreciarse las condiciones a que se refiere el art. 56.2 LOTC, ordenando al propio tiempo formar pieza separada para la sustanciación del incidente de suspensión y dar los pertinentes traslados a las partes para alegaciones respecto de su mantenimiento.</p>
<p class='parrafo'>Efectuadas las oportunas alegaciones por la representación del demandante, así como por el Ministerio Fiscal, que informó en sentido favorable al mantenimiento de la medida cautelar, por Auto de 9 de septiembre de 2013 este Tribunal así lo acordó.</p>
<p class='parrafo_2'>5. Por escrito registrado el 12 de junio de 2013, el Procurador de los Tribunales don Marco Aurelio Labajo González se personó en el presente procedimiento de amparo en nombre de la mercantil «CES 21, S.L».</p>
<p class='parrafo'>Evacuando el traslado conferido para alegaciones, mediante escrito presentado el 10 de septiembre de 2013, bajo la dirección letrada de don Eduardo Sánchez-Cervera García, «CES 21, S.L.», mostró su adhesión a los motivos aducidos por el demandante de amparo, haciendo expresa remisión a los argumentos de fondo esgrimidos en la demanda principal.</p>
<p class='parrafo_2'>6. Conferido, asimismo, un nuevo traslado al demandante de amparo para alegaciones, mediante escrito registrado el 11 de septiembre de 2013 ratificó íntegramente el contenido de su demanda.</p>
<p class='parrafo_2'>7. Con fecha 7 de octubre de 2013, el Ministerio Fiscal presentó sus alegaciones sobre el fondo de la demanda. En su minuciosa exposición, el Fiscal expresa las razones por las que interesa la desestimación del amparo solicitado, al no apreciar lesión de los derechos a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE) y a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE), a los que el Fiscal agrega el derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE), que estima tácitamente incluido en la demanda, pese a no ser objeto de expresa invocación.</p>
<p class='parrafo'>Partiendo como premisa de que la repetición de un juicio no necesariamente lesiona el derecho a la tutela judicial efectiva, afirma el Fiscal que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña no entró a valorar prueba personal, sino prueba documental, consistente en material videográfico y de audio. De igual modo, aunque el Tribunal Superior de Justicia también se adentrara en la prueba pericial, no lo hizo respecto de lo declarado por los peritos en la vista, sino desde el contenido de los informes obrantes en las actuaciones, que tienen el carácter de pericial documentada. Por tal motivo, ni era necesario que dichas pruebas se practicaran bajo la inmediación del Tribunal de apelación, ni la ausencia de la misma supuso una quiebra de la doctrina emanada de la STC 167/2002, de 18 de septiembre, y sus sucesoras.</p>
<p class='parrafo'>Para el Fiscal, tanto el Tribunal Superior de Justicia como el Tribunal Supremo fiscalizaron la decisión del Jurado ciñéndose a un análisis de racionalidad y suficiencia de la valoración probatoria, premisa desde la que observaron que la inferencia de los jurados carecía de esa exigible racionalidad, habiendo asimismo motivado insuficientemente algunas de sus conclusiones. La Sala de apelación observó que la prueba pericial había sido tergiversada, pues el Jurado se había quedado en la parte teórica de la misma, desconociendo su aplicación al caso concreto, y ello porque el único extremo del informe pericial que los jurados pusieron de relieve en el acta de votación del veredicto en todos los casos en los que lo mencionaron fue aquél que expone que en una situación de estrés o miedo puede existir un estado de alerta, con distorsión de la percepción sensorial, visual o cognitiva (hecho 11), o auditiva, aunque no existan o sean malinterpretadas (hechos 17 a 22, 25 y 26), añadiendo en algunos casos la referencia, asimismo teórica, de uno de los doctores al llamado «efecto túnel», que ocasionalmente surge por situaciones de estrés, perdiéndose la percepción de lo que ocurre alrededor (25 y 26).</p>
<p class='parrafo'>Considera que el veredicto no cubría, en efecto, la motivación exigible <em>ex</em> art. 120.3 CE, al incurrir en contradicción interna y no explicitar las razones por las que se entendía aplicable al acusado tal punto teórico de la pericial, no trasladado por los peritos al caso del explorado. Tal defecto fue implementado a través de la directa intervención de la Magistrada encargada de la labor de redactar la Sentencia, en lugar de acudir al mecanismo de la devolución del acta al Jurado que prevé el art. 63.1 d) LOTJ, previa explicación de las causas que la justifican y de la forma en que deben subsanarse los defectos advertidos (art. 64 LOTJ).</p>
<p class='parrafo'>La decisión de apelación no se pronunció, pues, sobre la culpabilidad o inculpabilidad del acusado, como tampoco alteró los hechos en su perjuicio. Muy al contrario, apreció un defecto en una garantía esencial del proceso, como es la racionalidad de la motivación del veredicto, garantía que también asiste a las acusaciones. Para corregir tal defecto no necesitaba la inmediación de la que habían dispuesto los jurados. Fue ésta la razón por la que el Tribunal Superior de Justicia dejó sin efecto la Sentencia absolutoria y ordenó la retroacción de las actuaciones para la celebración de un nuevo juicio, lo cual es algo bien distinto de dictar una Sentencia condenatoria en vía de recurso, revocando una anterior de sentido absolutorio.</p>
<p class='parrafo'>En relación con la supuesta arbitrariedad en que habría incurrido el Tribunal Superior de Justicia al introducir hechos no declarados probados por los jurados (en concreto, acerca de si había o no alguien en el interior de la finca asaltada y si los vehículos estaban en movimiento en el momento de los disparos), destaca el Ministerio Público que la Sentencia de apelación no contiene un relato de hechos probados propios, por lo que no puede afirmarse –como postula el demandante de amparo– que introdujera hechos nuevos y diferentes a los tenidos en cuenta por el Jurado en su veredicto de inculpabilidad. Simplemente, valoró el resultado de ciertas pruebas documentadas. Para el Fiscal, el punto en el que la demanda asienta esa supuesta arbitrariedad muestra, simplemente, la discrepancia del demandante respecto de la apreciación que, desde las pruebas expresamente atendidas por los jurados, hizo el órgano de apelación, llegando a la conclusión de que el veredicto resultaba arbitrario e insuficiente. Lo que en modo alguno convierte en arbitraria a la Sentencia de apelación que así lo declaró.</p>
<p class='parrafo'>En función de todo ello, descarta el Fiscal que los órganos judiciales lesionaran los derechos aducidos como soporte del amparo, solicitando, en consecuencia, su desestimación.</p>
<p class='parrafo_2'>8. Mediante providencia de 3 de junio de 2015 se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 8 del mismo mes y año.</p>
<p class='centro_negrita'>II. Fundamentos jurídicos</p>
<p class='parrafo_2'>1. La demanda de amparo se dirige contra las tres Sentencias recaídas en el presente procedimiento, siendo éstas la dictada el 28 de noviembre de 2012 por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en el recurso de casación núm. 913-2012, que declaró no haber lugar al recurso interpuesto por el demandante contra la que el 19 de marzo de 2012 emitió el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Sala de lo Civil y Penal) en el rollo de apelación núm. 29-2011. Tal Sentencia, por su parte, estimando el primer motivo del recurso interpuesto por la acusación particular frente al pronunciamiento absolutorio de primera instancia, ordenó la celebración de un nuevo juicio ante un Tribunal del Jurado de diferente composición, anulando tanto el veredicto emitido por los jurados, como la Sentencia dictada el 21 de junio de 2011, en función del mismo, por la Magistrada de la Audiencia Provincial de Barcelona que había presidido dicho Tribunal.</p>
<p class='parrafo'>El objeto de nuestro enjuiciamiento se contrae a determinar si las resoluciones impugnadas han vulnerado los derechos del recurrente a la tutela judicial efectiva sin indefensión y con interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, que el Fiscal reconduce hacia el proceso con todas las garantías, así como del derecho a la presunción de inocencia (art. 24.1 y 2 CE), en la forma que a continuación se describe.</p>
<p class='parrafo'>En relación con el primero de estos derechos, afirma el demandante de amparo, a través del primer motivo de la demanda, que la anulación en grado de apelación de la absolución decidida por un Jurado popular en la instancia previa lesiona su derecho a la tutela judicial efectiva, en la medida en que se asienta sobre la valoración de pruebas personales no sometidas a la preceptiva inmediación. Tal vicio, en el que estaría directamente incursa la Sentencia de apelación, extendería su efecto a la decisión casacional al haber venido a refrendar la misma. Considera que ambas resoluciones judiciales incurren además en una aplicación desequilibrada, por desproporcionada, de la doctrina constitucional relativa a la «sucinta motivación» exigible a las decisiones del Jurado, para lo cual recurren a un análisis de pruebas personales desprovisto de inmediación. Recuerda la demanda el menor rigor motivacional que precisan, en todo caso, las sentencias absolutorias frente a las condenatorias, habiendo quedado sobradamente exteriorizados en el acta del veredicto no sólo los hechos que el Jurado tuvo aquí por probados y no probados, sino también el sustento probatorio relacionado con cada uno. Por todo lo cual no cabe atribuir laconismo, vaguedad o contradicciones internas al juicio emitido por los jurados, que el Tribunal Superior de Justicia simplemente no compartió.</p>
<p class='parrafo'>El motivo segundo de la demanda viene a sostener que la apreciación por la Magistrada-Presidente de que el demandante actuó con dolo eventual, cuando realmente tal extremo había sido expresamente descartado por los jurados, atrae el riesgo de generalizar en este concreto tipo de procedimientos una práctica permeable a la incorporación como probados de hechos que el único órgano soberano para decidir no entendió como tales, en quiebra del derecho fundamental a la presunción de inocencia.</p>
<p class='parrafo'>Finalmente, la tercera de las quejas viene a insistir, de nuevo desde la perspectiva del derecho a la tutela judicial efectiva y en expresa conexión con el primero de los motivos, en el ámbito de control que incumbe a los órganos que conocen de los hechos en vía de recurso, y que debe ceñirse a la fiscalización de la racionalidad y rigurosidad del proceso discursivo y motivacional de instancia. Desde esta perspectiva, el demandante estima que tanto el Tribunal Superior de Justicia como el Tribunal Supremo incurrieron en arbitrariedad, el primero al introducir en su resolución datos que no constan en el cuerpo de hechos probados para plasmar una realidad que no existió, y el segundo al refrendar tal exceso.</p>
<p class='parrafo'>En virtud de todo ello, el recurrente –a cuya demanda muestra íntegra conformidad la responsable civil subsidiaria «CES 21, S.L.»– solicita el otorgamiento del amparo, en la forma expuesta en los antecedentes de esta resolución.</p>
<p class='parrafo'>El Ministerio Fiscal se opone, de contrario, al otorgamiento del amparo, entendiendo que ni la decisión de apelación ni la casacional infringen los derechos fundamentales objeto de denuncia.</p>
<p class='parrafo_2'>2. Con carácter preliminar, en cuanto al escrito por el que la mercantil «CES 21, S.L.», expresa su conformidad con los motivos esgrimidos por don Lluís Corominas Padullés, se ha de subrayar que este Tribunal tan sólo puede tomar en consideración sus alegaciones en aquello que tienen de refuerzo de la posición de quien es el único demandante de amparo en este caso, sin que proceda efectuar ningún pronunciamiento respecto de la situación de la mercantil como responsable civil subsidiaria, al no haber interpuesto por sí misma y en momento hábil para ello recurso de amparo contra las resoluciones judiciales sometidas a nuestro enjuiciamiento.</p>
<p class='parrafo'>Resulta de aplicación, al efecto, una doctrina reiteradamente establecida por este Tribunal, conforme a la cual «con independencia de la configuración doctrinal que se dé a la situación de los personados no solicitantes originarios del amparo, es lo cierto que no pueden transformarse en recurrentes, ni, por tanto, deducir pretensiones propias, aunque pueden formular alegaciones, y (pedir) que se les notifiquen las resoluciones que recaigan en el proceso de amparo que tiene por objeto, exclusivamente, las pretensiones deducidas por quienes lo interpusieron en tiempo y forma» (STC 33/2015, de 2 de marzo, FJ 2, por remisión a las SSTC 5/2009, de 12 de enero, FJ 3, y 66/1989, de 17 de abril, FJ 1; en igual sentido, SSTC 228/1997, de 16 de diciembre, FJ 2, 78/2003, de 28 de abril, FJ 2, 209/2003, de 1 de diciembre, FJ 6, 192/2004, de 2 de noviembre, FJ 5, 220/2004, de 29 de noviembre, FJ 3, 295/2005, de 21 de noviembre, FJ 2, 143/2006, de 8 de mayo, FJ 2, o 285/2006, de 9 de octubre, FJ 3, entre otras).</p>
<p class='parrafo_2'>3. Hecha la precisión anterior, abordaremos la primera de las cuestiones de fondo que suscita la demanda y que, desde el contenido del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), sostiene la necesidad de cohonestar la doctrina constitucional en materia de Sentencias absolutorias con el respeto debido al juicio emitido por un Jurado popular, lo que a su vez se pone en relación con el ámbito de control del canon de motivación exigible al veredicto, como expresión documentada de la decisión popular.</p>
<p class='parrafo'>Como antes se adelantaba, entiende el demandante que la anulación en grado de apelación de la previa absolución decidida por el Jurado violentó tal derecho fundamental, en la medida en que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña valoró a tal fin pruebas personales, pese a no disponer de la inmediación necesaria, de la únicamente dispusieron los jurados. Estima que dicha forma de actuar compromete la doctrina constitucional consagrada en la STC 167/2002, de 18 de septiembre, y sus sucesoras, que prohíbe al órgano de apelación valorar pruebas practicadas a presencia del órgano llamado a decidir en primer grado cuando ello implique revocar una resolución absolutoria por otra condenatoria, doctrina que considera extrapolable a aquellos supuestos en los que se declara la nulidad de la primera sentencia, como es el de autos. La Sala de apelación se habría extralimitado así en sus funciones revisoras, bajo la excusa de un veredicto irracional e inmotivado. Considera, igualmente, que el Tribunal Superior de Justicia sobredimensionó la doctrina de este Tribunal relativa al canon de motivación exigible a las Sentencias absolutorias, exigiendo del Jurado un esfuerzo de fundamentación desmesurado, con lo cual incurrió asimismo en arbitrariedad. Infracciones estas que, por venir a ratificar la decisión del Tribunal Superior de Justicia, el demandante extiende a la Sentencia de casación. Tras dejar amplia constancia de las resoluciones en las que este Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre el canon de motivación exigible al veredicto (SSTC 169/2004, 246/2004, 192/2005 y 115/2006, entre otras), expone los detalles por los que considera que, en verdad, dicho vicio <em>in iudicando</em> no era imputable a la decisión que emitieron los jurados, aludiendo para ello a la extensión del acta de votación.</p>
<p class='parrafo'>Conviene tener presente, antes de acometer su análisis, que es realmente la motivación contenida en las Sentencias de segundo y tercer grado la que incumbe examinar en respuesta al motivo. Por lo que sólo tangencial e indirectamente, desde el examen de la de primer grado de la que las mismas dan cuenta, cabrá un examen constitucional de lo decidido por el primer Tribunal. En consecuencia, desde esa función meramente fiscalizadora de los pronunciamientos dictados por los dos últimos órganos judiciales, en modo alguno incumbe a este Tribunal conocer de los hechos que dieron lugar al proceso, sino tan sólo de las vulneraciones eventualmente ocasionadas en vía de recurso.</p>
<p class='parrafo'>Delimitado en tal modo el ámbito de revisión que suscita el primer motivo de queja, resulta oportuno incluir algunas otras consideraciones de carácter general.</p>
<p class='parrafo_2'>4. Este Tribunal Constitucional ha destacado la singularidad que plantea, a los efectos de la interdicción del <em>bis in idem</em>, la anulación de una Sentencia penal absolutoria con orden de retroacción de actuaciones, dada la diferencia que existe entre la acusación y los acusados desde la perspectiva de los derechos fundamentales en juego dentro del proceso penal.</p>
<p class='parrafo'>Así, en línea de principio, no cabe retroacción de actuaciones ante la vulneración de algún derecho fundamental de carácter sustancial que asista a las acusaciones, ya que ello impone al acusado absuelto la carga de un nuevo enjuiciamiento no destinado a corregir una vulneración en su contra de normas procesales con relevancia constitucional. Pero también ha expresado este Tribunal que el reconocimiento de esa limitación no puede comportar la negación a las acusaciones de la protección constitucional dispensada por el art. 24 CE, que asimismo les incumbe. Por tal motivo, en un decidido equilibrio entre el estatuto constitucional reforzado del acusado y la necesidad de no excluir a las acusaciones de las garantías del art. 24 CE, se admite constitucionalmente la posibilidad de anular una resolución judicial penal materialmente absolutoria, con orden de retroacción de actuaciones, en aquellos casos en los que se constate la quiebra de una regla esencial del proceso en perjuicio de la acusación, ya que en ese escenario la ausencia de garantías no permite hablar de «proceso» en sentido propio, ni puede permitir tampoco que la Sentencia absolutoria adquiera el carácter de inatacable (SSTC 23/2008, de 11 de febrero, FJ 3; 220/2007, de 8 de octubre, FJ 4; 189/2004, de 2 de noviembre, FJ 5, o 4/2004, de 16 de enero, FJ 4). En suma, la excepción afecta a aquellas resoluciones absolutorias dictadas en el seno de un proceso penal sustanciado sobre un proceder lesivo de las más elementales garantías procesales de las partes (SSTC 215/1999, de 29 de noviembre, FJ 1; 168/2001, de 16 de julio, FJ 7, o 12/2006, de 16 de enero, FJ 2).</p>
<p class='parrafo_2'>5. El derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) incluye el derecho a obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada, fundada en Derecho y congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes.</p>
<p class='parrafo'>Cierto es que el señalado deber de motivación adquiere mayor importancia cuando la Sentencia es condenatoria que cuando resulta absolutoria, al no estar en juego los mismos derechos fundamentales, ya que en el segundo caso la tutela judicial efectiva se ve reforzada por la presunción de inocencia. Ahora bien, semejante afirmación en modo alguno significa que las Sentencias absolutorias aparezcan exoneradas del deber general de motivación, pues ésta, como indica el art. 120.3 CE, es requerida «siempre». De modo que la Sentencia absolutoria no puede quedar limitada al puro decisionismo de la absolución, sin dar cuenta del porqué de la misma, ya que en tal caso se vería afectado el principio general de interdicción de la arbitrariedad como garantía frente a la irrazonabilidad. Así pues, la resolución, cualquiera que sea su fallo, habrá de contener aquellos elementos y razones de juicio que permitan conocer cuáles han sido los criterios que la fundamentan, sin acoger una aplicación arbitraria de la legalidad, manifiestamente irrazonada o irrazonable, o incursa en un error patente, por la que la aplicación de la legalidad haya sido tan sólo una mera apariencia (SSTC 158/2002, de 16 de septiembre, FJ 6; 30/2006, de 30 de enero, FJ 5; 82/2009, de 23 de marzo, FJ 6, o 107/2011, de 20 de junio, FJ 2.</p>
<p class='parrafo'>Siendo lo anterior doctrina de carácter general, la particularidad del caso que nos ocupa reside en el órgano encargado de decidir: un Jurado. El art. 61.1.d), de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo (en adelante, LOTJ), dedicado al acta de votación del veredicto, impone la inclusión en la misma de un apartado cuarto, cuyo específico cometido será que los jurados describan los elementos probatorios desde los que han formado su convicción y bajo la expresa exigencia de una «sucinta explicación de las razones por las que han declarado o rechazado declarar determinados hechos como probados». Por lo tanto, según se desprende del propio tenor literal del precepto, la necesidad de una «sucinta explicación» aparece vinculada no sólo a lo declarado probado, sino también al rechazo de tener determinados hechos por probados. En realidad, dicho deber no es sino emanación de la previsión constitucional de que las Sentencias sean siempre motivadas; de modo que, tal y como recordaba la STC 115/2006, de 24 de abril, FJ 5, por remisión a lo decidido por el Pleno de este Tribunal en la STC 169/2004, de 6 de octubre, no puede sostenerse que la motivación sea una mera formalidad prescindible en supuestos de absolución, como tampoco que la ausencia de motivación bastante en la decisión del Jurado carezca de toda trascendencia: la falta de la apuntada explicación sucinta afecta al contenido del art. 120.3 CE, proyectado al Jurado, y supone, en definitiva, la carencia de una de las garantías procesales que, de acuerdo con una consolidada doctrina constitucional, integran el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE, SSTC 188/1999, de 25 de octubre; 169/2004, de 6 de octubre, y 246/2004, de 26 de diciembre, entre otras).</p>
<p class='parrafo'>La dificultad de que un órgano integrado por personas legas en Derecho motive sus decisiones, aun mediante esa mitigada exigencia de que la explicación sea «sucinta», no ha pasado desapercibida al legislador. Así lo revela la propia exposición de motivos de la LOTJ cuando deja constancia de la opción por un sistema en el que «el Jurado debe someterse inexorablemente al mandato del legislador. Y tal adecuación sólo es susceptible de control en la medida en que el veredicto exterioriza el curso argumental que lo motivó». A esa exteriorización del curso argumental que motiva el veredicto atiende la Ley –según sigue indicando la exposición de motivos– al exigir del Jurado, entre otros extremos, que «su demostrada capacidad para decidirse por una u otra versión alcance el grado necesario para la exposición de sus motivos. Bien es cierto que la exposición de lo tenido por probado explicita la argumentación de la conclusión de culpabilidad o inculpabilidad. Pero hoy, la exigencia constitucional de motivación no se satisface con ello. También la motivación de estos argumentos es necesaria. Y desde luego posible si se considera que en modo alguno requiere especial artificio y cuenta en todo caso el Jurado con la posibilidad de instar el asesoramiento necesario» (apartado V, el veredicto, núm. 1, sobre el objeto). De modo que el legislador ha optado por imponer a los jurados, a los efectos que interesan para la resolución del presente recurso de amparo, la exigencia de explicar en el acta del veredicto las razones por las que han declarado o rechazado declarar determinados hechos como probados.</p>
<p class='parrafo'>Del cuerpo jurisprudencial que queda expuesto, se pueden extraer algunas ideas rectoras del análisis de la suficiencia constitucional de cualquier veredicto pronunciado por un Jurado. La primera de ellas, que el deber de motivación impuesto legalmente no puede desconectarse de la condición de sus integrantes, no forzosamente conocedores del Derecho, por lo que no resulta exigible de los jurados un exhaustivo análisis de toda la actividad probatoria desplegada, como tampoco una exégesis jurídica equivalente a la del profesional en Derecho. En segundo lugar, que el nivel de exigencia habrá de modularse también en función de que el Jurado suscriba un pronunciamiento de culpabilidad o inculpabilidad, menos riguroso en este último caso. Ninguna de estas dos premisas excluye, sin embargo, el deber de coherencia y racionalidad intrínsecamente exigible a su decisión, como a cualquier otra resolución judicial de fondo,<em> ex</em> art. 24.1 CE, en tanto que garantía frente a la arbitrariedad y a la irrazonabilidad en la actuación de quien asume tal poder de decisión.</p>
<p class='parrafo'>Igual grado de racionalidad y razonabilidad incumbe a la resolución por la que el Magistrado que preside dicho Tribunal popular, acogiendo el veredicto, dicte Sentencia.</p>
<p class='parrafo'>Debe también tenerse en cuenta una reiterada doctrina de este Tribunal que expresa que la apreciación o no de la concurrencia de circunstancias eximentes o atenuantes de la responsabilidad es una cuestión de estricta legalidad penal cuya resolución corresponde a los órganos judiciales competentes, y cuyo control en esta sede se limita a comprobar que la respuesta de éstos sea suficientemente motivada y no arbitraria, irrazonable o patentemente errónea (STC 78/2013, de 8 de abril, FJ 3, por remisión a las SSTC 211/1992, de 30 de noviembre, FJ 5; 133/1994, de 9 de mayo, FJ 4; 63/2001, de 17 de marzo, FJ 11; 239/2006, de 17 de julio, FJ 5; 5/2010, de 7 de abril, FJ 5, y 142/2012, de 2 de julio, FJ 7; en igual sentido, SSTC 5/2010, de 7 de abril, FJ 5, y 142/2012, de 2 de julio, FJ 7).</p>
<p class='parrafo'>En consecuencia, el control constitucional que, desde el prisma de la tutela judicial efectiva, cabe efectuar en estos casos quedará limitado a los supuestos en los que bien el veredicto, bien la resolución judicial que lo recoge se muestren manifiestamente infundados, arbitrarios, irrazonables o irrazonados, o bien sean fruto de error patente (SSTC 169/2004, de 6 de octubre, FJ 7, y 246/2004, de 20 de diciembre, FJ 5).</p>
<p class='parrafo_2'>6. Tras las precedentes consideraciones, es momento de examinar si las resoluciones judiciales del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal Supremo vulneraron el derecho a la tutela judicial efectiva del recurrente en amparo, bien al anular, bien al confirmar la anulación tanto de la Sentencia de primer grado como del veredicto del Jurado.</p>
<p class='parrafo'>Como punto de partida de nuestro análisis debemos recordar que, tal como se expone pormenorizadamente en el antecedente 2 de esta resolución, la Magistrada- presidenta del Jurado dictó una sentencia por la que absolvía al recurrente en amparo del delito de homicidio del que había sido acusado por considerar que concurría la eximente completa de legítima defensa putativa, pese a que el propio jurado había rechazado incluir como hecho probado en su veredicto uno que declaraba que «[e]l acusado, siendo consciente del riesgo que para la vida de los ocupantes del Renault Megane implicaba su acción, y de las altas probabilidades de causar muerte, utilizando una pistola semiautomática que portaba, efectuó dos disparos al vehículo», para, después comprobar si, al anular tanto la Sentencia de primer grado como el veredicto del Jurado en la forma que queda vista, el Tribunal Superior de Justicia vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva del recurrente en amparo. El sustrato principal del presente análisis consiste, pues, en determinar el punto de equilibrio entre el carácter lego de los jurados, su deber de motivar racionalmente las conclusiones alcanzadas y el rol sanador que el Tribunal Superior de Justicia estimó inadecuadamente ejercido <em>motu proprio</em> por la Magistrada que había presidido el Tribunal del Jurado, encauzando los términos del veredicto hacia una reformulación de la intencionalidad del acusado a través del mecanismo del que da cuenta la Sentencia de primer grado, en lugar de proceder a la devolución del acta bajo la fórmula que prevé el art. 63.1.d) LOTJ. Todo ello sin perder de vista la particular naturaleza de la apelación en el procedimiento ante el Tribunal del Jurado, cuyo sistema tasado de motivos la aproxima hacia un recurso extraordinario.</p>
<p class='parrafo'>El propio demandante reconoce en su escrito esa labor integradora de la Sentencia inicial, que trató la cuestión como una suerte de «error» del Jurado al desarrollar sus inferencias sobre los elementos subjetivos. Trata, no obstante, de reconducir el <em>thema decidendi</em> hacia la esfera de las Sentencias absolutorias de primer grado, después revocadas en apelación, tesis que luego se analizará. Basta ahora destacar que las decisiones de apelación y casación no se pronunciaron sobre su culpabilidad o inculpabilidad como acusado. Simplemente apreciaron una quiebra en la lógica interna al veredicto, quiebra que ya había constatado la Magistrada <em>a quo</em>. Lo cual en modo alguno convierte en arbitraria a la Sentencia de apelación que así lo declara, como tampoco a la que, en casación, vino a refrendar la postura de la inmediata anterior.</p>
<p class='parrafo'>El Tribunal Superior de Justicia acometió la tarea no realizada en la instancia en orden a reparar un vicio que, observado <em>ex ante</em>, se había rectificado invadiendo competencias reservadas al Jurado con exclusividad, por expresa voluntad del legislador. Desde la racional motivación que, sobre este particular, ofrece la Sentencia de apelación resulta suficientemente justificada la revocación de la Sentencia de primer grado, como también –ante la disolución del Jurado que conoció de los hechos– la retroacción de las actuaciones hasta el momento que se señala. Fue ésta la razón principal por la que el Tribunal de apelación dejó sin efecto la Sentencia absolutoria y ordenó la retroacción de las actuaciones para la celebración de un nuevo juicio, algo bien distinto de dictar una Sentencia condenatoria en vía de recurso, revocando una anterior de sentido absolutorio. Y fue esta misma razón la que llevó al Tribunal de casación a ratificar la decisión de apelación, ratificación que en igual medida deviene justificada.</p>
<p class='parrafo'>De ahí que las decisiones judiciales que ahora se impugnan no puedan considerarse lesivas del derecho del demandante de amparo a la tutela judicial efectiva, que no cabe entender vulnerado por el mero hecho de que el Tribunal Superior de Justicia reparara, como órgano <em>ad quem</em>, el derecho a la tutela judicial efectiva que también asiste a la acusación y cuya subsanación había interesado ésta expresamente en vía de recurso.</p>
<p class='parrafo'>En suma, ambas resoluciones judiciales, de apelación y de casación, fueron respetuosas con el derecho a la tutela judicial efectiva del demandante (art. 24.1 CE), no incurriendo en arbitrariedad, como tampoco en exceso alguno al ejercer sus funciones revisoras en los términos que quedan vistos. Por las fundadas razones expuestas en la Sentencia de apelación, la decisión de celebración de nuevo juicio resultaba, igualmente, la única opción compatible con lo motivadamente decidido.</p>
<p class='parrafo'>Cierto es que la Sala de apelación apreció un segundo defecto en el veredicto o, por ser más precisos, en el sustento probatorio desde el que los jurados fundamentaron sus conclusiones sobre el estado anímico del acusado al tiempo de los hechos. En concreto, al acoger un punto técnico de la pericial no trasladado a la concreta situación y personalidad del hoy demandante. Es sobre este particular de la decisión de apelación sobre el que el demandante focaliza la atención constitucional, entendiendo que la valoración del Tribunal Superior de Justicia se hizo de espaldas a la inmediación. Sin embargo, tal aspecto de su queja viene a quedar necesariamente sin objeto desde cuanto se acaba de exponer con anterioridad, dado que la razón primera y fundamental que contempla la decisión revocatoria de apelación pivotó sobre la ya señalada constatación de una contradicción interna al juicio emitido por el jurado acerca de la intencionalidad que habría guiado al acusado al emprender su acción de disparar. Incoherencia cuya importancia hacía obligado un nuevo enjuiciamiento, por cuanto queda visto, y ante lo cual toda reflexión adicional que pudiera ahora proporcionarse, en clave constitucional, deviene innecesaria.</p>
<p class='parrafo_2'>7. Descendiendo al segundo motivo de la demanda, en él se invoca el derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE), que el demandante considera vulnerado a través de la Sentencia de primer grado, en la medida en que vino a afirmar que actuó con dolo eventual cuando el Jurado había descartado este extremo mediante el rechazo del hecho 11 del veredicto e introducción, en su lugar y por unanimidad, del hecho 11 <em>bis</em>, aséptico a cualquier tipo de intencionalidad resultante de la sola acción de disparar. Considera el demandante que la aceptación de la actividad integradora expresamente admitida por la Magistrada-Presidente atrae el riesgo de generalizar una práctica que haría quebrar el citado derecho fundamental, pues autorizaría la incorporación como probados de hechos que el único órgano soberano para decidir no habría tenido por tales. De ello se sirve para solicitar su libre absolución en sede de amparo, basándose en que no puede haber delito de homicidio sin intencionalidad, como así lo decidió el Jurado en este caso.</p>
<p class='parrafo'>Con tal planteamiento –que el demandante ya defendió en el primer motivo de su recurso de apelación y que no resolvió el Tribunal Superior de Justicia ante la estimación preferente de la cuestión previa suscitada a instancias de la acusación particular, antes vista– no viene sino a reconocer el complemento integrador que <em>motu proprio</em> realizó quien presidía el Tribunal del Jurado. Complemento que, precisamente, la Sala de apelación entendió erróneo, en tanto que contrario a la norma aplicable, que prevé como única alternativa posible en tal situación la devolución del acta al Jurado. La queja se remonta, pues, a aquella Sentencia cuyos efectos vinieron a quedar anulados mediante el uso del régimen de recursos, primero en apelación y después en casación, y por la que se entendió lesionado un derecho fundamental que obligaba a la reposición de las actuaciones a un momento anterior. Resulta, en tal medida, contradictoria con los restantes argumentos defendidos en la demanda de amparo y dirigidos a cuestionar lo decidido en apelación, ya que, aunque amparándose en diferente derecho fundamental, no viene sino a dar la razón al Tribunal Superior de Justicia en su decisión de anular la Sentencia de primer grado.</p>
<p class='parrafo'>En cualquier caso, cabe asimismo recordar que el derecho a la presunción de inocencia se configura, en su perspectiva constitucional, como el derecho a no ser condenado sin pruebas de cargo válidas, por lo que, para desplegar sus efectos, requiere un pronunciamiento de condena, inexistente en este caso. Sólo desde una situación preliminar de condena cabe valorar si el derecho a la presunción de inocencia ha sido vulnerado, derecho que una consolidada doctrina de este Tribunal (SSTC 107/2011, de 20 de junio, FJ 4, o 68/2010, de 18 de octubre, FJ 4, entre otras muchas) configura, en tanto que regla de juicio y con la perspectiva constitucional, como «el derecho a no ser condenado sin pruebas de cargo válidas, lo que implica que exista una mínima actividad probatoria realizada con las garantías necesarias, referida a todos los elementos esenciales del delito, y que de la misma quepa inferir razonablemente los hechos y la participación del acusado en los mismos». De modo que, como también declaró la STC 189/1998, de 28 de septiembre, «sólo cabrá constatar la vulneración del derecho a la presunción de inocencia cuando no haya pruebas de cargo válidas, es decir, cuando los órganos judiciales hayan valorado una actividad probatoria lesiva de otros derechos fundamentales o carente de garantías, o cuando no se motive el resultado de dicha valoración, o, finalmente, cuando por ilógico o por insuficiente no sea razonable el <em>iter</em> discursivo que conduce de la prueba al hecho probado» (FJ 2).</p>
<p class='parrafo'>Como se ha expuesto con anterioridad, ni en apelación ni en casación los Tribunales aquí intervinientes se pronunciaron sobre la culpabilidad o inculpabilidad del acusado. Tampoco alteraron los hechos en su perjuicio. Limitaron su función revisora a un control externo de lo decidido en la instancia inmediatamente anterior, llegando a una conclusión de ausencia de racionalidad sin abordar cuestiones de fondo en términos de condena, por todo lo cual la pretendida lesión no puede entenderse existente.</p>
<p class='parrafo_2'>8. El demandante centra su última alegación de nuevo sobre el derecho a la tutela judicial efectiva, que expresamente anuda al primero de los motivos para adjudicar una vez más su vulneración a los Tribunales de segundo y tercer grado, que de tal modo habrían actuado arbitrariamente. Insiste en que el Tribunal Superior de Justicia se excedió en sus funciones de control de la motivación exigible al Jurado popular, pues consideró que el veredicto se apartó de las reglas de la lógica mediante la introducción de hechos nuevos, que no constan en el veredicto y que se encuentran en abierta oposición a la prueba efectivamente practicada, en referencia al movimiento de los vehículos al tiempo de producirse los disparos y a la desocupación de la vivienda en el momento del asalto. Al igual que en el caso anterior, extiende tal exceso al Tribunal Supremo al haber venido a confirmar la decisión precedente.</p>
<p class='parrafo'>Sin embargo, tal y como ya se ha señalado anteriormente y como también lo expuso el Ministerio Fiscal en sus alegaciones, la Sentencia de apelación no contiene un relato propio de hechos probados, por lo que difícilmente puede afirmarse que introduzca hechos nuevos y diferentes de aquéllos que tuvo en cuenta el Jurado al emitir un veredicto de inculpabilidad. De hecho, los dos aspectos fácticos en los que el demandante sitúa la queja aparecen entre los expresamente declarados probados en el veredicto popular (hechos 5 y 10).</p>
<p class='parrafo'>Es desde el contenido de la Sentencia de primer grado, que a su vez se basa en lo recogido en el acta de votación, desde donde el Tribunal Superior de Justicia verificó la nuclear fisura que ha quedado vista, sin modificar por ello el relato histórico. Tampoco sobrepasó el canon de motivación exigible a los jurados al venir a reparar así un daño efectivo en el derecho a la tutela judicial de la acusación recurrente, lo cual no implica arbitrariedad. Y si el pretendido exceso no es predicable de la Sentencia de apelación, tampoco lo es de aquélla dictada en casación que, sobre el estricto contenido de lo señalado en la directamente impugnada y no sin delimitar antes nítidamente los límites de su análisis revisor, estima justificada, en términos de racionalidad y suficiencia motivacional, la decisión que le precede en grado. Ambas resoluciones judiciales respetaron el derecho a la tutela judicial efectiva del demandante (art. 24.1 CE), satisfaciendo igualmente el específico canon de motivación a ellas exigible, <em>ex </em>art. 120.3 CE.</p>
<p class='parrafo'>Como se ha expresado con anterioridad, el demandante trata de reconducir la situación hacia la esfera de las Sentencias absolutorias de primer grado que devienen revocadas en apelación, dictándose en esa segunda instancia un pronunciamiento condenatorio <em>ex novo</em>. Al respecto, este Tribunal ha estimado contrario a un proceso con todas las garantías que un órgano judicial, conociendo en vía de recurso, condene a quien había sido absuelto en la instancia o empeore su situación a partir de una nueva valoración de pruebas personales o de una reconsideración de los hechos estimados probados para establecer su culpabilidad, siempre que no haya celebrado una audiencia pública en que se desarrolle la necesaria actividad probatoria, con las garantías de publicidad, inmediación y contradicción que le son propias, y se dé al acusado la posibilidad de defenderse exponiendo su testimonio personal (STC 157/2013, de 23 de septiembre, FFJJ 3 y 5, por remisión a las SSTC 167/2002, de 18 de septiembre; 272/2005, de 24 de octubre, FJ 2; 184/2009, de 7 de septiembre; 126/2012, de 18 de junio, FJ 2; 22/2013, de 31 de enero, FJ 4; 43/2013, de 25 de febrero, FJ 5, y 88/2013, de 11 de abril, FJ 6). Presupuestos que no cabe apreciar en un reenvío de la causa a la instancia de origen bajo circunstancias como las antes expuestas, en las que la devolución se realiza sin prejuzgar en modo alguno el resultado del nuevo enjuiciamiento, para el que el nuevo Tribunal dispondrá de plena soberanía y libertad de juicio.</p>
<p class='parrafo'>Los razonamientos precedentes conducen también así a la desestimación del último de los motivos de la demanda.</p>
<p class='parrafo_2'>9. Por lo expuesto, procede denegar el amparo solicitado.</p>
<p class='centro_redonda'>FALLO</p>
<p class='parrafo_2'>En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,</p>
<p class='centro_redonda'>Ha decidido</p>
<p class='parrafo_2'>Desestimar el recurso de amparo solicitado por don Lluís Corominas Padullés.</p>
<p class='parrafo_2'>Publíquese esta Sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».</p>
<p class='parrafo_2'>Dada en Madrid, a ocho de junio de dos mil quince.–Adela Asua Batarrita.–Fernando Valdés Dal-Ré.–Juan José González Rivas.–Pedro José González-Trevijano Sánchez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Antonio Narváez Rodríguez.–Firmado y rubricado.</p>
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Mon Jul 06 08:53:06 +0000 2015
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La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por doña Adela Asua Batarrita, Presidenta, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Juan José González Rivas, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Ricardo Enríquez Sancho y don Antonio Narváez Rodríguez, Magistrados, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 1281-2013, promovido por don Lluís Corominas Padullés, representado por el Procurador de los Tribunales don Jaime Briones Méndez y asistido por los Abogados don Carlos Bueren Roncero y don Óscar Morales García, contra la Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de fecha 28 de noviembre de 2012, dictada en el recurso de casación núm. 913-2012, por la que se declaró no haber lugar al recurso de casación interpuesto contra la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 19 de marzo de 2012 (Sala de lo Civil y Penal) en el rollo de apelación núm. 29-2011. Esta última resolución, por su parte, había estimado el primer motivo del recurso interpuesto por la acusación particular constituida por doña Huseni Burbuque y representada por la Procuradora de los Tribunales doña Begoña Sáez Pérez, anulando el veredicto de inculpabilidad emitido por el Tribunal del Jurado en el procedimiento núm. 29-2009, así como la Sentencia de 21 de junio de 2011 derivada del mismo, procedentes del seguido ante el Juzgado de Instrucción núm. 4 de Manresa como procedimiento jurado núm. 2-2006, ordenándose la celebración de nuevo juicio ante un nuevo Tribunal del Jurado. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don Ricardo Enríquez Sancho, quien expresa el parecer del Tribunal.
I. Antecedentes
1. Mediante escrito registrado en este Tribunal el 5 de marzo de 2013, el Procurador de los Tribunales don Jaime Briones Méndez, en nombre y representación de don Lluís Corominas Padullés, interpuso recurso de amparo contra las resoluciones judiciales que se citan en el encabezamiento, solicitando por otrosí, como medida cautelar, la suspensión de la ejecución de las resoluciones impugnadas.
2. Los hechos de los que trae causa la demanda de amparo son, en síntesis, los siguientes:
a) El 21 de junio de 2009 la Magistrada-Presidente del Tribunal del Jurado dictó Sentencia en el procedimiento jurado núm. 29-2009, seguido contra el demandante de amparo ante la Audiencia Provincial de Barcelona y procedente del Juzgado de Instrucción núm. 4 de Manresa. En ella se absolvía al demandante del delito de homicidio del que venía acusado, expresando el fallo la apreciación en su conducta de la eximente completa de legítima defensa putativa. Se imponía, no obstante, al acusado y a la empresa CES 21, S.L., la obligación de indemnizar, en calidad de responsable civil directo el primero y de responsable civil subsidiaria la segunda, a las personas físicas y jurídicas determinadas en el fallo, en las cantidades y con los intereses asimismo especificados.
La Sentencia de la Audiencia Provincial declaraba probado, de conformidad con el veredicto del Jurado, lo siguiente:
«Primero.–El acusado Lluís Corominas Padullés, nacido el 13 de junio de 1961, y sin antecedentes penales, desde enero de 2006, se hallaba habilitado como Director de Seguridad con TIP n.º 3762, sin ejercer oficialmente actividad profesional de seguridad privada.
Segundo.–El acusado actuaba a modo de coordinador de seguridad privada de la familia Tous.
Tercero.–En la fecha de los hechos, el acusado era socio y administrador único de la sociedad “CES 21, SL”, desarrollando la mencionada actividad de manera vinculada a esta empresa.
Cuarto.–Alrededor de las 19 horas del día 9 de diciembre de 2006, el acusado recibió una llamada telefónica de uno de los auxiliares de control encargados del control del servicio de videovigilancia de las viviendas de la familia Tous, sitas principalmente de (sic) la Urbanización Pineda de la localidad de San Fruitós de Bages en la que le comunicaba que, a través de las cámaras de seguridad, había observado la presencia de intrusos dentro de la finca del matrimonio Tous (suegros del acusado), y que ya había avisado a los Mossos d’Esquadra.
Quinto.–En esos momentos, no se encontraba en el interior del domicilio de los Sres. Tous ninguno de sus moradores.
Sexto.–El acusado, pasados unos minutos de las 19 horas del día 9 de diciembre de 2006, se dirigió hacia la Avenida Pirineus con calle Cardona de dicha Urbanización, y paró el vehículo Mercedes con matrícula 8806 DRX que conducía delante de la puerta principal del domicilio de sus suegros portando consigo la pistola semiautomática de la marca Glock de su propiedad, cargada con siete cartuchos ordinarios de calibre 9 mm parabellum y con un cartucho del calibre 9 mm parabellum que montaba una bala expansiva de punta perforada, siendo esta última considerada munición prohibida.
Séptimo.–Una vez hubo llegado a la Avenida Pirineus, y hallándose fuera del vehículo, el acusado se percató de la presencia de un vehículo aparcado en la calle Pastor de la misma urbanización.
Octavo.–Al sospechar que podía estar relacionado con los intrusos, el acusado decidió subir de nuevo al vehículo y dirigirse hacia donde se hallaba dicho automóvil, tratándose de un Renault Megane con matrícula 1164-FHN, percatándose, al llegar a su altura, de que en su interior había dos personas ocupando el asiento del conductor y del copiloto, y deteniendo allí su vehículo.
Noveno.–Los ocupantes del Renault Megane, Sinani Gazmend y Dulji Kosum, formaban parte de un grupo de personas que estaban intentando cometer un robo en la mencionada finca.
Décimo.–En el momento en que el acusado detuvo su vehículo a la altura del Renault Megane, el conductor de este último inició su marcha.
Undécimo.–El acusado, utilizando la pistola semiautomática que portaba, efectuó dos disparos al vehículo.
Duodécimo.–Ambos proyectiles penetraron en el habitáculo delantero del vehículo a través del cristal de la ventanilla delantera izquierda, alojándose uno de ellos en la parte interior de la puerta delantera derecha del vehículo, mientras que el otro proyectil penetró por la parte posterior izquierda del cráneo de Sinani Gazmend, quien ocupaba el lugar del conductor, y salió por la parte delantera frontal del cráneo hasta impactar contra la parte inferior derecha del parabrisas.
Decimotercero.–El proyectil que alcanzó el cráneo de Sinani Gazmend causó de forma irremediable su muerte, al provocarle una lesión cerebral global con necrosis del tronco encefálico con encefalopatía mecánica, produciéndose su desconexión de los medios instrumentales médicos a las 10,30 horas del día 11 de diciembre de 2006.
Decimocuarto.–Inmediatamente después de efectuar los disparos, el acusado bajó de su vehículo, y mantuvo encañonado al copiloto, identificado como Dulji Kosum, mientras esperaba la llegada de los Mossos d’Esquadra.
Decimoquinto.–En el momento en que el acusado se acercó al vehículo Renault Megane, los ocupantes Sinani Gazmend y Dulji Kosum hicieron un movimiento brusco.
Decimosexto.–Ese movimiento brusco hizo creer al acusado que iban a dispararle.
Decimoséptimo.–El acusado disparó su arma para defenderse del ataque del que creyó erróneamente que estaba siendo objeto.
Decimoctavo.–Los disparos efectuados eran necesarios para responder al ataque que el acusado se representó como procedente de los ocupantes del Renault Megane.
Decimonoveno.–Los disparos efectuados eran proporcionados al ataque que el acusado se representó como procedente de los ocupantes del Renault Megane.
Vigésimo.–Inmediatamente antes de que el acusado se dirigiera al Renault Megane, el vigilante de seguridad le informó de que los dos asaltantes que estaban en la casa bajaban hacia la puerta de salida donde el acusado se encontraba, advirtiéndole de que parecían ir armados, y de que los Mossos d’Esquadra aún no habían llegado; información que, unida al conocimiento del asalto de días previos, le provocó un temor a sufrir algún mal sobre su persona.
Vigésimo primero.–El miedo que sintió el acusado procedía de una amenaza real, seria e inminente para su persona.
Vigésimo segundo.–El acusado disparó con su arma determinado por el miedo que sentía.
Vigésimo tercero.–Después de efectuar los disparos, el acusado realizó una llamada a los Mossos d’Esquadra, reclamando el envío de una ambulancia, y permaneciendo en el lugar de los hechos.
Vigésimo cuarto.–El día 15 de diciembre de 2006, el acusado pagó a través del Juzgado la cantidad de 150.000 euros en concepto de indemnización por la muerte de Sinani Gazmend.
Vigésimo quinto.–Sinani Gazmend estaba casado con Huseni Burbeque y tenían un hijo común menor de edad llamado Rinor Sinani.
Vigésimo sexto.–Los padres de Sinani Gazmend, Xhfafer Sinani y Nexhmije Halimi, le han sobrevivido.
Vigésimo séptimo.–El vehículo Renault Megane, matrícula 1164-FMN, propiedad de la empresa “Julio Sánchez 4 por 4, S.L.ˮ, resultó con daños cuya cuantía asciende a 617 euros.»
La apuntada declaración fáctica venía a ser traslación de la convicción alcanzada por los jurados, que apreciaron en el acusado una actuación bajo la eximente completa de miedo insuperable, inserto en la legítima defensa putativa. Entendieron los jurados que el acusado había actuado movido por un error invencible, al haber deducido equivocadamente que los ocupantes del vehículo sobre el que disparó –provocando con ello la muerte del conductor, por alcance en la cabeza– estaban relacionados con el asalto que, en esos momentos, se estaba cometiendo en el domicilio de la familia Tous e iban a acabar con su vida, llevándole su instinto a defenderse. La apreciación de estas eximentes condujo al dictado del citado fallo absolutorio en primera instancia.
El hecho probado undécimo que se acaba de trascribir es el resultado, tal como se refleja en el acto de votación del jurado, del hecho 11 del objeto del veredicto que obtuvo un resultado de tres votos a favor y seis en contra respecto de lo siguiente: «El acusado, siendo consciente del riesgo que para la vida de los ocupantes del Renault Megane implicaba su acción, y de las altas probabilidades de causar su muerte, utilizando una pistola semiautomática que portaba, efectuó dos disparos al vehículo». La votación de este hecho encuentra su reflejo probatorio al folio 15 del acta, justificándolo los jurados en la declaración emitida por el acusado el día 12 de mayo de 2011 cuando, a preguntas de un jurado, manifestó que en aquel momento no era consciente de los hechos; también en lo manifestado en la pericial forense, en el concreto particular de que «en una situación de estrés puede haber un estado de alerta con distorsión de la percepción sensorial, visual y cognitiva». Desde estos elementos de convicción, los jurados consideraron que el acusado, al tiempo de los hechos, «no era consciente del riesgo de su acción porque no tuvo tiempo real para pensar en su situación».
Habiendo descartado por mayoría lo anterior, los jurados introdujeron un hecho 11 bis, que fue aprobado por unanimidad, del siguiente tenor: «El acusado, utilizando la pistola semiautomática que portaba, efectuó dos disparos al vehículo». El acta da cuenta de que el soporte probatorio de esta convicción dimana, igualmente, de la declaración prestada por el acusado el 12 de mayo de 2011, en la que reconoció haber efectuado esos dos disparos.
b) Trasladando éstos y otros resultados de la votación popular, la Magistrada-Presidente encabezó el fundamento jurídico 1 de la Sentencia del siguiente modo:
«[L]os jurados han considerado probado que Lluis Corominas Padullés efectuó dos disparos contra el vehículo en que se encontraban los intrusos, alcanzando uno de ellos el cráneo de Sinani Gazmend, quien murió a consecuencia de dicha acción. De igual modo, declaran probado que el acusado actuó determinado por un miedo (que resulta tributario de la calificación jurídica de insuperable, como se analizará con posterioridad), el cual provocó en él una creencia errónea e invencible (extremos que también se analizarán en párrafos posteriores de esta fundamentación jurídica) de que los ocupantes del vehículo iban a dispararle, completando ese relato fáctico, de forma congruente, con la declaración de que los referidos disparos iban dirigidos, en exclusiva, a defenderse de la agresión errónea de la que creía ser objeto, siendo necesarios y proporcionados a ella, sin que el acusado tuviera frente a esta aparente agresión otra alternativa de conducta.»
Dichas afirmaciones cuentan después con un amplio desarrollo en el cuerpo de la Sentencia, en el cual la Magistrada pone de relieve que la proposición 11 del objeto del veredicto «que, sin oposición de las partes, incorporaba en un solo hecho la acción de disparar y el dolo eventual de matar de forma inherente a la misma», no encontró refrendo entre los jurados, contando con sólo tres votos a favor de considerarlo demostrado. Y que ello motivó que los propios jurados realizaran una proposición alternativa 11 bis, aprobada por unanimidad, basando la realidad de este hecho en la declaración prestada por el acusado en el plenario, reconociendo ante los jurados que efectuó los dos disparos. La Sentencia subraya que, ello no obstante, no consideraron probado que aquél actuara con conciencia del riesgo para la vida de los ocupantes del vehículo que comportaba su acción, como tampoco de las altas probabilidades de causar su muerte.
En este punto, la Magistrada-Presidente reconoce que en estas premisas «se encuentra la esencia de la calificación jurídica sostenida por las acusaciones, la cual viene concretada en un delito de homicidio en grado de consumación». Con esos fines calificadores, y partiendo del nexo de causalidad existente entre la acción de disparar y el resultado letal derivado de la misma –hechos ambos que fueron declarados probados por unanimidad (11 bis y 14)–, la Magistrada consideró necesario determinar «el ánimo que movió al agente a su acción, a fin de contrastar si nos hallamos o no ante la infracción penal analizada». Y, tras reflejar en la Sentencia las diferentes teorías doctrinales y jurisprudenciales sobre el propósito criminal, apuntó que la conclusión sobre la existencia del ánimo de matar o sobre la falta del mismo, ante la negativa permanente del acusado, no podía obtenerse sino mediante el estudio de las circunstancias envolventes de la acción. Se trataba, en definitiva, de determinar si el resultado mortal sufrido por la víctima era reprochable al agente por haberlo perseguido voluntariamente, ya de forma directa, ya a través de la construcción jurídica del denominado dolo eventual.
Desde este preliminar, continúa expresando la Sentencia cómo el Jurado fue ilustrado sobre la necesidad de efectuar una inferencia lógica respecto de sus conclusiones sobre hechos no perceptibles directamente por los sentidos, como son las intenciones o las emociones, y cómo desde esas instrucciones los jurados concluyeron que el acusado, al efectuar los disparos, no era consciente de las altas probabilidades de causar la muerte que conllevaba su acción. No obstante reconocer que era ésta la única proposición que, en relación con la intencionalidad que movió al acusado, se sometió a la consideración del Jurado, siendo descartada por su mayoría, la Sentencia afirma acto seguido que «dicho pronunciamiento no puede analizarse de forma aislada e independiente, pues sólo alcanzará plena significación y congruencia con el resto del veredicto al ponerse en contacto con las demás proposiciones que fueron declaradas probadas, y que comportan, como luego se verá, la apreciación de los elementos definidores de la legítima defensa putativa motivada por un miedo insuperable, cuya concurrencia en el caso de autos apoyan los jurados sobre iguales pruebas y análogos razonamientos». Entendió la Magistrada-Presidente que la cuestión quedaba centrada, por tanto, en determinar si la proposición declarada probada bajo el ordinal 11 bis del objeto del veredicto, puesta en relación con los demás hechos probados, constituía sustento suficiente para estimar concurrentes en el caso los elementos definidores del delito de homicidio por el que se sostenía acusación, conclusión a la que llegaba la redactora en sentido afirmativo, apreciando en el actuar del acusado todos los elementos del delito.
Sentado cuanto antecede, afronta la Sentencia en su fundamento jurídico 2 el conjunto de proposiciones sometidas a la consideración del Tribunal popular en orden a determinar las circunstancias modificativas concurrentes. En concreto, si el acusado efectuó los disparos amparado por una eximente de legítima defensa putativa, relacionada con las figuras del error invencible y del miedo insuperable (hechos 17 a 21 del objeto del veredicto), todo lo cual los jurados estimaron probado, por un lado, a través de lo manifestado por el acusado en el juicio oral en el sentido de que «se vio muerto y su instinto le llevó a defenderse» y, por otro, desde un concreto apartado de la pericial forense sobre la salud mental del acusado que indicaba cómo, desde un plano teórico, ante situaciones de estrés o miedo técnicamente puede generarse en quien lo sufre un estado de alerta con distorsión de la percepción sensorial, visual o auditiva, aunque el hecho que la provoca no exista o sea malinterpretado. Con apoyo en estas dos consideraciones principales, a las que añadían algunas otras, estimaron los jurados verosímil que el acusado incurriera en error al interpretar el movimiento brusco referido en el hecho 17, creyendo ver un arma en manos del conductor del vehículo y deduciendo de ello, de forma fundada y razonable, que iban a dispararle. A lo anterior añade la Sentencia el pronunciamiento popular favorable a la invencibilidad del error sufrido, declarando no probado que el acusado tuviera posibilidad de hacer desaparecer su creencia errónea de que iba a ser atacado por los ocupantes del vehículo (hecho 22 del objeto del veredicto), lo que cuenta con apoyo probatorio en esos mismos apartados de la declaración del acusado y de la pericial, añadiéndose lo referido por uno de los peritos sobre el denominado «efecto túnel». Para los jurados, los hechos se sucedieron tan rápidamente que el acusado no tuvo tiempo de vencer la percepción errónea de la realidad que en esos instantes recibía, y que le había sumido en un estado de irracionalidad e inconsciencia.
Figura analizada, acto seguido, la eximente de miedo insuperable que, sobre la base de la decisión popular, la Sentencia recoge igualmente en sentido afirmativo, en grado completo. El soporte probatorio relativo a su aspecto subjetivo (hecho 25) se residencia nuevamente en su declaración plenaria sobre el instinto de defenderse, así como en el citado extremo de la pericial. Los jurados se pronunciaron, asimismo, a favor de la insuperabilidad del miedo, no considerando probado que para evitarlo el acusado dispusiera de otra conducta, alternativa y distinta a los disparos que realizó (hecho 26), y ello con apoyo en el insistente mismo punto de la pericial, llegando a la conclusión de que «actuó bajo presión de forma y casi como un acto reflejo, respondiendo a un posible ataque, sin tiempo real para pensar en otra actuación».
Desde las líneas esencialmente expuestas, llega la Sentencia de primer grado al mentado fallo absolutorio, estimando que el miedo a sufrir algún mal sobre su persona fue el factor desencadenante de la conducta del acusado que le hizo creer, erróneamente, que era víctima de un ataque frente al cual no tenía más opción defensiva que disparar el arma que portaba.
c) Contra la anterior resolución prepararon recurso de apelación, en el lado de las acusaciones, el Ministerio Fiscal y la acusación particular y, en el lado de las defensas, el acusado Lluis Corominas Padullés y la responsable civil subsidiaria CES 21, S.L. Remitidas las actuaciones a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, con fecha 19 de marzo de 2012 el Tribunal Superior de Justicia dictaba Sentencia estimatoria del primer motivo del recurso interpuesto por la acusación particular, anulando el veredicto del jurado, así como la Sentencia apelada, al tiempo que ordenaba la devolución de la causa a la oficina del jurado de la Audiencia Provincial de Barcelona con el fin de que se procediera a la celebración de juicio oral ante un nuevo Jurado y un nuevo Magistrado-Presidente.
d) El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, por su parte, examinó con carácter preferente el primero de los motivos del recurso de apelación interpuesto por la acusación particular, que denunciaba como cuestión preliminar la infracción de los arts. 9.3, 24.1, 117.1 y 120.3 de la Constitución, en relación con el art. 61.1.d) de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado (LOTJ), por manifiesta arbitrariedad e insuficiencia motivacional en los juicios de inferencia en los que se basó la apreciación de las dos eximentes completas.
Tras centrar la pretensión impugnativa, la Sentencia de apelación describe las características del procedimiento español ante el Tribunal el Jurado y efectúa, acto seguido, una minuciosa cita jurisprudencial, así como de la doctrina fijada por este Tribunal Constitucional en las repetidas SSTC 169/2004, de 6 de octubre; 246/2004, de 20 de diciembre; 115/2006, de 24 de abril, y 192/2005, de 18 de julio, sobre el canon de motivación exigible a las decisiones del jurado. Desde estas consideraciones preliminares, se aproximó el Tribunal Superior de Justicia a la cuestión nuclear, destacando cómo el consenso del Jurado encalló en la valoración del animus necandi con el que habría actuado el acusado, descartando que fuera consciente del riesgo para la vida de los ocupantes del vehículo sobre el que disparó y de las altas probabilidades de causar su muerte (hecho 11) para ponerse únicamente de acuerdo en atribuirle, de manera alternativa a la proposición formulada por la Magistrada-Presidente con el consenso de las partes, una simple acción mecánica, consistente en efectuar dos disparos con su arma en dirección al vehículo ocupado por la víctima y su acompañante (hecho 11 bis).
Para el Tribunal Superior de Justicia resultaba evidente que el Jurado bien no entendió, bien desoyó las instrucciones recibidas de la Magistrada sobre este particular fáctico del objeto del veredicto, comprensivo del elemento intencional, pues alcanzaron una deducción de todo punto incompatible con los extremos previamente tenidos por probados, referidos al tipo de arma utilizada, su potencialidad letal y la escasa distancia de los disparos respecto de su objetivo, sabiendo como sabía el acusado que en la dirección en la que disparó se encontraban los dos ocupantes del vehículo. Destaca el Tribunal Superior de Justicia en su Sentencia que, siendo la conclusión excluyente de la intención de matar, o bien de la representación y/o conocimiento de las altas probabilidades de ocasionar tal resultado con su acción de disparar, irracional por contraria a los demás elementos objetivos tenidos por probados, una vez recibida el acta de votación y después de valorar que la inferencia sobre la falta de dolo homicida impedía el análisis de las causas excluyentes de su culpabilidad, la Magistrada se abstuvo de hacer uso de la facultad prevista en el art. 63.1 d) LOTJ para, en su lugar, optar por corregir directamente el juicio de inferencia del Jurado y estimar concurrentes en el caso los elementos definidores del delito de homicidio objeto de acusación; en concreto, la intención dolosa de matar, en el entendimiento de que la «falta de conciencia en su actuar» que el Jurado atribuyó al acusado «no afecta al dolo de su acción y, por tanto, nada tiene que ver con el animus necandi».
Remarcaba el Tribunal Superior de Justicia en que el veredicto no puede incluir conceptos jurídicos, de manera que si, por error, se sometieran a la consideración del Jurado, su decisión no vincularía al Magistrado-Presidente. Está, en cambio, plenamente admitido que los jurados se pronuncien, cuando sea necesario, sobre los elementos intencionales bien del delito, bien de las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, aun sin olvidar que la decisión que adopten al respecto no deja de ser un juicio de inferencia que necesariamente ha de tener base objetivada en una secuencia lógica de datos externos, que habrán de declararse previa y expresamente como probados o no. Resaltaba también cómo, una vez preguntado el Jurado sobre los elementos intencionales del delito o de las circunstancias agravantes, y una vez aceptada su decisión –sea cual sea el sentido de la misma– por el Magistrado-Presidente sin hacer uso de la facultad de devolución del acta que le confiere el art. 63 LOTJ, «éste viene obligado por el art. 70.1 LOTJ a incluir fielmente en su resolución el contenido correspondiente del veredicto», ajustándose en la redacción de la Sentencia a «los estrictos términos que se derivan de las respuestas dadas a cada uno de los puntos que han sido objeto de preguntas». De modo que el Magistrado-Presidente, más allá de las simples correcciones de estilo, carece de facultad alguna para disentir en la Sentencia del resultado de la deliberación o de la motivación que los integrantes del Jurado hayan hecho constar en el acta de votación del veredicto, tanto en lo referido a hechos objetivos directamente susceptibles de prueba como a hechos subjetivos sólo cognoscibles mediante inferencias. De igual manera, no puede completar los hechos declarados probados por el Jurado, y ello aunque concurran pruebas que pudieran justificar añadidos o rectificaciones, posibilidades ambas vetadas por la Ley. Tampoco puede alterar el verdadero sentido de la declaración efectuada por el Jurado, pues el veredicto emitido por los Jueces legos, como expresión de su voluntad, es base intangible sobre la que el Juez profesional debe realizar la calificación jurídica de los hechos enjuiciados.
Hallándose, pues, claramente delimitadas las funciones de éste (art. 4 LOTJ) y las de aquéllos (art. 3 LOTJ), y formando todos parte de un mismo órgano judicial (art. 2.1 LOTJ), la única posibilidad al alcance del Magistrado-Presidente de desconocer la eficacia del veredicto, si advirtiese que el juicio de inferencia sobre los elementos subjetivos realizado por el Jurado es contradictorio con los pronunciamientos relativos a los elementos objetivos en que aquél deba fundarse, es la devolución prevista en el art. 63.1 d) LOTJ, previa explicación detenida de las causas que la justifican y de la forma en que deben subsanarse los defectos advertidos (art. 64 LOTJ).
Desde este punto de partida, el Tribunal Superior de Justicia establecía una doble línea de análisis. Por un lado, se mostraba plenamente conforme con el razonamiento expuesto por la Magistrada-Presidente, por las mismas razones invocadas en la Sentencia recurrida, a la hora de estimar irracional, en tanto que contrario a los demás elementos objetivos tenidos por probados, la convicción popular sobre los hechos 11 y 11 bis del veredicto frente a los incluidos en los hechos 6, 8, 13 y 14, de los que se desprende inequívocamente que el acusado realizó la acción homicida con pleno conocimiento de la situación y de la creación de un riesgo para la vida de los ocupantes de vehículo, inherente a su conducta. Se mostraba, en cambio, disconforme con la vía escogida por la Magistrada para solucionar el grave defecto apreciado en el veredicto, no teniendo otra opción para subsanarlo que acudir al señalado mecanismo del art. 63.1.d) LOTJ, del que no hizo uso.
En un segundo nivel de análisis, estimó también el Tribunal Superior de Justicia que ninguno de los elementos probatorios sobre los que, desde su reflejo en el acta de votación, el Jurado hacía gravitar la concurrencia del miedo insuperable lo justificaban en buena lógica, según las reglas de la experiencia racional. En particular, en lo referido a la afectación de la salud mental del acusado, pues la perturbación psicológica afirmada por los jurados se basaba en un aserto genérico o meramente teórico de la pericial forense, aserto que, siendo determinante en la convicción popular, en puridad la pericial no había extrapolado a la concreta situación del acusado al tiempo de los hechos.
Fue como resultado de todo ello como el Tribunal Superior de Justicia entendió que el Jurado, por un lado, había desatendido las instrucciones de la Magistrada-Presidente, incurriendo en una contradicción evidente al inferir que el acusado no había actuado con intención de matar, pese al contenido de aquellos otros hechos incompatibles con semejante conclusión y que con carácter inmediato anterior había tenido por probados; por otro, para justificar su decisión, había tergiversado esencialmente la pericial forense, sin explicar sus conclusiones en forma que permita a un observador imparcial entender el significado del fallo.
Para el Tribunal Superior de Justicia, teniendo en cuenta que, respecto de la acreditación bastante de circunstancias eximentes y modificativas de la responsabilidad criminal no rige la presunción de inocencia, su concurrencia debía hallarse adecuadamente contrastada, lo que entendió motivado en el caso de autos de manera claramente arbitraria y errónea, con trascendencia en la tutela judicial efectiva de la acusación particular recurrente, en su vertiente de derecho a obtener una resolución racional y fundada (art. 24.1 CE).
Todo lo cual justificaba la anulación tanto de la Sentencia de instancia como del veredicto, ordenando la Sala de apelación la retroacción de las actuaciones para la celebración de un nuevo juicio oral ante un Tribunal de diferente composición.
e) Únicamente el demandante de amparo preparó recurso de casación, que se tuvo por anunciado, remitiéndose a la Sala Segunda del Tribunal Supremo las certificaciones necesarias para su sustanciación y resolución. Al formalizar el recurso, el hoy demandante articuló un total de cinco motivos: cuatro de ellos, sustentados en diversas infracciones en materia de los derechos y garantías del proceso, invocando el derecho a la tutela judicial efectiva, a un proceso con todas las garantías, a la presunción de inocencia y a la interdicción de la arbitrariedad (arts. 24.1 y 2, y 9.3 CE); y un último motivo por infracción de ley, relacionado con los arts. 138 y 70 del Código penal. Respecto de todos ellos, el Ministerio Fiscal interesó la inadmisión y subsidiaria desestimación, siendo asimismo impugnados por la representación procesal de doña Huseni Burbuque. Admitido a trámite el recurso, y tras quedar conclusos los autos para deliberación y fallo, el 28 de noviembre de 2012 la Sala Segunda del Tribunal Supremo dictó Sentencia íntegramente desestimatoria del recurso del hoy demandante, confirmando así el pronunciamiento emitido por el Tribunal Superior de Justicia.
El Tribunal Supremo, después recordar que la segunda instancia en el proceso ante el Tribunal del Jurado es una impugnación con nombre de segunda instancia, pero con armazón y sustancia de recurso extraordinario, y después de delimitar, desde esa misma premisa, sus funciones de revisión o control casacional, constreñidas a lo decidido en la Sentencia de apelación, puso de relieve cómo en los juicios con Jurado la existencia de una Sentencia intermedia entre la de primera instancia y la de casación altera en buena medida el funcionamiento tradicional de la casación, no pudiendo reproducirse íntegramente en tal sede el debate previamente llevado a cabo en apelación, como tampoco introducirse buena parte de las pretensiones efectuadas por el recurrente, al desbordar algunos de sus planteamientos los límites vetados a la casación, entre ellos: a) la vulneración de una norma penal sustantiva canalizable por el art. 849.1 de la Ley de enjuiciamiento criminal (LECrim), al no existir en la Sentencia de apelación examinada un pronunciamiento penal de fondo; b) el error en la valoración de la prueba (art. 849.2 LECrim), en la medida en que la anulación de la Sentencia de primer grado provoca la inexistencia de hechos probados en la de apelación; y c) la vulneración del derecho a la presunción de inocencia tanto en su vertiente de regla de juicio, como en su dimensión de regla probatoria, dado que la Sentencia combatida no contiene pronunciamiento condenatorio alguno, como tampoco de culpabilidad, limitándose a declarar una nulidad. Estimó, en consecuencia, factible revisar el pronunciamiento del Tribunal de apelación únicamente desde la perspectiva que brinda el art. 852 LECrim.
Expuesto lo anterior, destacó igualmente el Tribunal Supremo dos aspectos de la decisión tomada por el Tribunal Superior de Justicia en orden a la repetición del juicio ante un nuevo Jurado: el primero de ellos, que la Sentencia de apelación no introdujo modificación alguna en el relato de hechos probados; el segundo, que tampoco vulneró la presunción de inocencia del acusado, pues sólo un pronunciamiento que en apelación hubiera declarado su culpabilidad, adentrándose en el fondo de la cuestión mediante una valoración probatoria que incluyera aquellas pruebas sometidas a inmediación, podría violar este derecho. Añadía, con cita de la STC 169/2004, de 6 de octubre, que un Tribunal de apelación puede declarar la nulidad de una Sentencia absolutoria por considerar arbitraria o insuficientemente motivada la valoración de la prueba efectuada, sin necesidad de oír al acusado. Lo que le está vedado, en cambio, es dictar Sentencia condenatoria al margen de los principios de inmediación y audiencia, que imponen el deber de escuchar directa y personalmente al acusado según la jurisprudencia emanada del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. De este modo, para el Tribunal Supremo sólo resultaban revisables las consecuencias de la decisión de la Magistrada que presidió el Tribunal del Jurado de considerar dolosa la conducta del acusado, en contra de lo que resultaba formalmente del veredicto.
Adentrándose en la cuestión, el Tribunal de casación dictaminó que, coincidiendo el Tribunal Superior de Justicia con el criterio antes sostenido por la Magistrada-Presidente en cuanto a las quiebras lógicas existentes en el veredicto del jurado, la Sala de apelación no había invadido ningún espacio que exigiese práctica de prueba sujeta a inmediación, del mismo modo en que tampoco había llegado a un pronunciamiento de culpabilidad. Al efecto, distingue la Sentencia casacional entre los supuestos de condena en segunda instancia y aquéllos en los que lo único que se ordena es la celebración de un nuevo juicio con nuevo Jurado, como es el caso. Concluye su análisis entendiendo razonable la lesión apreciada por el Tribunal Superior de Justicia desde el estándar de racionalidad y suficiencia exigible a la motivación del veredicto del Jurado, conclusión ésta la de segunda instancia que no consideró arbitraria, como tampoco lesiva del derecho a la tutela judicial efectiva del recurrente. Matizaba, por último, el Tribunal Supremo que no se estaba en este caso ante una primigenia Sentencia absolutoria, sino ante un veredicto de inculpabilidad basado en determinados elementos fácticos que, en forma de eximentes, se erigieron en óbice para el nacimiento de la responsabilidad penal, supuesto en el que el nivel de exigencia motivacional ha de ser necesariamente superior.
3. A través de tres motivos diferentes de queja, el demandante de amparo invoca los derechos a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE) y nuevamente a la tutela judicial efectiva por interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos (art. 24.1 CE).
En la primera de las quejas, estima vulnerada su tutela judicial efectiva como consecuencia de la anulación en grado de apelación de la previa absolución decidida por el Tribunal del Jurado, lo que considera fruto de un claro ejercicio de valoración de prueba personal por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, pese a no disponer de la inmediación de la instancia. Considera, igualmente, que el órgano de apelación aplicó de forma desmesurada la doctrina relativa al canon de motivación exigible a las Sentencias absolutorias del Tribunal del Jurado, con lo cual incurrió, asimismo, en arbitrariedad. Infracciones que, por ratificar la misma, el demandante extiende a la Sentencia de casación.
En la argumentación de fondo que sustenta la queja, el demandante efectúa un doble análisis. De un lado, considera que la Sentencia de apelación, al valorar prueba personal directamente practicada ante los jurados, se extralimitó en sus funciones revisoras bajo la excusa de un veredicto irracional e inmotivado. Estima que dicha forma de actuar compromete la doctrina constitucional consagrada en la STC 167/2002, de 18 de septiembre, que prohíbe al órgano de apelación valorar pruebas practicadas a presencia del órgano llamado a decidir en primer grado cuando ello implique revocar una resolución absolutoria por otra condenatoria. De otro, tras dejar amplia constancia de las resoluciones en las que este Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre el canon de motivación exigible al veredicto (SSTC 169/2004, 246/2004, 192/2005, o 115/2006), expone los detalles por los que considera que, en realidad, dicho vicio in iudicando no era imputable a la decisión emitida por el Jurado en este caso, a la vista del número de páginas a que se extiende el acta de votación, por lo que el Tribunal Superior de Justicia fue riguroso en exceso en relación con la motivación que cabe requerir a un Jurado, a tenor del canon demandado por este Tribunal Constitucional, más liviano en tales casos que el aplicable con carácter general. Como argumento de cierre, aduce que nada hay en la doctrina emanada del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que impida extender las exigencias de respeto a la inmediación y de la audiencia al reo, fijadas para la revocación en segunda instancia de un previo pronunciamiento absolutorio, a aquellos supuestos en que éste simplemente deviene anulado.
En cuanto a la vulneración del derecho a la presunción de inocencia, para el demandante de amparo la afirmación por la Magistrada que presidió el Tribunal de primer grado de que actuó con dolo eventual, cuando realmente el Jurado lo había descartado, atrae el riesgo de generalizar una práctica que rompe la presunción de inocencia, al incorporar como probado un hecho que el único órgano soberano para decidir no entendió como tal. Añade que, precisamente para dotar de coherencia la decisión sometida a su consideración, y tras rechazar por seis votos frente a tres tener como probado el hecho 11 del veredicto («El acusado, siendo consciente del riesgo que para la vida de los ocupantes del Renault Megane implicaba su acción, y de las altas probabilidades de causar su muerte, utilizando la pistola semiautomática que portaba, efectuó dos disparos al vehículo»), los jurados introdujeron un hecho 11 bis, que estimaron probado por unanimidad, del siguiente tenor: «El acusado, utilizando la pistola semiautomática que portaba, efectuó dos disparos al vehículo».
A través del tercero de los motivos considera vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva, que conecta con la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, tildando de arbitrarias las resoluciones emanadas tanto del Tribunal Superior de Justicia como del Tribunal Supremo. Estima que la Sentencia de apelación añadió afirmaciones fácticas en perjuicio del acusado, para lo cual «inventa hechos que no constan en el hecho probado y que fueron desmentidos por los peritos», en relación con el movimiento de los vehículos y con la desocupación de la vivienda. Adjudica a la Sentencia de apelación la plasmación de una realidad que no existió, para lo cual introdujo ciertos aspectos probatorios sujetos a inmediación y concretamente obtenidos de prueba pericial y testifical. Considera que el Tribunal Supremo, al convalidar la decisión de apelación, perpetuó tal arbitrariedad.
El demandante interesa, en función de todo ello, que se tenga por interpuesto recurso de amparo frente a las tres Sentencias recaídas en este caso, reconociéndose la vulneración de sus derechos a la tutela judicial efectiva y a la presunción de inocencia. Condiciona los efectos de un eventual otorgamiento del amparo en función de que lo sea por el primero o por el tercero de los motivos de queja (en cuyo caso solicita la anulación de las Sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia y el Tribunal Supremo, con devolución de las actuaciones a este último para que se pronuncie sobre el quinto de los motivos aducidos en casación), o bien por vulneración del derecho a la presunción de inocencia, por sí solo o conjuntamente con la tutela judicial efectiva (en cuyo caso solicita la anulación de las tres Sentencias, con directa absolución del demandante respecto del delito de homicidio doloso, al haberse declarado no probado por el Jurado el hecho delictivo objeto de acusación).
Por otrosí solicitaba, finalmente, la suspensión de la ejecución de las resoluciones impugnadas a la espera de la decisión por parte de este Tribunal, en aras de evitar los perjuicios que una eventual concesión del amparo pudiera generarle en otro caso. Petición que reiteró mediante un nuevo escrito registrado en este Tribunal el 1 de abril de 2013.
4. Por providencia de 3 de junio de 2013, la Sala Segunda de este Tribunal acordó admitir a trámite la demanda de amparo y, en aplicación de lo previsto en el art. 51 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (en adelante, LOTC), dirigir atenta comunicación a los órganos judiciales correspondientes, a fin de que remitiesen certificación o copia adverada de las actuaciones que dieron lugar al presente procedimiento de amparo. Emplazó, asimismo, a las demás partes personadas en el procedimiento por si fuese su deseo comparecer en el presente recurso de amparo.
Con esa misma fecha el Tribunal acordó también la suspensión provisional de la ejecución de las resoluciones judiciales impugnadas, al apreciarse las condiciones a que se refiere el art. 56.2 LOTC, ordenando al propio tiempo formar pieza separada para la sustanciación del incidente de suspensión y dar los pertinentes traslados a las partes para alegaciones respecto de su mantenimiento.
Efectuadas las oportunas alegaciones por la representación del demandante, así como por el Ministerio Fiscal, que informó en sentido favorable al mantenimiento de la medida cautelar, por Auto de 9 de septiembre de 2013 este Tribunal así lo acordó.
5. Por escrito registrado el 12 de junio de 2013, el Procurador de los Tribunales don Marco Aurelio Labajo González se personó en el presente procedimiento de amparo en nombre de la mercantil «CES 21, S.L».
Evacuando el traslado conferido para alegaciones, mediante escrito presentado el 10 de septiembre de 2013, bajo la dirección letrada de don Eduardo Sánchez-Cervera García, «CES 21, S.L.», mostró su adhesión a los motivos aducidos por el demandante de amparo, haciendo expresa remisión a los argumentos de fondo esgrimidos en la demanda principal.
6. Conferido, asimismo, un nuevo traslado al demandante de amparo para alegaciones, mediante escrito registrado el 11 de septiembre de 2013 ratificó íntegramente el contenido de su demanda.
7. Con fecha 7 de octubre de 2013, el Ministerio Fiscal presentó sus alegaciones sobre el fondo de la demanda. En su minuciosa exposición, el Fiscal expresa las razones por las que interesa la desestimación del amparo solicitado, al no apreciar lesión de los derechos a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE) y a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE), a los que el Fiscal agrega el derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE), que estima tácitamente incluido en la demanda, pese a no ser objeto de expresa invocación.
Partiendo como premisa de que la repetición de un juicio no necesariamente lesiona el derecho a la tutela judicial efectiva, afirma el Fiscal que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña no entró a valorar prueba personal, sino prueba documental, consistente en material videográfico y de audio. De igual modo, aunque el Tribunal Superior de Justicia también se adentrara en la prueba pericial, no lo hizo respecto de lo declarado por los peritos en la vista, sino desde el contenido de los informes obrantes en las actuaciones, que tienen el carácter de pericial documentada. Por tal motivo, ni era necesario que dichas pruebas se practicaran bajo la inmediación del Tribunal de apelación, ni la ausencia de la misma supuso una quiebra de la doctrina emanada de la STC 167/2002, de 18 de septiembre, y sus sucesoras.
Para el Fiscal, tanto el Tribunal Superior de Justicia como el Tribunal Supremo fiscalizaron la decisión del Jurado ciñéndose a un análisis de racionalidad y suficiencia de la valoración probatoria, premisa desde la que observaron que la inferencia de los jurados carecía de esa exigible racionalidad, habiendo asimismo motivado insuficientemente algunas de sus conclusiones. La Sala de apelación observó que la prueba pericial había sido tergiversada, pues el Jurado se había quedado en la parte teórica de la misma, desconociendo su aplicación al caso concreto, y ello porque el único extremo del informe pericial que los jurados pusieron de relieve en el acta de votación del veredicto en todos los casos en los que lo mencionaron fue aquél que expone que en una situación de estrés o miedo puede existir un estado de alerta, con distorsión de la percepción sensorial, visual o cognitiva (hecho 11), o auditiva, aunque no existan o sean malinterpretadas (hechos 17 a 22, 25 y 26), añadiendo en algunos casos la referencia, asimismo teórica, de uno de los doctores al llamado «efecto túnel», que ocasionalmente surge por situaciones de estrés, perdiéndose la percepción de lo que ocurre alrededor (25 y 26).
Considera que el veredicto no cubría, en efecto, la motivación exigible ex art. 120.3 CE, al incurrir en contradicción interna y no explicitar las razones por las que se entendía aplicable al acusado tal punto teórico de la pericial, no trasladado por los peritos al caso del explorado. Tal defecto fue implementado a través de la directa intervención de la Magistrada encargada de la labor de redactar la Sentencia, en lugar de acudir al mecanismo de la devolución del acta al Jurado que prevé el art. 63.1 d) LOTJ, previa explicación de las causas que la justifican y de la forma en que deben subsanarse los defectos advertidos (art. 64 LOTJ).
La decisión de apelación no se pronunció, pues, sobre la culpabilidad o inculpabilidad del acusado, como tampoco alteró los hechos en su perjuicio. Muy al contrario, apreció un defecto en una garantía esencial del proceso, como es la racionalidad de la motivación del veredicto, garantía que también asiste a las acusaciones. Para corregir tal defecto no necesitaba la inmediación de la que habían dispuesto los jurados. Fue ésta la razón por la que el Tribunal Superior de Justicia dejó sin efecto la Sentencia absolutoria y ordenó la retroacción de las actuaciones para la celebración de un nuevo juicio, lo cual es algo bien distinto de dictar una Sentencia condenatoria en vía de recurso, revocando una anterior de sentido absolutorio.
En relación con la supuesta arbitrariedad en que habría incurrido el Tribunal Superior de Justicia al introducir hechos no declarados probados por los jurados (en concreto, acerca de si había o no alguien en el interior de la finca asaltada y si los vehículos estaban en movimiento en el momento de los disparos), destaca el Ministerio Público que la Sentencia de apelación no contiene un relato de hechos probados propios, por lo que no puede afirmarse –como postula el demandante de amparo– que introdujera hechos nuevos y diferentes a los tenidos en cuenta por el Jurado en su veredicto de inculpabilidad. Simplemente, valoró el resultado de ciertas pruebas documentadas. Para el Fiscal, el punto en el que la demanda asienta esa supuesta arbitrariedad muestra, simplemente, la discrepancia del demandante respecto de la apreciación que, desde las pruebas expresamente atendidas por los jurados, hizo el órgano de apelación, llegando a la conclusión de que el veredicto resultaba arbitrario e insuficiente. Lo que en modo alguno convierte en arbitraria a la Sentencia de apelación que así lo declaró.
En función de todo ello, descarta el Fiscal que los órganos judiciales lesionaran los derechos aducidos como soporte del amparo, solicitando, en consecuencia, su desestimación.
8. Mediante providencia de 3 de junio de 2015 se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 8 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1. La demanda de amparo se dirige contra las tres Sentencias recaídas en el presente procedimiento, siendo éstas la dictada el 28 de noviembre de 2012 por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en el recurso de casación núm. 913-2012, que declaró no haber lugar al recurso interpuesto por el demandante contra la que el 19 de marzo de 2012 emitió el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Sala de lo Civil y Penal) en el rollo de apelación núm. 29-2011. Tal Sentencia, por su parte, estimando el primer motivo del recurso interpuesto por la acusación particular frente al pronunciamiento absolutorio de primera instancia, ordenó la celebración de un nuevo juicio ante un Tribunal del Jurado de diferente composición, anulando tanto el veredicto emitido por los jurados, como la Sentencia dictada el 21 de junio de 2011, en función del mismo, por la Magistrada de la Audiencia Provincial de Barcelona que había presidido dicho Tribunal.
El objeto de nuestro enjuiciamiento se contrae a determinar si las resoluciones impugnadas han vulnerado los derechos del recurrente a la tutela judicial efectiva sin indefensión y con interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, que el Fiscal reconduce hacia el proceso con todas las garantías, así como del derecho a la presunción de inocencia (art. 24.1 y 2 CE), en la forma que a continuación se describe.
En relación con el primero de estos derechos, afirma el demandante de amparo, a través del primer motivo de la demanda, que la anulación en grado de apelación de la absolución decidida por un Jurado popular en la instancia previa lesiona su derecho a la tutela judicial efectiva, en la medida en que se asienta sobre la valoración de pruebas personales no sometidas a la preceptiva inmediación. Tal vicio, en el que estaría directamente incursa la Sentencia de apelación, extendería su efecto a la decisión casacional al haber venido a refrendar la misma. Considera que ambas resoluciones judiciales incurren además en una aplicación desequilibrada, por desproporcionada, de la doctrina constitucional relativa a la «sucinta motivación» exigible a las decisiones del Jurado, para lo cual recurren a un análisis de pruebas personales desprovisto de inmediación. Recuerda la demanda el menor rigor motivacional que precisan, en todo caso, las sentencias absolutorias frente a las condenatorias, habiendo quedado sobradamente exteriorizados en el acta del veredicto no sólo los hechos que el Jurado tuvo aquí por probados y no probados, sino también el sustento probatorio relacionado con cada uno. Por todo lo cual no cabe atribuir laconismo, vaguedad o contradicciones internas al juicio emitido por los jurados, que el Tribunal Superior de Justicia simplemente no compartió.
El motivo segundo de la demanda viene a sostener que la apreciación por la Magistrada-Presidente de que el demandante actuó con dolo eventual, cuando realmente tal extremo había sido expresamente descartado por los jurados, atrae el riesgo de generalizar en este concreto tipo de procedimientos una práctica permeable a la incorporación como probados de hechos que el único órgano soberano para decidir no entendió como tales, en quiebra del derecho fundamental a la presunción de inocencia.
Finalmente, la tercera de las quejas viene a insistir, de nuevo desde la perspectiva del derecho a la tutela judicial efectiva y en expresa conexión con el primero de los motivos, en el ámbito de control que incumbe a los órganos que conocen de los hechos en vía de recurso, y que debe ceñirse a la fiscalización de la racionalidad y rigurosidad del proceso discursivo y motivacional de instancia. Desde esta perspectiva, el demandante estima que tanto el Tribunal Superior de Justicia como el Tribunal Supremo incurrieron en arbitrariedad, el primero al introducir en su resolución datos que no constan en el cuerpo de hechos probados para plasmar una realidad que no existió, y el segundo al refrendar tal exceso.
En virtud de todo ello, el recurrente –a cuya demanda muestra íntegra conformidad la responsable civil subsidiaria «CES 21, S.L.»– solicita el otorgamiento del amparo, en la forma expuesta en los antecedentes de esta resolución.
El Ministerio Fiscal se opone, de contrario, al otorgamiento del amparo, entendiendo que ni la decisión de apelación ni la casacional infringen los derechos fundamentales objeto de denuncia.
2. Con carácter preliminar, en cuanto al escrito por el que la mercantil «CES 21, S.L.», expresa su conformidad con los motivos esgrimidos por don Lluís Corominas Padullés, se ha de subrayar que este Tribunal tan sólo puede tomar en consideración sus alegaciones en aquello que tienen de refuerzo de la posición de quien es el único demandante de amparo en este caso, sin que proceda efectuar ningún pronunciamiento respecto de la situación de la mercantil como responsable civil subsidiaria, al no haber interpuesto por sí misma y en momento hábil para ello recurso de amparo contra las resoluciones judiciales sometidas a nuestro enjuiciamiento.
Resulta de aplicación, al efecto, una doctrina reiteradamente establecida por este Tribunal, conforme a la cual «con independencia de la configuración doctrinal que se dé a la situación de los personados no solicitantes originarios del amparo, es lo cierto que no pueden transformarse en recurrentes, ni, por tanto, deducir pretensiones propias, aunque pueden formular alegaciones, y (pedir) que se les notifiquen las resoluciones que recaigan en el proceso de amparo que tiene por objeto, exclusivamente, las pretensiones deducidas por quienes lo interpusieron en tiempo y forma» (STC 33/2015, de 2 de marzo, FJ 2, por remisión a las SSTC 5/2009, de 12 de enero, FJ 3, y 66/1989, de 17 de abril, FJ 1; en igual sentido, SSTC 228/1997, de 16 de diciembre, FJ 2, 78/2003, de 28 de abril, FJ 2, 209/2003, de 1 de diciembre, FJ 6, 192/2004, de 2 de noviembre, FJ 5, 220/2004, de 29 de noviembre, FJ 3, 295/2005, de 21 de noviembre, FJ 2, 143/2006, de 8 de mayo, FJ 2, o 285/2006, de 9 de octubre, FJ 3, entre otras).
3. Hecha la precisión anterior, abordaremos la primera de las cuestiones de fondo que suscita la demanda y que, desde el contenido del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), sostiene la necesidad de cohonestar la doctrina constitucional en materia de Sentencias absolutorias con el respeto debido al juicio emitido por un Jurado popular, lo que a su vez se pone en relación con el ámbito de control del canon de motivación exigible al veredicto, como expresión documentada de la decisión popular.
Como antes se adelantaba, entiende el demandante que la anulación en grado de apelación de la previa absolución decidida por el Jurado violentó tal derecho fundamental, en la medida en que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña valoró a tal fin pruebas personales, pese a no disponer de la inmediación necesaria, de la únicamente dispusieron los jurados. Estima que dicha forma de actuar compromete la doctrina constitucional consagrada en la STC 167/2002, de 18 de septiembre, y sus sucesoras, que prohíbe al órgano de apelación valorar pruebas practicadas a presencia del órgano llamado a decidir en primer grado cuando ello implique revocar una resolución absolutoria por otra condenatoria, doctrina que considera extrapolable a aquellos supuestos en los que se declara la nulidad de la primera sentencia, como es el de autos. La Sala de apelación se habría extralimitado así en sus funciones revisoras, bajo la excusa de un veredicto irracional e inmotivado. Considera, igualmente, que el Tribunal Superior de Justicia sobredimensionó la doctrina de este Tribunal relativa al canon de motivación exigible a las Sentencias absolutorias, exigiendo del Jurado un esfuerzo de fundamentación desmesurado, con lo cual incurrió asimismo en arbitrariedad. Infracciones estas que, por venir a ratificar la decisión del Tribunal Superior de Justicia, el demandante extiende a la Sentencia de casación. Tras dejar amplia constancia de las resoluciones en las que este Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre el canon de motivación exigible al veredicto (SSTC 169/2004, 246/2004, 192/2005 y 115/2006, entre otras), expone los detalles por los que considera que, en verdad, dicho vicio in iudicando no era imputable a la decisión que emitieron los jurados, aludiendo para ello a la extensión del acta de votación.
Conviene tener presente, antes de acometer su análisis, que es realmente la motivación contenida en las Sentencias de segundo y tercer grado la que incumbe examinar en respuesta al motivo. Por lo que sólo tangencial e indirectamente, desde el examen de la de primer grado de la que las mismas dan cuenta, cabrá un examen constitucional de lo decidido por el primer Tribunal. En consecuencia, desde esa función meramente fiscalizadora de los pronunciamientos dictados por los dos últimos órganos judiciales, en modo alguno incumbe a este Tribunal conocer de los hechos que dieron lugar al proceso, sino tan sólo de las vulneraciones eventualmente ocasionadas en vía de recurso.
Delimitado en tal modo el ámbito de revisión que suscita el primer motivo de queja, resulta oportuno incluir algunas otras consideraciones de carácter general.
4. Este Tribunal Constitucional ha destacado la singularidad que plantea, a los efectos de la interdicción del bis in idem, la anulación de una Sentencia penal absolutoria con orden de retroacción de actuaciones, dada la diferencia que existe entre la acusación y los acusados desde la perspectiva de los derechos fundamentales en juego dentro del proceso penal.
Así, en línea de principio, no cabe retroacción de actuaciones ante la vulneración de algún derecho fundamental de carácter sustancial que asista a las acusaciones, ya que ello impone al acusado absuelto la carga de un nuevo enjuiciamiento no destinado a corregir una vulneración en su contra de normas procesales con relevancia constitucional. Pero también ha expresado este Tribunal que el reconocimiento de esa limitación no puede comportar la negación a las acusaciones de la protección constitucional dispensada por el art. 24 CE, que asimismo les incumbe. Por tal motivo, en un decidido equilibrio entre el estatuto constitucional reforzado del acusado y la necesidad de no excluir a las acusaciones de las garantías del art. 24 CE, se admite constitucionalmente la posibilidad de anular una resolución judicial penal materialmente absolutoria, con orden de retroacción de actuaciones, en aquellos casos en los que se constate la quiebra de una regla esencial del proceso en perjuicio de la acusación, ya que en ese escenario la ausencia de garantías no permite hablar de «proceso» en sentido propio, ni puede permitir tampoco que la Sentencia absolutoria adquiera el carácter de inatacable (SSTC 23/2008, de 11 de febrero, FJ 3; 220/2007, de 8 de octubre, FJ 4; 189/2004, de 2 de noviembre, FJ 5, o 4/2004, de 16 de enero, FJ 4). En suma, la excepción afecta a aquellas resoluciones absolutorias dictadas en el seno de un proceso penal sustanciado sobre un proceder lesivo de las más elementales garantías procesales de las partes (SSTC 215/1999, de 29 de noviembre, FJ 1; 168/2001, de 16 de julio, FJ 7, o 12/2006, de 16 de enero, FJ 2).
5. El derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) incluye el derecho a obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada, fundada en Derecho y congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes.
Cierto es que el señalado deber de motivación adquiere mayor importancia cuando la Sentencia es condenatoria que cuando resulta absolutoria, al no estar en juego los mismos derechos fundamentales, ya que en el segundo caso la tutela judicial efectiva se ve reforzada por la presunción de inocencia. Ahora bien, semejante afirmación en modo alguno significa que las Sentencias absolutorias aparezcan exoneradas del deber general de motivación, pues ésta, como indica el art. 120.3 CE, es requerida «siempre». De modo que la Sentencia absolutoria no puede quedar limitada al puro decisionismo de la absolución, sin dar cuenta del porqué de la misma, ya que en tal caso se vería afectado el principio general de interdicción de la arbitrariedad como garantía frente a la irrazonabilidad. Así pues, la resolución, cualquiera que sea su fallo, habrá de contener aquellos elementos y razones de juicio que permitan conocer cuáles han sido los criterios que la fundamentan, sin acoger una aplicación arbitraria de la legalidad, manifiestamente irrazonada o irrazonable, o incursa en un error patente, por la que la aplicación de la legalidad haya sido tan sólo una mera apariencia (SSTC 158/2002, de 16 de septiembre, FJ 6; 30/2006, de 30 de enero, FJ 5; 82/2009, de 23 de marzo, FJ 6, o 107/2011, de 20 de junio, FJ 2.
Siendo lo anterior doctrina de carácter general, la particularidad del caso que nos ocupa reside en el órgano encargado de decidir: un Jurado. El art. 61.1.d), de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo (en adelante, LOTJ), dedicado al acta de votación del veredicto, impone la inclusión en la misma de un apartado cuarto, cuyo específico cometido será que los jurados describan los elementos probatorios desde los que han formado su convicción y bajo la expresa exigencia de una «sucinta explicación de las razones por las que han declarado o rechazado declarar determinados hechos como probados». Por lo tanto, según se desprende del propio tenor literal del precepto, la necesidad de una «sucinta explicación» aparece vinculada no sólo a lo declarado probado, sino también al rechazo de tener determinados hechos por probados. En realidad, dicho deber no es sino emanación de la previsión constitucional de que las Sentencias sean siempre motivadas; de modo que, tal y como recordaba la STC 115/2006, de 24 de abril, FJ 5, por remisión a lo decidido por el Pleno de este Tribunal en la STC 169/2004, de 6 de octubre, no puede sostenerse que la motivación sea una mera formalidad prescindible en supuestos de absolución, como tampoco que la ausencia de motivación bastante en la decisión del Jurado carezca de toda trascendencia: la falta de la apuntada explicación sucinta afecta al contenido del art. 120.3 CE, proyectado al Jurado, y supone, en definitiva, la carencia de una de las garantías procesales que, de acuerdo con una consolidada doctrina constitucional, integran el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE, SSTC 188/1999, de 25 de octubre; 169/2004, de 6 de octubre, y 246/2004, de 26 de diciembre, entre otras).
La dificultad de que un órgano integrado por personas legas en Derecho motive sus decisiones, aun mediante esa mitigada exigencia de que la explicación sea «sucinta», no ha pasado desapercibida al legislador. Así lo revela la propia exposición de motivos de la LOTJ cuando deja constancia de la opción por un sistema en el que «el Jurado debe someterse inexorablemente al mandato del legislador. Y tal adecuación sólo es susceptible de control en la medida en que el veredicto exterioriza el curso argumental que lo motivó». A esa exteriorización del curso argumental que motiva el veredicto atiende la Ley –según sigue indicando la exposición de motivos– al exigir del Jurado, entre otros extremos, que «su demostrada capacidad para decidirse por una u otra versión alcance el grado necesario para la exposición de sus motivos. Bien es cierto que la exposición de lo tenido por probado explicita la argumentación de la conclusión de culpabilidad o inculpabilidad. Pero hoy, la exigencia constitucional de motivación no se satisface con ello. También la motivación de estos argumentos es necesaria. Y desde luego posible si se considera que en modo alguno requiere especial artificio y cuenta en todo caso el Jurado con la posibilidad de instar el asesoramiento necesario» (apartado V, el veredicto, núm. 1, sobre el objeto). De modo que el legislador ha optado por imponer a los jurados, a los efectos que interesan para la resolución del presente recurso de amparo, la exigencia de explicar en el acta del veredicto las razones por las que han declarado o rechazado declarar determinados hechos como probados.
Del cuerpo jurisprudencial que queda expuesto, se pueden extraer algunas ideas rectoras del análisis de la suficiencia constitucional de cualquier veredicto pronunciado por un Jurado. La primera de ellas, que el deber de motivación impuesto legalmente no puede desconectarse de la condición de sus integrantes, no forzosamente conocedores del Derecho, por lo que no resulta exigible de los jurados un exhaustivo análisis de toda la actividad probatoria desplegada, como tampoco una exégesis jurídica equivalente a la del profesional en Derecho. En segundo lugar, que el nivel de exigencia habrá de modularse también en función de que el Jurado suscriba un pronunciamiento de culpabilidad o inculpabilidad, menos riguroso en este último caso. Ninguna de estas dos premisas excluye, sin embargo, el deber de coherencia y racionalidad intrínsecamente exigible a su decisión, como a cualquier otra resolución judicial de fondo, ex art. 24.1 CE, en tanto que garantía frente a la arbitrariedad y a la irrazonabilidad en la actuación de quien asume tal poder de decisión.
Igual grado de racionalidad y razonabilidad incumbe a la resolución por la que el Magistrado que preside dicho Tribunal popular, acogiendo el veredicto, dicte Sentencia.
Debe también tenerse en cuenta una reiterada doctrina de este Tribunal que expresa que la apreciación o no de la concurrencia de circunstancias eximentes o atenuantes de la responsabilidad es una cuestión de estricta legalidad penal cuya resolución corresponde a los órganos judiciales competentes, y cuyo control en esta sede se limita a comprobar que la respuesta de éstos sea suficientemente motivada y no arbitraria, irrazonable o patentemente errónea (STC 78/2013, de 8 de abril, FJ 3, por remisión a las SSTC 211/1992, de 30 de noviembre, FJ 5; 133/1994, de 9 de mayo, FJ 4; 63/2001, de 17 de marzo, FJ 11; 239/2006, de 17 de julio, FJ 5; 5/2010, de 7 de abril, FJ 5, y 142/2012, de 2 de julio, FJ 7; en igual sentido, SSTC 5/2010, de 7 de abril, FJ 5, y 142/2012, de 2 de julio, FJ 7).
En consecuencia, el control constitucional que, desde el prisma de la tutela judicial efectiva, cabe efectuar en estos casos quedará limitado a los supuestos en los que bien el veredicto, bien la resolución judicial que lo recoge se muestren manifiestamente infundados, arbitrarios, irrazonables o irrazonados, o bien sean fruto de error patente (SSTC 169/2004, de 6 de octubre, FJ 7, y 246/2004, de 20 de diciembre, FJ 5).
6. Tras las precedentes consideraciones, es momento de examinar si las resoluciones judiciales del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal Supremo vulneraron el derecho a la tutela judicial efectiva del recurrente en amparo, bien al anular, bien al confirmar la anulación tanto de la Sentencia de primer grado como del veredicto del Jurado.
Como punto de partida de nuestro análisis debemos recordar que, tal como se expone pormenorizadamente en el antecedente 2 de esta resolución, la Magistrada- presidenta del Jurado dictó una sentencia por la que absolvía al recurrente en amparo del delito de homicidio del que había sido acusado por considerar que concurría la eximente completa de legítima defensa putativa, pese a que el propio jurado había rechazado incluir como hecho probado en su veredicto uno que declaraba que «[e]l acusado, siendo consciente del riesgo que para la vida de los ocupantes del Renault Megane implicaba su acción, y de las altas probabilidades de causar muerte, utilizando una pistola semiautomática que portaba, efectuó dos disparos al vehículo», para, después comprobar si, al anular tanto la Sentencia de primer grado como el veredicto del Jurado en la forma que queda vista, el Tribunal Superior de Justicia vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva del recurrente en amparo. El sustrato principal del presente análisis consiste, pues, en determinar el punto de equilibrio entre el carácter lego de los jurados, su deber de motivar racionalmente las conclusiones alcanzadas y el rol sanador que el Tribunal Superior de Justicia estimó inadecuadamente ejercido motu proprio por la Magistrada que había presidido el Tribunal del Jurado, encauzando los términos del veredicto hacia una reformulación de la intencionalidad del acusado a través del mecanismo del que da cuenta la Sentencia de primer grado, en lugar de proceder a la devolución del acta bajo la fórmula que prevé el art. 63.1.d) LOTJ. Todo ello sin perder de vista la particular naturaleza de la apelación en el procedimiento ante el Tribunal del Jurado, cuyo sistema tasado de motivos la aproxima hacia un recurso extraordinario.
El propio demandante reconoce en su escrito esa labor integradora de la Sentencia inicial, que trató la cuestión como una suerte de «error» del Jurado al desarrollar sus inferencias sobre los elementos subjetivos. Trata, no obstante, de reconducir el thema decidendi hacia la esfera de las Sentencias absolutorias de primer grado, después revocadas en apelación, tesis que luego se analizará. Basta ahora destacar que las decisiones de apelación y casación no se pronunciaron sobre su culpabilidad o inculpabilidad como acusado. Simplemente apreciaron una quiebra en la lógica interna al veredicto, quiebra que ya había constatado la Magistrada a quo. Lo cual en modo alguno convierte en arbitraria a la Sentencia de apelación que así lo declara, como tampoco a la que, en casación, vino a refrendar la postura de la inmediata anterior.
El Tribunal Superior de Justicia acometió la tarea no realizada en la instancia en orden a reparar un vicio que, observado ex ante, se había rectificado invadiendo competencias reservadas al Jurado con exclusividad, por expresa voluntad del legislador. Desde la racional motivación que, sobre este particular, ofrece la Sentencia de apelación resulta suficientemente justificada la revocación de la Sentencia de primer grado, como también –ante la disolución del Jurado que conoció de los hechos– la retroacción de las actuaciones hasta el momento que se señala. Fue ésta la razón principal por la que el Tribunal de apelación dejó sin efecto la Sentencia absolutoria y ordenó la retroacción de las actuaciones para la celebración de un nuevo juicio, algo bien distinto de dictar una Sentencia condenatoria en vía de recurso, revocando una anterior de sentido absolutorio. Y fue esta misma razón la que llevó al Tribunal de casación a ratificar la decisión de apelación, ratificación que en igual medida deviene justificada.
De ahí que las decisiones judiciales que ahora se impugnan no puedan considerarse lesivas del derecho del demandante de amparo a la tutela judicial efectiva, que no cabe entender vulnerado por el mero hecho de que el Tribunal Superior de Justicia reparara, como órgano ad quem, el derecho a la tutela judicial efectiva que también asiste a la acusación y cuya subsanación había interesado ésta expresamente en vía de recurso.
En suma, ambas resoluciones judiciales, de apelación y de casación, fueron respetuosas con el derecho a la tutela judicial efectiva del demandante (art. 24.1 CE), no incurriendo en arbitrariedad, como tampoco en exceso alguno al ejercer sus funciones revisoras en los términos que quedan vistos. Por las fundadas razones expuestas en la Sentencia de apelación, la decisión de celebración de nuevo juicio resultaba, igualmente, la única opción compatible con lo motivadamente decidido.
Cierto es que la Sala de apelación apreció un segundo defecto en el veredicto o, por ser más precisos, en el sustento probatorio desde el que los jurados fundamentaron sus conclusiones sobre el estado anímico del acusado al tiempo de los hechos. En concreto, al acoger un punto técnico de la pericial no trasladado a la concreta situación y personalidad del hoy demandante. Es sobre este particular de la decisión de apelación sobre el que el demandante focaliza la atención constitucional, entendiendo que la valoración del Tribunal Superior de Justicia se hizo de espaldas a la inmediación. Sin embargo, tal aspecto de su queja viene a quedar necesariamente sin objeto desde cuanto se acaba de exponer con anterioridad, dado que la razón primera y fundamental que contempla la decisión revocatoria de apelación pivotó sobre la ya señalada constatación de una contradicción interna al juicio emitido por el jurado acerca de la intencionalidad que habría guiado al acusado al emprender su acción de disparar. Incoherencia cuya importancia hacía obligado un nuevo enjuiciamiento, por cuanto queda visto, y ante lo cual toda reflexión adicional que pudiera ahora proporcionarse, en clave constitucional, deviene innecesaria.
7. Descendiendo al segundo motivo de la demanda, en él se invoca el derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE), que el demandante considera vulnerado a través de la Sentencia de primer grado, en la medida en que vino a afirmar que actuó con dolo eventual cuando el Jurado había descartado este extremo mediante el rechazo del hecho 11 del veredicto e introducción, en su lugar y por unanimidad, del hecho 11 bis, aséptico a cualquier tipo de intencionalidad resultante de la sola acción de disparar. Considera el demandante que la aceptación de la actividad integradora expresamente admitida por la Magistrada-Presidente atrae el riesgo de generalizar una práctica que haría quebrar el citado derecho fundamental, pues autorizaría la incorporación como probados de hechos que el único órgano soberano para decidir no habría tenido por tales. De ello se sirve para solicitar su libre absolución en sede de amparo, basándose en que no puede haber delito de homicidio sin intencionalidad, como así lo decidió el Jurado en este caso.
Con tal planteamiento –que el demandante ya defendió en el primer motivo de su recurso de apelación y que no resolvió el Tribunal Superior de Justicia ante la estimación preferente de la cuestión previa suscitada a instancias de la acusación particular, antes vista– no viene sino a reconocer el complemento integrador que motu proprio realizó quien presidía el Tribunal del Jurado. Complemento que, precisamente, la Sala de apelación entendió erróneo, en tanto que contrario a la norma aplicable, que prevé como única alternativa posible en tal situación la devolución del acta al Jurado. La queja se remonta, pues, a aquella Sentencia cuyos efectos vinieron a quedar anulados mediante el uso del régimen de recursos, primero en apelación y después en casación, y por la que se entendió lesionado un derecho fundamental que obligaba a la reposición de las actuaciones a un momento anterior. Resulta, en tal medida, contradictoria con los restantes argumentos defendidos en la demanda de amparo y dirigidos a cuestionar lo decidido en apelación, ya que, aunque amparándose en diferente derecho fundamental, no viene sino a dar la razón al Tribunal Superior de Justicia en su decisión de anular la Sentencia de primer grado.
En cualquier caso, cabe asimismo recordar que el derecho a la presunción de inocencia se configura, en su perspectiva constitucional, como el derecho a no ser condenado sin pruebas de cargo válidas, por lo que, para desplegar sus efectos, requiere un pronunciamiento de condena, inexistente en este caso. Sólo desde una situación preliminar de condena cabe valorar si el derecho a la presunción de inocencia ha sido vulnerado, derecho que una consolidada doctrina de este Tribunal (SSTC 107/2011, de 20 de junio, FJ 4, o 68/2010, de 18 de octubre, FJ 4, entre otras muchas) configura, en tanto que regla de juicio y con la perspectiva constitucional, como «el derecho a no ser condenado sin pruebas de cargo válidas, lo que implica que exista una mínima actividad probatoria realizada con las garantías necesarias, referida a todos los elementos esenciales del delito, y que de la misma quepa inferir razonablemente los hechos y la participación del acusado en los mismos». De modo que, como también declaró la STC 189/1998, de 28 de septiembre, «sólo cabrá constatar la vulneración del derecho a la presunción de inocencia cuando no haya pruebas de cargo válidas, es decir, cuando los órganos judiciales hayan valorado una actividad probatoria lesiva de otros derechos fundamentales o carente de garantías, o cuando no se motive el resultado de dicha valoración, o, finalmente, cuando por ilógico o por insuficiente no sea razonable el iter discursivo que conduce de la prueba al hecho probado» (FJ 2).
Como se ha expuesto con anterioridad, ni en apelación ni en casación los Tribunales aquí intervinientes se pronunciaron sobre la culpabilidad o inculpabilidad del acusado. Tampoco alteraron los hechos en su perjuicio. Limitaron su función revisora a un control externo de lo decidido en la instancia inmediatamente anterior, llegando a una conclusión de ausencia de racionalidad sin abordar cuestiones de fondo en términos de condena, por todo lo cual la pretendida lesión no puede entenderse existente.
8. El demandante centra su última alegación de nuevo sobre el derecho a la tutela judicial efectiva, que expresamente anuda al primero de los motivos para adjudicar una vez más su vulneración a los Tribunales de segundo y tercer grado, que de tal modo habrían actuado arbitrariamente. Insiste en que el Tribunal Superior de Justicia se excedió en sus funciones de control de la motivación exigible al Jurado popular, pues consideró que el veredicto se apartó de las reglas de la lógica mediante la introducción de hechos nuevos, que no constan en el veredicto y que se encuentran en abierta oposición a la prueba efectivamente practicada, en referencia al movimiento de los vehículos al tiempo de producirse los disparos y a la desocupación de la vivienda en el momento del asalto. Al igual que en el caso anterior, extiende tal exceso al Tribunal Supremo al haber venido a confirmar la decisión precedente.
Sin embargo, tal y como ya se ha señalado anteriormente y como también lo expuso el Ministerio Fiscal en sus alegaciones, la Sentencia de apelación no contiene un relato propio de hechos probados, por lo que difícilmente puede afirmarse que introduzca hechos nuevos y diferentes de aquéllos que tuvo en cuenta el Jurado al emitir un veredicto de inculpabilidad. De hecho, los dos aspectos fácticos en los que el demandante sitúa la queja aparecen entre los expresamente declarados probados en el veredicto popular (hechos 5 y 10).
Es desde el contenido de la Sentencia de primer grado, que a su vez se basa en lo recogido en el acta de votación, desde donde el Tribunal Superior de Justicia verificó la nuclear fisura que ha quedado vista, sin modificar por ello el relato histórico. Tampoco sobrepasó el canon de motivación exigible a los jurados al venir a reparar así un daño efectivo en el derecho a la tutela judicial de la acusación recurrente, lo cual no implica arbitrariedad. Y si el pretendido exceso no es predicable de la Sentencia de apelación, tampoco lo es de aquélla dictada en casación que, sobre el estricto contenido de lo señalado en la directamente impugnada y no sin delimitar antes nítidamente los límites de su análisis revisor, estima justificada, en términos de racionalidad y suficiencia motivacional, la decisión que le precede en grado. Ambas resoluciones judiciales respetaron el derecho a la tutela judicial efectiva del demandante (art. 24.1 CE), satisfaciendo igualmente el específico canon de motivación a ellas exigible, ex art. 120.3 CE.
Como se ha expresado con anterioridad, el demandante trata de reconducir la situación hacia la esfera de las Sentencias absolutorias de primer grado que devienen revocadas en apelación, dictándose en esa segunda instancia un pronunciamiento condenatorio ex novo. Al respecto, este Tribunal ha estimado contrario a un proceso con todas las garantías que un órgano judicial, conociendo en vía de recurso, condene a quien había sido absuelto en la instancia o empeore su situación a partir de una nueva valoración de pruebas personales o de una reconsideración de los hechos estimados probados para establecer su culpabilidad, siempre que no haya celebrado una audiencia pública en que se desarrolle la necesaria actividad probatoria, con las garantías de publicidad, inmediación y contradicción que le son propias, y se dé al acusado la posibilidad de defenderse exponiendo su testimonio personal (STC 157/2013, de 23 de septiembre, FFJJ 3 y 5, por remisión a las SSTC 167/2002, de 18 de septiembre; 272/2005, de 24 de octubre, FJ 2; 184/2009, de 7 de septiembre; 126/2012, de 18 de junio, FJ 2; 22/2013, de 31 de enero, FJ 4; 43/2013, de 25 de febrero, FJ 5, y 88/2013, de 11 de abril, FJ 6). Presupuestos que no cabe apreciar en un reenvío de la causa a la instancia de origen bajo circunstancias como las antes expuestas, en las que la devolución se realiza sin prejuzgar en modo alguno el resultado del nuevo enjuiciamiento, para el que el nuevo Tribunal dispondrá de plena soberanía y libertad de juicio.
Los razonamientos precedentes conducen también así a la desestimación del último de los motivos de la demanda.
9. Por lo expuesto, procede denegar el amparo solicitado.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Desestimar el recurso de amparo solicitado por don Lluís Corominas Padullés.
Publíquese esta Sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a ocho de junio de dos mil quince.–Adela Asua Batarrita.–Fernando Valdés Dal-Ré.–Juan José González Rivas.–Pedro José González-Trevijano Sánchez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Antonio Narváez Rodríguez.–Firmado y rubricado.
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Sentencia del Constitucional que manda repetir el juicio que absolvió al yerno de los Tous (y da la razón al TS) #BOE
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NOMBRAMIENTOS_Y_CESES
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Tribunal Constitucional
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Sentencia del Constitucional que manda repetir el juicio que absolvió al yerno de los Tous (y da la razón al TS)
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2017-06-03
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BOE-A-2020-14948
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Real Decreto 573/2017, de 2 de junio, por el que se dispone el cese de don Manuel Moix Blázquez como Fiscal Jefe de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.
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<identificador>BOE-A-2017-6260</identificador>
<titulo>Real Decreto 573/2017, de 2 de junio, por el que se dispone el cese de don Manuel Moix Blázquez como Fiscal Jefe de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.</titulo>
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<rango codigo='1340'>Real Decreto</rango>
<numero_oficial>573/2017</numero_oficial>
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<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>A propuesta del Ministro de Justicia, vista la formulada por el Fiscal General del Estado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41.1 de la Ley 50/1981, de 30 diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 2 de junio de 2017,</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Vengo en disponer el cese, aceptando la renuncia voluntaria, de don Manuel Moix Blázquez como Fiscal Jefe de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>A partir de la fecha de cese se determinará su adscripción de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 del citado Estatuto Orgánico.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Dado en Madrid, el 2 de junio de 2017.</p>
<p class='firma_rey' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>FELIPE R.</p>
<p class='firma_ministro' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El Ministro de Justicia,</p>
<p class='firma_ministro' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>RAFAEL CATALÁ POLO</p>
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Sat Jun 03 11:18:19 +0000 2017
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A propuesta del Ministro de Justicia, vista la formulada por el Fiscal General del Estado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41.1 de la Ley 50/1981, de 30 diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 2 de junio de 2017,
Vengo en disponer el cese, aceptando la renuncia voluntaria, de don Manuel Moix Blázquez como Fiscal Jefe de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.
A partir de la fecha de cese se determinará su adscripción de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 del citado Estatuto Orgánico.
Dado en Madrid, el 2 de junio de 2017.
FELIPE R.
El Ministro de Justicia,
RAFAEL CATALÁ POLO
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Lo más bonito del #BOE de hoy estaba ya anunciadísimo: cese de Moix por “renuncia voluntaria”
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OTROS_ANUNCIOS
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Ministerio de Justicia
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Cese de Manuel Moix Blázquez como Fiscal Jefe de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.
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[] | 3,381
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2020-11-25
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BOE-A-2018-15007
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Resolución de 4 de noviembre de 2020, de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, por la que se publica la sanción por infracción muy grave impuesta a Cheplapharm Arzneimittel GmbH.
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<identificador>BOE-A-2020-14948</identificador>
<titulo>Resolución de 4 de noviembre de 2020, de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, por la que se publica la sanción por infracción muy grave impuesta a Cheplapharm Arzneimittel GmbH.</titulo>
<diario codigo='BOE'>Boletín Oficial del Estado</diario>
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<texto>
<p class='parrafo'>Con fecha 23 de mayo de 2019, la Directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios dictó la Resolución sancionadora por la que finalizó el expediente de referencia C75/2019, incoado a Cheplapharm Arzneimittel GmbH, por Acuerdo de fecha 25 de febrero de 2019.</p>
<p class='parrafo'>Por otra parte, el artículo 114.4 del Texto Refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, establece que las sanciones por infracciones graves y muy graves serán publicadas en el diario oficial correspondiente una vez que sean firmes en vía administrativa.</p>
<p class='parrafo'>Toda vez que la citada Resolución ha adquirido firmeza en vía administrativa, procede, al amparo de lo establecido en el mencionado artículo 114.4, dar publicidad en el «Boletín Oficial del Estado» a la siguiente sanción impuesta en dicha Resolución sancionadora de la Directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios mediante la que, se resolvió sancionar a Cheplapharm Arzneimittel GmbH, en los siguientes términos:</p>
<p class='parrafo_2'>Respecto del hecho primero (cesar el suministro del medicamento KONAKION 10 mg/ml solución oral/solución inyectable, 5 ampollas de 1 ml (N.º Reg. 27262, C.N. 652206), la infracción muy grave prevista en el artículo 111.2 c) 21.ª de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, aplicando el grado mínimo que establece el artículo 114.1 c), siendo el importe de la sanción correspondiente a esta infracción: noventa mil un (90.001) euros.</p>
<p class='parrafo'>Respecto del hecho segundo (cesar el suministro del medicamento KONAKION 2 mg/0,2 ml pediátrico solución oral/solución inyectable, 5 ampollas de 0,2 ml (N.º Reg. 21610, CN: 656116), la infracción muy grave prevista en el artículo 111.2 c) 21.ª de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, aplicando el grado mínimo que establece el artículo 114.1 c), siendo el importe de la sanción correspondiente a esta infracción: noventa mil un (90.001) euros.</p>
<p class='parrafo_2'>Madrid, 4 de noviembre de 2020.–La Directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, María Jesús Lamas Díaz.</p>
</texto>
</documento>
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Wed Nov 25 08:38:05 +0000 2020
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Con fecha 23 de mayo de 2019, la Directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios dictó la Resolución sancionadora por la que finalizó el expediente de referencia C75/2019, incoado a Cheplapharm Arzneimittel GmbH, por Acuerdo de fecha 25 de febrero de 2019.
Por otra parte, el artículo 114.4 del Texto Refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, establece que las sanciones por infracciones graves y muy graves serán publicadas en el diario oficial correspondiente una vez que sean firmes en vía administrativa.
Toda vez que la citada Resolución ha adquirido firmeza en vía administrativa, procede, al amparo de lo establecido en el mencionado artículo 114.4, dar publicidad en el «Boletín Oficial del Estado» a la siguiente sanción impuesta en dicha Resolución sancionadora de la Directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios mediante la que, se resolvió sancionar a Cheplapharm Arzneimittel GmbH, en los siguientes términos:
Respecto del hecho primero (cesar el suministro del medicamento KONAKION 10 mg/ml solución oral/solución inyectable, 5 ampollas de 1 ml (N.º Reg. 27262, C.N. 652206), la infracción muy grave prevista en el artículo 111.2 c) 21.ª de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, aplicando el grado mínimo que establece el artículo 114.1 c), siendo el importe de la sanción correspondiente a esta infracción: noventa mil un (90.001) euros.
Respecto del hecho segundo (cesar el suministro del medicamento KONAKION 2 mg/0,2 ml pediátrico solución oral/solución inyectable, 5 ampollas de 0,2 ml (N.º Reg. 21610, CN: 656116), la infracción muy grave prevista en el artículo 111.2 c) 21.ª de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, aplicando el grado mínimo que establece el artículo 114.1 c), siendo el importe de la sanción correspondiente a esta infracción: noventa mil un (90.001) euros.
Madrid, 4 de noviembre de 2020.–La Directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, María Jesús Lamas Díaz.
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Hoy, en #BOE, 4 multas de la Agencia Española del Medicamento a farmas por dejar de suministrar fármacos sin avisarles. Tres a Sanofi (suman 280.000€) y una a Cheplapharm (180.000).
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[] |
TRIBUNAL_CONSTITUCIONAL
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Ministerio de Sanidad
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Multa a Cheplapharm por un importe total de 180.002 euros.
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[] | 3,382
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2018-11-01
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DICTADA
en el Recurso 4578/2017
DECLARA
la desestimación en relación con la Ley 2/2017, de 21 de junio
DECLARA
la desestimación en relación con la Ley 1/1996, de 10 de enero
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BOE-A-2013-4318
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Pleno. Sentencia 103/2018, de 4 de octubre de 2018. Recurso de inconstitucionalidad 4578-2017. Interpuesto por cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea en el Congreso de los Diputados, en relación con distintos apartados del artículo único de la Ley 2/2017, de 21 de junio, de modificación de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita. Principio de igualdad, dignidad de la persona y libre desarrollo de la personalidad; derechos a la tutela judicial efectiva, al trabajo, a la negociación colectiva y a la libertad de empresa: constitucionalidad de los preceptos legales que imponen a los abogados la obligatoriedad de prestar el servicio de asistencia jurídica gratuita.
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<identificador>BOE-A-2018-15007</identificador>
<titulo>Pleno. Sentencia 103/2018, de 4 de octubre de 2018. Recurso de inconstitucionalidad 4578-2017. Interpuesto por cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea en el Congreso de los Diputados, en relación con distintos apartados del artículo único de la Ley 2/2017, de 21 de junio, de modificación de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita. Principio de igualdad, dignidad de la persona y libre desarrollo de la personalidad; derechos a la tutela judicial efectiva, al trabajo, a la negociación colectiva y a la libertad de empresa: constitucionalidad de los preceptos legales que imponen a los abogados la obligatoriedad de prestar el servicio de asistencia jurídica gratuita.</titulo>
<diario codigo='BOE'>Boletín Oficial del Estado</diario>
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<departamento codigo='1410'>Tribunal Constitucional</departamento>
<rango codigo='1240'>Sentencia</rango>
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<analisis>
<notas>
<nota codigo='0' orden='999'>La inclusión de los arts. 1, 22, 25 y 30 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, se establece por estar modificada por el art. único de la Ley 2/2017, de 21 de junio.</nota>
</notas>
<materias>
<materia codigo='8' orden=''>Abogados</materia>
<materia codigo='78' orden=''>Administración de Justicia</materia>
<materia codigo='974' orden=''>Colegios Profesionales</materia>
<materia codigo='4024' orden=''>Honorarios profesionales</materia>
<materia codigo='4705' orden=''>Justicia Gratuita</materia>
<materia codigo='5904' orden=''>Recursos de inconstitucionalidad</materia>
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<alertas>
<alerta codigo='138' orden=''>Administración de Justicia</alerta>
<alerta codigo='103' orden=''>Asociaciones profesionales</alerta>
<alerta codigo='111' orden=''>Derecho Constitucional</alerta>
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<referencias>
<anteriores>
<anterior orden='4005' referencia='BOE-A-2017-12976'>
<palabra codigo='693'>DICTADA</palabra>
<texto>en el Recurso 4578/2017</texto>
</anterior>
<anterior orden='4010' referencia='BOE-A-2017-7106'>
<palabra codigo='470'>DECLARA</palabra>
<texto>la desestimación en relación con la Ley 2/2017, de 21 de junio</texto>
</anterior>
<anterior orden='4010' referencia='BOE-A-1996-750'>
<palabra codigo='470'>DECLARA</palabra>
<texto>la desestimación en relación con la Ley 1/1996, de 10 de enero</texto>
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</anteriores>
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</referencias>
</analisis>
<texto>
<p class='parrafo'>ECLI:ES:TC:2018:103</p>
<p class='parrafo_2'>El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Juan José González Rivas, Presidente, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez, don Alfredo Montoya Melgar, don Ricardo Enríquez Sancho, don Cándido Conde-Pumpido Tourón y doña María Luisa Balaguer Callejón, Magistrados, ha pronunciado</p>
<p> </p>
<p class='centro_redonda'>EN NOMBRE DEL REY</p>
<p class='parrafo_2'>la siguiente</p>
<p class='centro_redonda'>SENTENCIA</p>
<p class='parrafo_2'>En el recurso de inconstitucionalidad núm. 4578-2017, interpuesto por cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea en el Congreso de los Diputados, contra los apartados primero, segundo, cuarto y quinto del artículo único de la Ley 2/2017, de 21 de junio, de modificación de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita. Ha comparecido y formulado alegaciones el Abogado del Estado. Ha sido Ponente el Magistrado don Juan Antonio Xiol Ríos, quien expresa el parecer del Tribunal.</p>
<p class='centro_negrita'>I. Antecedentes</p>
<p class='parrafo_2'>1. Con fecha 21 de septiembre de 2017 tuvo entrada en el registro general de este Tribunal escrito de don José Miguel Martínez-Fresneda Gambra, Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea en el Congreso de los Diputados, por el que se interpone recurso de inconstitucionalidad en relación con los apartados primero, segundo, cuarto y quinto del artículo único de la Ley 2/2017, de 21 de junio, que modifica los artículos 1, 22, 25 y 30 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita.</p>
<p class='parrafo_2'>2. Los recurrentes inician su argumentación jurídica sosteniendo, con carácter general, que el servicio de asistencia jurídica gratuita «solo debe ser obligatorio para el Estado y, todo lo más, para los Colegios Profesionales, a condición de que estos hayan sido previamente dotados de la adecuada y necesaria asignación presupuestaria, porque en caso contrario, tampoco estarán obligados a garantizar el mantenimiento de un servicio que el propio Estado no garantice». Asimismo, afirman que «desde la supresión del servicio militar obligatorio el 1 de enero de 2002, no existe en España ninguna prestación obligatoria para ningún ciudadano o ciudadana», refiriéndose a otras actividades profesionales, como la medicina, la construcción o la hostelería que no cuentan con una obligación similar a la que aquí se impugna.</p>
<p class='parrafo'>A continuación, concretan los motivos en los que fundamentan la inconstitucionalidad de los preceptos impugnados, al entender que, todos ellos, vulneran los artículos 10, 14, 24, 35, 37 y 38 de la Constitución. La argumentación encaminada a fundamentar esta queja se dirige, sin matices y con carácter general, contra todos los preceptos impugnados, en los siguientes términos:</p>
<p class='parrafo_2'>En primer lugar se aduce la vulneración de artículo 10 CE, aportando como argumentación jurídica que la imposición unilateral por parte del Estado de esta obligación «atenta contra la dignidad de la persona y contra el derecho al libre desarrollo de su personalidad, lo que resulta expresamente prohibido por el citado precepto constitucional, que en consecuencia debe entenderse vulnerado, máxime si tenemos en cuenta que dicho servicio solo se indemnizará en caso de reconocimiento expreso del beneficio de justicia gratuita, no así cuando se deniegue ni cuando se archive la solicitud de justicia gratuita por falta de acreditación documental y pese a que el Estado obliga al profesional no solo a formar parte del Turno de Oficio, sino también a prestar la asistencia desde el primer instante en que se reciba la designación provisional, aun cuando aún no haya resolución de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita concediendo o denegando el derecho o archivando la solicitud».</p>
<p class='parrafo'>En segundo término se considera vulnerado el artículo 14 CE, razonando que «imponer a un grupo de españoles la obligación de realizar un servicio público, trabajo o función social supone una discriminación frente al resto de los españoles, a quienes no se les impone esa obligación. El derecho constitucional a la defensa y a la tutela judicial efectiva de quienes carecen de medios, y el derecho a la justicia gratuita de ciertos colectivos, por muy constitucional que sea, y por muy esencial que sea el servicio de justicia gratuita que el Estado español viene obligado a prestarles, no puede servir de excusa para imponer a un determinado colectivo de ciudadanos la obligación de prestar ese servicio, estén conformes o no con la contraprestación que el Estado les ofrece a cambio de ese servicio. Otros servicios esenciales, como la sanidad pública, el orden público, la defensa nacional o el sistema educativo, no se rigen por el principio de obligatoriedad. Por tanto, la Ley recurrida vulnera el citado precepto constitucional».</p>
<p class='parrafo'>En tercer lugar se considera vulnerado el artículo 24 CE, al entender que la obligación de prestar el servicio a todos los colegiados «cualquiera que sea su especialización o formación, y no respetando la vocación, voluntad de servicio o libertad de elección de los profesionales», implica la vulneración del artículo 24 CE, pues no se asegura que el justiciable carente de recursos reciba «una tutela judicial efectiva, es decir, en condiciones de igualdad con quienes tienen medios». También se considera vulnerado «el derecho a un proceso público con todas las garantías, así como el derecho a que no se produzca indefensión, pues tal vez se estará generando indefensión al justiciable defendido por un profesional que no cuente con la necesaria especialización y formación».</p>
<p class='parrafo'>Asimismo, se aduce la vulneración del derecho al trabajo regulado en el artículo 35 CE, como consecuencia de «la sustitución del principio de voluntariedad por el principio de obligatoriedad». Según los recurrentes, «una cosa es que un ciudadano elija libremente la profesión de abogado, derecho que sí se sigue respetando, y otra muy distinta es que ello conlleve necesariamente la obligación de adscribirse al turno de oficio, derecho que ha dejado de respetarse», añadiendo que «el derecho a una remuneración suficiente entra en contradicción con la mísera cuantía de los baremos indemnizatorios actualmente vigentes y con la cuestión de que solo se retribuyan las actuaciones de los profesionales adscritos al turno de oficio cuando el usuario haya obtenido expreso reconocimiento del beneficio de justicia gratuita, no así cuando ese beneficio le haya sido denegado o cuando la solicitud haya sido archivada por falta de acreditación documental».</p>
<p class='parrafo'>La obligación impuesta por la Ley también limitaría, a juicio de los recurrentes, el derecho a la negociación colectiva y el derecho de los trabajadores a adoptar medidas de conflicto colectivo, recogidos en el artículo 37 CE «para intentar mejorar las condiciones de trabajo en caso de flagrante injusticia, como es el caso de una renuncia masiva a realizar guardias organizada por los propios profesionales adscritos al Turno de Oficio, o una suspensión del servicio organizada por las propias corporaciones colegiales, como ya se ha hecho en varias ocasiones, y como ya no podrá hacerse a partir de la reforma».</p>
<p class='parrafo'>Finalmente, la pertenencia obligatoria al turno de oficio vulneraría la libertad de empresa (art. 38 CE), toda vez que, si bien el ciudadano sigue siendo libre para colegiarse como abogado o procurador, ha perdido la libertad para decidir si, además, se adscribe o no al sistema de justicia gratuita, razonando que «la economía de mercado es un sistema por cuya virtud los trabajadores y profesionales libremente deciden con quién contratan o a quién prestan sus servicios, a cambio de una compensación económica bilateralmente negociada entre los representantes de ambas partes. El principio de obligatoriedad quiebra ese sistema», concluyendo que nunca han faltado profesionales de la abogacía dispuestos a integrarse voluntariamente en este servicio público en los veintiún años que lleva vigente la Ley, mientras que, a partir de ahora, «los y las profesionales podrán ser expulsados de la abogacía o la procuraduría si se negaran a realizar guardias o a asumir defensas o representaciones procesales de justificables beneficiarios de justicia gratuita».</p>
<p class='parrafo_2'>3. Por providencia de 31 de octubre de 2017, la Sección Tercera de este Tribunal acordó admitir a trámite el presente recurso de inconstitucionalidad; dar traslado de la demanda y documentos presentados, conforme establece el artículo 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), al Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto de sus respectivos Presidentes, así como al Gobierno, a través del Ministro de Justicia, al objeto de que en el plazo de quince días pudieran personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimaran convenientes; y publicar la incoación del recurso en el «Boletín Oficial del Estado».</p>
<p class='parrafo_2'>4. La Presidenta del Congreso de los Diputados, por escrito registrado el 16 de noviembre de 2017, comunicó que la Mesa de la Cámara había acordado la personación en este procedimiento, el ofrecimiento de su colaboración a los efectos del artículo 88.1 LOTC y la remisión a la Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones y a la Asesoría Jurídica de la Secretaría General.</p>
<p class='parrafo_2'>5. Por escrito registrado el día 21 de noviembre de 2017, el Abogado del Estado, en la representación que legalmente ostenta, se personó en nombre del Gobierno de la Nación y solicitó prórroga hasta el máximo plazo legal posible para formular alegaciones, concediéndole este Tribunal, por providencia de 22 de noviembre de 2017, una prórroga de ocho días, a contar desde el siguiente al de expiración del ordinario.</p>
<p class='parrafo_2'>6. Mediante escrito registrado el día 14 de diciembre de 2015, el abogado del Estado, en representación y defensa del Gobierno de la Nación, formuló sus alegaciones:</p>
<p class='parrafo_2'>El abogado del Estado comienza su argumentación jurídica afirmando que los preceptos impugnados afectan al régimen interno de organización colegial de prestación del servicio de justicia gratuita, materia que es de plena configuración legal, sin que resulte desproporcionado «que el legislador instrumente los colegios de abogados y, en consecuencia, la relación especial de sujeción a la que se hallan vinculados los profesionales, para determinar las condiciones generales de prestación del servicio de asistencia jurídica gratuita, en tanto que dicho servicio constituye un principio de actuación preservado por la Constitución y, además, el turno es general e igualitario en sus condiciones y prevé las oportunas indemnizaciones para quienes en cada momento lo presten».</p>
<p class='parrafo'>El representante del Estado responde a las alegaciones elevadas por los recurrentes sosteniendo que la regulación recurrida no afecta a la libertad de empresa (art. 38 CE), toda vez que los preceptos recurridos establecen una obligación dirigida a una categoría de profesionales, los abogados en ejercicio, que se halla en una situación «de relación especial de sujeción con los Colegios profesionales de los que obligatoriamente forman parte, para el ejercicio de la profesión», por lo que, a su juicio, nos hallamos ante «una relación constituida sobre la base de la delegación de potestades públicas en entes corporativos» que tiene fundamento expreso en el artículo 36 CE y, aunque los colegios profesionales se constituyen para defender primordialmente los intereses privados de sus miembros, tienen también una dimensión pública que les equipara a las Administraciones públicas de carácter territorial, pues corresponde al Estado fijar las reglas básicas relativas a su organización y competencias, aunque con menor extensión e intensidad que cuando se refiere a las Administraciones públicas en sentido estricto. Así, de acuerdo con la STC 76/2003, de 23 de abril, FJ 4, no son los fines relacionados con los intereses corporativos del colegio los que justifican la opción del legislador por la colegiación obligatoria, sino otros fines de interés público que justifican que el Estado delegue en los colegios de abogados la función pública consistente en la prestación del servicio de asistencia jurídica gratuita.</p>
<p class='parrafo'>En relación con el resto de alegaciones, el abogado del Estado manifiesta que, dada la escasa argumentación jurídica expuesta por los recurrentes, no alcanza a vislumbrar cómo el nuevo régimen jurídico puede contravenir el artículo 10 CE; tampoco entiende cómo afecta al derecho a la igualdad de trato y no discriminación que garantiza el artículo 14 CE, toda vez que los recurrentes no aportan un término de comparación concreto y existen diferencias objetivas entre quienes ejercen la profesión de abogado colegiado y el resto de profesiones; ni cómo puede verse afectado el artículo 24 CE, pues la Ley recurrida exige, en el artículo 25, determinados niveles de especialización y formación para mantener la calidad del servicio; ni, finalmente, cómo la reforma infringe el artículo 37 CE pues, afirma: «muchas profesiones (quizá todas) cuyo estatuto impone la realización de actividades con carácter obligatorio, su respectiva regulación tendría supuestamente la misma tacha si pudiera entenderse que sus miembros desarrollaran actividades de interés general y tuvieran una retribución prefijada. Máxime, una vez más, cuando hablamos de un derecho –este de adopción de medidas de conflicto colectivo– que en íntima conexión con el de negociación colectiva que la Constitución prevé, posee claramente una naturaleza de derecho de configuración legal (STC 119/2014, de 16 de julio)».</p>
<p class='parrafo_2'>7. Mediante providencia de 2 de octubre de 2018 se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 4 del mismo mes y año.</p>
<p class='centro_negrita'>II. Fundamentos jurídicos</p>
<p class='parrafo_2'>1. Planteamiento<em>.–</em>El presente proceso constitucional tiene por objeto resolver el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea en el Congreso de los Diputados, en relación con los apartados 1, 2, 4 y 5 del artículo único de la Ley 2/2017, de 21 de junio, que modifica los artículos 1, 22, 25 y 30 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita.</p>
<p class='parrafo'>Los diputados recurrentes consideran que los preceptos impugnados vulneran los artículos 10, 14, 24, 35, 37 y 38 CE. Entienden que de ellos se deriva la obligación de que todos los abogados colegiados formen parte del servicio de asistencia jurídica gratuita, cosa que, a su juicio: (i) atenta contra la dignidad de la persona y contra el derecho al libre desarrollo de la personalidad; (ii) impone a un sector de profesionales la obligación de realizar un servicio público, lo que supone una discriminación respecto del resto de españoles; (iii) infringe el derecho a la tutela judicial efectiva, toda vez que no se asegura que el justiciable carente de recursos sea defendido por un profesional que cuente con la necesaria especialización y formación; (iv) vulnera el derecho al trabajo, pues implica sustituir el principio de voluntariedad por el principio de obligatoriedad; (v) limita el derecho a la negociación colectiva y el derecho a adoptar medidas de conflicto colectivo; y (vi) vulnera la libertad de empresa, pues el ciudadano sigue siendo libre para colegiarse como abogado o procurador, pero ha perdido la libertad para decidir si, además, se adscribe o no al sistema de justicia gratuita.</p>
<p class='parrafo'>El abogado del Estado sostiene, en síntesis, que la norma impugnada no incurre en ninguna de las referidas vulneraciones y solicita la desestimación del recurso. A su juicio los preceptos impugnados afectan al régimen interno de organización colegial de prestación del servicio de justicia gratuita, materia que es de plena configuración legal; y no resulta desproporcionado que el legislador instrumente los colegios de abogados y, en consecuencia, la relación especial de sujeción a la que se hallan vinculados los profesionales para determinar las condiciones generales de prestación del servicio de asistencia jurídica gratuita, dado que dicho servicio responde a un principio de actuación preservado por la Constitución y, además, el turno es general e igualitario en sus condiciones y se prevén las oportunas indemnizaciones para quienes lo presten en cada momento.</p>
<p class='parrafo_2'>2. El estatuto de la abogacía<em>.–</em>Son habituales las regulaciones legales que afectan a la ordenación de las profesiones colegiadas, como ocurre, por ejemplo, con la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, que ha incorporado parcialmente al derecho español la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, y con la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, la cual, en lo que aquí importa, instó al legislador estatal, en la disposición transitoria cuarta, a concretar las profesiones cuyo ejercicio se sujeta a colegiación obligatoria «en aquellos casos y supuestos de ejercicio en que se fundamente como instrumento eficiente de control del ejercicio profesional para la mejor defensa de los destinatarios de los servicios y en aquellas actividades en que puedan verse afectadas, de manera grave y directa, materias de especial interés público, como pueden ser la protección de la salud y de la integridad física o de la seguridad personal o jurídica de las personas físicas». Esta disposición fue aceptada como conforme a la Constitución por la STC 89/2013, de 22 de abril.</p>
<p class='parrafo'>Asimismo, los abogados y procuradores se ven directamente afectados por la Ley 34/2006, de acceso a las profesiones de abogado y procurador de los tribunales; por la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia o por la Ley 2/2017, de 21 de junio, de modificación de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, cuya constitucionalidad se cuestiona en este recurso.</p>
<p class='parrafo'>La disposición adicional primera, apartado primero, de la Ley 22/2005, de 18 de noviembre, por la que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas comunitarias, reconoce el carácter especial de la relación laboral de los abogados que prestan servicios retribuidos por cuenta ajena dentro del ámbito de organización y dirección del titular de un despacho, individual o colectivo, y habilita al Gobierno para que regule dicha relación laboral especial. Esta habilitación se ha materializado en el Real Decreto 1331/2006, de 17 de noviembre, del cual se desprende que, aun cuando el ejercicio de la abogacía se realice por cuenta ajena, esto es, realizando un trabajo en el ámbito de organización y dirección de otra persona que hace suyos los frutos del trabajo y por el que se recibe una retribución, es necesario establecer una regulación específica y diferenciada de la regulación de la relación laboral común que se recoge en el Estatuto de los trabajadores y sus normas de desarrollo, en razón, precisamente, a que en aquella se dan determinadas peculiaridades o especialidades que no se concilian con la regulación que se contiene en la indicada norma sobre la relación laboral común. A los abogados se les reconocen derechos y se les imponen obligaciones en normas no estrictamente laborales, que deben ejercitar o cumplir al mismo tiempo que los derechos y deberes laborales, y cuyo incumplimiento está sometido a sanción por parte de poderes ajenos a los del empleador. Este derecho y estos deberes e incompatibilidades aparecen regulados en el Estatuto general de la abogacía española, aprobado mediante Real Decreto 658/2001, de 22 de junio, en el que se regula un régimen de responsabilidad disciplinaria en el caso de infracción de los deberes profesionales o deontológicos.</p>
<p class='parrafo'>De lo expuesto se desprende, con carácter general, que el ejercicio de la abogacía trasciende los legítimos intereses empresariales protegidos por el derecho a la libertad de empresa (art. 38 CE) y que la regulación legal de algunos aspectos del ejercicio de la profesión de la abogacía y la procura en España es una exigencia derivada de los artículos 17.3, 24 y 119 CE, pues, como dice la exposición de motivos de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de abogado y procurador de los tribunales, «estos profesionales son colaboradores fundamentales en la impartición de justicia, y la calidad del servicio que prestan redunda directamente en la tutela judicial efectiva que nuestra Constitución garantiza a la ciudadanía». Esta idea se reitera en el artículo 1 de dicha ley, que caracteriza a los miembros de la abogacía como «colaboradores en el ejercicio del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, con el fin de garantizar el acceso de los ciudadanos a un asesoramiento, defensa jurídica y representación técnica de calidad».</p>
<p class='parrafo_2'>3. La función de los colegios profesionales<em>.–</em>La especial posición de los abogados como colaboradores fundamentales en la función pública de la Administración de Justicia justifica que el artículo 544.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establezca que la colegiación «será obligatoria para actuar ante los Juzgados y Tribunales en los términos previstos en esta Ley y por la legislación general sobre colegios profesionales, salvo que actúen al servicio de las Administraciones públicas o entidades públicas por razón de dependencia funcionarial o laboral».</p>
<p class='parrafo'>La STC 89/1989 resolvió una cuestión de inconstitucionalidad planteada contra el artículo 3.2 de la Ley de colegios profesionales, el cual, en la redacción entonces vigente, disponía que «será requisito indispensable para el ejercicio de las profesiones colegiadas la incorporación al Colegio en cuyo ámbito territorial se pretenda ejercer la profesión». El Tribunal concluyó que «la colegiación obligatoria, como requisito exigido por la Ley para el ejercicio de la profesión, no constituye una vulneración del principio y derecho de libertad asociativa, activa o pasiva, ni tampoco un obstáculo para la elección profesional (art. 35 C.E.), dada la habilitación concedida al legislador por el art. 36» (FJ 8). Esta jurisprudencia «constituyen una típica especie de Corporación, reconocida por el Estado, dirigida no sólo a la consecución de fines estrictamente privados, lo que podría conseguirse con la simple asociación, sino esencialmente a garantizar que el ejercicio de la profesión —que constituye un servicio al común— se ajuste a las normas o reglas que aseguren tanto la eficacia como la eventual responsabilidad en tal ejercicio, que, por otra parte, ya ha garantizado en principio el Estado con la expedición del título habilitante» (FJ 5). No son, por tanto, los fines relacionados con los intereses corporativos de quienes integran el colegio —fines que, como acaba de recordarse, podrían alcanzarse mediante una asociación— los que justifican la legitimidad de la opción del legislador por la colegiación obligatoria, sino esos otros «fines específicos, determinados por la profesión titulada, de indudable interés público (disciplina profesional, normas deontológicas, sanciones penales o administrativas, recursos procesales, etc.)» (FJ 7).</p>
<p class='parrafo'>Tras la reforma operada por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, con la que se adaptan diversas leyes estatales a la Directiva 2006/123/CE, el legislador estatal ha configurado dos tipos de entidades corporativas, las voluntarias y las obligatorias. Con relación a las segundas, el Tribunal ha mantenido que «el requisito de la colegiación obligatoria constituye una barrera de entrada al ejercicio de la profesión y, por tanto, debe quedar limitado a aquellos casos en que se afecta, de manera grave y directa, a materias de especial interés público, como la protección de la salud y de la integridad física o de la seguridad personal o jurídica de las personas físicas, y la colegiación demuestre ser un instrumento eficiente de control del ejercicio profesional para la mejor defensa de los destinatarios de los servicios» (SSTC 3/2013, de 17 de enero, FJ 7, y 89/2013, FJ 2, entre otras).</p>
<p class='parrafo'>La calificación de una profesión como colegiada, con la consiguiente incorporación obligatoria a un colegio profesional «requiere desde el punto de vista constitucional la existencia de intereses generales que puedan verse afectados o, dicho de otro modo, la necesaria consecución de fines públicos constitucionalmente relevantes. La legitimidad de esa decisión dependerá de que el Colegio desempeñe, efectivamente, funciones de tutela del interés de quienes son destinatarios de los servicios prestados por los profesionales que lo integran, así como de la relación que exista entre la concreta actividad profesional con determinados derechos, valores y bienes constitucionalmente garantizados; extremos que podrán ser controlados por este Tribunal» (SSTC 194/1998, FJ 4; 76/2003, de 23 de abril, FJ 6, y 96/2003, de 22 de mayo, FJ 7).</p>
<p class='parrafo'>La doctrina reproducida pone de relieve la función de tutela de fines públicos constitucionalmente relevantes que llevan a cabo los colegios profesionales de abogados y procuradores, la cual justifica que, ya antes de la reforma legal que hoy se impugna, dichos colegios profesionales regularan y organizaran, a través de sus juntas de gobierno, los servicios gratuitos de asistencia letrada, defensa y representación, en atención a que la prestación del servicio de justicia gratuita ha de organizarse en aras de la protección de un derecho constitucionalmente garantizado, como es el derecho de tutela jurisdiccional respecto de quienes carezcan de medios para litigar, conforme dispone el artículo 119 CE.</p>
<p class='parrafo_2'>4. Examen de la vulneración del artículo 10 CE<em>.–</em>La argumentación dirigida a fundamentar la inconstitucionalidad de los artículos impugnados por contravenir el artículo 10 CE se refiere con carácter general a todos ellos, sin analizar por separado su distinto contenido y naturaleza y sin discriminar aquellos enunciados que, como ocurre con los tres últimos párrafos del artículo 22 y con el artículo 25 (salvo en la mención que hace a «los servicios obligatorios de asistencia jurídica gratuita»), regulan aspectos de la gestión colegial del servicio de asistencia jurídica gratuita que están dirigidos a mejorar las condiciones de los abogados o de los solicitantes del servicio, pero que no se ven afectados por el hecho de que la actividad profesional se preste de manera obligatoria o voluntaria. Se trata de los preceptos que regulan el derecho «a una compensación que tendrá carácter indemnizatorio»; la necesidad de que los colegios de abogados implanten «servicios de asesoramiento a los peticionarios de asistencia jurídica gratuita, con la finalidad de orientar y encauzar sus pretensiones»; la obligación de los colegios profesionales de garantizar «a los solicitantes de asistencia jurídica gratuita la información necesaria en relación al cumplimiento de los requisitos para su concesión, así como el auxilio en la redacción de las solicitudes correspondientes»; y la necesidad de que el Ministerio de Justicia establezca los requisitos generales mínimos de formación y especialización necesarios para prestar los servicios obligatorios de asistencia jurídica gratuita con objeto de asegurar un nivel de calidad y de competencia profesional que garantice el derecho constitucional a la defensa. Esta necesidad entendemos que no quedaría afectada por la eventual inconstitucionalidad de la obligatoriedad del servicio, pese a que los recurrentes impugnan el artículo 25 en su conjunto.</p>
<p class='parrafo'>El Tribunal comparte la apreciación del abogado del Estado cuando afirma que no alcanza a vislumbrar cómo el nuevo régimen jurídico puede contravenir el artículo 10 CE, pues en la demanda no se encuentran argumentos dirigidos a fundamentar por qué la obligatoriedad del servicio de asistencia jurídica en los términos previstos en la ley recurrida atenta contra la dignidad de la persona y contra el libre desarrollo de la personalidad. En efecto, esta obligatoriedad se modula: (i) estableciendo que los colegios profesionales son los encargados de organizar el servicio y dispensar al colegiado cuando existan razones que lo justifiquen (art. 1); (ii) encomendando a los colegios profesionales, a través de sus juntas de gobierno elegidas periódica y democráticamente por los colegiados, la regulación y organización de los servicios obligatorios de asistencia letrada, defensa y representación gratuitas, atendiendo a criterios de funcionalidad y de eficiencia (art. 22) y (iii) reconociendo el abono de las correspondientes indemnizaciones a favor de los profesionales que realicen la prestación.</p>
<p class='parrafo'>El único motivo de fondo que exponen los recurrentes para fundamentar esta queja —que también vinculan a la vulneración del derecho al trabajo recogido en el artículo 35 CE—, consiste en afirmar que «el Estado obliga al profesional no sólo a formar parte del Turno de Oficio, sino también a prestar la asistencia desde el primer instante en que se reciba la designación provisional, aun cuando aún no haya resolución de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita concediendo o denegando el derecho o archivando la solicitud». El Tribunal no comparte la alegación por la que se aduce que se vulnera la dignidad de la persona y el derecho al libre desarrollo de la personalidad por el hecho de que el servicio público que se está garantizando se realice desde el primer instante en que resulta necesario —como exige el artículo 6 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita espacio—, pues, como prevé el artículo 18 de dicha Ley, en el caso de que finalmente la comisión desestimara la pretensión, «el peticionario deberá, en su caso, abonar los honorarios y derechos económicos ocasionados por la intervención de los profesionales designados con carácter provisional, en los mismos términos previstos en el artículo 27 de la Ley».</p>
<p class='parrafo'>Procede, por tanto, desestimar este motivo del recurso.</p>
<p class='parrafo_2'>5. Examen de la vulneración del derecho a la igualdad<em>.–</em>En relación con la vulneración del derecho a la igualdad, en la demanda se aporta como término de comparación la existencia de «otros servicios esenciales, como la sanidad pública, el orden público, la defensa nacional o el sistema educativo», pero no se expone qué elementos comunes constitucionalmente relevantes entre los respectivos términos de comparación justificarían la necesidad de llevar a cabo un juicio de igualdad.</p>
<p class='parrafo'>Según jurisprudencia constitucional reiterada el principio de igualdad en la ley o en la aplicación de la ley es vulnerado cuando se produce un trato desigual, carente de justificación objetiva y razonable por parte del poder público, pero «la sola enunciación del contenido de este principio pone de manifiesto la necesidad de que, quien alegue la infracción del artículo 14 CE, en cuanto consagra el derecho a la igualdad, aporte para fundar su alegación un término de comparación válido, del que se desprenda con claridad la desigualdad denunciada, porque la infracción del derecho a la igualdad no puede valorarse aisladamente. Como derecho relacional, su infracción requiere inexcusablemente como presupuesto la existencia de una diferencia de trato entre situaciones sustancialmente iguales, cuya razonabilidad o no deberá valorarse con posterioridad. Y esta diferencia de trato es, por lo tanto, un extremo que debe ser adecuadamente puesto de manifiesto por el interesado» (STC 106/1994, de 11 de abril, FJ 2).</p>
<p class='parrafo_2'>6. Examen de la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva.–Las razones expuestas por la parte recurrente para inferir la vulneración del artículo 24 CE parten de la afirmación de que la obligatoriedad de la prestación del servicio «podría» implicar la falta de especialización y formación del profesional. En palabras de los recurrentes: «tal vez se estará generando indefensión al justiciable defendido por un profesional que no cuente con la necesaria especialización y formación», lo que, a su juicio, afectaría al derecho a un proceso público con todas las garantías.</p>
<p class='parrafo'>Esta presunción carece a nuestro juicio de fundamento, toda vez que el artículo 25 de la ley que nos ocupa, al que no se refieren los recurrentes en este punto, dispone que el Ministerio de Justicia, de manera coordinada con las comunidades autónomas competentes, previo informe de los consejos generales de la abogacía y de los procuradores de los tribunales de España «establecerá los requisitos generales mínimos de formación y especialización necesarios para prestar los servicios obligatorios de asistencia jurídica gratuita, con objeto de asegurar un nivel de calidad y de competencia profesional que garantice el derecho constitucional a la defensa. Dichos requisitos serán de obligado cumplimiento para todos los Colegios Profesionales». Además el colegio tiene potestades suficientes para controlar el cumplimiento de los estándares de calidad.</p>
<p class='parrafo'>En consecuencia, este motivo del recurso también ha de desestimarse.</p>
<p class='parrafo_2'>7. Examen de la vulneración del artículo 35 CE<em>.–</em>También se aduce la vulneración del derecho al trabajo regulado en el artículo 35 CE, como consecuencia de «la sustitución del principio de voluntariedad por el principio de obligatoriedad», pues, argumentan los recurrentes, «una cosa es que un ciudadano elija libremente la profesión de abogado, derecho que sí se sigue respetando, y otra muy distinta es que ello conlleve necesariamente la obligación de adscribirse al turno de oficio, derecho que ha dejado de respetarse».</p>
<p class='parrafo'>Tampoco esta alegación encuentra un fundamento constitucional en la apreciación del Tribunal, pues este ha venido declarando invariablemente que el hecho de que el artículo 35 CE garantice que todo ciudadano que reúna las condiciones legalmente establecidas pueda acceder libremente a una profesión u oficio no quiere decir que el legislador no pueda regular, cuando así lo requiera el interés general, el ejercicio de dicha profesión u oficio, pues «el derecho constitucionalmente garantizado en el art. 35.1 no es el derecho a desarrollar cualquier actividad, sino el de elegir libremente profesión u oficio, ni en el art. 38 se reconoce el derecho a acometer cualquier empresa, sino sólo el de iniciar y sostener en libertad la actividad empresarial, cuyo ejercicio está disciplinado por normas de muy distinto orden. La regulación de las distintas profesiones, oficios o actividades empresariales en concreto, no es por tanto una regulación del ejercicio de los derechos constitucionalmente garantizados en los arts. 35.1 o 38» (STC 83/1984, FJ 3).</p>
<p class='parrafo'>Son numerosas las normas de nuestro derecho que disciplinan, regulan y limitan el ejercicio de profesiones y oficios imponiendo para ello requisitos diversos, entre los cuales se cuenta, por ejemplo, la posesión de un determinado título académico o la incorporación a un colegio profesional, pues «el ejercicio de las profesiones tituladas, a las que se refiere el artículo 36 de la CE y cuya simple existencia (esto es, el condicionamiento de determinadas actividades a la posesión de concretos títulos académicos, protegido incluso penalmente contra el intrusismo) es impensable sin la existencia de una ley que las discipline y regule su ejercicio» (STC 83/1984, FJ 3).</p>
<p class='parrafo'>Tampoco puede reconocerse relevancia a la alegación relativa a «la mísera cuantía de los baremos indemnizatorios actualmente vigentes», pues en ninguno de los preceptos impugnados se concretan dichos baremos.</p>
<p class='parrafo'>Los recurrentes no aportan argumentos jurídicos para sustentar la queja que se formula respecto de la vulneración del derecho a la negociación colectiva y del derecho de los trabajadores a adoptar medidas de conflicto colectivo. Se trata de una mera denuncia retórica que no incluye un análisis de la titularidad y ejercicio de estos derechos en el ámbito de la abogacía ni de su ejercicio en la prestación del servicio de asistencia jurídica gratuita antes de la reforma que se impugna. Por ello debe estimarse incompleta la carga de la parte recurrente consistente en exponer los razonamientos jurídicos y los elementos de convicción que permitan corroborar su denuncia.</p>
<p class='parrafo_2'>8. Examen de la vulneración de la libertad de empresa<em>.–</em>Los recurrentes consideran que la pertenencia obligatoria al turno de oficio vulnera la libertad de empresa (art. 38 CE) alegando que, aunque el ciudadano sigue siendo libre para colegiarse como abogado o procurador, «ha perdido la libertad para decidir si, además, se adscribe o no al sistema de justicia gratuita, con independencia de que estén o no de acuerdo con la compensación económica que a cambio perciben, o con las condiciones de otra índole en las que se presta el servicio».</p>
<p class='parrafo'>Como declara la STC 89/2017, de 4 de julio, FJ 14, el artículo 38 CE establece «los límites dentro de los que necesariamente han de moverse los poderes constituidos al adoptar medidas que incidan sobre el sistema económico de nuestra sociedad. El mantenimiento de esos límites... está asegurado por una doble garantía, la de la reserva de ley y la que resulta de la atribución a cada derecho o libertad de un núcleo del que ni siquiera el legislador puede disponer, de un contenido esencial» (STC 37/1981, de 16 de noviembre, FJ 2). Lo anterior es compatible con la afirmación del Tribunal en el sentido de que «[e]l derecho a la libertad de empresa no es absoluto e incondicionado sino limitado por la regulación que, de las distintas actividades empresariales en concreto, puedan establecer los poderes públicos, limitaciones que han de venir establecidas por la ley, respetando, en todo caso, el contenido esencial del derecho» (STC 18/2011, de 3 de marzo, FJ 15, y 135/2012, de 19 de junio, FJ 5) y han de estar «derivadas de las reglas que disciplinen, proporcionada y razonablemente, el mercado» (entre otras SSTC 127/1994, de 5 de mayo, FJ 6; 109/2003, de 5 de junio, FJ 15, y 112/2006, de 5 de abril, FJ 8).</p>
<p class='parrafo'>El derecho fundamental a la libertad de empresa se ejerce, por tanto, dentro de un marco general configurado por las reglas establecidas por el legislador. Del hecho de que los preceptos recurridos impongan determinadas obligaciones a los abogados que afectan al libre ejercicio de su actividad económica no cabe deducir sin más que tal afectación sea contraria a la CE, «pues el derecho a la libertad de empresa no garantiza que el legislador no pueda establecer medidas que incidan en este derecho. El derecho fundamental a la libertad de empresa reconocido en el artículo 38 CE supone la exigencia de que las regulaciones públicas que afectan, como el caso del precepto impugnado, al ejercicio de una actividad empresarial, sean adecuadas para promover un objetivo considerado constitucionalmente legítimo y que las limitaciones que tales regulaciones impongan sobre el libre ejercicio de una actividad económica no conlleven, debido a su intensidad, una privación del referido derecho» (STC 89/2017, de 4 de julio, FJ 14).</p>
<p class='parrafo'>Para determinar la conformidad de los preceptos impugnados con el artículo 38 CE procede examinar si las concretas obligaciones establecidas por aquel, y que afectan al ejercicio de una actividad económica y no propiamente al acceso a ella, constituyen una medida adecuada para la consecución de un fin constitucionalmente legítimo (SSTC 53/2014, de 10 de abril, FJ 7; 30/2016, de 18 de febrero, FJ 6, 35/2016, de 3 de marzo, FJ 4, y 89/2017, FJ 14) y no determinan, por la intensidad de la limitación, la privación del derecho. En relación con esta última exigencia, el control que puede ejercer el Tribunal es meramente negativo y se reduce a constatar que la medida restrictiva no conlleva una limitación del derecho a la libertad de empresa que pueda determinar un impedimento práctico de su ejercicio. Son estos extremos los que corresponde examinar al Tribunal cuando tiene que analizar si la limitación que impone el legislador al derecho a la libertad de empresa es acorde con su contenido esencial. Ir más allá, en estos casos, supondría fiscalizar la oportunidad de una concreta elección del legislador, que representa la plasmación de una legítima opción política (SSTC 53/2014, de 10 de abril, FJ 7; 35/2016, de 3 de marzo, FJ 4, y 89/2017, FJ 14).</p>
<p class='parrafo'>Como se ha razonado en los fundamentos jurídicos precedentes, la obligatoriedad de prestar el servicio de asistencia jurídica gratuita trae causa de la necesidad de asegurar el derecho constitucional a la asistencia jurídica gratuita reconocido en el artículo 119 CE como derecho prestacional y de configuración legal, cuyo contenido y concretas condiciones de ejercicio corresponde delimitar al legislador atendiendo a los intereses públicos y privados implicados y a las disponibilidades presupuestarias (STC 16/1994, de 20 de enero, FJ 3). De su plena efectividad y garantía dependen importantes intereses, tanto públicos como privados, vinculados al ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva de las personas que carecen de medios económicos para litigar, por lo que no resulta inconstitucional que sean los colegios de abogados, como corporaciones de derecho público de base asociativa, los que ejerzan en este campo una función pública delegada del Estado, en los términos recogidos en los preceptos que se impugnan.</p>
<p class='parrafo'>Por todo ello, este motivo del recurso tampoco puede prosperar.</p>
<p class='centro_redonda'>FALLO</p>
<p class='parrafo_2'>En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,</p>
<p class='centro_redonda'>Ha decidido</p>
<p class='parrafo_2'>Desestimar el presente recurso de inconstitucionalidad.</p>
<p class='parrafo_2'>Publíquese esta Sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».</p>
<p class='parrafo_2'>Dada en Madrid, a cuatro de octubre de dos mil dieciocho.–Juan José González Rivas.–Andrés Ollero Tassara.–Fernando Valdés Dal-Ré.–Santiago Martínez-Vares García.–Juan Antonio Xiol Ríos.–Pedro José González-Trevijano Sánchez.–Antonio Narváez Rodríguez.–Alfredo Montoya Melgar.–Ricardo Enríquez Sancho.–Cándido Conde-Pumpido Tourón.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y rubricado.</p>
</texto>
</documento>
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Thu Nov 01 07:56:40 +0000 2018
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ECLI:ES:TC:2018:103
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Juan José González Rivas, Presidente, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez, don Alfredo Montoya Melgar, don Ricardo Enríquez Sancho, don Cándido Conde-Pumpido Tourón y doña María Luisa Balaguer Callejón, Magistrados, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de inconstitucionalidad núm. 4578-2017, interpuesto por cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea en el Congreso de los Diputados, contra los apartados primero, segundo, cuarto y quinto del artículo único de la Ley 2/2017, de 21 de junio, de modificación de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita. Ha comparecido y formulado alegaciones el Abogado del Estado. Ha sido Ponente el Magistrado don Juan Antonio Xiol Ríos, quien expresa el parecer del Tribunal.
I. Antecedentes
1. Con fecha 21 de septiembre de 2017 tuvo entrada en el registro general de este Tribunal escrito de don José Miguel Martínez-Fresneda Gambra, Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea en el Congreso de los Diputados, por el que se interpone recurso de inconstitucionalidad en relación con los apartados primero, segundo, cuarto y quinto del artículo único de la Ley 2/2017, de 21 de junio, que modifica los artículos 1, 22, 25 y 30 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita.
2. Los recurrentes inician su argumentación jurídica sosteniendo, con carácter general, que el servicio de asistencia jurídica gratuita «solo debe ser obligatorio para el Estado y, todo lo más, para los Colegios Profesionales, a condición de que estos hayan sido previamente dotados de la adecuada y necesaria asignación presupuestaria, porque en caso contrario, tampoco estarán obligados a garantizar el mantenimiento de un servicio que el propio Estado no garantice». Asimismo, afirman que «desde la supresión del servicio militar obligatorio el 1 de enero de 2002, no existe en España ninguna prestación obligatoria para ningún ciudadano o ciudadana», refiriéndose a otras actividades profesionales, como la medicina, la construcción o la hostelería que no cuentan con una obligación similar a la que aquí se impugna.
A continuación, concretan los motivos en los que fundamentan la inconstitucionalidad de los preceptos impugnados, al entender que, todos ellos, vulneran los artículos 10, 14, 24, 35, 37 y 38 de la Constitución. La argumentación encaminada a fundamentar esta queja se dirige, sin matices y con carácter general, contra todos los preceptos impugnados, en los siguientes términos:
En primer lugar se aduce la vulneración de artículo 10 CE, aportando como argumentación jurídica que la imposición unilateral por parte del Estado de esta obligación «atenta contra la dignidad de la persona y contra el derecho al libre desarrollo de su personalidad, lo que resulta expresamente prohibido por el citado precepto constitucional, que en consecuencia debe entenderse vulnerado, máxime si tenemos en cuenta que dicho servicio solo se indemnizará en caso de reconocimiento expreso del beneficio de justicia gratuita, no así cuando se deniegue ni cuando se archive la solicitud de justicia gratuita por falta de acreditación documental y pese a que el Estado obliga al profesional no solo a formar parte del Turno de Oficio, sino también a prestar la asistencia desde el primer instante en que se reciba la designación provisional, aun cuando aún no haya resolución de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita concediendo o denegando el derecho o archivando la solicitud».
En segundo término se considera vulnerado el artículo 14 CE, razonando que «imponer a un grupo de españoles la obligación de realizar un servicio público, trabajo o función social supone una discriminación frente al resto de los españoles, a quienes no se les impone esa obligación. El derecho constitucional a la defensa y a la tutela judicial efectiva de quienes carecen de medios, y el derecho a la justicia gratuita de ciertos colectivos, por muy constitucional que sea, y por muy esencial que sea el servicio de justicia gratuita que el Estado español viene obligado a prestarles, no puede servir de excusa para imponer a un determinado colectivo de ciudadanos la obligación de prestar ese servicio, estén conformes o no con la contraprestación que el Estado les ofrece a cambio de ese servicio. Otros servicios esenciales, como la sanidad pública, el orden público, la defensa nacional o el sistema educativo, no se rigen por el principio de obligatoriedad. Por tanto, la Ley recurrida vulnera el citado precepto constitucional».
En tercer lugar se considera vulnerado el artículo 24 CE, al entender que la obligación de prestar el servicio a todos los colegiados «cualquiera que sea su especialización o formación, y no respetando la vocación, voluntad de servicio o libertad de elección de los profesionales», implica la vulneración del artículo 24 CE, pues no se asegura que el justiciable carente de recursos reciba «una tutela judicial efectiva, es decir, en condiciones de igualdad con quienes tienen medios». También se considera vulnerado «el derecho a un proceso público con todas las garantías, así como el derecho a que no se produzca indefensión, pues tal vez se estará generando indefensión al justiciable defendido por un profesional que no cuente con la necesaria especialización y formación».
Asimismo, se aduce la vulneración del derecho al trabajo regulado en el artículo 35 CE, como consecuencia de «la sustitución del principio de voluntariedad por el principio de obligatoriedad». Según los recurrentes, «una cosa es que un ciudadano elija libremente la profesión de abogado, derecho que sí se sigue respetando, y otra muy distinta es que ello conlleve necesariamente la obligación de adscribirse al turno de oficio, derecho que ha dejado de respetarse», añadiendo que «el derecho a una remuneración suficiente entra en contradicción con la mísera cuantía de los baremos indemnizatorios actualmente vigentes y con la cuestión de que solo se retribuyan las actuaciones de los profesionales adscritos al turno de oficio cuando el usuario haya obtenido expreso reconocimiento del beneficio de justicia gratuita, no así cuando ese beneficio le haya sido denegado o cuando la solicitud haya sido archivada por falta de acreditación documental».
La obligación impuesta por la Ley también limitaría, a juicio de los recurrentes, el derecho a la negociación colectiva y el derecho de los trabajadores a adoptar medidas de conflicto colectivo, recogidos en el artículo 37 CE «para intentar mejorar las condiciones de trabajo en caso de flagrante injusticia, como es el caso de una renuncia masiva a realizar guardias organizada por los propios profesionales adscritos al Turno de Oficio, o una suspensión del servicio organizada por las propias corporaciones colegiales, como ya se ha hecho en varias ocasiones, y como ya no podrá hacerse a partir de la reforma».
Finalmente, la pertenencia obligatoria al turno de oficio vulneraría la libertad de empresa (art. 38 CE), toda vez que, si bien el ciudadano sigue siendo libre para colegiarse como abogado o procurador, ha perdido la libertad para decidir si, además, se adscribe o no al sistema de justicia gratuita, razonando que «la economía de mercado es un sistema por cuya virtud los trabajadores y profesionales libremente deciden con quién contratan o a quién prestan sus servicios, a cambio de una compensación económica bilateralmente negociada entre los representantes de ambas partes. El principio de obligatoriedad quiebra ese sistema», concluyendo que nunca han faltado profesionales de la abogacía dispuestos a integrarse voluntariamente en este servicio público en los veintiún años que lleva vigente la Ley, mientras que, a partir de ahora, «los y las profesionales podrán ser expulsados de la abogacía o la procuraduría si se negaran a realizar guardias o a asumir defensas o representaciones procesales de justificables beneficiarios de justicia gratuita».
3. Por providencia de 31 de octubre de 2017, la Sección Tercera de este Tribunal acordó admitir a trámite el presente recurso de inconstitucionalidad; dar traslado de la demanda y documentos presentados, conforme establece el artículo 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), al Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto de sus respectivos Presidentes, así como al Gobierno, a través del Ministro de Justicia, al objeto de que en el plazo de quince días pudieran personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimaran convenientes; y publicar la incoación del recurso en el «Boletín Oficial del Estado».
4. La Presidenta del Congreso de los Diputados, por escrito registrado el 16 de noviembre de 2017, comunicó que la Mesa de la Cámara había acordado la personación en este procedimiento, el ofrecimiento de su colaboración a los efectos del artículo 88.1 LOTC y la remisión a la Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones y a la Asesoría Jurídica de la Secretaría General.
5. Por escrito registrado el día 21 de noviembre de 2017, el Abogado del Estado, en la representación que legalmente ostenta, se personó en nombre del Gobierno de la Nación y solicitó prórroga hasta el máximo plazo legal posible para formular alegaciones, concediéndole este Tribunal, por providencia de 22 de noviembre de 2017, una prórroga de ocho días, a contar desde el siguiente al de expiración del ordinario.
6. Mediante escrito registrado el día 14 de diciembre de 2015, el abogado del Estado, en representación y defensa del Gobierno de la Nación, formuló sus alegaciones:
El abogado del Estado comienza su argumentación jurídica afirmando que los preceptos impugnados afectan al régimen interno de organización colegial de prestación del servicio de justicia gratuita, materia que es de plena configuración legal, sin que resulte desproporcionado «que el legislador instrumente los colegios de abogados y, en consecuencia, la relación especial de sujeción a la que se hallan vinculados los profesionales, para determinar las condiciones generales de prestación del servicio de asistencia jurídica gratuita, en tanto que dicho servicio constituye un principio de actuación preservado por la Constitución y, además, el turno es general e igualitario en sus condiciones y prevé las oportunas indemnizaciones para quienes en cada momento lo presten».
El representante del Estado responde a las alegaciones elevadas por los recurrentes sosteniendo que la regulación recurrida no afecta a la libertad de empresa (art. 38 CE), toda vez que los preceptos recurridos establecen una obligación dirigida a una categoría de profesionales, los abogados en ejercicio, que se halla en una situación «de relación especial de sujeción con los Colegios profesionales de los que obligatoriamente forman parte, para el ejercicio de la profesión», por lo que, a su juicio, nos hallamos ante «una relación constituida sobre la base de la delegación de potestades públicas en entes corporativos» que tiene fundamento expreso en el artículo 36 CE y, aunque los colegios profesionales se constituyen para defender primordialmente los intereses privados de sus miembros, tienen también una dimensión pública que les equipara a las Administraciones públicas de carácter territorial, pues corresponde al Estado fijar las reglas básicas relativas a su organización y competencias, aunque con menor extensión e intensidad que cuando se refiere a las Administraciones públicas en sentido estricto. Así, de acuerdo con la STC 76/2003, de 23 de abril, FJ 4, no son los fines relacionados con los intereses corporativos del colegio los que justifican la opción del legislador por la colegiación obligatoria, sino otros fines de interés público que justifican que el Estado delegue en los colegios de abogados la función pública consistente en la prestación del servicio de asistencia jurídica gratuita.
En relación con el resto de alegaciones, el abogado del Estado manifiesta que, dada la escasa argumentación jurídica expuesta por los recurrentes, no alcanza a vislumbrar cómo el nuevo régimen jurídico puede contravenir el artículo 10 CE; tampoco entiende cómo afecta al derecho a la igualdad de trato y no discriminación que garantiza el artículo 14 CE, toda vez que los recurrentes no aportan un término de comparación concreto y existen diferencias objetivas entre quienes ejercen la profesión de abogado colegiado y el resto de profesiones; ni cómo puede verse afectado el artículo 24 CE, pues la Ley recurrida exige, en el artículo 25, determinados niveles de especialización y formación para mantener la calidad del servicio; ni, finalmente, cómo la reforma infringe el artículo 37 CE pues, afirma: «muchas profesiones (quizá todas) cuyo estatuto impone la realización de actividades con carácter obligatorio, su respectiva regulación tendría supuestamente la misma tacha si pudiera entenderse que sus miembros desarrollaran actividades de interés general y tuvieran una retribución prefijada. Máxime, una vez más, cuando hablamos de un derecho –este de adopción de medidas de conflicto colectivo– que en íntima conexión con el de negociación colectiva que la Constitución prevé, posee claramente una naturaleza de derecho de configuración legal (STC 119/2014, de 16 de julio)».
7. Mediante providencia de 2 de octubre de 2018 se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 4 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1. Planteamiento.–El presente proceso constitucional tiene por objeto resolver el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea en el Congreso de los Diputados, en relación con los apartados 1, 2, 4 y 5 del artículo único de la Ley 2/2017, de 21 de junio, que modifica los artículos 1, 22, 25 y 30 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita.
Los diputados recurrentes consideran que los preceptos impugnados vulneran los artículos 10, 14, 24, 35, 37 y 38 CE. Entienden que de ellos se deriva la obligación de que todos los abogados colegiados formen parte del servicio de asistencia jurídica gratuita, cosa que, a su juicio: (i) atenta contra la dignidad de la persona y contra el derecho al libre desarrollo de la personalidad; (ii) impone a un sector de profesionales la obligación de realizar un servicio público, lo que supone una discriminación respecto del resto de españoles; (iii) infringe el derecho a la tutela judicial efectiva, toda vez que no se asegura que el justiciable carente de recursos sea defendido por un profesional que cuente con la necesaria especialización y formación; (iv) vulnera el derecho al trabajo, pues implica sustituir el principio de voluntariedad por el principio de obligatoriedad; (v) limita el derecho a la negociación colectiva y el derecho a adoptar medidas de conflicto colectivo; y (vi) vulnera la libertad de empresa, pues el ciudadano sigue siendo libre para colegiarse como abogado o procurador, pero ha perdido la libertad para decidir si, además, se adscribe o no al sistema de justicia gratuita.
El abogado del Estado sostiene, en síntesis, que la norma impugnada no incurre en ninguna de las referidas vulneraciones y solicita la desestimación del recurso. A su juicio los preceptos impugnados afectan al régimen interno de organización colegial de prestación del servicio de justicia gratuita, materia que es de plena configuración legal; y no resulta desproporcionado que el legislador instrumente los colegios de abogados y, en consecuencia, la relación especial de sujeción a la que se hallan vinculados los profesionales para determinar las condiciones generales de prestación del servicio de asistencia jurídica gratuita, dado que dicho servicio responde a un principio de actuación preservado por la Constitución y, además, el turno es general e igualitario en sus condiciones y se prevén las oportunas indemnizaciones para quienes lo presten en cada momento.
2. El estatuto de la abogacía.–Son habituales las regulaciones legales que afectan a la ordenación de las profesiones colegiadas, como ocurre, por ejemplo, con la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, que ha incorporado parcialmente al derecho español la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, y con la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, la cual, en lo que aquí importa, instó al legislador estatal, en la disposición transitoria cuarta, a concretar las profesiones cuyo ejercicio se sujeta a colegiación obligatoria «en aquellos casos y supuestos de ejercicio en que se fundamente como instrumento eficiente de control del ejercicio profesional para la mejor defensa de los destinatarios de los servicios y en aquellas actividades en que puedan verse afectadas, de manera grave y directa, materias de especial interés público, como pueden ser la protección de la salud y de la integridad física o de la seguridad personal o jurídica de las personas físicas». Esta disposición fue aceptada como conforme a la Constitución por la STC 89/2013, de 22 de abril.
Asimismo, los abogados y procuradores se ven directamente afectados por la Ley 34/2006, de acceso a las profesiones de abogado y procurador de los tribunales; por la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia o por la Ley 2/2017, de 21 de junio, de modificación de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, cuya constitucionalidad se cuestiona en este recurso.
La disposición adicional primera, apartado primero, de la Ley 22/2005, de 18 de noviembre, por la que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas comunitarias, reconoce el carácter especial de la relación laboral de los abogados que prestan servicios retribuidos por cuenta ajena dentro del ámbito de organización y dirección del titular de un despacho, individual o colectivo, y habilita al Gobierno para que regule dicha relación laboral especial. Esta habilitación se ha materializado en el Real Decreto 1331/2006, de 17 de noviembre, del cual se desprende que, aun cuando el ejercicio de la abogacía se realice por cuenta ajena, esto es, realizando un trabajo en el ámbito de organización y dirección de otra persona que hace suyos los frutos del trabajo y por el que se recibe una retribución, es necesario establecer una regulación específica y diferenciada de la regulación de la relación laboral común que se recoge en el Estatuto de los trabajadores y sus normas de desarrollo, en razón, precisamente, a que en aquella se dan determinadas peculiaridades o especialidades que no se concilian con la regulación que se contiene en la indicada norma sobre la relación laboral común. A los abogados se les reconocen derechos y se les imponen obligaciones en normas no estrictamente laborales, que deben ejercitar o cumplir al mismo tiempo que los derechos y deberes laborales, y cuyo incumplimiento está sometido a sanción por parte de poderes ajenos a los del empleador. Este derecho y estos deberes e incompatibilidades aparecen regulados en el Estatuto general de la abogacía española, aprobado mediante Real Decreto 658/2001, de 22 de junio, en el que se regula un régimen de responsabilidad disciplinaria en el caso de infracción de los deberes profesionales o deontológicos.
De lo expuesto se desprende, con carácter general, que el ejercicio de la abogacía trasciende los legítimos intereses empresariales protegidos por el derecho a la libertad de empresa (art. 38 CE) y que la regulación legal de algunos aspectos del ejercicio de la profesión de la abogacía y la procura en España es una exigencia derivada de los artículos 17.3, 24 y 119 CE, pues, como dice la exposición de motivos de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de abogado y procurador de los tribunales, «estos profesionales son colaboradores fundamentales en la impartición de justicia, y la calidad del servicio que prestan redunda directamente en la tutela judicial efectiva que nuestra Constitución garantiza a la ciudadanía». Esta idea se reitera en el artículo 1 de dicha ley, que caracteriza a los miembros de la abogacía como «colaboradores en el ejercicio del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, con el fin de garantizar el acceso de los ciudadanos a un asesoramiento, defensa jurídica y representación técnica de calidad».
3. La función de los colegios profesionales.–La especial posición de los abogados como colaboradores fundamentales en la función pública de la Administración de Justicia justifica que el artículo 544.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establezca que la colegiación «será obligatoria para actuar ante los Juzgados y Tribunales en los términos previstos en esta Ley y por la legislación general sobre colegios profesionales, salvo que actúen al servicio de las Administraciones públicas o entidades públicas por razón de dependencia funcionarial o laboral».
La STC 89/1989 resolvió una cuestión de inconstitucionalidad planteada contra el artículo 3.2 de la Ley de colegios profesionales, el cual, en la redacción entonces vigente, disponía que «será requisito indispensable para el ejercicio de las profesiones colegiadas la incorporación al Colegio en cuyo ámbito territorial se pretenda ejercer la profesión». El Tribunal concluyó que «la colegiación obligatoria, como requisito exigido por la Ley para el ejercicio de la profesión, no constituye una vulneración del principio y derecho de libertad asociativa, activa o pasiva, ni tampoco un obstáculo para la elección profesional (art. 35 C.E.), dada la habilitación concedida al legislador por el art. 36» (FJ 8). Esta jurisprudencia «constituyen una típica especie de Corporación, reconocida por el Estado, dirigida no sólo a la consecución de fines estrictamente privados, lo que podría conseguirse con la simple asociación, sino esencialmente a garantizar que el ejercicio de la profesión —que constituye un servicio al común— se ajuste a las normas o reglas que aseguren tanto la eficacia como la eventual responsabilidad en tal ejercicio, que, por otra parte, ya ha garantizado en principio el Estado con la expedición del título habilitante» (FJ 5). No son, por tanto, los fines relacionados con los intereses corporativos de quienes integran el colegio —fines que, como acaba de recordarse, podrían alcanzarse mediante una asociación— los que justifican la legitimidad de la opción del legislador por la colegiación obligatoria, sino esos otros «fines específicos, determinados por la profesión titulada, de indudable interés público (disciplina profesional, normas deontológicas, sanciones penales o administrativas, recursos procesales, etc.)» (FJ 7).
Tras la reforma operada por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, con la que se adaptan diversas leyes estatales a la Directiva 2006/123/CE, el legislador estatal ha configurado dos tipos de entidades corporativas, las voluntarias y las obligatorias. Con relación a las segundas, el Tribunal ha mantenido que «el requisito de la colegiación obligatoria constituye una barrera de entrada al ejercicio de la profesión y, por tanto, debe quedar limitado a aquellos casos en que se afecta, de manera grave y directa, a materias de especial interés público, como la protección de la salud y de la integridad física o de la seguridad personal o jurídica de las personas físicas, y la colegiación demuestre ser un instrumento eficiente de control del ejercicio profesional para la mejor defensa de los destinatarios de los servicios» (SSTC 3/2013, de 17 de enero, FJ 7, y 89/2013, FJ 2, entre otras).
La calificación de una profesión como colegiada, con la consiguiente incorporación obligatoria a un colegio profesional «requiere desde el punto de vista constitucional la existencia de intereses generales que puedan verse afectados o, dicho de otro modo, la necesaria consecución de fines públicos constitucionalmente relevantes. La legitimidad de esa decisión dependerá de que el Colegio desempeñe, efectivamente, funciones de tutela del interés de quienes son destinatarios de los servicios prestados por los profesionales que lo integran, así como de la relación que exista entre la concreta actividad profesional con determinados derechos, valores y bienes constitucionalmente garantizados; extremos que podrán ser controlados por este Tribunal» (SSTC 194/1998, FJ 4; 76/2003, de 23 de abril, FJ 6, y 96/2003, de 22 de mayo, FJ 7).
La doctrina reproducida pone de relieve la función de tutela de fines públicos constitucionalmente relevantes que llevan a cabo los colegios profesionales de abogados y procuradores, la cual justifica que, ya antes de la reforma legal que hoy se impugna, dichos colegios profesionales regularan y organizaran, a través de sus juntas de gobierno, los servicios gratuitos de asistencia letrada, defensa y representación, en atención a que la prestación del servicio de justicia gratuita ha de organizarse en aras de la protección de un derecho constitucionalmente garantizado, como es el derecho de tutela jurisdiccional respecto de quienes carezcan de medios para litigar, conforme dispone el artículo 119 CE.
4. Examen de la vulneración del artículo 10 CE.–La argumentación dirigida a fundamentar la inconstitucionalidad de los artículos impugnados por contravenir el artículo 10 CE se refiere con carácter general a todos ellos, sin analizar por separado su distinto contenido y naturaleza y sin discriminar aquellos enunciados que, como ocurre con los tres últimos párrafos del artículo 22 y con el artículo 25 (salvo en la mención que hace a «los servicios obligatorios de asistencia jurídica gratuita»), regulan aspectos de la gestión colegial del servicio de asistencia jurídica gratuita que están dirigidos a mejorar las condiciones de los abogados o de los solicitantes del servicio, pero que no se ven afectados por el hecho de que la actividad profesional se preste de manera obligatoria o voluntaria. Se trata de los preceptos que regulan el derecho «a una compensación que tendrá carácter indemnizatorio»; la necesidad de que los colegios de abogados implanten «servicios de asesoramiento a los peticionarios de asistencia jurídica gratuita, con la finalidad de orientar y encauzar sus pretensiones»; la obligación de los colegios profesionales de garantizar «a los solicitantes de asistencia jurídica gratuita la información necesaria en relación al cumplimiento de los requisitos para su concesión, así como el auxilio en la redacción de las solicitudes correspondientes»; y la necesidad de que el Ministerio de Justicia establezca los requisitos generales mínimos de formación y especialización necesarios para prestar los servicios obligatorios de asistencia jurídica gratuita con objeto de asegurar un nivel de calidad y de competencia profesional que garantice el derecho constitucional a la defensa. Esta necesidad entendemos que no quedaría afectada por la eventual inconstitucionalidad de la obligatoriedad del servicio, pese a que los recurrentes impugnan el artículo 25 en su conjunto.
El Tribunal comparte la apreciación del abogado del Estado cuando afirma que no alcanza a vislumbrar cómo el nuevo régimen jurídico puede contravenir el artículo 10 CE, pues en la demanda no se encuentran argumentos dirigidos a fundamentar por qué la obligatoriedad del servicio de asistencia jurídica en los términos previstos en la ley recurrida atenta contra la dignidad de la persona y contra el libre desarrollo de la personalidad. En efecto, esta obligatoriedad se modula: (i) estableciendo que los colegios profesionales son los encargados de organizar el servicio y dispensar al colegiado cuando existan razones que lo justifiquen (art. 1); (ii) encomendando a los colegios profesionales, a través de sus juntas de gobierno elegidas periódica y democráticamente por los colegiados, la regulación y organización de los servicios obligatorios de asistencia letrada, defensa y representación gratuitas, atendiendo a criterios de funcionalidad y de eficiencia (art. 22) y (iii) reconociendo el abono de las correspondientes indemnizaciones a favor de los profesionales que realicen la prestación.
El único motivo de fondo que exponen los recurrentes para fundamentar esta queja —que también vinculan a la vulneración del derecho al trabajo recogido en el artículo 35 CE—, consiste en afirmar que «el Estado obliga al profesional no sólo a formar parte del Turno de Oficio, sino también a prestar la asistencia desde el primer instante en que se reciba la designación provisional, aun cuando aún no haya resolución de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita concediendo o denegando el derecho o archivando la solicitud». El Tribunal no comparte la alegación por la que se aduce que se vulnera la dignidad de la persona y el derecho al libre desarrollo de la personalidad por el hecho de que el servicio público que se está garantizando se realice desde el primer instante en que resulta necesario —como exige el artículo 6 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita espacio—, pues, como prevé el artículo 18 de dicha Ley, en el caso de que finalmente la comisión desestimara la pretensión, «el peticionario deberá, en su caso, abonar los honorarios y derechos económicos ocasionados por la intervención de los profesionales designados con carácter provisional, en los mismos términos previstos en el artículo 27 de la Ley».
Procede, por tanto, desestimar este motivo del recurso.
5. Examen de la vulneración del derecho a la igualdad.–En relación con la vulneración del derecho a la igualdad, en la demanda se aporta como término de comparación la existencia de «otros servicios esenciales, como la sanidad pública, el orden público, la defensa nacional o el sistema educativo», pero no se expone qué elementos comunes constitucionalmente relevantes entre los respectivos términos de comparación justificarían la necesidad de llevar a cabo un juicio de igualdad.
Según jurisprudencia constitucional reiterada el principio de igualdad en la ley o en la aplicación de la ley es vulnerado cuando se produce un trato desigual, carente de justificación objetiva y razonable por parte del poder público, pero «la sola enunciación del contenido de este principio pone de manifiesto la necesidad de que, quien alegue la infracción del artículo 14 CE, en cuanto consagra el derecho a la igualdad, aporte para fundar su alegación un término de comparación válido, del que se desprenda con claridad la desigualdad denunciada, porque la infracción del derecho a la igualdad no puede valorarse aisladamente. Como derecho relacional, su infracción requiere inexcusablemente como presupuesto la existencia de una diferencia de trato entre situaciones sustancialmente iguales, cuya razonabilidad o no deberá valorarse con posterioridad. Y esta diferencia de trato es, por lo tanto, un extremo que debe ser adecuadamente puesto de manifiesto por el interesado» (STC 106/1994, de 11 de abril, FJ 2).
6. Examen de la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva.–Las razones expuestas por la parte recurrente para inferir la vulneración del artículo 24 CE parten de la afirmación de que la obligatoriedad de la prestación del servicio «podría» implicar la falta de especialización y formación del profesional. En palabras de los recurrentes: «tal vez se estará generando indefensión al justiciable defendido por un profesional que no cuente con la necesaria especialización y formación», lo que, a su juicio, afectaría al derecho a un proceso público con todas las garantías.
Esta presunción carece a nuestro juicio de fundamento, toda vez que el artículo 25 de la ley que nos ocupa, al que no se refieren los recurrentes en este punto, dispone que el Ministerio de Justicia, de manera coordinada con las comunidades autónomas competentes, previo informe de los consejos generales de la abogacía y de los procuradores de los tribunales de España «establecerá los requisitos generales mínimos de formación y especialización necesarios para prestar los servicios obligatorios de asistencia jurídica gratuita, con objeto de asegurar un nivel de calidad y de competencia profesional que garantice el derecho constitucional a la defensa. Dichos requisitos serán de obligado cumplimiento para todos los Colegios Profesionales». Además el colegio tiene potestades suficientes para controlar el cumplimiento de los estándares de calidad.
En consecuencia, este motivo del recurso también ha de desestimarse.
7. Examen de la vulneración del artículo 35 CE.–También se aduce la vulneración del derecho al trabajo regulado en el artículo 35 CE, como consecuencia de «la sustitución del principio de voluntariedad por el principio de obligatoriedad», pues, argumentan los recurrentes, «una cosa es que un ciudadano elija libremente la profesión de abogado, derecho que sí se sigue respetando, y otra muy distinta es que ello conlleve necesariamente la obligación de adscribirse al turno de oficio, derecho que ha dejado de respetarse».
Tampoco esta alegación encuentra un fundamento constitucional en la apreciación del Tribunal, pues este ha venido declarando invariablemente que el hecho de que el artículo 35 CE garantice que todo ciudadano que reúna las condiciones legalmente establecidas pueda acceder libremente a una profesión u oficio no quiere decir que el legislador no pueda regular, cuando así lo requiera el interés general, el ejercicio de dicha profesión u oficio, pues «el derecho constitucionalmente garantizado en el art. 35.1 no es el derecho a desarrollar cualquier actividad, sino el de elegir libremente profesión u oficio, ni en el art. 38 se reconoce el derecho a acometer cualquier empresa, sino sólo el de iniciar y sostener en libertad la actividad empresarial, cuyo ejercicio está disciplinado por normas de muy distinto orden. La regulación de las distintas profesiones, oficios o actividades empresariales en concreto, no es por tanto una regulación del ejercicio de los derechos constitucionalmente garantizados en los arts. 35.1 o 38» (STC 83/1984, FJ 3).
Son numerosas las normas de nuestro derecho que disciplinan, regulan y limitan el ejercicio de profesiones y oficios imponiendo para ello requisitos diversos, entre los cuales se cuenta, por ejemplo, la posesión de un determinado título académico o la incorporación a un colegio profesional, pues «el ejercicio de las profesiones tituladas, a las que se refiere el artículo 36 de la CE y cuya simple existencia (esto es, el condicionamiento de determinadas actividades a la posesión de concretos títulos académicos, protegido incluso penalmente contra el intrusismo) es impensable sin la existencia de una ley que las discipline y regule su ejercicio» (STC 83/1984, FJ 3).
Tampoco puede reconocerse relevancia a la alegación relativa a «la mísera cuantía de los baremos indemnizatorios actualmente vigentes», pues en ninguno de los preceptos impugnados se concretan dichos baremos.
Los recurrentes no aportan argumentos jurídicos para sustentar la queja que se formula respecto de la vulneración del derecho a la negociación colectiva y del derecho de los trabajadores a adoptar medidas de conflicto colectivo. Se trata de una mera denuncia retórica que no incluye un análisis de la titularidad y ejercicio de estos derechos en el ámbito de la abogacía ni de su ejercicio en la prestación del servicio de asistencia jurídica gratuita antes de la reforma que se impugna. Por ello debe estimarse incompleta la carga de la parte recurrente consistente en exponer los razonamientos jurídicos y los elementos de convicción que permitan corroborar su denuncia.
8. Examen de la vulneración de la libertad de empresa.–Los recurrentes consideran que la pertenencia obligatoria al turno de oficio vulnera la libertad de empresa (art. 38 CE) alegando que, aunque el ciudadano sigue siendo libre para colegiarse como abogado o procurador, «ha perdido la libertad para decidir si, además, se adscribe o no al sistema de justicia gratuita, con independencia de que estén o no de acuerdo con la compensación económica que a cambio perciben, o con las condiciones de otra índole en las que se presta el servicio».
Como declara la STC 89/2017, de 4 de julio, FJ 14, el artículo 38 CE establece «los límites dentro de los que necesariamente han de moverse los poderes constituidos al adoptar medidas que incidan sobre el sistema económico de nuestra sociedad. El mantenimiento de esos límites... está asegurado por una doble garantía, la de la reserva de ley y la que resulta de la atribución a cada derecho o libertad de un núcleo del que ni siquiera el legislador puede disponer, de un contenido esencial» (STC 37/1981, de 16 de noviembre, FJ 2). Lo anterior es compatible con la afirmación del Tribunal en el sentido de que «[e]l derecho a la libertad de empresa no es absoluto e incondicionado sino limitado por la regulación que, de las distintas actividades empresariales en concreto, puedan establecer los poderes públicos, limitaciones que han de venir establecidas por la ley, respetando, en todo caso, el contenido esencial del derecho» (STC 18/2011, de 3 de marzo, FJ 15, y 135/2012, de 19 de junio, FJ 5) y han de estar «derivadas de las reglas que disciplinen, proporcionada y razonablemente, el mercado» (entre otras SSTC 127/1994, de 5 de mayo, FJ 6; 109/2003, de 5 de junio, FJ 15, y 112/2006, de 5 de abril, FJ 8).
El derecho fundamental a la libertad de empresa se ejerce, por tanto, dentro de un marco general configurado por las reglas establecidas por el legislador. Del hecho de que los preceptos recurridos impongan determinadas obligaciones a los abogados que afectan al libre ejercicio de su actividad económica no cabe deducir sin más que tal afectación sea contraria a la CE, «pues el derecho a la libertad de empresa no garantiza que el legislador no pueda establecer medidas que incidan en este derecho. El derecho fundamental a la libertad de empresa reconocido en el artículo 38 CE supone la exigencia de que las regulaciones públicas que afectan, como el caso del precepto impugnado, al ejercicio de una actividad empresarial, sean adecuadas para promover un objetivo considerado constitucionalmente legítimo y que las limitaciones que tales regulaciones impongan sobre el libre ejercicio de una actividad económica no conlleven, debido a su intensidad, una privación del referido derecho» (STC 89/2017, de 4 de julio, FJ 14).
Para determinar la conformidad de los preceptos impugnados con el artículo 38 CE procede examinar si las concretas obligaciones establecidas por aquel, y que afectan al ejercicio de una actividad económica y no propiamente al acceso a ella, constituyen una medida adecuada para la consecución de un fin constitucionalmente legítimo (SSTC 53/2014, de 10 de abril, FJ 7; 30/2016, de 18 de febrero, FJ 6, 35/2016, de 3 de marzo, FJ 4, y 89/2017, FJ 14) y no determinan, por la intensidad de la limitación, la privación del derecho. En relación con esta última exigencia, el control que puede ejercer el Tribunal es meramente negativo y se reduce a constatar que la medida restrictiva no conlleva una limitación del derecho a la libertad de empresa que pueda determinar un impedimento práctico de su ejercicio. Son estos extremos los que corresponde examinar al Tribunal cuando tiene que analizar si la limitación que impone el legislador al derecho a la libertad de empresa es acorde con su contenido esencial. Ir más allá, en estos casos, supondría fiscalizar la oportunidad de una concreta elección del legislador, que representa la plasmación de una legítima opción política (SSTC 53/2014, de 10 de abril, FJ 7; 35/2016, de 3 de marzo, FJ 4, y 89/2017, FJ 14).
Como se ha razonado en los fundamentos jurídicos precedentes, la obligatoriedad de prestar el servicio de asistencia jurídica gratuita trae causa de la necesidad de asegurar el derecho constitucional a la asistencia jurídica gratuita reconocido en el artículo 119 CE como derecho prestacional y de configuración legal, cuyo contenido y concretas condiciones de ejercicio corresponde delimitar al legislador atendiendo a los intereses públicos y privados implicados y a las disponibilidades presupuestarias (STC 16/1994, de 20 de enero, FJ 3). De su plena efectividad y garantía dependen importantes intereses, tanto públicos como privados, vinculados al ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva de las personas que carecen de medios económicos para litigar, por lo que no resulta inconstitucional que sean los colegios de abogados, como corporaciones de derecho público de base asociativa, los que ejerzan en este campo una función pública delegada del Estado, en los términos recogidos en los preceptos que se impugnan.
Por todo ello, este motivo del recurso tampoco puede prosperar.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Desestimar el presente recurso de inconstitucionalidad.
Publíquese esta Sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a cuatro de octubre de dos mil dieciocho.–Juan José González Rivas.–Andrés Ollero Tassara.–Fernando Valdés Dal-Ré.–Santiago Martínez-Vares García.–Juan Antonio Xiol Ríos.–Pedro José González-Trevijano Sánchez.–Antonio Narváez Rodríguez.–Alfredo Montoya Melgar.–Ricardo Enríquez Sancho.–Cándido Conde-Pumpido Tourón.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y rubricado.
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Para celebrar el festivo, vamos con rondita de sentencias del Constitucional. Empezamos con la que avala que el turno de oficio sea obligatorio para los abogados, tras rechazar el recurso de Podemos. + info, por ejemplo, aquí: #BOE
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OTROS_ANUNCIOS
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Tribunal Constitucional
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Sentencias del Constitucional que avala que el turno de oficio sea obligatorio para los abogados, tras rechazar el recurso de Podemos.
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"8",
"78",
"974",
"4024",
"4705",
"5904"
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2013-04-23
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BOE-B-2013-33317
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Resolución de 8 de abril de 2013, de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Aragón-Estado en relación con la Ley de 5/2012, de 7 de junio, de Estabilidad Presupuestaria de Aragón.
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<identificador>BOE-A-2013-4318</identificador>
<titulo>Resolución de 8 de abril de 2013, de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Aragón-Estado en relación con la Ley de 5/2012, de 7 de junio, de Estabilidad Presupuestaria de Aragón.</titulo>
<diario codigo='BOE'>Boletín Oficial del Estado</diario>
<diario_numero>97</diario_numero>
<seccion>3</seccion>
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<departamento codigo='9216'>Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas</departamento>
<rango codigo='1370'>Resolución</rango>
<numero_oficial></numero_oficial>
<fecha_disposicion>20130408</fecha_disposicion>
<fecha_publicacion>20130423</fecha_publicacion>
<fecha_vigencia></fecha_vigencia>
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<estatus_legislativo></estatus_legislativo>
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<judicialmente_anulada>N</judicialmente_anulada>
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<estatus_derogacion>N</estatus_derogacion>
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<referencias>
<anteriores></anteriores>
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</analisis>
<texto>
<p class='parrafo'>Conforme a lo establecido en el artículo 33 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, modificado por la Ley Orgánica 1/2000, de 7 de enero, esta Secretaría General, dispone la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del acuerdo que se transcribe como anexo a la presente resolución.</p>
<p class='parrafo_2'>Madrid, 8 de abril de 2013.–La Secretaria General de Coordinación Autonómica y Local, Rosana Navarro Heras.</p>
<p class='anexo_num'>ANEXO</p>
<p class='anexo_tit'>Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Aragón-Estado en relación con la Ley de 5/2012, de 7 de junio, de estabilidad presupuestaria de Aragón</p>
<p class='parrafo_2'>La Comisión Bilateral de Cooperación Aragón-Estado ha adoptado el siguiente Acuerdo:</p>
<p class='parrafo_2'>1.º De conformidad con las negociaciones previas celebradas por el Grupo de Trabajo constituido en cumplimiento de lo previsto en el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Aragón-Estado, de fecha 23 de julio de 2012, para el estudio y propuesta de solución de las discrepancias competenciales manifestadas ambas partes las consideran solventadas en razón a las consideraciones que se exponen a continuación y los compromisos siguientes asumidos respecto de los preceptos de dicha Ley:</p>
<p class='parrafo'>Con carácter general se considera necesaria la adecuación de la redacción de los preceptos controvertidos a las previsiones de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en orden a evitar eventuales discrepancias futuras en su aplicación, quedando redactados, en consecuencia, en los siguientes términos:</p>
<p class='parrafo_2'>a) Artículo 10: «1. La comunidad Autónoma de Aragón no podrá incurrir en déficit estructural, definido como ajustado del ciclo, neto de medidas excepcionales y temporales.</p>
<p class='parrafo'>2. Los límites de déficit estructural sólo podrán superarse en casos de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria en los términos establecidos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.»</p>
<p class='parrafo'>b) Artículo 11. Queda suprimido.</p>
<p class='parrafo'>c) Artículo 13.2: «2. La evolución del gasto no financiero se adecuará a la regla de gasto establecida en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.»</p>
<p class='parrafo_2'>2.º En razón al acuerdo alcanzado ambas partes coinciden en considerar resueltas las discrepancias manifestadas y concluida la controversia planteada.</p>
<p class='parrafo'>3.º Comunicar este Acuerdo al Tribunal Constitucional a los efectos previstos en el artículo 33.2 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, así como insertar el presente Acuerdo en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Boletín Oficial de Aragón».</p>
</texto>
</documento>
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Tue Apr 23 07:25:22 +0000 2013
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Conforme a lo establecido en el artículo 33 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, modificado por la Ley Orgánica 1/2000, de 7 de enero, esta Secretaría General, dispone la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del acuerdo que se transcribe como anexo a la presente resolución.
Madrid, 8 de abril de 2013.–La Secretaria General de Coordinación Autonómica y Local, Rosana Navarro Heras.
ANEXO
Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Aragón-Estado en relación con la Ley de 5/2012, de 7 de junio, de estabilidad presupuestaria de Aragón
La Comisión Bilateral de Cooperación Aragón-Estado ha adoptado el siguiente Acuerdo:
1.º De conformidad con las negociaciones previas celebradas por el Grupo de Trabajo constituido en cumplimiento de lo previsto en el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Aragón-Estado, de fecha 23 de julio de 2012, para el estudio y propuesta de solución de las discrepancias competenciales manifestadas ambas partes las consideran solventadas en razón a las consideraciones que se exponen a continuación y los compromisos siguientes asumidos respecto de los preceptos de dicha Ley:
Con carácter general se considera necesaria la adecuación de la redacción de los preceptos controvertidos a las previsiones de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en orden a evitar eventuales discrepancias futuras en su aplicación, quedando redactados, en consecuencia, en los siguientes términos:
a) Artículo 10: «1. La comunidad Autónoma de Aragón no podrá incurrir en déficit estructural, definido como ajustado del ciclo, neto de medidas excepcionales y temporales.
2. Los límites de déficit estructural sólo podrán superarse en casos de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria en los términos establecidos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.»
b) Artículo 11. Queda suprimido.
c) Artículo 13.2: «2. La evolución del gasto no financiero se adecuará a la regla de gasto establecida en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.»
2.º En razón al acuerdo alcanzado ambas partes coinciden en considerar resueltas las discrepancias manifestadas y concluida la controversia planteada.
3.º Comunicar este Acuerdo al Tribunal Constitucional a los efectos previstos en el artículo 33.2 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, así como insertar el presente Acuerdo en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Boletín Oficial de Aragón».
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Comis. bilat. Gob-Aragón x tasas, ley del juego y estabi presupuestaria
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CONTRATOS_LICITACIONES
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Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
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Comisión bilateral Estado-Aragón para las tasas, ley del juego y estabilidad presupuestaria.
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[] | 3,384
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2013-09-10
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BOE-B-2014-37545
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Resolución de la Ciudad Autónoma de Melilla, por la que se hace pública la formalización del contrato de Servicio de 'instalación, montaje, puesta en servicio, mantenimiento y desmontaje de las instalaciones extraordinarias de alumbrado y usos varios, a instalar con motivo de las fiestas en honor de la patrona de la Ciudad Autónoma de Melilla, Virgen de la Victoria, en 2013'.
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<identificador>BOE-B-2013-33317</identificador>
<titulo>Resolución de la Ciudad Autónoma de Melilla, por la que se hace pública la formalización del contrato de Servicio de 'instalación, montaje, puesta en servicio, mantenimiento y desmontaje de las instalaciones extraordinarias de alumbrado y usos varios, a instalar con motivo de las fiestas en honor de la patrona de la Ciudad Autónoma de Melilla, Virgen de la Victoria, en 2013'.</titulo>
<diario codigo='BOE'>Boletín Oficial del Estado</diario>
<diario_numero>217</diario_numero>
<seccion>5</seccion>
<subseccion>A</subseccion>
<departamento codigo='8190'>Ciudad de Melilla</departamento>
<numero_anuncio>A130049109</numero_anuncio>
<fecha_publicacion>20130910</fecha_publicacion>
<letra_imagen>B</letra_imagen>
<pagina_inicial>44946</pagina_inicial>
<pagina_final>44946</pagina_final>
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<suplemento_pagina_inicial></suplemento_pagina_inicial>
<suplemento_pagina_final></suplemento_pagina_final>
<url_pdf>/boe/dias/2013/09/10/pdfs/BOE-B-2013-33317.pdf</url_pdf>
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<analisis>
<modalidad codigo='F'>Formalización contrato</modalidad>
<tipo codigo='2'>Servicios</tipo>
<tramitacion codigo='1'>Ordinaria</tramitacion>
<procedimiento codigo='1'>Abierto</procedimiento>
<fecha_presentacion_ofertas></fecha_presentacion_ofertas>
<fecha_apertura_ofertas></fecha_apertura_ofertas>
<precio codigo=''></precio>
<importe>227.691,17</importe>
<ambito_geografico>Ciudad de Melilla</ambito_geografico>
<materias></materias>
<materias_cpv>50200000 Servicios de reparación y mantenimiento
51000000 Servicios de instalación (excepto software)</materias_cpv>
<observaciones></observaciones>
</analisis>
<texto>
<dl>
<dt>1. Entidad adjudicadora: </dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) Organismo: </dt>
<dd>Ciudad Autónoma de Melilla.</dd>
<dt>b) Dependencia que tramita el expediente: </dt>
<dd>Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana. Negociado de Contratación.</dd>
<dt>c) Número de expediente: </dt>
<dd>31/2013.</dd>
<dt>d) Dirección de Internet del perfil del contratante: </dt>
<dd>www.melilla.es.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>2. Objeto del contrato: </dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) Tipo: </dt>
<dd>Servicio.</dd>
<dt>b) Descripción: </dt>
<dd>Instalación, montaje, puesta en servicio, mantenimiento y desmontaje de las instalaciones extraordinarias de alumbrado y usos varios, a instalar con motivo de las fiestas en honor de la patrona de la Ciudad Autónoma de Melilla, Virgen de la Victoria, en 2013.</dd>
<dt>d) CPV (Referencia de Nomenclatura): </dt>
<dd>51112000.</dd>
<dt>g) Medio de publicación del anuncio de licitación: </dt>
<dd>DOUE y BOE número 92.</dd>
<dt>h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: </dt>
<dd>5/04/2013 y 17/04/2013.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>3. Tramitación y procedimiento:</dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) Tramitación: </dt>
<dd>Ordinaria.</dd>
<dt>b) Procedimiento: </dt>
<dd>Abierto.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>4. Valor estimado del contrato:</dt>
<dd>291.911,76 euros.</dd>
<dt>5. Presupuesto base de licitación.</dt>
<dd> Importe neto: 291.911,76 euros. Importe total: 303.588,23 euros, Ipsi 4% incluido. </dd>
<dt>6. Formalización del contrato:</dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) Fecha de adjudicación: </dt>
<dd>10 de julio de 2013.</dd>
<dt>b) Fecha de formalización del contrato: </dt>
<dd>14 de agosto de 2013.</dd>
<dt>c) Contratista: </dt>
<dd>Himosa, S.L. (Hijos de Moreno S.A.) CIF: A-29904000.</dd>
<dt>d) Importe o canon de adjudicación: </dt>
<dd> Importe neto: 218.933,82 euros. Importe total: Importe total: 227.691,17 euros, Ipsi 4 % incluido. </dd>
</dl>
</dd>
</dl>
<p class='parrafo_2'>Melilla, 29 de agosto de 2013.- La Secretaría Técnica de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana.</p>
</texto>
</documento>
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Tue Sep 10 08:12:07 +0000 2013
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1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo:
Ciudad Autónoma de Melilla.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana. Negociado de Contratación.
c) Número de expediente:
31/2013.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante:
www.melilla.es.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo:
Servicio.
b) Descripción:
Instalación, montaje, puesta en servicio, mantenimiento y desmontaje de las instalaciones extraordinarias de alumbrado y usos varios, a instalar con motivo de las fiestas en honor de la patrona de la Ciudad Autónoma de Melilla, Virgen de la Victoria, en 2013.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura):
51112000.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación:
DOUE y BOE número 92.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación:
5/04/2013 y 17/04/2013.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación:
Ordinaria.
b) Procedimiento:
Abierto.
4. Valor estimado del contrato:
291.911,76 euros.
5. Presupuesto base de licitación.
Importe neto: 291.911,76 euros. Importe total: 303.588,23 euros, Ipsi 4% incluido.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación:
10 de julio de 2013.
b) Fecha de formalización del contrato:
14 de agosto de 2013.
c) Contratista:
Himosa, S.L. (Hijos de Moreno S.A.) CIF: A-29904000.
d) Importe o canon de adjudicación:
Importe neto: 218.933,82 euros. Importe total: Importe total: 227.691,17 euros, Ipsi 4 % incluido.
Melilla, 29 de agosto de 2013.- La Secretaría Técnica de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana.
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Alumbrado para las fiestas patronales de Melilla: 227.691 euros #BOE #party
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OTROS_ANUNCIOS
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Ciudad de Melilla
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Alumbrado para las fiestas patronales de Melilla cuestan un total de 227.691,17 euros.
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[] | 3,385
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2012-11-30
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BOE-B-2017-16451
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Resolución de 7 de noviembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se conceden las ayudas a la inversión en capital para incrementar la oferta legal de contenidos digitales culturales en Internet y para promover la modernización e innovación de las industrias culturales y creativas, correspondientes al año 2012.
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<documento fecha_actualizacion='20181023185458'>
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<identificador>BOE-A-2012-14681</identificador>
<titulo>Resolución de 7 de noviembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se conceden las ayudas a la inversión en capital para incrementar la oferta legal de contenidos digitales culturales en Internet y para promover la modernización e innovación de las industrias culturales y creativas, correspondientes al año 2012.</titulo>
<diario codigo='BOE'>Boletín Oficial del Estado</diario>
<diario_numero>288</diario_numero>
<seccion>3</seccion>
<subseccion></subseccion>
<departamento codigo='4220'>Ministerio de Educación, Cultura y Deporte</departamento>
<rango codigo='1370'>Resolución</rango>
<numero_oficial></numero_oficial>
<fecha_disposicion>20121107</fecha_disposicion>
<fecha_publicacion>20121130</fecha_publicacion>
<fecha_vigencia></fecha_vigencia>
<fecha_derogacion></fecha_derogacion>
<letra_imagen>A</letra_imagen>
<pagina_inicial>83066</pagina_inicial>
<pagina_final>83075</pagina_final>
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<suplemento_pagina_inicial></suplemento_pagina_inicial>
<suplemento_pagina_final></suplemento_pagina_final>
<estatus_legislativo></estatus_legislativo>
<origen_legislativo codigo='1'>Estatal</origen_legislativo>
<estado_consolidacion codigo=''></estado_consolidacion>
<judicialmente_anulada>N</judicialmente_anulada>
<vigencia_agotada>N</vigencia_agotada>
<estatus_derogacion>N</estatus_derogacion>
<url_epub></url_epub>
<url_pdf>/boe/dias/2012/11/30/pdfs/BOE-A-2012-14681.pdf</url_pdf>
<url_pdf_catalan></url_pdf_catalan>
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<url_pdf_gallego></url_pdf_gallego>
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<analisis>
<notas></notas>
<materias></materias>
<alertas>
<alerta codigo='107' orden=''>Cultura y ocio</alerta>
<alerta codigo='118' orden=''>Industria</alerta>
<alerta codigo='130' orden=''>Telecomunicaciones</alerta>
</alertas>
<referencias>
<anteriores></anteriores>
<posteriores></posteriores>
</referencias>
</analisis>
<texto>
<p class='parrafo'>La Orden CUL/2912/2010 de 10 de noviembre («Boletín Oficial del Estado» de 13 de noviembre de 2010) establece las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas del Ministerio de Cultura en régimen de concurrencia competitiva. Por la Resolución de 29 de mayo de 2012, de la Secretaría de Estado de Cultura («Boletín Oficial del Estado» de 16 de junio de 2012) se convocan las ayudas a la inversión en capital para incrementar la oferta legal de contenidos digitales culturales en Internet y para promover la modernización e innovación de las industrias culturales y creativas, correspondientes al año 2012.</p>
<p class='parrafo'>De conformidad con lo dispuesto en la citada resolución, la Comisión de Valoración ha examinado y valorado las solicitudes presentadas a la convocatoria, habiendo dado traslado de la propuesta a la Subdirección General de Promoción de Industrias Culturales y Mecenazgo, órgano instructor del procedimiento, para la concesión de determinadas ayudas a los solicitantes seleccionados.</p>
<p class='parrafo'>Los criterios tenidos en cuenta por la Comisión de Valoración para la selección de solicitudes han sido los que figuran en el artículo 9.5 de la Resolución de 29 de mayo de 2012, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se convocan las ayudas a la inversión en capital para incrementar la oferta legal de contenidos digitales culturales en Internet y para promover la modernización e innovación de las industrias culturales y creativas, correspondientes al año 2012.</p>
<p class='parrafo'>En virtud de ello, vistas todas las solicitudes presentadas a la convocatoria, vista la propuesta elaborada por la Comisión de Valoración en su reunión de 16 de octubre de 2012, vista la propuesta de resolución definitiva de la Subdirección General de Promoción de Industrias Culturales y Mecenazgo y de conformidad con lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en la Orden CUL/2912/2010 de 10 de noviembre y en la Resolución de 29 de mayo de 2012, dispongo:</p>
<p class='articulo'>Primero.</p>
<p class='parrafo'>Conceder ayudas a las entidades que se relacionan en el Anexo I de la presente resolución, para la realización de los proyectos que en el mismo se mencionan y en las cuantías que allí se señalan.</p>
<p class='articulo'>Segundo.</p>
<p class='parrafo'>Indicar una relación, que figura en el Anexo II, de todos los interesados que, cumpliendo con las condiciones administrativas y técnicas establecidas en las bases reguladoras para adquirir la condición de beneficiario, no hayan sido estimados por rebasarse la cuantía máxima del crédito fijado en la convocatoria.</p>
<p class='parrafo'>En este supuesto, si se renunciase a la subvención por alguno de los beneficiarios, el órgano concedente acordará, sin necesidad de una nueva convocatoria, la concesión de la subvención al solicitante o solicitantes siguientes a aquél en orden de puntuación, siempre y cuando con la renuncia por parte de alguno de los beneficiarios, se haya liberado crédito suficiente para atender al menos una de las solicitudes de ese Anexo II.</p>
<p class='articulo'>Tercero.</p>
<p class='parrafo'>Fijar el 31 de marzo de 2013 como término para llevar a cabo las actividades objeto de las ayudas, así como para comprometer todos los gastos vinculados a las mismas.</p>
<p class='parrafo'>La realización de estas actividades será justificada por los beneficiarios, ante la Subdirección General de Promoción de Industrias Culturales y Mecenazgo, en los tres meses siguientes a la terminación del plazo establecido en el párrafo anterior, de conformidad con lo establecido en los artículos 12.3, 12.4 y Anexo IV de la Resolución de 29 de mayo de 2012, de la Secretaría de Estado de Cultura por la que se convocan las ayudas a la inversión en capital para incrementar la oferta legal de contenidos digitales culturales en Internet y para promover la modernización e innovación de las industrias culturales y creativas, correspondientes al año 2012.</p>
<p class='parrafo'>Asimismo los beneficiarios se comprometen al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 13 de la citada Resolución.</p>
<p class='articulo'>Cuarto.</p>
<p class='parrafo'>Denegar el resto de las solicitudes que figuran en el Anexo III del acta de la Comisión de Valoración, cuyo contenido se encuentra a disposición de los interesados en la Subdirección General de Promoción de Industrias Culturales y Mecenazgo.</p>
<p class='articulo'>Quinto.</p>
<p class='parrafo'>Declarar excluidas las solicitudes que figuran en el Anexo IV del acta de la Comisión de Valoración, por no cumplir con los requisitos establecidos para poder participar en la convocatoria o por desistimiento de los interesados, cuyo contenido se encuentra a disposición de los interesados en la Subdirección General de Promoción de Industrias Culturales y Mecenazgo.</p>
<p class='parrafo'>Esta resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, conforme a lo previsto en la legislación procesal, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».</p>
<p class='parrafo'>Asimismo, la presente resolución podrá ser recurrida potestativamente en reposición, en el plazo de un mes y ante el mismo órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.</p>
<p class='parrafo'>La presentación del mencionado recurso potestativo de reposición podrá efectuarse, además de en los lugares establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a través de la Sede electrónica de la Secretaría de Estado de Cultura, siempre que se posea un certificado de firma electrónica con plena validez.</p>
<p class='parrafo_2'>Lo que se hace público conforme al artículo 59.6 de la citada Ley 30/1992, en relación con el artículo 26 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.</p>
<p class='parrafo_2'>Madrid, 7 de noviembre de 2012.–El Secretario de Estado de Cultura, José María Lasalle Ruiz.</p>
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Fri Nov 30 11:44:55 +0000 2012
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La Orden CUL/2912/2010 de 10 de noviembre («Boletín Oficial del Estado» de 13 de noviembre de 2010) establece las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas del Ministerio de Cultura en régimen de concurrencia competitiva. Por la Resolución de 29 de mayo de 2012, de la Secretaría de Estado de Cultura («Boletín Oficial del Estado» de 16 de junio de 2012) se convocan las ayudas a la inversión en capital para incrementar la oferta legal de contenidos digitales culturales en Internet y para promover la modernización e innovación de las industrias culturales y creativas, correspondientes al año 2012.
De conformidad con lo dispuesto en la citada resolución, la Comisión de Valoración ha examinado y valorado las solicitudes presentadas a la convocatoria, habiendo dado traslado de la propuesta a la Subdirección General de Promoción de Industrias Culturales y Mecenazgo, órgano instructor del procedimiento, para la concesión de determinadas ayudas a los solicitantes seleccionados.
Los criterios tenidos en cuenta por la Comisión de Valoración para la selección de solicitudes han sido los que figuran en el artículo 9.5 de la Resolución de 29 de mayo de 2012, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se convocan las ayudas a la inversión en capital para incrementar la oferta legal de contenidos digitales culturales en Internet y para promover la modernización e innovación de las industrias culturales y creativas, correspondientes al año 2012.
En virtud de ello, vistas todas las solicitudes presentadas a la convocatoria, vista la propuesta elaborada por la Comisión de Valoración en su reunión de 16 de octubre de 2012, vista la propuesta de resolución definitiva de la Subdirección General de Promoción de Industrias Culturales y Mecenazgo y de conformidad con lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en la Orden CUL/2912/2010 de 10 de noviembre y en la Resolución de 29 de mayo de 2012, dispongo:
Primero.
Conceder ayudas a las entidades que se relacionan en el Anexo I de la presente resolución, para la realización de los proyectos que en el mismo se mencionan y en las cuantías que allí se señalan.
Segundo.
Indicar una relación, que figura en el Anexo II, de todos los interesados que, cumpliendo con las condiciones administrativas y técnicas establecidas en las bases reguladoras para adquirir la condición de beneficiario, no hayan sido estimados por rebasarse la cuantía máxima del crédito fijado en la convocatoria.
En este supuesto, si se renunciase a la subvención por alguno de los beneficiarios, el órgano concedente acordará, sin necesidad de una nueva convocatoria, la concesión de la subvención al solicitante o solicitantes siguientes a aquél en orden de puntuación, siempre y cuando con la renuncia por parte de alguno de los beneficiarios, se haya liberado crédito suficiente para atender al menos una de las solicitudes de ese Anexo II.
Tercero.
Fijar el 31 de marzo de 2013 como término para llevar a cabo las actividades objeto de las ayudas, así como para comprometer todos los gastos vinculados a las mismas.
La realización de estas actividades será justificada por los beneficiarios, ante la Subdirección General de Promoción de Industrias Culturales y Mecenazgo, en los tres meses siguientes a la terminación del plazo establecido en el párrafo anterior, de conformidad con lo establecido en los artículos 12.3, 12.4 y Anexo IV de la Resolución de 29 de mayo de 2012, de la Secretaría de Estado de Cultura por la que se convocan las ayudas a la inversión en capital para incrementar la oferta legal de contenidos digitales culturales en Internet y para promover la modernización e innovación de las industrias culturales y creativas, correspondientes al año 2012.
Asimismo los beneficiarios se comprometen al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 13 de la citada Resolución.
Cuarto.
Denegar el resto de las solicitudes que figuran en el Anexo III del acta de la Comisión de Valoración, cuyo contenido se encuentra a disposición de los interesados en la Subdirección General de Promoción de Industrias Culturales y Mecenazgo.
Quinto.
Declarar excluidas las solicitudes que figuran en el Anexo IV del acta de la Comisión de Valoración, por no cumplir con los requisitos establecidos para poder participar en la convocatoria o por desistimiento de los interesados, cuyo contenido se encuentra a disposición de los interesados en la Subdirección General de Promoción de Industrias Culturales y Mecenazgo.
Esta resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, conforme a lo previsto en la legislación procesal, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Asimismo, la presente resolución podrá ser recurrida potestativamente en reposición, en el plazo de un mes y ante el mismo órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
La presentación del mencionado recurso potestativo de reposición podrá efectuarse, además de en los lugares establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a través de la Sede electrónica de la Secretaría de Estado de Cultura, siempre que se posea un certificado de firma electrónica con plena validez.
Lo que se hace público conforme al artículo 59.6 de la citada Ley 30/1992, en relación con el artículo 26 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Madrid, 7 de noviembre de 2012.–El Secretario de Estado de Cultura, José María Lasalle Ruiz.
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Ayudas para incrementar la oferta legal de contenidos en internet: (algunas más lógicas que otras) #BOE
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[
"107",
"118",
"130"
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TRIBUNAL_DE_CUENTAS
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Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
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Ayudas para incrementar la oferta legal de contenidos en internet.
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[] | 3,387
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2014-01-23
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PRORROGA
la vigencia del Convenio publicado por Resolución de 21 de diciembre de 2011
DE CONFORMIDAD con
Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo
DE CONFORMIDAD con
art. 90.2 y 3 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo
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BOE-A-2015-13044
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Resolución de 29 de diciembre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Acuerdo de prórroga del Convenio colectivo de Radio Popular, SA.
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</analisis>
<texto>
<p class='parrafo'>Visto el texto del acta de fecha 18 de diciembre de 2013 donde se recoge el acuerdo de prórroga del Convenio colectivo de la empresa Radio Popular, SA (COPE), código de convenio n.º 90004283011981, que fue suscrito, de una parte, por los designados por la Dirección de la Empresa en representación de la misma, y, de otra, por el Comité Intercentros en representación de los trabajadores, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, Texto Refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, y en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo,</p>
<p class='parrafo'>Esta Dirección General de Empleo resuelve:</p>
<p class='articulo'>Primero.</p>
<p class='parrafo'>Ordenar la inscripción del citado acuerdo en el correspondiente Registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo con funcionamiento a través de medios electrónicos de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.</p>
<p class='articulo'>Segundo.</p>
<p class='parrafo'>Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».</p>
<p class='parrafo_2'>Madrid, 29 de diciembre de 2013.–El Director General de Empleo, Xavier Jean Braulio Thibault Aranda.</p>
<p class='anexo'>ACTA DE PRÓRROGA DEL CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA PARA 2014</p>
<p class='parrafo_2'>En Madrid, a 18 de diciembre de 2013.</p>
<p class='centro_redonda'>REUNIDOS</p>
<p class='parrafo_2'>De una parte, en representación de la empresa Radio Popular, S.A.-COPE:</p>
<p class='parrafo_2'>– D. Rafael Pérez del Puerto Rodríguez, Consejero Delegado de Radio Popular, S.A.-COPE.</p>
<p class='parrafo'>– D. Ignacio Armenteros Menéndez, Director General.</p>
<p class='parrafo'>– D. Carlos Cano González, Director de Recursos Humanos.</p>
<p class='parrafo'>– D. Carlos Jiménez de Diego, Jefe de Personal.</p>
<p class='parrafo_2'>Y, de otra, en representación de los trabajadores de Radio Popular, S.A.-COPE:</p>
<p class='parrafo_2'>– D. Fernando de las Heras Cristóbal, Presidente del Comité Intercentros.</p>
<p class='parrafo'>– D. Luis Malvar Gros, Secretario del Comité Intercentros.</p>
<p class='parrafo'>– Dña. Carmen Pérez Fernández, Tesorera del Comité Intercentros.</p>
<p class='parrafo'>– D. Roberto Baladrón Pardo, Vocal del Comité Intercentros.</p>
<p class='parrafo'>– D. Julián Pastrana García, Vocal del Comité Intercentros.</p>
<p class='parrafo_2'>Ambas partes, todas ellas miembros de la Comisión de Negociación del Convenio prevista en el mismo texto legal.</p>
<p class='parrafo_2'>– D. Javier Herraiz Ramos, delegado sindical de CCOO.</p>
<p class='parrafo'>– D. Luis Ángel González Martín, delegado sindical de U.G.T.</p>
<p class='centro_redonda'>ACUERDAN</p>
<p class='articulo'>Primero.</p>
<p class='parrafo'>Acordar la prórroga del Convenio colectivo vigente para el año 2011 y ya prorrogado para el 2012 y 2013, por un año más, es decir, durante 2014, si bien bajo las siguientes condiciones:</p>
<p class='parrafo_2'>– La tabla salarial se mantendrá sin variación durante el año 2014.</p>
<p class='parrafo'>– El resto de conceptos y partidas salariales tampoco sufrirán variación durante el año 2014.</p>
<p class='parrafo'>– No obstante lo anterior, se podrán abonar salarios por debajo de los conceptos salariales previstos en convenio, en la medida en que determinados trabajadores, de forma voluntaria se beneficien de los denominados «cheques guardería».</p>
<p class='parrafo'>– Se deja sin efecto el contenido de la disposición adicional primera.</p>
<p class='articulo'>Segundo.</p>
<p class='parrafo'>Habilitar a D. Carlos Cano González para llevar a cabo los trámites necesarios con el fin de registrar el Convenio colectivo en el «BOE».</p>
<p class='parrafo_2'>Y para que así conste, ambas partes, en prueba de conformidad, suscriben el presente documento en lugar y fechas antes indicados.</p>
</texto>
</documento>
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Thu Jan 23 07:14:04 +0000 2014
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Visto el texto del acta de fecha 18 de diciembre de 2013 donde se recoge el acuerdo de prórroga del Convenio colectivo de la empresa Radio Popular, SA (COPE), código de convenio n.º 90004283011981, que fue suscrito, de una parte, por los designados por la Dirección de la Empresa en representación de la misma, y, de otra, por el Comité Intercentros en representación de los trabajadores, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, Texto Refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, y en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo,
Esta Dirección General de Empleo resuelve:
Primero.
Ordenar la inscripción del citado acuerdo en el correspondiente Registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo con funcionamiento a través de medios electrónicos de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.
Segundo.
Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 29 de diciembre de 2013.–El Director General de Empleo, Xavier Jean Braulio Thibault Aranda.
ACTA DE PRÓRROGA DEL CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA PARA 2014
En Madrid, a 18 de diciembre de 2013.
REUNIDOS
De una parte, en representación de la empresa Radio Popular, S.A.-COPE:
– D. Rafael Pérez del Puerto Rodríguez, Consejero Delegado de Radio Popular, S.A.-COPE.
– D. Ignacio Armenteros Menéndez, Director General.
– D. Carlos Cano González, Director de Recursos Humanos.
– D. Carlos Jiménez de Diego, Jefe de Personal.
Y, de otra, en representación de los trabajadores de Radio Popular, S.A.-COPE:
– D. Fernando de las Heras Cristóbal, Presidente del Comité Intercentros.
– D. Luis Malvar Gros, Secretario del Comité Intercentros.
– Dña. Carmen Pérez Fernández, Tesorera del Comité Intercentros.
– D. Roberto Baladrón Pardo, Vocal del Comité Intercentros.
– D. Julián Pastrana García, Vocal del Comité Intercentros.
Ambas partes, todas ellas miembros de la Comisión de Negociación del Convenio prevista en el mismo texto legal.
– D. Javier Herraiz Ramos, delegado sindical de CCOO.
– D. Luis Ángel González Martín, delegado sindical de U.G.T.
ACUERDAN
Primero.
Acordar la prórroga del Convenio colectivo vigente para el año 2011 y ya prorrogado para el 2012 y 2013, por un año más, es decir, durante 2014, si bien bajo las siguientes condiciones:
– La tabla salarial se mantendrá sin variación durante el año 2014.
– El resto de conceptos y partidas salariales tampoco sufrirán variación durante el año 2014.
– No obstante lo anterior, se podrán abonar salarios por debajo de los conceptos salariales previstos en convenio, en la medida en que determinados trabajadores, de forma voluntaria se beneficien de los denominados «cheques guardería».
– Se deja sin efecto el contenido de la disposición adicional primera.
Segundo.
Habilitar a D. Carlos Cano González para llevar a cabo los trámites necesarios con el fin de registrar el Convenio colectivo en el «BOE».
Y para que así conste, ambas partes, en prueba de conformidad, suscriben el presente documento en lugar y fechas antes indicados.
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La COPE prorroga su convenio colectivo #BOE
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OTROS_ANUNCIOS
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Ministerio de Empleo y Seguridad Social
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La COPE prorroga su convenio colectivo
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"1684",
"5821"
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2014-11-15
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BOE-A-2013-5432
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Anuncio de la Agencia Estatal de Administración Tributaria mediante el cual se convoca el procedimiento abierto para la contratación del arrendamiento de una solución integrada de herramientas software para la detección y análisis de patrones de comportamiento y de fraude en el ámbito tributario para la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
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<titulo>Anuncio de la Agencia Estatal de Administración Tributaria mediante el cual se convoca el procedimiento abierto para la contratación del arrendamiento de una solución integrada de herramientas software para la detección y análisis de patrones de comportamiento y de fraude en el ámbito tributario para la Agencia Estatal de Administración Tributaria.</titulo>
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<dl>
<dt>1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:</dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) Organismo: </dt>
<dd>Agencia Estatal de Administración Tributaria.</dd>
<dt>b) Dependencia que tramita el expediente: </dt>
<dd>Servicio de Gestión Económica.</dd>
<dt>c) Obtención de documentación e información:</dt>
<dd>
<dl>
<dt>1) Dependencia: </dt>
<dd>Subdirección General de Adquisiciones y Contratación.</dd>
<dt>2) Domicilio: </dt>
<dd>Calle Lérida, 32-34.</dd>
<dt>3) Localidad y código postal: </dt>
<dd>Madrid 28020.</dd>
<dt>4) Teléfono: </dt>
<dd>Información administrativa: 915831375, información técnica: 915836265 y 915836384.</dd>
<dt>5) Telefax: </dt>
<dd>915831352.</dd>
<dt>7) Dirección de Internet del perfil del contratante: </dt>
<dd>http://www.contrataciondelestado.es.</dd>
<dt>8) Fecha límite de obtención de documentación e información: </dt>
<dd>17 de diciembre de 2014.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>d) Número de expediente: </dt>
<dd>14840111000 AV 31/2014.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>2. Objeto del contrato: </dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) Tipo: </dt>
<dd>Servicio.</dd>
<dt>b) Descripción: </dt>
<dd>Arrendamiento de una solución integrada de herramientas software para la detección y análisis de patrones de comportamiento y de fraude en el ámbito tributario para la Agencia Estatal de Administración Tributaria.</dd>
<dt>e) Plazo de ejecución/entrega: </dt>
<dd>Un año.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>3. Tramitación y procedimiento:</dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) Tramitación: </dt>
<dd>Ordinaria.</dd>
<dt>b) Procedimiento: </dt>
<dd>Abierto.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>5. Presupuesto base de licitación: </dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) </dt>
<dd> Importe neto: 240.000,00 euros. Importe total: 290.400,00 euros. </dd>
</dl>
</dd>
<dt>6. Garantías exigidas. </dt>
<dd> Definitiva (%): 5.</dd>
<dt>8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: </dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) Fecha límite de presentación: </dt>
<dd>15 de diciembre de 2014.</dd>
<dt>c) Lugar de presentación:</dt>
<dd>
<dl>
<dt>1) Dependencia: </dt>
<dd>Agencia Estatal de Administración Tributaria, Registro General: de lunes a viernes desde las nueve hasta las diecisiete treinta horas y los sábados desde las nueve hasta las catorce horas.</dd>
<dt>2) Domicilio: </dt>
<dd>Calle Lérida, 32-34.</dd>
<dt>3) Localidad y código postal: </dt>
<dd>Madrid 28020.</dd>
</dl>
</dd>
</dl>
</dd>
<dt>9. Apertura de Ofertas:</dt>
<dd>
<dl>
<dt>a) Descripción: </dt>
<dd>Apertura de sobre 'C' o comunicación de defectos.</dd>
<dt>b) Dirección: </dt>
<dd>Calle Lérida, 32-34, planta baja.</dd>
<dt>c) Localidad y código postal: </dt>
<dd>Madrid 28020.</dd>
<dt>d) Fecha y hora: </dt>
<dd>17 de diciembre de 2014, a las 12:10 horas.</dd>
</dl>
</dd>
<dt>10. Gastos de publicidad: </dt>
<dd>Por cuenta del adjudicatario.</dd>
<dt>11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea': </dt>
<dd>6 de noviembre de 2014.</dd>
</dl>
<p class='parrafo'>Madrid, 6 de noviembre de 2014.- La Directora del Servicio de Gestión Económica.</p>
</texto>
</documento>
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Sat Nov 15 08:40:50 +0000 2014
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1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo:
Agencia Estatal de Administración Tributaria.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Gestión Económica.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia:
Subdirección General de Adquisiciones y Contratación.
2) Domicilio:
Calle Lérida, 32-34.
3) Localidad y código postal:
Madrid 28020.
4) Teléfono:
Información administrativa: 915831375, información técnica: 915836265 y 915836384.
5) Telefax:
915831352.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante:
http://www.contrataciondelestado.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información:
17 de diciembre de 2014.
d) Número de expediente:
14840111000 AV 31/2014.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo:
Servicio.
b) Descripción:
Arrendamiento de una solución integrada de herramientas software para la detección y análisis de patrones de comportamiento y de fraude en el ámbito tributario para la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
e) Plazo de ejecución/entrega:
Un año.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación:
Ordinaria.
b) Procedimiento:
Abierto.
5. Presupuesto base de licitación:
a)
Importe neto: 240.000,00 euros. Importe total: 290.400,00 euros.
6. Garantías exigidas.
Definitiva (%): 5.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación:
15 de diciembre de 2014.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia:
Agencia Estatal de Administración Tributaria, Registro General: de lunes a viernes desde las nueve hasta las diecisiete treinta horas y los sábados desde las nueve hasta las catorce horas.
2) Domicilio:
Calle Lérida, 32-34.
3) Localidad y código postal:
Madrid 28020.
9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción:
Apertura de sobre 'C' o comunicación de defectos.
b) Dirección:
Calle Lérida, 32-34, planta baja.
c) Localidad y código postal:
Madrid 28020.
d) Fecha y hora:
17 de diciembre de 2014, a las 12:10 horas.
10. Gastos de publicidad:
Por cuenta del adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea':
6 de noviembre de 2014.
Madrid, 6 de noviembre de 2014.- La Directora del Servicio de Gestión Económica.
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Hacienda va a comprar un software para detectar patrones de fraude #BOE
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Hacienda va a comprar un software para detectar patrones de fraude por importe total de 290.400,00 euros.
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2013-05-23
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DICTADA
en el RECURSO 6851/2010
DECLARA
la DESESTIMACIÓN del mismo en relación con el art. 5.5, las disposiciones transitoria 4 y final 1 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre
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BOE-A-2015-2820
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Sala Segunda. Sentencia 89/2013, de 22 de abril de 2013. Recurso de inconstitucionalidad 6851-2010. Interpuesto por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. Competencias sobre colegios profesionales: constitucionalidad de las disposiciones legales relativas a la obligación de colegiación para el ejercicio de determinadas profesiones (STC 3/2013).
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<documento fecha_actualizacion='20211007185601'>
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<identificador>BOE-A-2013-5432</identificador>
<titulo>Sala Segunda. Sentencia 89/2013, de 22 de abril de 2013. Recurso de inconstitucionalidad 6851-2010. Interpuesto por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. Competencias sobre colegios profesionales: constitucionalidad de las disposiciones legales relativas a la obligación de colegiación para el ejercicio de determinadas profesiones (STC 3/2013).</titulo>
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<p class='parrafo'>La Sala Segunda del Tribunal, compuesta por don Ramón Rodríguez Arribas, Presidente, don Pablo Pérez Tremps, don Francisco José Hernando Santiago, don Luis Ignacio Ortega Álvarez, don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel y doña Encarnación Roca Trías, Magistrados, ha pronunciado</p>
<p class='centro_redonda'>EN NOMBRE DEL REY</p>
<p class='parrafo_2'>la siguiente</p>
<p class='centro_redonda'>SENTENCIA</p>
<p class='parrafo_2'>En el recurso de inconstitucionalidad núm. 6851-2010 interpuesto por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con el apartado cinco del art. 5 –en cuanto da nueva redacción al art. 3.2 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre colegios profesionales–, la disposición transitoria cuarta y la disposición final primera de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. Ha comparecido y formulado alegaciones el Abogado del Estado. Ha sido Ponente el Magistrado don Pablo Pérez Tremps, quien expresa el parecer del Tribunal.</p>
<p class='centro_redonda'>I. Antecedentes</p>
<p class='parrafo_2'>1. El 22 de septiembre de 2010 tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal Constitucional escrito del Abogado de la Generalitat de Cataluña por el que, en nombre y representación de la misma, interpone recurso de inconstitucionalidad contra el apartado cinco del art. 5 –en cuanto da nueva redacción al art. 3.2 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre colegios profesionales–, la disposición transitoria cuarta y la disposición final primera de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.</p>
<p class='parrafo'>Considera el Letrado autonómico que, para delimitar el parámetro de constitucionalidad en materia de colegios profesionales, habrán de tenerse en cuenta las competencias atribuidas a la Comunidad Autónoma en el art. 125 del Estatuto de Autonomía de Cataluña (EAC), que han sido declaradas constitucionales por la STC 31/2010, de 28 de junio, y las prescripciones de los arts. 113 y 189.1 EAC, que reconocen la competencia autonómica para la ejecución del derecho comunitario.</p>
<p class='parrafo'>La ley recurrida se dicta en ejecución de lo dispuesto en la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, parcialmente transpuesta al ordenamiento jurídico interno por la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio; y tanto la jurisprudencia constitucional como de la jurisprudencia comunitaria europea han proclamado el necesario respeto a la distribución interna de competencias para determinar una correcta ejecución del Derecho comunitario.</p>
<p class='parrafo'>La competencia autonómica en materia de colegios profesionales se contempla en el art. 125 EAC, precepto estatutario que se refiere expresamente a los límites derivados de los arts. 36 y 139 CE. El art. 36 CE no atribuye competencia expresa al Estado sobre colegios profesionales, aunque, de acuerdo con una consolidada jurisprudencia constitucional, los colegios se asimilan parcialmente, a las Administraciones públicas en su dimensión de entes corporativos y, como consecuencia de ello, el Estado dispone de competencia para la fijación de las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas (art. 149.1.18 CE), uno de los títulos en que la Ley 25/2009 pretende amparar la modificación parcial de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre colegios profesionales. Por su parte, el art. 139 CE tampoco es un precepto delimitador de competencias, sino que recoge un principio constitucional concebido para integrar el ordenamiento jurídico que configura la dualidad normativa que forma el bloque de la constitucionalidad: Constitución y Estatuto. El significado de este principio de integración constitucional es la prohibición de discriminación por motivos de carácter territorial que se deriva del principio de igualdad en los Estados compuestos e implica un límite al ejercicio de las competencias de los poderes públicos, que comporta la prohibición de interponer obstáculos a la libre circulación y el libre establecimiento de personas, así como a la libre circulación de bienes en todo el territorio del Estado.</p>
<p class='parrafo'>Los apartados 1 a 4 del art. 125 EAC contienen la cláusula «en todo caso» que describe las submaterias que concretan el contenido material de la competencia autonómica sobre colegios profesionales, incluyendo una referencia a los límites constitucionales derivados de los arts. 36 y 139 CE, lo que implica que en este ámbito material de competencia estatutaria, el Estado puede incidir a través de sus funciones normativas para limitar o modelar el alcance de esa competencia, al amparo de lo dispuesto en los citados preceptos.</p>
<p class='parrafo'>El apartado cinco del art. 5 de la Ley 25/2009 se refiere, con carácter genérico e indeterminado, a «el ejercicio de las profesiones», sin especificar cuáles pueden quedar afectadas por el requisito de incorporación al colegio profesional correspondiente; y la disposición transitoria cuarta establece una reserva legislativa al Estado para determinar las profesiones para cuyo ejercicio es obligatoria la colegiación, sin que las especificaciones que en la misma se contienen respecto a la naturaleza de estas profesiones venga a resolver la cuestión competencial subyacente. Y ello porque, de acuerdo con ambos preceptos, es únicamente al Estado a quien corresponde decidir, mediante ley, cuáles son las profesiones que exigen para su ejercicio la preceptiva colegiación, lo que suprime la competencia de la Generalitat para determinar los requisitos y condiciones de ejercicio de aquellas profesiones que no requieran la previa colegiación para ser ejercidas. Considera el Letrado que el carácter expansivo de estos preceptos neutraliza las competencias asumidas por la Generalitat y, por tanto, vulnera el art. 125.4 a) EAC y, en la medida en que transpone la Directiva ignorando las competencias de la Generalitat, vulnera también lo prescrito en los arts. 113 y 189.1 del citado Estatuto de Autonomía.</p>
<p class='parrafo'>En segundo lugar, la afirmación de que será requisito indispensable para el ejercicio de las profesiones «estar incorporado al colegio profesional correspondiente», vulnera el art. 125.1 EAC que atribuye a la Generalitat competencia exclusiva en materia de colegios profesionales, así como su competencia exclusiva para el ejercicio de las profesiones tituladas, respetando las normas generales sobre titulaciones académicas y profesionales. Además, el carácter preceptivo de la colegiación incide en el ejercicio de derechos constitucionales, en concreto, queda afectado el derecho de asociación en su vertiente negativa y el derecho a la libre elección de profesión y oficio, como manifestación de la libertad de trabajar. Y de conformidad con lo dispuesto en el art. 10 de la Directiva que se transpone, la intervención de los poderes públicos sobre el principio de libertad de prestación de servicios, solamente podrá verse limitada en virtud de razones de imperiosa necesidad y corresponderá a la autoridad que disponga de la competencia.</p>
<p class='parrafo'>Se afirma por el Letrado de la Generalitat que el Estado no puede invocar el art. 149.1.18 y 30 CE para amparar su competencia para la transposición de la Directiva en lo que se refiere a los colegios profesionales. Las referencias que el art. 125 EAC efectúa a los arts. 36 y 139 CE, constituyen un límite o modulación a la competencia de la Generalitat, pero no pueden legitimar una invocación a los títulos competenciales de los apartados 18 y 30 del art. 149.1 CE, como la que efectúa la disposición final primera de la Ley recurrida, pues si fuera así, la consecuencia sería la desnaturalización del significado de los arts. 36 y 139 CE. A ello se añade que no existe una jurisprudencia constitucional tan unívoca respecto a la determinación del alcance del título competencial del art. 149.1.18 CE, sobre todo si se considera que la ley a la que se refiere el art. 36 CE ha de versar sobre la organización y las competencias y no sobre el régimen general de los colegios profesionales.</p>
<p class='parrafo'>En tercer lugar, afirma el Letrado que la Ley 25/2009 no es una ley reguladora del régimen general de los colegios, sino que lo que hace es establecer las excepciones al principio general de libertad en la regulación del acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, siendo ésta una decisión que debe corresponder a la autoridad que ostente la competencia, aunque la decisión que se tome afecte al ámbito de la libre prestación de servicios. Esto último incide sobre derechos constitucionales como la libertad de empresa, el derecho de asociación en el sentido especial que tiene en el contexto de los colegios profesionales y el derecho al trabajo en su vertiente de la libertad de elección de profesión o de oficio.</p>
<p class='parrafo'>Por último, se afirma que el Estado tampoco puede invocar el título competencial del art. 149.1.30 CE, que no se refiere al ejercicio de la profesión, mientras que el art. 125.4 a) EAC se refiere expresamente a la determinación de los requisitos y las condiciones de ejercicio de las profesiones tituladas, por lo que se está atribuyendo al título competencial estatal una <em>vis</em> expansiva que no se corresponde con el significado y el alcance de los arts. 36 y 139 CE.</p>
<p class='parrafo'>Concluye el Letrado autonómico señalando que la remisión a una futura ley estatal que contiene el apartado cinco del art. 5 de la Ley 25/2009 vulnera las competencias atribuidas a la Generalitat en los apartados 1 y 4 del art. 125 EAC y, en consecuencia, es inconstitucional. De dicha inconstitucionalidad deriva a su vez, la de la disposición transitoria cuarta de la Ley, que contiene un mandato al Gobierno estatal para que en el plazo de doce meses remita a las Cortes Generales un proyecto de ley que determine las profesiones para cuyo ejercicio es obligatoria la colegiación, y adolece también de inconstitucionalidad la disposición final primera, en cuanto ampara la regulación del art. 5 en las competencias estatales recogidas en las reglas 18 y 30 del art. 149 CE.</p>
<p class='parrafo_2'>2. El Pleno, a propuesta de la Sección Cuarta acordó, en fecha 5 de octubre de 2010, admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña; de conformidad con lo dispuesto en el art. 10.1 b) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), en la redacción dada por la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, atribuir a la Sala Segunda, a la que por turno objetivo ha correspondido, el conocimiento del presente recurso, señalando de aplicación la doctrina constitucional contenida en las SSTC 20/1988, de 18 de febrero y 31/2010, de 28 de junio; dar traslado de las actuaciones, conforme establece el art. 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, al Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto de sus Presidentes, y al Gobierno a través del Ministerio de Justicia, al objeto de que en el plazo de quince días, pudieran personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimaran pertinentes; y publicar la incoación del recurso en el «Boletín Oficial del Estado».</p>
<p class='parrafo_2'>3. El Senado, por escrito de su Presidente de 19 de octubre de 2010, acordó solicitar la personación de la Cámara y ofrecer su colaboración a los efectos del art. 88.1 LOTC.</p>
<p class='parrafo_2'>4. El Congreso de los Diputados, en escrito de su Presidente de 19 de octubre de 2010, acordó solicitar la personación de la Cámara a los efectos del art. 88.1 LOTC.</p>
<p class='parrafo_2'>5. Mediante escrito que tuvo entrada en este Tribunal el 25 de octubre de 2010, el Abogado del Estado solicitó una prórroga hasta el máximo legal, del plazo concedido para alegaciones. La Sala Segunda, mediante providencia de 26 de octubre, acordó incorporar a las actuaciones el escrito del Abogado del Estado y atender su solicitud, ampliando en diez días el plazo originalmente concedido.</p>
<p class='parrafo_2'>6. En fecha 12 de noviembre de 2010 tuvo entrada en este Tribunal escrito de alegaciones del Abogado del Estado en el que solicita que se tenga por evacuado el trámite conferido y, en su día, se dicte Sentencia desestimatoria del presente recurso en todos sus extremos.</p>
<p class='parrafo'>Comienza el Abogado del Estado recordando que la Ley que es objeto del presente recurso de inconstitucionalidad se dicta como complemento necesario de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, para lograr la plena incorporación al Derecho español de la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa los servicios en el mercado interior, y responde a la finalidad de incorporar de manera efectiva los objetivos de la Ley 17/2009 a la normativa sectorial concreta. Considera el representante estatal que la demanda únicamente reprocha a la Ley 25/2009 que reserve a la ley estatal la definición de aquellas profesiones y servicios de colegiación obligatoria, y su planteamiento puede resumirse en los siguientes puntos:</p>
<p class='parrafo_2'>a) El escrito rector parte de la doctrina del Tribunal según la cual no existe un título competencial en la Constitución sobre la incorporación del Derecho comunitario, y cita los arts. 113 y 189.1 EAC, en los que se atribuye a la Generalitat el desarrollo, la aplicación y ejecución del Derecho comunitario «en el ámbito de sus competencias». En relación con este argumento, recuerda el Abogado del Estado la doctrina de este Tribunal sobre dicha materia, y especialmente la recogida en la STC 31/2010, de 28 de junio, FJ 123, en la interpretación del art. 189.2 y 3 EAC, en la que se afirma que el precepto parte del reconocimiento de la competencia del Estado para la adopción de medidas internas de ejecución del Derecho europeo cuando aquéllas tengan un alcance superior al del territorio de Cataluña y las Comunidades Autónomas competentes no las puedan adoptar en sus respectivos ámbitos territoriales a través de mecanismos de colaboración y cooperación. Afirma el Letrado que el Estado, consciente de esta doctrina, en ningún momento ha invocado como título una facultad universal de transposición del derecho comunitario; muy al contrario, en la disposición final primera se invocan concretas competencias materiales recogidas en el art. 149.1 CE, que otorgan cobertura a los preceptos impugnados. La normativa estatal responde a la necesidad de implantar un régimen mínimamente uniforme en materia de colegiación, y lo hace contemplando un mecanismo de colaboración de las Comunidades Autónomas, que habrán de ser preceptivamente consultadas por el Gobierno, antes de que éste remita a las Cortes Generales el proyecto de ley que determine las profesiones para cuyo ejercicio es obligatoria la colegiación (disposición transitoria cuarta).</p>
<p class='parrafo'>b) Afirma la Comunidad Autónoma que el título estatutario contemplado en el art. 125 EAC sólo limita la competencia autonómica a lo previsto en los arts. 35 y 139 CE, y no a las competencias estatales del art. 149.1 CE. Para el Abogado del Estado esta afirmación resulta totalmente contradicha por lo dispuesto en los fundamentos jurídicos 64 y 71 de la STC 31/2010, de donde se deriva que dicha competencia estatutaria, por mucho que se califique de exclusiva, está sujeta a la Constitución y, en particular, a los títulos competenciales que en exclusiva reserva al Estado el art. 149.1, por lo que la competencia autonómica del art. 125 EAC ha de quedar sujeta, no sólo a los límites en ese precepto expresamente recogidos, sino también a las competencias estatales concurrentes reconocidas en el art. 149.1 CE, debiendo rechazarse, en consecuencia, la pretensión de que la competencia autonómica únicamente se encuentra limitada por los arts. 36 y 139 CE.</p>
<p class='parrafo'>Se recuerda asimismo la jurisprudencia constitucional en la que se ha afirmado que corresponde a la legislación estatal fijar los principios y reglas básicas a que han de ajustar su organización y competencias las corporaciones de Derecho público representativas de intereses profesionales (STC 76/1983, de 5 de agosto) y la ley a que se refiere el art. 36 CE ha de ser estatal, siendo así que el fundamento constitucional de esa legislación básica estatal no puede encontrarse sino en el art. 149.1.18 CE.</p>
<p class='parrafo'>c) Las competencias atribuidas al Estado en los apartados 18 y 30 del art. 149.1 CE, le habilitan para reservar al legislador estatal la determinación de las profesiones en la que la previa incorporación a un colegio profesional sea requisito indispensable para su ejercicio. La doctrina constitucional (SSTC 76/1983, FJ 26 y 20/1988, FJ 4) es unánime al incluir en la competencia estatal del art. 149.1.18 CE la fijación de las bases por las que han de regirse los aspectos organizativos y competenciales de los colegios profesionales.</p>
<p class='parrafo'>En la STC 330/1994, de 15 de diciembre, se vino a justificar el carácter básico de la determinación de las profesiones en que sea requisito imprescindible para su ejercicio la previa incorporación a un colegio profesional. De la citada doctrina cabe deducir que: i) la Constitución no configura un modelo de colegio profesional, más allá de la reserva de ley del art. 36 CE y de la exigencia de su estructura interna y funcionamiento democrático, por lo que el legislador puede optar, dentro de esos límites constitucionales, por diversas configuraciones; ii) dentro de esa diversidad de opciones legales, los colegios podrán tener una mayor o menor «dimensión pública» en función del grado de vinculación que sus fines profesionales tengan con un servicio público o con el interés público; cuanto mayor sea la dimensión pública de los colegios, mayor será el ámbito de lo básico <em>ex </em>art. 149.1.18 CE; pero lo básico siempre alcanzará, como mínimo común, a la definición de la obligatoriedad de la adscripción de los profesionales al colegio correspondiente, y iii) lo anteriormente expuesto resulta predicable del ejercicio de cualquier profesión, sea o no titulada; y respecto de las profesiones tituladas, la intensidad de la competencia estatal resulta reforzada por el art. 149.1.30 CE.</p>
<p class='parrafo'>En definitiva, a través de la colegiación obligatoria se está atribuyendo a los colegios profesionales la facultad típicamente pública de verificar el cumplimiento de los requisitos de ejercicio de una determinada profesión y, en su caso, autorizar dicho ejercicio; y nada hay más típicamente vinculado a la vertiente pública de los colegios profesionales que su función de sustituir a una Administración pública en la autorización para el ejercicio de una actividad concreta.</p>
<p class='parrafo'>d) La determinación de los supuestos de colegiación obligatoria para el ejercicio de una actividad reúne todos los elementos que la doctrina constitucional exige para que nos encontremos ante una condición básica que garantiza la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales, pues tiene una conexión directa e inmediata con una dimensión constitucionalmente protegida del derecho de asociación, esto es, con la libertad de no asociarse; no supone el establecimiento de un régimen general, sino que constituye una intervención mínima para garantizar la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de tal derecho fundamental; y no responde a la clásica mecánica bases-desarrollo, sino que agota y demanda una igual aplicación en todo el territorio. En definitiva, hace referencia a una posición jurídica fundamental, en cuanto especifica los casos en los que un elemento nuclear de una libertad pública se elimina en atención a otros fines o intereses públicos, por lo que resulta evidente la relevancia del art. 149.1.1 CE, en cuanto que el Estado, a través de los preceptos impugnados únicamente se estaría reservando la competencia para fijar la condición básica para garantizar la igualdad en el ejercicio de una dimensión esencial del derecho de asociación.</p>
<p class='parrafo_2'>7. Por providencia de 18 de abril de 2013 se acordó señalar para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 22 del mismo mes y año.</p>
<p class='centro_redonda'>II. Fundamentos jurídicos</p>
<p class='parrafo_2'>1. El presente recurso de inconstitucionalidad se interpone por la Generalitat de Cataluña contra el art. 5.5, disposición transitoria cuarta y disposición final primera de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, preceptos todos que atañen al régimen de los colegios profesionales establecido por la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre colegios profesionales.</p>
<p class='parrafo_2'>2. La cuestión planteada en el presente recurso de inconstitucionalidad guarda directa conexión con la que ha sido resuelta por este Tribunal en la Sentencia 3/2013, de 17 de enero (cuya doctrina ha sido posteriormente reiterada en las SSTC 46/2013 y 50/2013, de 28 de febrero y 63/2013, de 14 de marzo), por lo que procede remitirse a lo señalado en la misma, cuyas apreciaciones y conclusiones resumimos a continuación.</p>
<p class='parrafo_2'>a) El art. 149.1.18 CE habilita al Estado para dictar la legislación básica en materia de colegios profesionales: «La competencia del Estado para regular los colegios profesionales le viene dada por el art. 149.1.18 CE, que le permite fijar los principios y reglas básicas de este tipo de entidades corporativas … Aun cuando los colegios profesionales se constituyen para defender primordialmente los intereses privados de sus miembros, tienen también una dimensión pública que les equipara a las Administraciones Públicas de carácter territorial, aunque a los solos aspectos organizativos y competenciales en los que ésta se concreta y singulariza [SSTC 76/1983, de 5 de agosto, FJ 26; 20/1988, de 18 de febrero, FJ 4; y 87/1989, de 11 de mayo, FJ 3 b)]. En definitiva, corresponde al Estado fijar las reglas básicas a que los colegios profesionales han de ajustar su organización y competencias, aunque con menor extensión e intensidad que cuando se refiere a las Administraciones públicas en sentido estricto (STC 32/2010, de 28 de junio, FJ 71).» (FJ 5).</p>
<p class='parrafo'>b) La competencia estatal <em>ex</em> art. 149.1.18 CE incluye la definición, a partir del tipo de colegiación, de los modelos posibles de colegios profesionales y de las condiciones en que las Comunidades Autónomas pueden crear entidades corporativas de uno u otro tipo, pues la determinación del régimen de colegiación (forzoso o voluntario) tiene carácter básico:</p>
<p class='sangrado_2'>«Forma parte de la competencia estatal la definición, a partir del tipo de colegiación, de los modelos posibles de colegios profesionales pero, también la determinación de la condiciones en que las Comunidades Autónomas pueden crear entidades corporativas de uno u otro tipo … la Constitución no impone en su art. 36 CE un único modelo de colegio profesional. Bajo esta peculiar figura con rasgos asociativos y corporativos pueden englobarse por el legislador estatal, en ejercicio de su competencia para formalizar normas básicas de las Administraciones públicas <em>ex</em> art. 149.1.18 CE, situaciones bien distintas como son las que corresponden al ejercicio de funciones públicas en régimen de monopolio o de libre concurrencia en el mercado como profesión liberal, y con colegiación forzosa o libre. Del mismo modo, no tiene por qué erigirse, en los supuestos legales de colegiación voluntaria, en un requisito habilitante para el ejercicio profesional. Y es asimismo posible que los Colegios profesionales asuman la defensa de actividades que no configuren, en realidad profesiones tituladas. Todos estos extremos pueden ser regulados libremente por el legislador estatal, desarrollando el art. 36 y con cobertura competencial en el art. 149.1.18, ambos de la Constitución … La determinación del régimen de colegiación tiene carácter básico, pues es una condición esencial de la conformación de cada Colegio profesional: Ahora bien, dado que en la Ley se limita considerablemente la dimensión pública que tenían estos colegios, sustituyendo sus facultades de autorización y control por la que realicen los organismos competentes de la Administración pública, paralelamente el nivel de lo básico debe ser reducido y, por tanto, de la ordenación dispuesta en el art. 31 sólo han de considerarse básicos la denominación, la ausencia de obligatoriedad en su adscripción y la existencia de un Consejo General.» (FJ 7).</p>
<p class='parrafo_2'>Se afirma asimismo en el fundamento jurídico 7 que «el carácter forzoso de la colegiación, como excepción a la libertad general de asociación, debe venir justificado por la relevancia del fin público que se persigue, así como por la dificultad de obtener ese fin sin recurrir a la adscripción forzosa al ente corporativo». En definitiva, se afirma que «la competencia estatal para fijar las bases deriva … de la configuración de los colegios profesionales como corporaciones de Derecho público y de la atribución a los mismos de funciones públicas de mayor o menor relevancia para la profesión, y dado que el art. 36 CE no hace reserva de la institución colegial a las profesiones tituladas, la competencia del Estado para definir el modelo de colegio profesional para las profesiones reguladas no tituladas encuentra los mismos límites que cuando la ejerce para las profesiones tituladas (STC 330/1994, FJ 9).»</p>
<p class='parrafo_2'>c) Corresponde pues al legislador estatal la determinación de las profesiones cuyo ejercicio se sujeta a colegiación obligatoria, y ello, en los términos previstos en la modificación introducida en el art. 3.2 de la Ley 2/1974 de colegios profesionales, por el art. 5.5 y disposición transitoria cuarta de la Ley 25/2009:</p>
<p class='sangrado_2'>«Antes de la reforma operada por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, … la Ley 2/1974, de 13 de febrero, consagraba un modelo único de colegio profesional, caracterizado por la colegiación obligatoria, pues los profesionales estaban obligados a colegiarse para “el ejercicio de las profesiones colegiadas”. Tras su reforma, el legislador estatal ha configurado dos tipos de entidades corporativas, las voluntarias y las obligatorias. El requisito de la colegiación obligatoria constituye una barrera de entrada al ejercicio de la profesión y, por tanto, debe quedar limitado a aquellos casos en que se afecta, de manera grave y directa, a materias de especial interés público, como la protección de la salud y de la integridad física o de la seguridad personal o jurídica de las personas físicas, y la colegiación demuestre ser un instrumento eficiente de control del ejercicio profesional para la mejor defensa de los destinatarios de los servicios, tal y como se deduce de la disposición transitoria cuarta de esta misma norma. En definitiva, los colegios profesionales voluntarios son, a partir de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, el modelo común, correspondiendo al legislador estatal, conforme a lo establecido en el art. 3.2, determinar los casos en que la colegiación se exige para el ejercicio profesional y, en consecuencia, también las excepciones, pues éstas no hacen sino delimitar el alcance de la regla de la colegiación obligatoria, actuando como complemento necesario de la misma. La determinación de las profesiones para cuyo ejercicio la colegiación es obligatoria se remite a una ley estatal, previendo su disposición transitoria cuarta que, en el plazo de doce meses desde la entrada en vigor de la ley, plazo superado con creces, el Gobierno remitirá a las Cortes el correspondiente proyecto de ley y que, en tanto no se apruebe la ley prevista, la colegiación será obligatoria en los colegios profesionales cuya ley de creación así lo haya establecido.» (FJ 7)</p>
<p class='parrafo_2'>d) La exigencia de colegiación obligatoria para el ejercicio de determinadas profesiones constituye, además, una condición básica que garantiza la igualdad en el ejercicio de los derechos y deberes constitucionales <em>ex </em>art. 149.1.1 CE: «La colegiación obligatoria no es una exigencia del art. 36 CE, tal y como pusimos de manifiesto en nuestra STC 89/1989, FJ 8, sino una decisión del legislador al que este precepto remite. Pero en la medida en que éste decide imponerla para el ejercicio de determinadas profesiones, se constituye en requisito inexcusable para el ejercicio profesional y, en consecuencia, un límite que afecta al contenido primario del derecho reconocido en el art. 35.1 CE; … es también, como acabamos de señalar, un límite esencial en la medida en que su exigencia supone la excepción, para quienes eligen una determinada profesión, del derecho fundamental de asociación en su vertiente negativa y, finalmente, resulta imprescindible pues, no se garantizaría el ejercicio del derecho del art. 35.1 CE en condiciones de igualdad, si el resultado del juicio que necesariamente debe realizarse a la vista de los concretos intereses públicos que concurren en cada caso, en cada profesión, y la obligación de elegir la alternativa menos gravosa entre las permitidas en el art. 36 CE, fuera distinta dependiendo del lugar de establecimiento o de prestación.» (FJ 8).</p>
<p class='parrafo_2'>3. En definitiva, la doctrina contenida en la STC 3/2013, de 17 de enero, resuelve las cuestiones planteadas por la Generalitat de Cataluña en el presente recurso de inconstitucionalidad, en cuanto afirma la competencia del Estado <em>ex </em>art. 149.1.18 CE para reservar al legislador estatal la determinación con carácter básico de los supuestos de colegiación obligatoria, en los términos contemplados en los preceptos de la Ley 25/2009 que son objeto del presente recurso de inconstitucionalidad, y reconoce expresamente el carácter de esta Ley como parámetro básico de contraste de las competencias autonómicas en materia de colegios profesionales.</p>
<p class='parrafo'>La competencia estatutaria contemplada en el art. 125 del Estatuto de Autonomía de Cataluña (EAC), aun cuando se califique como exclusiva, está sujeta a la Constitución y, en concreto, a los títulos competenciales que reserva al Estado el art. 149.1 CE, y así lo señaló el fundamento jurídico 64 de la STC 31/2010, específicamente en relación con lo dispuesto en el art. 125.1 y 4 EAC, afirmando que «la técnica seguida en ocasiones por el Estatuto de atribuir competencias materiales a la Generalitat que se proyectan “en todo caso” sobre las submaterias correspondientes … ha de entenderse en sentido meramente descriptivo o indicativo de que dichas submaterias forman parte del contenido de la realidad material de que se trate, pero sin que las competencias del Estado, tanto si son concurrentes como si son compartidas con las de la Comunidad Autónoma, resulten impedidas o limitadas en su ejercicio por esa atribución estatutaria “en todo caso” de competencias específicas a la Generalitat. Este es el sentido en que habrá de ser entendida dicha expresión que figura en determinados preceptos impugnados» (entre ellos se cita expresamente el art. 125.1 y 4 EAC); y en el fundamento jurídico 71, tras remitirse a lo anteriormente señalado, se añade que «el encabezamiento del propio art. 125.1 somete las competencias autonómicas al art. 36 CE, lo que ha de significar necesariamente, a la ley estatal (STC 20/1988, FJ 3) de lo que se concluye que el art. 125.1 EAC no cierra el paso a las competencias legislativas estatales».</p>
<p class='parrafo_2'>4. Por último, y en relación a la referencia que efectúa la disposición final primera de la Ley 25/2009 al art. 149.1.30 CE, como título que ampara la competencia estatal en esta materia, cabe señalar que, a través de la colegiación obligatoria, se viene a atribuir a los colegios profesionales el ejercicio de funciones propias de los poderes públicos, ligadas a la verificación del cumplimiento de los requisitos exigibles para el ejercicio profesional y a la autorización de dicho ejercicio, por lo que dicha atribución encuentra amparo en la competencia atribuida al Estado en el art. 149.1.30 CE, en materia de «normas básicas para el desarrollo del art. 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia», operando pues como título complementario del previsto en el art. 149.1.18 CE.</p>
<p class='centro_redonda'>FALLO</p>
<p class='parrafo_2'>En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,</p>
<p class='centro_redonda'>Ha decidido</p>
<p class='parrafo_2'>Desestimar el presente recurso de inconstitucionalidad.</p>
<p class='parrafo_2'>Publíquese esta Sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».</p>
<p class='parrafo_2'>Dada en Madrid, a veintidós de abril de dos mil trece.–Ramón Rodríguez Arribas.–Pablo Pérez Tremps.–Francisco José Hernando Santiago.–Luis Ignacio Ortega Álvarez.–Francisco Pérez de los Cobos Orihuel.–Encarnación Roca Trías.–Firmado y rubricado.</p>
</texto>
</documento>
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Thu May 23 07:46:35 +0000 2013
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La Sala Segunda del Tribunal, compuesta por don Ramón Rodríguez Arribas, Presidente, don Pablo Pérez Tremps, don Francisco José Hernando Santiago, don Luis Ignacio Ortega Álvarez, don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel y doña Encarnación Roca Trías, Magistrados, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de inconstitucionalidad núm. 6851-2010 interpuesto por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con el apartado cinco del art. 5 –en cuanto da nueva redacción al art. 3.2 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre colegios profesionales–, la disposición transitoria cuarta y la disposición final primera de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. Ha comparecido y formulado alegaciones el Abogado del Estado. Ha sido Ponente el Magistrado don Pablo Pérez Tremps, quien expresa el parecer del Tribunal.
I. Antecedentes
1. El 22 de septiembre de 2010 tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal Constitucional escrito del Abogado de la Generalitat de Cataluña por el que, en nombre y representación de la misma, interpone recurso de inconstitucionalidad contra el apartado cinco del art. 5 –en cuanto da nueva redacción al art. 3.2 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre colegios profesionales–, la disposición transitoria cuarta y la disposición final primera de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.
Considera el Letrado autonómico que, para delimitar el parámetro de constitucionalidad en materia de colegios profesionales, habrán de tenerse en cuenta las competencias atribuidas a la Comunidad Autónoma en el art. 125 del Estatuto de Autonomía de Cataluña (EAC), que han sido declaradas constitucionales por la STC 31/2010, de 28 de junio, y las prescripciones de los arts. 113 y 189.1 EAC, que reconocen la competencia autonómica para la ejecución del derecho comunitario.
La ley recurrida se dicta en ejecución de lo dispuesto en la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, parcialmente transpuesta al ordenamiento jurídico interno por la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio; y tanto la jurisprudencia constitucional como de la jurisprudencia comunitaria europea han proclamado el necesario respeto a la distribución interna de competencias para determinar una correcta ejecución del Derecho comunitario.
La competencia autonómica en materia de colegios profesionales se contempla en el art. 125 EAC, precepto estatutario que se refiere expresamente a los límites derivados de los arts. 36 y 139 CE. El art. 36 CE no atribuye competencia expresa al Estado sobre colegios profesionales, aunque, de acuerdo con una consolidada jurisprudencia constitucional, los colegios se asimilan parcialmente, a las Administraciones públicas en su dimensión de entes corporativos y, como consecuencia de ello, el Estado dispone de competencia para la fijación de las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas (art. 149.1.18 CE), uno de los títulos en que la Ley 25/2009 pretende amparar la modificación parcial de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre colegios profesionales. Por su parte, el art. 139 CE tampoco es un precepto delimitador de competencias, sino que recoge un principio constitucional concebido para integrar el ordenamiento jurídico que configura la dualidad normativa que forma el bloque de la constitucionalidad: Constitución y Estatuto. El significado de este principio de integración constitucional es la prohibición de discriminación por motivos de carácter territorial que se deriva del principio de igualdad en los Estados compuestos e implica un límite al ejercicio de las competencias de los poderes públicos, que comporta la prohibición de interponer obstáculos a la libre circulación y el libre establecimiento de personas, así como a la libre circulación de bienes en todo el territorio del Estado.
Los apartados 1 a 4 del art. 125 EAC contienen la cláusula «en todo caso» que describe las submaterias que concretan el contenido material de la competencia autonómica sobre colegios profesionales, incluyendo una referencia a los límites constitucionales derivados de los arts. 36 y 139 CE, lo que implica que en este ámbito material de competencia estatutaria, el Estado puede incidir a través de sus funciones normativas para limitar o modelar el alcance de esa competencia, al amparo de lo dispuesto en los citados preceptos.
El apartado cinco del art. 5 de la Ley 25/2009 se refiere, con carácter genérico e indeterminado, a «el ejercicio de las profesiones», sin especificar cuáles pueden quedar afectadas por el requisito de incorporación al colegio profesional correspondiente; y la disposición transitoria cuarta establece una reserva legislativa al Estado para determinar las profesiones para cuyo ejercicio es obligatoria la colegiación, sin que las especificaciones que en la misma se contienen respecto a la naturaleza de estas profesiones venga a resolver la cuestión competencial subyacente. Y ello porque, de acuerdo con ambos preceptos, es únicamente al Estado a quien corresponde decidir, mediante ley, cuáles son las profesiones que exigen para su ejercicio la preceptiva colegiación, lo que suprime la competencia de la Generalitat para determinar los requisitos y condiciones de ejercicio de aquellas profesiones que no requieran la previa colegiación para ser ejercidas. Considera el Letrado que el carácter expansivo de estos preceptos neutraliza las competencias asumidas por la Generalitat y, por tanto, vulnera el art. 125.4 a) EAC y, en la medida en que transpone la Directiva ignorando las competencias de la Generalitat, vulnera también lo prescrito en los arts. 113 y 189.1 del citado Estatuto de Autonomía.
En segundo lugar, la afirmación de que será requisito indispensable para el ejercicio de las profesiones «estar incorporado al colegio profesional correspondiente», vulnera el art. 125.1 EAC que atribuye a la Generalitat competencia exclusiva en materia de colegios profesionales, así como su competencia exclusiva para el ejercicio de las profesiones tituladas, respetando las normas generales sobre titulaciones académicas y profesionales. Además, el carácter preceptivo de la colegiación incide en el ejercicio de derechos constitucionales, en concreto, queda afectado el derecho de asociación en su vertiente negativa y el derecho a la libre elección de profesión y oficio, como manifestación de la libertad de trabajar. Y de conformidad con lo dispuesto en el art. 10 de la Directiva que se transpone, la intervención de los poderes públicos sobre el principio de libertad de prestación de servicios, solamente podrá verse limitada en virtud de razones de imperiosa necesidad y corresponderá a la autoridad que disponga de la competencia.
Se afirma por el Letrado de la Generalitat que el Estado no puede invocar el art. 149.1.18 y 30 CE para amparar su competencia para la transposición de la Directiva en lo que se refiere a los colegios profesionales. Las referencias que el art. 125 EAC efectúa a los arts. 36 y 139 CE, constituyen un límite o modulación a la competencia de la Generalitat, pero no pueden legitimar una invocación a los títulos competenciales de los apartados 18 y 30 del art. 149.1 CE, como la que efectúa la disposición final primera de la Ley recurrida, pues si fuera así, la consecuencia sería la desnaturalización del significado de los arts. 36 y 139 CE. A ello se añade que no existe una jurisprudencia constitucional tan unívoca respecto a la determinación del alcance del título competencial del art. 149.1.18 CE, sobre todo si se considera que la ley a la que se refiere el art. 36 CE ha de versar sobre la organización y las competencias y no sobre el régimen general de los colegios profesionales.
En tercer lugar, afirma el Letrado que la Ley 25/2009 no es una ley reguladora del régimen general de los colegios, sino que lo que hace es establecer las excepciones al principio general de libertad en la regulación del acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, siendo ésta una decisión que debe corresponder a la autoridad que ostente la competencia, aunque la decisión que se tome afecte al ámbito de la libre prestación de servicios. Esto último incide sobre derechos constitucionales como la libertad de empresa, el derecho de asociación en el sentido especial que tiene en el contexto de los colegios profesionales y el derecho al trabajo en su vertiente de la libertad de elección de profesión o de oficio.
Por último, se afirma que el Estado tampoco puede invocar el título competencial del art. 149.1.30 CE, que no se refiere al ejercicio de la profesión, mientras que el art. 125.4 a) EAC se refiere expresamente a la determinación de los requisitos y las condiciones de ejercicio de las profesiones tituladas, por lo que se está atribuyendo al título competencial estatal una vis expansiva que no se corresponde con el significado y el alcance de los arts. 36 y 139 CE.
Concluye el Letrado autonómico señalando que la remisión a una futura ley estatal que contiene el apartado cinco del art. 5 de la Ley 25/2009 vulnera las competencias atribuidas a la Generalitat en los apartados 1 y 4 del art. 125 EAC y, en consecuencia, es inconstitucional. De dicha inconstitucionalidad deriva a su vez, la de la disposición transitoria cuarta de la Ley, que contiene un mandato al Gobierno estatal para que en el plazo de doce meses remita a las Cortes Generales un proyecto de ley que determine las profesiones para cuyo ejercicio es obligatoria la colegiación, y adolece también de inconstitucionalidad la disposición final primera, en cuanto ampara la regulación del art. 5 en las competencias estatales recogidas en las reglas 18 y 30 del art. 149 CE.
2. El Pleno, a propuesta de la Sección Cuarta acordó, en fecha 5 de octubre de 2010, admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña; de conformidad con lo dispuesto en el art. 10.1 b) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), en la redacción dada por la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, atribuir a la Sala Segunda, a la que por turno objetivo ha correspondido, el conocimiento del presente recurso, señalando de aplicación la doctrina constitucional contenida en las SSTC 20/1988, de 18 de febrero y 31/2010, de 28 de junio; dar traslado de las actuaciones, conforme establece el art. 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, al Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto de sus Presidentes, y al Gobierno a través del Ministerio de Justicia, al objeto de que en el plazo de quince días, pudieran personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimaran pertinentes; y publicar la incoación del recurso en el «Boletín Oficial del Estado».
3. El Senado, por escrito de su Presidente de 19 de octubre de 2010, acordó solicitar la personación de la Cámara y ofrecer su colaboración a los efectos del art. 88.1 LOTC.
4. El Congreso de los Diputados, en escrito de su Presidente de 19 de octubre de 2010, acordó solicitar la personación de la Cámara a los efectos del art. 88.1 LOTC.
5. Mediante escrito que tuvo entrada en este Tribunal el 25 de octubre de 2010, el Abogado del Estado solicitó una prórroga hasta el máximo legal, del plazo concedido para alegaciones. La Sala Segunda, mediante providencia de 26 de octubre, acordó incorporar a las actuaciones el escrito del Abogado del Estado y atender su solicitud, ampliando en diez días el plazo originalmente concedido.
6. En fecha 12 de noviembre de 2010 tuvo entrada en este Tribunal escrito de alegaciones del Abogado del Estado en el que solicita que se tenga por evacuado el trámite conferido y, en su día, se dicte Sentencia desestimatoria del presente recurso en todos sus extremos.
Comienza el Abogado del Estado recordando que la Ley que es objeto del presente recurso de inconstitucionalidad se dicta como complemento necesario de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, para lograr la plena incorporación al Derecho español de la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa los servicios en el mercado interior, y responde a la finalidad de incorporar de manera efectiva los objetivos de la Ley 17/2009 a la normativa sectorial concreta. Considera el representante estatal que la demanda únicamente reprocha a la Ley 25/2009 que reserve a la ley estatal la definición de aquellas profesiones y servicios de colegiación obligatoria, y su planteamiento puede resumirse en los siguientes puntos:
a) El escrito rector parte de la doctrina del Tribunal según la cual no existe un título competencial en la Constitución sobre la incorporación del Derecho comunitario, y cita los arts. 113 y 189.1 EAC, en los que se atribuye a la Generalitat el desarrollo, la aplicación y ejecución del Derecho comunitario «en el ámbito de sus competencias». En relación con este argumento, recuerda el Abogado del Estado la doctrina de este Tribunal sobre dicha materia, y especialmente la recogida en la STC 31/2010, de 28 de junio, FJ 123, en la interpretación del art. 189.2 y 3 EAC, en la que se afirma que el precepto parte del reconocimiento de la competencia del Estado para la adopción de medidas internas de ejecución del Derecho europeo cuando aquéllas tengan un alcance superior al del territorio de Cataluña y las Comunidades Autónomas competentes no las puedan adoptar en sus respectivos ámbitos territoriales a través de mecanismos de colaboración y cooperación. Afirma el Letrado que el Estado, consciente de esta doctrina, en ningún momento ha invocado como título una facultad universal de transposición del derecho comunitario; muy al contrario, en la disposición final primera se invocan concretas competencias materiales recogidas en el art. 149.1 CE, que otorgan cobertura a los preceptos impugnados. La normativa estatal responde a la necesidad de implantar un régimen mínimamente uniforme en materia de colegiación, y lo hace contemplando un mecanismo de colaboración de las Comunidades Autónomas, que habrán de ser preceptivamente consultadas por el Gobierno, antes de que éste remita a las Cortes Generales el proyecto de ley que determine las profesiones para cuyo ejercicio es obligatoria la colegiación (disposición transitoria cuarta).
b) Afirma la Comunidad Autónoma que el título estatutario contemplado en el art. 125 EAC sólo limita la competencia autonómica a lo previsto en los arts. 35 y 139 CE, y no a las competencias estatales del art. 149.1 CE. Para el Abogado del Estado esta afirmación resulta totalmente contradicha por lo dispuesto en los fundamentos jurídicos 64 y 71 de la STC 31/2010, de donde se deriva que dicha competencia estatutaria, por mucho que se califique de exclusiva, está sujeta a la Constitución y, en particular, a los títulos competenciales que en exclusiva reserva al Estado el art. 149.1, por lo que la competencia autonómica del art. 125 EAC ha de quedar sujeta, no sólo a los límites en ese precepto expresamente recogidos, sino también a las competencias estatales concurrentes reconocidas en el art. 149.1 CE, debiendo rechazarse, en consecuencia, la pretensión de que la competencia autonómica únicamente se encuentra limitada por los arts. 36 y 139 CE.
Se recuerda asimismo la jurisprudencia constitucional en la que se ha afirmado que corresponde a la legislación estatal fijar los principios y reglas básicas a que han de ajustar su organización y competencias las corporaciones de Derecho público representativas de intereses profesionales (STC 76/1983, de 5 de agosto) y la ley a que se refiere el art. 36 CE ha de ser estatal, siendo así que el fundamento constitucional de esa legislación básica estatal no puede encontrarse sino en el art. 149.1.18 CE.
c) Las competencias atribuidas al Estado en los apartados 18 y 30 del art. 149.1 CE, le habilitan para reservar al legislador estatal la determinación de las profesiones en la que la previa incorporación a un colegio profesional sea requisito indispensable para su ejercicio. La doctrina constitucional (SSTC 76/1983, FJ 26 y 20/1988, FJ 4) es unánime al incluir en la competencia estatal del art. 149.1.18 CE la fijación de las bases por las que han de regirse los aspectos organizativos y competenciales de los colegios profesionales.
En la STC 330/1994, de 15 de diciembre, se vino a justificar el carácter básico de la determinación de las profesiones en que sea requisito imprescindible para su ejercicio la previa incorporación a un colegio profesional. De la citada doctrina cabe deducir que: i) la Constitución no configura un modelo de colegio profesional, más allá de la reserva de ley del art. 36 CE y de la exigencia de su estructura interna y funcionamiento democrático, por lo que el legislador puede optar, dentro de esos límites constitucionales, por diversas configuraciones; ii) dentro de esa diversidad de opciones legales, los colegios podrán tener una mayor o menor «dimensión pública» en función del grado de vinculación que sus fines profesionales tengan con un servicio público o con el interés público; cuanto mayor sea la dimensión pública de los colegios, mayor será el ámbito de lo básico ex art. 149.1.18 CE; pero lo básico siempre alcanzará, como mínimo común, a la definición de la obligatoriedad de la adscripción de los profesionales al colegio correspondiente, y iii) lo anteriormente expuesto resulta predicable del ejercicio de cualquier profesión, sea o no titulada; y respecto de las profesiones tituladas, la intensidad de la competencia estatal resulta reforzada por el art. 149.1.30 CE.
En definitiva, a través de la colegiación obligatoria se está atribuyendo a los colegios profesionales la facultad típicamente pública de verificar el cumplimiento de los requisitos de ejercicio de una determinada profesión y, en su caso, autorizar dicho ejercicio; y nada hay más típicamente vinculado a la vertiente pública de los colegios profesionales que su función de sustituir a una Administración pública en la autorización para el ejercicio de una actividad concreta.
d) La determinación de los supuestos de colegiación obligatoria para el ejercicio de una actividad reúne todos los elementos que la doctrina constitucional exige para que nos encontremos ante una condición básica que garantiza la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales, pues tiene una conexión directa e inmediata con una dimensión constitucionalmente protegida del derecho de asociación, esto es, con la libertad de no asociarse; no supone el establecimiento de un régimen general, sino que constituye una intervención mínima para garantizar la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de tal derecho fundamental; y no responde a la clásica mecánica bases-desarrollo, sino que agota y demanda una igual aplicación en todo el territorio. En definitiva, hace referencia a una posición jurídica fundamental, en cuanto especifica los casos en los que un elemento nuclear de una libertad pública se elimina en atención a otros fines o intereses públicos, por lo que resulta evidente la relevancia del art. 149.1.1 CE, en cuanto que el Estado, a través de los preceptos impugnados únicamente se estaría reservando la competencia para fijar la condición básica para garantizar la igualdad en el ejercicio de una dimensión esencial del derecho de asociación.
7. Por providencia de 18 de abril de 2013 se acordó señalar para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 22 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1. El presente recurso de inconstitucionalidad se interpone por la Generalitat de Cataluña contra el art. 5.5, disposición transitoria cuarta y disposición final primera de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, preceptos todos que atañen al régimen de los colegios profesionales establecido por la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre colegios profesionales.
2. La cuestión planteada en el presente recurso de inconstitucionalidad guarda directa conexión con la que ha sido resuelta por este Tribunal en la Sentencia 3/2013, de 17 de enero (cuya doctrina ha sido posteriormente reiterada en las SSTC 46/2013 y 50/2013, de 28 de febrero y 63/2013, de 14 de marzo), por lo que procede remitirse a lo señalado en la misma, cuyas apreciaciones y conclusiones resumimos a continuación.
a) El art. 149.1.18 CE habilita al Estado para dictar la legislación básica en materia de colegios profesionales: «La competencia del Estado para regular los colegios profesionales le viene dada por el art. 149.1.18 CE, que le permite fijar los principios y reglas básicas de este tipo de entidades corporativas … Aun cuando los colegios profesionales se constituyen para defender primordialmente los intereses privados de sus miembros, tienen también una dimensión pública que les equipara a las Administraciones Públicas de carácter territorial, aunque a los solos aspectos organizativos y competenciales en los que ésta se concreta y singulariza [SSTC 76/1983, de 5 de agosto, FJ 26; 20/1988, de 18 de febrero, FJ 4; y 87/1989, de 11 de mayo, FJ 3 b)]. En definitiva, corresponde al Estado fijar las reglas básicas a que los colegios profesionales han de ajustar su organización y competencias, aunque con menor extensión e intensidad que cuando se refiere a las Administraciones públicas en sentido estricto (STC 32/2010, de 28 de junio, FJ 71).» (FJ 5).
b) La competencia estatal ex art. 149.1.18 CE incluye la definición, a partir del tipo de colegiación, de los modelos posibles de colegios profesionales y de las condiciones en que las Comunidades Autónomas pueden crear entidades corporativas de uno u otro tipo, pues la determinación del régimen de colegiación (forzoso o voluntario) tiene carácter básico:
«Forma parte de la competencia estatal la definición, a partir del tipo de colegiación, de los modelos posibles de colegios profesionales pero, también la determinación de la condiciones en que las Comunidades Autónomas pueden crear entidades corporativas de uno u otro tipo … la Constitución no impone en su art. 36 CE un único modelo de colegio profesional. Bajo esta peculiar figura con rasgos asociativos y corporativos pueden englobarse por el legislador estatal, en ejercicio de su competencia para formalizar normas básicas de las Administraciones públicas ex art. 149.1.18 CE, situaciones bien distintas como son las que corresponden al ejercicio de funciones públicas en régimen de monopolio o de libre concurrencia en el mercado como profesión liberal, y con colegiación forzosa o libre. Del mismo modo, no tiene por qué erigirse, en los supuestos legales de colegiación voluntaria, en un requisito habilitante para el ejercicio profesional. Y es asimismo posible que los Colegios profesionales asuman la defensa de actividades que no configuren, en realidad profesiones tituladas. Todos estos extremos pueden ser regulados libremente por el legislador estatal, desarrollando el art. 36 y con cobertura competencial en el art. 149.1.18, ambos de la Constitución … La determinación del régimen de colegiación tiene carácter básico, pues es una condición esencial de la conformación de cada Colegio profesional: Ahora bien, dado que en la Ley se limita considerablemente la dimensión pública que tenían estos colegios, sustituyendo sus facultades de autorización y control por la que realicen los organismos competentes de la Administración pública, paralelamente el nivel de lo básico debe ser reducido y, por tanto, de la ordenación dispuesta en el art. 31 sólo han de considerarse básicos la denominación, la ausencia de obligatoriedad en su adscripción y la existencia de un Consejo General.» (FJ 7).
Se afirma asimismo en el fundamento jurídico 7 que «el carácter forzoso de la colegiación, como excepción a la libertad general de asociación, debe venir justificado por la relevancia del fin público que se persigue, así como por la dificultad de obtener ese fin sin recurrir a la adscripción forzosa al ente corporativo». En definitiva, se afirma que «la competencia estatal para fijar las bases deriva … de la configuración de los colegios profesionales como corporaciones de Derecho público y de la atribución a los mismos de funciones públicas de mayor o menor relevancia para la profesión, y dado que el art. 36 CE no hace reserva de la institución colegial a las profesiones tituladas, la competencia del Estado para definir el modelo de colegio profesional para las profesiones reguladas no tituladas encuentra los mismos límites que cuando la ejerce para las profesiones tituladas (STC 330/1994, FJ 9).»
c) Corresponde pues al legislador estatal la determinación de las profesiones cuyo ejercicio se sujeta a colegiación obligatoria, y ello, en los términos previstos en la modificación introducida en el art. 3.2 de la Ley 2/1974 de colegios profesionales, por el art. 5.5 y disposición transitoria cuarta de la Ley 25/2009:
«Antes de la reforma operada por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, … la Ley 2/1974, de 13 de febrero, consagraba un modelo único de colegio profesional, caracterizado por la colegiación obligatoria, pues los profesionales estaban obligados a colegiarse para “el ejercicio de las profesiones colegiadas”. Tras su reforma, el legislador estatal ha configurado dos tipos de entidades corporativas, las voluntarias y las obligatorias. El requisito de la colegiación obligatoria constituye una barrera de entrada al ejercicio de la profesión y, por tanto, debe quedar limitado a aquellos casos en que se afecta, de manera grave y directa, a materias de especial interés público, como la protección de la salud y de la integridad física o de la seguridad personal o jurídica de las personas físicas, y la colegiación demuestre ser un instrumento eficiente de control del ejercicio profesional para la mejor defensa de los destinatarios de los servicios, tal y como se deduce de la disposición transitoria cuarta de esta misma norma. En definitiva, los colegios profesionales voluntarios son, a partir de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, el modelo común, correspondiendo al legislador estatal, conforme a lo establecido en el art. 3.2, determinar los casos en que la colegiación se exige para el ejercicio profesional y, en consecuencia, también las excepciones, pues éstas no hacen sino delimitar el alcance de la regla de la colegiación obligatoria, actuando como complemento necesario de la misma. La determinación de las profesiones para cuyo ejercicio la colegiación es obligatoria se remite a una ley estatal, previendo su disposición transitoria cuarta que, en el plazo de doce meses desde la entrada en vigor de la ley, plazo superado con creces, el Gobierno remitirá a las Cortes el correspondiente proyecto de ley y que, en tanto no se apruebe la ley prevista, la colegiación será obligatoria en los colegios profesionales cuya ley de creación así lo haya establecido.» (FJ 7)
d) La exigencia de colegiación obligatoria para el ejercicio de determinadas profesiones constituye, además, una condición básica que garantiza la igualdad en el ejercicio de los derechos y deberes constitucionales ex art. 149.1.1 CE: «La colegiación obligatoria no es una exigencia del art. 36 CE, tal y como pusimos de manifiesto en nuestra STC 89/1989, FJ 8, sino una decisión del legislador al que este precepto remite. Pero en la medida en que éste decide imponerla para el ejercicio de determinadas profesiones, se constituye en requisito inexcusable para el ejercicio profesional y, en consecuencia, un límite que afecta al contenido primario del derecho reconocido en el art. 35.1 CE; … es también, como acabamos de señalar, un límite esencial en la medida en que su exigencia supone la excepción, para quienes eligen una determinada profesión, del derecho fundamental de asociación en su vertiente negativa y, finalmente, resulta imprescindible pues, no se garantizaría el ejercicio del derecho del art. 35.1 CE en condiciones de igualdad, si el resultado del juicio que necesariamente debe realizarse a la vista de los concretos intereses públicos que concurren en cada caso, en cada profesión, y la obligación de elegir la alternativa menos gravosa entre las permitidas en el art. 36 CE, fuera distinta dependiendo del lugar de establecimiento o de prestación.» (FJ 8).
3. En definitiva, la doctrina contenida en la STC 3/2013, de 17 de enero, resuelve las cuestiones planteadas por la Generalitat de Cataluña en el presente recurso de inconstitucionalidad, en cuanto afirma la competencia del Estado ex art. 149.1.18 CE para reservar al legislador estatal la determinación con carácter básico de los supuestos de colegiación obligatoria, en los términos contemplados en los preceptos de la Ley 25/2009 que son objeto del presente recurso de inconstitucionalidad, y reconoce expresamente el carácter de esta Ley como parámetro básico de contraste de las competencias autonómicas en materia de colegios profesionales.
La competencia estatutaria contemplada en el art. 125 del Estatuto de Autonomía de Cataluña (EAC), aun cuando se califique como exclusiva, está sujeta a la Constitución y, en concreto, a los títulos competenciales que reserva al Estado el art. 149.1 CE, y así lo señaló el fundamento jurídico 64 de la STC 31/2010, específicamente en relación con lo dispuesto en el art. 125.1 y 4 EAC, afirmando que «la técnica seguida en ocasiones por el Estatuto de atribuir competencias materiales a la Generalitat que se proyectan “en todo caso” sobre las submaterias correspondientes … ha de entenderse en sentido meramente descriptivo o indicativo de que dichas submaterias forman parte del contenido de la realidad material de que se trate, pero sin que las competencias del Estado, tanto si son concurrentes como si son compartidas con las de la Comunidad Autónoma, resulten impedidas o limitadas en su ejercicio por esa atribución estatutaria “en todo caso” de competencias específicas a la Generalitat. Este es el sentido en que habrá de ser entendida dicha expresión que figura en determinados preceptos impugnados» (entre ellos se cita expresamente el art. 125.1 y 4 EAC); y en el fundamento jurídico 71, tras remitirse a lo anteriormente señalado, se añade que «el encabezamiento del propio art. 125.1 somete las competencias autonómicas al art. 36 CE, lo que ha de significar necesariamente, a la ley estatal (STC 20/1988, FJ 3) de lo que se concluye que el art. 125.1 EAC no cierra el paso a las competencias legislativas estatales».
4. Por último, y en relación a la referencia que efectúa la disposición final primera de la Ley 25/2009 al art. 149.1.30 CE, como título que ampara la competencia estatal en esta materia, cabe señalar que, a través de la colegiación obligatoria, se viene a atribuir a los colegios profesionales el ejercicio de funciones propias de los poderes públicos, ligadas a la verificación del cumplimiento de los requisitos exigibles para el ejercicio profesional y a la autorización de dicho ejercicio, por lo que dicha atribución encuentra amparo en la competencia atribuida al Estado en el art. 149.1.30 CE, en materia de «normas básicas para el desarrollo del art. 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia», operando pues como título complementario del previsto en el art. 149.1.18 CE.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Desestimar el presente recurso de inconstitucionalidad.
Publíquese esta Sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a veintidós de abril de dos mil trece.–Ramón Rodríguez Arribas.–Pablo Pérez Tremps.–Francisco José Hernando Santiago.–Luis Ignacio Ortega Álvarez.–Francisco Pérez de los Cobos Orihuel.–Encarnación Roca Trías.–Firmado y rubricado.
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Las competencias para decidir si la colegiación es obligatoria son del Estado, según el TC #BOE
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"103",
"111"
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TRIBUNAL_CONSTITUCIONAL
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Tribunal Constitucional
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Las competencias para decidir si la colegiación es obligatoria son del Estado, según el TC
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"974",
"4769",
"5904"
] | 3,392
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2015-03-16
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BOE-A-2015-5225
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Sala Primera. Sentencia 19/2015, de 16 de febrero de 2015. Recurso de amparo 3738-2012. Promovido por doña Concepción Fuya Lasnig y tres personas más en relación con el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Cataluña inadmitiendo a trámite la iniciativa legislativa popular 'Per la igualtat d'oportunitats en el sistema educatiu català'. Vulneración del derecho a participar en los asuntos públicos: inadmisión fundada en un hecho no configurado legalmente como causa de inadmisión de una iniciativa legislativa popular. Voto particular.
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<p class='parrafo'>La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Presidente, don Luis Ignacio Ortega Álvarez, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Santiago Martínez-Vares García y don Juan Antonio Xiol Ríos, Magistrados, ha pronunciado</p>
<p class='centro_redonda'>EN NOMBRE DEL REY</p>
<p class='parrafo_2'>la siguiente</p>
<p class='centro_redonda'>SENTENCIA</p>
<p class='parrafo_2'>En el recurso de amparo núm. 3738-2012, promovido por doña Concepción Fuya Lasnig, don Alejandro Castillo Navarro, don Héctor Claudio Silveira Gorski y don Jordi Morató-Aragonés Pàmies, representados por el Procurador de los Tribunales don José Luis Pinto Marabotto Ruiz y bajo la dirección del Letrado don Jordi Morató-Aragonés Pàmies, contra el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Cataluña de 27 de marzo de 2012, por el que se desestima la reconsideración de la resolución de 20 de marzo de 2012 por la que se acordó dejar sin efecto el acuerdo de 29 de noviembre de 2011 de admisión a trámite de la iniciativa legislativa popular «Per la igualtat d’oportunitats en el sistema educatiu català». Ha comparecido el Parlamento de Cataluña. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don Juan Antonio Xiol Ríos, quien expresa el parecer del Tribunal.</p>
<p class='centro_negrita'>I. Antecedentes</p>
<p class='parrafo_2'>1. El Procurador de los Tribunales don José Luis Pinto Marabotto Ruiz, en nombre y representación de doña Concepción Fuya Lasnig, don Alejandro Castillo Navarro, don Héctor Claudio Silveira Gorski y don Jordi Morató-Aragonés Pàmies, y bajo la asistencia del Letrado don Jordi Morató-Aragonés Pàmies, interpuso recurso de amparo contra los acuerdos citados en el encabezamiento, mediante escrito registrado en este Tribunal el 20 de junio de 2012.</p>
<p class='parrafo_2'>2. El recurso tiene su origen en los siguientes antecedentes:</p>
<p class='parrafo_2'>a) Los demandantes, en su calidad de integrantes de la comisión promotora, presentaron ante la Mesa del Parlamento de Cataluña la iniciativa legislativa popular «Per la igualtat d’oportunitats en el sistema educatiu català» el 24 de noviembre de 2011, aportando, junto con el escrito de solicitud de admisión a trámite de la iniciativa, el texto articulado de la proposición de ley precedido de una exposición de motivos y una memoria justificativa. La iniciativa fue admitida a trámite por acuerdo de la Mesa del Parlamento de 29 de noviembre de 2011, lo que fue comunicado a la comisión promotora indicando que, de conformidad con el art. 6.5 de la Ley 1/2006, de 16 de febrero, de iniciativa legislativa popular de Cataluña, el perfeccionamiento de la iniciativa requería la presentación en tiempo y forma de un mínimo de 50.000 firmas debidamente autenticadas. El texto del acuerdo y el de la iniciativa legislativa popular fueron publicados en el «Boletín Oficial del Parlamento» de Cataluña de 5 de diciembre de 2011, anunciándose la apertura de la tramitación de la propuesta de iniciativa legislativa popular.</p>
<p class='parrafo'>b) El Gobierno de la Generalitat remitió a la Mesa del Parlamento de Cataluña un acuerdo de 13 de marzo de 2012 oponiéndose a la tramitación de la iniciativa, argumentando que su aprobación comportaría un aumento del gasto presupuestado para el año en curso, puesto que requeriría un incremento de los gastos de personal docente del capítulo I del presupuesto y de la partida presupuestaria destinada a los conciertos educativos, como se reflejaba en el informe elaborado por el Departamento de Educación de la Generalitat, que también se adjuntaba. Este acuerdo se adoptó después de aprobarse, en el mes de febrero, la Ley de presupuestos de 2012, que puso fin a la prórroga de la Ley de presupuestos de 2011. La nueva Ley de presupuestos disponía en su art. 17.4 que «[d]urante el ejercicio 2012, el Gobierno está obligado a oponerse a cualquier iniciativa legislativa que conlleve crecimiento del gasto público presupuestado, si no se proponen, al mismo tiempo los recursos adicionales necesarios».</p>
<p class='parrafo'>c) La Mesa, de conformidad con lo previsto en el art. 102.1 y 2 del Reglamento del Parlamento de Cataluña (RPC) y atendidas las razones expuestas por el Gobierno, dispuso dejar sin efecto el acuerdo de 29 de noviembre de 2011 de admisión a trámite de la iniciativa y declarar conclusa su tramitación mediante un nuevo acuerdo de 20 de marzo de 2012.</p>
<p class='parrafo'>d) La comisión promotora de la iniciativa presentó una solicitud de reconsideración mediante un escrito de 23 de marzo de 2012, alegando que la aprobación de la propuesta no implicaría aumento de gasto en el año en curso pues la propuesta legislativa afectaba a la organización del curso escolar y éste ya había comenzado, de modo que cualquier novedad habría de esperar al curso siguiente. La comisión promotora por un nuevo escrito de 28 de marzo de 2012 alegó que, atendiendo al art. 102.3 del Reglamento, la intervención del Gobierno resultaba extemporánea, pues lo que en ese artículo se establece es que el Gobierno puede oponerse a la tramitación de una iniciativa hasta dos días antes del debate de totalidad, lo que no sería aplicable al caso de una iniciativa legislativa popular que para llegar a la fase de tramitación parlamentaria aún tiene que perfeccionarse con la incorporación de las firmas requeridas, validadas por la junta electoral.</p>
<p class='parrafo'>e) La Mesa del Parlamento, por acuerdo de 27 de marzo de 2012, rehusó la reconsideración y confirmó los efectos de declarar concluso el trámite de la iniciativa. Por acuerdo de 10 de abril de 2012, se tomó nota del escrito presentado el 28 de marzo de 2012, confirmando el rechazo a la solicitud de reconsideración. Por su parte, la Secretaría General del Parlamento, en consideración a «que la comisión promotora de la iniciativa es un agente externo a la organización parlamentaria», dirigió el 11 de abril de 2012 una comunicación en forma de carta a la representante de la comisión promotora, detallando las razones jurídicas que habían conducido a la decisión de inadmisión de la iniciativa.</p>
<p class='parrafo'>f) La comisión promotora presentó el 21 de junio de 2012 en el registro del Parlamento de Cataluña 68.802 firmas de apoyo a la iniciativa legislativa popular. La Mesa del Parlamento, por acuerdo de 26 de junio de 2012, tomó nota de las firmas presentadas y recordó que la iniciativa había caducado como consecuencia del acuerdo de 20 de marzo de 2012. La Secretaria General informó de que se presentaría a la Mesa una propuesta justificada de reembolso por los gastos generados a la comisión promotora mientras estuvo abierta la tramitación de la iniciativa, de acuerdo con la Ley 1/2006, de 16 de febrero, de iniciativa legislativa popular de Cataluña.</p>
<p class='parrafo_2'>3. Los demandantes denuncian que se han vulnerado sus derechos a la participación ciudadana en los asuntos públicos (art. 23.1 CE) y a la igualdad (art. 14 CE) y solicitan que se otorgue el amparo, se declare la nulidad de la resolución de la Mesa y se ordene continuar con la tramitación de la iniciativa legislativa popular.</p>
<p class='parrafo'>Los demandantes fundamentan la vulneración del art. 23.1 CE en que las decisiones impugnadas han realizado una interpretación defectuosa y restrictiva de la regulación aplicable a la tramitación de la iniciativa legislativa popular que ha incidido en el contenido esencial del ejercicio del derecho de participación ciudadana en los asuntos públicos. Se destaca que la decisión de dejar sin efecto la admisión a trámite fue inmotivada, incurriéndose en una defectuosa interpretación del Reglamento de Parlamento en la denegación de la reconsideración y no se dio respuesta al argumento de que la eventual aprobación de la ley propuesta no podría afectar al presupuesto en vigor, puesto que no podría aplicarse al curso escolar ya comenzado. Igualmente, se afirma que se habría infringido lo previsto en el art. 6.4 de la Ley de iniciativa legislativa popular de Cataluña, puesto que no se dio ocasión de subsanar los defectos formales advertidos, incluyendo en el texto articulado una cláusula de posposición de efectos económicos al siguiente ejercicio presupuestario; y que se habría producido una interpretación errada del art. 102.3 del Reglamento del Parlamento, permitiendo una interferencia indebida de la Generalitat una vez concluso el trámite inicial de admisión de la iniciativa legislativa popular.</p>
<p class='parrafo'>Los demandantes de amparo fundamentan la vulneración del art. 14 CE en que se ha dispensado un tratamiento distinto y, por tanto, arbitrario, a la iniciativa legislativa popular frente a iniciativas impulsadas por los grupos parlamentarios que han incurrido en similares defectos o errores, subsanados a posteriori mediante escritos de subsanación de errores que incluyen la cláusula de no afectación al presupuesto vigente.</p>
<p class='parrafo_2'>4. La Sala Primera de este Tribunal, por providencia de 8 de abril de 2013, acordó admitir a trámite la demanda de amparo por considerar que en el presente recurso concurría la exigencia de especial trascendencia constitucional a que se refiere el art. 50.1 b) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) consistente en que plantea un problema o una faceta de un derecho fundamental susceptible de amparo sobre el que no haya doctrina del Tribunal Constitucional [STC 155/2009, de 26 de junio, FJ 2 a)], y, en aplicación de lo dispuesto en el art. 51 LOTC, requerir al Parlamento de Cataluña para que, en un plazo que no excediese de diez días, remitiera certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes y entregar una copia de la demanda para conocimiento de la Mesa del Parlamento de Cataluña, a los efectos de su personación en el presente proceso constitucional.</p>
<p class='parrafo_2'>5. La Secretaría de Justicia de la Sala Primera de este Tribunal, por diligencia de ordenación de 16 de mayo de 2013, acordó tener por recibido el testimonio de las actuaciones remitido por el Parlamento de Cataluña, a quien se tiene por personado y parte, y dar vista de las actuaciones al Ministerio Fiscal y las partes personadas por un plazo de veinte días para presentar las alegaciones que estimasen pertinentes, de conformidad con el art. 52 LOTC.</p>
<p class='parrafo_2'>6. El Parlamento de Cataluña, mediante escrito registrado el 17 de junio de 2013, presentó sus alegaciones solicitando la denegación del amparo.</p>
<p class='parrafo'>Por lo que se refiere a la falta de motivación, argumenta que el acuerdo impugnado da a conocer los motivos por los que la Mesa decide dejar sin efecto el acuerdo de admisión a trámite, consistente en la oposición del Gobierno porque la iniciativa supone un aumento del gasto presupuestado y en lo previsto en el art. 102.3 RPC. En cuanto a la suficiencia y adecuación de estos argumentos, expone que la facultad de intervención del Gobierno en este procedimiento se contempla en el art. 102.3 RPC que le permite, cuando no ha sido consultado antes, manifestar su oposición «hasta dos días antes del inicio del debate de totalidad» y pone de manifiesto la circunstancia sobrevenida que explica la intervención del Gobierno en ese momento de tramitación de la iniciativa como es la aprobación el 22 de febrero de 2012 de la Ley de presupuestos para el año 2012, pues fue sólo entonces cuando se hizo manifiesto que la iniciativa legislativa promovida implicaba un incremento de gasto. Además, se afirma que la Mesa, al adoptar el acuerdo, se ha limitado a un control estricto de legalidad, basado en un canon normativo y no ha efectuado un control político o de oportunidad.</p>
<p class='parrafo'>El Parlamento, en lo referido a que la intervención del Gobierno sería extemporánea, porque hubiera debido aguardarse a que la iniciativa se perfeccionara, concluida la fase de recogida de firmas y realizada su autenticación, considera que es un planteamiento que carece de apoyo normativo. A ello añade que el retraso en la adopción del acuerdo no hubiera supuesto ninguna ventaja y sí, en cambio, importantes inconvenientes. Por un lado, la continuación de la tramitación, conocida ya la oposición gubernamental, «habría alimentado falsas expectativas en la comisión promotora»; y, por otro, hubiera implicado un perjuicio al erario público, pues el proceso de verificación de firmas genera un importante gasto.</p>
<p class='parrafo'>En cuanto a la queja referida a que no se habría ofrecido la posibilidad de subsanación de lo que los recurrentes consideran un defecto formal, como es la ausencia en el texto articulado de la cláusula de no afectación al presupuesto vigente, el Parlamento argumenta que las implicaciones presupuestarias no constituyen un defecto formal y, además, en el caso de la iniciativa legislativa popular, una subsanación como la sugerida no sería posible, ya que no es posible alterar el texto una vez admitida a trámite la iniciativa legislativa popular y abierto el período de recogida de firmas.</p>
<p class='parrafo_2'>7. El Ministerio Fiscal, mediante escrito registrado el 3 de julio de 2013, presentó sus alegaciones interesando que se declare la vulneración del derecho a la participación política (art. 23.1 CE) y la nulidad de los acuerdos impugnados.</p>
<p class='parrafo'>El Ministerio Fiscal argumenta que la decisión de dejar sin efecto la previa admisión a trámite de la iniciativa carece de motivación suficiente, ya que si bien dicha decisión tiene base normativa en el art. 102.3 del Reglamento del Parlamento, se adoptó sin ponderar las circunstancias concurrentes y sin tomar en cuenta las razones alegadas por los recurrentes en su escrito de reconsideración, en particular, las relativas a la no incidencia presupuestaria de la iniciativa legislativa popular en el ejercicio presupuestario de 2012. A este respecto, considera relevante que el inciso final del art. 102.2 RPC indique que el Gobierno no puede manifestar su disconformidad con la tramitación de la iniciativa si los efectos económicos se posponen a un ejercicio posterior. Coincide con el demandante en que el proceder de la Mesa, al optar por una interpretación restrictiva de las normas aplicables, ha impedido el desarrollo parlamentario de la iniciativa legislativa popular y, en esa medida, ha obstaculizado indebidamente el ejercicio del derecho fundamental de participación política.</p>
<p class='parrafo'>No considera, en cambio, que haya habido lesión del principio de igualdad del art. 14 CE, pues este extremo no se acredita ni justifica debidamente en la demanda, por lo que no es posible comparar lo sucedido con lo que haya sido la práctica de la Mesa en relación con iniciativas presentadas por diputados o grupos parlamentarios.</p>
<p class='parrafo_2'>8. Los demandantes, por escrito registrado el 19 de junio de 2013, presentaron sus alegaciones, dando por reproducidos los hechos y fundamentos expuestos en el escrito de interposición del recurso y poniendo de manifiesto la importancia del depósito de las más de 68.000 firmas que refrendan la presentación de la iniciativa legislativa popular.</p>
<p class='parrafo_2'>9. Por providencia de 12 de febrero de 2015 se señaló para la deliberación y votación de la presente Sentencia el día 16 de dicho mes y año.</p>
<p class='centro_negrita'>II. Fundamentos jurídicos</p>
<p class='parrafo_2'>1. El objeto de este recurso de amparo es determinar si la decisión de la Mesa del Parlamento de Cataluña por la que se dejó sin efecto la previa admisión a trámite de la iniciativa legislativa popular «Per la igualtat d’oportunitats en el sistema educatiu català» y declaró el cierre de su tramitación, vulneró los derechos de participación en los asuntos públicos (art. 23.1 CE) y el principio de igualdad (art. 14 CE).</p>
<p class='parrafo'>Los demandantes fundamentan la invocación del art. 23.1 CE en que la decisión sobrevenida de la Mesa de dejar sin efecto la admisión a trámite de la iniciativa carece de base normativa suficiente y ha impedido de manera injustificada el ejercicio de la iniciativa legislativa popular. En concreto, ponen de manifiesto que (i) la decisión de la Mesa carece de cobertura legal ya que se adoptó extemporáneamente en virtud de una intervención del Gobierno cuando la iniciativa legislativa popular ya había sido admitida a trámite; y (ii) la decisión adoptada por la Mesa carece de motivación y la que se le puede atribuir es insuficiente o inadecuada ya que la legislación propuesta tenía una incidencia presupuestaria nula en el año de la presentación al haberse comenzado ya el curso académico y, en todo caso, el defecto sobre la posposición de sus efectos presupuestarios tiene carácter subsanable.</p>
<p class='parrafo'>Fundamentan la invocación del derecho a la igualdad (art. 14 CE) en que no permitir la subsanación del eventual defecto de forma referido a la posposición de los efectos presupuestarios de la iniciativa supuso un trato desfavorable a esta modalidad de iniciativa respecto a las de origen parlamentario.</p>
<p class='parrafo_2'>2. La jurisprudencia constitucional que puede resultar relevante para este caso, en relación con el derecho de participación política (art. 23.1 CE), puede resumirse en los siguientes aspectos:</p>
<p class='parrafo_2'>a) El art. 23.1 CE reconoce el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes. La Constitución, al establecer que la Monarquía parlamentaria es la forma de gobierno o forma política del Estado español (art. 1.3 CE), diseña un sistema de participación política de los ciudadanos en el que priman los mecanismos de democracia representativa. No obstante, también la Constitución reconoce concretos instrumentos de democracia directa como es la iniciativa legislativa popular (art. 87.3 CE; SSTC 119/1995, de 17 de julio, FJ 3, o 103/2008, de 11 de septiembre, FJ 2), cuyo ejercicio debe desarrollarse en la forma jurídicamente prevista en cada caso al ser un derecho de configuración legal (STC 76/1994, de 14 de marzo, FJ 3).</p>
<p class='parrafo'>b) La iniciativa legislativa popular en el marco del ejercicio de las competencias autonómicas, una vez regulado su uso por los Estatutos y la legislación autonómica, también forma parte del derecho que tienen los ciudadanos a participar directamente en los asuntos públicos reconocido en el art. 23.1 CE, en la concreta configuración legal que le sea dada (ATC 428/1989, de 21 de julio, FJ 3).</p>
<p class='parrafo'>c) La legislación autonómica configura los perfiles específicos de esta modalidad de iniciativa de los ciudadanos y, como sucede con otros derechos de configuración legal, no toda infracción de la ley autonómica reguladora de la iniciativa se traduce en una lesión del derecho fundamental. De ese modo, la vulneración del art. 23.1 CE no se deriva de la mera existencia de irregularidades en el procedimiento de tramitación con ocasión del ejercicio de la iniciativa, sino de «la presencia de una relación causal entre irregularidad procedimental y transgresión del contenido del derecho fundamental, de suerte que se haga evidente la imposibilidad de ejercicio de la iniciativa popular en virtud de obstáculos imprevisibles e insalvables» (ATC 140/1992, de 25 de mayo, FJ 2).</p>
<p class='parrafo'>d) La iniciativa legislativa popular como instrumento de participación directa de los ciudadanos en la función legislativa, a través de la facultad de propuesta, y de comunicación con los representantes en el parlamento tiene también el sentido de buscar «forzar el debate político y obligar a que los distintos Grupos de la Cámara y esta misma tengan que tomar expresa posición sobre un asunto o tema determinado» (STC 40/2003, de 27 de febrero, FJ 7). Con independencia, por tanto, de que la propuesta prospere ante el Pleno, la función principal de este cauce de participación se habrá conseguido haciendo posible que los ciudadanos puedan conocer «lo que sus representantes piensan sobre una determinada materia, así como sobre la oportunidad o no de su regulación legal, y extraer sus propias conclusiones acerca de cómo aquéllos asumen o se separan de lo manifestado en sus respectivos programas electorales» (STC 124/1995, de 18 de julio, FJ 3). Por tanto, en la medida en que se incidiría sobre esta concreta finalidad de la iniciativa legislativa popular, «una decisión de inadmisión que no se ajustase a las causas legales al efecto establecidas entrañaría una vulneración del derecho fundamental consagrado en el art. 23.1 CE» (ATC 428/1989, de 21 de julio, FJ 3).</p>
<p class='parrafo'>e) La decisión de la Mesa de la Cámara respecto de la admisión de la iniciativa es un acto reglado que tiene por objeto comprobar que la iniciativa cumple con los requisitos de forma y que no tiene por objeto materias excluidas. En ese sentido, al igual que se ha afirmado respecto de otras funciones calificadoras de la Mesa, se trata de un control estrictamente normativo y no de oportunidad, ya que cumplen la función jurídico-técnica de ordenar y racionalizar el funcionamiento de las Cámaras para su mayor eficiencia como foro de debate y participación de la cosa pública (STC 191/2013, de 18 de noviembre, FJ 3), que debe ejercerse respetando, además, la dimensión material del deber de motivación que exige motivar expresa, suficiente y adecuadamente la aplicación de las normas cuando pueda resultar de la misma una limitación al ejercicio de los derechos reconocidos en el art. 23 CE (STC 40/2003, de 27 de febrero, FJ 6).</p>
<p class='parrafo'>f) En la medida en que así esté previsto normativamente, resulta posible que la Mesa de una Cámara, tras una inicial decisión de admisión a trámite de una propuesta legislativa, deje sin efecto la misma cuando el Gobierno ejerza una potestad de oposición vinculada a razones de impacto presupuestario de la iniciativa. Además, por afectar a las relaciones Parlamento-Gobierno, en esos casos el control que debe ejercer por este Tribunal en vía de amparo debe ser de una menor intensidad (STC 242/2006, de 24 de julio, FJ 6).</p>
<p class='parrafo_2'>3. En el presente caso, como ha sido detallado en los antecedentes, los elementos facticos más relevantes que deben tomarse en consideración para resolver la invocación del art. 23.1 CE son los siguientes:</p>
<p class='parrafo_2'>a) La Mesa del Parlamento de Cataluña, mediante un inicial Acuerdo de 29 de noviembre de 2011, admitió a trámite una iniciativa legislativa popular tras verificar el cumplimiento de los requisitos formales y materiales del art. 6 de la Ley 1/2006, de 16 de febrero, de iniciativa legislativa popular de Cataluña, dando paso a la fase de recogida de firmas.</p>
<p class='parrafo'>b) El Gobierno de la Generalitat, que no había sido consultado previamente sobre la iniciativa, remitió al Parlamento, al amparo del art. 102.3 del Reglamento del Parlamento de Cataluña (RPC), un acuerdo de 13 de marzo de 2012 oponiéndose a la tramitación de la iniciativa, exponiendo que, una vez aprobada en febrero de 2012 la Ley de presupuestos para el año 2012, implicaría un aumento del gasto presupuestado para el año en curso.</p>
<p class='parrafo'>c) La Mesa, por un nuevo acuerdo de 20 de marzo de 2012, antes de que transcurriera el plazo de recogida de firmas del art. 9 de la Ley de iniciativa legislativa popular de Cataluña, decidió dejar sin efecto la admisión a trámite de la iniciativa y declarar conclusa su tramitación tomando en consideración a lo previsto en el Reglamento de la Cámara y atendidas las razones expuestas por el Gobierno en su acuerdo de oposición.</p>
<p class='parrafo'>d) Los demandantes solicitaron la reconsideración de esta decisión, alegando que la aprobación de la propuesta no implicaría aumento de gasto en el año en curso y que la intervención del Gobierno resultaba extemporánea, toda vez que el art. 102.3 RPC lo que establece es que el Gobierno puede oponerse a la tramitación de una iniciativa hasta dos días antes del debate de totalidad, lo que no sería aplicable al caso de una iniciativa legislativa popular que para llegar a la fase de tramitación parlamentaria aún tiene que perfeccionarse con la incorporación de las firmas requeridas, validadas por la Junta Electoral. Esta solicitud de reconsideración fue rechazada por la Mesa del Parlamento.</p>
<p class='parrafo'>e) Una vez presentadas las firmas de apoyo, la Mesa del Parlamento por acuerdo de 26 de junio de 2012 reiteró que la iniciativa había caducado y la Secretaria General informó a la comisión promotora de que se presentaría en la Mesa una propuesta justificada de reembolso por los gastos generados mientras había estado abierta la tramitación de la iniciativa, de acuerdo con la Ley de iniciativa legislativa popular de Cataluña.</p>
<p class='parrafo_2'>4. En atención a lo expuesto, debe concluirse que se han producido la vulneración del art. 23.1 CE aducida por los demandantes de amparo.</p>
<p class='parrafo'>La decisión de dejar sin efecto la previa admisión a trámite de la iniciativa ha sido adoptada por la Mesa del Parlamento con una interpretación de la normativa que disciplina la iniciativa legislativa popular en Cataluña que ha impedido objetivamente la posibilidad de que se cumpla una de las finalidades que le es propia, como es la oportunidad de que los representantes políticos de la ciudadanía se pronunciaran sobre el contenido de la iniciativa, por lo que incide en el núcleo esencial del art. 23.1 CE.</p>
<p class='parrafo'>La normativa que regula la iniciativa legislativa popular de Cataluña vigente en el momento en que se producen las decisiones impugnadas en el presente recurso de amparo es la citada Ley de iniciativa legislativa popular de Cataluña, en su versión originaria aprobada por la Ley 1/2006, de 16 de febrero. De acuerdo con dicha redacción, en el capítulo II de la Ley, dedicado a la presentación y admisión a trámite de este tipo de iniciativas, el art. 6 de la Ley de iniciativa legislativa popular de Cataluña establece, en su apartado primero, que corresponde a la Mesa del Parlamento examinar la documentación recibida con la solicitud de admisión y pronunciarse de forma motivada en el plazo de quince días «sobre la admisión o inadmisión a trámite de la proposición de ley»; y, en su apartado segundo, las «causas de inadmisibilidad de la proposición de ley», entre las que no aparece una eventual oposición del Gobierno a su tramitación por motivos presupuestarios. El capítulo III de la Ley de iniciativa legislativa popular de Cataluña está dedicado al proceso de recogida de firmas y su comprobación por la Junta Electoral, a los efectos de determinar la suficiencia del número de firmas válidas, con la obligación de comunicar ese extremo a la Mesa del Parlamento (art. 12.3 de la Ley). En el capítulo IV de la Ley de iniciativa legislativa popular de Cataluña, dedicado a la tramitación parlamentaria de este tipo de iniciativas, el art. 14 de la Ley establece, en su apartado primero, que «la tramitación de la proposición de ley» debe hacerse de acuerdo con lo establecido por los preceptos del Reglamento del Parlamento que regulan el procedimiento legislativo, «sin perjuicio de las especialidades que especifica la presente ley»; y, en su apartado segundo, que la comisión parlamentaria correspondiente, una vez celebrado el debate de totalidad, si aprueba tramitar la iniciativa legislativa puede oír a la comisión promotora antes de abrir el periodo de presentación de enmiendas.</p>
<p class='parrafo'>Por su parte, el Reglamento del Parlamento de Cataluña dispone en su art. 100.d) que la iniciativa legislativa corresponde, entre otros, «a los ciudadanos, que la ejercen en la forma establecida por la Ley de iniciativa legislativa popular, mediante la presentación de una proposición de ley»; en su art. 101.3 que «las proposiciones de ley … derivadas del ejercicio de la iniciativa legislativa popular deben cumplir, además, los requisitos específicos establecidos por la correspondiente legislación»; y en su art. 102.1 que «la Mesa del Parlamento ha de verificar si los proyectos y las proposiciones de ley cumplen los requisitos establecidos por el presente reglamento y por las leyes y declarar si son admitidos a trámite o no». Por último, el art. 102.2 RPC establece que en los casos en que la Mesa considere que una proposición de ley pueda tener efectos presupuestarios, debe solicitar la conformidad previa del Gobierno para su admisión a trámite, quien no puede denegar la conformidad a una tramitación si los efectos económicos que pueden derivar de esta han sido expresamente pospuestos para otro ejercicio presupuestario; y el art. 102.3 RPC dispone que si el Gobierno no es consultado puede manifestar de forma motivada su disconformidad por razones presupuestarias con la tramitación de una iniciativa legislativa «hasta dos días antes del inicio del debate de totalidad, y corresponde a la Mesa del Parlamento adoptar la decisión definitiva sobre su admisión a trámite».</p>
<p class='parrafo'>Por tanto, conforme a la normativa expuesta, se pone de manifiesto que la iniciativa legislativa popular es una forma más, junto con la iniciativa legislativa del gobierno y la de los grupos parlamentarios, de iniciar un procedimiento legislativo. Igualmente, esta normativa permite concluir que, aunque no exista una superior legitimación de este tipo de iniciativas por su origen, sin embargo la especificidad que supone su configuración como un instrumento de democracia directa dentro del desarrollo de los mecanismos de democracia representativa de la función legislativa determina significativas peculiaridades respecto de la regulación dispensada a otro tipo de iniciativas legislativas. De ese modo, la iniciativa legislativa popular cuenta en la Ley de iniciativa legislativa popular de Cataluña con una regulación específica y diferenciada del trámite de admisibilidad respecto de la dispensada por el Reglamento del Parlamento de Cataluña para las que provienen de la iniciativa de los grupos parlamentarios, ya que si bien comparten el órgano competente para decidir sobre la admisión –la Mesa del Parlamento- y el carácter estrictamente técnico y tasado de la valoración a realizar por este órgano de la cámara, difieren en cuanto a las causas de inadmisibilidad, que para una iniciativa legislativa popular son las establecidas en el art. 6.2 de la Ley de iniciativa legislativa popular de Cataluña, entre las que no aparece la disconformidad presupuestario del Gobierno. Del mismo modo, una segunda peculiaridad establecida en la Ley de iniciativa legislativa popular de Cataluña radica en que el efecto de la decisión de admisión de la Mesa del Parlamento no implica su inmediata tramitación parlamentaria sino que, en coherencia con su carácter de instrumento de democracia directa, lo que abre es el plazo de recogida de firmas de apoyo ciudadano regulado en el capítulo III de la Ley de iniciativa legislativa popular de Cataluña, que culmina, si el número de firmas válidas es igual o superior a 50.000, con la comunicación a la Mesa del Parlamento de esa circunstancia. A partir de ello es cuando se perfecciona la proposición de ley derivada de una iniciativa legislativa popular y, sin necesidad de una ulterior decisión sobre admisibilidad de la Mesa del Parlamento, se procede a tramitación parlamentaria también con distintas peculiaridades, que ahora no resultan relevantes.</p>
<p class='parrafo_2'>5. Esta regulación normativa pone de manifiesto que la decisión de la Mesa del Parlamento de dejar sin efecto la previa admisión a trámite de la proposición de ley derivada de la iniciativa legislativa popular presentada —lo que equivale materialmente a una decisión de inadmisión— y, por tanto, la interrupción del procedimiento de recogida de firmas con el argumento de la existencia de un veto presupuestario el Gobierno carece de cobertura legal, ya que (i) se adoptó en un momento inadecuado, (ii) con fundamento en un hecho que no está configurado normativamente como causa de inadmisión de este tipo de proposiciones de ley, y (iii) por la Mesa del Parlamento que carece de competencia para ello.</p>
<p class='parrafo_2'>(i) Esta decisión material de inadmisión resulta extemporánea toda vez que, tal como ya se ha señalado, la Ley de iniciativa legislativa popular de Cataluña establece como único momento para que la Mesa del Parlamento decida sobre la admisión o inadmisión de este tipo de iniciativas, el plazo de quince días hábiles desde que la Comisión promotora registra la solicitud de admisión (art. 6.1 de la Ley de iniciativa legislativa popular de Cataluña). La relevancia y transcendencia que tiene este trámite aparece reconocida en la propia Ley de iniciativa legislativa popular de Cataluña, cuyo art. 7.1 establece que «[l]a comisión promotora puede interponer, en los términos establecidos por la legislación aplicable, un recurso de amparo contra la resolución de la Mesa del Parlamento por la que esta no admite a trámite la proposición de ley».</p>
<p class='parrafo'>Por tanto, una vez superado este trámite de admisibilidad, en que ya se ha verificado el cumplimiento de los requisitos para ello, no cabe revertir una decisión que tiene como objeto perfeccionar una proposición de ley derivada de una iniciativa legislativa popular a través de la recogida de firmas y, en su caso, posibilitar el devenir de una tramitación parlamentaria de conformidad con lo establecido normativamente.</p>
<p class='parrafo'>(ii) Esta decisión material de inadmisión se ha fundado en un hecho que no estaba configurado legalmente como causa de inadmisión de una iniciativa legislativa popular. Tal como ya se ha expuesto, el capítulo II de la Ley de iniciativa legislativa popular de Cataluña desarrolla la presentación y admisión a trámite de este tipo de iniciativas y, entre las causas de inadmisibilidad reguladas en su art. 6.2, no aparece la falta de conformidad presupuestaria del Gobierno. Por otra parte, no cabe interpretar que la previsión de esa falta de conformidad en el art. 102.3 RPC y los efectos que de ello cabe derivar resulten de aplicación para un tipo de iniciativa que, por sus peculiares características ha recibido una específica y singular regulación por el legislador que, por respeto al contenido esencial del art. 23.1 CE, con el que se conecta, ha omitido cualquier posibilidad de que esa falta de conformidad se alce como un obstáculo para que los representantes políticos se pronuncien sobre aspectos que han conciliado una iniciativa respaldada por un número no despreciable de ciudadanos.</p>
<p class='parrafo'>Esta conclusión se ve ahora reforzada tras la Ley 7/2014, de 25 de junio, por la que se añade una disposición adicional tercera en la Ley de iniciativa legislativa popular de Cataluña, en la que se pone de manifiesto que la falta de conformidad presupuestaria del Gobierno no puede configurarse, en ningún caso, como causa para no admitir una iniciativa legislativa popular. En efecto, si bien en el apartado segundo de esta nueva disposición adicional tercera se establece la obligación de que la Mesa del Parlamento, si la proposición de ley puede tener incidencia presupuestaria, envíe la iniciativa legislativa popular al Gobierno para que se pronuncie sobre ello; en el apartado tercero se establece que el único efecto que se derivaría de la manifestación del Gobierno respecto de la existencia de esa afectación presupuestaria es que la admisión de la iniciativa se ha de realizar de tal modo que la eventual ley resultante no puede entrar en vigor, en la parte que comporte dicha afectación presupuestaria, hasta el ejercicio presupuestario siguiente.</p>
<p class='parrafo'>Por tanto, al no estar previsto expresamente como causa de inadmisión de este tipo de iniciativas la falta de conformidad presupuestaria del Gobierno, cualquier interpretación en ese sentido supone una ilegítima restricción del contenido esencial del art. 23.1 CE, por implicar que se evite el normal desarrollo del proceso de recogida de firmas de apoyo para su perfeccionamiento como iniciativa legislativa y, en su caso, su ulterior tramitación parlamentaria.</p>
<p class='parrafo'>(iii) Esta decisión de inadmisión, fundada en la falta de conformidad presupuestaria del Gobierno, ha sido acordada por la Mesa del Parlamento cuando por tratarse de una razón material cuya valoración no le está expresamente atribuida no contaba con competencia para ello. Tal como ya se ha expuesto, la Ley de iniciativa legislativa popular de Cataluña regula la intervención de la Mesa del Parlamento a los únicos efectos de valorar la concurrencia de las causas de inadmisibilidad establecidas en su art. 6.2. A partir de ese momento la intervención de la Mesa queda limitada a recibir la comunicación de la junta electoral sobre el cumplimiento de la exigencia del número mínimo de firmas válidas de apoyo y, en cumplimiento de su labor de ordenación, a dar curso al trámite parlamentario establecido normativamente. Serán ya otros órganos de la Cámara los que, en las distintas fases de ese devenir parlamentario, decidan lo que estime pertinente con fundamento en las razones de oportunidad política que le son propias, incluido, en su caso, la incidencia presupuestaria que hubiera puesto de manifiesto el Gobierno.</p>
<p class='parrafo'>Por tanto, una vez que la Mesa del Parlamento ha superado el cumplimiento de su función de control del cumplimiento de los requisitos de admisibilidad establecidos en el art. 6.2 de la Ley de iniciativa legislativa popular de Cataluña, queda desapoderada para revertir una decisión cuyo objeto es permitir que se perfeccione la iniciativa legislativa popular a través de la recogida de firmas y, en su caso, posibilitar el devenir de una tramitación parlamentaria de conformidad con lo establecido normativamente.</p>
<p class='parrafo_2'>6. El Letrado de la Mesa del Parlamento de Cataluña, sin contradecir la anterior conclusión, ha justificado en su escrito de alegaciones la decisión impugnada alegando que (i) la continuación de la tramitación, conocida ya la oposición gubernamental, «habría alimentado falsas expectativas en la comisión promotora» y (ii) hubiera implicado un perjuicio al erario público, pues el proceso de verificación de firmas genera un importante gasto, concluyendo de ello que la posposición del acuerdo de la Mesa, en definitiva, no hubiera alterado el contenido del acuerdo.</p>
<p class='parrafo'>Pues bien, tomando en consideración lo anteriormente expuesto, desde una perspectiva constitucional, único parámetro de control a que debe atenderse en esta jurisdicción de amparo, basta con poner de manifiesto que esa interpretación y las razones de eficiencia que la sustentan han supuesto una incidencia directa en el núcleo esencial del derecho a la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos (art. 23.1 CE). Ha impedido, en los términos en que está legalmente establecido, el normal desarrollo de una campaña de recogida de firmas que permitiera dar a conocer las razones de la iniciativa y conciliar el apoyo popular necesario a que tenían derecho los recurrentes, como miembros de la comisión promotora de la iniciativa, una vez que la Mesa del Parlamento ya había acordado la apertura de ese trámite y, con ello, que pudiera a llegar a perfeccionarse esta iniciativa y, en su caso, que los ciudadanos pudieran conocer lo que sus representantes piensan sobre la materia objeto de la iniciativa, así como sobre la oportunidad o no de su regulación legal, y extraer sus propias conclusiones acerca de cómo aquéllos asumen o se separan de lo manifestado en sus respectivos programas electorales.</p>
<p class='parrafo'>Esa transgresión del contenido del derecho fundamental que ha imposibilitado el normal ejercicio de la iniciativa popular es determinante para considerar vulnerado el art. 23.1 CE y la nulidad de la decisión impugnada de dejar sin efecto la previa admisión a trámite de la iniciativa, lo que también hace innecesario el análisis del resto de alegaciones.</p>
<p class='parrafo'>La estimación del recurso y la nulidad de la decisión impugnada no han de implicar en este caso la retroacción de actuaciones, pues la legislatura en la que se acordó la decisión impugnada ya ha finalizado y el efecto de mantenimiento de la iniciativa en caso de disolución del Parlamento a que se refiere el art. 15 de la Ley de iniciativa legislativa popular de Cataluña lo es para los casos en los que la iniciativa ya esté en trámite parlamentario, que no es el caso por haberlo frustrado la decisión ahora anulada.</p>
<p class='centro_redonda'>FALLO</p>
<p class='parrafo_2'>En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,</p>
<p class='centro_redonda'>Ha decidido</p>
<p class='parrafo_2'>Estimar el recurso de amparo interpuesto por doña Concepción Fuya Lasnig, don Alejandro Castillo Navarro, don Héctor Claudio Silveira Gorski y don Jordi Morató-Aragonés Pàmies, y, en su virtud:</p>
<p class='parrafo_2'>1.º Declarar que ha sido vulnerado el derecho fundamental de los demandantes de amparo a la participación en los asuntos públicos (art. 23.1 CE).</p>
<p class='parrafo_2'>2.º Restablecerles en su derecho y, en consecuencia, declarar la nulidad de la resolución de la Mesa del Parlamento de Cataluña de 20 de marzo de 2012 y los acuerdos de 27 de marzo y 10 de abril de 2012.</p>
<p class='parrafo_2'>Publíquese esta Sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».</p>
<p class='parrafo_2'>Dada en Madrid, a dieciséis de febrero de dos mil quince.–Francisco Pérez de los Cobos Orihuel.–Luis Ignacio Ortega Álvarez.–Encarnación Roca Trías.–Andrés Ollero Tassara.–Santiago Martínez-Vares García.–Juan Antonio Xiol Ríos.–Firmado y rubricado.</p>
<p class='centro_cursiva'>Voto particular que formula el Magistrado don Andrés Ollero Tassara, respecto a la Sentencia de la Sala Primera de fecha 16 de febrero de 2015 dictada en el recurso de amparo núm. 3738-2012</p>
<p class='parrafo_2'>En ejercicio de la facultad que nos confiere el art. 90.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y con el máximo respeto a la opinión de la mayoría de la Sala, dejo constancia de mi opinión discrepante, puesta ya de manifiesto durante su deliberación, de la Sentencia que ha resuelto el recurso de amparo núm. 3738-2012.</p>
<p class='parrafo'>Me mueve a ello mi preocupación por las Sentencias que este Tribunal viene dictando en recursos de amparo suscitados con ocasión de resoluciones parlamentarias, a las que se atribuye inconstitucionalidad. Ello me ha llevado a sostener en las deliberaciones mi actitud discrepante, sin llegar a plasmarla en voto particular. La reiteración de otras similares me ha confirmado en la convicción de la necesidad de expresar formalmente mi postura en voto particular.</p>
<p class='parrafo_2'>1. Me parece, en primer lugar, llamativo el dispar tratamiento que el Tribunal viene mostrando a los Poderes del Estado. Es fácil constatar que aborda con especial delicadeza, como es lógico, los nada escasos recursos de amparo suscitados con ocasión de resoluciones judiciales. Ello le ha llevado, por ejemplo, a establecer un canon para el derecho fundamental a acceder a la jurisdicción y otro mucho menos exigente para el derecho a acceder a los recursos legalmente establecidos (STC 37/1995, de 7 de febrero); distingo que no encuentra parangón en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.</p>
<p class='parrafo'>Por el contrario, el Tribunal viene recientemente abordando de modo muy incisivo, interpretando reglamentos parlamentarios, recursos suscitados por discrepancias de parlamentarios respecto a resoluciones de los órganos rectores de las Cámaras. No muy diversa me parece la actitud adoptada en el caso que nos ocupa, al abordar el conflicto surgido entre los promotores de una iniciativa legislativa popular y el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Cataluña de 27 de marzo de 2012.</p>
<p class='parrafo_2'>2. Como es sabido, la Constitución española (en adelante, CE) contempla la iniciativa legislativa en el artículo 87, dentro del capítulo segundo (de la elaboración de las leyes) del título III (de las Cortes Generales). Dicho artículo establece en su epígrafe 1 que «La iniciativa legislativa corresponde al Gobierno, al Congreso y al Senado, de acuerdo con la Constitución y los Reglamentos de las Cámaras». Indica en el epígrafe 2 que «Las Asambleas de las Comunidades Autónomas podrán solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de ley o remitir a la Mesa del Congreso una proposición de ley». Ampliando aún más, aunque condicionadamente, los posibles promotores de iniciativas similares, señala en el epígrafe 3 que «Una ley orgánica regulará las formas de ejercicio y requisitos de la iniciativa popular para la presentación de proposiciones de ley. En todo caso se exigirán no menos de 500.000 firmas acreditadas. No procederá dicha iniciativa en materias propias de ley orgánica, tributarias o de carácter internacional, ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia». Igualmente el Estatuto de Cataluña incluye, al ocuparse de la actividad legislativa en su artículo 62.1, a «los ciudadanos, mediante la iniciativa legislativa popular». Es fácil detectar la obligada proyección de estos preceptos sobre la Ley catalana 1/2006, de 16 de febrero, de la iniciativa legislativa popular.</p>
<p class='parrafo'>Volviendo al art. 87 CE, se observa que los dos epígrafes primeros se mueven dentro de los cauces característicos de una democracia representativa, mientras el tercero abre una vía excepcional más cercana a una democracia directa, sin que ello afecte a «la prioridad debida a los proyectos de ley». Acierta pues la Sentencia al reconocer –FJ 2 a)– que la Constitución «diseña un sistema de participación política de los ciudadanos en el que priman los mecanismos de democracia representativa. No obstante, también la Constitución reconoce concretos instrumentos de democracia directa como es la iniciativa legislativa popular». Intentar, sin embargo, derivar de ello prerrogativas peculiares, que lleguen a convertir lo excepcional en más relevante que las vías prioritarias, no parece razonable.</p>
<p class='parrafo'>No parece tenerlo del todo claro la Sentencia cuando apunta: «esta normativa permite concluir que, aunque no exista una superior legitimación de este tipo de iniciativas por su origen, sin embargo la especificidad que supone su configuración como un instrumento de democracia directa dentro del desarrollo de los mecanismos de democracia representativa de la función legislativa determina significativas peculiaridades respecto de la regulación dispensada a otro tipo de iniciativas legislativas» (FJ 4). Es preciso pues analizar el alcance esas «significativas peculiaridades».</p>
<p class='parrafo'>La constatación de que una iniciativa legislativa cobra sentido, sea cual sea su resultado, al contribuir a «forzar el debate político y obligar a que los distintos Grupos de la Cámara y esta misma tengan que tomar expresa posición sobre un asunto o tema determinado» [STC 40/2003, de 27 de febrero, citada en el FJ 2 d)] no es obviamente privilegio de las que surgen de iniciativa popular. Tampoco lo es que, como consecuencia, los ciudadanos puedan así conocer «lo que sus representantes piensan sobre una determinada materia», así como «extraer sus propias conclusiones acerca de cómo aquéllos asumen o se separan de lo manifestado en sus respectivos programas electorales» (STC 124/1995, de 18 de julio –citada ibídem–). Deducir de ello que la Mesa del Parlamento de Cataluña ha producido «la vulneración del art. 23.1 CE aducida por los demandantes de amparo», por haber realizado «una interpretación de la normativa que disciplina la iniciativa legislativa popular en Cataluña que ha impedido objetivamente la posibilidad de que se cumpla una de las finalidades que le es propia, como es la oportunidad de que los representantes políticos de la ciudadanía se pronunciaran sobre el contenido de la iniciativa», al dar entrada a la prerrogativa gubernamental de evitar cualquier iniciativa que implique incremento de gasto, ni incide –a mi juicio– «en el núcleo esencial del art. 23.1 CE» (FFJJ 4 y 5 de la Sentencia), ni «ha supuesto una incidencia directa» (FJ 6), más de lo que pueda serlo el similar bloqueo, por idéntica razón, de cualquier enmienda parlamentaria.</p>
<p class='parrafo'>No menos dudosa me parece la tajante afirmación de que «La decisión de la Mesa de la Cámara respecto de la admisión de la iniciativa es un acto reglado que tiene por objeto comprobar que la iniciativa cumple con los requisitos de forma y que no tiene por objeto materias excluidas. En ese sentido, al igual que se ha afirmado respecto de otras funciones calificadoras de la Mesa, se trata de un control estrictamente normativo y no de oportunidad».</p>
<p class='parrafo'>No he logrado encontrar en el Reglamento del Parlamento de Cataluña fundamento para afirmación de tanto alcance. Su artículo 29, al ocuparse de las funciones de la Mesa incluye entre otras: 3 a) «Adoptar las decisiones que requieren las tramitaciones parlamentarias, en caso de duda o de laguna reglamentaria». d) «Calificar, de conformidad con el Reglamento, los escritos y los documentos de índole parlamentaria, y declarar su admisión o inadmisión a trámite». No pienso que calificar y declarar la admisibilidad se consideren operaciones reiterativas, como parece insinuarse al atribuir a ambas una dimensión meramente formal –en el FJ 2 e) de la Sentencia–. j) «Cumplir cualquier otra función encomendada por el presente reglamento y las de carácter ejecutivo que no están atribuidas a ningún órgano específico».</p>
<p class='parrafo'>Esta última referencia permite considerar función de la Mesa todo aspecto necesitado de regulación que no se atribuya a otro órgano parlamentario. La afirmación de la Sentencia –FJ 5 (iii)– de que «Serán ya otros órganos de la Cámara los que, en las distintas fases de ese devenir parlamentario, decidan lo que estime (sic) pertinente» se cuida mucho de dar pistas sobre a qué órgano puede estar refiriéndose. En todo caso, eliminar drásticamente de las funciones de la Mesa el control de elementos del contenido material de las iniciativas llevaría, en caso contrario, a situaciones pintorescas.</p>
<p class='parrafo_2'>3. El Gobierno, por su parte, es –como se ha visto– el principal promotor primario de iniciativas legislativas, como reflejo del art. 88 CE: «Los proyectos de ley serán aprobados en Consejo de Ministros», sin perjuicio de que las proposiciones de ley emanadas de los grupos parlamentarios –cuya «tramitación se regulará por los Reglamentos de las Cámaras» (art. 89 CE)–, o las promovidas por iniciativa popular, puedan, en su caso, convertirse en proyectos de ley. El Reglamento del Parlamento de Cataluña recoge igualmente ese papel prioritario en su artículo 100: «La iniciativa legislativa corresponde: a) Al Gobierno, que la ejerce mediante la presentación de un proyecto de ley».</p>
<p class='parrafo'>Gozará igualmente el Gobierno, dentro del procedimiento parlamentario, de la ya citada prerrogativa. La versión del artículo 102 del Reglamento indica, entre otras cuestiones: 2. «Si la Mesa del Parlamento considera que una proposición de ley puede implicar un aumento de créditos o una disminución de ingresos, debe solicitar la conformidad previa del Gobierno para su admisión a trámite. La respuesta del Gobierno ha de ser motivada y debe hacerse dentro del plazo de ocho días desde que le ha sido remitida la proposición de ley, una vez transcurridos los cuales el silencio debe entenderse como conformidad. El Gobierno no puede denegar la conformidad a una tramitación si los efectos económicos que pueden derivar de esta han sido expresamente pospuestos para otro ejercicio presupuestario». 3. «Si no es consultado en la forma establecida por el apartado 2, el Gobierno puede manifestar de forma motivada su disconformidad por razones presupuestarias con la tramitación de una proposición de ley hasta dos días antes del inicio del debate de totalidad, y corresponde a la Mesa del Parlamento adoptar la decisión definitiva sobre su admisión a trámite».</p>
<p class='parrafo_2'>4. Hay por tanto dos factores que están llamados a coexistir: los procedimientos legislativos reflejados en los reglamentos parlamentarios y la posible intervención del Gobierno en dichos cauces –en ejercicio de su responsabilidad de control del gasto presupuestado– analizando iniciativas o bloqueando enmiendas. Argumentar que esa intervención es improcedente, porque entre las «causas de inadmisibilidad de proposiciones de ley» de la ley catalana que regulaba las iniciativas populares «no aparece una eventual oposición del Gobierno a su tramitación por motivos presupuestarios» –FFJJ 4 y 5 (ii) de la Sentencia– ignora esa neta realidad. Se reiterará en el fundamento jurídico 5(ii) in fine.</p>
<p class='parrafo'>Resulta, como consecuencia, dudoso que pueda aceptarse el argumento de los recurrentes de que «la decisión de la Mesa carece de cobertura legal ya que se adoptó extemporáneamente en virtud de una intervención del Gobierno cuando la iniciativa legislativa popular ya había sido admitida a trámite» –recogida en el fundamento jurídico 1 de la Sentencia y reiterada en el FJ 3 d)–. Es obvio que, si una ley no fija lo contrario, la intervención del Gobierno puede producirse en cualquier momento de la tramitación parlamentaria, como refleja el citado artículo 102 del Reglamento. Así parece reconocerlo la misma Sentencia líneas después, en una de sus abundantes citas: «En la medida en que así esté previsto normativamente, resulta posible que la Mesa de una Cámara, tras una inicial decisión de admisión a trámite de una propuesta legislativa, deje sin efecto la misma cuando el Gobierno ejerza una potestad de oposición vinculada a razones de impacto presupuestario de la iniciativa. Además, por afectar a las relaciones Parlamento-Gobierno, en esos casos el control que debe ejercer por este Tribunal en vía de amparo debe ser de una menor intensidad» [STC 242/2006, de 24 de julio –citada en el FJ 2 f)–]. Sin embargo, no parece haber sido el caso, ya que la Sentencia acabará afirmando que «la interrupción del procedimiento de recogida de firmas con el argumento de la existencia de un veto presupuestario el Gobierno carece de cobertura legal, ya que (i) se adoptó en un momento inadecuado, (ii) con fundamento en un hecho que no está configurado normativamente como causa de inadmisión de este tipo de proposiciones de ley, y (iii) por la Mesa del Parlamento que carece de competencia para ello»; por lo que «Esta decisión material de inadmisión resulta extemporánea» (FJ 5). Por si no queda clara su postura, afirmará más abajo, que «los efectos que cabe derivar» de la intervención gubernamental no resultan «de aplicación para un tipo de iniciativa que, por sus peculiares características, ha recibido una específica y singular regulación por el legislador que, por respeto al contenido esencial del art. 23.1 CE, con el que se conecta, ha omitido cualquier posibilidad de que esa falta de conformidad se alce como un obstáculo para que los representantes políticos se pronuncien sobre aspectos que han conciliado una iniciativa respaldada por un número no despreciable de ciudadanos» –FJ 5 (ii)–. Existe pues la «superior legitimación de este tipo de iniciativas» que antes se había intentado negar.</p>
<p class='parrafo'>Esta última alusión de la Sentencia se refiere a la posterior modificación introducida por la Ley catalana 7/2014, que incluye una disposición adicional tercera en la que regula la ya citada de iniciativa legislativa popular –FJ 5 (ii)–. El hecho de que establezca esta nueva regla, según la cual tales iniciativas se considerarán referidas al año siguiente, cuando no quepa atribuirles cobertura presupuestaria en el año en curso, es en realidad un argumento en contra de tal planteamiento. No hace sino confirmar que la interpretación de la versión anterior, que es la aquí relevante, era tan obvia que ha obligado a una reforma legislativa para poder descartarla: el Gobierno, como hemos visto en el Reglamento parlamentario, podía frenar la iniciativa legislativa por incremento de gasto, si no se había aplazado expresamente su entrada en juego, como ocurría en el caso que nos ocupa.</p>
<p class='parrafo'>La reforma obliga además a la Mesa a recabar del Gobierno su intervención, positiva o negativa, fundada en motivos presupuestarios; con ello evita también la no menos obvia interpretación anterior también ignorada por la Sentencia: que, sin tal solicitud, la intervención del Gobierno podía producirse en cualquier momento, hasta dos días antes del debate parlamentario de la proposición. La nueva disposición adicional de la Ley catalana 1/2006 establece: 1. «Si la proposición de ley puede implicar un aumento de créditos o una disminución de ingresos con relación al presupuesto vigente en el momento de su tramitación parlamentaria, la ley resultante de la iniciativa legislativa popular no puede entrar en vigor, en la parte que comporte dicha afectación presupuestaria, hasta el ejercicio presupuestario siguiente o, si procede, hasta otro posterior, si así lo determina la propia proposición de ley». Se evita así su paralización si los promotores no habían aplazado expresamente su entrada en vigor. La remisión desde la Mesa al Gobierno se configura de modo más preciso: 2. «A los efectos de lo establecido por el apartado 1, la Mesa del Parlamento ha de enviar la iniciativa legislativa popular al Gobierno para que se posicione sobre sus efectos económicos en el plazo de ocho días». Para lograr el efecto indicado, se concluye: 3. «Si el Gobierno considera que se produce afectación presupuestaria, la Mesa del Parlamento ha de admitir a trámite la proposición de ley en los términos establecidos por el apartado 1. Si el Gobierno no se pronuncia en el plazo de ocho días, el silencio se entiende en el sentido de que no existe afectación presupuestaria».</p>
<p class='parrafo'>De lo expuesto es fácil colegir que no puedo compartir la afirmación de la Sentencia en su fundamento jurídico 5 (iii): «Esta decisión de inadmisión, fundada en la falta de conformidad presupuestaria del Gobierno, ha sido acordada por la Mesa del Parlamento cuando por tratarse de una razón material cuya valoración no le está expresamente atribuida no contaba con competencia para ello». No tendría tampoco fundamento afirmar que «el veto presupuestario» del Gobierno «se adoptó en un momento inadecuado» –ibídem (i)– ya que, antes de la nueva disposición adicional, podía adoptarse en cualquier momento hasta dos días antes de su deliberación.</p>
<p class='parrafo_2'>5. Se ha convertido ya en tópico recordar que el Tribunal no ha de erigirse en legislador, invadiendo terreno ajeno. Me temo que puede haber ocurrido cuando la Sentencia –FJ 5 (i)– pretende encajar todo lo apuntado en un problema meramente cronológico, que convertiría en extemporáneo el envío de la proposición de ley por la Mesa al Gobierno. La iniciativa legislativa popular no se convertiría en proposición de ley hasta que la Mesa del Parlamento, recogidas las 50.000 firmas previstas en la ley catalana, la calificara como tal. Queda fuera duda que la Constitución no sugiere nada parecido, como tampoco lo tuvo en mente el legislador catalán. Valga acudir a más de un artículo de la Ley 1/2006, de 16 de febrero, de la iniciativa legislativa popular. Ya en la solicitud que inicia su ejercicio, antes de calificación alguna el artículo 3 exige «la presentación en la Mesa del Parlamento de una proposición de ley». Igualmente, al desarrollar la «Solicitud de Admisión», el artículo 5 exige entre otros documentos: «a) El texto articulado de la proposición de ley, precedido de una exposición de motivos. b) Una memoria explicativa de las razones que aconsejan, según el parecer de las personas firmantes, la tramitación y aprobación de la proposición de ley por el Parlamento». Siguiendo los trámites, antes de calificación alguna, el artículo 6.1 establece que «La Mesa del Parlamento debe examinar la documentación recibida y debe pronunciarse de forma motivada en el plazo de quince días hábiles sobre la admisión o la inadmisión a trámite de la proposición de ley», mientras el epígrafe 2 se ocupa de las «causas de inadmisibilidad de la proposición de ley», denominación que se reitera en su apartado b). Solo en el epígrafe 5, tras subsanar posibles irregularidades enmendables, «La Mesa del Parlamento debe notificar la resolución sobre la admisión o inadmisión de la proposición de ley a la comisión promotora» Ni que decir tiene que la norma legal podría modificarse y justificar así la hipótesis propuesta, pero no es este Tribunal quien deba hacerlo.</p>
<p class='parrafo_2'>Partiendo de estas reflexiones, me veo obligado a emitir mi Voto particular.</p>
<p class='parrafo_2'>Madrid, a dieciséis de febrero de dos mil quince.–Andrés Ollero Tassara.–Firmado y rubricado.</p>
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</documento>
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Mon Mar 16 08:19:06 +0000 2015
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La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Presidente, don Luis Ignacio Ortega Álvarez, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Santiago Martínez-Vares García y don Juan Antonio Xiol Ríos, Magistrados, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 3738-2012, promovido por doña Concepción Fuya Lasnig, don Alejandro Castillo Navarro, don Héctor Claudio Silveira Gorski y don Jordi Morató-Aragonés Pàmies, representados por el Procurador de los Tribunales don José Luis Pinto Marabotto Ruiz y bajo la dirección del Letrado don Jordi Morató-Aragonés Pàmies, contra el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Cataluña de 27 de marzo de 2012, por el que se desestima la reconsideración de la resolución de 20 de marzo de 2012 por la que se acordó dejar sin efecto el acuerdo de 29 de noviembre de 2011 de admisión a trámite de la iniciativa legislativa popular «Per la igualtat d’oportunitats en el sistema educatiu català». Ha comparecido el Parlamento de Cataluña. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don Juan Antonio Xiol Ríos, quien expresa el parecer del Tribunal.
I. Antecedentes
1. El Procurador de los Tribunales don José Luis Pinto Marabotto Ruiz, en nombre y representación de doña Concepción Fuya Lasnig, don Alejandro Castillo Navarro, don Héctor Claudio Silveira Gorski y don Jordi Morató-Aragonés Pàmies, y bajo la asistencia del Letrado don Jordi Morató-Aragonés Pàmies, interpuso recurso de amparo contra los acuerdos citados en el encabezamiento, mediante escrito registrado en este Tribunal el 20 de junio de 2012.
2. El recurso tiene su origen en los siguientes antecedentes:
a) Los demandantes, en su calidad de integrantes de la comisión promotora, presentaron ante la Mesa del Parlamento de Cataluña la iniciativa legislativa popular «Per la igualtat d’oportunitats en el sistema educatiu català» el 24 de noviembre de 2011, aportando, junto con el escrito de solicitud de admisión a trámite de la iniciativa, el texto articulado de la proposición de ley precedido de una exposición de motivos y una memoria justificativa. La iniciativa fue admitida a trámite por acuerdo de la Mesa del Parlamento de 29 de noviembre de 2011, lo que fue comunicado a la comisión promotora indicando que, de conformidad con el art. 6.5 de la Ley 1/2006, de 16 de febrero, de iniciativa legislativa popular de Cataluña, el perfeccionamiento de la iniciativa requería la presentación en tiempo y forma de un mínimo de 50.000 firmas debidamente autenticadas. El texto del acuerdo y el de la iniciativa legislativa popular fueron publicados en el «Boletín Oficial del Parlamento» de Cataluña de 5 de diciembre de 2011, anunciándose la apertura de la tramitación de la propuesta de iniciativa legislativa popular.
b) El Gobierno de la Generalitat remitió a la Mesa del Parlamento de Cataluña un acuerdo de 13 de marzo de 2012 oponiéndose a la tramitación de la iniciativa, argumentando que su aprobación comportaría un aumento del gasto presupuestado para el año en curso, puesto que requeriría un incremento de los gastos de personal docente del capítulo I del presupuesto y de la partida presupuestaria destinada a los conciertos educativos, como se reflejaba en el informe elaborado por el Departamento de Educación de la Generalitat, que también se adjuntaba. Este acuerdo se adoptó después de aprobarse, en el mes de febrero, la Ley de presupuestos de 2012, que puso fin a la prórroga de la Ley de presupuestos de 2011. La nueva Ley de presupuestos disponía en su art. 17.4 que «[d]urante el ejercicio 2012, el Gobierno está obligado a oponerse a cualquier iniciativa legislativa que conlleve crecimiento del gasto público presupuestado, si no se proponen, al mismo tiempo los recursos adicionales necesarios».
c) La Mesa, de conformidad con lo previsto en el art. 102.1 y 2 del Reglamento del Parlamento de Cataluña (RPC) y atendidas las razones expuestas por el Gobierno, dispuso dejar sin efecto el acuerdo de 29 de noviembre de 2011 de admisión a trámite de la iniciativa y declarar conclusa su tramitación mediante un nuevo acuerdo de 20 de marzo de 2012.
d) La comisión promotora de la iniciativa presentó una solicitud de reconsideración mediante un escrito de 23 de marzo de 2012, alegando que la aprobación de la propuesta no implicaría aumento de gasto en el año en curso pues la propuesta legislativa afectaba a la organización del curso escolar y éste ya había comenzado, de modo que cualquier novedad habría de esperar al curso siguiente. La comisión promotora por un nuevo escrito de 28 de marzo de 2012 alegó que, atendiendo al art. 102.3 del Reglamento, la intervención del Gobierno resultaba extemporánea, pues lo que en ese artículo se establece es que el Gobierno puede oponerse a la tramitación de una iniciativa hasta dos días antes del debate de totalidad, lo que no sería aplicable al caso de una iniciativa legislativa popular que para llegar a la fase de tramitación parlamentaria aún tiene que perfeccionarse con la incorporación de las firmas requeridas, validadas por la junta electoral.
e) La Mesa del Parlamento, por acuerdo de 27 de marzo de 2012, rehusó la reconsideración y confirmó los efectos de declarar concluso el trámite de la iniciativa. Por acuerdo de 10 de abril de 2012, se tomó nota del escrito presentado el 28 de marzo de 2012, confirmando el rechazo a la solicitud de reconsideración. Por su parte, la Secretaría General del Parlamento, en consideración a «que la comisión promotora de la iniciativa es un agente externo a la organización parlamentaria», dirigió el 11 de abril de 2012 una comunicación en forma de carta a la representante de la comisión promotora, detallando las razones jurídicas que habían conducido a la decisión de inadmisión de la iniciativa.
f) La comisión promotora presentó el 21 de junio de 2012 en el registro del Parlamento de Cataluña 68.802 firmas de apoyo a la iniciativa legislativa popular. La Mesa del Parlamento, por acuerdo de 26 de junio de 2012, tomó nota de las firmas presentadas y recordó que la iniciativa había caducado como consecuencia del acuerdo de 20 de marzo de 2012. La Secretaria General informó de que se presentaría a la Mesa una propuesta justificada de reembolso por los gastos generados a la comisión promotora mientras estuvo abierta la tramitación de la iniciativa, de acuerdo con la Ley 1/2006, de 16 de febrero, de iniciativa legislativa popular de Cataluña.
3. Los demandantes denuncian que se han vulnerado sus derechos a la participación ciudadana en los asuntos públicos (art. 23.1 CE) y a la igualdad (art. 14 CE) y solicitan que se otorgue el amparo, se declare la nulidad de la resolución de la Mesa y se ordene continuar con la tramitación de la iniciativa legislativa popular.
Los demandantes fundamentan la vulneración del art. 23.1 CE en que las decisiones impugnadas han realizado una interpretación defectuosa y restrictiva de la regulación aplicable a la tramitación de la iniciativa legislativa popular que ha incidido en el contenido esencial del ejercicio del derecho de participación ciudadana en los asuntos públicos. Se destaca que la decisión de dejar sin efecto la admisión a trámite fue inmotivada, incurriéndose en una defectuosa interpretación del Reglamento de Parlamento en la denegación de la reconsideración y no se dio respuesta al argumento de que la eventual aprobación de la ley propuesta no podría afectar al presupuesto en vigor, puesto que no podría aplicarse al curso escolar ya comenzado. Igualmente, se afirma que se habría infringido lo previsto en el art. 6.4 de la Ley de iniciativa legislativa popular de Cataluña, puesto que no se dio ocasión de subsanar los defectos formales advertidos, incluyendo en el texto articulado una cláusula de posposición de efectos económicos al siguiente ejercicio presupuestario; y que se habría producido una interpretación errada del art. 102.3 del Reglamento del Parlamento, permitiendo una interferencia indebida de la Generalitat una vez concluso el trámite inicial de admisión de la iniciativa legislativa popular.
Los demandantes de amparo fundamentan la vulneración del art. 14 CE en que se ha dispensado un tratamiento distinto y, por tanto, arbitrario, a la iniciativa legislativa popular frente a iniciativas impulsadas por los grupos parlamentarios que han incurrido en similares defectos o errores, subsanados a posteriori mediante escritos de subsanación de errores que incluyen la cláusula de no afectación al presupuesto vigente.
4. La Sala Primera de este Tribunal, por providencia de 8 de abril de 2013, acordó admitir a trámite la demanda de amparo por considerar que en el presente recurso concurría la exigencia de especial trascendencia constitucional a que se refiere el art. 50.1 b) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) consistente en que plantea un problema o una faceta de un derecho fundamental susceptible de amparo sobre el que no haya doctrina del Tribunal Constitucional [STC 155/2009, de 26 de junio, FJ 2 a)], y, en aplicación de lo dispuesto en el art. 51 LOTC, requerir al Parlamento de Cataluña para que, en un plazo que no excediese de diez días, remitiera certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes y entregar una copia de la demanda para conocimiento de la Mesa del Parlamento de Cataluña, a los efectos de su personación en el presente proceso constitucional.
5. La Secretaría de Justicia de la Sala Primera de este Tribunal, por diligencia de ordenación de 16 de mayo de 2013, acordó tener por recibido el testimonio de las actuaciones remitido por el Parlamento de Cataluña, a quien se tiene por personado y parte, y dar vista de las actuaciones al Ministerio Fiscal y las partes personadas por un plazo de veinte días para presentar las alegaciones que estimasen pertinentes, de conformidad con el art. 52 LOTC.
6. El Parlamento de Cataluña, mediante escrito registrado el 17 de junio de 2013, presentó sus alegaciones solicitando la denegación del amparo.
Por lo que se refiere a la falta de motivación, argumenta que el acuerdo impugnado da a conocer los motivos por los que la Mesa decide dejar sin efecto el acuerdo de admisión a trámite, consistente en la oposición del Gobierno porque la iniciativa supone un aumento del gasto presupuestado y en lo previsto en el art. 102.3 RPC. En cuanto a la suficiencia y adecuación de estos argumentos, expone que la facultad de intervención del Gobierno en este procedimiento se contempla en el art. 102.3 RPC que le permite, cuando no ha sido consultado antes, manifestar su oposición «hasta dos días antes del inicio del debate de totalidad» y pone de manifiesto la circunstancia sobrevenida que explica la intervención del Gobierno en ese momento de tramitación de la iniciativa como es la aprobación el 22 de febrero de 2012 de la Ley de presupuestos para el año 2012, pues fue sólo entonces cuando se hizo manifiesto que la iniciativa legislativa promovida implicaba un incremento de gasto. Además, se afirma que la Mesa, al adoptar el acuerdo, se ha limitado a un control estricto de legalidad, basado en un canon normativo y no ha efectuado un control político o de oportunidad.
El Parlamento, en lo referido a que la intervención del Gobierno sería extemporánea, porque hubiera debido aguardarse a que la iniciativa se perfeccionara, concluida la fase de recogida de firmas y realizada su autenticación, considera que es un planteamiento que carece de apoyo normativo. A ello añade que el retraso en la adopción del acuerdo no hubiera supuesto ninguna ventaja y sí, en cambio, importantes inconvenientes. Por un lado, la continuación de la tramitación, conocida ya la oposición gubernamental, «habría alimentado falsas expectativas en la comisión promotora»; y, por otro, hubiera implicado un perjuicio al erario público, pues el proceso de verificación de firmas genera un importante gasto.
En cuanto a la queja referida a que no se habría ofrecido la posibilidad de subsanación de lo que los recurrentes consideran un defecto formal, como es la ausencia en el texto articulado de la cláusula de no afectación al presupuesto vigente, el Parlamento argumenta que las implicaciones presupuestarias no constituyen un defecto formal y, además, en el caso de la iniciativa legislativa popular, una subsanación como la sugerida no sería posible, ya que no es posible alterar el texto una vez admitida a trámite la iniciativa legislativa popular y abierto el período de recogida de firmas.
7. El Ministerio Fiscal, mediante escrito registrado el 3 de julio de 2013, presentó sus alegaciones interesando que se declare la vulneración del derecho a la participación política (art. 23.1 CE) y la nulidad de los acuerdos impugnados.
El Ministerio Fiscal argumenta que la decisión de dejar sin efecto la previa admisión a trámite de la iniciativa carece de motivación suficiente, ya que si bien dicha decisión tiene base normativa en el art. 102.3 del Reglamento del Parlamento, se adoptó sin ponderar las circunstancias concurrentes y sin tomar en cuenta las razones alegadas por los recurrentes en su escrito de reconsideración, en particular, las relativas a la no incidencia presupuestaria de la iniciativa legislativa popular en el ejercicio presupuestario de 2012. A este respecto, considera relevante que el inciso final del art. 102.2 RPC indique que el Gobierno no puede manifestar su disconformidad con la tramitación de la iniciativa si los efectos económicos se posponen a un ejercicio posterior. Coincide con el demandante en que el proceder de la Mesa, al optar por una interpretación restrictiva de las normas aplicables, ha impedido el desarrollo parlamentario de la iniciativa legislativa popular y, en esa medida, ha obstaculizado indebidamente el ejercicio del derecho fundamental de participación política.
No considera, en cambio, que haya habido lesión del principio de igualdad del art. 14 CE, pues este extremo no se acredita ni justifica debidamente en la demanda, por lo que no es posible comparar lo sucedido con lo que haya sido la práctica de la Mesa en relación con iniciativas presentadas por diputados o grupos parlamentarios.
8. Los demandantes, por escrito registrado el 19 de junio de 2013, presentaron sus alegaciones, dando por reproducidos los hechos y fundamentos expuestos en el escrito de interposición del recurso y poniendo de manifiesto la importancia del depósito de las más de 68.000 firmas que refrendan la presentación de la iniciativa legislativa popular.
9. Por providencia de 12 de febrero de 2015 se señaló para la deliberación y votación de la presente Sentencia el día 16 de dicho mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1. El objeto de este recurso de amparo es determinar si la decisión de la Mesa del Parlamento de Cataluña por la que se dejó sin efecto la previa admisión a trámite de la iniciativa legislativa popular «Per la igualtat d’oportunitats en el sistema educatiu català» y declaró el cierre de su tramitación, vulneró los derechos de participación en los asuntos públicos (art. 23.1 CE) y el principio de igualdad (art. 14 CE).
Los demandantes fundamentan la invocación del art. 23.1 CE en que la decisión sobrevenida de la Mesa de dejar sin efecto la admisión a trámite de la iniciativa carece de base normativa suficiente y ha impedido de manera injustificada el ejercicio de la iniciativa legislativa popular. En concreto, ponen de manifiesto que (i) la decisión de la Mesa carece de cobertura legal ya que se adoptó extemporáneamente en virtud de una intervención del Gobierno cuando la iniciativa legislativa popular ya había sido admitida a trámite; y (ii) la decisión adoptada por la Mesa carece de motivación y la que se le puede atribuir es insuficiente o inadecuada ya que la legislación propuesta tenía una incidencia presupuestaria nula en el año de la presentación al haberse comenzado ya el curso académico y, en todo caso, el defecto sobre la posposición de sus efectos presupuestarios tiene carácter subsanable.
Fundamentan la invocación del derecho a la igualdad (art. 14 CE) en que no permitir la subsanación del eventual defecto de forma referido a la posposición de los efectos presupuestarios de la iniciativa supuso un trato desfavorable a esta modalidad de iniciativa respecto a las de origen parlamentario.
2. La jurisprudencia constitucional que puede resultar relevante para este caso, en relación con el derecho de participación política (art. 23.1 CE), puede resumirse en los siguientes aspectos:
a) El art. 23.1 CE reconoce el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes. La Constitución, al establecer que la Monarquía parlamentaria es la forma de gobierno o forma política del Estado español (art. 1.3 CE), diseña un sistema de participación política de los ciudadanos en el que priman los mecanismos de democracia representativa. No obstante, también la Constitución reconoce concretos instrumentos de democracia directa como es la iniciativa legislativa popular (art. 87.3 CE; SSTC 119/1995, de 17 de julio, FJ 3, o 103/2008, de 11 de septiembre, FJ 2), cuyo ejercicio debe desarrollarse en la forma jurídicamente prevista en cada caso al ser un derecho de configuración legal (STC 76/1994, de 14 de marzo, FJ 3).
b) La iniciativa legislativa popular en el marco del ejercicio de las competencias autonómicas, una vez regulado su uso por los Estatutos y la legislación autonómica, también forma parte del derecho que tienen los ciudadanos a participar directamente en los asuntos públicos reconocido en el art. 23.1 CE, en la concreta configuración legal que le sea dada (ATC 428/1989, de 21 de julio, FJ 3).
c) La legislación autonómica configura los perfiles específicos de esta modalidad de iniciativa de los ciudadanos y, como sucede con otros derechos de configuración legal, no toda infracción de la ley autonómica reguladora de la iniciativa se traduce en una lesión del derecho fundamental. De ese modo, la vulneración del art. 23.1 CE no se deriva de la mera existencia de irregularidades en el procedimiento de tramitación con ocasión del ejercicio de la iniciativa, sino de «la presencia de una relación causal entre irregularidad procedimental y transgresión del contenido del derecho fundamental, de suerte que se haga evidente la imposibilidad de ejercicio de la iniciativa popular en virtud de obstáculos imprevisibles e insalvables» (ATC 140/1992, de 25 de mayo, FJ 2).
d) La iniciativa legislativa popular como instrumento de participación directa de los ciudadanos en la función legislativa, a través de la facultad de propuesta, y de comunicación con los representantes en el parlamento tiene también el sentido de buscar «forzar el debate político y obligar a que los distintos Grupos de la Cámara y esta misma tengan que tomar expresa posición sobre un asunto o tema determinado» (STC 40/2003, de 27 de febrero, FJ 7). Con independencia, por tanto, de que la propuesta prospere ante el Pleno, la función principal de este cauce de participación se habrá conseguido haciendo posible que los ciudadanos puedan conocer «lo que sus representantes piensan sobre una determinada materia, así como sobre la oportunidad o no de su regulación legal, y extraer sus propias conclusiones acerca de cómo aquéllos asumen o se separan de lo manifestado en sus respectivos programas electorales» (STC 124/1995, de 18 de julio, FJ 3). Por tanto, en la medida en que se incidiría sobre esta concreta finalidad de la iniciativa legislativa popular, «una decisión de inadmisión que no se ajustase a las causas legales al efecto establecidas entrañaría una vulneración del derecho fundamental consagrado en el art. 23.1 CE» (ATC 428/1989, de 21 de julio, FJ 3).
e) La decisión de la Mesa de la Cámara respecto de la admisión de la iniciativa es un acto reglado que tiene por objeto comprobar que la iniciativa cumple con los requisitos de forma y que no tiene por objeto materias excluidas. En ese sentido, al igual que se ha afirmado respecto de otras funciones calificadoras de la Mesa, se trata de un control estrictamente normativo y no de oportunidad, ya que cumplen la función jurídico-técnica de ordenar y racionalizar el funcionamiento de las Cámaras para su mayor eficiencia como foro de debate y participación de la cosa pública (STC 191/2013, de 18 de noviembre, FJ 3), que debe ejercerse respetando, además, la dimensión material del deber de motivación que exige motivar expresa, suficiente y adecuadamente la aplicación de las normas cuando pueda resultar de la misma una limitación al ejercicio de los derechos reconocidos en el art. 23 CE (STC 40/2003, de 27 de febrero, FJ 6).
f) En la medida en que así esté previsto normativamente, resulta posible que la Mesa de una Cámara, tras una inicial decisión de admisión a trámite de una propuesta legislativa, deje sin efecto la misma cuando el Gobierno ejerza una potestad de oposición vinculada a razones de impacto presupuestario de la iniciativa. Además, por afectar a las relaciones Parlamento-Gobierno, en esos casos el control que debe ejercer por este Tribunal en vía de amparo debe ser de una menor intensidad (STC 242/2006, de 24 de julio, FJ 6).
3. En el presente caso, como ha sido detallado en los antecedentes, los elementos facticos más relevantes que deben tomarse en consideración para resolver la invocación del art. 23.1 CE son los siguientes:
a) La Mesa del Parlamento de Cataluña, mediante un inicial Acuerdo de 29 de noviembre de 2011, admitió a trámite una iniciativa legislativa popular tras verificar el cumplimiento de los requisitos formales y materiales del art. 6 de la Ley 1/2006, de 16 de febrero, de iniciativa legislativa popular de Cataluña, dando paso a la fase de recogida de firmas.
b) El Gobierno de la Generalitat, que no había sido consultado previamente sobre la iniciativa, remitió al Parlamento, al amparo del art. 102.3 del Reglamento del Parlamento de Cataluña (RPC), un acuerdo de 13 de marzo de 2012 oponiéndose a la tramitación de la iniciativa, exponiendo que, una vez aprobada en febrero de 2012 la Ley de presupuestos para el año 2012, implicaría un aumento del gasto presupuestado para el año en curso.
c) La Mesa, por un nuevo acuerdo de 20 de marzo de 2012, antes de que transcurriera el plazo de recogida de firmas del art. 9 de la Ley de iniciativa legislativa popular de Cataluña, decidió dejar sin efecto la admisión a trámite de la iniciativa y declarar conclusa su tramitación tomando en consideración a lo previsto en el Reglamento de la Cámara y atendidas las razones expuestas por el Gobierno en su acuerdo de oposición.
d) Los demandantes solicitaron la reconsideración de esta decisión, alegando que la aprobación de la propuesta no implicaría aumento de gasto en el año en curso y que la intervención del Gobierno resultaba extemporánea, toda vez que el art. 102.3 RPC lo que establece es que el Gobierno puede oponerse a la tramitación de una iniciativa hasta dos días antes del debate de totalidad, lo que no sería aplicable al caso de una iniciativa legislativa popular que para llegar a la fase de tramitación parlamentaria aún tiene que perfeccionarse con la incorporación de las firmas requeridas, validadas por la Junta Electoral. Esta solicitud de reconsideración fue rechazada por la Mesa del Parlamento.
e) Una vez presentadas las firmas de apoyo, la Mesa del Parlamento por acuerdo de 26 de junio de 2012 reiteró que la iniciativa había caducado y la Secretaria General informó a la comisión promotora de que se presentaría en la Mesa una propuesta justificada de reembolso por los gastos generados mientras había estado abierta la tramitación de la iniciativa, de acuerdo con la Ley de iniciativa legislativa popular de Cataluña.
4. En atención a lo expuesto, debe concluirse que se han producido la vulneración del art. 23.1 CE aducida por los demandantes de amparo.
La decisión de dejar sin efecto la previa admisión a trámite de la iniciativa ha sido adoptada por la Mesa del Parlamento con una interpretación de la normativa que disciplina la iniciativa legislativa popular en Cataluña que ha impedido objetivamente la posibilidad de que se cumpla una de las finalidades que le es propia, como es la oportunidad de que los representantes políticos de la ciudadanía se pronunciaran sobre el contenido de la iniciativa, por lo que incide en el núcleo esencial del art. 23.1 CE.
La normativa que regula la iniciativa legislativa popular de Cataluña vigente en el momento en que se producen las decisiones impugnadas en el presente recurso de amparo es la citada Ley de iniciativa legislativa popular de Cataluña, en su versión originaria aprobada por la Ley 1/2006, de 16 de febrero. De acuerdo con dicha redacción, en el capítulo II de la Ley, dedicado a la presentación y admisión a trámite de este tipo de iniciativas, el art. 6 de la Ley de iniciativa legislativa popular de Cataluña establece, en su apartado primero, que corresponde a la Mesa del Parlamento examinar la documentación recibida con la solicitud de admisión y pronunciarse de forma motivada en el plazo de quince días «sobre la admisión o inadmisión a trámite de la proposición de ley»; y, en su apartado segundo, las «causas de inadmisibilidad de la proposición de ley», entre las que no aparece una eventual oposición del Gobierno a su tramitación por motivos presupuestarios. El capítulo III de la Ley de iniciativa legislativa popular de Cataluña está dedicado al proceso de recogida de firmas y su comprobación por la Junta Electoral, a los efectos de determinar la suficiencia del número de firmas válidas, con la obligación de comunicar ese extremo a la Mesa del Parlamento (art. 12.3 de la Ley). En el capítulo IV de la Ley de iniciativa legislativa popular de Cataluña, dedicado a la tramitación parlamentaria de este tipo de iniciativas, el art. 14 de la Ley establece, en su apartado primero, que «la tramitación de la proposición de ley» debe hacerse de acuerdo con lo establecido por los preceptos del Reglamento del Parlamento que regulan el procedimiento legislativo, «sin perjuicio de las especialidades que especifica la presente ley»; y, en su apartado segundo, que la comisión parlamentaria correspondiente, una vez celebrado el debate de totalidad, si aprueba tramitar la iniciativa legislativa puede oír a la comisión promotora antes de abrir el periodo de presentación de enmiendas.
Por su parte, el Reglamento del Parlamento de Cataluña dispone en su art. 100.d) que la iniciativa legislativa corresponde, entre otros, «a los ciudadanos, que la ejercen en la forma establecida por la Ley de iniciativa legislativa popular, mediante la presentación de una proposición de ley»; en su art. 101.3 que «las proposiciones de ley … derivadas del ejercicio de la iniciativa legislativa popular deben cumplir, además, los requisitos específicos establecidos por la correspondiente legislación»; y en su art. 102.1 que «la Mesa del Parlamento ha de verificar si los proyectos y las proposiciones de ley cumplen los requisitos establecidos por el presente reglamento y por las leyes y declarar si son admitidos a trámite o no». Por último, el art. 102.2 RPC establece que en los casos en que la Mesa considere que una proposición de ley pueda tener efectos presupuestarios, debe solicitar la conformidad previa del Gobierno para su admisión a trámite, quien no puede denegar la conformidad a una tramitación si los efectos económicos que pueden derivar de esta han sido expresamente pospuestos para otro ejercicio presupuestario; y el art. 102.3 RPC dispone que si el Gobierno no es consultado puede manifestar de forma motivada su disconformidad por razones presupuestarias con la tramitación de una iniciativa legislativa «hasta dos días antes del inicio del debate de totalidad, y corresponde a la Mesa del Parlamento adoptar la decisión definitiva sobre su admisión a trámite».
Por tanto, conforme a la normativa expuesta, se pone de manifiesto que la iniciativa legislativa popular es una forma más, junto con la iniciativa legislativa del gobierno y la de los grupos parlamentarios, de iniciar un procedimiento legislativo. Igualmente, esta normativa permite concluir que, aunque no exista una superior legitimación de este tipo de iniciativas por su origen, sin embargo la especificidad que supone su configuración como un instrumento de democracia directa dentro del desarrollo de los mecanismos de democracia representativa de la función legislativa determina significativas peculiaridades respecto de la regulación dispensada a otro tipo de iniciativas legislativas. De ese modo, la iniciativa legislativa popular cuenta en la Ley de iniciativa legislativa popular de Cataluña con una regulación específica y diferenciada del trámite de admisibilidad respecto de la dispensada por el Reglamento del Parlamento de Cataluña para las que provienen de la iniciativa de los grupos parlamentarios, ya que si bien comparten el órgano competente para decidir sobre la admisión –la Mesa del Parlamento- y el carácter estrictamente técnico y tasado de la valoración a realizar por este órgano de la cámara, difieren en cuanto a las causas de inadmisibilidad, que para una iniciativa legislativa popular son las establecidas en el art. 6.2 de la Ley de iniciativa legislativa popular de Cataluña, entre las que no aparece la disconformidad presupuestario del Gobierno. Del mismo modo, una segunda peculiaridad establecida en la Ley de iniciativa legislativa popular de Cataluña radica en que el efecto de la decisión de admisión de la Mesa del Parlamento no implica su inmediata tramitación parlamentaria sino que, en coherencia con su carácter de instrumento de democracia directa, lo que abre es el plazo de recogida de firmas de apoyo ciudadano regulado en el capítulo III de la Ley de iniciativa legislativa popular de Cataluña, que culmina, si el número de firmas válidas es igual o superior a 50.000, con la comunicación a la Mesa del Parlamento de esa circunstancia. A partir de ello es cuando se perfecciona la proposición de ley derivada de una iniciativa legislativa popular y, sin necesidad de una ulterior decisión sobre admisibilidad de la Mesa del Parlamento, se procede a tramitación parlamentaria también con distintas peculiaridades, que ahora no resultan relevantes.
5. Esta regulación normativa pone de manifiesto que la decisión de la Mesa del Parlamento de dejar sin efecto la previa admisión a trámite de la proposición de ley derivada de la iniciativa legislativa popular presentada —lo que equivale materialmente a una decisión de inadmisión— y, por tanto, la interrupción del procedimiento de recogida de firmas con el argumento de la existencia de un veto presupuestario el Gobierno carece de cobertura legal, ya que (i) se adoptó en un momento inadecuado, (ii) con fundamento en un hecho que no está configurado normativamente como causa de inadmisión de este tipo de proposiciones de ley, y (iii) por la Mesa del Parlamento que carece de competencia para ello.
(i) Esta decisión material de inadmisión resulta extemporánea toda vez que, tal como ya se ha señalado, la Ley de iniciativa legislativa popular de Cataluña establece como único momento para que la Mesa del Parlamento decida sobre la admisión o inadmisión de este tipo de iniciativas, el plazo de quince días hábiles desde que la Comisión promotora registra la solicitud de admisión (art. 6.1 de la Ley de iniciativa legislativa popular de Cataluña). La relevancia y transcendencia que tiene este trámite aparece reconocida en la propia Ley de iniciativa legislativa popular de Cataluña, cuyo art. 7.1 establece que «[l]a comisión promotora puede interponer, en los términos establecidos por la legislación aplicable, un recurso de amparo contra la resolución de la Mesa del Parlamento por la que esta no admite a trámite la proposición de ley».
Por tanto, una vez superado este trámite de admisibilidad, en que ya se ha verificado el cumplimiento de los requisitos para ello, no cabe revertir una decisión que tiene como objeto perfeccionar una proposición de ley derivada de una iniciativa legislativa popular a través de la recogida de firmas y, en su caso, posibilitar el devenir de una tramitación parlamentaria de conformidad con lo establecido normativamente.
(ii) Esta decisión material de inadmisión se ha fundado en un hecho que no estaba configurado legalmente como causa de inadmisión de una iniciativa legislativa popular. Tal como ya se ha expuesto, el capítulo II de la Ley de iniciativa legislativa popular de Cataluña desarrolla la presentación y admisión a trámite de este tipo de iniciativas y, entre las causas de inadmisibilidad reguladas en su art. 6.2, no aparece la falta de conformidad presupuestaria del Gobierno. Por otra parte, no cabe interpretar que la previsión de esa falta de conformidad en el art. 102.3 RPC y los efectos que de ello cabe derivar resulten de aplicación para un tipo de iniciativa que, por sus peculiares características ha recibido una específica y singular regulación por el legislador que, por respeto al contenido esencial del art. 23.1 CE, con el que se conecta, ha omitido cualquier posibilidad de que esa falta de conformidad se alce como un obstáculo para que los representantes políticos se pronuncien sobre aspectos que han conciliado una iniciativa respaldada por un número no despreciable de ciudadanos.
Esta conclusión se ve ahora reforzada tras la Ley 7/2014, de 25 de junio, por la que se añade una disposición adicional tercera en la Ley de iniciativa legislativa popular de Cataluña, en la que se pone de manifiesto que la falta de conformidad presupuestaria del Gobierno no puede configurarse, en ningún caso, como causa para no admitir una iniciativa legislativa popular. En efecto, si bien en el apartado segundo de esta nueva disposición adicional tercera se establece la obligación de que la Mesa del Parlamento, si la proposición de ley puede tener incidencia presupuestaria, envíe la iniciativa legislativa popular al Gobierno para que se pronuncie sobre ello; en el apartado tercero se establece que el único efecto que se derivaría de la manifestación del Gobierno respecto de la existencia de esa afectación presupuestaria es que la admisión de la iniciativa se ha de realizar de tal modo que la eventual ley resultante no puede entrar en vigor, en la parte que comporte dicha afectación presupuestaria, hasta el ejercicio presupuestario siguiente.
Por tanto, al no estar previsto expresamente como causa de inadmisión de este tipo de iniciativas la falta de conformidad presupuestaria del Gobierno, cualquier interpretación en ese sentido supone una ilegítima restricción del contenido esencial del art. 23.1 CE, por implicar que se evite el normal desarrollo del proceso de recogida de firmas de apoyo para su perfeccionamiento como iniciativa legislativa y, en su caso, su ulterior tramitación parlamentaria.
(iii) Esta decisión de inadmisión, fundada en la falta de conformidad presupuestaria del Gobierno, ha sido acordada por la Mesa del Parlamento cuando por tratarse de una razón material cuya valoración no le está expresamente atribuida no contaba con competencia para ello. Tal como ya se ha expuesto, la Ley de iniciativa legislativa popular de Cataluña regula la intervención de la Mesa del Parlamento a los únicos efectos de valorar la concurrencia de las causas de inadmisibilidad establecidas en su art. 6.2. A partir de ese momento la intervención de la Mesa queda limitada a recibir la comunicación de la junta electoral sobre el cumplimiento de la exigencia del número mínimo de firmas válidas de apoyo y, en cumplimiento de su labor de ordenación, a dar curso al trámite parlamentario establecido normativamente. Serán ya otros órganos de la Cámara los que, en las distintas fases de ese devenir parlamentario, decidan lo que estime pertinente con fundamento en las razones de oportunidad política que le son propias, incluido, en su caso, la incidencia presupuestaria que hubiera puesto de manifiesto el Gobierno.
Por tanto, una vez que la Mesa del Parlamento ha superado el cumplimiento de su función de control del cumplimiento de los requisitos de admisibilidad establecidos en el art. 6.2 de la Ley de iniciativa legislativa popular de Cataluña, queda desapoderada para revertir una decisión cuyo objeto es permitir que se perfeccione la iniciativa legislativa popular a través de la recogida de firmas y, en su caso, posibilitar el devenir de una tramitación parlamentaria de conformidad con lo establecido normativamente.
6. El Letrado de la Mesa del Parlamento de Cataluña, sin contradecir la anterior conclusión, ha justificado en su escrito de alegaciones la decisión impugnada alegando que (i) la continuación de la tramitación, conocida ya la oposición gubernamental, «habría alimentado falsas expectativas en la comisión promotora» y (ii) hubiera implicado un perjuicio al erario público, pues el proceso de verificación de firmas genera un importante gasto, concluyendo de ello que la posposición del acuerdo de la Mesa, en definitiva, no hubiera alterado el contenido del acuerdo.
Pues bien, tomando en consideración lo anteriormente expuesto, desde una perspectiva constitucional, único parámetro de control a que debe atenderse en esta jurisdicción de amparo, basta con poner de manifiesto que esa interpretación y las razones de eficiencia que la sustentan han supuesto una incidencia directa en el núcleo esencial del derecho a la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos (art. 23.1 CE). Ha impedido, en los términos en que está legalmente establecido, el normal desarrollo de una campaña de recogida de firmas que permitiera dar a conocer las razones de la iniciativa y conciliar el apoyo popular necesario a que tenían derecho los recurrentes, como miembros de la comisión promotora de la iniciativa, una vez que la Mesa del Parlamento ya había acordado la apertura de ese trámite y, con ello, que pudiera a llegar a perfeccionarse esta iniciativa y, en su caso, que los ciudadanos pudieran conocer lo que sus representantes piensan sobre la materia objeto de la iniciativa, así como sobre la oportunidad o no de su regulación legal, y extraer sus propias conclusiones acerca de cómo aquéllos asumen o se separan de lo manifestado en sus respectivos programas electorales.
Esa transgresión del contenido del derecho fundamental que ha imposibilitado el normal ejercicio de la iniciativa popular es determinante para considerar vulnerado el art. 23.1 CE y la nulidad de la decisión impugnada de dejar sin efecto la previa admisión a trámite de la iniciativa, lo que también hace innecesario el análisis del resto de alegaciones.
La estimación del recurso y la nulidad de la decisión impugnada no han de implicar en este caso la retroacción de actuaciones, pues la legislatura en la que se acordó la decisión impugnada ya ha finalizado y el efecto de mantenimiento de la iniciativa en caso de disolución del Parlamento a que se refiere el art. 15 de la Ley de iniciativa legislativa popular de Cataluña lo es para los casos en los que la iniciativa ya esté en trámite parlamentario, que no es el caso por haberlo frustrado la decisión ahora anulada.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar el recurso de amparo interpuesto por doña Concepción Fuya Lasnig, don Alejandro Castillo Navarro, don Héctor Claudio Silveira Gorski y don Jordi Morató-Aragonés Pàmies, y, en su virtud:
1.º Declarar que ha sido vulnerado el derecho fundamental de los demandantes de amparo a la participación en los asuntos públicos (art. 23.1 CE).
2.º Restablecerles en su derecho y, en consecuencia, declarar la nulidad de la resolución de la Mesa del Parlamento de Cataluña de 20 de marzo de 2012 y los acuerdos de 27 de marzo y 10 de abril de 2012.
Publíquese esta Sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a dieciséis de febrero de dos mil quince.–Francisco Pérez de los Cobos Orihuel.–Luis Ignacio Ortega Álvarez.–Encarnación Roca Trías.–Andrés Ollero Tassara.–Santiago Martínez-Vares García.–Juan Antonio Xiol Ríos.–Firmado y rubricado.
Voto particular que formula el Magistrado don Andrés Ollero Tassara, respecto a la Sentencia de la Sala Primera de fecha 16 de febrero de 2015 dictada en el recurso de amparo núm. 3738-2012
En ejercicio de la facultad que nos confiere el art. 90.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y con el máximo respeto a la opinión de la mayoría de la Sala, dejo constancia de mi opinión discrepante, puesta ya de manifiesto durante su deliberación, de la Sentencia que ha resuelto el recurso de amparo núm. 3738-2012.
Me mueve a ello mi preocupación por las Sentencias que este Tribunal viene dictando en recursos de amparo suscitados con ocasión de resoluciones parlamentarias, a las que se atribuye inconstitucionalidad. Ello me ha llevado a sostener en las deliberaciones mi actitud discrepante, sin llegar a plasmarla en voto particular. La reiteración de otras similares me ha confirmado en la convicción de la necesidad de expresar formalmente mi postura en voto particular.
1. Me parece, en primer lugar, llamativo el dispar tratamiento que el Tribunal viene mostrando a los Poderes del Estado. Es fácil constatar que aborda con especial delicadeza, como es lógico, los nada escasos recursos de amparo suscitados con ocasión de resoluciones judiciales. Ello le ha llevado, por ejemplo, a establecer un canon para el derecho fundamental a acceder a la jurisdicción y otro mucho menos exigente para el derecho a acceder a los recursos legalmente establecidos (STC 37/1995, de 7 de febrero); distingo que no encuentra parangón en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Por el contrario, el Tribunal viene recientemente abordando de modo muy incisivo, interpretando reglamentos parlamentarios, recursos suscitados por discrepancias de parlamentarios respecto a resoluciones de los órganos rectores de las Cámaras. No muy diversa me parece la actitud adoptada en el caso que nos ocupa, al abordar el conflicto surgido entre los promotores de una iniciativa legislativa popular y el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Cataluña de 27 de marzo de 2012.
2. Como es sabido, la Constitución española (en adelante, CE) contempla la iniciativa legislativa en el artículo 87, dentro del capítulo segundo (de la elaboración de las leyes) del título III (de las Cortes Generales). Dicho artículo establece en su epígrafe 1 que «La iniciativa legislativa corresponde al Gobierno, al Congreso y al Senado, de acuerdo con la Constitución y los Reglamentos de las Cámaras». Indica en el epígrafe 2 que «Las Asambleas de las Comunidades Autónomas podrán solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de ley o remitir a la Mesa del Congreso una proposición de ley». Ampliando aún más, aunque condicionadamente, los posibles promotores de iniciativas similares, señala en el epígrafe 3 que «Una ley orgánica regulará las formas de ejercicio y requisitos de la iniciativa popular para la presentación de proposiciones de ley. En todo caso se exigirán no menos de 500.000 firmas acreditadas. No procederá dicha iniciativa en materias propias de ley orgánica, tributarias o de carácter internacional, ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia». Igualmente el Estatuto de Cataluña incluye, al ocuparse de la actividad legislativa en su artículo 62.1, a «los ciudadanos, mediante la iniciativa legislativa popular». Es fácil detectar la obligada proyección de estos preceptos sobre la Ley catalana 1/2006, de 16 de febrero, de la iniciativa legislativa popular.
Volviendo al art. 87 CE, se observa que los dos epígrafes primeros se mueven dentro de los cauces característicos de una democracia representativa, mientras el tercero abre una vía excepcional más cercana a una democracia directa, sin que ello afecte a «la prioridad debida a los proyectos de ley». Acierta pues la Sentencia al reconocer –FJ 2 a)– que la Constitución «diseña un sistema de participación política de los ciudadanos en el que priman los mecanismos de democracia representativa. No obstante, también la Constitución reconoce concretos instrumentos de democracia directa como es la iniciativa legislativa popular». Intentar, sin embargo, derivar de ello prerrogativas peculiares, que lleguen a convertir lo excepcional en más relevante que las vías prioritarias, no parece razonable.
No parece tenerlo del todo claro la Sentencia cuando apunta: «esta normativa permite concluir que, aunque no exista una superior legitimación de este tipo de iniciativas por su origen, sin embargo la especificidad que supone su configuración como un instrumento de democracia directa dentro del desarrollo de los mecanismos de democracia representativa de la función legislativa determina significativas peculiaridades respecto de la regulación dispensada a otro tipo de iniciativas legislativas» (FJ 4). Es preciso pues analizar el alcance esas «significativas peculiaridades».
La constatación de que una iniciativa legislativa cobra sentido, sea cual sea su resultado, al contribuir a «forzar el debate político y obligar a que los distintos Grupos de la Cámara y esta misma tengan que tomar expresa posición sobre un asunto o tema determinado» [STC 40/2003, de 27 de febrero, citada en el FJ 2 d)] no es obviamente privilegio de las que surgen de iniciativa popular. Tampoco lo es que, como consecuencia, los ciudadanos puedan así conocer «lo que sus representantes piensan sobre una determinada materia», así como «extraer sus propias conclusiones acerca de cómo aquéllos asumen o se separan de lo manifestado en sus respectivos programas electorales» (STC 124/1995, de 18 de julio –citada ibídem–). Deducir de ello que la Mesa del Parlamento de Cataluña ha producido «la vulneración del art. 23.1 CE aducida por los demandantes de amparo», por haber realizado «una interpretación de la normativa que disciplina la iniciativa legislativa popular en Cataluña que ha impedido objetivamente la posibilidad de que se cumpla una de las finalidades que le es propia, como es la oportunidad de que los representantes políticos de la ciudadanía se pronunciaran sobre el contenido de la iniciativa», al dar entrada a la prerrogativa gubernamental de evitar cualquier iniciativa que implique incremento de gasto, ni incide –a mi juicio– «en el núcleo esencial del art. 23.1 CE» (FFJJ 4 y 5 de la Sentencia), ni «ha supuesto una incidencia directa» (FJ 6), más de lo que pueda serlo el similar bloqueo, por idéntica razón, de cualquier enmienda parlamentaria.
No menos dudosa me parece la tajante afirmación de que «La decisión de la Mesa de la Cámara respecto de la admisión de la iniciativa es un acto reglado que tiene por objeto comprobar que la iniciativa cumple con los requisitos de forma y que no tiene por objeto materias excluidas. En ese sentido, al igual que se ha afirmado respecto de otras funciones calificadoras de la Mesa, se trata de un control estrictamente normativo y no de oportunidad».
No he logrado encontrar en el Reglamento del Parlamento de Cataluña fundamento para afirmación de tanto alcance. Su artículo 29, al ocuparse de las funciones de la Mesa incluye entre otras: 3 a) «Adoptar las decisiones que requieren las tramitaciones parlamentarias, en caso de duda o de laguna reglamentaria». d) «Calificar, de conformidad con el Reglamento, los escritos y los documentos de índole parlamentaria, y declarar su admisión o inadmisión a trámite». No pienso que calificar y declarar la admisibilidad se consideren operaciones reiterativas, como parece insinuarse al atribuir a ambas una dimensión meramente formal –en el FJ 2 e) de la Sentencia–. j) «Cumplir cualquier otra función encomendada por el presente reglamento y las de carácter ejecutivo que no están atribuidas a ningún órgano específico».
Esta última referencia permite considerar función de la Mesa todo aspecto necesitado de regulación que no se atribuya a otro órgano parlamentario. La afirmación de la Sentencia –FJ 5 (iii)– de que «Serán ya otros órganos de la Cámara los que, en las distintas fases de ese devenir parlamentario, decidan lo que estime (sic) pertinente» se cuida mucho de dar pistas sobre a qué órgano puede estar refiriéndose. En todo caso, eliminar drásticamente de las funciones de la Mesa el control de elementos del contenido material de las iniciativas llevaría, en caso contrario, a situaciones pintorescas.
3. El Gobierno, por su parte, es –como se ha visto– el principal promotor primario de iniciativas legislativas, como reflejo del art. 88 CE: «Los proyectos de ley serán aprobados en Consejo de Ministros», sin perjuicio de que las proposiciones de ley emanadas de los grupos parlamentarios –cuya «tramitación se regulará por los Reglamentos de las Cámaras» (art. 89 CE)–, o las promovidas por iniciativa popular, puedan, en su caso, convertirse en proyectos de ley. El Reglamento del Parlamento de Cataluña recoge igualmente ese papel prioritario en su artículo 100: «La iniciativa legislativa corresponde: a) Al Gobierno, que la ejerce mediante la presentación de un proyecto de ley».
Gozará igualmente el Gobierno, dentro del procedimiento parlamentario, de la ya citada prerrogativa. La versión del artículo 102 del Reglamento indica, entre otras cuestiones: 2. «Si la Mesa del Parlamento considera que una proposición de ley puede implicar un aumento de créditos o una disminución de ingresos, debe solicitar la conformidad previa del Gobierno para su admisión a trámite. La respuesta del Gobierno ha de ser motivada y debe hacerse dentro del plazo de ocho días desde que le ha sido remitida la proposición de ley, una vez transcurridos los cuales el silencio debe entenderse como conformidad. El Gobierno no puede denegar la conformidad a una tramitación si los efectos económicos que pueden derivar de esta han sido expresamente pospuestos para otro ejercicio presupuestario». 3. «Si no es consultado en la forma establecida por el apartado 2, el Gobierno puede manifestar de forma motivada su disconformidad por razones presupuestarias con la tramitación de una proposición de ley hasta dos días antes del inicio del debate de totalidad, y corresponde a la Mesa del Parlamento adoptar la decisión definitiva sobre su admisión a trámite».
4. Hay por tanto dos factores que están llamados a coexistir: los procedimientos legislativos reflejados en los reglamentos parlamentarios y la posible intervención del Gobierno en dichos cauces –en ejercicio de su responsabilidad de control del gasto presupuestado– analizando iniciativas o bloqueando enmiendas. Argumentar que esa intervención es improcedente, porque entre las «causas de inadmisibilidad de proposiciones de ley» de la ley catalana que regulaba las iniciativas populares «no aparece una eventual oposición del Gobierno a su tramitación por motivos presupuestarios» –FFJJ 4 y 5 (ii) de la Sentencia– ignora esa neta realidad. Se reiterará en el fundamento jurídico 5(ii) in fine.
Resulta, como consecuencia, dudoso que pueda aceptarse el argumento de los recurrentes de que «la decisión de la Mesa carece de cobertura legal ya que se adoptó extemporáneamente en virtud de una intervención del Gobierno cuando la iniciativa legislativa popular ya había sido admitida a trámite» –recogida en el fundamento jurídico 1 de la Sentencia y reiterada en el FJ 3 d)–. Es obvio que, si una ley no fija lo contrario, la intervención del Gobierno puede producirse en cualquier momento de la tramitación parlamentaria, como refleja el citado artículo 102 del Reglamento. Así parece reconocerlo la misma Sentencia líneas después, en una de sus abundantes citas: «En la medida en que así esté previsto normativamente, resulta posible que la Mesa de una Cámara, tras una inicial decisión de admisión a trámite de una propuesta legislativa, deje sin efecto la misma cuando el Gobierno ejerza una potestad de oposición vinculada a razones de impacto presupuestario de la iniciativa. Además, por afectar a las relaciones Parlamento-Gobierno, en esos casos el control que debe ejercer por este Tribunal en vía de amparo debe ser de una menor intensidad» [STC 242/2006, de 24 de julio –citada en el FJ 2 f)–]. Sin embargo, no parece haber sido el caso, ya que la Sentencia acabará afirmando que «la interrupción del procedimiento de recogida de firmas con el argumento de la existencia de un veto presupuestario el Gobierno carece de cobertura legal, ya que (i) se adoptó en un momento inadecuado, (ii) con fundamento en un hecho que no está configurado normativamente como causa de inadmisión de este tipo de proposiciones de ley, y (iii) por la Mesa del Parlamento que carece de competencia para ello»; por lo que «Esta decisión material de inadmisión resulta extemporánea» (FJ 5). Por si no queda clara su postura, afirmará más abajo, que «los efectos que cabe derivar» de la intervención gubernamental no resultan «de aplicación para un tipo de iniciativa que, por sus peculiares características, ha recibido una específica y singular regulación por el legislador que, por respeto al contenido esencial del art. 23.1 CE, con el que se conecta, ha omitido cualquier posibilidad de que esa falta de conformidad se alce como un obstáculo para que los representantes políticos se pronuncien sobre aspectos que han conciliado una iniciativa respaldada por un número no despreciable de ciudadanos» –FJ 5 (ii)–. Existe pues la «superior legitimación de este tipo de iniciativas» que antes se había intentado negar.
Esta última alusión de la Sentencia se refiere a la posterior modificación introducida por la Ley catalana 7/2014, que incluye una disposición adicional tercera en la que regula la ya citada de iniciativa legislativa popular –FJ 5 (ii)–. El hecho de que establezca esta nueva regla, según la cual tales iniciativas se considerarán referidas al año siguiente, cuando no quepa atribuirles cobertura presupuestaria en el año en curso, es en realidad un argumento en contra de tal planteamiento. No hace sino confirmar que la interpretación de la versión anterior, que es la aquí relevante, era tan obvia que ha obligado a una reforma legislativa para poder descartarla: el Gobierno, como hemos visto en el Reglamento parlamentario, podía frenar la iniciativa legislativa por incremento de gasto, si no se había aplazado expresamente su entrada en juego, como ocurría en el caso que nos ocupa.
La reforma obliga además a la Mesa a recabar del Gobierno su intervención, positiva o negativa, fundada en motivos presupuestarios; con ello evita también la no menos obvia interpretación anterior también ignorada por la Sentencia: que, sin tal solicitud, la intervención del Gobierno podía producirse en cualquier momento, hasta dos días antes del debate parlamentario de la proposición. La nueva disposición adicional de la Ley catalana 1/2006 establece: 1. «Si la proposición de ley puede implicar un aumento de créditos o una disminución de ingresos con relación al presupuesto vigente en el momento de su tramitación parlamentaria, la ley resultante de la iniciativa legislativa popular no puede entrar en vigor, en la parte que comporte dicha afectación presupuestaria, hasta el ejercicio presupuestario siguiente o, si procede, hasta otro posterior, si así lo determina la propia proposición de ley». Se evita así su paralización si los promotores no habían aplazado expresamente su entrada en vigor. La remisión desde la Mesa al Gobierno se configura de modo más preciso: 2. «A los efectos de lo establecido por el apartado 1, la Mesa del Parlamento ha de enviar la iniciativa legislativa popular al Gobierno para que se posicione sobre sus efectos económicos en el plazo de ocho días». Para lograr el efecto indicado, se concluye: 3. «Si el Gobierno considera que se produce afectación presupuestaria, la Mesa del Parlamento ha de admitir a trámite la proposición de ley en los términos establecidos por el apartado 1. Si el Gobierno no se pronuncia en el plazo de ocho días, el silencio se entiende en el sentido de que no existe afectación presupuestaria».
De lo expuesto es fácil colegir que no puedo compartir la afirmación de la Sentencia en su fundamento jurídico 5 (iii): «Esta decisión de inadmisión, fundada en la falta de conformidad presupuestaria del Gobierno, ha sido acordada por la Mesa del Parlamento cuando por tratarse de una razón material cuya valoración no le está expresamente atribuida no contaba con competencia para ello». No tendría tampoco fundamento afirmar que «el veto presupuestario» del Gobierno «se adoptó en un momento inadecuado» –ibídem (i)– ya que, antes de la nueva disposición adicional, podía adoptarse en cualquier momento hasta dos días antes de su deliberación.
5. Se ha convertido ya en tópico recordar que el Tribunal no ha de erigirse en legislador, invadiendo terreno ajeno. Me temo que puede haber ocurrido cuando la Sentencia –FJ 5 (i)– pretende encajar todo lo apuntado en un problema meramente cronológico, que convertiría en extemporáneo el envío de la proposición de ley por la Mesa al Gobierno. La iniciativa legislativa popular no se convertiría en proposición de ley hasta que la Mesa del Parlamento, recogidas las 50.000 firmas previstas en la ley catalana, la calificara como tal. Queda fuera duda que la Constitución no sugiere nada parecido, como tampoco lo tuvo en mente el legislador catalán. Valga acudir a más de un artículo de la Ley 1/2006, de 16 de febrero, de la iniciativa legislativa popular. Ya en la solicitud que inicia su ejercicio, antes de calificación alguna el artículo 3 exige «la presentación en la Mesa del Parlamento de una proposición de ley». Igualmente, al desarrollar la «Solicitud de Admisión», el artículo 5 exige entre otros documentos: «a) El texto articulado de la proposición de ley, precedido de una exposición de motivos. b) Una memoria explicativa de las razones que aconsejan, según el parecer de las personas firmantes, la tramitación y aprobación de la proposición de ley por el Parlamento». Siguiendo los trámites, antes de calificación alguna, el artículo 6.1 establece que «La Mesa del Parlamento debe examinar la documentación recibida y debe pronunciarse de forma motivada en el plazo de quince días hábiles sobre la admisión o la inadmisión a trámite de la proposición de ley», mientras el epígrafe 2 se ocupa de las «causas de inadmisibilidad de la proposición de ley», denominación que se reitera en su apartado b). Solo en el epígrafe 5, tras subsanar posibles irregularidades enmendables, «La Mesa del Parlamento debe notificar la resolución sobre la admisión o inadmisión de la proposición de ley a la comisión promotora» Ni que decir tiene que la norma legal podría modificarse y justificar así la hipótesis propuesta, pero no es este Tribunal quien deba hacerlo.
Partiendo de estas reflexiones, me veo obligado a emitir mi Voto particular.
Madrid, a dieciséis de febrero de dos mil quince.–Andrés Ollero Tassara.–Firmado y rubricado.
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Sentencia del TC en la que anula el veto del Parlament CAT a la ILP de la sexta hora, promovida por AMPAs #BOE
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OTROS_ANUNCIOS
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Tribunal Constitucional
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Sentencia del TC en la que anula el veto del Parlament de Cataluña a la Iniciativa Legislativa Popular de la sexta hora.
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[] | 3,393
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2015-05-12
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MODIFICA
los arts 5, 7, 8, 10 y 11, y SUSTITUYE el anexo I de la Orden HAP/2662/2012, de 13 de diciembre
DE CONFORMIDAD con
Arts. 8.1 y 9.2 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre
DE CONFORMIDAD con
Art. 117 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio
CITA
Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero
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BOE-A-2015-11284
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Orden HAP/861/2015, de 7 de mayo, por la que se modifica la Orden HAP/2662/2012, de 13 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 696 de autoliquidación, y el modelo 695 de solicitud de devolución, de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social y se determinan lugar, forma, plazos y procedimientos de presentación.
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<nota codigo='37' orden='215'>Aplicable a los hechos imponibles que tengan lugar a partir del día 1 de marzo de 2015</nota>
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<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El artículo 11 del Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social, introduce modificaciones en la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, que obligan a su vez a modificar la Orden HAP/2662/2012, de 13 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 696 de autoliquidación, y el modelo 695 de solicitud de devolución, de la tasa por ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social y se determinan el lugar, forma, plazos y los procedimientos de presentación.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Las modificaciones introducidas en la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, suponen la exención del pago de la tasa por parte de las personas físicas. Este cambio tiene incidencia en el modelo 696 aprobado por la citada Orden HAP/2662/2012, de 13 de diciembre, que en consecuencia, debe ser modificado eliminando del modelo toda referencia a las personas físicas y a sus especialidades en el esquema de liquidación de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Con motivo de esta necesaria modificación se introducen ciertas actualizaciones de carácter eminentemente técnico relacionadas con la forma, condiciones generales y procedimientos para la presentación electrónica de los modelos aprobados en la Orden HAP/2662/2012, de 13 de diciembre.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La Orden se dicta en uso de las habilitaciones legales contenidas en los artículos 8.1 y 9.2 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, y en la disposición final segunda del Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, donde se faculta al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas para regular los procedimientos y establecer los modelos oficiales de autoliquidación de la tasa así como para modificar los modelos de autoliquidación de la tasa para adaptarlos a las reformas efectuadas en el citado Real Decreto-ley, así como, en la habilitación conferida con carácter general por el artículo 117 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de Gestión e Inspección Tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio,</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En su virtud dispongo:</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo único. Modificación de la Orden HAP/2662/2012, de 13 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 696 de autoliquidación, y el modelo 695 de solicitud de devolución, de la tasa por ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social y se determinan el lugar, forma, plazos y los procedimientos de presentación.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Se introducen las siguientes modificaciones en la Orden HAP/2662/2012, de 13 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 696 de autoliquidación, y el modelo 695 de solicitud de devolución, de la tasa por ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social y se determinan el lugar, forma, plazos y los procedimientos de presentación:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Uno. Se sustituye el anexo I, modelo 696, «Tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social. Autoliquidación», por el que figura como anexo de esta orden.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Dos. Se modifica el artículo 5 que queda redactado del siguiente modo:</p>
<p class='sangrado_articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>«Artículo 5. Formas de presentación de los modelos 696 y 695.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. En el supuesto de que el sujeto pasivo de la tasa sea una persona o entidad adscrita a la Delegación Central de Grandes Contribuyentes o a alguna de las Unidades de Gestión de Grandes Empresas de las Delegaciones Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, y en el de aquellas entidades que tengan forma jurídica de sociedad anónima o sociedad de responsabilidad limitada, la presentación de estos modelos se efectuará de forma obligatoria por vía electrónica a través de Internet, en las condiciones y de acuerdo con el procedimiento previsto en esta Orden en los artículos 7 y 8 para el modelo 696, y en los artículos 10 y 11 para el modelo 695.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. En los demás supuestos, además de la anterior forma de presentación electrónica por Internet, será posible la presentación de los modelos 695 y 696 en papel impreso que será generado exclusivamente mediante la utilización del servicio de impresión desarrollado a estos efectos por la Agencia Estatal de Administración Tributaria en su sede electrónica, a la que se puede acceder a través del portal de la Agencia Tributaria en Internet (www.agenciatributaria.es) o bien directamente en la dirección electrónica https://www.agenciatributaria.gob.es, y previa la cumplimentación de los respectivos formularios disponibles en la citada sede electrónica. Será necesaria la conexión a Internet para poder obtener las autoliquidaciones impresas válidas para su presentación.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Cuando la autoliquidación se genere mediante la utilización del servicio de impresión anteriormente citado, serán de aplicación las siguientes disposiciones:</p>
<p class='sangrado_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) No será precisa la utilización de etiquetas identificativas ya que el servicio de impresión genera el propio código de barras de la etiqueta, con los datos identificativos del titular.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) La confirmación de los datos incorporados a la declaración se producirá con la presentación de la correspondiente autoliquidación en los lugares señalados en el artículo 6 de esta Orden.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>c) No se deberá ensobrar ni remitir a la Agencia Estatal de Administración Tributaria la autoliquidación cuando ésta se presente en una entidad colaboradora.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>d) No producirán efectos ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria las alteraciones o correcciones manuales de los datos impresos que figuran en las autoliquidaciones, salvo los que se refieran al código de cuenta cliente en el momento de la presentación en la entidad colaboradora.</p>
<p class='sangrado_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>No obstante, por motivos de seguridad, el dato del NIF del contribuyente se deberá cumplimentar manualmente.»</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Tres. Se modifica el artículo 7 que queda redactado del siguiente modo:</p>
<p class='sangrado_articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>«Artículo 7. Forma y condiciones generales para la presentación electrónica por Internet del modelo 696.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. La presentación de la declaración por vía electrónica por Internet a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria podrá ser efectuada:</p>
<p class='sangrado_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) Por los obligados tributarios.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) Por aquellos representantes voluntarios de los obligados tributarios con poderes o facultades para presentar electrónicamente en nombre de los mismos declaraciones y autoliquidaciones ante la Agencia Tributaria o representarles ante ésta, en los términos establecidos en cada momento por la Dirección General de la Agencia Tributaria.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>c) Por las personas o entidades que, según lo previsto en el artículo 92 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, ostenten la condición de colaboradores sociales en la aplicación de los tributos y cumplan los requisitos y condiciones que, a tal efecto, establezca la normativa vigente en cada momento.</p>
<p class='sangrado_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. La presentación electrónica estará sujeta a las siguientes condiciones:</p>
<p class='sangrado_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) El declarante deberá disponer de número de identificación fiscal (NIF) y estar identificado, con carácter previo a la presentación, en el Censo de Obligados Tributarios a que se refiere el artículo 3 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio. Para verificar el cumplimiento de este requisito el obligado tributario podrá acceder a la opción «mis datos censales» disponible en la sede electrónica de la Agencia Tributaria.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) El declarante deberá disponer de un certificado electrónico, que podrá ser el asociado al documento nacional de identidad electrónico (DNI-e) o cualquier otro certificado electrónico reconocido emitido de acuerdo a las condiciones que establece la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica, que, según la normativa vigente en cada momento, resulte admisible por la Agencia Tributaria.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Si la presentación electrónica va a ser realizada por una persona o entidad autorizada para presentar declaraciones en representación de terceras personas, será esta persona o entidad autorizada quien deberá disponer de su certificado electrónico reconocido, en los términos señalados en el párrafo anterior.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>c) Para efectuar la presentación electrónica el declarante, o en su caso, el presentador, deberá con carácter previo bien cumplimentar y transmitir los datos del formulario, ajustado al modelo 696 aprobado en el artículo 1 de esta Orden, que estará disponible en la sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (https://www.agenciatributaria.gob.es.) o bien utilizar un programa informático para la obtención del fichero con la autoliquidación a transmitir que tenga el mismo formato e iguales características y especificaciones que el generado para su transmisión por dicho formulario.</p>
<p class='sangrado_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. En aquellos casos en que se detecten anomalías de tipo formal en la transmisión electrónica de declaraciones, dicha circunstancia se pondrá en conocimiento del presentador de la declaración por el propio sistema mediante los correspondientes mensajes de error, para que proceda a su subsanación.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. La transmisión electrónica del modelo deberá realizarse en la misma fecha en que tenga lugar el ingreso resultante del mismo. No obstante lo anterior, en el caso de que existan dificultades técnicas que impidan efectuar la transmisión electrónica de la declaración en la misma fecha del ingreso, podrá realizarse dicha transmisión electrónica hasta el segundo día hábil siguiente al del ingreso.»</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Cuatro. Se modifica el artículo 8 que queda redactado del siguiente modo:</p>
<p class='sangrado_articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>«Artículo 8. Procedimiento para la presentación electrónica por Internet de las autoliquidaciones correspondientes al modelo 696.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El procedimiento a seguir para la presentación electrónica de autoliquidaciones de la tasa judicial será el siguiente:</p>
<p class='sangrado_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) El declarante o, en su caso, el presentador se pondrá en comunicación con la entidad de depósito que actúa como colaboradora en la gestión recaudatoria (Bancos, Cajas de Ahorro o Cooperativas de crédito) por vía electrónica (directa o a través de la sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria) o acudiendo a sus sucursales para efectuar el ingreso correspondiente y facilitar los siguientes datos:</p>
<p class='sangrado_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>NIF del sujeto pasivo (9 caracteres).</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Ejercicio fiscal (4 caracteres).</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Período: 2 caracteres: OA.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Código del modelo: 696.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Tipo de autoliquidación = I Ingreso.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Importe a ingresar (deberá ser mayor que cero y expresado en euros).</p>
<p class='sangrado_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Una vez realizado el ingreso, la entidad colaboradora proporcionará el recibo-justificante de pago a que se refiere el apartado 3 del artículo 3 de la Orden EHA/2027/2007, de 28 de junio, por la que se desarrolla parcialmente el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, en relación con las entidades de crédito que actúan como colaboradoras en la gestión recaudatoria de la Agencia Tributaria.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En dicho recibo-justificante de pago, en todo caso, deberá figurar el número de referencia completo (NRC) asignado por la entidad colaboradora al ingreso realizado.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) El declarante o, en su caso, el presentador una vez realizada la operación anterior se conectará con la Agencia Estatal de Administración Tributaria a través de Internet en su sede electrónica, en la dirección electrónica https://www.agenciatributaria.gob.es, y seleccionará el formulario con la autoliquidación a transmitir. Cumplimentará el formulario e introducirá el NRC suministrado por la entidad colaboradora.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>c) A continuación procederá a transmitir la autoliquidación utilizando un certificado electrónico reconocido de acuerdo a lo previsto en el artículo 7.2.b) de esta Orden.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Si el presentador es una persona o entidad autorizada a presentar declaraciones en representación de terceras personas deberá utilizar su propio certificado electrónico reconocido.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>d) Si la autoliquidación es aceptada, la Agencia Estatal de Administración Tributaria le devolverá en pantalla los datos de la declaración y del documento de ingreso, modelo 696, validados con un código seguro de verificación de 16 caracteres, además de la fecha y hora de presentación.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>e) En el supuesto de que la presentación fuera rechazada se mostrará en pantalla la descripción de los errores detectados. En este caso, se deberá proceder a subsanar los mismos o a repetir la presentación si el error fuese originado por otro motivo.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>f) El declarante deberá imprimir y conservar la autoliquidación aceptada así como el documento de ingreso, modelo 696, debidamente validados con el correspondiente código seguro de verificación.»</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Cinco. Se modifica el artículo 10 que queda redactado del siguiente modo:</p>
<p class='sangrado_articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>«Artículo 10. Forma y condiciones generales para la presentación electrónica por Internet del modelo 695.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. La presentación de la solicitud de devolución por vía electrónica por Internet a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria podrá ser efectuada:</p>
<p class='sangrado_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) Por los obligados tributarios.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) Por aquellos representantes voluntarios de los obligados tributarios con poderes o facultades para presentar electrónicamente en nombre de los mismos declaraciones y autoliquidaciones ante la Agencia Tributaria o representarles ante ésta, en los términos establecidos en cada momento por la Dirección General de la Agencia Tributaria.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>c) Por las personas o entidades que, según lo previsto en el artículo 92 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, ostenten la condición de colaboradores sociales en la aplicación de los tributos y cumplan los requisitos y condiciones que, a tal efecto, establezca la normativa vigente en cada momento.</p>
<p class='sangrado_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. La presentación electrónica estará sujeta a las siguientes condiciones:</p>
<p class='sangrado_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) El declarante deberá disponer de número de identificación fiscal (NIF) y estar identificado, con carácter previo a la presentación, en el Censo de Obligados Tributarios a que se refiere el artículo 3 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio. Para verificar el cumplimiento de este requisito el obligado tributario podrá acceder a la opción «mis datos censales» disponible en la sede electrónica de la Agencia Tributaria.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) El declarante deberá disponer de un certificado electrónico, que podrá ser el asociado al documento nacional de identidad electrónico (DNI-e) o cualquier otro certificado electrónico reconocido emitido de acuerdo a las condiciones que establece la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica, que, según la normativa vigente en cada momento, resulte admisible por la Agencia Tributaria.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Si la presentación electrónica va a ser realizada por una persona o entidad autorizada para presentar declaraciones en representación de terceras personas, será esta persona o entidad autorizada quien deberá disponer de su certificado electrónico reconocido, en los términos señalados en el párrafo anterior.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>c) Para efectuar la presentación electrónica el declarante o, en su caso, el presentador, deberá con carácter previo bien cumplimentar y transmitir los datos del formulario, ajustado al modelo 695 aprobado en el artículo 2 de esta Orden, que estará disponible en la sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (https://www.agenciatributaria.gob.es.) o bien utilizar un programa informático para la obtención del fichero con la autoliquidación a transmitir que tenga el mismo formato e iguales características y especificaciones que el generado para su transmisión por dicho formulario.</p>
<p class='sangrado_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. En aquellos casos en que se detecten anomalías de tipo formal en la transmisión electrónica de las solicitudes de devolución, dicha circunstancia se pondrá en conocimiento del presentador de la solicitud por el propio sistema mediante los correspondientes mensajes de error, para que proceda a su subsanación.»</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Seis. Se modifica el artículo 11 que queda redactado del siguiente modo:</p>
<p class='sangrado_articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>«Artículo 11. Procedimiento para la presentación electrónica por Internet del modelo 695.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El procedimiento a seguir para la presentación electrónica será el siguiente:</p>
<p class='sangrado_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) El declarante o, en su caso, el presentador, se conectará con la Agencia Estatal de Administración Tributaria a través de Internet en su sede electrónica, en la dirección electrónica https://www.agenciatributaria.gob.es, y seleccionará el modelo a transmitir (modelo 695).</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) A continuación cumplimentará el formulario y procederá a transmitir el modelo utilizando un certificado electrónico reconocido de acuerdo a lo previsto en el artículo 8.2.b) de esta Orden.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Si el presentador es una persona o entidad autorizada a presentar declaraciones en representación de terceras personas deberá utilizar su propio certificado electrónico reconocido.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>c) Si la presentación fuera aceptada, la Agencia Estatal de Administración Tributaria le devolverá en pantalla los datos del modelo 695, validados con un código seguro de verificación de 16 caracteres, además de la fecha y hora de presentación.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>d) En el supuesto de que la presentación fuera rechazada se mostrará en pantalla la descripción de los errores detectados. En este caso, se deberá proceder a subsanar los mismos o a repetir la presentación si el error fuese originado por otro motivo.</p>
<p class='sangrado' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>e) El declarante deberá imprimir y conservar la solicitud aceptada, modelo 695, debidamente validada con el correspondiente código seguro de verificación.»</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Disposición final única. Entrada en vigor</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La presente orden entrará en vigor el día 1 de junio de 2015, aplicándose a los hechos imponibles que tengan lugar a partir del día 1 de marzo de 2015.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Madrid, 7 de mayo de 2015.–El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro Romero.</p>
<p class='anexo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>ANEXO</p>
<p class='imagen' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>
<img alt='1' class='frame-1' height='2776' src='/datos/imagenes/disp/2015/113/05225_5296.png' width='2126'/>
</p>
<p class='imagen' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>
<img alt='2' class='frame-1' height='2776' src='/datos/imagenes/disp/2015/113/05225_5332.png' width='2126'/>
</p>
<p class='imagen' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>
<img alt='3' class='frame-1' height='2776' src='/datos/imagenes/disp/2015/113/05225_5363.png' width='2126'/>
</p>
</texto>
</documento>
|
Tue May 12 09:43:33 +0000 2015
|
El artículo 11 del Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social, introduce modificaciones en la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, que obligan a su vez a modificar la Orden HAP/2662/2012, de 13 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 696 de autoliquidación, y el modelo 695 de solicitud de devolución, de la tasa por ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social y se determinan el lugar, forma, plazos y los procedimientos de presentación.
Las modificaciones introducidas en la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, suponen la exención del pago de la tasa por parte de las personas físicas. Este cambio tiene incidencia en el modelo 696 aprobado por la citada Orden HAP/2662/2012, de 13 de diciembre, que en consecuencia, debe ser modificado eliminando del modelo toda referencia a las personas físicas y a sus especialidades en el esquema de liquidación de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social.
Con motivo de esta necesaria modificación se introducen ciertas actualizaciones de carácter eminentemente técnico relacionadas con la forma, condiciones generales y procedimientos para la presentación electrónica de los modelos aprobados en la Orden HAP/2662/2012, de 13 de diciembre.
La Orden se dicta en uso de las habilitaciones legales contenidas en los artículos 8.1 y 9.2 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, y en la disposición final segunda del Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, donde se faculta al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas para regular los procedimientos y establecer los modelos oficiales de autoliquidación de la tasa así como para modificar los modelos de autoliquidación de la tasa para adaptarlos a las reformas efectuadas en el citado Real Decreto-ley, así como, en la habilitación conferida con carácter general por el artículo 117 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de Gestión e Inspección Tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio,
En su virtud dispongo:
Artículo único. Modificación de la Orden HAP/2662/2012, de 13 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 696 de autoliquidación, y el modelo 695 de solicitud de devolución, de la tasa por ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social y se determinan el lugar, forma, plazos y los procedimientos de presentación.
Se introducen las siguientes modificaciones en la Orden HAP/2662/2012, de 13 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 696 de autoliquidación, y el modelo 695 de solicitud de devolución, de la tasa por ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social y se determinan el lugar, forma, plazos y los procedimientos de presentación:
Uno. Se sustituye el anexo I, modelo 696, «Tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social. Autoliquidación», por el que figura como anexo de esta orden.
Dos. Se modifica el artículo 5 que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 5. Formas de presentación de los modelos 696 y 695.
1. En el supuesto de que el sujeto pasivo de la tasa sea una persona o entidad adscrita a la Delegación Central de Grandes Contribuyentes o a alguna de las Unidades de Gestión de Grandes Empresas de las Delegaciones Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, y en el de aquellas entidades que tengan forma jurídica de sociedad anónima o sociedad de responsabilidad limitada, la presentación de estos modelos se efectuará de forma obligatoria por vía electrónica a través de Internet, en las condiciones y de acuerdo con el procedimiento previsto en esta Orden en los artículos 7 y 8 para el modelo 696, y en los artículos 10 y 11 para el modelo 695.
2. En los demás supuestos, además de la anterior forma de presentación electrónica por Internet, será posible la presentación de los modelos 695 y 696 en papel impreso que será generado exclusivamente mediante la utilización del servicio de impresión desarrollado a estos efectos por la Agencia Estatal de Administración Tributaria en su sede electrónica, a la que se puede acceder a través del portal de la Agencia Tributaria en Internet (www.agenciatributaria.es) o bien directamente en la dirección electrónica https://www.agenciatributaria.gob.es, y previa la cumplimentación de los respectivos formularios disponibles en la citada sede electrónica. Será necesaria la conexión a Internet para poder obtener las autoliquidaciones impresas válidas para su presentación.
Cuando la autoliquidación se genere mediante la utilización del servicio de impresión anteriormente citado, serán de aplicación las siguientes disposiciones:
a) No será precisa la utilización de etiquetas identificativas ya que el servicio de impresión genera el propio código de barras de la etiqueta, con los datos identificativos del titular.
b) La confirmación de los datos incorporados a la declaración se producirá con la presentación de la correspondiente autoliquidación en los lugares señalados en el artículo 6 de esta Orden.
c) No se deberá ensobrar ni remitir a la Agencia Estatal de Administración Tributaria la autoliquidación cuando ésta se presente en una entidad colaboradora.
d) No producirán efectos ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria las alteraciones o correcciones manuales de los datos impresos que figuran en las autoliquidaciones, salvo los que se refieran al código de cuenta cliente en el momento de la presentación en la entidad colaboradora.
No obstante, por motivos de seguridad, el dato del NIF del contribuyente se deberá cumplimentar manualmente.»
Tres. Se modifica el artículo 7 que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 7. Forma y condiciones generales para la presentación electrónica por Internet del modelo 696.
1. La presentación de la declaración por vía electrónica por Internet a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria podrá ser efectuada:
a) Por los obligados tributarios.
b) Por aquellos representantes voluntarios de los obligados tributarios con poderes o facultades para presentar electrónicamente en nombre de los mismos declaraciones y autoliquidaciones ante la Agencia Tributaria o representarles ante ésta, en los términos establecidos en cada momento por la Dirección General de la Agencia Tributaria.
c) Por las personas o entidades que, según lo previsto en el artículo 92 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, ostenten la condición de colaboradores sociales en la aplicación de los tributos y cumplan los requisitos y condiciones que, a tal efecto, establezca la normativa vigente en cada momento.
2. La presentación electrónica estará sujeta a las siguientes condiciones:
a) El declarante deberá disponer de número de identificación fiscal (NIF) y estar identificado, con carácter previo a la presentación, en el Censo de Obligados Tributarios a que se refiere el artículo 3 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio. Para verificar el cumplimiento de este requisito el obligado tributario podrá acceder a la opción «mis datos censales» disponible en la sede electrónica de la Agencia Tributaria.
b) El declarante deberá disponer de un certificado electrónico, que podrá ser el asociado al documento nacional de identidad electrónico (DNI-e) o cualquier otro certificado electrónico reconocido emitido de acuerdo a las condiciones que establece la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica, que, según la normativa vigente en cada momento, resulte admisible por la Agencia Tributaria.
Si la presentación electrónica va a ser realizada por una persona o entidad autorizada para presentar declaraciones en representación de terceras personas, será esta persona o entidad autorizada quien deberá disponer de su certificado electrónico reconocido, en los términos señalados en el párrafo anterior.
c) Para efectuar la presentación electrónica el declarante, o en su caso, el presentador, deberá con carácter previo bien cumplimentar y transmitir los datos del formulario, ajustado al modelo 696 aprobado en el artículo 1 de esta Orden, que estará disponible en la sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (https://www.agenciatributaria.gob.es.) o bien utilizar un programa informático para la obtención del fichero con la autoliquidación a transmitir que tenga el mismo formato e iguales características y especificaciones que el generado para su transmisión por dicho formulario.
3. En aquellos casos en que se detecten anomalías de tipo formal en la transmisión electrónica de declaraciones, dicha circunstancia se pondrá en conocimiento del presentador de la declaración por el propio sistema mediante los correspondientes mensajes de error, para que proceda a su subsanación.
4. La transmisión electrónica del modelo deberá realizarse en la misma fecha en que tenga lugar el ingreso resultante del mismo. No obstante lo anterior, en el caso de que existan dificultades técnicas que impidan efectuar la transmisión electrónica de la declaración en la misma fecha del ingreso, podrá realizarse dicha transmisión electrónica hasta el segundo día hábil siguiente al del ingreso.»
Cuatro. Se modifica el artículo 8 que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 8. Procedimiento para la presentación electrónica por Internet de las autoliquidaciones correspondientes al modelo 696.
El procedimiento a seguir para la presentación electrónica de autoliquidaciones de la tasa judicial será el siguiente:
a) El declarante o, en su caso, el presentador se pondrá en comunicación con la entidad de depósito que actúa como colaboradora en la gestión recaudatoria (Bancos, Cajas de Ahorro o Cooperativas de crédito) por vía electrónica (directa o a través de la sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria) o acudiendo a sus sucursales para efectuar el ingreso correspondiente y facilitar los siguientes datos:
NIF del sujeto pasivo (9 caracteres).
Ejercicio fiscal (4 caracteres).
Período: 2 caracteres: OA.
Código del modelo: 696.
Tipo de autoliquidación = I Ingreso.
Importe a ingresar (deberá ser mayor que cero y expresado en euros).
Una vez realizado el ingreso, la entidad colaboradora proporcionará el recibo-justificante de pago a que se refiere el apartado 3 del artículo 3 de la Orden EHA/2027/2007, de 28 de junio, por la que se desarrolla parcialmente el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, en relación con las entidades de crédito que actúan como colaboradoras en la gestión recaudatoria de la Agencia Tributaria.
En dicho recibo-justificante de pago, en todo caso, deberá figurar el número de referencia completo (NRC) asignado por la entidad colaboradora al ingreso realizado.
b) El declarante o, en su caso, el presentador una vez realizada la operación anterior se conectará con la Agencia Estatal de Administración Tributaria a través de Internet en su sede electrónica, en la dirección electrónica https://www.agenciatributaria.gob.es, y seleccionará el formulario con la autoliquidación a transmitir. Cumplimentará el formulario e introducirá el NRC suministrado por la entidad colaboradora.
c) A continuación procederá a transmitir la autoliquidación utilizando un certificado electrónico reconocido de acuerdo a lo previsto en el artículo 7.2.b) de esta Orden.
Si el presentador es una persona o entidad autorizada a presentar declaraciones en representación de terceras personas deberá utilizar su propio certificado electrónico reconocido.
d) Si la autoliquidación es aceptada, la Agencia Estatal de Administración Tributaria le devolverá en pantalla los datos de la declaración y del documento de ingreso, modelo 696, validados con un código seguro de verificación de 16 caracteres, además de la fecha y hora de presentación.
e) En el supuesto de que la presentación fuera rechazada se mostrará en pantalla la descripción de los errores detectados. En este caso, se deberá proceder a subsanar los mismos o a repetir la presentación si el error fuese originado por otro motivo.
f) El declarante deberá imprimir y conservar la autoliquidación aceptada así como el documento de ingreso, modelo 696, debidamente validados con el correspondiente código seguro de verificación.»
Cinco. Se modifica el artículo 10 que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 10. Forma y condiciones generales para la presentación electrónica por Internet del modelo 695.
1. La presentación de la solicitud de devolución por vía electrónica por Internet a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria podrá ser efectuada:
a) Por los obligados tributarios.
b) Por aquellos representantes voluntarios de los obligados tributarios con poderes o facultades para presentar electrónicamente en nombre de los mismos declaraciones y autoliquidaciones ante la Agencia Tributaria o representarles ante ésta, en los términos establecidos en cada momento por la Dirección General de la Agencia Tributaria.
c) Por las personas o entidades que, según lo previsto en el artículo 92 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, ostenten la condición de colaboradores sociales en la aplicación de los tributos y cumplan los requisitos y condiciones que, a tal efecto, establezca la normativa vigente en cada momento.
2. La presentación electrónica estará sujeta a las siguientes condiciones:
a) El declarante deberá disponer de número de identificación fiscal (NIF) y estar identificado, con carácter previo a la presentación, en el Censo de Obligados Tributarios a que se refiere el artículo 3 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio. Para verificar el cumplimiento de este requisito el obligado tributario podrá acceder a la opción «mis datos censales» disponible en la sede electrónica de la Agencia Tributaria.
b) El declarante deberá disponer de un certificado electrónico, que podrá ser el asociado al documento nacional de identidad electrónico (DNI-e) o cualquier otro certificado electrónico reconocido emitido de acuerdo a las condiciones que establece la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica, que, según la normativa vigente en cada momento, resulte admisible por la Agencia Tributaria.
Si la presentación electrónica va a ser realizada por una persona o entidad autorizada para presentar declaraciones en representación de terceras personas, será esta persona o entidad autorizada quien deberá disponer de su certificado electrónico reconocido, en los términos señalados en el párrafo anterior.
c) Para efectuar la presentación electrónica el declarante o, en su caso, el presentador, deberá con carácter previo bien cumplimentar y transmitir los datos del formulario, ajustado al modelo 695 aprobado en el artículo 2 de esta Orden, que estará disponible en la sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (https://www.agenciatributaria.gob.es.) o bien utilizar un programa informático para la obtención del fichero con la autoliquidación a transmitir que tenga el mismo formato e iguales características y especificaciones que el generado para su transmisión por dicho formulario.
3. En aquellos casos en que se detecten anomalías de tipo formal en la transmisión electrónica de las solicitudes de devolución, dicha circunstancia se pondrá en conocimiento del presentador de la solicitud por el propio sistema mediante los correspondientes mensajes de error, para que proceda a su subsanación.»
Seis. Se modifica el artículo 11 que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 11. Procedimiento para la presentación electrónica por Internet del modelo 695.
El procedimiento a seguir para la presentación electrónica será el siguiente:
a) El declarante o, en su caso, el presentador, se conectará con la Agencia Estatal de Administración Tributaria a través de Internet en su sede electrónica, en la dirección electrónica https://www.agenciatributaria.gob.es, y seleccionará el modelo a transmitir (modelo 695).
b) A continuación cumplimentará el formulario y procederá a transmitir el modelo utilizando un certificado electrónico reconocido de acuerdo a lo previsto en el artículo 8.2.b) de esta Orden.
Si el presentador es una persona o entidad autorizada a presentar declaraciones en representación de terceras personas deberá utilizar su propio certificado electrónico reconocido.
c) Si la presentación fuera aceptada, la Agencia Estatal de Administración Tributaria le devolverá en pantalla los datos del modelo 695, validados con un código seguro de verificación de 16 caracteres, además de la fecha y hora de presentación.
d) En el supuesto de que la presentación fuera rechazada se mostrará en pantalla la descripción de los errores detectados. En este caso, se deberá proceder a subsanar los mismos o a repetir la presentación si el error fuese originado por otro motivo.
e) El declarante deberá imprimir y conservar la solicitud aceptada, modelo 695, debidamente validada con el correspondiente código seguro de verificación.»
Disposición final única. Entrada en vigor
La presente orden entrará en vigor el día 1 de junio de 2015, aplicándose a los hechos imponibles que tengan lugar a partir del día 1 de marzo de 2015.
Madrid, 7 de mayo de 2015.–El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro Romero.
ANEXO
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Hoy, en el #BOE, la orden que pone fin a las tasas judiciales para personas físicas #ole
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"128",
"130"
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OTROS_ANUNCIOS
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Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
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Orden que pone fin a las tasas judiciales para personas físicas.
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"78",
"1508",
"119",
"3166",
"3807",
"5876",
"6840"
] | 3,394
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2015-10-20
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BOE-A-2014-3055
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Resolución de 14 de septiembre de 2015, de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, por la que se publican a las cuentas anuales del ejercicio 2014 y el informe de auditoría.
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<identificador>BOE-A-2015-11284</identificador>
<titulo>Resolución de 14 de septiembre de 2015, de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, por la que se publican a las cuentas anuales del ejercicio 2014 y el informe de auditoría.</titulo>
<diario codigo='BOE'>Boletín Oficial del Estado</diario>
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<departamento codigo='3210'>Ministerio de Fomento</departamento>
<rango codigo='1370'>Resolución</rango>
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<fecha_publicacion>20151020</fecha_publicacion>
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<referencias>
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<posteriores></posteriores>
</referencias>
</analisis>
<texto>
<p class='parrafo'>De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 136 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, la Regla 38 de la Orden EHA/2045/2011, de 14 de julio, por la que se aprueba la instrucción de contabilidad para la Administración Institucional del Estado y el apartado primero de la Resolución de 28 de mayo de 2012, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se determina el contenido mínimo de la información a publicar en el «Boletín Oficial del Estado» por las Entidades a las que les sea de aplicación la citada instrucción (modificado por Resolución de 3 de junio de 2013, de la Intervención General de la Administración del Estado), se hacen públicas las cuentas anuales de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea correspondientes al ejercicio 2014, así como el correspondiente informe de auditoría de las cuentas anuales.</p>
<p class='parrafo'>En consecuencia, y en cumplimiento de lo dispuesto anteriormente, resuelvo publicar en el «Boletín Oficial del Estado» el resumen de las cuentas anuales de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea para el ejercicio 2014 que se acompaña como anexo de la presente resolución, así como el correspondiente informe de auditoría de las cuentas anuales.</p>
<p class='parrafo'>Y, en cumplimiento de la disposición adicional 3.ª de la citada Resolución de 3 de junio de 2013, se hace referencia a la página web de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea en la que están publicadas las cuentas anuales y su correspondiente informe de auditoría:</p>
<p class='parrafo_2'>http://www.seguridadaerea.gob.es/lang_castellano/la_agencia/cuentas/default.aspx</p>
<p class='parrafo_2'>Madrid, 14 de septiembre de 2015.–La Directora de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, Isabel Maestre Moreno.</p>
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Tue Oct 20 06:40:52 +0000 2015
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De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 136 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, la Regla 38 de la Orden EHA/2045/2011, de 14 de julio, por la que se aprueba la instrucción de contabilidad para la Administración Institucional del Estado y el apartado primero de la Resolución de 28 de mayo de 2012, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se determina el contenido mínimo de la información a publicar en el «Boletín Oficial del Estado» por las Entidades a las que les sea de aplicación la citada instrucción (modificado por Resolución de 3 de junio de 2013, de la Intervención General de la Administración del Estado), se hacen públicas las cuentas anuales de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea correspondientes al ejercicio 2014, así como el correspondiente informe de auditoría de las cuentas anuales.
En consecuencia, y en cumplimiento de lo dispuesto anteriormente, resuelvo publicar en el «Boletín Oficial del Estado» el resumen de las cuentas anuales de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea para el ejercicio 2014 que se acompaña como anexo de la presente resolución, así como el correspondiente informe de auditoría de las cuentas anuales.
Y, en cumplimiento de la disposición adicional 3.ª de la citada Resolución de 3 de junio de 2013, se hace referencia a la página web de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea en la que están publicadas las cuentas anuales y su correspondiente informe de auditoría:
http://www.seguridadaerea.gob.es/lang_castellano/la_agencia/cuentas/default.aspx
Madrid, 14 de septiembre de 2015.–La Directora de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, Isabel Maestre Moreno.
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Cuentas Agencia Estatal de Seguridad Aérea El auditor afea malos cálculos millonarios de sanciones pendientes #BOE
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REGISTRO_EMPRESA_ONG
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Ministerio de Fomento
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Cuentas Agencia Estatal de Seguridad Aérea.
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[] | 3,395
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2014-03-21
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BOE-A-2018-15847
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Orden SSI/436/2014, de 5 de marzo, por la que se clasifica la Fundación Idcsalud y se inscribe en el Registro de Fundaciones.
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<identificador>BOE-A-2014-3055</identificador>
<titulo>Orden SSI/436/2014, de 5 de marzo, por la que se clasifica la Fundación Idcsalud y se inscribe en el Registro de Fundaciones.</titulo>
<diario codigo='BOE'>Boletín Oficial del Estado</diario>
<diario_numero>69</diario_numero>
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<fecha_publicacion>20140321</fecha_publicacion>
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<referencias>
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</referencias>
</analisis>
<texto>
<p class='parrafo'>Examinado el expediente de clasificación e inscripción de la Fundación IDCSalud resultan los siguientes</p>
<p class='centro_negrita'>Hechos</p>
<p class='articulo'>Primero.</p>
<p class='parrafo'>Por el patronato de la fundación fue solicitada la inscripción de la institución en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.</p>
<p class='articulo'>Segundo.</p>
<p class='parrafo'>Las circunstancias constitutivas de la fundación que concurren en el expediente son las siguientes:</p>
<p class='parrafo_2'>Denominación: Fundación IDCSalud.</p>
<p class='parrafo'>Fines: Los fines de interés general de la fundación son:</p>
<p class='parrafo_2'>(i) La promoción de la salud entre pacientes, sus familiares y cuidadores, enseñando hábitos, técnicas y conocimientos mediante la impartición de formación para la prevención, tratamiento y cuidado de enfermedades, dolencias y malos hábitos.</p>
<p class='parrafo'>(ii) Asistencia social mediante la prestación de ayuda a personas con discapacidad física o psíquica, grupos con problemas de exclusión social, personas mayores y personas con dificultades.</p>
<p class='parrafo'>(iii) La fundación promocionará el voluntariado social orientado a la asistencia a enfermos y sus familiares, la igualdad de trato y la no discriminación, con el objetivo de que a través de las actividades y colaboraciones que se promuevan entre pacientes, sus familiares y los trabajadores del grupo sanitario fundador, sean agentes activos que coadyuven para alcanzar los objetivos fundacionales.</p>
<p class='parrafo'>(iv) La promoción de la ética en todos los órdenes de la actividad sanitaria promoviendo la innovación y búsqueda de alternativas socialmente justas y ecológicamente sostenibles.</p>
<p class='parrafo_2'>Domicilio y ámbito de actuación: El domicilio de la fundación radicará en la calle Fernández de la Hoz, número 24, 28010, Madrid, y desarrollará sus actividades en todo el territorio del Estado.</p>
<p class='parrafo'>Fundador: La Sociedad «IDCSalud, S.L.» Unipersonal.</p>
<p class='parrafo'>Dotación inicial: Un millón de euros aportados por la entidad fundadora.</p>
<p class='parrafo'>Desembolso inicial: 250.000 euros.</p>
<p class='parrafo'>Desembolso pendiente: 750.000 euros.</p>
<p class='parrafo'>Escritura pública de constitución: Otorgada ante el notario de Madrid, don Luis Enrique García Labajo, el día 27 de noviembre de 2013 con el número 1.923 de orden de su protocolo, incorpora el texto íntegro de los estatutos en el que queda recogido todo lo relativo al gobierno y gestión de la fundación.</p>
<p class='parrafo'>Patronato: Constituido por los siguientes miembros, con aceptación de sus cargos:</p>
<p class='parrafo_2'>Presidente: Don Víctor Madera Núñez, Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad «IDCSalud, S.L.» Unipersonal.</p>
<p class='parrafo'>Vicepresidente: Don Juan Antonio Álvaro de la Parra.</p>
<p class='parrafo'>Vocales: Don Adolfo Jesús Fernández-Valmayor Ruiz de Alegría, Director General de la Sociedad «IDCSalud, S.L.» Unipersonal, doña Nieves Elena Arias Menéndez, Directora de Recursos Humanos de la Sociedad «IDCSalud, S.L.» Unipersonal, doña Teresa Galindo Rubio, doña Pilar Navarro Barrios y don Nicolás González Mangado.</p>
<p class='parrafo'>Secretaria no patrono: Doña Teresa Álvaro de la Parra.</p>
<p class='centro_negrita'>Fundamentos de Derecho</p>
<p class='articulo'>Primero.</p>
<p class='parrafo'>Esta Secretaría General Técnica es competente para dictar la presente Orden en virtud de la Orden SSI/131/2013, de 17 de enero, por la que se aprueban las delegaciones del ejercicio de competencias en los órganos administrativos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y sus organismos públicos dependientes.</p>
<p class='articulo'>Segundo.</p>
<p class='parrafo'>Resulta de aplicación la disposición transitoria cuarta y los artículos 4 y 15 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones y concordantes del Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Fundaciones de competencia estatal, y del Real Decreto 1611/2007, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de Fundaciones de competencia estatal.</p>
<p class='parrafo'>Por cuanto antecede, previo informe favorable de la Abogacía del Estado, y habiéndose recabado el preceptivo informe favorable del Protectorado sobre la idoneidad de los fines y suficiencia dotacional,</p>
<p class='parrafo'>Este Ministerio ha dispuesto:</p>
<p class='articulo'>Primero.</p>
<p class='parrafo'>Clasificar la Fundación IDCSalud, cuyos fines de interés general son sanitarios, de asistencia e inclusión social y promoción del voluntariado, adscribiéndola al Protectorado de Fundaciones del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.</p>
<p class='articulo'>Segundo.</p>
<p class='parrafo'>Ordenar su inscripción en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, bajo el número 28-1.734.</p>
<p class='articulo'>Tercero.</p>
<p class='parrafo'>Inscribir la constitución inicial del patronato y la aceptación de sus cargos tal y como consta detallado en el hecho segundo.</p>
<p class='parrafo_2'>Contra esta Orden, que pone fin a la vía administrativa, puede interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 11 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su notificación o publicación, o potestativamente y con carácter previo, recurso administrativo de reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano que lo dictó.</p>
<p class='parrafo_2'>Madrid, 5 de marzo de 2014.–La Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, P.D. (Orden SSI/131/2013, de 17 de enero), el Secretario General Técnico del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Sergio Caravajal Álvarez.</p>
</texto>
</documento>
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Fri Mar 21 08:28:47 +0000 2014
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Examinado el expediente de clasificación e inscripción de la Fundación IDCSalud resultan los siguientes
Hechos
Primero.
Por el patronato de la fundación fue solicitada la inscripción de la institución en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Segundo.
Las circunstancias constitutivas de la fundación que concurren en el expediente son las siguientes:
Denominación: Fundación IDCSalud.
Fines: Los fines de interés general de la fundación son:
(i) La promoción de la salud entre pacientes, sus familiares y cuidadores, enseñando hábitos, técnicas y conocimientos mediante la impartición de formación para la prevención, tratamiento y cuidado de enfermedades, dolencias y malos hábitos.
(ii) Asistencia social mediante la prestación de ayuda a personas con discapacidad física o psíquica, grupos con problemas de exclusión social, personas mayores y personas con dificultades.
(iii) La fundación promocionará el voluntariado social orientado a la asistencia a enfermos y sus familiares, la igualdad de trato y la no discriminación, con el objetivo de que a través de las actividades y colaboraciones que se promuevan entre pacientes, sus familiares y los trabajadores del grupo sanitario fundador, sean agentes activos que coadyuven para alcanzar los objetivos fundacionales.
(iv) La promoción de la ética en todos los órdenes de la actividad sanitaria promoviendo la innovación y búsqueda de alternativas socialmente justas y ecológicamente sostenibles.
Domicilio y ámbito de actuación: El domicilio de la fundación radicará en la calle Fernández de la Hoz, número 24, 28010, Madrid, y desarrollará sus actividades en todo el territorio del Estado.
Fundador: La Sociedad «IDCSalud, S.L.» Unipersonal.
Dotación inicial: Un millón de euros aportados por la entidad fundadora.
Desembolso inicial: 250.000 euros.
Desembolso pendiente: 750.000 euros.
Escritura pública de constitución: Otorgada ante el notario de Madrid, don Luis Enrique García Labajo, el día 27 de noviembre de 2013 con el número 1.923 de orden de su protocolo, incorpora el texto íntegro de los estatutos en el que queda recogido todo lo relativo al gobierno y gestión de la fundación.
Patronato: Constituido por los siguientes miembros, con aceptación de sus cargos:
Presidente: Don Víctor Madera Núñez, Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad «IDCSalud, S.L.» Unipersonal.
Vicepresidente: Don Juan Antonio Álvaro de la Parra.
Vocales: Don Adolfo Jesús Fernández-Valmayor Ruiz de Alegría, Director General de la Sociedad «IDCSalud, S.L.» Unipersonal, doña Nieves Elena Arias Menéndez, Directora de Recursos Humanos de la Sociedad «IDCSalud, S.L.» Unipersonal, doña Teresa Galindo Rubio, doña Pilar Navarro Barrios y don Nicolás González Mangado.
Secretaria no patrono: Doña Teresa Álvaro de la Parra.
Fundamentos de Derecho
Primero.
Esta Secretaría General Técnica es competente para dictar la presente Orden en virtud de la Orden SSI/131/2013, de 17 de enero, por la que se aprueban las delegaciones del ejercicio de competencias en los órganos administrativos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y sus organismos públicos dependientes.
Segundo.
Resulta de aplicación la disposición transitoria cuarta y los artículos 4 y 15 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones y concordantes del Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Fundaciones de competencia estatal, y del Real Decreto 1611/2007, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de Fundaciones de competencia estatal.
Por cuanto antecede, previo informe favorable de la Abogacía del Estado, y habiéndose recabado el preceptivo informe favorable del Protectorado sobre la idoneidad de los fines y suficiencia dotacional,
Este Ministerio ha dispuesto:
Primero.
Clasificar la Fundación IDCSalud, cuyos fines de interés general son sanitarios, de asistencia e inclusión social y promoción del voluntariado, adscribiéndola al Protectorado de Fundaciones del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Segundo.
Ordenar su inscripción en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, bajo el número 28-1.734.
Tercero.
Inscribir la constitución inicial del patronato y la aceptación de sus cargos tal y como consta detallado en el hecho segundo.
Contra esta Orden, que pone fin a la vía administrativa, puede interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 11 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su notificación o publicación, o potestativamente y con carácter previo, recurso administrativo de reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano que lo dictó.
Madrid, 5 de marzo de 2014.–La Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, P.D. (Orden SSI/131/2013, de 17 de enero), el Secretario General Técnico del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Sergio Caravajal Álvarez.
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IDC Salud (antes Capio) crea una fundación para, entre otras, promover el voluntariado social #BOE
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TRIBUNAL_CONSTITUCIONAL
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Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
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IDC Salud crea la Fundación IDCSalud cuyo fines son el promover el voluntariado social
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2014-01-20
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Recurso promovido contra
los arts. 37, 38 y anexo del Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero
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BOE-A-2020-6892
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Recurso de inconstitucionalidad n.º 6866-2013, contra el artículo 38 y anexo y, por conexión, artículo 37 del Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo al crecimiento y de la creación de empleo.
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<identificador>BOE-A-2014-530</identificador>
<titulo>Recurso de inconstitucionalidad n.º 6866-2013, contra el artículo 38 y anexo y, por conexión, artículo 37 del Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo al crecimiento y de la creación de empleo.</titulo>
<diario codigo='BOE'>Boletín Oficial del Estado</diario>
<diario_numero>17</diario_numero>
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<departamento codigo='1410'>Tribunal Constitucional</departamento>
<rango codigo='63'>Providencia</rango>
<numero_oficial>6866/2013</numero_oficial>
<fecha_disposicion>20140114</fecha_disposicion>
<fecha_publicacion>20140120</fecha_publicacion>
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<materia codigo='3677' orden=''>Ferrocarriles</materia>
<materia codigo='5645' orden=''>Política económica</materia>
<materia codigo='5904' orden=''>Recursos de inconstitucionalidad</materia>
<materia codigo='7921' orden=''>Red Ferroviaria de Interés General</materia>
<materia codigo='6928' orden=''>Transporte de viajeros</materia>
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<alerta codigo='111' orden=''>Derecho Constitucional</alerta>
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<anteriores>
<anterior orden='4050' referencia='BOE-A-2013-2030'>
<palabra codigo='552'>Recurso promovido contra</palabra>
<texto>los arts. 37, 38 y anexo del Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero</texto>
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</anteriores>
<posteriores>
<posterior orden='' referencia='BOE-A-2015-11711'>
<palabra codigo='693'>SE DICTA</palabra>
<texto>en el mismo y SE DECLARA, su inadmisión respecto a los arts. 37 y 38 y anexo, y la desestimación de todo lo demás, por Sentencia 197/2015, de 24 de septiembre</texto>
</posterior>
</posteriores>
</referencias>
</analisis>
<texto>
<p class='parrafo'>El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 14 de enero actual, ha acordado admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad núm. 6866-2013, promovido por el Gobierno Vasco contra el art. 38 y Anexo y, por conexión, art. 37 del Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo al crecimiento y de la creación de empleo.</p>
<p class='parrafo_2'>Madrid, 14 de enero de 2014.–La Secretaria de Justicia del Pleno del Tribunal Constitucional, Herminia Palencia Guerra.</p>
</texto>
</documento>
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Mon Jan 20 07:24:21 +0000 2014
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El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 14 de enero actual, ha acordado admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad núm. 6866-2013, promovido por el Gobierno Vasco contra el art. 38 y Anexo y, por conexión, art. 37 del Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo al crecimiento y de la creación de empleo.
Madrid, 14 de enero de 2014.–La Secretaria de Justicia del Pleno del Tribunal Constitucional, Herminia Palencia Guerra.
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El TC admite recurso del Gobierno Vasco contra artículos sobre red ferroviaria de ley de apoyo a emprendedor #BOE
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"111",
"132"
] |
SUBVENCIONES
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Tribunal Constitucional
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El TC admite recurso del Gobierno Vasco contra artículos sobre red ferroviaria de ley de apoyo a emprendedor
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SE DICTA
en el mismo y SE DECLARA, su inadmisión respecto a los arts. 37 y 38 y anexo, y la desestimación de todo lo demás, por Sentencia 197/2015, de 24 de septiembre
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[
"3677",
"5645",
"5904",
"7921",
"6928"
] | 3,400
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2013-03-26
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DE CONFORMIDAD con
Real Decreto-ley 13/2011, de 16 de septiembre
DE CONFORMIDAD con
Reglamento aprobado por Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo
DE CONFORMIDAD con
Ley 35/2006, de 28 de noviembre
CITA
Ley 22/2009, de 18 de diciembre
CITA
Ley 58/2003, de 17 de diciembre
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BOE-A-2014-3122
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Orden HAP/470/2013, de 15 de marzo, por la que se aprueban los modelos de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio, ejercicio 2012, se determinan el lugar, forma y plazos de presentación de los mismos, se establecen los procedimientos de obtención o puesta a disposición, modificación y confirmación o suscripción del borrador de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y se determinan las condiciones generales y el procedimiento para la presentación de ambos por medios telemáticos o telefónicos.
|
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<documento fecha_actualizacion='20190617182602'>
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<identificador>BOE-A-2013-3287</identificador>
<titulo>Orden HAP/470/2013, de 15 de marzo, por la que se aprueban los modelos de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio, ejercicio 2012, se determinan el lugar, forma y plazos de presentación de los mismos, se establecen los procedimientos de obtención o puesta a disposición, modificación y confirmación o suscripción del borrador de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y se determinan las condiciones generales y el procedimiento para la presentación de ambos por medios telemáticos o telefónicos.</titulo>
<diario codigo='BOE'>Boletín Oficial del Estado</diario>
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<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La regulación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se contiene fundamentalmente en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, y en el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Los artículos 96 y 97 de la citada Ley 35/2006 regulan la obligación de declarar por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Conforme al apartado 1 del artículo 96, los contribuyentes están obligados a presentar y suscribir declaración por este impuesto, con los límites y condiciones que reglamentariamente se establezcan. No obstante, en los apartados 2 y 3 se excluye de la obligación de declarar a los contribuyentes cuyas rentas no superen las cuantías brutas anuales que, en función de su origen o fuente, se señalan en los mismos. Por su parte, el apartado 4 del citado artículo dispone que estarán obligados a declarar en todo caso los contribuyentes que tengan derecho a deducción por inversión en vivienda, por cuenta ahorro-empresa, por doble imposición internacional o que realicen aportaciones a patrimonios protegidos de las personas con discapacidad, planes de pensiones, planes de previsión asegurados o mutualidades de previsión social, planes de previsión social empresarial y seguros de dependencia que reduzcan la base imponible, en las condiciones que se establezcan reglamentariamente. A estos últimos efectos, el artículo 61 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas establece que la obligación de declarar a cargo de estos contribuyentes únicamente surgirá cuando los mismos ejerciten el derecho a la práctica de las correspondientes reducciones o deducciones.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Por lo que respecta a los contribuyentes obligados a declarar, el artículo 97 de la citada Ley 35/2006, dispone en su apartado 1 que estos, al tiempo de presentar su declaración, deberán determinar la deuda tributaria correspondiente e ingresarla en el lugar, forma y plazos determinados por el Ministro de Economía y Hacienda, estableciendo, además, en su apartado 2 que el ingreso del importe resultante de la autoliquidación se podrá fraccionar en la forma que reglamentariamente se determine. En este sentido, el apartado 2 del artículo 62 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas establece que, sin perjuicio de la posibilidad de aplazamiento o fraccionamiento del pago prevista en el artículo 65 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y desarrollada en los artículos 44 y siguientes del Reglamento General de Recaudación, aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, el ingreso del importe resultante de la autoliquidación se podrá fraccionar, sin interés ni recargo alguno, en dos partes: la primera, del 60 por 100 de su importe, en el momento de presentar la declaración, y la segunda del 40 por 100 restante, en el plazo que determine el Ministro de Economía y Hacienda, siendo necesario, para disfrutar de este beneficio, que la declaración se presente dentro del plazo establecido y que ésta no sea una autoliquidación complementaria.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Completa la regulación de esta materia el apartado 6 del artículo 97 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en el que se establece el procedimiento de suspensión del ingreso de la deuda tributaria entre cónyuges, sin intereses de demora. La regulación de la obligación de declarar se cierra, por último, con los apartados 5 y 6 del artículo 96 de la citada Ley 35/2006, de 28 de noviembre, y el apartado 5 del artículo 61 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en los que se dispone que la declaración se efectuará en la forma, plazos e impresos que establezca el Ministro de Economía y Hacienda, quien podrá aprobar la utilización de modalidades simplificadas o especiales de declaración y determinar los lugares de presentación de las mismas, los documentos y justificantes que deben acompañarlas, así como los supuestos y condiciones para la presentación de las declaraciones por medios telemáticos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Por lo que atañe a los contribuyentes no obligados a declarar, aunque no les resulte exigible la presentación de una declaración con resultado a ingresar, sí están obligados, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 65 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, a la presentación de la correspondiente declaración, ya consista ésta en una autoliquidación o en el borrador de declaración debidamente suscrito o confirmado por el contribuyente, cuando soliciten la devolución derivada de la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que, en su caso, les corresponda, precisándose en el artículo 66.1 del citado Reglamento que en estos casos la liquidación provisional que pueda practicar la Administración tributaria, no podrá implicar a cargo del contribuyente no obligado a presentar declaración ninguna obligación distinta de la restitución de lo previamente devuelto más el interés de demora a que se refiere el artículo 26.6 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Para determinar el importe de la devolución que proceda realizar a estos contribuyentes, deben tenerse en cuenta, además de los pagos a cuenta efectuados, la deducción por maternidad que, en su caso, corresponda a cada uno de ellos. Por esta razón, no se estima necesario proceder a desarrollar el procedimiento de regularización de la situación tributaria a que se refiere el artículo 60.5.4.º del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en los supuestos en que el importe de la deducción por maternidad correspondiente a los contribuyentes no obligados a declarar sea superior al percibido de forma anticipada, ya que en estos casos la regularización que proceda, debe efectuarla el contribuyente en la correspondiente declaración por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. En caso contrario, es decir, cuando el importe de los pagos anticipados percibidos sea superior al de la deducción por maternidad, no es preciso que los contribuyentes no obligados a declarar procedan al suministro de información adicional a la realizada en la solicitud del abono anticipado de esta deducción y, en su caso, en la comunicación de variaciones que afecten a dicho abono anticipado, puesto que la Administración tributaria, al disponer de los antecedentes precisos y de los datos necesarios, procederá a efectuar de oficio la regularización que, en cada caso, proceda.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Por lo que respecta a la configuración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas como un impuesto cedido parcialmente a las Comunidades Autónomas, el 1 de enero de 2010 entraron en vigor, en virtud de lo establecido en la disposición final quinta de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, las nuevas competencias normativas atribuidas a las citadas Comunidades Autónomas en su artículo 46 y las modificaciones introducidas por la disposición final segunda de la misma en la normativa del impuesto para adecuarlo al nuevo porcentaje del 50 por ciento de participación de las Comunidades Autónomas en este impuesto.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El artículo 46 de la mencionada Ley 22/2009, de 18 de diciembre, con los requisitos y condiciones en el mismo establecidos, otorga a las Comunidades Autónomas competencias normativas sobre el importe del mínimo personal y familiar aplicable para el cálculo del gravamen autonómico; sobre la escala autonómica aplicable a la base liquidable general; sobre las deducciones en la cuota íntegra autonómica por circunstancias personales y familiares, por inversiones no empresariales, por aplicación de renta y por subvenciones y ayudas públicas no exentas que se perciban de la Comunidad Autónoma y sobre aumentos o disminuciones en los porcentajes de deducción por inversión en vivienda habitual, a que se refiere el apartado 2 del artículo 78 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Dicha normativa se encuentra disponible en la página web de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en la dirección electrónica http://www.agenciatributaria.es, dentro del portal correspondiente a la Campaña del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio 2012.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En relación con el Impuesto sobre el Patrimonio, tributo cedido a las Comunidades Autónomas en los términos establecidos en la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, así como en las normas reguladoras de la cesión de tributos del Estado a las Comunidades Autónomas, y cuya legislación básica se contiene en la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, debe recordarse que fue materialmente exigible hasta la entrada en vigor de la Ley 4/2008, de 23 de diciembre, por la que se suprime el gravamen del Impuesto sobre el Patrimonio, se generaliza el sistema de devolución mensual en el Impuesto sobre el Valor Añadido y se introducen otras modificaciones en la normativa tributaria, norma que, sin derogar el impuesto, eliminó la obligación efectiva de contribuir por el mismo con efectos desde el 1 de enero de 2008.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Posteriormente, el Real Decreto-ley 13/2011, de 16 de septiembre, por el que se restablece el Impuesto sobre el Patrimonio, reactivó la exigibilidad de dicho impuesto con carácter temporal y exclusivamente para los ejercicios 2011 y 2012, aunque sin introducir modificaciones sustanciales en la estructura del mismo. Para ello, dicho Real Decreto-ley suprimió la bonificación general del 100 por ciento de la cuota íntegra, que había sido introducida por la Ley 4/2008, anteriormente citada, y recuperó los elementos del tributo que fueron objeto de una eliminación técnica en su momento, entre los cuales se encuentran las obligaciones de presentar declaración, de practicar autoliquidación y de ingresar la deuda tributaria resultante de la misma. Al mismo tiempo, se elevaron considerablemente los importes de la exención parcial de la vivienda habitual y del mínimo exento, sin perjuicio de las competencias normativas que sobre esta última materia ostentan las Comunidades Autónomas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Por lo que se refiere a la obligación de declarar, el artículo 37 de la Ley 19/1991, en la redacción dada por el Real Decreto-ley 13/2011, dispone que solo están obligados a presentar declaración del Impuesto sobre el Patrimonio los sujetos pasivos, tanto por obligación personal como por obligación real, cuya cuota tributaria, determinada de acuerdo con las normas reguladoras del Impuesto y una vez aplicadas las deducciones o bonificaciones que procedieren, resulte a ingresar. No obstante, los sujetos pasivos de dicho impuesto estarán también obligados a declarar cuando el valor de sus bienes y derechos, calculado según la normativa del mismo y sin computar a estos efectos las cargas, gravámenes, deudas u otras obligaciones personales, resulte superior a 2.000.000 de euros, aun cuando la cuota tributaria no resulte a ingresar. Por su parte, el artículo 38 de la citada Ley dispone que la declaración se efectuará en la forma, plazos y modelos que establezca el titular del Ministerio de Economía y Hacienda, que podrá establecer los supuestos y condiciones de presentación de las declaraciones por medios telemáticos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Respecto de las competencias normativas de las Comunidades Autónomas de régimen común en este Impuesto, el alcance de las mismas se establece en el artículo 47 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, de acuerdo con el cual las Comunidades Autónomas de régimen común pueden asumir competencias normativas sobre el mínimo exento, el tipo de gravamen y las deducciones y bonificaciones de la cuota, que serán compatibles con las establecidas en la normativa estatal y no podrán suponer una modificación de las mismas. Por su parte, la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de Protección Patrimonial de las Personas con Discapacidad y de modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria con esta finalidad, establece en su disposición adicional segunda que las Comunidades Autónomas podrán declarar la exención en el Impuesto sobre el Patrimonio de los bienes y derechos integrantes del patrimonio protegido de las personas con discapacidad.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Haciendo uso de las competencias normativas atribuidas por la citada Ley 22/2009, las Comunidades Autónomas de régimen común han regulado, con efectos para el ejercicio 2012, las cuantías del mínimo exento, las escalas de tipos de gravamen o las bonificaciones de la cuota, a que se refieren los artículos 28.Uno, 30 y 33.Dos de la Ley 19/1991, de 6 de junio, que resultarán de aplicación a los sujetos pasivos del Impuesto sobre el Patrimonio residentes en sus respectivos territorios. Dicha normativa se encuentra disponible en la página web de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en la dirección electrónica http://www.agenciatributaria.es, dentro del portal correspondiente a la Campaña del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio 2012.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En cumplimiento de las habilitaciones normativas a que anteriormente se ha hecho referencia, se procede a la aprobación de los modelos de declaración de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el Patrimonio, que deben utilizar tanto los contribuyentes obligados a declarar en el ejercicio 2012 por uno, otro o ambos impuestos, como los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas no obligados a declarar que soliciten la devolución derivada de la normativa del citado tributo que, en su caso, les corresponda.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>A este respecto, el modelo de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que se aprueba en la presente Orden da respuesta a lo establecido en el artículo 46.5 de la Ley 22/2009, de 18 diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, en cuya virtud los modelos de declaración por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas serán únicos, si bien en ellos deberán figurar debidamente diferenciados los aspectos autonómicos, con el fin de hacer visible el carácter cedido del impuesto.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Así, el modelo de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas aprobado deberá ser utilizado por todos los contribuyentes, cualquiera que sea la Comunidad Autónoma de régimen común en la que hayan tenido su residencia en el ejercicio 2012, tanto si resultan obligados a declarar como si no lo están y solicitan la devolución derivada de la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que, en su caso, les corresponda.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Las novedades más relevantes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al ejercicio 2012 reflejadas en el modelo de declaración aprobado en el Anexo I de la presente Orden tienen por objeto, en primer término, introducir en la página 2 un nuevo supuesto de declaración complementaria motivado por la modificación del apartado 3 del artículo 14 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ya que cuando el contribuyente traslade su residencia a otro Estado miembro de la Unión Europea, podrá optar por imputar las rentas pendientes al último periodo impositivo que deba declararse por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas mediante autoliquidación complementaria, sin sanción ni intereses de demora ni recargo alguno, o por presentar, a medida en que se vayan obteniendo cada una de las rentas pendientes de imputación, una autoliquidación complementaria sin sanción ni intereses de demora ni recargo alguno, correspondiente al último período que deba declararse por este Impuesto. Esta última autoliquidación complementaria se presentará en el plazo de declaración del período impositivo en el que hubiera correspondido imputar dichas rentas en caso de no haberse producido la pérdida de la condición de contribuyente.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En segundo lugar, se introduce en la página 5 del modelo de declaración una nueva casilla para los supuestos de transmisión de elementos patrimoniales que hayan gozado de la libertad de amortización prevista en la disposición adicional undécima o en la disposición transitoria trigésima séptima, ambas del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, ya que el exceso de amortización deducida respecto de la amortización deducible de no haberse practicado la mencionada libertad de amortización, tendrá la consideración de rendimiento íntegro de la actividad económica, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional trigésima de la Ley 35/2006, según la redacción dada por el artículo 2 del Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En tercer lugar, como consecuencia de la posibilidad que tienen entre otros, los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que realicen actividades económicas de realizar una actualización de balances, prevista en la Ley 16/2012, de 27 de diciembre de 2012 por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica, se introduce una casilla para que el contribuyente indique si ha presentado la autoliquidación del Gravamen único sobre revalorización de activos para contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En cuarto lugar, la exención prevista en la disposición adicional trigésima séptima de la Ley 35/2006, que ha sido añadida por la disposición final tercera de la Ley 8/2012, de 30 de octubre, sobre saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del sector financiero, obliga a introducir en la página 9 del modelo de declaración tres nuevas casillas para contemplar la exención parcial de las ganancias patrimoniales que se pongan de manifiesto con ocasión de la transmisión de inmuebles urbanos adquiridos a título oneroso a partir del 12 de mayo de 2012 y hasta el 31 de diciembre del mismo año.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En quinto lugar, la disposición final segunda del Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, añade una disposición adicional trigésima quinta en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, regulando el gravamen complementario a la cuota íntegra estatal para la reducción del déficit público en los ejercicios 2012 y 2013.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Como consecuencia de la aplicación de este gravamen complementario, en los periodos impositivos 2012 y 2013, la cuota íntegra estatal se incrementará en los importes fijados en la mencionada disposición adicional. Ello supone que, a las operaciones tradicionales de aplicar la escala de gravamen prevista en el artículo 63.1 a la base liquidable general y al importe del mínimo personal y familiar, haya que aplicar también la escala complementaria prevista en la disposición adicional trigésima quinta, tanto a la base liquidable general como al importe del mínimo personal y familiar, para obtener el incremento de la cuota consecuencia del mencionado gravamen complementario. El mismo razonamiento cabe aplicar a la base liquidable del ahorro, ya que la mencionada disposición adicional trigésima quinta también establece un gravamen complementario sobre el ahorro para los periodos impositivos 2012 y 2013.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>También se ha suprimido la compensación fiscal por deducción en adquisición de vivienda habitual para viviendas adquiridas antes de 20 de enero de 2006 prevista en la letra c) de la disposición transitoria decimotercera de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25 apartado primero del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Por lo que se refiere a las deducciones por incentivos y estímulos a la inversión empresarial, en el Anexo A.3 del modelo de declaración se realiza la adaptación de las deducciones del régimen general previstas en el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades a los cambios aprobados en 2012, como por ejemplo, la reducción de los límites de deducción y la actualización de la normativa relativa a los regímenes especiales de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público que en el ejercicio 2012 dan derecho a tales deducciones. Por último, en los Anexos B.1, B.2, B.3 y B.4, relativos a las deducciones autonómicas, se han efectuado las necesarias modificaciones en el modelo de declaración para recoger las vigentes para el ejercicio 2012.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En la presente Orden también debe procederse a regular los procedimientos de obtención del borrador de declaración y su remisión o puesta a disposición por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, así como el procedimiento de modificación del borrador y el de confirmación o suscripción del mismo por el contribuyente.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En la regulación de estos extremos, destacar que la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude, ha modificado la redacción del apartado 1 del artículo 98 de la Ley 35/2006 reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, para actualizar el perfil del contribuyente destinatario del borrador de la declaración, de modo que la Orden ministerial anual que apruebe el modelo de declaración de cada ejercicio pueda ir adaptando aquel a las modificaciones normativas, de gestión del servicio, a la información disponible, etc., posibilitando un mayor grado de flexibilidad que permita extender progresivamente este servicio a un mayor número de contribuyentes sin necesidad de proceder para ello a continuas modificaciones de la norma legal reguladora del Impuesto.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Esta deslegalización de la delimitación del perfil de borrador se efectúa en el artículo 6 de la presente Orden ministerial, destacando como principales novedades respecto de ejercicios anteriores, la inclusión dentro del colectivo de contribuyentes a los que la Administración tributaria puede poner a disposición, a efectos meramente informativos, un borrador de declaración, de los contribuyentes que obtengan la renta básica de emancipación, de los contribuyentes que obtengan subvenciones, salvo las que tengan la consideración de rendimientos de actividades económicas, de los contribuyentes que obtengan pérdidas patrimoniales derivadas de la transmisión o el reembolso a título oneroso de acciones o participaciones representativas del capital o patrimonio de las instituciones de inversión colectiva, de los contribuyentes que deban declarar rendimientos procedentes de la imputación de rentas inmobiliarias siempre que procedan, como máximo, de ocho inmuebles, así como de los contribuyentes que obtengan rendimientos de capital mobiliario e inmobiliario a través de entidades en régimen de atribución de rentas, cuando estos hayan sido atribuidos a los socios, herederos, comuneros o participes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley reguladora del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Por otro lado, los excelentes resultados obtenidos en la campaña de la renta del año precedente aconsejan mantener el mecanismo para la obtención del número de referencia para que el contribuyente pueda disponer del borrador o los datos fiscales desde el primer día de la campaña, sin esperar al envío por correo ordinario, así como la posibilidad de presentar telemáticamente la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas con el número de referencia del borrador o datos fiscales, sin necesidad de tener instalado en el navegador un sistema de firma electrónica, bien sea la incorporada al Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico o la basada en los certificados electrónicos. Estas medidas responden, por una parte, al objetivo de promover entre los contribuyentes la utilización de medios electrónicos o telemáticos en este ámbito y, por otra, para conseguir una mayor racionalidad y eficiencia en la gestión de los recursos materiales y humanos asignados al desarrollo de la campaña.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Con el propósito de seguir facilitando a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, en la presente Orden se procede a mantener en su integridad el procedimiento utilizado en anteriores campañas para la domiciliación bancaria en las entidades de crédito que actúen como colaboradoras en la gestión recaudatoria del pago de las deudas tributarias resultantes de determinadas declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. En concreto, la domiciliación bancaria sigue quedando reservada en el presente ejercicio únicamente a las declaraciones que se presenten por vía telemática, a las que se efectúen a través de los servicios de ayuda prestados en las oficinas de la Agencia Estatal de Administración Tributaria o las habilitadas a tal efecto por las Comunidades Autónomas, Ciudades con Estatuto de Autonomía y Entidades Locales y que se presenten telemáticamente a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, así como a los borradores de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas cuya confirmación o suscripción se realice por medios telemáticos, telefónicos o en las oficinas antes citadas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Finalmente, con idéntico propósito de facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, se prevé la posibilidad de presentar la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y confirmar o suscribir el borrador de declaración en las oficinas de las Administraciones tributarias de las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía, en los términos previstos en los convenios de colaboración que se suscriban entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y dichas Administraciones tributarias para la implantación de sistemas de ventanilla única tributaria.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Por lo que se refiere a la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio, el modelo que se aprueba en la presente Orden reproduce la misma estructura de contenidos de la declaración del ejercicio 2011, manteniéndose la simplificación de los elementos formales encaminada a facilitar su tratamiento en los procesos informáticos relacionados con la generación de los ficheros electrónicos para la presentación telemática de las declaraciones y con la obtención de copias electrónicas de las mismas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Todo ello teniendo en cuenta que, de acuerdo con la habilitación conferida al titular del Ministerio de Economía y Hacienda en el artículo 38 de la Ley 19/1991, reguladora del Impuesto, para establecer los supuestos y condiciones de presentación de las declaraciones por medios telemáticos, y atendiendo a la especial capacidad económica puesta de manifiesto por los sujetos pasivos obligados a declarar por este impuesto, en la presente Orden, del mismo modo que en el ejercicio 2011, se mantiene como forma de presentación exclusiva de las declaraciones del Impuesto sobre Patrimonio la presentación telemática a través de Internet y se permite que dicha presentación se pueda realizar, no sólo con sistemas de firma electrónica avanzada, ya sea la incorporada al Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico o la basada en certificados electrónicos, sino también mediante el empleo de otros sistemas de firma electrónica no avanzada como es la que utiliza como identificación del declarante el número de referencia del borrador o de los datos fiscales del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas puestos a disposición del contribuyente por la Agencia Estatal de Administración Tributaria.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Idénticas razones, justifican que, al igual que en el ejercicio 2011, los contribuyentes que presenten declaración por el Impuesto sobre Patrimonio también deban utilizar la vía telemática, o, en su caso, la vía telefónica, para la presentación de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o para la confirmación del borrador de la misma, según proceda.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Las habilitaciones al Ministro de Economía y Hacienda recogidas en este preámbulo deben entenderse realizadas al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas de acuerdo con la nueva estructura ministerial establecida por el Real Decreto 1823/2011, de 21 de diciembre, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En su virtud, dispongo:</p>
<p class='capitulo_num' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CAPÍTULO I</p>
<p class='capitulo_tit' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Obligación de declarar</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 1. Obligación de declarar por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 96 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, y en el artículo 61 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, los contribuyentes estarán obligados a presentar y suscribir declaración por este Impuesto, con los límites y condiciones establecidos en dichos artículos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. No obstante, no tendrán que declarar los contribuyentes que hayan obtenido en el ejercicio 2012 rentas procedentes exclusivamente de las siguientes fuentes, en tributación individual o conjunta:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) Rendimientos íntegros del trabajo con el límite general de 22.000 euros anuales cuando procedan de un solo pagador. Este límite también se aplicará cuando se trate de contribuyentes que perciban rendimientos procedentes de más de un pagador y concurra cualquiera de las dos situaciones siguientes:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1.ª Que la suma de las cantidades percibidas del segundo y restantes pagadores, por orden de cuantía, no superen en su conjunto la cantidad de 1.500 euros anuales.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2.ª Que sus únicos rendimientos del trabajo consistan en las prestaciones pasivas a que se refiere el artículo 17.2.a) de la Ley del Impuesto y la determinación del tipo de retención aplicable se hubiera realizado de acuerdo con el procedimiento especial regulado en el artículo 89.A) del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para los perceptores de este tipo de prestaciones.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) Rendimientos íntegros del trabajo con el límite de 11.200 euros anuales, cuando:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1.º Procedan de más de un pagador, siempre que la suma de las cantidades percibidas del segundo y restantes pagadores, por orden de cuantía, superen en su conjunto la cantidad de 1.500 euros anuales.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2.º Se perciban pensiones compensatorias del cónyuge o anualidades por alimentos diferentes de las percibidas de los padres, en virtud de decisión judicial previstas en el artículo 7, letra k), de la Ley del Impuesto.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3.º El pagador de los rendimientos del trabajo no esté obligado a retener de acuerdo con lo previsto en el artículo 76 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4.º Se perciban rendimientos íntegros del trabajo sujetos a tipo fijo de retención.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>c) Rendimientos íntegros del capital mobiliario y ganancias patrimoniales sometidos a retención o ingreso a cuenta, con el límite conjunto de 1.600 euros anuales.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>d) Rentas inmobiliarias imputadas en virtud del artículo 85 de la Ley del Impuesto, rendimientos íntegros del capital mobiliario no sujetos a retención derivados de Letras del Tesoro y subvenciones para la adquisición de viviendas de protección oficial o de precio tasado, con el límite conjunto de 1.000 euros anuales.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Tampoco tendrán que declarar los contribuyentes que obtengan exclusivamente rendimientos íntegros del trabajo, de capital o de actividades económicas, así como ganancias patrimoniales, con el límite conjunto de 1.000 euros anuales y pérdidas patrimoniales de cuantía inferior a 500 euros.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>A efectos de la determinación de la obligación de declarar en los términos anteriormente relacionados, no se tendrán en cuenta las rentas exentas.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. Estarán obligados a declarar los contribuyentes que tengan derecho a deducción por inversión en vivienda, por cuenta ahorro-empresa, por doble imposición internacional o que realicen aportaciones a patrimonios protegidos de las personas con discapacidad, planes de pensiones, planes de previsión asegurados o mutualidades de previsión social, planes de previsión social empresarial y seguros de dependencia que reduzcan la base imponible, cuando ejerciten tal derecho.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. Sin perjuicio de lo anterior, la presentación de la declaración será necesaria, en todo caso, para solicitar y obtener devoluciones derivadas de la normativa del tributo. Tienen dicha consideración las que procedan por alguna de las siguientes razones:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) Por razón de las retenciones, ingresos a cuenta y pagos fraccionados del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, correspondientes al ejercicio 2012.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) Por razón de las cuotas del Impuesto sobre la Renta de no Residentes a que se refiere el párrafo d) del artículo 79 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>c) Por razón de la deducción por maternidad prevista en el artículo 81 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>5. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 66 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, a los contribuyentes no obligados a presentar declaración solo se les practicará la liquidación provisional a que se refiere el artículo 102 de la Ley del Impuesto, cuando los datos facilitados por el contribuyente al pagador de rendimientos del trabajo sean falsos, incorrectos o inexactos, y se hayan practicado, como consecuencia de ello, unas retenciones inferiores a las que habrían sido procedentes. Para la práctica de esta liquidación provisional sólo se computarán las retenciones efectivamente practicadas que se deriven de los datos facilitados por el contribuyente al pagador.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Igualmente, cuando los contribuyentes no obligados a presentar declaración soliciten la devolución que corresponda mediante la presentación de la oportuna autoliquidación o del borrador debidamente suscrito o confirmado, la liquidación provisional que pueda practicar la Administración tributaria no podrá implicar a cargo del contribuyente ninguna obligación distinta de la restitución de lo previamente devuelto más el interés de demora a que se refiere el artículo 26.6 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 2. Obligación de declarar por el Impuesto sobre el Patrimonio.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, estarán obligados a presentar declaración por este Impuesto, ya lo sean por obligación personal o por obligación real, los sujetos pasivos cuya cuota tributaria, determinada de acuerdo con las normas reguladoras del Impuesto y una vez aplicadas las deducciones o bonificaciones que procedieren, resulte a ingresar, o cuando, no dándose esta circunstancia, el valor de sus bienes o derechos, determinado de acuerdo con las normas reguladoras del impuesto, resulte superior a 2.000.000 de euros.</p>
<p class='capitulo_num' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CAPÍTULO II</p>
<p class='capitulo_tit' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Modelos de declaración</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 3. Aprobación del modelo de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Se aprueba el modelo de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y los documentos de ingreso o devolución, consistentes en:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) Declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Modelo D-100, que se reproduce en el Anexo I de la presente Orden, y que consta de dos ejemplares, uno para la Administración y otro para el contribuyente.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) Documentos de ingreso o devolución, que se reproducen en el Anexo II de la presente Orden, con el siguiente detalle:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1.º Modelo 100. Documento de ingreso o devolución de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. El número de justificante que habrá de figurar en este documento será un número secuencial cuyos tres primeros dígitos se corresponderán con el código 100.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2.º Modelo 102. Documento de ingreso del segundo plazo de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. El número de justificante que habrá de figurar en este documento será un número secuencial cuyos tres primeros dígitos se corresponderán con el código 102.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Se aprueba el sobre de envío de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que figura en el Anexo III de la presente Orden.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. Se aprueba el modelo para la presentación de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que se efectúen a través de los servicios de ayuda prestados en las oficinas de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en las de las Administraciones tributarias de las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía que hayan suscrito con la Agencia Estatal de Administración Tributaria un convenio de colaboración para la implantación de sistemas de ventanilla única tributaria, así como en las habilitadas por las restantes Comunidades Autónomas, Ciudades con Estatuto de Autonomía o Entidades Locales para la prestación del mencionado servicio de ayuda, consistente en:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Modelo 100. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Ejercicio 2012. Resumen de la declaración. Documento de ingreso o devolución.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Este modelo, que se reproduce en el Anexo IV, constará de dos ejemplares, uno para la Administración y otro para el contribuyente.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. Serán válidas las declaraciones y sus correspondientes documentos de ingreso o devolución suscritos por el declarante que se presenten en los modelos que, ajustados a los contenidos de los modelos aprobados en este artículo, se generen exclusivamente mediante la utilización del módulo de impresión desarrollado a estos efectos por la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Los datos impresos en estas declaraciones y en sus correspondientes documentos de ingreso o devolución prevalecerán sobre las alteraciones o correcciones manuales que pudieran producirse sobre los mismos, por lo que éstas no producirán efectos ante la Administración tributaria.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Las mencionadas declaraciones deberán presentarse en el sobre de retorno «Programa de ayuda», aprobado en la Orden EHA/702/2006, de 9 de marzo, por la que se aprueban los modelos de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio, ejercicio 2005, se establecen el procedimiento de remisión del borrador de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y las condiciones para su confirmación o suscripción, se determinan el lugar, forma y plazos de presentación de los mismos, así como las condiciones generales y el procedimiento para su presentación por medios telemáticos o telefónicos.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 4. Aprobación del modelo de documento para la confirmación del borrador de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Se aprueba el «Modelo 100. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Ejercicio 2012. Confirmación del borrador de la declaración. Documento de ingreso o devolución», que figura como Anexo V de la presente Orden.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El número de justificante que debe figurar en este modelo será un número secuencial cuyos tres primeros dígitos se corresponderán con el código 101 si el resultado de la declaración es a ingresar, y con el código 103 si el resultado de la declaración es a devolver o negativo.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 5. Aprobación del modelo de declaración del Impuesto sobre el Patrimonio.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Se aprueban los modelos de declaración y de documento de ingreso del Impuesto sobre el Patrimonio a cuyos contenidos deberán ajustarse los ficheros electrónicos para la presentación telemática de las declaraciones de dicho Impuesto y las copias electrónicas de las mismas. Dichos modelos consisten en:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) Modelo D-714. «Impuesto sobre el Patrimonio. Declaración. Ejercicio 2012», que se reproduce en el Anexo VI de la presente Orden.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) Modelo 714. «Impuesto sobre el Patrimonio 2012. Documento de ingreso», que se reproduce en el Anexo VII de la presente Orden. El número de justificante que habrá de figurar en este documento será un número secuencial cuyos tres primeros dígitos se corresponderán con el código 714.</p>
<p class='capitulo_num' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CAPÍTULO III</p>
<p class='capitulo_tit' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Borrador de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 6. Obtención del borrador de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. De acuerdo con lo establecido en el apartado 1 del artículo 98 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, los contribuyentes podrán obtener, a efectos meramente informativos, un borrador de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, siempre que obtengan rentas procedentes exclusivamente de las siguientes fuentes:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) Rendimientos del trabajo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) Rendimientos del capital mobiliario sujetos a retención o ingreso a cuenta, así como los derivados de letras del Tesoro.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>c) Ganancias patrimoniales sometidas a retención o ingreso a cuenta, la renta básica de emancipación así como las subvenciones para la adquisición de vivienda habitual y demás subvenciones, salvo las que tengan la consideración de rendimientos de actividades económicas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>d) Pérdidas patrimoniales derivadas de la transmisión o el reembolso a título oneroso de acciones o participaciones representativas del capital o patrimonio de las instituciones de inversión colectiva.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>e) Imputación de rentas inmobiliarias siempre que procedan, como máximo, de ocho inmuebles.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>f) Rendimientos de capital mobiliario e inmobiliario obtenidos por entidades en régimen de atribución de rentas, cuando estos hayan sido atribuidos a los socios, herederos, comuneros o participes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley reguladora del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. En el supuesto que, de los datos y antecedentes obrantes en poder de la Administración tributaria, se ponga de manifiesto el incumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos en el apartado anterior, así como cuando la Administración tributaria carezca de la información necesaria para la elaboración del borrador de declaración, en los términos establecidos en el apartado 2 del artículo 98 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la Administración tributaria pondrá a disposición del contribuyente los datos que puedan facilitar la confección de la declaración por el citado impuesto.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>A estos efectos, los contribuyentes que deseen disponer de sus datos fiscales podrán obtenerlos, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3 de este artículo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La falta de obtención o recepción de los datos fiscales no exonerará al contribuyente de su obligación de presentar declaración. En estos supuestos, la declaración deberá presentarse en el plazo, lugar y forma establecidos en la presente Orden.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. Desde el 2 de abril de 2013, la Agencia Estatal de Administración Tributaria pondrá a disposición de los contribuyentes el borrador o datos fiscales de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas por medios telemáticos, a través de la Sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, a la que se puede acceder a través del portal de la Agencia Tributaria en Internet (www.agenciatributaria.es) o bien directamente en https://www.agenciatributaria.gob.es</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Para obtener el número de referencia que les permita acceder por Internet a su borrador o datos fiscales, los contribuyentes deberán comunicar su Número de Identificación Fiscal (NIF), el importe de la casilla 620 de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al ejercicio 2011, «Base liquidable general sometida a gravamen», y el número del teléfono móvil en el que deseen recibir mediante SMS el número de referencia del borrador o de los datos fiscales. En el supuesto de obtención del borrador de declaración por la opción de tributación conjunta deberá hacerse constar también el Número de Identificación Fiscal (NIF) del cónyuge. Con dicho número los contribuyentes podrán acceder a sus datos fiscales y al borrador y, en su caso, confirmar este último, con o sin modificación.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>A tal fin, la Agencia Estatal de Administración Tributaria adoptará las medidas de control precisas que permitan garantizar la identidad de la persona o personas que solicitan el número de referencia, así como, en su caso, la conservación de los datos comunicados.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Sin perjuicio de lo anterior, tratándose de contribuyentes que estuviesen suscritos al servicio de alertas a móviles de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la puesta a disposición del número de referencia del borrador o, en su defecto, de los datos fiscales también se llevará a cabo mediante mensaje SMS por el que se comunicará el número de referencia que le permita acceder a los mismos por Internet.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Asimismo a los contribuyentes abonados a la notificación electrónica se les remitirán los resultados de su borrador o, en su defecto, los datos fiscales a su dirección electrónica habilitada.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Los contribuyentes que dispongan de firma electrónica, podrán acceder directamente a su borrador o a los datos fiscales a través de la sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Internet, en la dirección electrónica «https://www.agenciatributaria.gob.es», en cuyo caso no será preciso hacer constar el importe de la citada casilla 620. En el supuesto de obtención del borrador de declaración por la opción de tributación conjunta será necesario también que disponga de firma electrónica el cónyuge.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La Agencia Estatal de Administración Tributaria remitirá, por correo ordinario, a partir del 6 de mayo de 2013, el borrador de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, o en su caso los datos fiscales, a aquellos contribuyentes que hubieran solicitado expresamente el envío por correo marcando la casilla correspondiente en su declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del ejercicio 2011, siempre que el borrador o los datos fiscales no se hubiesen obtenido con anterioridad por cualquiera de los medios telemáticos anteriormente citados.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. En cualquier caso, la falta de obtención o recepción del borrador de declaración o de los datos fiscales no exonerará al contribuyente de su obligación de declarar. En estos supuestos, la declaración deberá presentarse en el plazo, lugar y forma establecidos en la presente Orden.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>5. El borrador de declaración contendrá, al menos, los siguientes documentos:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) El borrador de la declaración propiamente dicho y los datos fiscales que han servido de base para su cálculo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) El modelo 100 de confirmación del borrador de la declaración, documento de ingreso o devolución, a que se refiere el artículo 4.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>6. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, en los supuestos en que de los datos y antecedentes obrantes en poder de la Agencia Estatal de Administración Tributaria se ponga de manifiesto la existencia de datos personales incompletos o la falta de datos personales o económicos necesarios para la elaboración completa del borrador de declaración, se pondrá a disposición del contribuyente o, en su caso, se le remitirá un borrador de declaración pendiente de modificar sin que, por tal motivo, se incorpore, además, el modelo 100 de confirmación del borrador de la declaración, documento de ingreso o devolución. En estos casos, el contribuyente podrá instar la modificación del borrador recibido en los términos establecidos en el artículo 7. En caso contrario, deberá proceder a la presentación de la correspondiente declaración.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>También se pondrá a disposición o se remitirá un borrador no confirmable y, en consecuencia, sin el modelo 100 de confirmación del borrador de la declaración, documento de ingreso o devolución, a aquellos contribuyentes no obligados a declarar cuyo borrador arroje como resultado una cantidad a ingresar.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 7. Procedimiento de modificación del borrador de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 64.2 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el contribuyente podrá instar la modificación del borrador de declaración por este impuesto cuando considere que han de añadirse datos personales o económicos no incluidos en el mismo o advierta que contiene datos erróneos o inexactos. En ningún caso, la modificación del borrador de declaración podrá suponer la inclusión de rentas distintas de las enumeradas en el apartado 1 del artículo 6.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La solicitud de modificación del borrador de declaración, que determinará la elaboración por la Agencia Estatal de Administración Tributaria de un nuevo borrador de declaración con su correspondiente modelo de confirmación, documento de ingreso o devolución, podrá realizarse a través de alguna de las siguientes vías:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) Por medios telemáticos, a través de la sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en la dirección electrónica «https://www.agenciatributaria.gob.es», haciendo constar el contribuyente su Número de Identificación Fiscal (NIF), el NIF del cónyuge en los supuestos de declaración conjunta formulada por ambos cónyuges, así como el número de referencia del borrador de declaración. En este caso, la Agencia Estatal de Administración Tributaria adoptará el correspondiente protocolo de seguridad que permita garantizar la identidad de los contribuyentes que efectúan la solicitud de modificación del borrador de declaración.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>También podrá utilizarse esta vía mediante la firma electrónica incorporada al Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico o basada en los certificados electrónicos a que se refiere la letra b) del apartado 1 del artículo 18.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) Por medios telefónicos, mediante llamada al número 901 200 345, comunicando el contribuyente su Número de Identificación Fiscal (NIF), el NIF del cónyuge en los supuestos de declaración conjunta formulada por ambos cónyuges, así como el número de referencia del borrador de declaración. A estos efectos, por la Agencia Estatal de Administración Tributaria se adoptarán las medidas de control precisas que permitan garantizar la identidad de los contribuyentes que efectúan la solicitud de modificación del borrador de declaración.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>c) Mediante personación en cualquier Delegación o Administración de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, aportando, el contribuyente para acreditar su identidad, entre otros datos, su Número de Identificación Fiscal (NIF), el NIF del cónyuge en los supuestos de declaración conjunta formulada por ambos cónyuges, así como el número de referencia del borrador de declaración.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Asimismo, podrá solicitarse la modificación del borrador de la declaración en las oficinas de las Administraciones tributarias de las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía que hayan suscrito con la Agencia Estatal de Administración Tributaria un convenio de colaboración para la implantación del sistema de ventanilla única tributaria, en los términos previstos en dicho convenio.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. El contribuyente podrá modificar directamente la asignación tributaria a la Iglesia Católica y/o la asignación de cantidades a fines sociales, así como los datos del identificador único de la cuenta a la que deba realizarse, en su caso, la devolución o se domicilie el ingreso (Código Cuenta Cliente) que a tal efecto figuren en el modelo de confirmación del borrador de la declaración, documento de ingreso o devolución, sin necesidad de instar la modificación del borrador en los términos comentados en el apartado 1 anterior de este mismo artículo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. Cuando el contribuyente considere que el borrador de declaración no refleja su situación tributaria a efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y no opte por instar la modificación de aquél en los términos establecidos en este artículo, deberá presentar la correspondiente declaración en el plazo, forma y lugar establecidos en esta Orden.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 8. Procedimiento de suscripción o confirmación del borrador de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 98 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, cuando el contribuyente considere que el borrador de la declaración refleja su situación tributaria a efectos de este impuesto podrá suscribirlo o confirmarlo, sin necesidad de adherir las etiquetas identificativas que suministra la Agencia Estatal de Administración Tributaria, teniendo el mismo, en este caso, la consideración de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas a todos los efectos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La confirmación o suscripción del borrador de declaración por vía telemática o telefónica podrá efectuarse, cualquiera que sea su resultado, a ingresar, a devolver o negativo, a partir del 2 de abril y hasta el 1 de julio de 2013, ambos inclusive.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Si la confirmación o suscripción del borrador de declaración se efectúa por alguna de las restantes vías, cualquiera que sea su resultado, a ingresar, a devolver o negativo, el plazo para realizarlo será el comprendido entre el 6 de mayo y el 1 de julio de 2013, ambos inclusive.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En todo caso, si el resultado del borrador de declaración arroja una cantidad a ingresar y su pago se domicilia en cuenta en los términos establecidos en el artículo 16, la confirmación o suscripción del mismo no podrá realizarse con posterioridad al 26 de junio de 2013, salvo que se opte por domiciliar únicamente el segundo plazo, en cuyo caso la confirmación o suscripción podrá realizarse hasta el 1 de julio de 2013.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. No podrán suscribir ni confirmar el borrador de declaración en los términos anteriormente comentados los contribuyentes que se encuentren en alguna de las situaciones siguientes:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) Los contribuyentes que hubieran obtenido rentas exentas con progresividad en virtud de convenios para evitar la doble imposición suscritos por España.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) Los contribuyentes que compensen partidas negativas de ejercicios anteriores.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>c) Los contribuyentes que pretendan regularizar situaciones tributarias procedentes de declaraciones anteriormente presentadas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>d) Los contribuyentes que tengan derecho a la deducción por doble imposición internacional y ejerciten tal derecho.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. Confirmación o suscripción del borrador de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas con resultado a ingresar, cuando el contribuyente no opte por la domiciliación bancaria en entidad colaboradora como medio de pago de la totalidad del importe resultante o, en su caso, del correspondiente al primer plazo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En estos casos, la confirmación o suscripción del borrador de declaración, su presentación y la realización del ingreso se efectuarán por alguno de los siguientes medios:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) Por medios telemáticos a través de Internet. En este caso, el contribuyente deberá tener instalado en el navegador el correspondiente sistema de firma electrónica, bien sea el incorporado al Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico o el basado en los certificados electrónicos a que se refiere la letra b) del apartado 1 del artículo 18. Tratándose de declaraciones conjuntas formuladas por ambos cónyuges, los dos deberán disponer de la correspondiente firma electrónica.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El procedimiento a seguir será el siguiente:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1.º El declarante deberá conectarse con la sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Internet, en la dirección electrónica «https://www.agenciatributaria.gob.es». A continuación, cumplimentará en el formulario correspondiente el identificador único de la cuenta (Código Cuenta Cliente) y, en su caso, las opciones de fraccionamiento del pago y domiciliación del segundo plazo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2.º Una vez efectuado el ingreso en la entidad colaboradora, se procederá a la confirmación o suscripción del borrador y si la declaración es aceptada, la Agencia Estatal de Administración Tributaria devolverá en pantalla los datos del modelo de confirmación del borrador de la declaración, documento de ingreso o devolución, validado con un código seguro de verificación de 16 caracteres en el que constará, además de la fecha y hora de la presentación, el fraccionamiento del pago y, en su caso, la domiciliación del segundo plazo, que el contribuyente deberá imprimir y conservar.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>No obstante, el contribuyente podrá obtener el Número de Referencia Competo (NRC) de la entidad colaboradora de forma directa, por vía telemática o bien acudiendo a sus oficinas, y proceder a la confirmación o suscripción del borrador, sin necesidad de firma electrónica, mediante la consignación del Número de Identificación Fiscal (NIF) del declarante, el NRC y del Número de referencia del borrador o de los datos fiscales previamente suministrados por la Agencia Estatal de Administración Tributaria. En el supuesto de declaración conjunta formulada por ambos cónyuges, deberá hacerse constar también el Número de Identificación Fiscal (NIF) del cónyuge.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) En las oficinas de las entidades de crédito que actúen como colaboradoras en la gestión recaudatoria (Bancos, Cajas de Ahorro o Cooperativas de Crédito) sitas en territorio español, incluso cuando el ingreso se efectúe fuera del plazo establecido en el apartado 1 de este mismo artículo, mediante el modelo de confirmación del borrador de la declaración, documento de ingreso o devolución, debidamente suscrito por el contribuyente, o por los contribuyentes en el supuesto de declaración conjunta formulada por ambos cónyuges, en el que se deberá hacer constar, en su caso, el identificador único de la cuenta (Código Cuenta Cliente), así como las opciones de fraccionamiento del pago y domiciliación del segundo plazo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>c) En los cajeros automáticos, banca electrónica, banca telefónica o a través de cualquier otro sistema de banca no presencial, de aquellas entidades de crédito colaboradoras en la gestión recaudatoria que así lo hayan establecido, al amparo del correspondiente protocolo de seguridad. A estos efectos, el contribuyente deberá facilitar, entre otros datos, su Número de Identificación Fiscal (NIF), así como el número de justificante del modelo de confirmación del borrador de la declaración, documento de ingreso o devolución. En el supuesto de declaración conjunta formulada por ambos cónyuges, deberá comunicarse también el NIF del cónyuge.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En los casos señalados en las letras b) y c) anteriores, la entidad colaboradora entregará posteriormente al contribuyente justificante de la presentación e ingreso realizados, de acuerdo con las especificaciones recogidas en el Anexo VIII, que servirá como documento acreditativo tanto de la presentación e ingreso realizados como de las opciones de fraccionamiento del pago y domiciliación del segundo plazo, en su caso, realizadas por el contribuyente.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. Confirmación o suscripción del borrador de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas con resultado a ingresar, cuando el contribuyente opte por la domiciliación bancaria en entidad colaboradora a que se refiere el artículo 16 como medio de pago del importe resultante o, en su caso, del correspondiente al primer plazo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En estos casos, la confirmación o suscripción del borrador de declaración, su presentación y la realización del ingreso se efectuarán por alguno de los siguientes medios:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) Por medios telemáticos a través de Internet. En este caso, el declarante deberá hacer constar, entre otros datos, su Número de Identificación Fiscal (NIF) y el número de referencia de su borrador. En el supuesto de declaración conjunta formulada por ambos cónyuges, deberá hacerse constar también el Número de Identificación Fiscal (NIF) del cónyuge. Alternativamente, podrá utilizarse esta vía mediante la firma electrónica incorporada al Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico o basada en los certificados electrónicos a que se refiere la letra b) del apartado 1 del artículo 18. Tratándose de declaración conjunta formulada por ambos cónyuges, los dos deberán disponer de firma electrónica.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El procedimiento a seguir será el siguiente:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1.º El declarante deberá conectarse con la sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Internet, en la dirección electrónica «https://www.agenciatributaria.gob.es». A continuación, cumplimentará el identificador único de la cuenta (Código Cuenta Cliente) y, en su caso, las opciones de fraccionamiento del pago y la domiciliación bancaria, en el formulario.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2.º Se procederá a la confirmación o suscripción del borrador y si la declaración es aceptada, la Agencia Estatal de Administración Tributaria devolverá en pantalla los datos del modelo de confirmación del borrador de la declaración, documento de ingreso o devolución, validado con un código seguro de verificación de 16 caracteres en el que constará, además de la fecha y hora de la presentación de la declaración, la orden de domiciliación efectuada y, en su caso, la opción de fraccionamiento de pago elegida por el contribuyente, que este deberá imprimir y conservar.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) Por medios telefónicos, mediante llamada al número 901 200 345. A tal efecto, el contribuyente deberá comunicar, entre otros datos, su Número de Identificación Fiscal (NIF), el número de referencia del borrador de la declaración, así como el identificador único de la cuenta (Código Cuenta Cliente) en el que desee efectuar la citada domiciliación. En el supuesto de declaración conjunta formulada por ambos cónyuges, deberá comunicarse también el NIF del cónyuge. Realizada la presentación, la Agencia Estatal de Administración Tributaria devolverá el código justificante de su presentación. A estos efectos, por la Agencia Estatal de Administración Tributaria se adoptarán las medidas de control precisas que permitan garantizar la identidad de los contribuyentes que efectúan la comunicación y la suscripción o confirmación del borrador de declaración.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La Agencia Estatal de Administración Tributaria remitirá posteriormente al contribuyente el documento acreditativo correspondiente a la declaración presentada en el que constará la Orden de domiciliación efectuada y, en su caso, la opción de fraccionamiento de pago elegida por el contribuyente.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>c) En las oficinas de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, así como en las oficinas habilitadas por las Comunidades Autónomas, Ciudades con Estatuto de Autonomía y Entidades Locales para la confirmación del borrador de declaración y su inmediata transmisión electrónica. A tal efecto, el contribuyente deberá presentar debidamente suscrito el modelo de confirmación del borrador de la declaración, documento de ingreso o devolución, en el que constarán los datos relativos a la Orden de domiciliación bancaria en entidad colaboradora del importe resultante o, en su caso, del correspondiente al primer plazo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Al contribuyente se le entregará su ejemplar del «Modelo 100. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Ejercicio 2012. Confirmación del borrador de la declaración. Documento de ingreso o devolución», debidamente sellado como justificante de la presentación realizada.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>5. Confirmación o suscripción del borrador de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas con resultado a devolver o negativo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En estos casos, la confirmación o suscripción del borrador de declaración, su presentación, así como la solicitud de la devolución o, en su caso, la renuncia a la misma se efectuará por alguno de los siguientes medios:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) Por vía telemática a través de los siguientes medios:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1.º Por Internet, a través de la sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en la dirección electrónica «https://www.agenciatributaria.gob.es», haciendo constar el contribuyente, entre otros datos, su Número de Identificación Fiscal (NIF) y el número de referencia de su borrador. En el supuesto de declaración conjunta formulada por ambos cónyuges, deberá hacerse constar también el Número de Identificación Fiscal (NIF) del cónyuge. Alternativamente, podrá utilizarse esta vía mediante la utilización de sistemas de firma electrónica incorporados al Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico o basados en los certificados electrónicos a que se refiere la letra b) del apartado 1 del artículo 18. Tratándose de declaración conjunta formulada por ambos cónyuges, los dos deberán disponer de firma electrónica.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Se procederá a la confirmación o suscripción del borrador y si la declaración es aceptada, la Agencia Estatal de Administración Tributaria devolverá en pantalla los datos del modelo de confirmación del borrador de la declaración, documento de ingreso o devolución, validado con un código seguro de verificación de 16 caracteres, además de la fecha y hora de presentación, que el contribuyente deberá imprimir y conservar.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2.º Mediante mensaje SMS dirigido a tal efecto a la Agencia Estatal de Administración Tributaria. El contribuyente hará constar, entre otros datos, su Número de Identificación Fiscal (NIF) y el número de justificante del modelo de confirmación del borrador de la declaración, documento de ingreso o devolución. En el supuesto de declaración conjunta formulada por ambos cónyuges, deberá comunicarse también el NIF del cónyuge.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La Agencia Estatal de Administración Tributaria devolverá un mensaje SMS al contribuyente, aceptando la confirmación del borrador de la declaración efectuada junto con un código seguro de verificación de 16 caracteres que deberá conservar. La Agencia Estatal de Administración Tributaria remitirá posteriormente al contribuyente el documento acreditativo de la declaración presentada.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En caso de no aceptarse la confirmación, la Agencia Estatal de Administración Tributaria enviará un mensaje SMS al contribuyente comunicando dicha circunstancia e indicando el error que haya existido.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>No se podrá utilizar este medio para confirmar aquellos borradores de declaración cuyo resultado sea a devolver y el contribuyente renuncie a la devolución a favor del Tesoro Público.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) En cualquier oficina sita en territorio español de la entidad de crédito que actúe como colaboradora en la gestión recaudatoria en la que se desee recibir el importe de la devolución. En estos supuestos, deberá presentarse el modelo de confirmación del borrador de la declaración, documento de ingreso o devolución, debidamente suscrito por el contribuyente o contribuyentes en el supuesto de declaración conjunta formulada por ambos cónyuges.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>c) En los cajeros automáticos, banca electrónica, banca telefónica o a través de cualquier otro sistema de banca no presencial, de aquellas entidades de crédito colaboradoras en la gestión recaudatoria que así lo hayan establecido, en la que se desee recibir el importe de la devolución, al amparo del correspondiente protocolo de seguridad. A tal efecto, el contribuyente deberá hacer constar, entre otros datos, su Número de Identificación Fiscal (NIF), así como el número de justificante del modelo de confirmación del borrador de la declaración, documento de ingreso o devolución. En el supuesto de declaración conjunta formulada por ambos cónyuges, deberá hacerse constar también el NIF del cónyuge.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En los casos señalados en los párrafos b) y c) anteriores, la entidad colaboradora entregará al contribuyente justificante de la presentación de la declaración, de acuerdo con las especificaciones que correspondan de las recogidas en el Anexo VIII de esta Orden, que servirá como documento acreditativo de dicha operación.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>No obstante lo anterior, no podrán utilizarse los medios a que se refieren los párrafos b) y c) para la confirmación del borrador de la declaración en aquellos supuestos en que el resultado de la declaración sea negativo o cuando el contribuyente renuncie a la devolución.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>d) Por medios telefónicos, mediante llamada al número 901 200 345 o 901 121 224, comunicando el contribuyente, entre otros datos, su Número de Identificación Fiscal (NIF) y el número de referencia del borrador de la declaración o, en su caso, el número de justificante del mismo. En el supuesto de declaración conjunta formulada por ambos cónyuges, deberá comunicarse también el NIF del cónyuge. Realizada la presentación, la Agencia Estatal de Administración Tributaria devolverá el código justificante de su presentación. A estos efectos, por la Agencia Estatal de Administración Tributaria se adoptarán las medidas de control precisas que permitan garantizar la identidad de los contribuyentes que efectúan la comunicación y la confirmación del borrador de declaración.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La Agencia Estatal de Administración Tributaria remitirá posteriormente al contribuyente el documento acreditativo de la declaración presentada.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>e) En cualquier oficina de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, así como en las oficinas habilitadas por las Comunidades Autónomas, Ciudades con Estatuto de Autonomía y Entidades Locales para la confirmación del borrador de declaración y su inmediata transmisión electrónica. En estos supuestos, el contribuyente deberá presentar debidamente suscrito el modelo de confirmación del borrador de declaración, documento de ingreso o devolución.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>f) En las oficinas de las Administraciones tributarias de las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía que hayan suscrito con la Agencia Estatal de Administración Tributaria un convenio de colaboración para la implantación de sistemas de ventanilla única tributaria, en los términos previstos en dicho convenio.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En los casos señalados en las letras e) y f) anteriores se entregará al contribuyente su ejemplar del «Modelo 100. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Ejercicio 2012. Confirmación del borrador de la declaración. Documento de ingreso o devolución», debidamente sellado como justificante de la presentación realizada.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>6. Al suscribir o confirmar el borrador de declaración, salvo en los supuestos en que dicha suscripción o confirmación se efectúe en las oficinas de las entidades de crédito, a través de banca no presencial, por SMS o mediante llamada al 901 121 224, los contribuyentes podrán manifestar su opción por la asignación tributaria a la Iglesia Católica, por la asignación de cantidades a fines sociales, por ambas asignaciones o por ninguna de ellas o, en su caso, modificar las que a tal efecto figuren en el borrador de la declaración, sin necesidad de instar el procedimiento de modificación del borrador de declaración regulado en el artículo 7.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Asimismo, en los supuestos contemplados en el apartado 4 y en las letras a.1.º), b), c), d), e) y f) del apartado 5 del presente artículo, los contribuyentes, al suscribir o confirmar el borrador de declaración, podrán aportar los datos del identificador único de la cuenta a la que debe realizarse la devolución o se domicilie el ingreso (Código Cuenta Cliente) o, en su caso, modificar los que a tal efecto figuren en el modelo de confirmación del borrador de la declaración, documento de ingreso o devolución, sin necesidad de instar el procedimiento de modificación del borrador de declaración regulado en el artículo 7. No obstante, la modificación por medios telefónicos del código cuenta cliente sólo será posible mediante llamada al 901 200 345.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>7. Los contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que tengan su residencia habitual en el extranjero y aquellos que se encuentren fuera del territorio nacional durante los plazos a que se refiere el artículo 9 de esta Orden, podrán confirmar el borrador de declaración así como, en su caso, realizar el ingreso o solicitar la devolución por los medios no presenciales a que se refieren las letras a) y c) del apartado 3; a) del apartado 4 y a) y c) del apartado 5 de este artículo.</p>
<p class='capitulo_num' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CAPÍTULO IV</p>
<p class='capitulo_tit' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Plazo de presentación de las declaraciones</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 9. Plazo de presentación de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. El plazo de presentación de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, cualquiera que sea el resultado de las mismas, será el siguiente:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) El comprendido entre los días 24 de abril y 1 de julio de 2013, ambos inclusive, si la presentación de la declaración se efectúa por vía telemática a través de Internet.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) El comprendido entre los días 6 de mayo y 1 de julio de 2013, ambos inclusive, si la presentación de la declaración se efectúa por cualquier otro medio.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Lo dispuesto en el apartado anterior se entenderá sin perjuicio del plazo de confirmación del borrador de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas establecido en el artículo 8 y del plazo específicamente establecido en el artículo 16.3 para la domiciliación bancaria del pago de las deudas tributarias resultantes de las mismas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. El plazo de presentación de las declaraciones del Impuesto sobre el Patrimonio será el comprendido entre los días 24 de abril y 1 de julio de 2013, ambos inclusive, sin perjuicio del plazo específicamente establecido en el artículo 16.3 para la domiciliación bancaria del pago de las deudas tributarias resultantes de las mismas.</p>
<p class='capitulo_num' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CAPÍTULO V</p>
<p class='capitulo_tit' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Forma y lugar de presentación de las declaraciones</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 10. Forma de presentación de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, así como el correspondiente documento de ingreso o devolución, se presentarán con arreglo al modelo aprobado en el artículo 3 de esta Orden, incluso el generado informáticamente mediante la utilización del módulo de impresión desarrollado por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, firmado por el declarante y debidamente cumplimentados todos los datos que le afecten de los recogidos en el mismo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En el caso de declaración conjunta por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ya consista ésta en una autoliquidación o en el borrador de declaración debidamente suscrito o confirmado, será presentada por los miembros de la unidad familiar mayores de edad que actuarán en representación de los menores y de los mayores incapacitados judicialmente integrados en ella, en los términos del artículo 45 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que, en su caso, se efectúen a través de los servicios de ayuda prestados en las oficinas de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, sea cual sea su resultado, podrán presentarse, a opción del contribuyente, en dicho acto en las citadas oficinas para su inmediata transmisión electrónica a la Agencia Estatal de Administración Tributaria.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>No obstante lo anterior, tratándose de declaraciones cuyo resultado sea una cantidad a ingresar, la admisión de su presentación estará condicionada a que el contribuyente proceda en dicho acto a la domiciliación bancaria de la totalidad del ingreso resultante o del primer plazo, en las que el contribuyente ha optado por el fraccionamiento del pago, en los términos establecidos en el artículo 16.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>También podrán presentarse de esta forma y con arreglo a lo dispuesto en el párrafo anterior las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de cónyuges no separados legalmente en las que uno de ellos solicite la suspensión del ingreso y el otro manifieste la renuncia al cobro de la devolución, cualquiera que sea el resultado final de sus declaraciones, a ingresar, a devolver o negativo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>A tal efecto, una vez confeccionada la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se entregarán al contribuyente impresos el ejemplar para el interesado de su declaración, así como dos ejemplares, para la Administración y para el interesado, del resumen de la declaración-documento de ingreso o devolución, ajustado al modelo 100 aprobado en el apartado 3 del artículo 3.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La entrega en las citadas oficinas del ejemplar para la Administración del modelo 100, resumen de la declaración-documento de ingreso o devolución, debidamente firmado por el contribuyente y en el que constarán los datos relativos a la domiciliación del ingreso y, en caso de fraccionamiento, las opciones de pago del segundo plazo o, en su caso, los correspondientes a la solicitud de la devolución por transferencia o renuncia a la misma, tendrá la consideración de presentación de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas a todos los efectos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>A continuación, se entregará al contribuyente la declaración aceptada así como el documento de ingreso o devolución, modelo 100, en los que se dejará constancia de la transmisión de la declaración a través de la Intranet de la Agencia Estatal de Administración Tributaria mediante un código seguro de verificación de 16 caracteres.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Este procedimiento podrá ser igualmente aplicable a las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas efectuadas en las oficinas habilitadas por las Comunidades Autónomas, Ciudades con Estatuto de Autonomía y Entidades Locales, para la prestación del mencionado servicio de ayuda y que se presenten en las mismas para su inmediata transmisión electrónica a la Agencia Estatal de Administración Tributaria.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>También se aplicará este procedimiento a las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas efectuadas en las oficinas de las Administraciones tributarias de las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía que hayan suscrito con la Agencia Estatal de Administración Tributaria un convenio de colaboración para la implantación de sistemas de ventanilla única tributaria, en los términos previstos en dicho convenio.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, los contribuyentes que presenten declaración por el Impuesto sobre el Patrimonio, estarán obligados a utilizar la vía telemática a través de Internet para la presentación de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, debiendo asimismo utilizar la vía telemática o la vía telefónica para confirmar o suscribir, en su caso, el borrador de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 8.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. En todo caso, los contribuyentes que, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 16/2012 de 27 de diciembre de 2012 por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica se acojan a la actualización de balances deberán presentar conjuntamente por vía telemática a través de Internet la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y la autoliquidación del Gravamen único sobre revalorización de activos para sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 11. Utilización de las etiquetas identificativas en las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Las etiquetas identificativas suministradas por la Agencia Estatal de Administración Tributaria únicamente deberán adherirse, en los espacios reservados al efecto, en las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que se confeccionen manualmente en el impreso oficialmente aprobado en la presente Orden, así como en las que se generen por medios informáticos sin utilizar el módulo de impresión desarrollado por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, y que se presenten en entidades colaboradoras (Bancos, Cajas de Ahorro o Cooperativas de Crédito).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En estos casos, cuando no se disponga de etiquetas identificativas, deberá consignarse el Número de Identificación Fiscal (NIF) en el espacio reservado al efecto, acompañando a los «Ejemplares para la Administración» fotocopia del documento acreditativo de dicho número. En el caso de declaración conjunta por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente a una unidad familiar integrada por ambos cónyuges, cada uno de ellos deberá adherir sus correspondientes etiquetas identificativas en los espacios reservados al efecto. Si alguno de los cónyuges o ambos carecen de etiquetas identificativas, deberán consignar el respectivo Número de Identificación Fiscal (NIF), en los espacios reservados al efecto, acompañando a los «Ejemplares para la Administración» fotocopia o fotocopias del respectivo documento acreditativo de dicho número.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. No obstante, no será preciso adjuntar fotocopia del documento acreditativo del Número de Identificación Fiscal (NIF) cuando se trate de declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas confeccionadas manualmente en el impreso oficialmente aprobado en la presente Orden o generadas por medios informáticos sin utilizar el módulo de impresión desarrollado por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, que resulten a devolver, con solicitud de devolución o renuncia a la misma, o negativas, que se presenten personalmente, previa acreditación suficiente de la identidad del declarante o declarantes, en las oficinas de la Agencia Estatal de Administración Tributaria o en las oficinas de las Administraciones tributarias de las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía que hayan suscrito con la Agencia Estatal de Administración Tributaria un convenio de colaboración para la implantación de sistemas de ventanilla única tributaria.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 12. Documentación adicional que debe acompañar a la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Los contribuyentes a quienes sea de aplicación la imputación de rentas en el régimen de transparencia fiscal internacional a que se refiere el artículo 91 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, deberán presentar conjuntamente con la declaración de dicho impuesto los siguientes datos relativos a la entidad no residente en territorio español:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) Nombre o razón social y lugar del domicilio social.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) Relación de administradores.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>c) Balance y cuenta de pérdidas y ganancias.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>d) Importe de las rentas positivas que deban ser imputadas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>e) Justificación de los Impuestos satisfechos respecto de la renta positiva que deba ser imputada.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Los contribuyentes que, al amparo de lo establecido en el apartado 11 del artículo 27 de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, hayan efectuado en el período impositivo inversiones anticipadas de futuras dotaciones a la reserva para inversiones en Canarias, deberán presentar conjuntamente con la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas comunicación de la citada materialización y su sistema de financiación.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. Los contribuyentes que soliciten la devolución mediante cheque nominativo del Banco de España, al amparo de lo dispuesto en el artículo 14.2.b) de esta Orden, deberán presentar conjuntamente con la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas escrito conteniendo dicha solicitud.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. Los citados documentos o escritos y, en general, cualesquiera otros no contemplados expresamente en los propios modelos de declaración que deban acompañarse a ésta podrán presentarse junto a la misma en su correspondiente sobre de envío. También podrán presentarse en forma de documentos electrónicos a través del registro electrónico de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de acuerdo con la Resolución de 28 de diciembre de 2009, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se crea la sede electrónica y se regulan los registros electrónicos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La utilización del registro electrónico general mencionado tendrá carácter obligatorio en aquellos supuestos en los que el contribuyente efectúe la presentación de su declaración por vía telemática.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 13. Forma de presentación de las declaraciones del Impuesto sobre el Patrimonio.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La declaración del Impuesto sobre el Patrimonio se presentará de forma obligatoria por vía telemática a través de Internet, con arreglo a las condiciones y al procedimiento establecidos en los artículos 18 y 19 de esta Orden.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 14. Lugar de presentación e ingreso de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Los contribuyentes obligados a declarar por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas deberán determinar la deuda tributaria que corresponda por este Impuesto e ingresar, en su caso, el importe resultante en el Tesoro Público al tiempo de presentar las respectivas declaraciones. Todo ello, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 15 y 16 para los casos de fraccionamiento y domiciliación del pago resultante de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, así como para los supuestos de solicitud de suspensión del ingreso de la deuda tributaria, sin intereses de demora, realizada por el contribuyente casado y no separado legalmente con cargo a la devolución resultante de su cónyuge.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Sin perjuicio de la presentación por vía telemática a que se refieren los artículos 17 y siguientes de esta Orden, las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas deberán presentarse, en función de su resultado, en el lugar que corresponda de los siguientes:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) Declaraciones cuyo resultado sea una cantidad a ingresar. La presentación y realización del ingreso resultante de estas declaraciones deberán efectuarse en las entidades de crédito que actúan como colaboradoras en la gestión recaudatoria (Bancos, Cajas de Ahorro o Cooperativas de Crédito) sitas en territorio español, incluso cuando el ingreso se efectúe fuera de los plazos establecidos en el artículo 9. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4 de este artículo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Las declaraciones a ingresar efectuadas a través de los servicios de ayuda prestados en las oficinas de la Agencia Estatal de Administración Tributaria o en las habilitadas a tal efecto por las Comunidades Autónomas, Ciudades con Estatuto de Autonomía y Entidades Locales podrán presentarse directamente en las citadas oficinas para su inmediata transmisión electrónica, siempre que el contribuyente hubiera procedido, en los términos establecidos en el artículo 16, a la domiciliación del ingreso resultante o del primer plazo, si se trata de declaraciones en las que este hubiese optado por el fraccionamiento del pago.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) Declaraciones cuyo resultado sea una cantidad a devolver con solicitud de devolución. La presentación de las mencionadas declaraciones se podrá efectuar en cualquier Delegación o Administración de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, así como en cualquier oficina sita en territorio español de la entidad colaboradora en la que se desee recibir el importe de la devolución, incluso en este último supuesto, aunque la presentación se efectúe fuera de los plazos establecidos en el artículo 9. En ambos casos, se deberá hacer constar el identificador único (Código Cuenta Cliente) de la cuenta del declarante titular de la misma, a la que deba realizarse la transferencia. También podrán presentarse estas declaraciones en las oficinas habilitadas por las Comunidades Autónomas, Ciudades con Estatuto de Autonomía y Entidades Locales, para la confección de declaraciones mediante el Programa de Ayuda desarrollado por la Agencia Estatal de Administración Tributaria.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>No obstante lo anterior, cuando el contribuyente solicite la devolución por transferencia bancaria en una cuenta abierta en entidad de crédito que no actúe como colaboradora en la gestión recaudatoria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la declaración deberá ser presentada en las oficinas de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En el supuesto de que el contribuyente no tenga cuenta abierta en entidad de crédito o concurra alguna otra circunstancia que lo justifique, se hará constar dicho extremo adjuntando a la declaración escrito dirigido al titular de la Delegación o Administración de la Agencia Estatal de Administración Tributaria que corresponda, quien, a la vista del mismo y previas las pertinentes comprobaciones, podrá ordenar la realización de la devolución que proceda mediante la emisión de cheque nominativo del Banco de España.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Asimismo, se podrá ordenar la realización de la devolución mediante la emisión de cheque cruzado o nominativo del Banco de España cuando ésta no pueda realizarse mediante transferencia bancaria.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>c) Declaraciones negativas y declaraciones en las que se renuncie a la devolución en favor del Tesoro Público. Estas declaraciones se presentarán, bien directamente ante cualquier Delegación o Administración de la Agencia Estatal de Administración Tributaria o por correo certificado dirigido a la Delegación o Administración de la Agencia Estatal de Administración Tributaria correspondiente al domicilio fiscal del contribuyente.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>También podrán presentarse estas declaraciones en las oficinas habilitadas por las Comunidades Autónomas, Ciudades con Estatuto de Autonomía y Entidades Locales, para la confección de declaraciones mediante el Programa de Ayuda desarrollado por la Agencia Estatal de Administración Tributaria.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>d) Declaraciones de cónyuges no separados legalmente en las que, al amparo de lo dispuesto en el artículo 97.6 de la Ley del Impuesto, uno de ellos solicite la suspensión del ingreso y el otro manifieste la renuncia al cobro de la devolución. Las declaraciones correspondientes a ambos cónyuges deberán presentarse de forma simultánea y conjuntamente en el lugar que corresponda de los mencionados en los párrafos a) y b) anteriores en función de que el resultado final de sus declaraciones como consecuencia de la aplicación del mencionado procedimiento sea a ingresar o a devolver. Si el resultado final de las mencionadas declaraciones fuera negativo, ambas se presentarán en los lugares indicados en el párrafo c) anterior.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. También podrá efectuarse la presentación de la declaración en las oficinas de las Administraciones tributarias de las Comunidades Autónomas que hayan suscrito con la Agencia Estatal de Administración Tributaria un convenio de colaboración para la implantación de sistemas de ventanilla única tributaria, en los términos previstos en dicho convenio.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. Los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que tengan su residencia habitual en el extranjero y aquellos que se encuentren fuera del territorio nacional durante los plazos a que se refiere el artículo 9 de esta Orden podrán presentar su declaración y, en su caso, realizar el ingreso o solicitar la devolución por vía telemática en los términos, condiciones y con arreglo al procedimiento regulados en los artículos 17 y siguientes.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En el supuesto de declaraciones a devolver con renuncia a la devolución o negativas, las mismas podrán enviarse por correo certificado dirigido a la última Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en cuya demarcación tuvieron o tengan su residencia habitual.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>5. Los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que se encuentren acogidos al sistema de cuenta corriente en materia tributaria regulado en los artículos 138 a 143 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, presentarán su declaración de acuerdo con las reglas previstas en el apartado sexto de la Orden de 30 de septiembre de 1999, por la que se aprueba el modelo de solicitud de inclusión en el sistema de cuenta corriente en materia tributaria, se establece el lugar de presentación de las declaraciones tributarias que generen deudas o créditos que deban anotarse en dicha cuenta corriente tributaria y se desarrolla lo dispuesto en el Real Decreto 1108/1999, de 25 de junio, por el que se regula el sistema de cuenta corriente en materia tributaria.</p>
<p class='capitulo_num' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CAPÍTULO VI</p>
<p class='capitulo_tit' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Especialidades en el pago de las deudas tributarias resultantes</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 15. Fraccionamiento del pago resultante de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62.2 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y sin perjuicio de la posibilidad de aplazamiento o fraccionamiento del pago prevista en el artículo 65 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y desarrollado en los artículos 44 y siguientes del Reglamento General de Recaudación, aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, los contribuyentes podrán fraccionar, sin interés ni recargo alguno, el importe de la deuda tributaria resultante de su declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ya consista ésta en una autoliquidación o en el borrador de declaración debidamente suscrito o confirmado, en dos partes: la primera, del 60 por 100 de su importe, en el momento de presentar la declaración, y la segunda, del 40 por 100 restante, hasta el 5 de noviembre de 2013, inclusive.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En todo caso, para disfrutar de este beneficio será necesario que el borrador de la declaración debidamente suscrito o confirmado o la autoliquidación se presenten dentro de los plazos establecidos, respectivamente, en los artículos 8.1 y 9 de esta Orden. No podrá fraccionarse, según el procedimiento establecido en este artículo, el ingreso de las autoliquidaciones complementarias.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En los supuestos en que, al amparo de lo establecido en el artículo 97.6 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la solicitud de suspensión del ingreso de la deuda tributaria resultante de la declaración realizada por un cónyuge no alcance la totalidad de dicho importe, el resto de la deuda tributaria podrá fraccionarse en los términos establecidos en los párrafos anteriores.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 16. Pago de la deuda tributaria resultante de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio mediante domiciliación bancaria.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Los contribuyentes que opten por fraccionar el pago de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas podrán utilizar como medio de pago del 40 por 100 correspondiente al segundo plazo la domiciliación bancaria en la entidad de crédito que actúe como colaboradora en la gestión recaudatoria en la que efectúen el ingreso del primer plazo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Los contribuyentes que, al fraccionar el pago, no deseen domiciliar el segundo plazo en entidad colaboradora, deberán efectuar el ingreso de dicho plazo por vía telemática o directamente en cualquier oficina situada en territorio español de estas entidades (Bancos, Cajas de Ahorro o Cooperativas de Crédito) hasta el día 5 de noviembre de 2013, inclusive, mediante el modelo 102.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Sin perjuicio de lo anterior, los contribuyentes que efectúen la presentación telemática de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio o cuyas declaraciones por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se realicen a través de los servicios de ayuda prestados en las oficinas de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en las de las Administraciones tributarias de las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía que hayan suscrito con la Agencia Estatal de Administración Tributaria un convenio de colaboración para la implantación de sistemas de ventanilla única tributaria, y en las habilitadas a tal efecto por las restantes Comunidades Autónomas, Ciudades con Estatuto de Autonomía y Entidades Locales, para su inmediata transmisión electrónica, así como los que efectúen la confirmación o suscripción del borrador de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas por medios telemáticos, telefónicos o en las oficinas antes citadas, podrán utilizar como medio de pago de las deudas tributarias resultantes de las mismas la domiciliación bancaria en la entidad de crédito que actúe como colaboradora en la gestión recaudatoria (Banco, Caja de Ahorro o Cooperativa de Crédito) sita en territorio español en la que se encuentre abierta a su nombre la cuenta en la que se domicilia el pago.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En el supuesto de que el contribuyente opte por el fraccionamiento del pago del ingreso resultante de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y por la domiciliación, tanto del primero como del segundo plazo, esta última deberá efectuarse en la misma entidad y cuenta en la que se domicilió el primer plazo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. La domiciliación bancaria de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio a que se refiere el apartado anterior podrá realizarse desde el día 24 de abril hasta el 26 de junio de 2013, ambos inclusive. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 8.1 en relación con el inicio del plazo de domiciliación del pago resultante del borrador de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas puesto a disposición del contribuyente por la Agencia Estatal de Administración Tributaria.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>No obstante, si se opta por domiciliar únicamente el segundo plazo del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la misma podrá realizarse hasta el 1 de julio de 2013.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. La Agencia Estatal de Administración Tributaria comunicará la Orden u órdenes de domiciliación bancaria del contribuyente a la entidad colaboradora señalada, la cual procederá, en su caso, el día 1 de julio de 2013 a cargar en cuenta el importe domiciliado, ya sea la totalidad de la deuda tributaria o el importe correspondiente al primer plazo, en el supuesto del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ingresándolo en los plazos establecidos en la cuenta restringida de colaboración en la recaudación de los tributos. Posteriormente, la citada entidad remitirá al contribuyente justificante del ingreso realizado, de acuerdo con las especificaciones recogidas en el apartado 2 del artículo 3 de la citada Orden EHA/2027/2007, de 28 de junio, por la que se desarrolla parcialmente el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, en relación con las entidades de crédito que prestan el servicio de colaboración en la gestión recaudatoria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, que servirá como documento acreditativo del ingreso efectuado en el Tesoro Público.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>De forma análoga, en el supuesto de que el contribuyente hubiese procedido a la domiciliación del segundo plazo, en el supuesto del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la entidad colaboradora procederá, en su caso, el día 5 de noviembre de 2013 a cargar en cuenta dicho importe y a ingresarlo en los plazos establecidos en la cuenta restringida de colaboración en la recaudación de los tributos, remitiendo al contribuyente justificante del ingreso realizado, de acuerdo con las especificaciones recogidas en el apartado 2 del artículo 3 de la citada Orden EHA/2027/2007, de 28 de junio, que servirá como documento acreditativo del ingreso efectuado en el Tesoro Público.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>5. Cuando los contribuyentes que presenten por vía telemática la autoliquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o confirmen por esta misma vía el borrador de declaración, hayan fraccionado el pago de la deuda tributaria en dos plazos y, sin haber domiciliado el pago del primer plazo, opten por efectuar la domiciliación bancaria del importe correspondiente al segundo plazo, no precisarán efectuar comunicación alguna a la entidad colaboradora, ya que será la Agencia Estatal de Administración Tributaria quien comunique dicha domiciliación a la entidad colaboradora señalada por el contribuyente en el documento de ingreso o devolución.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Posteriormente, la entidad colaboradora remitirá al contribuyente justificante del ingreso realizado correspondiente a dicho segundo plazo, de acuerdo con las especificaciones recogidas en el apartado 2 del artículo 3 de la Orden EHA/2027/2007, de 28 de junio, que servirá como documento acreditativo del ingreso efectuado en el Tesoro Público.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>6. Las personas o entidades autorizadas a presentar por vía telemática, en los términos establecidos en el artículo 17.3, declaraciones en representación de terceras personas, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 79 a 86 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, y en la Orden HAC/1398/2003, de 27 de mayo, por la que se establecen los supuestos y condiciones en que podrá hacerse efectiva la colaboración social en la gestión de los tributos, y se extiende ésta expresamente a la presentación telemática de determinados modelos de declaración y otros documentos tributarios, podrán, por esta vía, dar traslado de las órdenes de domiciliación que previamente les hayan comunicado los terceros a los que representan.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>7. De conformidad con lo establecido en el artículo 38.2 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, los pagos se entenderán realizados en la fecha de cargo en cuenta de las domiciliaciones, considerándose justificante del ingreso realizado el que a tal efecto expida la entidad de crédito donde se encuentre domiciliado el pago, que incorporará las especificaciones recogidas en el apartado 2 del artículo 3 de la citada Orden EHA/2027/2007, de 28 de junio.</p>
<p class='capitulo_num' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>CAPÍTULO VII</p>
<p class='capitulo_tit' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Presentación telemática de las declaraciones</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 17. Ámbito de aplicación del sistema de presentación telemática de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Con carácter general, los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas podrán presentar por medios telemáticos la declaración correspondiente a este Impuesto, con sujeción a las condiciones y al procedimiento establecidos en los artículos 18 y 19 de esta Orden.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Cuando los contribuyentes deban acompañar a la declaración la documentación adicional que se indica en el artículo 12 de esta Orden y, en general, cualesquiera documentos, solicitudes o manifestaciones de opciones no contemplados expresamente en los propios modelos oficiales de declaración, la presentación telemática de la declaración requerirá que la citada documentación adicional se presente, en forma de documentos electrónicos, en el registro electrónico de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, regulado mediante Resolución de 28 de diciembre de 2009, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Los sujetos pasivos del Impuesto sobre el Patrimonio deberán presentar necesariamente por medios telemáticos la declaración correspondiente a este impuesto, con sujeción a las condiciones y al procedimiento establecido en los artículos 18 y 19.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En su caso, los sujetos pasivos que presenten declaración por el Impuesto sobre el Patrimonio deberán también presentar o confirmar por medios telemáticos o telefónicos la declaración correspondiente al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o el borrador de la misma.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. Las personas o entidades autorizadas a presentar por vía telemática declaraciones en representación de terceras personas, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 79 a 81 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, y en la Orden HAC/1398/2003, de 27 de mayo, podrán hacer uso de dicha facultad respecto de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. A partir del 2 de julio de 2017 no se podrá efectuar la presentación telemática de declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondientes al ejercicio 2012. Transcurrida dicha fecha, y salvo que proceda la prescripción, la presentación de las citadas declaraciones deberá efectuarse mediante el correspondiente modelo de impreso.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 18. Condiciones generales para la presentación telemática de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. La presentación telemática de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio estará sujeta al cumplimiento de las siguientes condiciones:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) El declarante deberá disponer de Número de Identificación Fiscal (NIF) previamente incluido en la base de datos de identificación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. En el caso de declaración conjunta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas formulada por ambos cónyuges, las anteriores circunstancias deberán concurrir en cada uno de ellos.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Para verificar el cumplimiento de este requisito el contribuyente podrá acceder a la opción «mis datos censales» disponible en la sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, a la que se puede acceder a través del portal de la Agencia Tributaria en Internet (www.agenciatributaria.es) o bien directamente en la dirección electrónica https://www.agenciatributaria.gob.es</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) El declarante deberá disponer de firma electrónica, bien sea la incorporada al Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico o bien la basada en el certificado electrónico X.509.V3 expedido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda o en cualquier otro certificado electrónico admitido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en los términos previstos en la Orden HAC/1181/2003, de 12 de mayo, por la que se establecen normas específicas sobre el uso de la firma electrónica en las relaciones tributarias por medios electrónicos, informáticos y telemáticos con la Agencia Estatal de Administración Tributaria. En el caso de declaración conjunta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas formulada por ambos cónyuges, ambos deberán disponer de la correspondiente firma electrónica.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Alternativamente, las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio negativas o cuyo resultado sea una cantidad a ingresar, siempre que, en este caso, se opte por efectuar el pago mediante domiciliación bancaria, así como las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas cuyo resultado sea una cantidad a devolver, ya sean con solicitud de devolución o con renuncia a la misma, también podrán presentarse telemáticamente mediante la consignación del NIF del declarante o declarantes y del número o números de referencia del borrador o de los datos fiscales previamente suministrados por la Agencia Estatal de Administración Tributaria conforme al procedimiento establecido al efecto. En este caso, la Agencia Estatal de Administración Tributaria adoptará el correspondiente protocolo de seguridad que permita garantizar la identidad de los contribuyentes que utilicen dichos datos para la presentación.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>c) Si el presentador es una persona o entidad autorizada para presentar declaraciones en representación de terceras personas, deberá disponer de un sistema de firma electrónica en los términos indicados en el primer párrafo de la letra b) anterior.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>d) En todo caso, deberá utilizarse previamente un programa informático para obtener el fichero con la autoliquidación a transmitir. Este programa podrá ser el programa de ayuda para la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o del Impuesto sobre el Patrimonio del ejercicio 2012, desarrollado por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, u otro que obtenga un fichero con el mismo formato e iguales características y especificaciones que aquél.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Simultaneidad del ingreso y de la presentación telemática de la declaración. Tratándose de declaraciones cuyo resultado sea una cantidad a ingresar sin domiciliación del pago, la transmisión electrónica de la autoliquidación o, en su caso, la confirmación del borrador de la declaración deberá realizarse en la misma fecha en que tenga lugar el ingreso resultante de la misma, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 19.3 en relación con los supuestos de extinción de la deuda tributaria contemplados en el mismo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>No obstante lo anterior, en el caso de que existan dificultades técnicas que impidan efectuar la transmisión electrónica de la autoliquidación o la confirmación del borrador de la declaración en la misma fecha en que tenga lugar el ingreso, dichas operaciones podrán realizarse hasta el segundo día hábil siguiente al del ingreso.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. Presentación de declaraciones con deficiencias de tipo formal. En aquellos casos en que se detecten anomalías de tipo formal en la transmisión electrónica de declaraciones, dicha circunstancia se pondrá en conocimiento del declarante por el propio sistema mediante los correspondientes mensajes de error para que proceda a su subsanación.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Artículo 19. Procedimiento para la presentación telemática de las autoliquidaciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>1. Autoliquidaciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio cuyo resultado sea una cantidad a ingresar y cuyo pago total, o el correspondiente al primer plazo, en caso de autoliquidaciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en que se opte por esta modalidad de fraccionamiento del pago, se realice mediante el sistema de cargo o adeudo directo en cuenta abierta en una entidad colaboradora en la gestión recaudatoria.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En estos casos, el procedimiento a seguir para la presentación telemática será el siguiente:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) El declarante se pondrá en comunicación con la entidad colaboradora por vía telemática, de forma directa o a través de la sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Internet, o bien acudiendo a sus oficinas, para efectuar el ingreso correspondiente y facilitar los siguientes datos:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>NIF del contribuyente (9 caracteres).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Ejercicio fiscal (2 últimos dígitos).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Período = 0A (cero A).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Documento de ingreso o devolución:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas = 100.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Impuesto sobre el Patrimonio = 714.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Tipo de autoliquidación = «I» Ingreso.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Importe a ingresar (deberá ser mayor que cero).</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Opciones (en caso de autoliquidaciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas):</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Opción 1: No fracciona el pago.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Opción 2: Sí fracciona el pago y no domicilia el segundo plazo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Opción 3: Sí fracciona el pago y sí domicilia el segundo plazo, en las condiciones establecidas en el artículo 16 de esta Orden.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La entidad colaboradora, una vez contabilizado el importe, asignará al contribuyente un Número de Referencia Completo (NRC) que generará informáticamente mediante un sistema criptográfico que relacione de forma unívoca el NRC con el importe ingresado.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Al mismo tiempo, remitirá o entregará, según la forma de transmisión de los datos, un recibo que contendrá, como mínimo, las especificaciones contenidas en el apartado 3 del artículo 3 de la Orden EHA/2027/2007, de 28 de junio, por la que se desarrolla parcialmente el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, en relación con las entidades de crédito que prestan el servicio de colaboración en la gestión recaudatoria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) Una vez realizada la operación anterior, el declarante se pondrá en comunicación con la sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Internet en la dirección electrónica «https://www.agenciatributaria.gob.es» y seleccionará el concepto fiscal y el fichero con la autoliquidación a transmitir, tras lo cual introducirá el NRC suministrado por la entidad colaboradora.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>c) A continuación, procederá a transmitir la autoliquidación con la firma electrónica. En el caso de declaración conjunta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas formulada por ambos cónyuges, deberá seleccionar adicionalmente la firma electrónica correspondiente al cónyuge.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Si el presentador es una persona o entidad autorizada para presentar declaraciones en representación de terceras personas, se requerirá una única firma electrónica, la correspondiente al presentador.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>No obstante, el contribuyente podrá obtener el Número de Referencia Competo (NRC) de la entidad colaboradora de forma directa, por vía telemática o bien acudiendo a sus oficinas, y proceder a transmitir la autoliquidación, sin necesidad de firma electrónica, mediante la consignación del Número de Identificación Fiscal (NIF) del declarante o declarantes, el NRC y el número o números de referencia del borrador o de los datos fiscales previamente suministrados por la Agencia Estatal de Administración Tributaria.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>d) Si la autoliquidación es aceptada, la Agencia Estatal de Administración Tributaria le devolverá en pantalla los datos de la declaración y del documento de ingreso o devolución, modelo 100 o 714, validados con un código seguro de verificación de 16 caracteres, además de la fecha y hora de la presentación.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>e) En el supuesto de que la presentación fuese rechazada, se mostrará en pantalla la descripción de los errores detectados. En este caso, se deberá proceder a subsanar los mismos con el programa de ayuda con el que se generó el fichero, o repitiendo la presentación si el error fuese ocasionado por otro motivo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>f) El declarante deberá imprimir y conservar la declaración aceptada así como el documento de ingreso o devolución, modelo 100 o 714, y en su caso el documento de ingreso del segundo plazo modelo 102, debidamente validados con el correspondiente código seguro de verificación.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>2. Autoliquidaciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio cuyo resultado sea una cantidad a ingresar y cuyo pago total, o el correspondiente al primer plazo, en caso de autoliquidaciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en que se opte por esta modalidad de fraccionamiento del pago, se realice mediante el sistema de domiciliación bancaria en una entidad colaboradora en la gestión recaudatoria.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En estos casos, la presentación telemática de la declaración no precisará la comunicación previa con la entidad colaboradora para la realización del ingreso y obtención del NRC a que se refiere el párrafo a) del apartado 1 anterior.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El declarante se pondrá en comunicación con la sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Internet en la dirección electrónica «https://www.agenciatributaria.gob.es» y seleccionará el concepto fiscal y el fichero con la autoliquidación a transmitir. La transmisión de la autoliquidación, en la que se recogerá la correspondiente orden de domiciliación, y demás actuaciones posteriores, se realizarán de acuerdo con lo dispuesto en las letras c), d) y e) del apartado 1 anterior.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Alternativamente, también podrá procederse a la transmisión de la autoliquidación sin necesidad de generar la firma electrónica, mediante la consignación del NIF del declarante o declarantes y del número o números de referencia del borrador o de los datos fiscales previamente suministrados por la Agencia Estatal de Administración Tributaria.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El declarante, finalmente, deberá imprimir y conservar la declaración aceptada así como el documento de ingreso o devolución, modelo 100 o 714, y en su caso el documento de ingreso del segundo plazo modelo 102, validados con un código seguro de verificación de 16 caracteres y en los que constará, además de la fecha y hora de la presentación de la autoliquidación, la Orden de domiciliación efectuada y, en su caso, la opción de fraccionamiento de pago elegida.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>3. Autoliquidaciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio de las que resulte una cantidad a ingresar, que se presenten con solicitud de aplazamiento o fraccionamiento, con solicitud de compensación, o con reconocimiento de deuda.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El procedimiento de presentación telemática de las autoliquidaciones a las que se refiere este apartado será el establecido en los apartados anteriores, con la particularidad de que, una vez finalizada la presentación de la declaración, el declarante o la persona o entidad autorizada a presentar por vía telemática declaraciones en representación de terceras personas obtendrá, además del código seguro de verificación, una clave de liquidación con la que, si lo desea, podrá solicitar en ese mismo momento, a través del enlace habilitado a tal efecto, el aplazamiento o fraccionamiento o la compensación, y con la que también podrá presentar dichas solicitudes en un momento posterior en la sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Internet, en la dirección electrónica «https://www.agenciatributaria.gob.es», a través de la opción Procedimientos, Servicios y Trámites (Información y Registro)/Recaudación.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En el caso de autoliquidaciones que se presenten con solicitud de aplazamiento o fraccionamiento, será de aplicación lo previsto en los artículos 65 de la Ley General Tributaria y 44 y siguientes del Reglamento General de Recaudación. En el caso de autoliquidaciones que se presenten con solicitud de compensación con créditos tributarios reconocidos a favor del mismo obligado tributario, será de aplicación lo dispuesto en los artículos 71 y siguientes de la Ley General Tributaria y 55 y siguientes del Reglamento General de Recaudación. En el caso de autoliquidaciones con reconocimiento de deuda, una vez finalizado los plazos de presentación establecidos en el artículo 9 de la presente Orden, será de aplicación lo previsto en los artículos 161 de la Ley General Tributaria y 69 del Reglamento General de Recaudación.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>4. Autoliquidaciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio de las que resulte una cantidad a ingresar, que se presenten con solicitud de pago mediante entrega de bienes del Patrimonio Histórico Español.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>El procedimiento de presentación telemática de las autoliquidaciones a las que se refiere este apartado será el establecido en los apartados anteriores, con la particularidad de que, una vez finalizada la presentación de la declaración, el declarante o la persona o entidad autorizada a presentar por vía telemática declaraciones en representación de terceras personas obtendrá, además del código seguro de verificación, una clave de liquidación con la que, si lo desea, podrá solicitar en ese mismo momento, a través del enlace habilitado a tal efecto, el pago mediante entrega de bienes del Patrimonio Histórico Español, y con la que también podrá presentar dicha solicitud en un momento posterior en la sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Internet, en la dirección electrónica «https://www.agenciatributaria.gob.es», a través de la opción Procedimientos, Servicios y Trámites (Información y Registro)/Recaudación.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Las personas o entidades autorizadas a presentar por vía telemática, en los términos establecidos en el artículo 17.3, declaraciones en representación de terceras personas, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 79 a 86 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, y en la Orden HAC/1398/2003, de 27 de mayo, por la que se establecen los supuestos y condiciones en que podrá hacerse efectiva la colaboración social en la gestión de los tributos, y se extiende ésta expresamente a la presentación telemática de determinados modelos de declaración y otros documentos tributarios, podrán, por esta vía, dar traslado de las solicitudes de pago mediante entrega de Bienes del Patrimonio Histórico Español que previamente les hayan comunicado los terceros a los que representan.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En el caso de autoliquidaciones que se presenten con solicitud de pago mediante entrega de bienes del Patrimonio Histórico Español, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 97.3 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y 62.3 de su Reglamento, así como en el artículo 36.Dos de la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio, será de aplicación lo establecido en el artículo 40 del Reglamento General de Recaudación.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>5. Autoliquidaciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas negativas o a devolver, con solicitud de devolución o con renuncia a la misma en favor del Tesoro Público, y autoliquidaciones negativas del Impuesto sobre el Patrimonio.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En estos casos, se procederá como sigue:</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>a) El declarante se pondrá en comunicación con la sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Internet, en la dirección electrónica «https://www.agenciatributaria.gob.es», y seleccionará el concepto fiscal y el fichero con la autoliquidación a transmitir.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>b) A continuación, procederá a transmitir la declaración con la firma electrónica. En el caso de declaración conjunta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas formulada por ambos cónyuges, deberá seleccionar adicionalmente la firma electrónica correspondiente al cónyuge.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Alternativamente, también podrá procederse a la transmisión de la autoliquidación sin necesidad de generar la firma electrónica mediante la consignación del NIF del declarante o declarantes y del número o números de referencia del borrador o de los datos fiscales previamente suministrados por la Agencia Estatal de Administración Tributaria.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Si el presentador es una persona o entidad autorizada para presentar declaraciones en representación de terceras personas, se requerirá una única firma electrónica, la correspondiente al presentador.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>c) Si la autoliquidación es aceptada, la Agencia Estatal de Administración Tributaria le devolverá en pantalla los datos de la declaración y del documento de ingreso o devolución, modelo 100 o 714, validados con un código seguro de verificación de 16 caracteres, además de la fecha y hora de la presentación.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>d) En el supuesto de que la presentación fuese rechazada, se mostrará en pantalla la descripción de los errores detectados. En este caso, se deberá proceder a subsanar los mismos con el programa de ayuda con el que se generó el fichero, o repitiendo la presentación si el error fuese ocasionado por otro motivo.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>e) El declarante deberá imprimir y conservar la declaración aceptada así como el documento de ingreso o devolución, modelo 100 o 714, debidamente validados con el correspondiente código seguro de verificación.</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>6. Autoliquidaciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondientes a cónyuges no separados legalmente en las que uno de ellos solicite la suspensión del ingreso y el otro la renuncia al cobro de la devolución.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>En estos supuestos, si alguno de los cónyuges opta por el sistema de presentación telemática de la declaración, la declaración correspondiente al otro deberá presentarse también por este sistema. La presentación de ambas declaraciones se realizará con arreglo al procedimiento que en cada caso proceda de los establecidos en los apartados anteriores, según el resultado final de las mismas.</p>
<p class='articulo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Disposición final única. Entrada en vigor.</p>
<p class='parrafo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».</p>
<p class='parrafo_2' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>Madrid, 15 de marzo de 2013.–El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro Romero.</p>
<p class='anexo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>ANEXO I</p>
<p class='imagen' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>
<img alt='5988.png' class='frame-1' height='2702' src='/datos/imagenes/disp/2013/73/03287_5988.png' width='2112'/>
</p>
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</p>
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</p>
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</p>
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</p>
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</p>
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</p>
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</p>
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</p>
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</p>
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</p>
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</p>
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</p>
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</p>
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</p>
<p class='imagen' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>
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</p>
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</p>
<p class='imagen' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>
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</p>
<p class='imagen' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>
<img alt='7354.png' class='frame-2' height='2776' src='/datos/imagenes/disp/2013/73/03287_7354.png' width='2126'/>
</p>
<p class='imagen' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>
<img alt='7426.png' class='frame-2' height='2776' src='/datos/imagenes/disp/2013/73/03287_7426.png' width='2126'/>
</p>
<p class='imagen' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>
<img alt='7498.png' class='frame-2' height='2776' src='/datos/imagenes/disp/2013/73/03287_7498.png' width='2126'/>
</p>
<p class='imagen' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>
<img alt='7569.png' class='frame-2' height='2776' src='/datos/imagenes/disp/2013/73/03287_7569.png' width='2126'/>
</p>
<p class='anexo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>ANEXO II</p>
<p class='imagen' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>
<img alt='7642.png' class='frame-3' height='2702' src='/datos/imagenes/disp/2013/73/03287_7642.png' width='2099'/>
</p>
<p class='imagen' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>
<img alt='7713.png' class='frame-2' height='2776' src='/datos/imagenes/disp/2013/73/03287_7713.png' width='2126'/>
</p>
<p class='imagen' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>
<img alt='7784.png' class='frame-2' height='2776' src='/datos/imagenes/disp/2013/73/03287_7784.png' width='2126'/>
</p>
<p class='imagen' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>
<img alt='7857.png' class='frame-2' height='2776' src='/datos/imagenes/disp/2013/73/03287_7857.png' width='2126'/>
</p>
<p class='imagen' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>
<img alt='7929.png' class='frame-2' height='2776' src='/datos/imagenes/disp/2013/73/03287_7929.png' width='2126'/>
</p>
<p class='imagen' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>
<img alt='8004.png' class='frame-2' height='2776' src='/datos/imagenes/disp/2013/73/03287_8004.png' width='2126'/>
</p>
<p class='imagen' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>
<img alt='8079.png' class='frame-4' height='1675' src='/datos/imagenes/disp/2013/73/03287_8079.png' width='2126'/>
</p>
<p class='anexo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>ANEXO III</p>
<p class='imagen' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>
<img alt='8152.png' class='frame-5' height='1917' src='/datos/imagenes/disp/2013/73/03287_8152.png' width='2776'/>
</p>
<p class='imagen' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>
<img alt='8226.png' class='frame-6' height='1749' src='/datos/imagenes/disp/2013/73/03287_8226.png' width='2776'/>
</p>
<p class='anexo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>ANEXO IV</p>
<p class='imagen' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>
<img alt='8298.png' class='frame-3' height='2702' src='/datos/imagenes/disp/2013/73/03287_8298.png' width='2099'/>
</p>
<p class='anexo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>ANEXO V</p>
<p class='imagen' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>
<img alt='8369.png' class='frame-3' height='2702' src='/datos/imagenes/disp/2013/73/03287_8369.png' width='2098'/>
</p>
<p class='imagen' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>
<img alt='8441.png' class='frame-2' height='2776' src='/datos/imagenes/disp/2013/73/03287_8441.png' width='2126'/>
</p>
<p class='anexo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>ANEXO VI</p>
<p class='imagen' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>
<img alt='8512.png' class='frame-7' height='2696' src='/datos/imagenes/disp/2013/73/03287_8512.png' width='2097'/>
</p>
<p class='imagen' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>
<img alt='8583.png' class='frame-8' height='2038' src='/datos/imagenes/disp/2013/73/03287_8583.png' width='2776'/>
</p>
<p class='imagen' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>
<img alt='8656.png' class='frame-9' height='2008' src='/datos/imagenes/disp/2013/73/03287_8656.png' width='2776'/>
</p>
<p class='imagen' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>
<img alt='8728.png' class='frame-10' height='1995' src='/datos/imagenes/disp/2013/73/03287_8728.png' width='2776'/>
</p>
<p class='imagen' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>
<img alt='8800.png' class='frame-11' height='1997' src='/datos/imagenes/disp/2013/73/03287_8800.png' width='2776'/>
</p>
<p class='imagen' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>
<img alt='8872.png' class='frame-12' height='1985' src='/datos/imagenes/disp/2013/73/03287_8872.png' width='2776'/>
</p>
<p class='imagen' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>
<img alt='8945.png' class='frame-13' height='1989' src='/datos/imagenes/disp/2013/73/03287_8945.png' width='2776'/>
</p>
<p class='imagen' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>
<img alt='9017.png' class='frame-14' height='2010' src='/datos/imagenes/disp/2013/73/03287_9017.png' width='2776'/>
</p>
<p class='imagen' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>
<img alt='9088.png' class='frame-2' height='2776' src='/datos/imagenes/disp/2013/73/03287_9088.png' width='2126'/>
</p>
<p class='imagen' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>
<img alt='9160.png' class='frame-2' height='2776' src='/datos/imagenes/disp/2013/73/03287_9160.png' width='2126'/>
</p>
<p class='anexo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>ANEXO VII</p>
<p class='imagen' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>
<img alt='9232.png' class='frame-15' height='2702' src='/datos/imagenes/disp/2013/73/03287_9232.png' width='2107'/>
</p>
<p class='anexo' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>ANEXO VIII</p>
<p class='imagen' xmlns:xhtml='http://www.w3.org/1999/xhtml'>
<img alt='9303.png' class='frame-16' height='2553' src='/datos/imagenes/disp/2013/73/03287_9303.png' width='2126'/>
</p>
</texto>
</documento>
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Tue Mar 26 09:08:18 +0000 2013
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La regulación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se contiene fundamentalmente en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, y en el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo.
Los artículos 96 y 97 de la citada Ley 35/2006 regulan la obligación de declarar por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Conforme al apartado 1 del artículo 96, los contribuyentes están obligados a presentar y suscribir declaración por este impuesto, con los límites y condiciones que reglamentariamente se establezcan. No obstante, en los apartados 2 y 3 se excluye de la obligación de declarar a los contribuyentes cuyas rentas no superen las cuantías brutas anuales que, en función de su origen o fuente, se señalan en los mismos. Por su parte, el apartado 4 del citado artículo dispone que estarán obligados a declarar en todo caso los contribuyentes que tengan derecho a deducción por inversión en vivienda, por cuenta ahorro-empresa, por doble imposición internacional o que realicen aportaciones a patrimonios protegidos de las personas con discapacidad, planes de pensiones, planes de previsión asegurados o mutualidades de previsión social, planes de previsión social empresarial y seguros de dependencia que reduzcan la base imponible, en las condiciones que se establezcan reglamentariamente. A estos últimos efectos, el artículo 61 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas establece que la obligación de declarar a cargo de estos contribuyentes únicamente surgirá cuando los mismos ejerciten el derecho a la práctica de las correspondientes reducciones o deducciones.
Por lo que respecta a los contribuyentes obligados a declarar, el artículo 97 de la citada Ley 35/2006, dispone en su apartado 1 que estos, al tiempo de presentar su declaración, deberán determinar la deuda tributaria correspondiente e ingresarla en el lugar, forma y plazos determinados por el Ministro de Economía y Hacienda, estableciendo, además, en su apartado 2 que el ingreso del importe resultante de la autoliquidación se podrá fraccionar en la forma que reglamentariamente se determine. En este sentido, el apartado 2 del artículo 62 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas establece que, sin perjuicio de la posibilidad de aplazamiento o fraccionamiento del pago prevista en el artículo 65 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y desarrollada en los artículos 44 y siguientes del Reglamento General de Recaudación, aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, el ingreso del importe resultante de la autoliquidación se podrá fraccionar, sin interés ni recargo alguno, en dos partes: la primera, del 60 por 100 de su importe, en el momento de presentar la declaración, y la segunda del 40 por 100 restante, en el plazo que determine el Ministro de Economía y Hacienda, siendo necesario, para disfrutar de este beneficio, que la declaración se presente dentro del plazo establecido y que ésta no sea una autoliquidación complementaria.
Completa la regulación de esta materia el apartado 6 del artículo 97 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en el que se establece el procedimiento de suspensión del ingreso de la deuda tributaria entre cónyuges, sin intereses de demora. La regulación de la obligación de declarar se cierra, por último, con los apartados 5 y 6 del artículo 96 de la citada Ley 35/2006, de 28 de noviembre, y el apartado 5 del artículo 61 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en los que se dispone que la declaración se efectuará en la forma, plazos e impresos que establezca el Ministro de Economía y Hacienda, quien podrá aprobar la utilización de modalidades simplificadas o especiales de declaración y determinar los lugares de presentación de las mismas, los documentos y justificantes que deben acompañarlas, así como los supuestos y condiciones para la presentación de las declaraciones por medios telemáticos.
Por lo que atañe a los contribuyentes no obligados a declarar, aunque no les resulte exigible la presentación de una declaración con resultado a ingresar, sí están obligados, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 65 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, a la presentación de la correspondiente declaración, ya consista ésta en una autoliquidación o en el borrador de declaración debidamente suscrito o confirmado por el contribuyente, cuando soliciten la devolución derivada de la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que, en su caso, les corresponda, precisándose en el artículo 66.1 del citado Reglamento que en estos casos la liquidación provisional que pueda practicar la Administración tributaria, no podrá implicar a cargo del contribuyente no obligado a presentar declaración ninguna obligación distinta de la restitución de lo previamente devuelto más el interés de demora a que se refiere el artículo 26.6 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Para determinar el importe de la devolución que proceda realizar a estos contribuyentes, deben tenerse en cuenta, además de los pagos a cuenta efectuados, la deducción por maternidad que, en su caso, corresponda a cada uno de ellos. Por esta razón, no se estima necesario proceder a desarrollar el procedimiento de regularización de la situación tributaria a que se refiere el artículo 60.5.4.º del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en los supuestos en que el importe de la deducción por maternidad correspondiente a los contribuyentes no obligados a declarar sea superior al percibido de forma anticipada, ya que en estos casos la regularización que proceda, debe efectuarla el contribuyente en la correspondiente declaración por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. En caso contrario, es decir, cuando el importe de los pagos anticipados percibidos sea superior al de la deducción por maternidad, no es preciso que los contribuyentes no obligados a declarar procedan al suministro de información adicional a la realizada en la solicitud del abono anticipado de esta deducción y, en su caso, en la comunicación de variaciones que afecten a dicho abono anticipado, puesto que la Administración tributaria, al disponer de los antecedentes precisos y de los datos necesarios, procederá a efectuar de oficio la regularización que, en cada caso, proceda.
Por lo que respecta a la configuración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas como un impuesto cedido parcialmente a las Comunidades Autónomas, el 1 de enero de 2010 entraron en vigor, en virtud de lo establecido en la disposición final quinta de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, las nuevas competencias normativas atribuidas a las citadas Comunidades Autónomas en su artículo 46 y las modificaciones introducidas por la disposición final segunda de la misma en la normativa del impuesto para adecuarlo al nuevo porcentaje del 50 por ciento de participación de las Comunidades Autónomas en este impuesto.
El artículo 46 de la mencionada Ley 22/2009, de 18 de diciembre, con los requisitos y condiciones en el mismo establecidos, otorga a las Comunidades Autónomas competencias normativas sobre el importe del mínimo personal y familiar aplicable para el cálculo del gravamen autonómico; sobre la escala autonómica aplicable a la base liquidable general; sobre las deducciones en la cuota íntegra autonómica por circunstancias personales y familiares, por inversiones no empresariales, por aplicación de renta y por subvenciones y ayudas públicas no exentas que se perciban de la Comunidad Autónoma y sobre aumentos o disminuciones en los porcentajes de deducción por inversión en vivienda habitual, a que se refiere el apartado 2 del artículo 78 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Dicha normativa se encuentra disponible en la página web de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en la dirección electrónica http://www.agenciatributaria.es, dentro del portal correspondiente a la Campaña del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio 2012.
En relación con el Impuesto sobre el Patrimonio, tributo cedido a las Comunidades Autónomas en los términos establecidos en la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, así como en las normas reguladoras de la cesión de tributos del Estado a las Comunidades Autónomas, y cuya legislación básica se contiene en la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, debe recordarse que fue materialmente exigible hasta la entrada en vigor de la Ley 4/2008, de 23 de diciembre, por la que se suprime el gravamen del Impuesto sobre el Patrimonio, se generaliza el sistema de devolución mensual en el Impuesto sobre el Valor Añadido y se introducen otras modificaciones en la normativa tributaria, norma que, sin derogar el impuesto, eliminó la obligación efectiva de contribuir por el mismo con efectos desde el 1 de enero de 2008.
Posteriormente, el Real Decreto-ley 13/2011, de 16 de septiembre, por el que se restablece el Impuesto sobre el Patrimonio, reactivó la exigibilidad de dicho impuesto con carácter temporal y exclusivamente para los ejercicios 2011 y 2012, aunque sin introducir modificaciones sustanciales en la estructura del mismo. Para ello, dicho Real Decreto-ley suprimió la bonificación general del 100 por ciento de la cuota íntegra, que había sido introducida por la Ley 4/2008, anteriormente citada, y recuperó los elementos del tributo que fueron objeto de una eliminación técnica en su momento, entre los cuales se encuentran las obligaciones de presentar declaración, de practicar autoliquidación y de ingresar la deuda tributaria resultante de la misma. Al mismo tiempo, se elevaron considerablemente los importes de la exención parcial de la vivienda habitual y del mínimo exento, sin perjuicio de las competencias normativas que sobre esta última materia ostentan las Comunidades Autónomas.
Por lo que se refiere a la obligación de declarar, el artículo 37 de la Ley 19/1991, en la redacción dada por el Real Decreto-ley 13/2011, dispone que solo están obligados a presentar declaración del Impuesto sobre el Patrimonio los sujetos pasivos, tanto por obligación personal como por obligación real, cuya cuota tributaria, determinada de acuerdo con las normas reguladoras del Impuesto y una vez aplicadas las deducciones o bonificaciones que procedieren, resulte a ingresar. No obstante, los sujetos pasivos de dicho impuesto estarán también obligados a declarar cuando el valor de sus bienes y derechos, calculado según la normativa del mismo y sin computar a estos efectos las cargas, gravámenes, deudas u otras obligaciones personales, resulte superior a 2.000.000 de euros, aun cuando la cuota tributaria no resulte a ingresar. Por su parte, el artículo 38 de la citada Ley dispone que la declaración se efectuará en la forma, plazos y modelos que establezca el titular del Ministerio de Economía y Hacienda, que podrá establecer los supuestos y condiciones de presentación de las declaraciones por medios telemáticos.
Respecto de las competencias normativas de las Comunidades Autónomas de régimen común en este Impuesto, el alcance de las mismas se establece en el artículo 47 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, de acuerdo con el cual las Comunidades Autónomas de régimen común pueden asumir competencias normativas sobre el mínimo exento, el tipo de gravamen y las deducciones y bonificaciones de la cuota, que serán compatibles con las establecidas en la normativa estatal y no podrán suponer una modificación de las mismas. Por su parte, la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de Protección Patrimonial de las Personas con Discapacidad y de modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria con esta finalidad, establece en su disposición adicional segunda que las Comunidades Autónomas podrán declarar la exención en el Impuesto sobre el Patrimonio de los bienes y derechos integrantes del patrimonio protegido de las personas con discapacidad.
Haciendo uso de las competencias normativas atribuidas por la citada Ley 22/2009, las Comunidades Autónomas de régimen común han regulado, con efectos para el ejercicio 2012, las cuantías del mínimo exento, las escalas de tipos de gravamen o las bonificaciones de la cuota, a que se refieren los artículos 28.Uno, 30 y 33.Dos de la Ley 19/1991, de 6 de junio, que resultarán de aplicación a los sujetos pasivos del Impuesto sobre el Patrimonio residentes en sus respectivos territorios. Dicha normativa se encuentra disponible en la página web de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en la dirección electrónica http://www.agenciatributaria.es, dentro del portal correspondiente a la Campaña del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio 2012.
En cumplimiento de las habilitaciones normativas a que anteriormente se ha hecho referencia, se procede a la aprobación de los modelos de declaración de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el Patrimonio, que deben utilizar tanto los contribuyentes obligados a declarar en el ejercicio 2012 por uno, otro o ambos impuestos, como los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas no obligados a declarar que soliciten la devolución derivada de la normativa del citado tributo que, en su caso, les corresponda.
A este respecto, el modelo de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que se aprueba en la presente Orden da respuesta a lo establecido en el artículo 46.5 de la Ley 22/2009, de 18 diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, en cuya virtud los modelos de declaración por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas serán únicos, si bien en ellos deberán figurar debidamente diferenciados los aspectos autonómicos, con el fin de hacer visible el carácter cedido del impuesto.
Así, el modelo de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas aprobado deberá ser utilizado por todos los contribuyentes, cualquiera que sea la Comunidad Autónoma de régimen común en la que hayan tenido su residencia en el ejercicio 2012, tanto si resultan obligados a declarar como si no lo están y solicitan la devolución derivada de la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que, en su caso, les corresponda.
Las novedades más relevantes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al ejercicio 2012 reflejadas en el modelo de declaración aprobado en el Anexo I de la presente Orden tienen por objeto, en primer término, introducir en la página 2 un nuevo supuesto de declaración complementaria motivado por la modificación del apartado 3 del artículo 14 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ya que cuando el contribuyente traslade su residencia a otro Estado miembro de la Unión Europea, podrá optar por imputar las rentas pendientes al último periodo impositivo que deba declararse por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas mediante autoliquidación complementaria, sin sanción ni intereses de demora ni recargo alguno, o por presentar, a medida en que se vayan obteniendo cada una de las rentas pendientes de imputación, una autoliquidación complementaria sin sanción ni intereses de demora ni recargo alguno, correspondiente al último período que deba declararse por este Impuesto. Esta última autoliquidación complementaria se presentará en el plazo de declaración del período impositivo en el que hubiera correspondido imputar dichas rentas en caso de no haberse producido la pérdida de la condición de contribuyente.
En segundo lugar, se introduce en la página 5 del modelo de declaración una nueva casilla para los supuestos de transmisión de elementos patrimoniales que hayan gozado de la libertad de amortización prevista en la disposición adicional undécima o en la disposición transitoria trigésima séptima, ambas del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, ya que el exceso de amortización deducida respecto de la amortización deducible de no haberse practicado la mencionada libertad de amortización, tendrá la consideración de rendimiento íntegro de la actividad económica, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional trigésima de la Ley 35/2006, según la redacción dada por el artículo 2 del Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público.
En tercer lugar, como consecuencia de la posibilidad que tienen entre otros, los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que realicen actividades económicas de realizar una actualización de balances, prevista en la Ley 16/2012, de 27 de diciembre de 2012 por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica, se introduce una casilla para que el contribuyente indique si ha presentado la autoliquidación del Gravamen único sobre revalorización de activos para contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
En cuarto lugar, la exención prevista en la disposición adicional trigésima séptima de la Ley 35/2006, que ha sido añadida por la disposición final tercera de la Ley 8/2012, de 30 de octubre, sobre saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del sector financiero, obliga a introducir en la página 9 del modelo de declaración tres nuevas casillas para contemplar la exención parcial de las ganancias patrimoniales que se pongan de manifiesto con ocasión de la transmisión de inmuebles urbanos adquiridos a título oneroso a partir del 12 de mayo de 2012 y hasta el 31 de diciembre del mismo año.
En quinto lugar, la disposición final segunda del Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, añade una disposición adicional trigésima quinta en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, regulando el gravamen complementario a la cuota íntegra estatal para la reducción del déficit público en los ejercicios 2012 y 2013.
Como consecuencia de la aplicación de este gravamen complementario, en los periodos impositivos 2012 y 2013, la cuota íntegra estatal se incrementará en los importes fijados en la mencionada disposición adicional. Ello supone que, a las operaciones tradicionales de aplicar la escala de gravamen prevista en el artículo 63.1 a la base liquidable general y al importe del mínimo personal y familiar, haya que aplicar también la escala complementaria prevista en la disposición adicional trigésima quinta, tanto a la base liquidable general como al importe del mínimo personal y familiar, para obtener el incremento de la cuota consecuencia del mencionado gravamen complementario. El mismo razonamiento cabe aplicar a la base liquidable del ahorro, ya que la mencionada disposición adicional trigésima quinta también establece un gravamen complementario sobre el ahorro para los periodos impositivos 2012 y 2013.
También se ha suprimido la compensación fiscal por deducción en adquisición de vivienda habitual para viviendas adquiridas antes de 20 de enero de 2006 prevista en la letra c) de la disposición transitoria decimotercera de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25 apartado primero del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.
Por lo que se refiere a las deducciones por incentivos y estímulos a la inversión empresarial, en el Anexo A.3 del modelo de declaración se realiza la adaptación de las deducciones del régimen general previstas en el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades a los cambios aprobados en 2012, como por ejemplo, la reducción de los límites de deducción y la actualización de la normativa relativa a los regímenes especiales de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público que en el ejercicio 2012 dan derecho a tales deducciones. Por último, en los Anexos B.1, B.2, B.3 y B.4, relativos a las deducciones autonómicas, se han efectuado las necesarias modificaciones en el modelo de declaración para recoger las vigentes para el ejercicio 2012.
En la presente Orden también debe procederse a regular los procedimientos de obtención del borrador de declaración y su remisión o puesta a disposición por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, así como el procedimiento de modificación del borrador y el de confirmación o suscripción del mismo por el contribuyente.
En la regulación de estos extremos, destacar que la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude, ha modificado la redacción del apartado 1 del artículo 98 de la Ley 35/2006 reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, para actualizar el perfil del contribuyente destinatario del borrador de la declaración, de modo que la Orden ministerial anual que apruebe el modelo de declaración de cada ejercicio pueda ir adaptando aquel a las modificaciones normativas, de gestión del servicio, a la información disponible, etc., posibilitando un mayor grado de flexibilidad que permita extender progresivamente este servicio a un mayor número de contribuyentes sin necesidad de proceder para ello a continuas modificaciones de la norma legal reguladora del Impuesto.
Esta deslegalización de la delimitación del perfil de borrador se efectúa en el artículo 6 de la presente Orden ministerial, destacando como principales novedades respecto de ejercicios anteriores, la inclusión dentro del colectivo de contribuyentes a los que la Administración tributaria puede poner a disposición, a efectos meramente informativos, un borrador de declaración, de los contribuyentes que obtengan la renta básica de emancipación, de los contribuyentes que obtengan subvenciones, salvo las que tengan la consideración de rendimientos de actividades económicas, de los contribuyentes que obtengan pérdidas patrimoniales derivadas de la transmisión o el reembolso a título oneroso de acciones o participaciones representativas del capital o patrimonio de las instituciones de inversión colectiva, de los contribuyentes que deban declarar rendimientos procedentes de la imputación de rentas inmobiliarias siempre que procedan, como máximo, de ocho inmuebles, así como de los contribuyentes que obtengan rendimientos de capital mobiliario e inmobiliario a través de entidades en régimen de atribución de rentas, cuando estos hayan sido atribuidos a los socios, herederos, comuneros o participes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley reguladora del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas.
Por otro lado, los excelentes resultados obtenidos en la campaña de la renta del año precedente aconsejan mantener el mecanismo para la obtención del número de referencia para que el contribuyente pueda disponer del borrador o los datos fiscales desde el primer día de la campaña, sin esperar al envío por correo ordinario, así como la posibilidad de presentar telemáticamente la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas con el número de referencia del borrador o datos fiscales, sin necesidad de tener instalado en el navegador un sistema de firma electrónica, bien sea la incorporada al Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico o la basada en los certificados electrónicos. Estas medidas responden, por una parte, al objetivo de promover entre los contribuyentes la utilización de medios electrónicos o telemáticos en este ámbito y, por otra, para conseguir una mayor racionalidad y eficiencia en la gestión de los recursos materiales y humanos asignados al desarrollo de la campaña.
Con el propósito de seguir facilitando a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, en la presente Orden se procede a mantener en su integridad el procedimiento utilizado en anteriores campañas para la domiciliación bancaria en las entidades de crédito que actúen como colaboradoras en la gestión recaudatoria del pago de las deudas tributarias resultantes de determinadas declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. En concreto, la domiciliación bancaria sigue quedando reservada en el presente ejercicio únicamente a las declaraciones que se presenten por vía telemática, a las que se efectúen a través de los servicios de ayuda prestados en las oficinas de la Agencia Estatal de Administración Tributaria o las habilitadas a tal efecto por las Comunidades Autónomas, Ciudades con Estatuto de Autonomía y Entidades Locales y que se presenten telemáticamente a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, así como a los borradores de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas cuya confirmación o suscripción se realice por medios telemáticos, telefónicos o en las oficinas antes citadas.
Finalmente, con idéntico propósito de facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, se prevé la posibilidad de presentar la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y confirmar o suscribir el borrador de declaración en las oficinas de las Administraciones tributarias de las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía, en los términos previstos en los convenios de colaboración que se suscriban entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y dichas Administraciones tributarias para la implantación de sistemas de ventanilla única tributaria.
Por lo que se refiere a la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio, el modelo que se aprueba en la presente Orden reproduce la misma estructura de contenidos de la declaración del ejercicio 2011, manteniéndose la simplificación de los elementos formales encaminada a facilitar su tratamiento en los procesos informáticos relacionados con la generación de los ficheros electrónicos para la presentación telemática de las declaraciones y con la obtención de copias electrónicas de las mismas.
Todo ello teniendo en cuenta que, de acuerdo con la habilitación conferida al titular del Ministerio de Economía y Hacienda en el artículo 38 de la Ley 19/1991, reguladora del Impuesto, para establecer los supuestos y condiciones de presentación de las declaraciones por medios telemáticos, y atendiendo a la especial capacidad económica puesta de manifiesto por los sujetos pasivos obligados a declarar por este impuesto, en la presente Orden, del mismo modo que en el ejercicio 2011, se mantiene como forma de presentación exclusiva de las declaraciones del Impuesto sobre Patrimonio la presentación telemática a través de Internet y se permite que dicha presentación se pueda realizar, no sólo con sistemas de firma electrónica avanzada, ya sea la incorporada al Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico o la basada en certificados electrónicos, sino también mediante el empleo de otros sistemas de firma electrónica no avanzada como es la que utiliza como identificación del declarante el número de referencia del borrador o de los datos fiscales del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas puestos a disposición del contribuyente por la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Idénticas razones, justifican que, al igual que en el ejercicio 2011, los contribuyentes que presenten declaración por el Impuesto sobre Patrimonio también deban utilizar la vía telemática, o, en su caso, la vía telefónica, para la presentación de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o para la confirmación del borrador de la misma, según proceda.
Las habilitaciones al Ministro de Economía y Hacienda recogidas en este preámbulo deben entenderse realizadas al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas de acuerdo con la nueva estructura ministerial establecida por el Real Decreto 1823/2011, de 21 de diciembre, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales.
En su virtud, dispongo:
CAPÍTULO I
Obligación de declarar
Artículo 1. Obligación de declarar por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 96 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, y en el artículo 61 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, los contribuyentes estarán obligados a presentar y suscribir declaración por este Impuesto, con los límites y condiciones establecidos en dichos artículos.
2. No obstante, no tendrán que declarar los contribuyentes que hayan obtenido en el ejercicio 2012 rentas procedentes exclusivamente de las siguientes fuentes, en tributación individual o conjunta:
a) Rendimientos íntegros del trabajo con el límite general de 22.000 euros anuales cuando procedan de un solo pagador. Este límite también se aplicará cuando se trate de contribuyentes que perciban rendimientos procedentes de más de un pagador y concurra cualquiera de las dos situaciones siguientes:
1.ª Que la suma de las cantidades percibidas del segundo y restantes pagadores, por orden de cuantía, no superen en su conjunto la cantidad de 1.500 euros anuales.
2.ª Que sus únicos rendimientos del trabajo consistan en las prestaciones pasivas a que se refiere el artículo 17.2.a) de la Ley del Impuesto y la determinación del tipo de retención aplicable se hubiera realizado de acuerdo con el procedimiento especial regulado en el artículo 89.A) del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para los perceptores de este tipo de prestaciones.
b) Rendimientos íntegros del trabajo con el límite de 11.200 euros anuales, cuando:
1.º Procedan de más de un pagador, siempre que la suma de las cantidades percibidas del segundo y restantes pagadores, por orden de cuantía, superen en su conjunto la cantidad de 1.500 euros anuales.
2.º Se perciban pensiones compensatorias del cónyuge o anualidades por alimentos diferentes de las percibidas de los padres, en virtud de decisión judicial previstas en el artículo 7, letra k), de la Ley del Impuesto.
3.º El pagador de los rendimientos del trabajo no esté obligado a retener de acuerdo con lo previsto en el artículo 76 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
4.º Se perciban rendimientos íntegros del trabajo sujetos a tipo fijo de retención.
c) Rendimientos íntegros del capital mobiliario y ganancias patrimoniales sometidos a retención o ingreso a cuenta, con el límite conjunto de 1.600 euros anuales.
d) Rentas inmobiliarias imputadas en virtud del artículo 85 de la Ley del Impuesto, rendimientos íntegros del capital mobiliario no sujetos a retención derivados de Letras del Tesoro y subvenciones para la adquisición de viviendas de protección oficial o de precio tasado, con el límite conjunto de 1.000 euros anuales.
Tampoco tendrán que declarar los contribuyentes que obtengan exclusivamente rendimientos íntegros del trabajo, de capital o de actividades económicas, así como ganancias patrimoniales, con el límite conjunto de 1.000 euros anuales y pérdidas patrimoniales de cuantía inferior a 500 euros.
A efectos de la determinación de la obligación de declarar en los términos anteriormente relacionados, no se tendrán en cuenta las rentas exentas.
3. Estarán obligados a declarar los contribuyentes que tengan derecho a deducción por inversión en vivienda, por cuenta ahorro-empresa, por doble imposición internacional o que realicen aportaciones a patrimonios protegidos de las personas con discapacidad, planes de pensiones, planes de previsión asegurados o mutualidades de previsión social, planes de previsión social empresarial y seguros de dependencia que reduzcan la base imponible, cuando ejerciten tal derecho.
4. Sin perjuicio de lo anterior, la presentación de la declaración será necesaria, en todo caso, para solicitar y obtener devoluciones derivadas de la normativa del tributo. Tienen dicha consideración las que procedan por alguna de las siguientes razones:
a) Por razón de las retenciones, ingresos a cuenta y pagos fraccionados del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, correspondientes al ejercicio 2012.
b) Por razón de las cuotas del Impuesto sobre la Renta de no Residentes a que se refiere el párrafo d) del artículo 79 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
c) Por razón de la deducción por maternidad prevista en el artículo 81 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
5. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 66 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, a los contribuyentes no obligados a presentar declaración solo se les practicará la liquidación provisional a que se refiere el artículo 102 de la Ley del Impuesto, cuando los datos facilitados por el contribuyente al pagador de rendimientos del trabajo sean falsos, incorrectos o inexactos, y se hayan practicado, como consecuencia de ello, unas retenciones inferiores a las que habrían sido procedentes. Para la práctica de esta liquidación provisional sólo se computarán las retenciones efectivamente practicadas que se deriven de los datos facilitados por el contribuyente al pagador.
Igualmente, cuando los contribuyentes no obligados a presentar declaración soliciten la devolución que corresponda mediante la presentación de la oportuna autoliquidación o del borrador debidamente suscrito o confirmado, la liquidación provisional que pueda practicar la Administración tributaria no podrá implicar a cargo del contribuyente ninguna obligación distinta de la restitución de lo previamente devuelto más el interés de demora a que se refiere el artículo 26.6 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Artículo 2. Obligación de declarar por el Impuesto sobre el Patrimonio.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, estarán obligados a presentar declaración por este Impuesto, ya lo sean por obligación personal o por obligación real, los sujetos pasivos cuya cuota tributaria, determinada de acuerdo con las normas reguladoras del Impuesto y una vez aplicadas las deducciones o bonificaciones que procedieren, resulte a ingresar, o cuando, no dándose esta circunstancia, el valor de sus bienes o derechos, determinado de acuerdo con las normas reguladoras del impuesto, resulte superior a 2.000.000 de euros.
CAPÍTULO II
Modelos de declaración
Artículo 3. Aprobación del modelo de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
1. Se aprueba el modelo de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y los documentos de ingreso o devolución, consistentes en:
a) Declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Modelo D-100, que se reproduce en el Anexo I de la presente Orden, y que consta de dos ejemplares, uno para la Administración y otro para el contribuyente.
b) Documentos de ingreso o devolución, que se reproducen en el Anexo II de la presente Orden, con el siguiente detalle:
1.º Modelo 100. Documento de ingreso o devolución de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. El número de justificante que habrá de figurar en este documento será un número secuencial cuyos tres primeros dígitos se corresponderán con el código 100.
2.º Modelo 102. Documento de ingreso del segundo plazo de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. El número de justificante que habrá de figurar en este documento será un número secuencial cuyos tres primeros dígitos se corresponderán con el código 102.
2. Se aprueba el sobre de envío de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que figura en el Anexo III de la presente Orden.
3. Se aprueba el modelo para la presentación de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que se efectúen a través de los servicios de ayuda prestados en las oficinas de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en las de las Administraciones tributarias de las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía que hayan suscrito con la Agencia Estatal de Administración Tributaria un convenio de colaboración para la implantación de sistemas de ventanilla única tributaria, así como en las habilitadas por las restantes Comunidades Autónomas, Ciudades con Estatuto de Autonomía o Entidades Locales para la prestación del mencionado servicio de ayuda, consistente en:
Modelo 100. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Ejercicio 2012. Resumen de la declaración. Documento de ingreso o devolución.
Este modelo, que se reproduce en el Anexo IV, constará de dos ejemplares, uno para la Administración y otro para el contribuyente.
4. Serán válidas las declaraciones y sus correspondientes documentos de ingreso o devolución suscritos por el declarante que se presenten en los modelos que, ajustados a los contenidos de los modelos aprobados en este artículo, se generen exclusivamente mediante la utilización del módulo de impresión desarrollado a estos efectos por la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Los datos impresos en estas declaraciones y en sus correspondientes documentos de ingreso o devolución prevalecerán sobre las alteraciones o correcciones manuales que pudieran producirse sobre los mismos, por lo que éstas no producirán efectos ante la Administración tributaria.
Las mencionadas declaraciones deberán presentarse en el sobre de retorno «Programa de ayuda», aprobado en la Orden EHA/702/2006, de 9 de marzo, por la que se aprueban los modelos de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio, ejercicio 2005, se establecen el procedimiento de remisión del borrador de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y las condiciones para su confirmación o suscripción, se determinan el lugar, forma y plazos de presentación de los mismos, así como las condiciones generales y el procedimiento para su presentación por medios telemáticos o telefónicos.
Artículo 4. Aprobación del modelo de documento para la confirmación del borrador de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Se aprueba el «Modelo 100. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Ejercicio 2012. Confirmación del borrador de la declaración. Documento de ingreso o devolución», que figura como Anexo V de la presente Orden.
El número de justificante que debe figurar en este modelo será un número secuencial cuyos tres primeros dígitos se corresponderán con el código 101 si el resultado de la declaración es a ingresar, y con el código 103 si el resultado de la declaración es a devolver o negativo.
Artículo 5. Aprobación del modelo de declaración del Impuesto sobre el Patrimonio.
Se aprueban los modelos de declaración y de documento de ingreso del Impuesto sobre el Patrimonio a cuyos contenidos deberán ajustarse los ficheros electrónicos para la presentación telemática de las declaraciones de dicho Impuesto y las copias electrónicas de las mismas. Dichos modelos consisten en:
a) Modelo D-714. «Impuesto sobre el Patrimonio. Declaración. Ejercicio 2012», que se reproduce en el Anexo VI de la presente Orden.
b) Modelo 714. «Impuesto sobre el Patrimonio 2012. Documento de ingreso», que se reproduce en el Anexo VII de la presente Orden. El número de justificante que habrá de figurar en este documento será un número secuencial cuyos tres primeros dígitos se corresponderán con el código 714.
CAPÍTULO III
Borrador de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Artículo 6. Obtención del borrador de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
1. De acuerdo con lo establecido en el apartado 1 del artículo 98 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, los contribuyentes podrán obtener, a efectos meramente informativos, un borrador de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, siempre que obtengan rentas procedentes exclusivamente de las siguientes fuentes:
a) Rendimientos del trabajo.
b) Rendimientos del capital mobiliario sujetos a retención o ingreso a cuenta, así como los derivados de letras del Tesoro.
c) Ganancias patrimoniales sometidas a retención o ingreso a cuenta, la renta básica de emancipación así como las subvenciones para la adquisición de vivienda habitual y demás subvenciones, salvo las que tengan la consideración de rendimientos de actividades económicas.
d) Pérdidas patrimoniales derivadas de la transmisión o el reembolso a título oneroso de acciones o participaciones representativas del capital o patrimonio de las instituciones de inversión colectiva.
e) Imputación de rentas inmobiliarias siempre que procedan, como máximo, de ocho inmuebles.
f) Rendimientos de capital mobiliario e inmobiliario obtenidos por entidades en régimen de atribución de rentas, cuando estos hayan sido atribuidos a los socios, herederos, comuneros o participes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley reguladora del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas.
2. En el supuesto que, de los datos y antecedentes obrantes en poder de la Administración tributaria, se ponga de manifiesto el incumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos en el apartado anterior, así como cuando la Administración tributaria carezca de la información necesaria para la elaboración del borrador de declaración, en los términos establecidos en el apartado 2 del artículo 98 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la Administración tributaria pondrá a disposición del contribuyente los datos que puedan facilitar la confección de la declaración por el citado impuesto.
A estos efectos, los contribuyentes que deseen disponer de sus datos fiscales podrán obtenerlos, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3 de este artículo.
La falta de obtención o recepción de los datos fiscales no exonerará al contribuyente de su obligación de presentar declaración. En estos supuestos, la declaración deberá presentarse en el plazo, lugar y forma establecidos en la presente Orden.
3. Desde el 2 de abril de 2013, la Agencia Estatal de Administración Tributaria pondrá a disposición de los contribuyentes el borrador o datos fiscales de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas por medios telemáticos, a través de la Sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, a la que se puede acceder a través del portal de la Agencia Tributaria en Internet (www.agenciatributaria.es) o bien directamente en https://www.agenciatributaria.gob.es
Para obtener el número de referencia que les permita acceder por Internet a su borrador o datos fiscales, los contribuyentes deberán comunicar su Número de Identificación Fiscal (NIF), el importe de la casilla 620 de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al ejercicio 2011, «Base liquidable general sometida a gravamen», y el número del teléfono móvil en el que deseen recibir mediante SMS el número de referencia del borrador o de los datos fiscales. En el supuesto de obtención del borrador de declaración por la opción de tributación conjunta deberá hacerse constar también el Número de Identificación Fiscal (NIF) del cónyuge. Con dicho número los contribuyentes podrán acceder a sus datos fiscales y al borrador y, en su caso, confirmar este último, con o sin modificación.
A tal fin, la Agencia Estatal de Administración Tributaria adoptará las medidas de control precisas que permitan garantizar la identidad de la persona o personas que solicitan el número de referencia, así como, en su caso, la conservación de los datos comunicados.
Sin perjuicio de lo anterior, tratándose de contribuyentes que estuviesen suscritos al servicio de alertas a móviles de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la puesta a disposición del número de referencia del borrador o, en su defecto, de los datos fiscales también se llevará a cabo mediante mensaje SMS por el que se comunicará el número de referencia que le permita acceder a los mismos por Internet.
Asimismo a los contribuyentes abonados a la notificación electrónica se les remitirán los resultados de su borrador o, en su defecto, los datos fiscales a su dirección electrónica habilitada.
Los contribuyentes que dispongan de firma electrónica, podrán acceder directamente a su borrador o a los datos fiscales a través de la sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Internet, en la dirección electrónica «https://www.agenciatributaria.gob.es», en cuyo caso no será preciso hacer constar el importe de la citada casilla 620. En el supuesto de obtención del borrador de declaración por la opción de tributación conjunta será necesario también que disponga de firma electrónica el cónyuge.
La Agencia Estatal de Administración Tributaria remitirá, por correo ordinario, a partir del 6 de mayo de 2013, el borrador de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, o en su caso los datos fiscales, a aquellos contribuyentes que hubieran solicitado expresamente el envío por correo marcando la casilla correspondiente en su declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del ejercicio 2011, siempre que el borrador o los datos fiscales no se hubiesen obtenido con anterioridad por cualquiera de los medios telemáticos anteriormente citados.
4. En cualquier caso, la falta de obtención o recepción del borrador de declaración o de los datos fiscales no exonerará al contribuyente de su obligación de declarar. En estos supuestos, la declaración deberá presentarse en el plazo, lugar y forma establecidos en la presente Orden.
5. El borrador de declaración contendrá, al menos, los siguientes documentos:
a) El borrador de la declaración propiamente dicho y los datos fiscales que han servido de base para su cálculo.
b) El modelo 100 de confirmación del borrador de la declaración, documento de ingreso o devolución, a que se refiere el artículo 4.
6. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, en los supuestos en que de los datos y antecedentes obrantes en poder de la Agencia Estatal de Administración Tributaria se ponga de manifiesto la existencia de datos personales incompletos o la falta de datos personales o económicos necesarios para la elaboración completa del borrador de declaración, se pondrá a disposición del contribuyente o, en su caso, se le remitirá un borrador de declaración pendiente de modificar sin que, por tal motivo, se incorpore, además, el modelo 100 de confirmación del borrador de la declaración, documento de ingreso o devolución. En estos casos, el contribuyente podrá instar la modificación del borrador recibido en los términos establecidos en el artículo 7. En caso contrario, deberá proceder a la presentación de la correspondiente declaración.
También se pondrá a disposición o se remitirá un borrador no confirmable y, en consecuencia, sin el modelo 100 de confirmación del borrador de la declaración, documento de ingreso o devolución, a aquellos contribuyentes no obligados a declarar cuyo borrador arroje como resultado una cantidad a ingresar.
Artículo 7. Procedimiento de modificación del borrador de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 64.2 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el contribuyente podrá instar la modificación del borrador de declaración por este impuesto cuando considere que han de añadirse datos personales o económicos no incluidos en el mismo o advierta que contiene datos erróneos o inexactos. En ningún caso, la modificación del borrador de declaración podrá suponer la inclusión de rentas distintas de las enumeradas en el apartado 1 del artículo 6.
La solicitud de modificación del borrador de declaración, que determinará la elaboración por la Agencia Estatal de Administración Tributaria de un nuevo borrador de declaración con su correspondiente modelo de confirmación, documento de ingreso o devolución, podrá realizarse a través de alguna de las siguientes vías:
a) Por medios telemáticos, a través de la sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en la dirección electrónica «https://www.agenciatributaria.gob.es», haciendo constar el contribuyente su Número de Identificación Fiscal (NIF), el NIF del cónyuge en los supuestos de declaración conjunta formulada por ambos cónyuges, así como el número de referencia del borrador de declaración. En este caso, la Agencia Estatal de Administración Tributaria adoptará el correspondiente protocolo de seguridad que permita garantizar la identidad de los contribuyentes que efectúan la solicitud de modificación del borrador de declaración.
También podrá utilizarse esta vía mediante la firma electrónica incorporada al Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico o basada en los certificados electrónicos a que se refiere la letra b) del apartado 1 del artículo 18.
b) Por medios telefónicos, mediante llamada al número 901 200 345, comunicando el contribuyente su Número de Identificación Fiscal (NIF), el NIF del cónyuge en los supuestos de declaración conjunta formulada por ambos cónyuges, así como el número de referencia del borrador de declaración. A estos efectos, por la Agencia Estatal de Administración Tributaria se adoptarán las medidas de control precisas que permitan garantizar la identidad de los contribuyentes que efectúan la solicitud de modificación del borrador de declaración.
c) Mediante personación en cualquier Delegación o Administración de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, aportando, el contribuyente para acreditar su identidad, entre otros datos, su Número de Identificación Fiscal (NIF), el NIF del cónyuge en los supuestos de declaración conjunta formulada por ambos cónyuges, así como el número de referencia del borrador de declaración.
2. Asimismo, podrá solicitarse la modificación del borrador de la declaración en las oficinas de las Administraciones tributarias de las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía que hayan suscrito con la Agencia Estatal de Administración Tributaria un convenio de colaboración para la implantación del sistema de ventanilla única tributaria, en los términos previstos en dicho convenio.
3. El contribuyente podrá modificar directamente la asignación tributaria a la Iglesia Católica y/o la asignación de cantidades a fines sociales, así como los datos del identificador único de la cuenta a la que deba realizarse, en su caso, la devolución o se domicilie el ingreso (Código Cuenta Cliente) que a tal efecto figuren en el modelo de confirmación del borrador de la declaración, documento de ingreso o devolución, sin necesidad de instar la modificación del borrador en los términos comentados en el apartado 1 anterior de este mismo artículo.
4. Cuando el contribuyente considere que el borrador de declaración no refleja su situación tributaria a efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y no opte por instar la modificación de aquél en los términos establecidos en este artículo, deberá presentar la correspondiente declaración en el plazo, forma y lugar establecidos en esta Orden.
Artículo 8. Procedimiento de suscripción o confirmación del borrador de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 98 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, cuando el contribuyente considere que el borrador de la declaración refleja su situación tributaria a efectos de este impuesto podrá suscribirlo o confirmarlo, sin necesidad de adherir las etiquetas identificativas que suministra la Agencia Estatal de Administración Tributaria, teniendo el mismo, en este caso, la consideración de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas a todos los efectos.
La confirmación o suscripción del borrador de declaración por vía telemática o telefónica podrá efectuarse, cualquiera que sea su resultado, a ingresar, a devolver o negativo, a partir del 2 de abril y hasta el 1 de julio de 2013, ambos inclusive.
Si la confirmación o suscripción del borrador de declaración se efectúa por alguna de las restantes vías, cualquiera que sea su resultado, a ingresar, a devolver o negativo, el plazo para realizarlo será el comprendido entre el 6 de mayo y el 1 de julio de 2013, ambos inclusive.
En todo caso, si el resultado del borrador de declaración arroja una cantidad a ingresar y su pago se domicilia en cuenta en los términos establecidos en el artículo 16, la confirmación o suscripción del mismo no podrá realizarse con posterioridad al 26 de junio de 2013, salvo que se opte por domiciliar únicamente el segundo plazo, en cuyo caso la confirmación o suscripción podrá realizarse hasta el 1 de julio de 2013.
2. No podrán suscribir ni confirmar el borrador de declaración en los términos anteriormente comentados los contribuyentes que se encuentren en alguna de las situaciones siguientes:
a) Los contribuyentes que hubieran obtenido rentas exentas con progresividad en virtud de convenios para evitar la doble imposición suscritos por España.
b) Los contribuyentes que compensen partidas negativas de ejercicios anteriores.
c) Los contribuyentes que pretendan regularizar situaciones tributarias procedentes de declaraciones anteriormente presentadas.
d) Los contribuyentes que tengan derecho a la deducción por doble imposición internacional y ejerciten tal derecho.
3. Confirmación o suscripción del borrador de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas con resultado a ingresar, cuando el contribuyente no opte por la domiciliación bancaria en entidad colaboradora como medio de pago de la totalidad del importe resultante o, en su caso, del correspondiente al primer plazo.
En estos casos, la confirmación o suscripción del borrador de declaración, su presentación y la realización del ingreso se efectuarán por alguno de los siguientes medios:
a) Por medios telemáticos a través de Internet. En este caso, el contribuyente deberá tener instalado en el navegador el correspondiente sistema de firma electrónica, bien sea el incorporado al Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico o el basado en los certificados electrónicos a que se refiere la letra b) del apartado 1 del artículo 18. Tratándose de declaraciones conjuntas formuladas por ambos cónyuges, los dos deberán disponer de la correspondiente firma electrónica.
El procedimiento a seguir será el siguiente:
1.º El declarante deberá conectarse con la sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Internet, en la dirección electrónica «https://www.agenciatributaria.gob.es». A continuación, cumplimentará en el formulario correspondiente el identificador único de la cuenta (Código Cuenta Cliente) y, en su caso, las opciones de fraccionamiento del pago y domiciliación del segundo plazo.
2.º Una vez efectuado el ingreso en la entidad colaboradora, se procederá a la confirmación o suscripción del borrador y si la declaración es aceptada, la Agencia Estatal de Administración Tributaria devolverá en pantalla los datos del modelo de confirmación del borrador de la declaración, documento de ingreso o devolución, validado con un código seguro de verificación de 16 caracteres en el que constará, además de la fecha y hora de la presentación, el fraccionamiento del pago y, en su caso, la domiciliación del segundo plazo, que el contribuyente deberá imprimir y conservar.
No obstante, el contribuyente podrá obtener el Número de Referencia Competo (NRC) de la entidad colaboradora de forma directa, por vía telemática o bien acudiendo a sus oficinas, y proceder a la confirmación o suscripción del borrador, sin necesidad de firma electrónica, mediante la consignación del Número de Identificación Fiscal (NIF) del declarante, el NRC y del Número de referencia del borrador o de los datos fiscales previamente suministrados por la Agencia Estatal de Administración Tributaria. En el supuesto de declaración conjunta formulada por ambos cónyuges, deberá hacerse constar también el Número de Identificación Fiscal (NIF) del cónyuge.
b) En las oficinas de las entidades de crédito que actúen como colaboradoras en la gestión recaudatoria (Bancos, Cajas de Ahorro o Cooperativas de Crédito) sitas en territorio español, incluso cuando el ingreso se efectúe fuera del plazo establecido en el apartado 1 de este mismo artículo, mediante el modelo de confirmación del borrador de la declaración, documento de ingreso o devolución, debidamente suscrito por el contribuyente, o por los contribuyentes en el supuesto de declaración conjunta formulada por ambos cónyuges, en el que se deberá hacer constar, en su caso, el identificador único de la cuenta (Código Cuenta Cliente), así como las opciones de fraccionamiento del pago y domiciliación del segundo plazo.
c) En los cajeros automáticos, banca electrónica, banca telefónica o a través de cualquier otro sistema de banca no presencial, de aquellas entidades de crédito colaboradoras en la gestión recaudatoria que así lo hayan establecido, al amparo del correspondiente protocolo de seguridad. A estos efectos, el contribuyente deberá facilitar, entre otros datos, su Número de Identificación Fiscal (NIF), así como el número de justificante del modelo de confirmación del borrador de la declaración, documento de ingreso o devolución. En el supuesto de declaración conjunta formulada por ambos cónyuges, deberá comunicarse también el NIF del cónyuge.
En los casos señalados en las letras b) y c) anteriores, la entidad colaboradora entregará posteriormente al contribuyente justificante de la presentación e ingreso realizados, de acuerdo con las especificaciones recogidas en el Anexo VIII, que servirá como documento acreditativo tanto de la presentación e ingreso realizados como de las opciones de fraccionamiento del pago y domiciliación del segundo plazo, en su caso, realizadas por el contribuyente.
4. Confirmación o suscripción del borrador de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas con resultado a ingresar, cuando el contribuyente opte por la domiciliación bancaria en entidad colaboradora a que se refiere el artículo 16 como medio de pago del importe resultante o, en su caso, del correspondiente al primer plazo.
En estos casos, la confirmación o suscripción del borrador de declaración, su presentación y la realización del ingreso se efectuarán por alguno de los siguientes medios:
a) Por medios telemáticos a través de Internet. En este caso, el declarante deberá hacer constar, entre otros datos, su Número de Identificación Fiscal (NIF) y el número de referencia de su borrador. En el supuesto de declaración conjunta formulada por ambos cónyuges, deberá hacerse constar también el Número de Identificación Fiscal (NIF) del cónyuge. Alternativamente, podrá utilizarse esta vía mediante la firma electrónica incorporada al Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico o basada en los certificados electrónicos a que se refiere la letra b) del apartado 1 del artículo 18. Tratándose de declaración conjunta formulada por ambos cónyuges, los dos deberán disponer de firma electrónica.
El procedimiento a seguir será el siguiente:
1.º El declarante deberá conectarse con la sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Internet, en la dirección electrónica «https://www.agenciatributaria.gob.es». A continuación, cumplimentará el identificador único de la cuenta (Código Cuenta Cliente) y, en su caso, las opciones de fraccionamiento del pago y la domiciliación bancaria, en el formulario.
2.º Se procederá a la confirmación o suscripción del borrador y si la declaración es aceptada, la Agencia Estatal de Administración Tributaria devolverá en pantalla los datos del modelo de confirmación del borrador de la declaración, documento de ingreso o devolución, validado con un código seguro de verificación de 16 caracteres en el que constará, además de la fecha y hora de la presentación de la declaración, la orden de domiciliación efectuada y, en su caso, la opción de fraccionamiento de pago elegida por el contribuyente, que este deberá imprimir y conservar.
b) Por medios telefónicos, mediante llamada al número 901 200 345. A tal efecto, el contribuyente deberá comunicar, entre otros datos, su Número de Identificación Fiscal (NIF), el número de referencia del borrador de la declaración, así como el identificador único de la cuenta (Código Cuenta Cliente) en el que desee efectuar la citada domiciliación. En el supuesto de declaración conjunta formulada por ambos cónyuges, deberá comunicarse también el NIF del cónyuge. Realizada la presentación, la Agencia Estatal de Administración Tributaria devolverá el código justificante de su presentación. A estos efectos, por la Agencia Estatal de Administración Tributaria se adoptarán las medidas de control precisas que permitan garantizar la identidad de los contribuyentes que efectúan la comunicación y la suscripción o confirmación del borrador de declaración.
La Agencia Estatal de Administración Tributaria remitirá posteriormente al contribuyente el documento acreditativo correspondiente a la declaración presentada en el que constará la Orden de domiciliación efectuada y, en su caso, la opción de fraccionamiento de pago elegida por el contribuyente.
c) En las oficinas de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, así como en las oficinas habilitadas por las Comunidades Autónomas, Ciudades con Estatuto de Autonomía y Entidades Locales para la confirmación del borrador de declaración y su inmediata transmisión electrónica. A tal efecto, el contribuyente deberá presentar debidamente suscrito el modelo de confirmación del borrador de la declaración, documento de ingreso o devolución, en el que constarán los datos relativos a la Orden de domiciliación bancaria en entidad colaboradora del importe resultante o, en su caso, del correspondiente al primer plazo.
Al contribuyente se le entregará su ejemplar del «Modelo 100. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Ejercicio 2012. Confirmación del borrador de la declaración. Documento de ingreso o devolución», debidamente sellado como justificante de la presentación realizada.
5. Confirmación o suscripción del borrador de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas con resultado a devolver o negativo.
En estos casos, la confirmación o suscripción del borrador de declaración, su presentación, así como la solicitud de la devolución o, en su caso, la renuncia a la misma se efectuará por alguno de los siguientes medios:
a) Por vía telemática a través de los siguientes medios:
1.º Por Internet, a través de la sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en la dirección electrónica «https://www.agenciatributaria.gob.es», haciendo constar el contribuyente, entre otros datos, su Número de Identificación Fiscal (NIF) y el número de referencia de su borrador. En el supuesto de declaración conjunta formulada por ambos cónyuges, deberá hacerse constar también el Número de Identificación Fiscal (NIF) del cónyuge. Alternativamente, podrá utilizarse esta vía mediante la utilización de sistemas de firma electrónica incorporados al Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico o basados en los certificados electrónicos a que se refiere la letra b) del apartado 1 del artículo 18. Tratándose de declaración conjunta formulada por ambos cónyuges, los dos deberán disponer de firma electrónica.
Se procederá a la confirmación o suscripción del borrador y si la declaración es aceptada, la Agencia Estatal de Administración Tributaria devolverá en pantalla los datos del modelo de confirmación del borrador de la declaración, documento de ingreso o devolución, validado con un código seguro de verificación de 16 caracteres, además de la fecha y hora de presentación, que el contribuyente deberá imprimir y conservar.
2.º Mediante mensaje SMS dirigido a tal efecto a la Agencia Estatal de Administración Tributaria. El contribuyente hará constar, entre otros datos, su Número de Identificación Fiscal (NIF) y el número de justificante del modelo de confirmación del borrador de la declaración, documento de ingreso o devolución. En el supuesto de declaración conjunta formulada por ambos cónyuges, deberá comunicarse también el NIF del cónyuge.
La Agencia Estatal de Administración Tributaria devolverá un mensaje SMS al contribuyente, aceptando la confirmación del borrador de la declaración efectuada junto con un código seguro de verificación de 16 caracteres que deberá conservar. La Agencia Estatal de Administración Tributaria remitirá posteriormente al contribuyente el documento acreditativo de la declaración presentada.
En caso de no aceptarse la confirmación, la Agencia Estatal de Administración Tributaria enviará un mensaje SMS al contribuyente comunicando dicha circunstancia e indicando el error que haya existido.
No se podrá utilizar este medio para confirmar aquellos borradores de declaración cuyo resultado sea a devolver y el contribuyente renuncie a la devolución a favor del Tesoro Público.
b) En cualquier oficina sita en territorio español de la entidad de crédito que actúe como colaboradora en la gestión recaudatoria en la que se desee recibir el importe de la devolución. En estos supuestos, deberá presentarse el modelo de confirmación del borrador de la declaración, documento de ingreso o devolución, debidamente suscrito por el contribuyente o contribuyentes en el supuesto de declaración conjunta formulada por ambos cónyuges.
c) En los cajeros automáticos, banca electrónica, banca telefónica o a través de cualquier otro sistema de banca no presencial, de aquellas entidades de crédito colaboradoras en la gestión recaudatoria que así lo hayan establecido, en la que se desee recibir el importe de la devolución, al amparo del correspondiente protocolo de seguridad. A tal efecto, el contribuyente deberá hacer constar, entre otros datos, su Número de Identificación Fiscal (NIF), así como el número de justificante del modelo de confirmación del borrador de la declaración, documento de ingreso o devolución. En el supuesto de declaración conjunta formulada por ambos cónyuges, deberá hacerse constar también el NIF del cónyuge.
En los casos señalados en los párrafos b) y c) anteriores, la entidad colaboradora entregará al contribuyente justificante de la presentación de la declaración, de acuerdo con las especificaciones que correspondan de las recogidas en el Anexo VIII de esta Orden, que servirá como documento acreditativo de dicha operación.
No obstante lo anterior, no podrán utilizarse los medios a que se refieren los párrafos b) y c) para la confirmación del borrador de la declaración en aquellos supuestos en que el resultado de la declaración sea negativo o cuando el contribuyente renuncie a la devolución.
d) Por medios telefónicos, mediante llamada al número 901 200 345 o 901 121 224, comunicando el contribuyente, entre otros datos, su Número de Identificación Fiscal (NIF) y el número de referencia del borrador de la declaración o, en su caso, el número de justificante del mismo. En el supuesto de declaración conjunta formulada por ambos cónyuges, deberá comunicarse también el NIF del cónyuge. Realizada la presentación, la Agencia Estatal de Administración Tributaria devolverá el código justificante de su presentación. A estos efectos, por la Agencia Estatal de Administración Tributaria se adoptarán las medidas de control precisas que permitan garantizar la identidad de los contribuyentes que efectúan la comunicación y la confirmación del borrador de declaración.
La Agencia Estatal de Administración Tributaria remitirá posteriormente al contribuyente el documento acreditativo de la declaración presentada.
e) En cualquier oficina de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, así como en las oficinas habilitadas por las Comunidades Autónomas, Ciudades con Estatuto de Autonomía y Entidades Locales para la confirmación del borrador de declaración y su inmediata transmisión electrónica. En estos supuestos, el contribuyente deberá presentar debidamente suscrito el modelo de confirmación del borrador de declaración, documento de ingreso o devolución.
f) En las oficinas de las Administraciones tributarias de las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía que hayan suscrito con la Agencia Estatal de Administración Tributaria un convenio de colaboración para la implantación de sistemas de ventanilla única tributaria, en los términos previstos en dicho convenio.
En los casos señalados en las letras e) y f) anteriores se entregará al contribuyente su ejemplar del «Modelo 100. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Ejercicio 2012. Confirmación del borrador de la declaración. Documento de ingreso o devolución», debidamente sellado como justificante de la presentación realizada.
6. Al suscribir o confirmar el borrador de declaración, salvo en los supuestos en que dicha suscripción o confirmación se efectúe en las oficinas de las entidades de crédito, a través de banca no presencial, por SMS o mediante llamada al 901 121 224, los contribuyentes podrán manifestar su opción por la asignación tributaria a la Iglesia Católica, por la asignación de cantidades a fines sociales, por ambas asignaciones o por ninguna de ellas o, en su caso, modificar las que a tal efecto figuren en el borrador de la declaración, sin necesidad de instar el procedimiento de modificación del borrador de declaración regulado en el artículo 7.
Asimismo, en los supuestos contemplados en el apartado 4 y en las letras a.1.º), b), c), d), e) y f) del apartado 5 del presente artículo, los contribuyentes, al suscribir o confirmar el borrador de declaración, podrán aportar los datos del identificador único de la cuenta a la que debe realizarse la devolución o se domicilie el ingreso (Código Cuenta Cliente) o, en su caso, modificar los que a tal efecto figuren en el modelo de confirmación del borrador de la declaración, documento de ingreso o devolución, sin necesidad de instar el procedimiento de modificación del borrador de declaración regulado en el artículo 7. No obstante, la modificación por medios telefónicos del código cuenta cliente sólo será posible mediante llamada al 901 200 345.
7. Los contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que tengan su residencia habitual en el extranjero y aquellos que se encuentren fuera del territorio nacional durante los plazos a que se refiere el artículo 9 de esta Orden, podrán confirmar el borrador de declaración así como, en su caso, realizar el ingreso o solicitar la devolución por los medios no presenciales a que se refieren las letras a) y c) del apartado 3; a) del apartado 4 y a) y c) del apartado 5 de este artículo.
CAPÍTULO IV
Plazo de presentación de las declaraciones
Artículo 9. Plazo de presentación de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio.
1. El plazo de presentación de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, cualquiera que sea el resultado de las mismas, será el siguiente:
a) El comprendido entre los días 24 de abril y 1 de julio de 2013, ambos inclusive, si la presentación de la declaración se efectúa por vía telemática a través de Internet.
b) El comprendido entre los días 6 de mayo y 1 de julio de 2013, ambos inclusive, si la presentación de la declaración se efectúa por cualquier otro medio.
2. Lo dispuesto en el apartado anterior se entenderá sin perjuicio del plazo de confirmación del borrador de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas establecido en el artículo 8 y del plazo específicamente establecido en el artículo 16.3 para la domiciliación bancaria del pago de las deudas tributarias resultantes de las mismas.
3. El plazo de presentación de las declaraciones del Impuesto sobre el Patrimonio será el comprendido entre los días 24 de abril y 1 de julio de 2013, ambos inclusive, sin perjuicio del plazo específicamente establecido en el artículo 16.3 para la domiciliación bancaria del pago de las deudas tributarias resultantes de las mismas.
CAPÍTULO V
Forma y lugar de presentación de las declaraciones
Artículo 10. Forma de presentación de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
1. Las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, así como el correspondiente documento de ingreso o devolución, se presentarán con arreglo al modelo aprobado en el artículo 3 de esta Orden, incluso el generado informáticamente mediante la utilización del módulo de impresión desarrollado por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, firmado por el declarante y debidamente cumplimentados todos los datos que le afecten de los recogidos en el mismo.
En el caso de declaración conjunta por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ya consista ésta en una autoliquidación o en el borrador de declaración debidamente suscrito o confirmado, será presentada por los miembros de la unidad familiar mayores de edad que actuarán en representación de los menores y de los mayores incapacitados judicialmente integrados en ella, en los términos del artículo 45 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
2. Las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que, en su caso, se efectúen a través de los servicios de ayuda prestados en las oficinas de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, sea cual sea su resultado, podrán presentarse, a opción del contribuyente, en dicho acto en las citadas oficinas para su inmediata transmisión electrónica a la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
No obstante lo anterior, tratándose de declaraciones cuyo resultado sea una cantidad a ingresar, la admisión de su presentación estará condicionada a que el contribuyente proceda en dicho acto a la domiciliación bancaria de la totalidad del ingreso resultante o del primer plazo, en las que el contribuyente ha optado por el fraccionamiento del pago, en los términos establecidos en el artículo 16.
También podrán presentarse de esta forma y con arreglo a lo dispuesto en el párrafo anterior las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de cónyuges no separados legalmente en las que uno de ellos solicite la suspensión del ingreso y el otro manifieste la renuncia al cobro de la devolución, cualquiera que sea el resultado final de sus declaraciones, a ingresar, a devolver o negativo.
A tal efecto, una vez confeccionada la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se entregarán al contribuyente impresos el ejemplar para el interesado de su declaración, así como dos ejemplares, para la Administración y para el interesado, del resumen de la declaración-documento de ingreso o devolución, ajustado al modelo 100 aprobado en el apartado 3 del artículo 3.
La entrega en las citadas oficinas del ejemplar para la Administración del modelo 100, resumen de la declaración-documento de ingreso o devolución, debidamente firmado por el contribuyente y en el que constarán los datos relativos a la domiciliación del ingreso y, en caso de fraccionamiento, las opciones de pago del segundo plazo o, en su caso, los correspondientes a la solicitud de la devolución por transferencia o renuncia a la misma, tendrá la consideración de presentación de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas a todos los efectos.
A continuación, se entregará al contribuyente la declaración aceptada así como el documento de ingreso o devolución, modelo 100, en los que se dejará constancia de la transmisión de la declaración a través de la Intranet de la Agencia Estatal de Administración Tributaria mediante un código seguro de verificación de 16 caracteres.
Este procedimiento podrá ser igualmente aplicable a las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas efectuadas en las oficinas habilitadas por las Comunidades Autónomas, Ciudades con Estatuto de Autonomía y Entidades Locales, para la prestación del mencionado servicio de ayuda y que se presenten en las mismas para su inmediata transmisión electrónica a la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
También se aplicará este procedimiento a las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas efectuadas en las oficinas de las Administraciones tributarias de las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía que hayan suscrito con la Agencia Estatal de Administración Tributaria un convenio de colaboración para la implantación de sistemas de ventanilla única tributaria, en los términos previstos en dicho convenio.
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, los contribuyentes que presenten declaración por el Impuesto sobre el Patrimonio, estarán obligados a utilizar la vía telemática a través de Internet para la presentación de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, debiendo asimismo utilizar la vía telemática o la vía telefónica para confirmar o suscribir, en su caso, el borrador de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 8.
4. En todo caso, los contribuyentes que, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 16/2012 de 27 de diciembre de 2012 por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica se acojan a la actualización de balances deberán presentar conjuntamente por vía telemática a través de Internet la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y la autoliquidación del Gravamen único sobre revalorización de activos para sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Artículo 11. Utilización de las etiquetas identificativas en las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
1. Las etiquetas identificativas suministradas por la Agencia Estatal de Administración Tributaria únicamente deberán adherirse, en los espacios reservados al efecto, en las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que se confeccionen manualmente en el impreso oficialmente aprobado en la presente Orden, así como en las que se generen por medios informáticos sin utilizar el módulo de impresión desarrollado por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, y que se presenten en entidades colaboradoras (Bancos, Cajas de Ahorro o Cooperativas de Crédito).
En estos casos, cuando no se disponga de etiquetas identificativas, deberá consignarse el Número de Identificación Fiscal (NIF) en el espacio reservado al efecto, acompañando a los «Ejemplares para la Administración» fotocopia del documento acreditativo de dicho número. En el caso de declaración conjunta por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente a una unidad familiar integrada por ambos cónyuges, cada uno de ellos deberá adherir sus correspondientes etiquetas identificativas en los espacios reservados al efecto. Si alguno de los cónyuges o ambos carecen de etiquetas identificativas, deberán consignar el respectivo Número de Identificación Fiscal (NIF), en los espacios reservados al efecto, acompañando a los «Ejemplares para la Administración» fotocopia o fotocopias del respectivo documento acreditativo de dicho número.
2. No obstante, no será preciso adjuntar fotocopia del documento acreditativo del Número de Identificación Fiscal (NIF) cuando se trate de declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas confeccionadas manualmente en el impreso oficialmente aprobado en la presente Orden o generadas por medios informáticos sin utilizar el módulo de impresión desarrollado por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, que resulten a devolver, con solicitud de devolución o renuncia a la misma, o negativas, que se presenten personalmente, previa acreditación suficiente de la identidad del declarante o declarantes, en las oficinas de la Agencia Estatal de Administración Tributaria o en las oficinas de las Administraciones tributarias de las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía que hayan suscrito con la Agencia Estatal de Administración Tributaria un convenio de colaboración para la implantación de sistemas de ventanilla única tributaria.
Artículo 12. Documentación adicional que debe acompañar a la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
1. Los contribuyentes a quienes sea de aplicación la imputación de rentas en el régimen de transparencia fiscal internacional a que se refiere el artículo 91 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, deberán presentar conjuntamente con la declaración de dicho impuesto los siguientes datos relativos a la entidad no residente en territorio español:
a) Nombre o razón social y lugar del domicilio social.
b) Relación de administradores.
c) Balance y cuenta de pérdidas y ganancias.
d) Importe de las rentas positivas que deban ser imputadas.
e) Justificación de los Impuestos satisfechos respecto de la renta positiva que deba ser imputada.
2. Los contribuyentes que, al amparo de lo establecido en el apartado 11 del artículo 27 de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, hayan efectuado en el período impositivo inversiones anticipadas de futuras dotaciones a la reserva para inversiones en Canarias, deberán presentar conjuntamente con la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas comunicación de la citada materialización y su sistema de financiación.
3. Los contribuyentes que soliciten la devolución mediante cheque nominativo del Banco de España, al amparo de lo dispuesto en el artículo 14.2.b) de esta Orden, deberán presentar conjuntamente con la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas escrito conteniendo dicha solicitud.
4. Los citados documentos o escritos y, en general, cualesquiera otros no contemplados expresamente en los propios modelos de declaración que deban acompañarse a ésta podrán presentarse junto a la misma en su correspondiente sobre de envío. También podrán presentarse en forma de documentos electrónicos a través del registro electrónico de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de acuerdo con la Resolución de 28 de diciembre de 2009, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se crea la sede electrónica y se regulan los registros electrónicos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
La utilización del registro electrónico general mencionado tendrá carácter obligatorio en aquellos supuestos en los que el contribuyente efectúe la presentación de su declaración por vía telemática.
Artículo 13. Forma de presentación de las declaraciones del Impuesto sobre el Patrimonio.
La declaración del Impuesto sobre el Patrimonio se presentará de forma obligatoria por vía telemática a través de Internet, con arreglo a las condiciones y al procedimiento establecidos en los artículos 18 y 19 de esta Orden.
Artículo 14. Lugar de presentación e ingreso de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
1. Los contribuyentes obligados a declarar por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas deberán determinar la deuda tributaria que corresponda por este Impuesto e ingresar, en su caso, el importe resultante en el Tesoro Público al tiempo de presentar las respectivas declaraciones. Todo ello, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 15 y 16 para los casos de fraccionamiento y domiciliación del pago resultante de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, así como para los supuestos de solicitud de suspensión del ingreso de la deuda tributaria, sin intereses de demora, realizada por el contribuyente casado y no separado legalmente con cargo a la devolución resultante de su cónyuge.
2. Sin perjuicio de la presentación por vía telemática a que se refieren los artículos 17 y siguientes de esta Orden, las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas deberán presentarse, en función de su resultado, en el lugar que corresponda de los siguientes:
a) Declaraciones cuyo resultado sea una cantidad a ingresar. La presentación y realización del ingreso resultante de estas declaraciones deberán efectuarse en las entidades de crédito que actúan como colaboradoras en la gestión recaudatoria (Bancos, Cajas de Ahorro o Cooperativas de Crédito) sitas en territorio español, incluso cuando el ingreso se efectúe fuera de los plazos establecidos en el artículo 9. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4 de este artículo.
Las declaraciones a ingresar efectuadas a través de los servicios de ayuda prestados en las oficinas de la Agencia Estatal de Administración Tributaria o en las habilitadas a tal efecto por las Comunidades Autónomas, Ciudades con Estatuto de Autonomía y Entidades Locales podrán presentarse directamente en las citadas oficinas para su inmediata transmisión electrónica, siempre que el contribuyente hubiera procedido, en los términos establecidos en el artículo 16, a la domiciliación del ingreso resultante o del primer plazo, si se trata de declaraciones en las que este hubiese optado por el fraccionamiento del pago.
b) Declaraciones cuyo resultado sea una cantidad a devolver con solicitud de devolución. La presentación de las mencionadas declaraciones se podrá efectuar en cualquier Delegación o Administración de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, así como en cualquier oficina sita en territorio español de la entidad colaboradora en la que se desee recibir el importe de la devolución, incluso en este último supuesto, aunque la presentación se efectúe fuera de los plazos establecidos en el artículo 9. En ambos casos, se deberá hacer constar el identificador único (Código Cuenta Cliente) de la cuenta del declarante titular de la misma, a la que deba realizarse la transferencia. También podrán presentarse estas declaraciones en las oficinas habilitadas por las Comunidades Autónomas, Ciudades con Estatuto de Autonomía y Entidades Locales, para la confección de declaraciones mediante el Programa de Ayuda desarrollado por la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
No obstante lo anterior, cuando el contribuyente solicite la devolución por transferencia bancaria en una cuenta abierta en entidad de crédito que no actúe como colaboradora en la gestión recaudatoria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la declaración deberá ser presentada en las oficinas de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
En el supuesto de que el contribuyente no tenga cuenta abierta en entidad de crédito o concurra alguna otra circunstancia que lo justifique, se hará constar dicho extremo adjuntando a la declaración escrito dirigido al titular de la Delegación o Administración de la Agencia Estatal de Administración Tributaria que corresponda, quien, a la vista del mismo y previas las pertinentes comprobaciones, podrá ordenar la realización de la devolución que proceda mediante la emisión de cheque nominativo del Banco de España.
Asimismo, se podrá ordenar la realización de la devolución mediante la emisión de cheque cruzado o nominativo del Banco de España cuando ésta no pueda realizarse mediante transferencia bancaria.
c) Declaraciones negativas y declaraciones en las que se renuncie a la devolución en favor del Tesoro Público. Estas declaraciones se presentarán, bien directamente ante cualquier Delegación o Administración de la Agencia Estatal de Administración Tributaria o por correo certificado dirigido a la Delegación o Administración de la Agencia Estatal de Administración Tributaria correspondiente al domicilio fiscal del contribuyente.
También podrán presentarse estas declaraciones en las oficinas habilitadas por las Comunidades Autónomas, Ciudades con Estatuto de Autonomía y Entidades Locales, para la confección de declaraciones mediante el Programa de Ayuda desarrollado por la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
d) Declaraciones de cónyuges no separados legalmente en las que, al amparo de lo dispuesto en el artículo 97.6 de la Ley del Impuesto, uno de ellos solicite la suspensión del ingreso y el otro manifieste la renuncia al cobro de la devolución. Las declaraciones correspondientes a ambos cónyuges deberán presentarse de forma simultánea y conjuntamente en el lugar que corresponda de los mencionados en los párrafos a) y b) anteriores en función de que el resultado final de sus declaraciones como consecuencia de la aplicación del mencionado procedimiento sea a ingresar o a devolver. Si el resultado final de las mencionadas declaraciones fuera negativo, ambas se presentarán en los lugares indicados en el párrafo c) anterior.
3. También podrá efectuarse la presentación de la declaración en las oficinas de las Administraciones tributarias de las Comunidades Autónomas que hayan suscrito con la Agencia Estatal de Administración Tributaria un convenio de colaboración para la implantación de sistemas de ventanilla única tributaria, en los términos previstos en dicho convenio.
4. Los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que tengan su residencia habitual en el extranjero y aquellos que se encuentren fuera del territorio nacional durante los plazos a que se refiere el artículo 9 de esta Orden podrán presentar su declaración y, en su caso, realizar el ingreso o solicitar la devolución por vía telemática en los términos, condiciones y con arreglo al procedimiento regulados en los artículos 17 y siguientes.
En el supuesto de declaraciones a devolver con renuncia a la devolución o negativas, las mismas podrán enviarse por correo certificado dirigido a la última Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en cuya demarcación tuvieron o tengan su residencia habitual.
5. Los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que se encuentren acogidos al sistema de cuenta corriente en materia tributaria regulado en los artículos 138 a 143 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, presentarán su declaración de acuerdo con las reglas previstas en el apartado sexto de la Orden de 30 de septiembre de 1999, por la que se aprueba el modelo de solicitud de inclusión en el sistema de cuenta corriente en materia tributaria, se establece el lugar de presentación de las declaraciones tributarias que generen deudas o créditos que deban anotarse en dicha cuenta corriente tributaria y se desarrolla lo dispuesto en el Real Decreto 1108/1999, de 25 de junio, por el que se regula el sistema de cuenta corriente en materia tributaria.
CAPÍTULO VI
Especialidades en el pago de las deudas tributarias resultantes
Artículo 15. Fraccionamiento del pago resultante de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62.2 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y sin perjuicio de la posibilidad de aplazamiento o fraccionamiento del pago prevista en el artículo 65 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y desarrollado en los artículos 44 y siguientes del Reglamento General de Recaudación, aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, los contribuyentes podrán fraccionar, sin interés ni recargo alguno, el importe de la deuda tributaria resultante de su declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ya consista ésta en una autoliquidación o en el borrador de declaración debidamente suscrito o confirmado, en dos partes: la primera, del 60 por 100 de su importe, en el momento de presentar la declaración, y la segunda, del 40 por 100 restante, hasta el 5 de noviembre de 2013, inclusive.
En todo caso, para disfrutar de este beneficio será necesario que el borrador de la declaración debidamente suscrito o confirmado o la autoliquidación se presenten dentro de los plazos establecidos, respectivamente, en los artículos 8.1 y 9 de esta Orden. No podrá fraccionarse, según el procedimiento establecido en este artículo, el ingreso de las autoliquidaciones complementarias.
En los supuestos en que, al amparo de lo establecido en el artículo 97.6 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la solicitud de suspensión del ingreso de la deuda tributaria resultante de la declaración realizada por un cónyuge no alcance la totalidad de dicho importe, el resto de la deuda tributaria podrá fraccionarse en los términos establecidos en los párrafos anteriores.
Artículo 16. Pago de la deuda tributaria resultante de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio mediante domiciliación bancaria.
1. Los contribuyentes que opten por fraccionar el pago de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas podrán utilizar como medio de pago del 40 por 100 correspondiente al segundo plazo la domiciliación bancaria en la entidad de crédito que actúe como colaboradora en la gestión recaudatoria en la que efectúen el ingreso del primer plazo.
Los contribuyentes que, al fraccionar el pago, no deseen domiciliar el segundo plazo en entidad colaboradora, deberán efectuar el ingreso de dicho plazo por vía telemática o directamente en cualquier oficina situada en territorio español de estas entidades (Bancos, Cajas de Ahorro o Cooperativas de Crédito) hasta el día 5 de noviembre de 2013, inclusive, mediante el modelo 102.
2. Sin perjuicio de lo anterior, los contribuyentes que efectúen la presentación telemática de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio o cuyas declaraciones por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se realicen a través de los servicios de ayuda prestados en las oficinas de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en las de las Administraciones tributarias de las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía que hayan suscrito con la Agencia Estatal de Administración Tributaria un convenio de colaboración para la implantación de sistemas de ventanilla única tributaria, y en las habilitadas a tal efecto por las restantes Comunidades Autónomas, Ciudades con Estatuto de Autonomía y Entidades Locales, para su inmediata transmisión electrónica, así como los que efectúen la confirmación o suscripción del borrador de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas por medios telemáticos, telefónicos o en las oficinas antes citadas, podrán utilizar como medio de pago de las deudas tributarias resultantes de las mismas la domiciliación bancaria en la entidad de crédito que actúe como colaboradora en la gestión recaudatoria (Banco, Caja de Ahorro o Cooperativa de Crédito) sita en territorio español en la que se encuentre abierta a su nombre la cuenta en la que se domicilia el pago.
En el supuesto de que el contribuyente opte por el fraccionamiento del pago del ingreso resultante de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y por la domiciliación, tanto del primero como del segundo plazo, esta última deberá efectuarse en la misma entidad y cuenta en la que se domicilió el primer plazo.
3. La domiciliación bancaria de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio a que se refiere el apartado anterior podrá realizarse desde el día 24 de abril hasta el 26 de junio de 2013, ambos inclusive. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 8.1 en relación con el inicio del plazo de domiciliación del pago resultante del borrador de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas puesto a disposición del contribuyente por la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
No obstante, si se opta por domiciliar únicamente el segundo plazo del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la misma podrá realizarse hasta el 1 de julio de 2013.
4. La Agencia Estatal de Administración Tributaria comunicará la Orden u órdenes de domiciliación bancaria del contribuyente a la entidad colaboradora señalada, la cual procederá, en su caso, el día 1 de julio de 2013 a cargar en cuenta el importe domiciliado, ya sea la totalidad de la deuda tributaria o el importe correspondiente al primer plazo, en el supuesto del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ingresándolo en los plazos establecidos en la cuenta restringida de colaboración en la recaudación de los tributos. Posteriormente, la citada entidad remitirá al contribuyente justificante del ingreso realizado, de acuerdo con las especificaciones recogidas en el apartado 2 del artículo 3 de la citada Orden EHA/2027/2007, de 28 de junio, por la que se desarrolla parcialmente el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, en relación con las entidades de crédito que prestan el servicio de colaboración en la gestión recaudatoria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, que servirá como documento acreditativo del ingreso efectuado en el Tesoro Público.
De forma análoga, en el supuesto de que el contribuyente hubiese procedido a la domiciliación del segundo plazo, en el supuesto del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la entidad colaboradora procederá, en su caso, el día 5 de noviembre de 2013 a cargar en cuenta dicho importe y a ingresarlo en los plazos establecidos en la cuenta restringida de colaboración en la recaudación de los tributos, remitiendo al contribuyente justificante del ingreso realizado, de acuerdo con las especificaciones recogidas en el apartado 2 del artículo 3 de la citada Orden EHA/2027/2007, de 28 de junio, que servirá como documento acreditativo del ingreso efectuado en el Tesoro Público.
5. Cuando los contribuyentes que presenten por vía telemática la autoliquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o confirmen por esta misma vía el borrador de declaración, hayan fraccionado el pago de la deuda tributaria en dos plazos y, sin haber domiciliado el pago del primer plazo, opten por efectuar la domiciliación bancaria del importe correspondiente al segundo plazo, no precisarán efectuar comunicación alguna a la entidad colaboradora, ya que será la Agencia Estatal de Administración Tributaria quien comunique dicha domiciliación a la entidad colaboradora señalada por el contribuyente en el documento de ingreso o devolución.
Posteriormente, la entidad colaboradora remitirá al contribuyente justificante del ingreso realizado correspondiente a dicho segundo plazo, de acuerdo con las especificaciones recogidas en el apartado 2 del artículo 3 de la Orden EHA/2027/2007, de 28 de junio, que servirá como documento acreditativo del ingreso efectuado en el Tesoro Público.
6. Las personas o entidades autorizadas a presentar por vía telemática, en los términos establecidos en el artículo 17.3, declaraciones en representación de terceras personas, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 79 a 86 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, y en la Orden HAC/1398/2003, de 27 de mayo, por la que se establecen los supuestos y condiciones en que podrá hacerse efectiva la colaboración social en la gestión de los tributos, y se extiende ésta expresamente a la presentación telemática de determinados modelos de declaración y otros documentos tributarios, podrán, por esta vía, dar traslado de las órdenes de domiciliación que previamente les hayan comunicado los terceros a los que representan.
7. De conformidad con lo establecido en el artículo 38.2 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, los pagos se entenderán realizados en la fecha de cargo en cuenta de las domiciliaciones, considerándose justificante del ingreso realizado el que a tal efecto expida la entidad de crédito donde se encuentre domiciliado el pago, que incorporará las especificaciones recogidas en el apartado 2 del artículo 3 de la citada Orden EHA/2027/2007, de 28 de junio.
CAPÍTULO VII
Presentación telemática de las declaraciones
Artículo 17. Ámbito de aplicación del sistema de presentación telemática de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio.
1. Con carácter general, los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas podrán presentar por medios telemáticos la declaración correspondiente a este Impuesto, con sujeción a las condiciones y al procedimiento establecidos en los artículos 18 y 19 de esta Orden.
Cuando los contribuyentes deban acompañar a la declaración la documentación adicional que se indica en el artículo 12 de esta Orden y, en general, cualesquiera documentos, solicitudes o manifestaciones de opciones no contemplados expresamente en los propios modelos oficiales de declaración, la presentación telemática de la declaración requerirá que la citada documentación adicional se presente, en forma de documentos electrónicos, en el registro electrónico de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, regulado mediante Resolución de 28 de diciembre de 2009, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
2. Los sujetos pasivos del Impuesto sobre el Patrimonio deberán presentar necesariamente por medios telemáticos la declaración correspondiente a este impuesto, con sujeción a las condiciones y al procedimiento establecido en los artículos 18 y 19.
En su caso, los sujetos pasivos que presenten declaración por el Impuesto sobre el Patrimonio deberán también presentar o confirmar por medios telemáticos o telefónicos la declaración correspondiente al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o el borrador de la misma.
3. Las personas o entidades autorizadas a presentar por vía telemática declaraciones en representación de terceras personas, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 79 a 81 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, y en la Orden HAC/1398/2003, de 27 de mayo, podrán hacer uso de dicha facultad respecto de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio.
4. A partir del 2 de julio de 2017 no se podrá efectuar la presentación telemática de declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondientes al ejercicio 2012. Transcurrida dicha fecha, y salvo que proceda la prescripción, la presentación de las citadas declaraciones deberá efectuarse mediante el correspondiente modelo de impreso.
Artículo 18. Condiciones generales para la presentación telemática de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio.
1. La presentación telemática de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio estará sujeta al cumplimiento de las siguientes condiciones:
a) El declarante deberá disponer de Número de Identificación Fiscal (NIF) previamente incluido en la base de datos de identificación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. En el caso de declaración conjunta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas formulada por ambos cónyuges, las anteriores circunstancias deberán concurrir en cada uno de ellos.
Para verificar el cumplimiento de este requisito el contribuyente podrá acceder a la opción «mis datos censales» disponible en la sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, a la que se puede acceder a través del portal de la Agencia Tributaria en Internet (www.agenciatributaria.es) o bien directamente en la dirección electrónica https://www.agenciatributaria.gob.es
b) El declarante deberá disponer de firma electrónica, bien sea la incorporada al Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico o bien la basada en el certificado electrónico X.509.V3 expedido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda o en cualquier otro certificado electrónico admitido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en los términos previstos en la Orden HAC/1181/2003, de 12 de mayo, por la que se establecen normas específicas sobre el uso de la firma electrónica en las relaciones tributarias por medios electrónicos, informáticos y telemáticos con la Agencia Estatal de Administración Tributaria. En el caso de declaración conjunta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas formulada por ambos cónyuges, ambos deberán disponer de la correspondiente firma electrónica.
Alternativamente, las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio negativas o cuyo resultado sea una cantidad a ingresar, siempre que, en este caso, se opte por efectuar el pago mediante domiciliación bancaria, así como las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas cuyo resultado sea una cantidad a devolver, ya sean con solicitud de devolución o con renuncia a la misma, también podrán presentarse telemáticamente mediante la consignación del NIF del declarante o declarantes y del número o números de referencia del borrador o de los datos fiscales previamente suministrados por la Agencia Estatal de Administración Tributaria conforme al procedimiento establecido al efecto. En este caso, la Agencia Estatal de Administración Tributaria adoptará el correspondiente protocolo de seguridad que permita garantizar la identidad de los contribuyentes que utilicen dichos datos para la presentación.
c) Si el presentador es una persona o entidad autorizada para presentar declaraciones en representación de terceras personas, deberá disponer de un sistema de firma electrónica en los términos indicados en el primer párrafo de la letra b) anterior.
d) En todo caso, deberá utilizarse previamente un programa informático para obtener el fichero con la autoliquidación a transmitir. Este programa podrá ser el programa de ayuda para la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o del Impuesto sobre el Patrimonio del ejercicio 2012, desarrollado por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, u otro que obtenga un fichero con el mismo formato e iguales características y especificaciones que aquél.
2. Simultaneidad del ingreso y de la presentación telemática de la declaración. Tratándose de declaraciones cuyo resultado sea una cantidad a ingresar sin domiciliación del pago, la transmisión electrónica de la autoliquidación o, en su caso, la confirmación del borrador de la declaración deberá realizarse en la misma fecha en que tenga lugar el ingreso resultante de la misma, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 19.3 en relación con los supuestos de extinción de la deuda tributaria contemplados en el mismo.
No obstante lo anterior, en el caso de que existan dificultades técnicas que impidan efectuar la transmisión electrónica de la autoliquidación o la confirmación del borrador de la declaración en la misma fecha en que tenga lugar el ingreso, dichas operaciones podrán realizarse hasta el segundo día hábil siguiente al del ingreso.
3. Presentación de declaraciones con deficiencias de tipo formal. En aquellos casos en que se detecten anomalías de tipo formal en la transmisión electrónica de declaraciones, dicha circunstancia se pondrá en conocimiento del declarante por el propio sistema mediante los correspondientes mensajes de error para que proceda a su subsanación.
Artículo 19. Procedimiento para la presentación telemática de las autoliquidaciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio.
1. Autoliquidaciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio cuyo resultado sea una cantidad a ingresar y cuyo pago total, o el correspondiente al primer plazo, en caso de autoliquidaciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en que se opte por esta modalidad de fraccionamiento del pago, se realice mediante el sistema de cargo o adeudo directo en cuenta abierta en una entidad colaboradora en la gestión recaudatoria.
En estos casos, el procedimiento a seguir para la presentación telemática será el siguiente:
a) El declarante se pondrá en comunicación con la entidad colaboradora por vía telemática, de forma directa o a través de la sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Internet, o bien acudiendo a sus oficinas, para efectuar el ingreso correspondiente y facilitar los siguientes datos:
NIF del contribuyente (9 caracteres).
Ejercicio fiscal (2 últimos dígitos).
Período = 0A (cero A).
Documento de ingreso o devolución:
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas = 100.
Impuesto sobre el Patrimonio = 714.
Tipo de autoliquidación = «I» Ingreso.
Importe a ingresar (deberá ser mayor que cero).
Opciones (en caso de autoliquidaciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas):
Opción 1: No fracciona el pago.
Opción 2: Sí fracciona el pago y no domicilia el segundo plazo.
Opción 3: Sí fracciona el pago y sí domicilia el segundo plazo, en las condiciones establecidas en el artículo 16 de esta Orden.
La entidad colaboradora, una vez contabilizado el importe, asignará al contribuyente un Número de Referencia Completo (NRC) que generará informáticamente mediante un sistema criptográfico que relacione de forma unívoca el NRC con el importe ingresado.
Al mismo tiempo, remitirá o entregará, según la forma de transmisión de los datos, un recibo que contendrá, como mínimo, las especificaciones contenidas en el apartado 3 del artículo 3 de la Orden EHA/2027/2007, de 28 de junio, por la que se desarrolla parcialmente el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, en relación con las entidades de crédito que prestan el servicio de colaboración en la gestión recaudatoria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
b) Una vez realizada la operación anterior, el declarante se pondrá en comunicación con la sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Internet en la dirección electrónica «https://www.agenciatributaria.gob.es» y seleccionará el concepto fiscal y el fichero con la autoliquidación a transmitir, tras lo cual introducirá el NRC suministrado por la entidad colaboradora.
c) A continuación, procederá a transmitir la autoliquidación con la firma electrónica. En el caso de declaración conjunta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas formulada por ambos cónyuges, deberá seleccionar adicionalmente la firma electrónica correspondiente al cónyuge.
Si el presentador es una persona o entidad autorizada para presentar declaraciones en representación de terceras personas, se requerirá una única firma electrónica, la correspondiente al presentador.
No obstante, el contribuyente podrá obtener el Número de Referencia Competo (NRC) de la entidad colaboradora de forma directa, por vía telemática o bien acudiendo a sus oficinas, y proceder a transmitir la autoliquidación, sin necesidad de firma electrónica, mediante la consignación del Número de Identificación Fiscal (NIF) del declarante o declarantes, el NRC y el número o números de referencia del borrador o de los datos fiscales previamente suministrados por la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
d) Si la autoliquidación es aceptada, la Agencia Estatal de Administración Tributaria le devolverá en pantalla los datos de la declaración y del documento de ingreso o devolución, modelo 100 o 714, validados con un código seguro de verificación de 16 caracteres, además de la fecha y hora de la presentación.
e) En el supuesto de que la presentación fuese rechazada, se mostrará en pantalla la descripción de los errores detectados. En este caso, se deberá proceder a subsanar los mismos con el programa de ayuda con el que se generó el fichero, o repitiendo la presentación si el error fuese ocasionado por otro motivo.
f) El declarante deberá imprimir y conservar la declaración aceptada así como el documento de ingreso o devolución, modelo 100 o 714, y en su caso el documento de ingreso del segundo plazo modelo 102, debidamente validados con el correspondiente código seguro de verificación.
2. Autoliquidaciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio cuyo resultado sea una cantidad a ingresar y cuyo pago total, o el correspondiente al primer plazo, en caso de autoliquidaciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en que se opte por esta modalidad de fraccionamiento del pago, se realice mediante el sistema de domiciliación bancaria en una entidad colaboradora en la gestión recaudatoria.
En estos casos, la presentación telemática de la declaración no precisará la comunicación previa con la entidad colaboradora para la realización del ingreso y obtención del NRC a que se refiere el párrafo a) del apartado 1 anterior.
El declarante se pondrá en comunicación con la sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Internet en la dirección electrónica «https://www.agenciatributaria.gob.es» y seleccionará el concepto fiscal y el fichero con la autoliquidación a transmitir. La transmisión de la autoliquidación, en la que se recogerá la correspondiente orden de domiciliación, y demás actuaciones posteriores, se realizarán de acuerdo con lo dispuesto en las letras c), d) y e) del apartado 1 anterior.
Alternativamente, también podrá procederse a la transmisión de la autoliquidación sin necesidad de generar la firma electrónica, mediante la consignación del NIF del declarante o declarantes y del número o números de referencia del borrador o de los datos fiscales previamente suministrados por la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
El declarante, finalmente, deberá imprimir y conservar la declaración aceptada así como el documento de ingreso o devolución, modelo 100 o 714, y en su caso el documento de ingreso del segundo plazo modelo 102, validados con un código seguro de verificación de 16 caracteres y en los que constará, además de la fecha y hora de la presentación de la autoliquidación, la Orden de domiciliación efectuada y, en su caso, la opción de fraccionamiento de pago elegida.
3. Autoliquidaciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio de las que resulte una cantidad a ingresar, que se presenten con solicitud de aplazamiento o fraccionamiento, con solicitud de compensación, o con reconocimiento de deuda.
El procedimiento de presentación telemática de las autoliquidaciones a las que se refiere este apartado será el establecido en los apartados anteriores, con la particularidad de que, una vez finalizada la presentación de la declaración, el declarante o la persona o entidad autorizada a presentar por vía telemática declaraciones en representación de terceras personas obtendrá, además del código seguro de verificación, una clave de liquidación con la que, si lo desea, podrá solicitar en ese mismo momento, a través del enlace habilitado a tal efecto, el aplazamiento o fraccionamiento o la compensación, y con la que también podrá presentar dichas solicitudes en un momento posterior en la sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Internet, en la dirección electrónica «https://www.agenciatributaria.gob.es», a través de la opción Procedimientos, Servicios y Trámites (Información y Registro)/Recaudación.
En el caso de autoliquidaciones que se presenten con solicitud de aplazamiento o fraccionamiento, será de aplicación lo previsto en los artículos 65 de la Ley General Tributaria y 44 y siguientes del Reglamento General de Recaudación. En el caso de autoliquidaciones que se presenten con solicitud de compensación con créditos tributarios reconocidos a favor del mismo obligado tributario, será de aplicación lo dispuesto en los artículos 71 y siguientes de la Ley General Tributaria y 55 y siguientes del Reglamento General de Recaudación. En el caso de autoliquidaciones con reconocimiento de deuda, una vez finalizado los plazos de presentación establecidos en el artículo 9 de la presente Orden, será de aplicación lo previsto en los artículos 161 de la Ley General Tributaria y 69 del Reglamento General de Recaudación.
4. Autoliquidaciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio de las que resulte una cantidad a ingresar, que se presenten con solicitud de pago mediante entrega de bienes del Patrimonio Histórico Español.
El procedimiento de presentación telemática de las autoliquidaciones a las que se refiere este apartado será el establecido en los apartados anteriores, con la particularidad de que, una vez finalizada la presentación de la declaración, el declarante o la persona o entidad autorizada a presentar por vía telemática declaraciones en representación de terceras personas obtendrá, además del código seguro de verificación, una clave de liquidación con la que, si lo desea, podrá solicitar en ese mismo momento, a través del enlace habilitado a tal efecto, el pago mediante entrega de bienes del Patrimonio Histórico Español, y con la que también podrá presentar dicha solicitud en un momento posterior en la sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Internet, en la dirección electrónica «https://www.agenciatributaria.gob.es», a través de la opción Procedimientos, Servicios y Trámites (Información y Registro)/Recaudación.
Las personas o entidades autorizadas a presentar por vía telemática, en los términos establecidos en el artículo 17.3, declaraciones en representación de terceras personas, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 79 a 86 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, y en la Orden HAC/1398/2003, de 27 de mayo, por la que se establecen los supuestos y condiciones en que podrá hacerse efectiva la colaboración social en la gestión de los tributos, y se extiende ésta expresamente a la presentación telemática de determinados modelos de declaración y otros documentos tributarios, podrán, por esta vía, dar traslado de las solicitudes de pago mediante entrega de Bienes del Patrimonio Histórico Español que previamente les hayan comunicado los terceros a los que representan.
En el caso de autoliquidaciones que se presenten con solicitud de pago mediante entrega de bienes del Patrimonio Histórico Español, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 97.3 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y 62.3 de su Reglamento, así como en el artículo 36.Dos de la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio, será de aplicación lo establecido en el artículo 40 del Reglamento General de Recaudación.
5. Autoliquidaciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas negativas o a devolver, con solicitud de devolución o con renuncia a la misma en favor del Tesoro Público, y autoliquidaciones negativas del Impuesto sobre el Patrimonio.
En estos casos, se procederá como sigue:
a) El declarante se pondrá en comunicación con la sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Internet, en la dirección electrónica «https://www.agenciatributaria.gob.es», y seleccionará el concepto fiscal y el fichero con la autoliquidación a transmitir.
b) A continuación, procederá a transmitir la declaración con la firma electrónica. En el caso de declaración conjunta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas formulada por ambos cónyuges, deberá seleccionar adicionalmente la firma electrónica correspondiente al cónyuge.
Alternativamente, también podrá procederse a la transmisión de la autoliquidación sin necesidad de generar la firma electrónica mediante la consignación del NIF del declarante o declarantes y del número o números de referencia del borrador o de los datos fiscales previamente suministrados por la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Si el presentador es una persona o entidad autorizada para presentar declaraciones en representación de terceras personas, se requerirá una única firma electrónica, la correspondiente al presentador.
c) Si la autoliquidación es aceptada, la Agencia Estatal de Administración Tributaria le devolverá en pantalla los datos de la declaración y del documento de ingreso o devolución, modelo 100 o 714, validados con un código seguro de verificación de 16 caracteres, además de la fecha y hora de la presentación.
d) En el supuesto de que la presentación fuese rechazada, se mostrará en pantalla la descripción de los errores detectados. En este caso, se deberá proceder a subsanar los mismos con el programa de ayuda con el que se generó el fichero, o repitiendo la presentación si el error fuese ocasionado por otro motivo.
e) El declarante deberá imprimir y conservar la declaración aceptada así como el documento de ingreso o devolución, modelo 100 o 714, debidamente validados con el correspondiente código seguro de verificación.
6. Autoliquidaciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondientes a cónyuges no separados legalmente en las que uno de ellos solicite la suspensión del ingreso y el otro la renuncia al cobro de la devolución.
En estos supuestos, si alguno de los cónyuges opta por el sistema de presentación telemática de la declaración, la declaración correspondiente al otro deberá presentarse también por este sistema. La presentación de ambas declaraciones se realizará con arreglo al procedimiento que en cada caso proceda de los establecidos en los apartados anteriores, según el resultado final de las mismas.
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 15 de marzo de 2013.–El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro Romero.
ANEXO I
ANEXO II
ANEXO III
ANEXO IV
ANEXO V
ANEXO VI
ANEXO VII
ANEXO VIII
|
Para los que ni pagan en negro ni se llevan su patrimonio a paraísos fiscales: impresos de la declaración de la renta
|
[
"128",
"130"
] |
OTROS_ANUNCIOS
|
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
|
Decreto con la forma, plazos e impresos de la declaración de la renta.
|
[
"1508",
"3807",
"4101",
"4107",
"5876"
] | 3,403
|
|
2014-03-24
|
BOE-A-2013-1289
|
Real Decreto 208/2014, de 23 de marzo, por el que se declara luto oficial con motivo del fallecimiento del excelentísimo señor don Adolfo Suárez González, Presidente del Gobierno y duque de Suárez.
|
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<notas>
<nota codigo='37' orden='220'>Aplicable desde el 24 al 26 de marzo de 2014.</nota>
</notas>
<materias>
<materia codigo='3500' orden=''>Ex Presidentes del Gobierno</materia>
<materia codigo='4827' orden=''>Luto Oficial</materia>
</materias>
<alertas></alertas>
<referencias>
<anteriores></anteriores>
<posteriores></posteriores>
</referencias>
</analisis>
<texto>
<p class='parrafo'>Con motivo del fallecimiento del excelentísimo señor don Adolfo Suárez González, Presidente del Gobierno y duque de Suárez, y en señal de condolencia, a propuesta del Presidente del Gobierno,</p>
<p class='centro_redonda'>DISPONGO:</p>
<p class='parrafo_2'>Se declara luto oficial desde las 00 horas del día 24 de marzo hasta las 24 horas del día 26 de marzo, durante los cuales la Bandera Nacional ondeará a media asta en todos los edificios públicos y buques de la Armada.</p>
<p class='parrafo_2'>Dado en Madrid, el 23 de marzo de 2014.</p>
<p class='firma_rey'>JUAN CARLOS R.</p>
<p class='firma_ministro'>El Presidente del Gobierno,</p>
<p class='firma_ministro'>MARIANO RAJOY BREY</p>
</texto>
</documento>
|
Mon Mar 24 08:12:55 +0000 2014
|
Con motivo del fallecimiento del excelentísimo señor don Adolfo Suárez González, Presidente del Gobierno y duque de Suárez, y en señal de condolencia, a propuesta del Presidente del Gobierno,
DISPONGO:
Se declara luto oficial desde las 00 horas del día 24 de marzo hasta las 24 horas del día 26 de marzo, durante los cuales la Bandera Nacional ondeará a media asta en todos los edificios públicos y buques de la Armada.
Dado en Madrid, el 23 de marzo de 2014.
JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno,
MARIANO RAJOY BREY
|
El luto oficial por Suárez, desde las 0.00 de anoche hasta las 24.00 del 26 #BOE
|
[] |
PREMIOS_Y_MEDALLAS
|
Presidencia del Gobierno
|
El luto oficial por Adolfo Suárez González, desde las 0.00 de anoche hasta las 24.00 del 26 de marzo de 2014.
|
[
"3500",
"4827"
] | 3,404
|
||
2013-02-07
|
BOE-A-2015-6138
|
Real Decreto 57/2013, de 4 de febrero, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil al señor Hiromasa Yonekura, Presidente de 'Nippon Keidanren'.
|
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<titulo>Real Decreto 57/2013, de 4 de febrero, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil al señor Hiromasa Yonekura, Presidente de 'Nippon Keidanren'.</titulo>
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<judicialmente_anulada>N</judicialmente_anulada>
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<alertas></alertas>
<referencias>
<anteriores></anteriores>
<posteriores></posteriores>
</referencias>
</analisis>
<texto>
<p class='parrafo'>Queriendo dar una prueba de Mi Real aprecio al señor Hiromasa Yonekura, Presidente de «Nippon Keidanren», a propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 1 de febrero de 2013,</p>
<p class='parrafo'>Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil.</p>
<p class='parrafo_2'>Dado en Madrid, el 4 de febrero de 2013.</p>
<p class='firma_rey'>JUAN CARLOS R.</p>
<p class='firma_ministro'>El Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación,</p>
<p class='firma_ministro'>JOSÉ MANUEL GARCÍA-MARGALLO MARFIL</p>
</texto>
</documento>
|
Thu Feb 07 08:43:54 +0000 2013
|
Queriendo dar una prueba de Mi Real aprecio al señor Hiromasa Yonekura, Presidente de «Nippon Keidanren», a propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 1 de febrero de 2013,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil.
Dado en Madrid, el 4 de febrero de 2013.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación,
JOSÉ MANUEL GARCÍA-MARGALLO MARFIL
|
4 grandes cruces del mérito civil. Hiromasa Yonekura, presidente de los empresarios nipones (1)
|
[] |
NOMBRAMIENTOS_Y_CESES
|
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación
|
Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil para Hiromasa Yonekura, presidente de los empresarios nipones.
|
[] | 3,405
|
||
2015-06-03
|
BOE-A-2021-3950
|
Orden ECD/1029/2015, de 18 de mayo, por la que se declara la pérdida de la condición de funcionario de carrera del Cuerpo de Maestros de don Fermín Javier Sánchez Agurruza.
|
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<titulo>Orden ECD/1029/2015, de 18 de mayo, por la que se declara la pérdida de la condición de funcionario de carrera del Cuerpo de Maestros de don Fermín Javier Sánchez Agurruza.</titulo>
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<anteriores></anteriores>
<posteriores></posteriores>
</referencias>
</analisis>
<texto>
<p class='parrafo'>Según certificación del Director General de Presidencia y Justicia, por delegación del Consejero de Presidencia, Justicia e Interior. Orden Foral 446/2012, de 5 de julio (Boletín Oficial de Navarra de 13 de julio de 2012), el Gobierno de la Comunidad Foral de Navarra, en sesión celebrada el día 4 de febrero de 2015, adoptó, entre otros, el Acuerdo «… por el que se resuelve el expediente disciplinario incoado a don Fermín Javier Sánchez Agurruza, funcionario perteneciente al Cuerpo de Maestros, adscrito al Departamento de Educación del Gobierno de Navarra, por la comisión de una falta disciplinaria muy grave.».</p>
<p class='parrafo'>En dicho Acuerdo, se dispone: «Sancionar a don Fermín Javier Sánchez Agurruza, funcionario perteneciente al Cuerpo de Maestros, adscrito al Departamento de Educación del Gobierno de Navarra, por la comisión de una falta muy grave tipificada en el artículo 64, apartado c), del Texto Refundido del Estatuto del Personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra, con la sanción consistente en la separación del servicio, de conformidad con lo establecido en el artículo 67.4.b), del Texto Refundido del Estatuto del Personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra.»</p>
<p class='parrafo'>La Directora del Servicio de Recursos Humanos, del Departamento de Educación de la Comunidad Foral de Navarra, mediante escrito fechado el 22 de abril de 2015, comunica a este Departamento que «el citado Acuerdo, que ya es firme, se notificó al interesado el 11 de febrero de 2015, fecha en la que debe hacerse efectiva la pérdida de la condición de funcionario…»</p>
<p class='parrafo'>Visto el artículo 63 d) de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, en el que se establece que la sanción disciplinaria de separación de servicio que tuviera carácter firme, produce la pérdida de la condición de funcionario de carrera.</p>
<p class='parrafo'>Vista la propuesta del Departamento de Educación de la Comunidad Foral de Navarra,</p>
<p class='parrafo'>Este Ministerio ha dispuesto:</p>
<p class='parrafo_2'>Declarar la pérdida de la condición de funcionario de carrera del Cuerpo de Maestros de don Fermín Javier Sánchez Agurruza, Número de Registro de Personal 1820275768 A0597, DNI 18202757, con efectos de 11 de febrero de 2015.</p>
<p class='parrafo_2'>Madrid, 18 de mayo de 2015.–El Ministro de Educación, Cultura y Deporte, P. D. (Orden ECD/465/2012, de 2 de marzo), el Subsecretario de Educación, Cultura y Deporte, Fernando Benzo Sáinz.</p>
</texto>
</documento>
|
Wed Jun 03 08:13:11 +0000 2015
|
Según certificación del Director General de Presidencia y Justicia, por delegación del Consejero de Presidencia, Justicia e Interior. Orden Foral 446/2012, de 5 de julio (Boletín Oficial de Navarra de 13 de julio de 2012), el Gobierno de la Comunidad Foral de Navarra, en sesión celebrada el día 4 de febrero de 2015, adoptó, entre otros, el Acuerdo «… por el que se resuelve el expediente disciplinario incoado a don Fermín Javier Sánchez Agurruza, funcionario perteneciente al Cuerpo de Maestros, adscrito al Departamento de Educación del Gobierno de Navarra, por la comisión de una falta disciplinaria muy grave.».
En dicho Acuerdo, se dispone: «Sancionar a don Fermín Javier Sánchez Agurruza, funcionario perteneciente al Cuerpo de Maestros, adscrito al Departamento de Educación del Gobierno de Navarra, por la comisión de una falta muy grave tipificada en el artículo 64, apartado c), del Texto Refundido del Estatuto del Personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra, con la sanción consistente en la separación del servicio, de conformidad con lo establecido en el artículo 67.4.b), del Texto Refundido del Estatuto del Personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra.»
La Directora del Servicio de Recursos Humanos, del Departamento de Educación de la Comunidad Foral de Navarra, mediante escrito fechado el 22 de abril de 2015, comunica a este Departamento que «el citado Acuerdo, que ya es firme, se notificó al interesado el 11 de febrero de 2015, fecha en la que debe hacerse efectiva la pérdida de la condición de funcionario…»
Visto el artículo 63 d) de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, en el que se establece que la sanción disciplinaria de separación de servicio que tuviera carácter firme, produce la pérdida de la condición de funcionario de carrera.
Vista la propuesta del Departamento de Educación de la Comunidad Foral de Navarra,
Este Ministerio ha dispuesto:
Declarar la pérdida de la condición de funcionario de carrera del Cuerpo de Maestros de don Fermín Javier Sánchez Agurruza, Número de Registro de Personal 1820275768 A0597, DNI 18202757, con efectos de 11 de febrero de 2015.
Madrid, 18 de mayo de 2015.–El Ministro de Educación, Cultura y Deporte, P. D. (Orden ECD/465/2012, de 2 de marzo), el Subsecretario de Educación, Cultura y Deporte, Fernando Benzo Sáinz.
|
2 funcionarios pierden plaza. Una, por malversación de caudales públicos Otro, por abandono
|
[] |
ERRORES_MODIFICACIONES_BOE
|
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
|
Fermín Javier Sánchez Agurruza pierde su plaza de funcionario del cuerpo de Maestros.
|
[] | 3,406
|
||
2021-03-13
|
CORRECCIÓN de errores
del Decreto 15/2021, de 10 de marzo
|
BOE-A-2013-6271
|
Corrección de errores del Decreto 15/2021, de 10 de marzo, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, de disolución de la Asamblea de Madrid y de convocatoria de elecciones.
|
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<titulo>Corrección de errores del Decreto 15/2021, de 10 de marzo, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, de disolución de la Asamblea de Madrid y de convocatoria de elecciones.</titulo>
<diario codigo='BOE'>Boletín Oficial del Estado</diario>
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<eli:title rdf:datatype='http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string'>Corrección de errores del Decreto 15/2021, de 10 de marzo, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, de disolución de la Asamblea de Madrid y de convocatoria de elecciones.</eli:title>
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<palabra codigo='201'>CORRECCIÓN de errores</palabra>
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<texto>
<p class='parrafo'>Advertido error material en la publicación del Decreto 15/2021, de 10 de marzo, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, de disolución de la Asamblea de Madrid y de convocatoria de elecciones, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» n.º 61, de 12 de marzo de 2021, se procede a efectuar la siguiente corrección:</p>
<p class='parrafo_2'>En el primer párrafo, donde dice: «en su reunión del día 10 de marzo de 2020…», debe decir: «en su reunión del día 10 de marzo de 2021…».</p>
</texto>
</documento>
|
Sat Mar 13 07:18:36 +0000 2021
|
Advertido error material en la publicación del Decreto 15/2021, de 10 de marzo, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, de disolución de la Asamblea de Madrid y de convocatoria de elecciones, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» n.º 61, de 12 de marzo de 2021, se procede a efectuar la siguiente corrección:
En el primer párrafo, donde dice: «en su reunión del día 10 de marzo de 2020…», debe decir: «en su reunión del día 10 de marzo de 2021…».
|
En el #BOE ya han corregido el error de la convo de elecciones de Madrid. Que donde ponía 2020 era 2021. Es todo tan loco que andamos fijándonos en una chorrada así porque vivimos en una peli en la que puede pasar CUALQUIER COSA
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[
"111"
] |
OTROS_ANUNCIOS
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Comunidad de Madrid
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Corregido el error de la convocatoria de elecciones de Madrid. Que donde ponía 2020 era 2021.
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[
"3136",
"4831"
] | 3,407
|
|
2013-06-12
|
MODIFICA
los arts. 2, 3, 7, 14, disposición final 6 y AÑADE las disposiciónes adicional 3 y final 7 a la Ley 32/2007, de 7 de noviembre
TRANSPONE
la Directiva 2010/63/UE, de 22 de septiembre de 2010
CITA
Tratado de la Unión Europea, de 7 de febrero de 1992
|
BOE-B-2013-11691
|
Ley 6/2013, de 11 de junio, de modificación de la Ley 32/2007, de 7 de noviembre, para el cuidado de los animales, en su explotación, transporte, experimentación y sacrificio.
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<texto>
<p class='centro_redonda'>JUAN CARLOS I</p>
<p class='centro_redonda'>REY DE ESPAÑA</p>
<p class='parrafo_2'>A todos los que la presente vieren y entendieren.</p>
<p class='parrafo'>Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley.</p>
<p class='centro_redonda'>PREÁMBULO</p>
<p class='centro_redonda'>I</p>
<p class='parrafo_2'>El bienestar de los animales ha acaparado una importancia creciente en los últimos años y tuvo un hito especialmente relevante en el derecho español con la regulación, mediante una norma básica, de la Ley 32/2007, de 7 de noviembre, para el cuidado de los animales, en su explotación, transporte, experimentación y sacrificio.</p>
<p class='parrafo'>Este instrumento legislativo estableció un conjunto de principios sobre el cuidado de los animales y la regulación del correspondiente régimen sancionador en caso de incumplimiento de la normativa de bienestar animal, en materias específicas como la protección de los animales de producción en las propias explotaciones ganaderas, durante aquellas operaciones relacionadas con el transporte y el sacrificio o matanza, así como la protección de determinados animales utilizados para experimentación y otros fines científicos y educativos.</p>
<p class='centro_redonda'>II</p>
<p class='parrafo_2'>El artículo 13 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) establece que «al formular y aplicar las políticas de la Unión en materia de agricultura, pesca, transporte, mercado interior, investigación y desarrollo tecnológico y espacio, la Unión y los Estados miembros tendrán plenamente en cuenta las exigencias en materia de bienestar de los animales como seres sensibles, respetando al mismo tiempo las disposiciones legales o administrativas y las costumbres de los Estados miembros relativas, en particular, a ritos religiosos, tradiciones culturales y patrimonio regional».</p>
<p class='parrafo'>En su momento la Ley 32/2007, de 7 de noviembre, supuso el acatamiento del mandato comunitario que, con igual propósito, se ha ido implantando en la Unión Europea estos últimos años a través de sus propios instrumentos.</p>
<p class='parrafo'>Sin embargo, desde entonces, se ha evolucionado en los métodos y conocimientos científicos sobre los factores que influyen en el bienestar de los animales y su capacidad de sentir y expresar dolor, sufrimiento, angustia y daño duradero. Para dar respuesta a estos avances y proseguir en el proceso de armonización de la legislación sobre la utilización de animales para fines científicos, la Unión Europea publicó la Directiva 2010/63/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de septiembre de 2010, relativa a la protección de los animales utilizados para fines científicos.</p>
<p class='parrafo'>En la citada directiva se manifiesta la necesidad de preservar el bienestar de los animales sometidos a procedimientos científicos elevando los niveles mínimos de protección de los mismos, de acuerdo con el progreso técnico y científico mas reciente. Es por ello que se incluye en el ámbito de aplicación de dicha directiva, a los «invertebrados tales como los cefalópodos y determinadas formas fetales de mamíferos», por tratarse de seres sobre los que actualmente se ha podido demostrar su capacidad para experimentar dolor, sufrimiento, angustia y daño duradero.</p>
<p class='parrafo'>Cuando se implemente la Directiva en el reglamento de desarrollo de la presente Ley, se asegurará que el uso de animales para fines científicos o educativos debe considerarse únicamente cuando no exista otra alternativa y que las evaluaciones exhaustivas de los proyectos, que deben tener en cuenta consideraciones éticas en el uso de los animales, constituyen el fundamento de la autorización de los proyectos y deben garantizar la aplicación de los principios de reemplazo, reducción y refinamiento en ellos.</p>
<p class='parrafo'>Procede, por tanto, modificar en consecuencia cuatro artículos de la Ley 32/2007, de 7 de noviembre, para adaptarla a la evolución de los conocimientos en materia de bienestar de los animales, tanto en lo referente a su ámbito de aplicación como en la supresión de ciertas definiciones, elevando con ello los niveles mínimos de protección de los animales, que se encuentran ya o puedan establecerse en los términos de la normativa comunitaria e internacional, y encauzando el progreso de dichos conocimientos de la manera más racional. Se incluye además una mención expresa a la aplicación de la normativa de la Unión Europea a los procedimientos y proyectos, que deben ser regulados, evaluados y autorizados en los términos establecidos en la misma. Asimismo, y a fin de proporcionar un claro cumplimiento de la normativa comunitaria, que exige resolución expresa, se establece el sentido desestimatorio del silencio administrativo en la autorización de los proyectos.</p>
<p class='parrafo'>En definitiva, mediante tales modificaciones esta Ley sale al paso de una distorsión detectada en la actualidad en relación con el ámbito de aplicación de la Directiva 2010/63/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de septiembre de 2010 y la legislación nacional, en lo que respecta a la categorización de los animales utilizados para experimentación y otros fines científicos o educativos, y de resolución expresa de las solicitudes de autorización de los proyectos.</p>
<p class='articulo'>Artículo único. Modificación de la Ley 32/2007, de 7 de noviembre, para el cuidado de los animales, en su explotación, transporte, experimentación y sacrificio.</p>
<p class='parrafo'>La Ley 32/2007, de 7 de noviembre, para el cuidado de los animales, en su explotación, transporte, experimentación y sacrificio, se modifica en los siguientes términos:</p>
<p class='parrafo_2'>Uno. El apartado 1 del artículo 2 queda redactado del siguiente modo:</p>
<p class='sangrado_2'>«1. Esta Ley se aplicará a:</p>
<p class='sangrado_2'>a) Los animales vertebrados de producción.</p>
<p class='sangrado'>b) Los animales, proyectos y procedimientos contemplados en la normativa de la Unión Europea o internacional en la materia de animales utilizados con fines de experimentación u otros fines científicos, incluyendo la educación y la docencia.»</p>
<p class='parrafo_2'>Dos. Las definiciones de las letras b), c) y d) del artículo 3, relativas a animales utilizados para experimentación y otros fines científicos, procedimiento, y experimentación y otros fines científicos, incluida la docencia, quedan sin contenido.</p>
<p class='parrafo'>Tres. El artículo siete queda redactado del siguiente modo:</p>
<p class='sangrado_articulo'>«Artículo 7. Centros o establecimientos destinados a la cría, suministro o uso de animales utilizados para experimentación y otros fines científicos, incluida la docencia.</p>
<p class='sangrado'>Los centros o establecimientos destinados a la cría, suministro o uso de animales utilizados para experimentación y otros fines científicos, incluida la docencia, deben estar autorizados o inscritos en el correspondiente registro administrativo, con carácter previo al inicio de su actividad y los procedimientos y proyectos donde se utilizan deben ser regulados, evaluados y autorizados en los términos en que se determine en la normativa de la Unión Europea.»</p>
<p class='parrafo_2'>Cuatro. El artículo 14 se modifica como sigue:</p>
<p class='parrafo_2'>Uno. El apartado 1 se modifica de la siguiente manera:</p>
<p class='parrafo_2'>a) La letra b) se sustituye por la siguiente:</p>
<p class='sangrado_2'>«b) El incumplimiento de las obligaciones exigidas por las normas de protección animal, cuando concurra la intención de provocar la tortura o muerte de los mismos.»</p>
<p class='parrafo_2'>b) La letra f) se sustituye por la siguiente:</p>
<p class='sangrado_2'>«f) Utilizar en procedimientos animales prohibidos, o iniciar o llevar a cabo un procedimiento sin la autorización previa o la evaluación favorable previa en caso de silencio administrativo, del proyecto correspondiente.»</p>
<p class='parrafo_2'>c) Se añade una nueva letra k), con este contenido:</p>
<p class='sangrado_2'>«k) Iniciar o llevar a cabo procedimientos en condiciones distintas de las incluidas en la autorización del proyecto, o en la evaluación favorable del mismo en caso de silencio administrativo, o incumpliendo los requisitos, condiciones y obligaciones contenidos en dicha autorización o evaluación favorable, cuando se utilicen en dicho procedimiento primates no humanos, animales de especies amenazadas incluidas en el Anexo A Reglamento (CE) n.º 338/97 del Consejo de 9 de diciembre de 1996 relativo a la protección de especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio, animales capturados en la naturaleza, animales vagabundos o asilvestrados.»</p>
<p class='parrafo_2'>Dos. El apartado segundo se modifica de la siguiente manera:</p>
<p class='parrafo_2'>a) La letra b) se sustituye por la siguiente:</p>
<p class='sangrado_2'>«b) Iniciar o llevar a cabo procedimientos en condiciones distintas de las incluidas en la autorización del proyecto, o en la evaluación favorable del mismo en caso de silencio administrativo, o incumpliendo los requisitos, condiciones y obligaciones contenidos en dicha autorización o evaluación favorable, cuando no constituya infracción muy grave.»</p>
<p class='parrafo_2'>b) La letra d) se sustituye por la siguiente:</p>
<p class='sangrado_2'>«d) El incumplimiento de las obligaciones exigidas por las normas de protección animal, cuando produzca lesiones permanentes, deformaciones o defectos graves de los mismos.»</p>
<p class='parrafo_2'>c) Se añade una nueva letra f), con este contenido:</p>
<p class='sangrado_2'>«f) Emitirse una evaluación favorable por un órgano habilitado para ello, para un proyecto, incumpliendo la normativa reguladora en cuanto a los requisitos de conflicto de intereses o permitiendo el uso de animales prohibidos en procedimientos, o en condiciones distintas a las requeridas para los autorizados.»</p>
<p class='parrafo_2'>Cinco. Se añade una Disposición adicional tercera, con el siguiente contenido:</p>
<p class='sangrado_articulo'>«Disposición adicional tercera. Silencio administrativo.</p>
<p class='sangrado'>En cumplimiento de lo previsto en el artículo 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el procedimiento de autorización de proyectos en los que se utilicen animales para experimentación y otros fines científicos, incluyendo la docencia, el vencimiento del plazo máximo para resolver, sin haberse notificado resolución expresa al interesado, se entenderá como silencio administrativo negativo, salvo que éste cuente ya con la preceptiva evaluación favorable, a partir de cuyo momento el silencio se entenderá positivo.»</p>
<p class='parrafo_2'>Seis. Se sustituye la disposición final sexta por la siguiente:</p>
<p class='sangrado_articulo'>«Disposición final sexta. Facultad de aplicación y desarrollo.</p>
<p class='sangrado'>Se autoriza al Gobierno, en el ámbito de las competencias del Estado, a dictar cuantas disposiciones sean precisas para la aplicación y desarrollo de esta ley, y en particular, para concretar el régimen de infracciones y sanciones dispuesto en esta ley.»</p>
<p class='parrafo_2'>Siete. La disposición final sexta pasa a ser disposición final séptima.</p>
<p class='articulo'>Disposición final primera. Incorporación de derecho europeo.</p>
<p class='parrafo'>Mediante esta Ley se habilita la incorporación al derecho español de la Directiva 2010/63/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de septiembre de 2010, relativa a la protección de los animales utilizados para fines científicos.</p>
<p class='articulo'>Disposición final segunda. Entrada en vigor.</p>
<p class='parrafo'>Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».</p>
<p class='parrafo_2'>Por tanto,</p>
<p class='parrafo'>Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley.</p>
<p class='parrafo_2'>Madrid, 11 de junio de 2013.</p>
<p class='firma_rey'>JUAN CARLOS R.</p>
<p class='firma_ministro'>El Presidente del Gobierno,</p>
<p class='firma_ministro'>MARIANO RAJOY BREY</p>
</texto>
</documento>
|
Wed Jun 12 06:16:12 +0000 2013
|
JUAN CARLOS I
REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley.
PREÁMBULO
I
El bienestar de los animales ha acaparado una importancia creciente en los últimos años y tuvo un hito especialmente relevante en el derecho español con la regulación, mediante una norma básica, de la Ley 32/2007, de 7 de noviembre, para el cuidado de los animales, en su explotación, transporte, experimentación y sacrificio.
Este instrumento legislativo estableció un conjunto de principios sobre el cuidado de los animales y la regulación del correspondiente régimen sancionador en caso de incumplimiento de la normativa de bienestar animal, en materias específicas como la protección de los animales de producción en las propias explotaciones ganaderas, durante aquellas operaciones relacionadas con el transporte y el sacrificio o matanza, así como la protección de determinados animales utilizados para experimentación y otros fines científicos y educativos.
II
El artículo 13 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) establece que «al formular y aplicar las políticas de la Unión en materia de agricultura, pesca, transporte, mercado interior, investigación y desarrollo tecnológico y espacio, la Unión y los Estados miembros tendrán plenamente en cuenta las exigencias en materia de bienestar de los animales como seres sensibles, respetando al mismo tiempo las disposiciones legales o administrativas y las costumbres de los Estados miembros relativas, en particular, a ritos religiosos, tradiciones culturales y patrimonio regional».
En su momento la Ley 32/2007, de 7 de noviembre, supuso el acatamiento del mandato comunitario que, con igual propósito, se ha ido implantando en la Unión Europea estos últimos años a través de sus propios instrumentos.
Sin embargo, desde entonces, se ha evolucionado en los métodos y conocimientos científicos sobre los factores que influyen en el bienestar de los animales y su capacidad de sentir y expresar dolor, sufrimiento, angustia y daño duradero. Para dar respuesta a estos avances y proseguir en el proceso de armonización de la legislación sobre la utilización de animales para fines científicos, la Unión Europea publicó la Directiva 2010/63/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de septiembre de 2010, relativa a la protección de los animales utilizados para fines científicos.
En la citada directiva se manifiesta la necesidad de preservar el bienestar de los animales sometidos a procedimientos científicos elevando los niveles mínimos de protección de los mismos, de acuerdo con el progreso técnico y científico mas reciente. Es por ello que se incluye en el ámbito de aplicación de dicha directiva, a los «invertebrados tales como los cefalópodos y determinadas formas fetales de mamíferos», por tratarse de seres sobre los que actualmente se ha podido demostrar su capacidad para experimentar dolor, sufrimiento, angustia y daño duradero.
Cuando se implemente la Directiva en el reglamento de desarrollo de la presente Ley, se asegurará que el uso de animales para fines científicos o educativos debe considerarse únicamente cuando no exista otra alternativa y que las evaluaciones exhaustivas de los proyectos, que deben tener en cuenta consideraciones éticas en el uso de los animales, constituyen el fundamento de la autorización de los proyectos y deben garantizar la aplicación de los principios de reemplazo, reducción y refinamiento en ellos.
Procede, por tanto, modificar en consecuencia cuatro artículos de la Ley 32/2007, de 7 de noviembre, para adaptarla a la evolución de los conocimientos en materia de bienestar de los animales, tanto en lo referente a su ámbito de aplicación como en la supresión de ciertas definiciones, elevando con ello los niveles mínimos de protección de los animales, que se encuentran ya o puedan establecerse en los términos de la normativa comunitaria e internacional, y encauzando el progreso de dichos conocimientos de la manera más racional. Se incluye además una mención expresa a la aplicación de la normativa de la Unión Europea a los procedimientos y proyectos, que deben ser regulados, evaluados y autorizados en los términos establecidos en la misma. Asimismo, y a fin de proporcionar un claro cumplimiento de la normativa comunitaria, que exige resolución expresa, se establece el sentido desestimatorio del silencio administrativo en la autorización de los proyectos.
En definitiva, mediante tales modificaciones esta Ley sale al paso de una distorsión detectada en la actualidad en relación con el ámbito de aplicación de la Directiva 2010/63/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de septiembre de 2010 y la legislación nacional, en lo que respecta a la categorización de los animales utilizados para experimentación y otros fines científicos o educativos, y de resolución expresa de las solicitudes de autorización de los proyectos.
Artículo único. Modificación de la Ley 32/2007, de 7 de noviembre, para el cuidado de los animales, en su explotación, transporte, experimentación y sacrificio.
La Ley 32/2007, de 7 de noviembre, para el cuidado de los animales, en su explotación, transporte, experimentación y sacrificio, se modifica en los siguientes términos:
Uno. El apartado 1 del artículo 2 queda redactado del siguiente modo:
«1. Esta Ley se aplicará a:
a) Los animales vertebrados de producción.
b) Los animales, proyectos y procedimientos contemplados en la normativa de la Unión Europea o internacional en la materia de animales utilizados con fines de experimentación u otros fines científicos, incluyendo la educación y la docencia.»
Dos. Las definiciones de las letras b), c) y d) del artículo 3, relativas a animales utilizados para experimentación y otros fines científicos, procedimiento, y experimentación y otros fines científicos, incluida la docencia, quedan sin contenido.
Tres. El artículo siete queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 7. Centros o establecimientos destinados a la cría, suministro o uso de animales utilizados para experimentación y otros fines científicos, incluida la docencia.
Los centros o establecimientos destinados a la cría, suministro o uso de animales utilizados para experimentación y otros fines científicos, incluida la docencia, deben estar autorizados o inscritos en el correspondiente registro administrativo, con carácter previo al inicio de su actividad y los procedimientos y proyectos donde se utilizan deben ser regulados, evaluados y autorizados en los términos en que se determine en la normativa de la Unión Europea.»
Cuatro. El artículo 14 se modifica como sigue:
Uno. El apartado 1 se modifica de la siguiente manera:
a) La letra b) se sustituye por la siguiente:
«b) El incumplimiento de las obligaciones exigidas por las normas de protección animal, cuando concurra la intención de provocar la tortura o muerte de los mismos.»
b) La letra f) se sustituye por la siguiente:
«f) Utilizar en procedimientos animales prohibidos, o iniciar o llevar a cabo un procedimiento sin la autorización previa o la evaluación favorable previa en caso de silencio administrativo, del proyecto correspondiente.»
c) Se añade una nueva letra k), con este contenido:
«k) Iniciar o llevar a cabo procedimientos en condiciones distintas de las incluidas en la autorización del proyecto, o en la evaluación favorable del mismo en caso de silencio administrativo, o incumpliendo los requisitos, condiciones y obligaciones contenidos en dicha autorización o evaluación favorable, cuando se utilicen en dicho procedimiento primates no humanos, animales de especies amenazadas incluidas en el Anexo A Reglamento (CE) n.º 338/97 del Consejo de 9 de diciembre de 1996 relativo a la protección de especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio, animales capturados en la naturaleza, animales vagabundos o asilvestrados.»
Dos. El apartado segundo se modifica de la siguiente manera:
a) La letra b) se sustituye por la siguiente:
«b) Iniciar o llevar a cabo procedimientos en condiciones distintas de las incluidas en la autorización del proyecto, o en la evaluación favorable del mismo en caso de silencio administrativo, o incumpliendo los requisitos, condiciones y obligaciones contenidos en dicha autorización o evaluación favorable, cuando no constituya infracción muy grave.»
b) La letra d) se sustituye por la siguiente:
«d) El incumplimiento de las obligaciones exigidas por las normas de protección animal, cuando produzca lesiones permanentes, deformaciones o defectos graves de los mismos.»
c) Se añade una nueva letra f), con este contenido:
«f) Emitirse una evaluación favorable por un órgano habilitado para ello, para un proyecto, incumpliendo la normativa reguladora en cuanto a los requisitos de conflicto de intereses o permitiendo el uso de animales prohibidos en procedimientos, o en condiciones distintas a las requeridas para los autorizados.»
Cinco. Se añade una Disposición adicional tercera, con el siguiente contenido:
«Disposición adicional tercera. Silencio administrativo.
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el procedimiento de autorización de proyectos en los que se utilicen animales para experimentación y otros fines científicos, incluyendo la docencia, el vencimiento del plazo máximo para resolver, sin haberse notificado resolución expresa al interesado, se entenderá como silencio administrativo negativo, salvo que éste cuente ya con la preceptiva evaluación favorable, a partir de cuyo momento el silencio se entenderá positivo.»
Seis. Se sustituye la disposición final sexta por la siguiente:
«Disposición final sexta. Facultad de aplicación y desarrollo.
Se autoriza al Gobierno, en el ámbito de las competencias del Estado, a dictar cuantas disposiciones sean precisas para la aplicación y desarrollo de esta ley, y en particular, para concretar el régimen de infracciones y sanciones dispuesto en esta ley.»
Siete. La disposición final sexta pasa a ser disposición final séptima.
Disposición final primera. Incorporación de derecho europeo.
Mediante esta Ley se habilita la incorporación al derecho español de la Directiva 2010/63/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de septiembre de 2010, relativa a la protección de los animales utilizados para fines científicos.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley.
Madrid, 11 de junio de 2013.
JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno,
MARIANO RAJOY BREY
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y modificación de Ley para el cuidado de los animales, en su explotación, transporte,
experimentación y sacrificio
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Modificación de Ley para el cuidado de los animales, en su explotación, transporte, experimentación y sacrificio.
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